A medida que hay mayor porcentaje de la población vacunada, crece también la improvisación de un Ministerio de Sanidad que ya está completamente desacreditado por sus continuas incoherencias y contradicciones. Relajar el uso de la mascarilla, vacunar a adolescentes, inyectar Pfizer a quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca, imponer restricciones a la hostelería y el ocio nocturno con el voto en contra de las CCAA, vacunar a la Selección Española de fútbol saltándose el protocolo...
Todas esas ocurrencias, improvisaciones y choques de trenes políticos, bien aderezados por nuestra dependencia enfermiza del turismo, hacen que los caballos de la gestión anden desbocados. Se ha evidenciado que no hay cogobernanza, más bien reparto de tareas (ni siquiera de competencias) y, por lo general, no sin antes habernos regalado un espectáculo lamentable de reproches de uno y otro lado.
Una medida que ya se están empezando a poner en marcha en Estados Unidos y Reino Unido, con más del 70% de la población vacunada, pero que los expertos ven contraproducente en España debido a que aquí solo han recibido la pauta completa un 20% de los ciudadanos.
Esta decisión choca frontalmente con la recomendación de la OMS a los países desarrollados de no vacunar a los niños antes de que las naciones más empobrecidas hayan podido inocular a sus poblaciones de riesgo, y contrasta también con las propias palabras de Darias que, apenas dos días después, instaba a todos los países de la UE a sumarse a la iniciativa española 'Vaccines for all'.
Según los epidemiólogos, basar esta decisión en un estudio del Instituto de Salud Carlos III, que se ha realizado en fase II y con una muestra de 600 personas, parece una locura. No se puede hacer eso porque el estudio, además, solo ha analizado si la vacuna de Pfizer produce efectos adversos en quienes han sido vacunados con AstraZeneca, pero no se ha comparado su efectividad con la segunda dosis de AstraZeneca ni con otras vacunas, como podría ser la de Moderna.
Ante la rebelión de las CCAA a mezclar vacunas en contra de la opinión científica, se debatió el asunto en el Consejo del Sistema Interterritorial de Salud. ¿Y cuál fue la conclusión? Que los propios ciudadanos pudieran elegir si completaban la pauta con Astrazeneca o con Pfizer. Es decir, los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca podían rechazar la vacuna de Pfizer e inocularse la segunda dosis con AZ, pero para ello debían firmar un consentimiento informado. Esta medida fue respaldada el 21 de mayo por el Comité de Bioética de España.
Otra cagada de Sanidad. Esta no solo es una mala decisión, sino que genera mucha más incertidumbre en la población. No puedes dejar la decisión en manos de los ciudadanos y encima hacerles responsable de ello. Además, no se entienden las razones por las que se exige consentimiento de los ciudadanos para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, pero no para el resto de vacunas.
¿Y que han hecho los ciudadanos? Más del 90% han obviado la recomendación de Sanidad (mezclar vacunas) y se están inoculando con Astrazeneca. Y ello a pesar de tener que asumir la responsabilidad de los efectos secundarios. Esto demuestra claramente el descrédito de nuestro Ministerio de Sanidad.
El 2 de junio, se debatieron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las nuevas restricciones de apertura y aforos en bares y restaurantes, y la reapertura de los establecimientos del ocio nocturno (prohibido en España desde hace más de un año).
El BOE del 5 de junio señala que la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la Covid-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1. Además, no se podrá superar el 50% de aforo máximo en el interior del local. Las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas, siempre asegurando la distancia de 1,5 metros entre mesas. Las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 personas en exterior. El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 02.00 horas, pudiendo ampliarse hasta las 03.00 horas.
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, la publicación refleja que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50% en interior, pudiéndose incrementar en un 10% si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire. En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas, debiendo asegurarse una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Asimismo, se permite el servicio y consumo en barra, manteniendo la distancia antes mencionada. Las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 en exterior. En los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de actuaciones de respuesta coordinada.
Por otro lado, el documento del 5 de junio apunta que no se permite fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados. Igualmente, no se permitirá fumar, consumir otros productos del tabaco, ni consumir cigarrillos electrónicos en el área destinada al público de los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias al aire libre.
Estas nuevas restricciones se aprobaron en el Consejo Interterritorial con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE y el voto en contra de las dirigidas por el PP (Madrid, Cataluña, Murcia, Galicia y Andalucía), además de Euskadi y Catalunya. Melilla y Castilla y León se abstuvieron.
Todas estas regiones, junto a La Rioja, han protestado, desobedecido o anunciado medidas legales contra la nueva fórmula de restricciones que había propuesto Sanidad. El principal motivo para la postura mostrada por las autonomías está en que las restricciones de apertura de bares o restaurantes ahora son obligatorias para todas las regiones, cuando antes eran voluntarias y se decidían en el seno de cada territorio. La ministra Carolina Darias explicó que las medidas eran "de obligado cumplimiento", "y, si no, tendremos que hacer que se cumplan".
La Comunidad de Madrid se negó a aplicar las restricciones de apertura del ocio nocturno y las recurrió ante la Audiencia Nacional, que le ha dado la razón porque el problema está en la imposición a rodillo de dichas condiciones.
Y es que, de acuerdo a la Ley de Cohesión del SNS de 2013, sólo se considerarían vinculantes las decisiones tomadas en su seno por mayoría absoluta. Del mismo modo, la ley del régimen jurídico del sector público de 2015 afirma que "toda conferencia sectorial" (y el Consejo Interterritorial lo es) sólo puede tomar decisiones de obligado cumplimiento si el Estado actúa "en función de coordinación" y sin acatar derechos fundamentales. Siempre, además, con mayoría absoluta.
Por tanto, cabe preguntarse: ¿Es el Consejo Interterritorial de Salud un órgano con la capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento para toda España, tal y como ha venido sosteniendo el Gobierno desde que terminó el estado de alarma? Rotundamente NO.
El déjà vu nos devuelve al 9 de mayo, cuando España decía adiós al estado de alarma y el Congreso ponía sobre la mesa la necesidad de un paraguas jurídico que permitiera unificar medidas sanitarias en todo el país.
La falta de consenso entre los grupos y la mayoría escasa de Pedro Sánchez propició que el Ejecutivo asegurara que no hacía falta un nuevo estado de alarma (como solicitaba el PNV) o una ley orgánica (como pedía el PP). El Ejecutivo aseguraba que el Consejo Interterritorial era más que suficiente para tomar medidas. No ha sido así.
El varapalo de la Audiencia Nacional ha obligado a Sanidad a dar un giro radical a las medidas. Carolina Darias propone ahora que las indicaciones del conocido como semáforo epidemiológico (en lo que se refiere a bares y discotecas) serán "recomendaciones" y no de obligado cumplimiento. Con todo, la ministra de Sanidad ha insistido en que el cambio de criterio no es un paso atrás sino una búsqueda de "consenso y acuerdo".
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, declaró que se hará con estos jugadores "una excepción" porque "nos representan". ¿No nos representan más los líderes de nuestras instituciones elegidos por todos? Me refiero al presidente del Gobierno, a sus ministros, a los presidentes autonómicos, a sus ídems, a los alcaldes, etc. Todos ellos, salvo algún caradura, han esperado a que a su franja de edad le tocara y les llegara el mensaje de la seguridad social convocándolos en su centro de vacunación (o eso nos han contado). En este país hemos visto hacer cola en el Zendal hasta al rey Felipe VI.
A los grupos de riesgo más obvios, como los enfermos respiratorios, los obesos y los que están en tratamiento de cáncer tampoco se les ha dado preferencia. La única excepción que sí que se ha hecho, a la que ha hecho mención el ministro tratando de equipararla con su propuesta, ha sido con los deportistas olímpicos que van a ir a Tokio. La diferencia abismal es que a ellos les vacunó la semana pasada el COI, el Comité Olímpico Internacional, con vacunas que han salido de su bolsillo.
Además, el COI ha vacunado a los olímpicos a tiempo (2 meses antes de los JJOO). A 'La Roja' el ministro propone vacunarla a 3 días del primer partido. ¿De qué sirve vacunar ahora al equipo si para cuando estén inmunizados estarán ya en semifinales (si llegan)? Suponiendo que hoy mismo sean vacunados con Pfizer, habrán de pasar 10 días para tener cierta inmunidad. No sólo eso, sino que la segunda dosis se inyectará hacia el 1 de julio (21 días desde la primera). La inmunidad no se producirá hasta pasada una semana, es decir, el 7 de julio o, lo que es lo mismo, en las dos últimas semifinales.
Así las cosas, ¿compensa haber generado esta polémica que no está exenta de fundamento por el agravio comparativo que se está teniendo respecto a lo grupos de población vulnerable? La respuesta, evidentemente, es NO.
A pesar del trato de favor que van a recibir los futbolistas españoles, saltándose el protocolo establecido por el propio Ministerio de Sanidad, contentar a la Federación no resulta sencillo: ahora quieren una vacuna a la carta. Los médicos federativos no quieren que los deportistas reciban la vacuna de Pfizer, sino la vacuna monodosis de Janssen, que no se utiliza en jóvenes por precaución. Sanidad ha pedido una justificación médica a los asesores federativos para autorizar esa excepción. Y lo ha acabado autorizando.
Lo único seguro es que jugarán el primer partido a pelo (sin inmunizar) y con los efectos secundarios. Eso sí, tendrán excusa en cualquier caso: si pierden será por eso, y si ganan será porque se habrán venido arriba al ver como el Gobierno se traga todo lo dicho y hecho por ellos.
Todos estos vaivenes hacen que la población en general se sienta hastiada. Una población en la que existe un porcentaje elevado que se vacuna a regañadientes porque, aun sabiendo que es la mejor protección contra la pandemia, siente incertidumbre por los efectos secundarios que puedan tener a largo plazo. Una incertidumbre que, siendo honestos, es incapaz de despejar la comunidad científica porque la única manera de hacerlo es dejar pasar el tiempo.
Todas esas ocurrencias, improvisaciones y choques de trenes políticos, bien aderezados por nuestra dependencia enfermiza del turismo, hacen que los caballos de la gestión anden desbocados. Se ha evidenciado que no hay cogobernanza, más bien reparto de tareas (ni siquiera de competencias) y, por lo general, no sin antes habernos regalado un espectáculo lamentable de reproches de uno y otro lado.
Mascarillas al aire libre
Apenas un mes y medio después de que el Gobierno aprobase por decreto el uso obligatorio de las mascarillas en todos los lugares abiertos, incluso en la playa, Fernando Simón sorprendía el 17 de mayo a toda España afirmando que "en cuestión de días" algunas comunidades autónomas podrían eliminar el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre.Una medida que ya se están empezando a poner en marcha en Estados Unidos y Reino Unido, con más del 70% de la población vacunada, pero que los expertos ven contraproducente en España debido a que aquí solo han recibido la pauta completa un 20% de los ciudadanos.
Vacunar a los adolescentes, contra el criterio de la OMS
Un día después, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, declaraba que el Gobierno baraja ya la posibilidad de vacunar a todos los adolescentes de entre 12 y 16 años antes de que comience el próximo curso escolar si la Agencia Europea del Medicamento lo autoriza.Esta decisión choca frontalmente con la recomendación de la OMS a los países desarrollados de no vacunar a los niños antes de que las naciones más empobrecidas hayan podido inocular a sus poblaciones de riesgo, y contrasta también con las propias palabras de Darias que, apenas dos días después, instaba a todos los países de la UE a sumarse a la iniciativa española 'Vaccines for all'.
Mezclar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca
Tras la suspensión cautelar -en abril- de la vacuna de Astrazeneca por la detección de trombos con disminución de plaquetas en sangre que han causado la muerte en algunas personas, la vacunación de más de 2 millones de españoles quedó en el limbo. Tenían puesta la primera dosis de AZ, y les faltaba la segunda, pero ésta quedó suspendida. ¿Qué hacer? Sanidad decidió mezclar vacunas: se les administraría la segunda dosis de Pfizer.Según los epidemiólogos, basar esta decisión en un estudio del Instituto de Salud Carlos III, que se ha realizado en fase II y con una muestra de 600 personas, parece una locura. No se puede hacer eso porque el estudio, además, solo ha analizado si la vacuna de Pfizer produce efectos adversos en quienes han sido vacunados con AstraZeneca, pero no se ha comparado su efectividad con la segunda dosis de AstraZeneca ni con otras vacunas, como podría ser la de Moderna.
Ante la rebelión de las CCAA a mezclar vacunas en contra de la opinión científica, se debatió el asunto en el Consejo del Sistema Interterritorial de Salud. ¿Y cuál fue la conclusión? Que los propios ciudadanos pudieran elegir si completaban la pauta con Astrazeneca o con Pfizer. Es decir, los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca podían rechazar la vacuna de Pfizer e inocularse la segunda dosis con AZ, pero para ello debían firmar un consentimiento informado. Esta medida fue respaldada el 21 de mayo por el Comité de Bioética de España.
Otra cagada de Sanidad. Esta no solo es una mala decisión, sino que genera mucha más incertidumbre en la población. No puedes dejar la decisión en manos de los ciudadanos y encima hacerles responsable de ello. Además, no se entienden las razones por las que se exige consentimiento de los ciudadanos para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, pero no para el resto de vacunas.
¿Y que han hecho los ciudadanos? Más del 90% han obviado la recomendación de Sanidad (mezclar vacunas) y se están inoculando con Astrazeneca. Y ello a pesar de tener que asumir la responsabilidad de los efectos secundarios. Esto demuestra claramente el descrédito de nuestro Ministerio de Sanidad.
Nuevas restricciones a rodillo
Ante esta situación, Sanidad ha querido marcar territorio y dar un golpe de pecho imponiendo a las Comunidades nuevas restricciones a rodillo. Como es habitual, le ha salido el tiro por la culata y nuevamente ha tenido que rectificar.El 2 de junio, se debatieron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las nuevas restricciones de apertura y aforos en bares y restaurantes, y la reapertura de los establecimientos del ocio nocturno (prohibido en España desde hace más de un año).
El BOE del 5 de junio señala que la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la Covid-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1. Además, no se podrá superar el 50% de aforo máximo en el interior del local. Las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas, siempre asegurando la distancia de 1,5 metros entre mesas. Las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 personas en exterior. El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 02.00 horas, pudiendo ampliarse hasta las 03.00 horas.
En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, la publicación refleja que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50% en interior, pudiéndose incrementar en un 10% si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire. En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas, debiendo asegurarse una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Asimismo, se permite el servicio y consumo en barra, manteniendo la distancia antes mencionada. Las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y de 10 en exterior. En los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de actuaciones de respuesta coordinada.
Por otro lado, el documento del 5 de junio apunta que no se permite fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados. Igualmente, no se permitirá fumar, consumir otros productos del tabaco, ni consumir cigarrillos electrónicos en el área destinada al público de los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias al aire libre.
Estas nuevas restricciones se aprobaron en el Consejo Interterritorial con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE y el voto en contra de las dirigidas por el PP (Madrid, Cataluña, Murcia, Galicia y Andalucía), además de Euskadi y Catalunya. Melilla y Castilla y León se abstuvieron.
Todas estas regiones, junto a La Rioja, han protestado, desobedecido o anunciado medidas legales contra la nueva fórmula de restricciones que había propuesto Sanidad. El principal motivo para la postura mostrada por las autonomías está en que las restricciones de apertura de bares o restaurantes ahora son obligatorias para todas las regiones, cuando antes eran voluntarias y se decidían en el seno de cada territorio. La ministra Carolina Darias explicó que las medidas eran "de obligado cumplimiento", "y, si no, tendremos que hacer que se cumplan".
La Comunidad de Madrid se negó a aplicar las restricciones de apertura del ocio nocturno y las recurrió ante la Audiencia Nacional, que le ha dado la razón porque el problema está en la imposición a rodillo de dichas condiciones.
Y es que, de acuerdo a la Ley de Cohesión del SNS de 2013, sólo se considerarían vinculantes las decisiones tomadas en su seno por mayoría absoluta. Del mismo modo, la ley del régimen jurídico del sector público de 2015 afirma que "toda conferencia sectorial" (y el Consejo Interterritorial lo es) sólo puede tomar decisiones de obligado cumplimiento si el Estado actúa "en función de coordinación" y sin acatar derechos fundamentales. Siempre, además, con mayoría absoluta.
Por tanto, cabe preguntarse: ¿Es el Consejo Interterritorial de Salud un órgano con la capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento para toda España, tal y como ha venido sosteniendo el Gobierno desde que terminó el estado de alarma? Rotundamente NO.
El déjà vu nos devuelve al 9 de mayo, cuando España decía adiós al estado de alarma y el Congreso ponía sobre la mesa la necesidad de un paraguas jurídico que permitiera unificar medidas sanitarias en todo el país.
La falta de consenso entre los grupos y la mayoría escasa de Pedro Sánchez propició que el Ejecutivo asegurara que no hacía falta un nuevo estado de alarma (como solicitaba el PNV) o una ley orgánica (como pedía el PP). El Ejecutivo aseguraba que el Consejo Interterritorial era más que suficiente para tomar medidas. No ha sido así.
El varapalo de la Audiencia Nacional ha obligado a Sanidad a dar un giro radical a las medidas. Carolina Darias propone ahora que las indicaciones del conocido como semáforo epidemiológico (en lo que se refiere a bares y discotecas) serán "recomendaciones" y no de obligado cumplimiento. Con todo, la ministra de Sanidad ha insistido en que el cambio de criterio no es un paso atrás sino una búsqueda de "consenso y acuerdo".
Vacunar a la Selección, saltándose el protocolo
La polémica con la vacunación de la selección española de fútbol es otro buen ejemplo de la improvisación y el descrédito del Ministerio de Sanidad. Las Fuerzas Armadas van a vacunar a los jugadores de fútbol que participarán en la Eurocopa. "La vacunación es tremendamente importante y necesaria", analizó la ministra de Sanidad, apuntando además que se les administrará Pfizer.
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, declaró que se hará con estos jugadores "una excepción" porque "nos representan". ¿No nos representan más los líderes de nuestras instituciones elegidos por todos? Me refiero al presidente del Gobierno, a sus ministros, a los presidentes autonómicos, a sus ídems, a los alcaldes, etc. Todos ellos, salvo algún caradura, han esperado a que a su franja de edad le tocara y les llegara el mensaje de la seguridad social convocándolos en su centro de vacunación (o eso nos han contado). En este país hemos visto hacer cola en el Zendal hasta al rey Felipe VI.
A los grupos de riesgo más obvios, como los enfermos respiratorios, los obesos y los que están en tratamiento de cáncer tampoco se les ha dado preferencia. La única excepción que sí que se ha hecho, a la que ha hecho mención el ministro tratando de equipararla con su propuesta, ha sido con los deportistas olímpicos que van a ir a Tokio. La diferencia abismal es que a ellos les vacunó la semana pasada el COI, el Comité Olímpico Internacional, con vacunas que han salido de su bolsillo.
Además, el COI ha vacunado a los olímpicos a tiempo (2 meses antes de los JJOO). A 'La Roja' el ministro propone vacunarla a 3 días del primer partido. ¿De qué sirve vacunar ahora al equipo si para cuando estén inmunizados estarán ya en semifinales (si llegan)? Suponiendo que hoy mismo sean vacunados con Pfizer, habrán de pasar 10 días para tener cierta inmunidad. No sólo eso, sino que la segunda dosis se inyectará hacia el 1 de julio (21 días desde la primera). La inmunidad no se producirá hasta pasada una semana, es decir, el 7 de julio o, lo que es lo mismo, en las dos últimas semifinales.
Así las cosas, ¿compensa haber generado esta polémica que no está exenta de fundamento por el agravio comparativo que se está teniendo respecto a lo grupos de población vulnerable? La respuesta, evidentemente, es NO.
A pesar del trato de favor que van a recibir los futbolistas españoles, saltándose el protocolo establecido por el propio Ministerio de Sanidad, contentar a la Federación no resulta sencillo: ahora quieren una vacuna a la carta. Los médicos federativos no quieren que los deportistas reciban la vacuna de Pfizer, sino la vacuna monodosis de Janssen, que no se utiliza en jóvenes por precaución. Sanidad ha pedido una justificación médica a los asesores federativos para autorizar esa excepción. Y lo ha acabado autorizando.
Lo único seguro es que jugarán el primer partido a pelo (sin inmunizar) y con los efectos secundarios. Eso sí, tendrán excusa en cualquier caso: si pierden será por eso, y si ganan será porque se habrán venido arriba al ver como el Gobierno se traga todo lo dicho y hecho por ellos.
Todos estos vaivenes hacen que la población en general se sienta hastiada. Una población en la que existe un porcentaje elevado que se vacuna a regañadientes porque, aun sabiendo que es la mejor protección contra la pandemia, siente incertidumbre por los efectos secundarios que puedan tener a largo plazo. Una incertidumbre que, siendo honestos, es incapaz de despejar la comunidad científica porque la única manera de hacerlo es dejar pasar el tiempo.