La gigantesca maquinaria propagandística que dirige el ínclito Iván Redondo con el duopolio televisivo como gran altavoz pregonaba el 21 de agosto que Pedro Sánchez interrumpía sus vacaciones (cuando en realidad sólo adelantó en unas horas su regreso) para salvarnos, otra vez, del virus. No en vano, Sánchez ya "salvó 450.000 vidas", según la factoría Redondo de fake news. Había pues cierta expectación ante la cacareada comparecencia que haría Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros del 25 de agosto.
Todos entendimos que en este nuevo Aló Presidente, Su Persona iba a anunciar alguna medida para ayudar a las comunidades autónomas, que están desbordadas con la segunda ola y con la planificación del nuevo curso escolar.
¿Pero finalmente qué ha anunciado Sánchez? Pues básicamente tres cosas:
1) la disponibilidad de unas unidades militares para rastrear contagios, que están disponibles desde hace un mes,
2) una aplicación de rastreo de contactos para móvil, que está en pruebas desde hace dos,
3) una novedad legislativa que está prevista por la ley desde hace 39 años (artículo 5 de la ley orgánica 4/1981).
Toda una declaración de intenciones para intentar no asumir más desgaste ni responsabilidades en la gestión de los rebrotes del coronavirus después de unas inmerecidas vacaciones de indolencia absoluta. Y, por supuesto, todo ofrecido a la prensa por Su (muy morena) Persona como un racimo de grandes novedades, como si acabase de descubrir América, vamos, como si nos estuviese salvando la vida, otra vez.
Es decir, el Ejecutivo no sólo no pretende tomar las riendas de la gestión de la pandemia para frenar los "preocupantes" rebrotes del coronavirus, sino que da pasos en dirección contraria hacia la "cobogernanza" que, en realidad, se traduce en pasar el marrón a las Comunidades Autónomas.
Y ya de paso, ha intentado vincular su propia agenda política y sus necesidades a la crisis por el coronavirus. Así, ha intentado convencernos de que lo mejor para luchar contra la epidemia es renovar el Consejo General del Poder Judicial o la dirección de RTVE. ¡Alucinante! El CGPJ y RTVE y el Defensor del Pueblo (que más lo es del gobierno), grandes preocupaciones de los españoles que ven que mientras sus compatriotas siguen muriendo, los contagios se disparan, la infraestructura sanitaria se tensiona y la economía se desmorona, el presidente y Su Persona siguen a lo suyo, como si la cosa no fuera con él o con ellos.
Especialmente sabrosa ha sido su propuesta de poner a 2.000 militares de las Fuerzas Armadas "a disposición" de las comunidades autónomas. Pero, ¿el Ejército no estaba ya a disposición de los ciudadanos que lo necesiten (es su función)? ¿O es que quiere decir que ahora si envía un batallón, un regimiento o incluso una brigada a hacer seguimiento de infectados en Cataluña va a quedar a las órdenes de Quim Torra? Por que si siguen a las órdenes de Margarita Robles no entiendo cuál es exactamente la novedad... Por otro lado, resulta chocante esta propuesta en alguien que hace unos años apelaba a la supresión del Ministerio de Defensa.
La gestión del Ejecutivo de la pandemia está dando los peores resultados de Occidente, así que ahora encarga resolver el problema a sus subordinados, que resultan ser los presidentes de las diecisiete autonomías. Los mismos a los que desposeyó de competencias en cuanto se declaró la pandemia.
Resumen de 7 meses de Gobierno sin hacer absolutamente nada:
►Antes del 8-M: no hizo nada, era una 'gripecilla'.
►En estado de alarma: no hizo nada, no sabía qué hacer.
►Tras estado de alarma: no hizo nada, no hacía falta en la nueva normalidad.
►Segunda ola: no hace nada, asunto de otros.
Lo cierto es que la comparecencia de Pedro Sánchez no supone más que la constatación palmaria de que su prioridad no es articular una política eficaz contra el coronavirus (que exige un plan nacional y una mínima coordinación que palíe el desbarajuste ocasionado por el disparatado sistema autonómico) ni hacer frente a la hecatombe económica en la que ya estamos inmersos, sino servirse de la tragedia para perpetuarse en el poder.
Y ha encontrado en las CCAA la coartada perfecta para eludir su responsabilidad, incluso derivando en ellas la posibilidad de decretar un nuevo estado de alarma.
Porque a partir de ahora, si una autonomía considera inmanejable la crisis, podrá solicitar al Gobierno la declaración de la alarma en un territorio específico, pero añade que ésto obligará al presidente autonómico en cuestión, en calidad de autoridad delegada, a rendir cuentas de la situación cada quince días en el Congreso.
Sostiene Sánchez que ha dado un paso crucial al ofrecer a los gobiernos autonómicos que sean ellos los que pidan el estado de alarma en su territorio. Él se compromete a que los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos apoyen la petición en el Parlamento. Alguien ha debido de tomar demasiado el sol en Moncloa y se ha hecho un lío con los procedimientos. Se nos vende como novedad que un presidente autonómico pueda solicitar al gobierno el estado de alarma en su región. No lo es. Siempre ha sido así. Pero quien declara la alarma es el presidente del gobierno. Y quien va al Parlamento a pedir la prórroga, dos semanas después de entrar en vigor, es el presidente de gobierno. Que es quien manda. Delegue o no su autoridad en el presidente autonómico de turno.
Catedráticos de Derecho Constitucional reconocen que en la regulación del estado de alarma no está previsto para ir haciendo 17 estados de alarma a la carta. En caso de que se aprobara el estado de alarma para una Comunidad o provincia, el Ejecutivo podría delegar cuantas funciones quisiera al presidente autonómico o mando único, pero no tiene sentido que un presidente autonómico rinda cuentas ante el Congreso de los Diputados. No hay que olvidar, que en caso de una prórroga le corresponde al Gobierno justificar los motivos de la misma ante el Parlamento, por lo que podría darse el caso de que un ministro socialista o de Podemos tuviera que defender la situación de una comunidad gobernada por otro partido. Irrisorio.
Por otro lado, sólo se puede delegar en un presidente autonómico si la situación afecta solo a una comunidad y no a más de una, y aún así, se trata de delegar, no de ceder (el delegado se limita a obeceder). Pero ademas, si el estado de alarma afectara a dos comunidades ni siquiera podría delegarse el mando único en los respectivos presidentes autonómicos. Porque es (mando) ÚNICO, y ÚNICO significa ÚNICO, no doble, ni triple...
En cualquier caso, para Sánchez es el plan perfecto. Sólo tiene que cruzarse de brazos y esperar que los presidentes autonómicos se cuezan en su propia salsa como culpables del desastre, y disparar sus cañones mediáticos contra aquellos que le resulten más incómodos para su proyecto de poder. Especialmente la Comunidad de Madrid, que, junto a la Corona, conforman el principal y prácticamente único foco de resistencia institucional y constitucional al cambio de régimen que pretende con ahínco el gobierno socialcomunista.
El cinismo de Sánchez es notorio toda vez que pese a que sus promesas de reformas legales para combatir la pandemia son un compromiso público desde el mes de mayo, pero aún no ha habilitado el marco jurídico necesario para que cada autonomía pueda tomar decisiones en este sentido. Es más, a mediados de octubre, la futura ley «antipandemia», sigue durmiendo tranquilamente en algún cajón del Congreso de los Diputados.
[Actualización 16 septiembre: El Congreso ha aprobado hoy una ley en la que el Gobierno incluyó a última hora una enmienda para trasladar de los jueces ordinarios a los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA la competencia para fallar sobre decisiones políticas contra la pandemia que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, los confinamientos parciales o perimetrales y resto de medidas que tomen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios de Covid ya no podrán ser paralizadas por los juzgados ordinarios; será competencia de los Tribunales Superiores de Justicia.]
Aunque el propio Gobierno puede tomar esta decisión de manera territorial, y no en toda España como sucedió en marzo, Pedro Sánchez quiere que sean los presidentes autonómicos quienes afronten esta responsabilidad y pidan este mecanismo al Ejecutivo.
¿Por qué? Si ahora hubiese una restricción de libertades en cualquier lugar de España, los responsables serían los presidentes autonómicos, y no él. Así nadie podrá decir que es Su Persona quien hace un uso abusivo de esa excepcionalidad. De este modo, Sánchez se lava las manos, atribuye a los Ejecutivos autonómicos cualquier culpa en lo que pueda ocurrir, y se libera de negociar en el Congreso cualquier prórroga de una alarma que objetivamente le ha hecho mucho daño.
La homilía presidencial solo ha tenido dos objetivos: certificar que el presidente ha vuelto de vacaciones (con mejor color que cuando se fue, y con peor discurso) y hacer saber que el marrón de confinarnos de nuevo si esto sigue empeorando esta vez no se lo come él. La cogobernanza consiste en que ahora todo lo gobiernen los presidentes autonómicos. El que quiera estado de alarma en su territorio, que lo pida. Sánchez, generosamente, se lo concede.
En marzo nos contaron que el estado de alarma era la mejor herramienta porque se aplicaba a la vez en todo el país. Que la clave del éxito era ésa: mismas medidas en todas partes. Las comunidades se instalaron en la queja, hasta que el gobierno les cedió la gestión post desescalada. El resultado ha sido frustrante. (Tal vez habría sido igual de haberse mantenido el papel directivo del ministerio de Sanidad en la nueva normalidad, porque gobernar las limitaciones sociales en verano no es lo mismo que administrar el cierre total en primavera).
Ahora el cuento ha cambiado y la doctrina es la contraria: el éxito es que las medidas sean distintas por territorios. En marzo decía Torra 'déjeme cerrar Cataluña'. Y Sánchez le respondía que no, que 'el virus no entiende de territorios'. Pues ha entendido. Por eso, ahora que la situación vuelve a ser grave y con más movilidad entre regiones que entonces, les dice a los presidentes autonómicos: 'la responsabilidad es vuestra' y si la cosa se tuerce, será por vuestra pésima gestión. Pues no, señor Sánchez. La pésima gestión ha sido la suya, escudado en Illa y Simón, que tras reaccionar tarde y provocar la muerte de más de 50.000 personas desconfinó a toda prisa, nos mandó a divertirnos, dijo que había vencido al virus y se largó de vacaciones.
Lo que antes era ilegal, ahora es repentinamente legal, y todo ello sin modificar una sola norma. Le basta poner como excusa que «España es un estado casi federal», la última trampa/falacia en la que guarecerse. Trampa en algún caso peligrosa pues supone ceder el mando único en Cataluña a Torra, que acaba de proclamar que «antes que la pandemia está la independencia».
¿Significa eso que el mando único, en la versión utilizada por el Gobierno entre los meses de marzo y junio, era el único instrumento posible? ¡DE NINGUNA MANERA! Que corresponda al Gobierno central la adopción de determinadas medidas como el confinamiento no significa necesariamente ni que otras medidas no precisen de la participación de las autonomías, ni que las medidas deban ser uniformes en todo el territorio nacional.
La situación epidemiológica de unos territorios puede ser muy distinta a la de otros. Un confinamiento generalizado no solo es absurdo por innecesario, sino también dañino porque acarrea unas consecuencias económicas devastadoras. El difícil equilibrio entre impacto sanitario y económico solo se puede resolver a través de confinamientos locales, aislando la población necesaria para que el confinamiento resulte efectivo, pero ni a una sola persona más. Sin duda, un equilibrio difícil de lograr que Sánchez no está dispuesto a asumir.
Los doctores del federalismo siempre han diagnosticado que uno de los grandes déficits del Estado de las Autonomías es la inexistencia de mecanismos de cooperación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. La crisis del coronavirus certificó esta sospecha. Porque, a estas alturas, es evidente que las decisiones que se tomen deben ser coordinadas. Para que el confinamiento de la población resulte efectivo, debe acompañarse de la prohibición del desplazamientos, medidas que solo una autoridad central puede adoptar.
La oferta de Pedro Sánchez abriéndose a la posibilidad de decretar estados de alarma autonómicos "a la carta" -a petición de los gobiernos interesados- supone una posibilidad negada a mediados de marzo, cuando el "saldremos unidos" dominaba el discurso del presidente del Gobierno. ¿Por qué se ha transferido la gestión de la crisis del Covid-19 del Gobierno central a las comunidades autónomas? ¿Por qué el mando único sanitario y el estado de alarma, el único plan durante los meses más duros de la pandemia, se ha convertido ahora en el último de los planes?
Al ser preguntado por la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento en toda España a través de la declaración del estado de alarma, Sánchez escurrió el bulto con el argumento de que "las soluciones no tienen por qué ser las mismas a las de hace unos meses", dejando toda la responsabilidad en las CCAA y sacando pecho porque el Gobierno "da un paso más en la cogobernanza con los territorios".
Ah! La cogobernanza era ésto. "Cogobernanza", uno de los palabros que dio a luz el departamento de camuflaje verbal de la Moncloa. Cogobernanza esta vez consiste en que sean los presidentes autonómicos los que se coman el marrón de confinar a la gente en su casa. No es cogobernanza. Es el desquite. Ya que tanto se quejaron los virreyes territoriales por el mando único y las manos atadas, ahora que traguen con lo que hay. Y con lo que viene. ¿Querían autogobierno? Pues ahí lo tienen. El que quiera confinar, que se retrate.
La declaración de estados de alarma a la carta que propone ahora Pedro Sánchez tiene una primera lectura irreprochable: ofrecer cobertura legal a los gobiernos autonómicos ante el desbarajuste judicial propiciado por autos contradictorios aquí y allá ante decisiones autonómicas similares.
Pero la pregunta es inevitable: ¿estamos ante movimiento para apuntalar la cooperación institucional, ante la oportunidad de reparar una de las graves limitaciones del Estado de las Autonomías; o simplemente es una maniobra para trasladar toda la responsabilidad a unos gobiernos territoriales con el agua al cuello por la magnitud de la amenaza y por sus propias incompetencias?
En esta nueva etapa, tan grave y tan preocupante en que los gobiernos autonómicos han de asumir que la Sanidad y la Educación es cosa suya, el papel que le corresponde al gobierno y a su presidente en la gestión de la epidemia entonces, ¿cuál es? En ausencia de estado de alarma y de mando único, con la España descentralizada, cuasi federal, y todo el poder en manos de los virreyes, ¿Sánchez para qué está? España necesita una estrategia nacional contra el coronavirus y no diecisiete.
¿Es mucho pedir que, por una vez, el Gobierno se dedique a gobernar en lugar de dejarse guiar por la última ocurrencia de sus asesores de comunicación? ¿Que, por una vez, Sánchez no pretenda ser ni pavo real ni avestruz, sino un buen gobernante que dedique sus desvelos a comprar medicamentos y material de protección, a preparar los hospitales para el adelantado otoño, a poner orden en el caos estadístico y a coordinar una vuelta al cole segura?
Todos entendimos que en este nuevo Aló Presidente, Su Persona iba a anunciar alguna medida para ayudar a las comunidades autónomas, que están desbordadas con la segunda ola y con la planificación del nuevo curso escolar.
¿Pero finalmente qué ha anunciado Sánchez? Pues básicamente tres cosas:
1) la disponibilidad de unas unidades militares para rastrear contagios, que están disponibles desde hace un mes,
2) una aplicación de rastreo de contactos para móvil, que está en pruebas desde hace dos,
3) una novedad legislativa que está prevista por la ley desde hace 39 años (artículo 5 de la ley orgánica 4/1981).
Toda una declaración de intenciones para intentar no asumir más desgaste ni responsabilidades en la gestión de los rebrotes del coronavirus después de unas inmerecidas vacaciones de indolencia absoluta. Y, por supuesto, todo ofrecido a la prensa por Su (muy morena) Persona como un racimo de grandes novedades, como si acabase de descubrir América, vamos, como si nos estuviese salvando la vida, otra vez.
Es decir, el Ejecutivo no sólo no pretende tomar las riendas de la gestión de la pandemia para frenar los "preocupantes" rebrotes del coronavirus, sino que da pasos en dirección contraria hacia la "cobogernanza" que, en realidad, se traduce en pasar el marrón a las Comunidades Autónomas.
Y ya de paso, ha intentado vincular su propia agenda política y sus necesidades a la crisis por el coronavirus. Así, ha intentado convencernos de que lo mejor para luchar contra la epidemia es renovar el Consejo General del Poder Judicial o la dirección de RTVE. ¡Alucinante! El CGPJ y RTVE y el Defensor del Pueblo (que más lo es del gobierno), grandes preocupaciones de los españoles que ven que mientras sus compatriotas siguen muriendo, los contagios se disparan, la infraestructura sanitaria se tensiona y la economía se desmorona, el presidente y Su Persona siguen a lo suyo, como si la cosa no fuera con él o con ellos.
Especialmente sabrosa ha sido su propuesta de poner a 2.000 militares de las Fuerzas Armadas "a disposición" de las comunidades autónomas. Pero, ¿el Ejército no estaba ya a disposición de los ciudadanos que lo necesiten (es su función)? ¿O es que quiere decir que ahora si envía un batallón, un regimiento o incluso una brigada a hacer seguimiento de infectados en Cataluña va a quedar a las órdenes de Quim Torra? Por que si siguen a las órdenes de Margarita Robles no entiendo cuál es exactamente la novedad... Por otro lado, resulta chocante esta propuesta en alguien que hace unos años apelaba a la supresión del Ministerio de Defensa.
La gestión del Ejecutivo de la pandemia está dando los peores resultados de Occidente, así que ahora encarga resolver el problema a sus subordinados, que resultan ser los presidentes de las diecisiete autonomías. Los mismos a los que desposeyó de competencias en cuanto se declaró la pandemia.
Resumen de 7 meses de Gobierno sin hacer absolutamente nada:
►Antes del 8-M: no hizo nada, era una 'gripecilla'.
►En estado de alarma: no hizo nada, no sabía qué hacer.
►Tras estado de alarma: no hizo nada, no hacía falta en la nueva normalidad.
►Segunda ola: no hace nada, asunto de otros.
Lo cierto es que la comparecencia de Pedro Sánchez no supone más que la constatación palmaria de que su prioridad no es articular una política eficaz contra el coronavirus (que exige un plan nacional y una mínima coordinación que palíe el desbarajuste ocasionado por el disparatado sistema autonómico) ni hacer frente a la hecatombe económica en la que ya estamos inmersos, sino servirse de la tragedia para perpetuarse en el poder.
Y ha encontrado en las CCAA la coartada perfecta para eludir su responsabilidad, incluso derivando en ellas la posibilidad de decretar un nuevo estado de alarma.
Porque a partir de ahora, si una autonomía considera inmanejable la crisis, podrá solicitar al Gobierno la declaración de la alarma en un territorio específico, pero añade que ésto obligará al presidente autonómico en cuestión, en calidad de autoridad delegada, a rendir cuentas de la situación cada quince días en el Congreso.
Sostiene Sánchez que ha dado un paso crucial al ofrecer a los gobiernos autonómicos que sean ellos los que pidan el estado de alarma en su territorio. Él se compromete a que los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos apoyen la petición en el Parlamento. Alguien ha debido de tomar demasiado el sol en Moncloa y se ha hecho un lío con los procedimientos. Se nos vende como novedad que un presidente autonómico pueda solicitar al gobierno el estado de alarma en su región. No lo es. Siempre ha sido así. Pero quien declara la alarma es el presidente del gobierno. Y quien va al Parlamento a pedir la prórroga, dos semanas después de entrar en vigor, es el presidente de gobierno. Que es quien manda. Delegue o no su autoridad en el presidente autonómico de turno.
Catedráticos de Derecho Constitucional reconocen que en la regulación del estado de alarma no está previsto para ir haciendo 17 estados de alarma a la carta. En caso de que se aprobara el estado de alarma para una Comunidad o provincia, el Ejecutivo podría delegar cuantas funciones quisiera al presidente autonómico o mando único, pero no tiene sentido que un presidente autonómico rinda cuentas ante el Congreso de los Diputados. No hay que olvidar, que en caso de una prórroga le corresponde al Gobierno justificar los motivos de la misma ante el Parlamento, por lo que podría darse el caso de que un ministro socialista o de Podemos tuviera que defender la situación de una comunidad gobernada por otro partido. Irrisorio.
Por otro lado, sólo se puede delegar en un presidente autonómico si la situación afecta solo a una comunidad y no a más de una, y aún así, se trata de delegar, no de ceder (el delegado se limita a obeceder). Pero ademas, si el estado de alarma afectara a dos comunidades ni siquiera podría delegarse el mando único en los respectivos presidentes autonómicos. Porque es (mando) ÚNICO, y ÚNICO significa ÚNICO, no doble, ni triple...
En cualquier caso, para Sánchez es el plan perfecto. Sólo tiene que cruzarse de brazos y esperar que los presidentes autonómicos se cuezan en su propia salsa como culpables del desastre, y disparar sus cañones mediáticos contra aquellos que le resulten más incómodos para su proyecto de poder. Especialmente la Comunidad de Madrid, que, junto a la Corona, conforman el principal y prácticamente único foco de resistencia institucional y constitucional al cambio de régimen que pretende con ahínco el gobierno socialcomunista.
El cinismo de Sánchez es notorio toda vez que pese a que sus promesas de reformas legales para combatir la pandemia son un compromiso público desde el mes de mayo, pero aún no ha habilitado el marco jurídico necesario para que cada autonomía pueda tomar decisiones en este sentido. Es más, a mediados de octubre, la futura ley «antipandemia», sigue durmiendo tranquilamente en algún cajón del Congreso de los Diputados.
[Actualización 16 septiembre: El Congreso ha aprobado hoy una ley en la que el Gobierno incluyó a última hora una enmienda para trasladar de los jueces ordinarios a los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA la competencia para fallar sobre decisiones políticas contra la pandemia que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, los confinamientos parciales o perimetrales y resto de medidas que tomen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios de Covid ya no podrán ser paralizadas por los juzgados ordinarios; será competencia de los Tribunales Superiores de Justicia.]
Aunque el propio Gobierno puede tomar esta decisión de manera territorial, y no en toda España como sucedió en marzo, Pedro Sánchez quiere que sean los presidentes autonómicos quienes afronten esta responsabilidad y pidan este mecanismo al Ejecutivo.
¿Por qué? Si ahora hubiese una restricción de libertades en cualquier lugar de España, los responsables serían los presidentes autonómicos, y no él. Así nadie podrá decir que es Su Persona quien hace un uso abusivo de esa excepcionalidad. De este modo, Sánchez se lava las manos, atribuye a los Ejecutivos autonómicos cualquier culpa en lo que pueda ocurrir, y se libera de negociar en el Congreso cualquier prórroga de una alarma que objetivamente le ha hecho mucho daño.
La homilía presidencial solo ha tenido dos objetivos: certificar que el presidente ha vuelto de vacaciones (con mejor color que cuando se fue, y con peor discurso) y hacer saber que el marrón de confinarnos de nuevo si esto sigue empeorando esta vez no se lo come él. La cogobernanza consiste en que ahora todo lo gobiernen los presidentes autonómicos. El que quiera estado de alarma en su territorio, que lo pida. Sánchez, generosamente, se lo concede.
Una España sin timón
En marzo nos contaron que el estado de alarma era la mejor herramienta porque se aplicaba a la vez en todo el país. Que la clave del éxito era ésa: mismas medidas en todas partes. Las comunidades se instalaron en la queja, hasta que el gobierno les cedió la gestión post desescalada. El resultado ha sido frustrante. (Tal vez habría sido igual de haberse mantenido el papel directivo del ministerio de Sanidad en la nueva normalidad, porque gobernar las limitaciones sociales en verano no es lo mismo que administrar el cierre total en primavera).
Ahora el cuento ha cambiado y la doctrina es la contraria: el éxito es que las medidas sean distintas por territorios. En marzo decía Torra 'déjeme cerrar Cataluña'. Y Sánchez le respondía que no, que 'el virus no entiende de territorios'. Pues ha entendido. Por eso, ahora que la situación vuelve a ser grave y con más movilidad entre regiones que entonces, les dice a los presidentes autonómicos: 'la responsabilidad es vuestra' y si la cosa se tuerce, será por vuestra pésima gestión. Pues no, señor Sánchez. La pésima gestión ha sido la suya, escudado en Illa y Simón, que tras reaccionar tarde y provocar la muerte de más de 50.000 personas desconfinó a toda prisa, nos mandó a divertirnos, dijo que había vencido al virus y se largó de vacaciones.
Lo que antes era ilegal, ahora es repentinamente legal, y todo ello sin modificar una sola norma. Le basta poner como excusa que «España es un estado casi federal», la última trampa/falacia en la que guarecerse. Trampa en algún caso peligrosa pues supone ceder el mando único en Cataluña a Torra, que acaba de proclamar que «antes que la pandemia está la independencia».
¿Significa eso que el mando único, en la versión utilizada por el Gobierno entre los meses de marzo y junio, era el único instrumento posible? ¡DE NINGUNA MANERA! Que corresponda al Gobierno central la adopción de determinadas medidas como el confinamiento no significa necesariamente ni que otras medidas no precisen de la participación de las autonomías, ni que las medidas deban ser uniformes en todo el territorio nacional.
Mando único sí, pero no universal (para todo) ni uniforme (igual para todos).
La situación epidemiológica de unos territorios puede ser muy distinta a la de otros. Un confinamiento generalizado no solo es absurdo por innecesario, sino también dañino porque acarrea unas consecuencias económicas devastadoras. El difícil equilibrio entre impacto sanitario y económico solo se puede resolver a través de confinamientos locales, aislando la población necesaria para que el confinamiento resulte efectivo, pero ni a una sola persona más. Sin duda, un equilibrio difícil de lograr que Sánchez no está dispuesto a asumir.
Los doctores del federalismo siempre han diagnosticado que uno de los grandes déficits del Estado de las Autonomías es la inexistencia de mecanismos de cooperación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. La crisis del coronavirus certificó esta sospecha. Porque, a estas alturas, es evidente que las decisiones que se tomen deben ser coordinadas. Para que el confinamiento de la población resulte efectivo, debe acompañarse de la prohibición del desplazamientos, medidas que solo una autoridad central puede adoptar.
La oferta de Pedro Sánchez abriéndose a la posibilidad de decretar estados de alarma autonómicos "a la carta" -a petición de los gobiernos interesados- supone una posibilidad negada a mediados de marzo, cuando el "saldremos unidos" dominaba el discurso del presidente del Gobierno. ¿Por qué se ha transferido la gestión de la crisis del Covid-19 del Gobierno central a las comunidades autónomas? ¿Por qué el mando único sanitario y el estado de alarma, el único plan durante los meses más duros de la pandemia, se ha convertido ahora en el último de los planes?
Al ser preguntado por la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento en toda España a través de la declaración del estado de alarma, Sánchez escurrió el bulto con el argumento de que "las soluciones no tienen por qué ser las mismas a las de hace unos meses", dejando toda la responsabilidad en las CCAA y sacando pecho porque el Gobierno "da un paso más en la cogobernanza con los territorios".
Ah! La cogobernanza era ésto. "Cogobernanza", uno de los palabros que dio a luz el departamento de camuflaje verbal de la Moncloa. Cogobernanza esta vez consiste en que sean los presidentes autonómicos los que se coman el marrón de confinar a la gente en su casa. No es cogobernanza. Es el desquite. Ya que tanto se quejaron los virreyes territoriales por el mando único y las manos atadas, ahora que traguen con lo que hay. Y con lo que viene. ¿Querían autogobierno? Pues ahí lo tienen. El que quiera confinar, que se retrate.
La declaración de estados de alarma a la carta que propone ahora Pedro Sánchez tiene una primera lectura irreprochable: ofrecer cobertura legal a los gobiernos autonómicos ante el desbarajuste judicial propiciado por autos contradictorios aquí y allá ante decisiones autonómicas similares.
Pero la pregunta es inevitable: ¿estamos ante movimiento para apuntalar la cooperación institucional, ante la oportunidad de reparar una de las graves limitaciones del Estado de las Autonomías; o simplemente es una maniobra para trasladar toda la responsabilidad a unos gobiernos territoriales con el agua al cuello por la magnitud de la amenaza y por sus propias incompetencias?
En esta nueva etapa, tan grave y tan preocupante en que los gobiernos autonómicos han de asumir que la Sanidad y la Educación es cosa suya, el papel que le corresponde al gobierno y a su presidente en la gestión de la epidemia entonces, ¿cuál es? En ausencia de estado de alarma y de mando único, con la España descentralizada, cuasi federal, y todo el poder en manos de los virreyes, ¿Sánchez para qué está? España necesita una estrategia nacional contra el coronavirus y no diecisiete.
¿Es mucho pedir que, por una vez, el Gobierno se dedique a gobernar en lugar de dejarse guiar por la última ocurrencia de sus asesores de comunicación? ¿Que, por una vez, Sánchez no pretenda ser ni pavo real ni avestruz, sino un buen gobernante que dedique sus desvelos a comprar medicamentos y material de protección, a preparar los hospitales para el adelantado otoño, a poner orden en el caos estadístico y a coordinar una vuelta al cole segura?
España no tiene a nadie al timón