La historia se repite, como tras el verano. En 13 meses de pandemia el Gobierno no ha diseñado un armazón jurídico alternativo al estado de alarma. Pedro Sánchez ha anunciado que el 9 de mayo (5 días después de las elecciones autonómicas madrileñas) se dará por concluido el estado de alarma de 6 meses de duración. Ello supondrá que automáticamente decaigan también los cierres perimetrales, el toque de queda y la limitación de reuniones. Los ciudadanos recuperaremos nuestras libertades y derechos fundamentales, a expensas de las prohibiciones que los jueces permitan decretar a los mini caudillos autonómicos.
Sánchez no tiene un Plan B al estado de alarma, a pesar de que se comprometió a ello un ya lejano 10 de mayo de 2020, durante la 9ª conferencia de presidentes telemática y en plena desescalada.
Su Persona nunca cumplió, y ahora volvemos al punto de partida: las comunidades se encontrarán nuevamente con las manos atadas para decretar confinamientos selectivos u otras medidas que restrinjan los derechos fundamentales. Porque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no es tan poderoso, y lo que allí se acuerde requerirá de aval judicial.
Nuestro ordenamiento jurídico está preparado para que se puedan adoptar medidas drásticas en casos excepcionales, pues cuenta con la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero estos estados suponen una excepcionalidad constitucional, pues alteran el normal funcionamiento de las instituciones y dotan al Ejecutivo de facultades extraordinarias. Así que no están diseñadas para prolongarse en el tiempo, sino para lidiar con las primeras embestidas.
Por eso existen las leyes orgánicas sanitarias, especialmente la LO 3/1986, que permite a las autoridades del sector –entre las que se encuentran las CCAA- adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Eso sí, deberán ser ratificadas judicialmente. Porque si cediésemos a nuestra clase dirigente la posibilidad de acordar las medidas que considere pertinentes para proteger la salud, sin mayor tipo de control, estaríamos listos. (Ya lo hemos visto durante el último año).
Recordemos que, tras negar Su Persona por activa y por pasiva la existencia de un 'plan b' al estado de alarma decretado en marzo de 2020 ("No hay plan B. El único plan es el estado de alarma", repetía Sánchez), el Gobierno decidió que gestionar el coronavirus sólo les traería desgaste y les restaría votos. Así que para la gestión de la segunda ola, dejaron en manos de las autonomías (inventándose el término cogobernanza) adoptar las medidas oportunas, con la previa intervención de los tribunales. Sánchez e Illa sólo aparecerían para obtener rédito electoral o comunicar buenas noticias, aunque éstas no fueran ajustadas a la realidad.
No contaban con que algunos jueces iban a mostrar dudas sobre el alcance de las medidas que las CCAA estaban adoptando al amparo de esa legislación sanitaria, pues “cualquier medida que se considere necesaria” puede parecer excesivo en una materia en la que rige el principio del favor libertatis: en caso de duda, siempre la interpretación más favorable al derecho y, por lo tanto, contraria a su limitación.
Ante esta situación, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió, a pesar de que lo recomendó el Consejo de Estado en un informe fechado el 22 de marzo de 2021, y que fue depositado en el fondo de un cajón del despacho de la vicepresidenta para que durmiera el sueño de los justos. La sugerencia del Consejo de Estado es clara: "El contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa".
No estamos sólo ante un caso de descortesía institucional verdaderamente asombrosa, sino ante una actitud con ribetes autoritarios, puesto que el Consejo de Estado, por definición, es uno de los instrumentos con que se ha dotado la democracia española para garantizar la separación de poderes, que vela por la observancia de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico.
En cierto modo, despreciar el dictamen del Consejo de Estado retrata a un Gobierno como el actual, que se desenvuelve mejor en la excepcionalidad 'legal' del estado de alarma, como si la supresión de los derechos fundamentales careciera de la menor importancia política, desde una soberbia de ejercicio que sería intolerable en los países de nuestro entorno.
Así que para enfrentarse a la tercera ola, el Ejecutivo volvió a recurrir a la situación de excepcionalidad constitucional que supone el estado de alarma, pero esta vez sin mancharse las manos con la gestión -cedida a las CCAA- y sin ni tan siquiera respetar los límites temporales que marca la Constitución: una prórroga de 6 meses del tirón, nada menos, cuando hay muchos juristas que dudan de que puedan superar los 15 días o, en su defecto, los 60 días establecidos como duración máxima del estado de excepción.
Como cabía esperar, el Gobierno socialcomunista ha utilizado el estado de alarma de forma torticera, arbitraria, desproporcionada y acientífica, muchas veces para legislar sobre cuestiones que nada tienen que ver con la salud. Y la mayoría de CCAA, también. Los recursos que se han interpuesto por ello ante el Tribunal Constitucional duermen el sueño de los ángeles.
La única comunidad autónoma que puso pie en pared ante la orgía prohibitiva en la que se embarcaron todos fue Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha venido negando a declarar incompatible la protección de la salud con la libertad y la economía. Ha puesto en práctica la ponderación de derechos, ha construido un hospital especializado en tiempo récord y se ha rodeado de un equipo sanitario decidido a enfrentarse al virus con técnicas innovadoras, rechazando los confinamientos severos medievales. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Algo que el Gobierno y otros líderes autonómicos -algunos de su propio partido- no pueden soportar. Básicamente porque les retrata. Así que llevan en campaña contra Ayuso desde el verano.
Ahora que estamos en campaña electoral, a Sánchez ya no le interesa que haya estado de alarma. Está viendo que el lema de Ayuso, "Libertad", le está dando buenos resultados, y según todas las encuestas va a arrasar en las urnas. El PSOE no puede ahora exponerse al escrutinio político de un nuevo debate en el Congreso para prorrogar la alarma.
Sin embargo, los epidemiólogos recomiendan mantener la misma intensidad de las medidas actuales hasta el final del verano; y la mascarilla, la distancia interpersonal y las burbujas de convivencia, al menos, hasta final de año. ¿Cómo lo harán, si no pueden cercenar a la población con las prohibiciones que ampara el estado de alarma?
La excusa que pone ahora el Gobierno es que la alarma ya no es necesaria porque hay vacunas, aunque a 12 de abril apenas haya un 6,6% de la población española vacunada (obviando además que nos adentramos de cabeza en la quinta ola).
"Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas"" - manifestó Pedro Sánchez el 13 de abril. Solo cabe preguntarse entonces: si las hay, ¿para qué vivimos en estado de alarma desde hace 6 meses?
Sánchez se remitió también al Consejo Interterritorial de Salud, que en el pasado ha acordado restricciones, pero igualmente, éstas deben ser validadas por los tribunales de justicia.
Ante la situación que se avecina, los presidentes autonómicos se llevan las manos a la cabeza y piden prolongar la alarma. Aluden que se ven "indefensos" para cercenar los derechos y libertades de sus ciudadanos. ¡Pobres! Solo podrán agarrarse a una combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional, y solicitar autorización a un juez si quieren quitarnos la libertad y/o suprimir derechos fundamentales como el de libre circulación o el de reunión.
Mientras, Sánchez se regodea desde su sillón de Moncloa diciendo: "¿No queríais libertad?, pues toda vuestra".
Hasta el 4 de mayo estamos en campaña electoral. Toca predicar libertad, libertad, disfrazarse de cayetano y mirar con displicencia al estado de alarma y sus variantes represivas. Moncloa no está ya en eso. Ahora que encierren otros, que los caudillines provinciales más hiperventilados dispongan las normas pertinentes, dicten las restricciones que les agrade, asfixien los negocios que se les ocurra y retuerzan las leyes que les pete.
El actual estado de alarma decaerá el 9 de mayo, pero una vez celebradas las elecciones en la Comunidad de Madrid, nada impide que el Gobierno declare una nueva alarma. De hecho, no es en absoluto descartable y las malas lenguas apuntan a que la estrategia de Sánchez es que las formaciones políticas, especialmente el PP, le supliquen la extensión de sus poderes extraordinarios para contener la inminente quinta ola.
Y mientras ellos mueven sus piezas en el tablero electoral, nuestro Estado de Derecho desaparece lentamente por el sumidero de la política española.
Sánchez no tiene un Plan B al estado de alarma, a pesar de que se comprometió a ello un ya lejano 10 de mayo de 2020, durante la 9ª conferencia de presidentes telemática y en plena desescalada.
Su Persona nunca cumplió, y ahora volvemos al punto de partida: las comunidades se encontrarán nuevamente con las manos atadas para decretar confinamientos selectivos u otras medidas que restrinjan los derechos fundamentales. Porque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no es tan poderoso, y lo que allí se acuerde requerirá de aval judicial.
Nuestro ordenamiento jurídico está preparado para que se puedan adoptar medidas drásticas en casos excepcionales, pues cuenta con la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero estos estados suponen una excepcionalidad constitucional, pues alteran el normal funcionamiento de las instituciones y dotan al Ejecutivo de facultades extraordinarias. Así que no están diseñadas para prolongarse en el tiempo, sino para lidiar con las primeras embestidas.
Por eso existen las leyes orgánicas sanitarias, especialmente la LO 3/1986, que permite a las autoridades del sector –entre las que se encuentran las CCAA- adoptar las medidas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Eso sí, deberán ser ratificadas judicialmente. Porque si cediésemos a nuestra clase dirigente la posibilidad de acordar las medidas que considere pertinentes para proteger la salud, sin mayor tipo de control, estaríamos listos. (Ya lo hemos visto durante el último año).
Recordemos que, tras negar Su Persona por activa y por pasiva la existencia de un 'plan b' al estado de alarma decretado en marzo de 2020 ("No hay plan B. El único plan es el estado de alarma", repetía Sánchez), el Gobierno decidió que gestionar el coronavirus sólo les traería desgaste y les restaría votos. Así que para la gestión de la segunda ola, dejaron en manos de las autonomías (inventándose el término cogobernanza) adoptar las medidas oportunas, con la previa intervención de los tribunales. Sánchez e Illa sólo aparecerían para obtener rédito electoral o comunicar buenas noticias, aunque éstas no fueran ajustadas a la realidad.
No contaban con que algunos jueces iban a mostrar dudas sobre el alcance de las medidas que las CCAA estaban adoptando al amparo de esa legislación sanitaria, pues “cualquier medida que se considere necesaria” puede parecer excesivo en una materia en la que rige el principio del favor libertatis: en caso de duda, siempre la interpretación más favorable al derecho y, por lo tanto, contraria a su limitación.
Ante esta situación, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió a acometer las reformas legislativas necesarias para solventar las dudas interpretativas de los tribunales. Algo que no sucedió, a pesar de que lo recomendó el Consejo de Estado en un informe fechado el 22 de marzo de 2021, y que fue depositado en el fondo de un cajón del despacho de la vicepresidenta para que durmiera el sueño de los justos. La sugerencia del Consejo de Estado es clara: "El contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa".
No estamos sólo ante un caso de descortesía institucional verdaderamente asombrosa, sino ante una actitud con ribetes autoritarios, puesto que el Consejo de Estado, por definición, es uno de los instrumentos con que se ha dotado la democracia española para garantizar la separación de poderes, que vela por la observancia de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico.
En cierto modo, despreciar el dictamen del Consejo de Estado retrata a un Gobierno como el actual, que se desenvuelve mejor en la excepcionalidad 'legal' del estado de alarma, como si la supresión de los derechos fundamentales careciera de la menor importancia política, desde una soberbia de ejercicio que sería intolerable en los países de nuestro entorno.
Así que para enfrentarse a la tercera ola, el Ejecutivo volvió a recurrir a la situación de excepcionalidad constitucional que supone el estado de alarma, pero esta vez sin mancharse las manos con la gestión -cedida a las CCAA- y sin ni tan siquiera respetar los límites temporales que marca la Constitución: una prórroga de 6 meses del tirón, nada menos, cuando hay muchos juristas que dudan de que puedan superar los 15 días o, en su defecto, los 60 días establecidos como duración máxima del estado de excepción.
Como cabía esperar, el Gobierno socialcomunista ha utilizado el estado de alarma de forma torticera, arbitraria, desproporcionada y acientífica, muchas veces para legislar sobre cuestiones que nada tienen que ver con la salud. Y la mayoría de CCAA, también. Los recursos que se han interpuesto por ello ante el Tribunal Constitucional duermen el sueño de los ángeles.
La única comunidad autónoma que puso pie en pared ante la orgía prohibitiva en la que se embarcaron todos fue Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha venido negando a declarar incompatible la protección de la salud con la libertad y la economía. Ha puesto en práctica la ponderación de derechos, ha construido un hospital especializado en tiempo récord y se ha rodeado de un equipo sanitario decidido a enfrentarse al virus con técnicas innovadoras, rechazando los confinamientos severos medievales. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Algo que el Gobierno y otros líderes autonómicos -algunos de su propio partido- no pueden soportar. Básicamente porque les retrata. Así que llevan en campaña contra Ayuso desde el verano.
Ahora que estamos en campaña electoral, a Sánchez ya no le interesa que haya estado de alarma. Está viendo que el lema de Ayuso, "Libertad", le está dando buenos resultados, y según todas las encuestas va a arrasar en las urnas. El PSOE no puede ahora exponerse al escrutinio político de un nuevo debate en el Congreso para prorrogar la alarma.
Sin embargo, los epidemiólogos recomiendan mantener la misma intensidad de las medidas actuales hasta el final del verano; y la mascarilla, la distancia interpersonal y las burbujas de convivencia, al menos, hasta final de año. ¿Cómo lo harán, si no pueden cercenar a la población con las prohibiciones que ampara el estado de alarma?
La excusa que pone ahora el Gobierno es que la alarma ya no es necesaria porque hay vacunas, aunque a 12 de abril apenas haya un 6,6% de la población española vacunada (obviando además que nos adentramos de cabeza en la quinta ola).
"Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas"" - manifestó Pedro Sánchez el 13 de abril. Solo cabe preguntarse entonces: si las hay, ¿para qué vivimos en estado de alarma desde hace 6 meses?
Sánchez se remitió también al Consejo Interterritorial de Salud, que en el pasado ha acordado restricciones, pero igualmente, éstas deben ser validadas por los tribunales de justicia.
Ante la situación que se avecina, los presidentes autonómicos se llevan las manos a la cabeza y piden prolongar la alarma. Aluden que se ven "indefensos" para cercenar los derechos y libertades de sus ciudadanos. ¡Pobres! Solo podrán agarrarse a una combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional, y solicitar autorización a un juez si quieren quitarnos la libertad y/o suprimir derechos fundamentales como el de libre circulación o el de reunión.
Mientras, Sánchez se regodea desde su sillón de Moncloa diciendo: "¿No queríais libertad?, pues toda vuestra".
Hasta el 4 de mayo estamos en campaña electoral. Toca predicar libertad, libertad, disfrazarse de cayetano y mirar con displicencia al estado de alarma y sus variantes represivas. Moncloa no está ya en eso. Ahora que encierren otros, que los caudillines provinciales más hiperventilados dispongan las normas pertinentes, dicten las restricciones que les agrade, asfixien los negocios que se les ocurra y retuerzan las leyes que les pete.
El actual estado de alarma decaerá el 9 de mayo, pero una vez celebradas las elecciones en la Comunidad de Madrid, nada impide que el Gobierno declare una nueva alarma. De hecho, no es en absoluto descartable y las malas lenguas apuntan a que la estrategia de Sánchez es que las formaciones políticas, especialmente el PP, le supliquen la extensión de sus poderes extraordinarios para contener la inminente quinta ola.
Y mientras ellos mueven sus piezas en el tablero electoral, nuestro Estado de Derecho desaparece lentamente por el sumidero de la política española.