Los errores e improvisaciones del Gobierno de España en la gestión de la pandemia por coronavirus vienen siendo constantes y gravísimos. Parece que la ciudadanía comienza a "despertar" y se está empezando a dar cuenta de tanta negligencia, y hartos de ello, en las redes sociales los hashtags #GobiernodeInutiles, #GobiernodeChapuzas, #SánchezVeteYa y #GobiernoDimision son tendencia desde hace días. Incluso se han celebrado varias manifestaciones virtuales ciudadanas para protestar contra las medidas y actuaciones del gobierno de coalición, llegando a pedir su dimisión en bloque.
Pero la ineficacia de nuestros dirigentes ha traspasado fronteras. Medios internacionales como el diario británico The Guardian ha criticado la pésima gestión de Pedro Sánchez, y la prensa alemana también se ha hecho eco de ello diciendo que "España deberá preguntarse cómo pudo ocurrir algo así". Incluso la OMS pone a España como ejemplo de lo que NO hay que hacer.
Un informe internacional del 'think tank' británico Deep Knowledge Group señala a España como el país de Europa que peor ha gestionado la crisis provocada por el coronavirus.
Otro informe (privado), encargado por el Institute of Certified Management Accountants de Australia, ha calificado la gestión de la crisis sanitaria del Gobierno de España como la peor del mundo. El estudio ha elaborado un ranking de 32 Estados según el índice GRID, que mide el grado de eficiencia, liderazgo, transparencia, calidad de los datos y preparación de los sistemas de salud de los países considerados para abordar la pandemia, y otorga a España el último lugar.
50 ERRORES MORTALES DEL GOBIERNO DE COALICIÓN EN LA CRISIS DEL COVID-19
A estas alturas, está muy claro que nuestro Gobierno ha llegado tarde y mal. La cadena de errores mortales, descuidos, y negligencias imperdonables han hecho que España haya superado con creces los fallecidos de China y sea el país con más muertos por millón de habitantes del mundo. Estamos gobernados por un Gobierno de Chapuzas (chapuzas que cuestan vidas).
Veamos cuáles han sido dichos errores [artículo en constante actualización]:Falta de previsión y medidas
- 1. Negar la evidencia. Cuando el caso era sólo chino, nos sonaba muy lejano. Cuando se desbordó en Italia, pensábamos que todo era culpa del tradicional "caos" de los italianos y que a nosotros nunca nos pasaría eso. Pero pasó.
- 2. Falta de previsión, desoyendo las advertencias de la OMS, de la Unidad de Defensa Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico de la Guardia Civil, del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, y de todos los científicos y expertos en la materia, que se producían ya desde el 30 de enero.
- 3. No tomar medidas hasta después del 8-M, simplemente porque los tres partidos del Gobierno de coalición tenían un poderoso interés político en las movilizaciones neofeministas.
Recordemos que a comienzos de marzo, con Italia ya ardiendo por los cuatro costados, con medidas excepcionales y muchos muertos encima de la mesa, nuestros políticos ya sabían perfectamente de la gravedad del brote, pero no quisieron actuar. Justo antes del 8-M, en España ya había 300 casos detectados y varios muertos, pero se celebraron 72 manifestaciones, un congreso de Vox, decenas de partidos de fútbol, las fiestas de las pre-fallas... Sin duda, esto constituye un atentado contra la salud pública, y para taparlo, el gobierno está manipulando los datos históricos que prueban el elevado número de contagios justo en los días previos a la manifestación.
- 4. Anunciar el estado de alarma con dos días de antelación (las medidas se anunciaron un viernes pero no se aprobaron hasta el sábado por la tarde-noche), lo que provocó el éxodo masivo y sin control de personas (contagiadas o no) hacia las regiones costeras. Puestos a pasar dos semanas encerrados, mejor en una casa con jardín o en la playa, no?
- 5. No cerrar Madrid a tiempo, lo que, unido al retraso de la entrada en vigor del estado de alarma, permitió desplazamientos masivos desde la comunidad más infectada hacia segundas residencias. Es decir, si teníamos el foco localizado, se hizo justo todo lo contrario de lo que se debía: esparcirlo por todo el país. La consecuencia de esta negligencia la estamos pagando todos los españoles con un arresto domiciliario sin precedentes.
- 6. Implantar un confinamiento improvisado, que se ha ido modificando constantemente sobre la marcha. El Gobierno lo reconoce, y escuda su improvisación alegando que estamos ante un "escenario dinámico".
Respecto al material sanitario
- 7. El fiasco de la centralización de los suministros sanitarios y las requisas masivas, con un Ministro de Sanidad totalmente superado e incapaz, que ha dado lugar a una situación de desabastecimiento en los hospitales. El Gobierno, alegando razones de "eficiencia", decidió ejercer el mando único con el decreto de estado de alarma y centralizar competencias como las de Sanidad, hasta entonces totalmente transferida a las autonomías.
El error de centralizar las compras se enmendó el 19 de marzo, cuando el Señor Illa dijo en rueda de prensa que las comunidades que quisiesen podían salir al mercado. Y ahora que las Comunidades Autónomas se están buscando la vida para proveerse del material necesario, resulta que el Gobierno se lo incauta en numerosas ocasiones.
En definitiva, un mes y medio después del estado de alarma, aún faltan respiradores en las UCI, el personal sanitario trabaja sin los materiales de protección necesarios (EPI), no hay mascarillas, ni guantes, ni gafas, ni tests de detección suficientes... lo cual ha convertido a los hospitales en el principal foco de contagio del coronavirus, y al personal médico en el sector más infectado. Y mientras nuestro propio personal carece de las medidas de protección adecuadas, nuestro gobierno se permite el lujo de exportar guantes, mascarillas y otros productos a países como Cuba, Argelia, Marruecos o Perú. En definitiva, un Gobierno a la deriva y de reiterados incumplimientos, no solo en la cuestión sanitaria sino también en lo social.
- 8. La compra de 640.000 tests de detección inservibles y defectuosos (con sensibilidad del 30%, cuando los requerimientos ante el Covid-19 son del 80%) a una empresa china no homologada, una operación en la que el Gobierno -sospechosamente- no ha querido revelar qué empresa española fue la intermediaria, alimentando los rumores de posibles comisiones.
Y no solo ocurre con los tests, sino también con las mascarillas fake (el 15 de abril, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada un lote de más de 140.000 mascarillas tipo FPP2 de la empresa Garry Galaxy defectuosas que ya se habían repartido a varias autonomías y lo peor de todo, los profesionales sanitarios llevaban ¡15 días usándolas! con el fatídico resultado de unos cuantos cientos, si no miles, de contagiados más). Claros ejemplos de la incompetencia de nuestro Gobierno.
Los test defectuosos chinos comprados por 17,1 millones de euros y los dos millones de mascarillas 'fake' no son los únicos problemas que ha tenido el Gobierno con sus proveedores sanitarios durante la crisis del coronavirus. Sanidad también tuvo que resolver un contrato de compra de 144 respiradores de 3,31 millones de euros porque la empresa no fue capaz de suministrar los dispositivos. Se trata de una empresa sin licencia, constituida hace un año (nunca ha presentado cuentas), que tiene como objeto social "la fabricación de elementos de yeso para la construcción".
- 9. Falta de uso generalizado de mascarillas entre la población. Oficialmente se consideró que su uso poseía una utilidad nula, excepto para el personal sanitario. Ahora el Gobierno ya apunta su uso generalizado como "recomendable"; pero no puede declarar su uso obligatorio porque España carece de ellas. En su defecto, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha difundido una guía para que los ciudadanos confeccionen sus propias mascarillas en casa, fomentando así el uso de mascarillas caseras y no homologadas, de ninguna utilidad a nivel de contención del virus.
Actualización 8 de Mayo: La Comisión Europea realiza una compra conjunta de 1,5 millones de mascarillas para personal sanitario, pero España se queda fuera del reparto porque no lo solicitó.
Actualización 21 de Mayo: Uso obligatorio de mascarillas para todos los ciudadanos mayores de 6 años, en lugares públicos, incluso en la calle cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 2 metros. ¡Más vale tarde que nunca! Aunque ahora y no sean necesarias.
- 10. No fomentar el autoabastecimiento del país. ¿Por qué importar material básico como batas, mascarillas, gel desinfectante e incluso respiradores de China? ¿No es una contradicción inaceptable que falte material sanitario, mientras que muchas empresas españolas que podrían producirlo envían sus trabajadores al paro? ¿Por qué el Gobierno pone tantas trabas burocráticas a aquellas empresas españolas que deciden reinventarse para producir dicho material denegándoles la "homologación" de sus productos cuando el propio Gobierno está comprando a empresas chinas no homologadas? Y por último, ¿cómo es posible que el Gobierno de una nación no sea capaz de abastecerse de material sanitario, y sí sean capaces de hacerlo empresas privadas como Inditex? (recordemos las donaciones millonarias de Amancio Ortega, realizadas en cuestión de días, inexplicablemente criticadas por muchos).
- 11. Permitir que el material sanitario comprado e importado por España sea requisado por otros países (como Turquía), o se quede estancado durante días en las aduanas por "problemas burocráticos".
Contención pasiva
- 12. Ir siempre por detrás de la pandemia. La detección es tardía (se espera a la llegada del enfermo, no se va a buscar al infectado). El elevado nº de personas contagiadas (que solo en una mínima parte son identificadas) se debe a la incapacidad de actuar sobre los orígenes de las cadenas de contagio (los focos de infección) y al nulo control territorial desde el inicio. Pero claro, ésto hubiera requerido un uso masivo de tests.
- 13. Falta de tests masivos a TODA la población para detectar a los portadores asintomáticos. La localización de asintomáticos solo es posible con grandes cribados de población, pero en España ésto se ha reservado a las élites políticas; ni tan siquiera la totalidad del personal sanitario, y las fuerzas de seguridad se han sometido a pruebas en todos sus miembros operativos. ¿Por qué no se están realizando? Nos dicen que no hay (debido a la ineptitud del Gobierno en la compra de materiales a China), pero la realidad es que 350 laboratorios e institutos de investigación biomédica o sanitaria españoles se ofrecieron (el 17 de Marzo) al Gobierno a producir tests PCR de coronavirus (los más fiables), y han sido completamente ignorados. A fecha 1 de mayo, y en plena desescalada, el Ejecutivo de Sánchez ha decidido habilitar únicamente 24 centros de los 350 que se le ofrecieron para la prueba (es decir, 326 laboratorios se mantienen inhabilitados).
En la rueda de prensa del 24 de abril Fernando Simón afirma que "no ve necesario hacer pruebas masivas a la población por el coronavirus". Cuando se obtengan los resultados de los análisis del estudio de seroprevalencia que se va a poner en marcha a partir del 27 de abril en fecha indeterminada (y que durarán 8 semanas) "será el momento de plantearnos si hacemos esas pruebas masivas o no a la población". Ésto contradice claramente lo que aconseja la OMS. Y cada día perdido en este apartado, es un día más de confinamiento para la sociedad y la actividad económica.
Nuestro Gobierno Del Bulo miente también en el número de tests PCR que se están realizando, inflando los datos para aparecer en el top ten mundial de países que más tests hacen; un BULO del propio Ejecutivo que ya ha sido desmentido y se han visto obligados a admitir. Estamos en el puesto 17º según la OCDE.
El 30 de abril, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que "no va a haber un test para cada ciudadano español".
- 14. Emplear la contención pasiva en lugar de la activa, es decir, no salir a localizar los focos, no actuar rápidamente sobre ellos para contenerlos y liquidarlos, y no controlar el espacio para eliminar todo lo que les favorezca. El factor tiempo, la velocidad de intervención, y la potencia de medios habría resultado decisiva. Todo lo contrario de lo que se ha hecho.
Caos (y drama) sanitario
- 15. El colapso de hospitales y UCIs, que ha dado lugar a la improvisación de hospitales de campaña en tiempo récord.
Mientras tanto, ante la escasez de recursos, los médicos de algunos hospitales súper saturados tienen que decidir quién vive y quién no, para quién hay respiradores y para quién no, y "racionar" las camas de las UCIs en función de la esperanza de vida del paciente, edad y estado de salud previo. Un auténtico dilema ético y moral.
En abril, el Ministerio de Sanidad publicó una guía en la que establecía los criterios sobre «prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechosos» del coronavirus, con un punto prioritario: las «expectativas objetivas de recuperación» del paciente. Ahora, ante las previsibles demandas que va a acumular por la priorización de los pacientes, el Gobierno intenta marcar distancias diciendo que esas indicaciones oficiales eran sólo «orientativas y no prescriptivas», y en colmo de la cobardía, señala a los médicos como responsables del triaje.
- 16. El genocidio de las residencias de ancianos, convertidas en focos de la pandemia en una proporción desmesurada (18.000 fallecidos que se sepa, al 25 de mayo). Recordemos que nuestros mayores son el segmento de la población más vulnerable frente al virus; en ellos la letalidad se multiplica. Mueren solos, sin despedirse, porque no está permitido que ningún familiar pueda acompañarlos. También están prohibidos los funerales; ante el colapso de las morgues, los cuerpos se hacinan en los pasillos y, en el mejor de los casos, son trasladados a otras ciudades donde hay tanatorios con incineradores disponibles, sin que los familiares sepan a dónde han ido a parar los restos de sus seres queridos. ¿No es ésto completamente inhumano?
Pero nuestro Gobierno Criminal verá el lado positivo a esta masacre de ancianos jubilados: la Seguridad Social disminuye su gasto en pensiones por primera vez en la historia, 38.500 pensiones menos según datos de mayo.
El 5 de marzo (cuando no había ningún colapso sanitario ni estado de alarma) el Gobierno dio una primera orden de dejar a los mayores contagiados con «sintomatología respiratoria aguda» en sus cuartos de las residencias. Y después, el 24 de marzo (en plena explosión del virus y con los hospitales desbordados), Sanidad dio otra orden: no dejar a los familiares rescatar de las residencias a sus mayores encerrados y contagiados. Es decir, no se permitía trasladarlos de urgencia a hospitales, sino que debían aislarlos en los centros de mayores. O lo que es lo mismo: dejarlos morir, sin poner medios. Pero ojo! Ésto no se aplicaba a quienes disponían de un seguro privado, que sí fueron derivados a hospitales para recibir la debida atención médica.
- 17. El drama del personal sanitario, quienes no pueden aplicar los protocolos de seguridad porque no disponen de EPIs, gafas, mascarillas ni batas, algo que ya ha sido denunciado ante las OMS por el colectivo sanitario. Se está reutilizando material y se están haciendo batas con bolsas de basura. Desde el comienzo de la pandemia al 26 de junio hay 52.445 sanitarios contagiados en nuestro país. Y es que, el material sanitario comprado a China, o no llega o es defectuoso, por no hablar de las dudosas adjudicaciones de dicho material por parte del Ingesa a empresas que ni siquiera tienen domicilio conocido.
Sin olvidar en este capítulo dramático de los hospitales a todas aquellas personas que trabajan en ellos, que no solo son médicos y enfermeros, sino también celadores, camilleros, cocineros, personal de limpieza, administrativos, etc, trabajadores que también están completamente expuestos al virus diariamente y sin la protección adecuada, y están siendo contagiados masivamente. El 8 de junio, el Ejecutivo socialcomunista ha dejado fuera de la cobertura de indemnizaciones por accidente laboral al personal sanitario y sociosanitario que ha vivido en los centros asistenciales lo peor de la pandemia. La nueva Orden de Sanidad que establece que la cobertura plena por accidente laboral, más allá del pago retributivo puro en el periodo de baja, ha quedado limitado al periodo de contagios comprendidos entre el 28 de mayo y el 21 de julio.
- 18.a) Usar estadísticas irreales, siempre a la baja, tanto en el nº de infectados como en el de fallecidos. Hoy se ha sabido que los pacientes asintomáticos "NO cuentan" como contagiados; sin embargo el Gobierno ya prepara su confinamiento (voluntario o a la fuerza, está por ver) en hoteles, albergues, residencias de estudiantes... En conclusión, las cifras oficiales son sólo una minúscula parte de la dantesca realidad que nos rodea, el #GobiernoDelBulo.
18.b) Falsedad en el recuento de muertes, prohibiendo las autopsias clínicas "por riesgo biológico de contagio y propagación del virus", y los tests Covid-19 a personas fallecidas que tuvieran otras patologías previas que simplemente figurarán como "Covid-19 no confirmado" y tampoco se incluirán en las cifras oficiales (según documento del 6 de abril, sellado por el Ministerio de Sanidad, titulado "Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19").
Ello, unido a la decisión de contabilizar solo a los fallecidos que hayan dado positivo en las pruebas (en vida), ha dejado fuera de las estadísticas oficiales a miles de personas muertas en residencias de ancianos, domicilios particulares y también en los hospitales más colapsados. Los números no cuadran si atendemos al nº de licencias de enterramientos solicitadas y a la información que obra en los registros civiles.
El 15 de abril, Cataluña cambió el método de recuento incluyendo los fallecidos en residencias y domicilios, y no solo los diagnosticados en hospitales, lo que ha "destapado" 3.242 muertos más (el doble de lo contabilizado hasta ahora). De igual modo, en la Comunidad de Madrid habría unas 5.000 personas fallecidas más. Ante este desbarajuste de datos, el Gobierno de España publicó en el BOE del 17 de Abril una Orden para cambiar el sistema de recuento de los fallecidos por coronavirus. A partir de aquí, ha reinado el caos numérico. Sanidad ha cambiado ya siete veces los criterios para medir la evolución del coronavirus, por lo que nada cuadra. De esta forma pueden seguir maquillando los datos a su conveniencia.
Es más, lo hacen sin tapujos: desde el 23 de mayo, el Ministerio de Sanidad elimina de su informe diario sobre la evolución de la pandemia por Covid-19 una tabla de casos de coronavirus detectados en España en la que se desglosaba los casos probados con PCR, los de test de anticuerpos, los asintomáticos y aportaba una suma total, lo que ha hecho 'desaparecer' de la estadística global a casi 20.000 personas con la enfermedad.
27 de mayo: El sistema de monitorización de la mortalidad (MoMo) revela que España ha tenido 43.034 muertos más de lo habitual desde el 13 de marzo al 22 de mayo (un 55% más de lo habitual), lo que discrepa con la cifra oficial de muertos que da Sanidad que son 27.117 fallecidos (15.917 menos que el MoMo).
Desacierto de medidas económicas
- 19. El desacierto de las medidas económicas (renta mínima garantizada, ERTE, fondos ICO...), que ofrecen (en el mejor de los casos) soluciones a corto plazo, pero que en el largo hundirán aún más nuestras economías. Lo que es imprescindible para el corto plazo (inyección de liquidez a través de créditos) puede ser letal si se cronifica (los que reciben esas rentas no tienen ningún incentivo a cambiar su situación). Y lo que es peor, quizás las empresas y autónomos de este país no tengan modo de devolver dichos créditos a posteriori, pues muchas de ellas no volverán a abrir sus puertas tras la crisis del Covid-19.
Por supuesto, la liquidez es un problema inmediato, pero ello no resuelve el problema de solvencia al que esta crisis puede arrastrarnos. Nos estamos metiendo en una peligrosa espiral de endeudamiento, no solo como país, sino también a nivel empresarial, e incluso familiar. ¿Cómo vamos a devolver los créditos si no se garantiza de algún modo que la liquidez que se inyecta en el sistema no está asociada a su viabilidad? ¿Con los famosos "coronabonos" que la Unión Europea ya nos ha negado porque no están dispuestos (con razón) a pagar el sobrecoste de la maltrecha economía española pre-pandemia? ¿O quizás, ante el riesgo de una quiebra de las cuentas públicas -como la deuda, disparada al 120% del PIB, y el déficit en el 10-15%- España se verá abocada a un rescate? Sin lugar a dudas. Y es que la mejor política social no es la que se limita a repartir subsidios a quienes ya han perdido su empleo, sino la que se centra en evitar que lo pierdan. Y ello no se logra por decreto.
- 20. Dejar tirados (especialmente) a los autónomos y pequeñas empresas. Por ejemplo, el Gobierno ni ha congelado las cuotas de los autónomos (de momento las ha cobrado y dice que las va a devolver, pero no se sabe cuándo), ni ha exonerado de impuestos a las Pymes. Ante las quejas de estos colectivos (y también de las gestorías y asesorías), el Gobierno ha aprobado hoy (14 abril) el aplazamiento (ojo! no exoneración) de la presentación de obligaciones tributarias para pymes y autónomos correspondientes al primer trimestre (IVA, IRPF, Sociedades...) hasta el 20 de Mayo. Éstos debían presentarse el 15 de abril en caso de impuestos domiciliados o máximo el 20 de abril en modalidad presencial (algo bastante improbable en época de confinamiento total). A pesar de la aparente ventaja, dicha medida no ha sido publicada en el BOE hasta el mismo día 15 (recordemos, último día de plazo para la domiciliación), lo cual deja sin margen a empresarios y autónomos, y es una muestra más de la improvisación y del des-gobierno que maneja el Gobierno de España.
No se puede establecer una política de recuperación económica desde el desprecio y la desconfianza hacia al sector privado, porque no existe país a cuyos ciudadanos les vaya bien sin que a sus empresas les vaya bien. No entender que de esta crisis no se puede salir "contra" las empresas y autónomos, sino "por" ellos, es no entender cómo funciona el mundo.
- 21. Obviar a sindicatos y patronal. El Gobierno anunció a bombo y platillo un plan de choque económico y social de 200.000 millones de € para hacer frente a la crisis derivada de la paralización del país por el estado de alarma, que llegó con retraso por las fuertes discrepancias internas del Consejo de Ministros. A ello se une el descontento generalizado, tanto de sindicatos, como de las dos principales organizaciones patronales de nuestro país, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), a las que pilló fuera de juego porque no se les consultó ni negoció nada con ellos previamente.
- 22. Exigir a las empresas el compromiso de mantener los puestos de trabajo 6 meses al reanudar la actividad tras un ERTE, prohibiendo los despidos (aunque la ministra de Trabajo dice que no se prohíben sino que se encarecen, al ser considerados "improcedentes" los despidos basados en causas relacionadas con el Covid-19 según el artículo 2 del R.D Ley 9/2020), bajo amenaza de tener que devolver las ayudas. Pero es imposible que ahora una empresa sepa si en octubre va a tener actividad para toda la plantilla. Esta medida abocará al cierre a muchas empresas, dejando en la calle y sin indemnización a muchos trabajadores (ya se habla de que en España habrá 6 millones de parados), y además atenta contra el Artículo 38 de la Constitución.
Muchas empresas se han aferrado a los ERTE de fuerza mayor por coronavirus como si fueran su tabla de salvación, pero sin tener en cuenta la "letra pequeña". La empresa debe acreditar debidamente que existen pérdidas de actividad cuya causa directa sea el covid-19, a través de estos 4 supuestos: por la suspensión de su actividad o cierre del establecimiento demanada de la declaración del estado de alarma, por restricciones de transporte, por falta de suministros, o por contagio de la plantilla y adopción de medidas de aislamiento preventivo dictado por las autoridades sanitarias. El Ministerio de Trabajo ya ha advertido que va a inspeccionar todos y cada uno de los ERTE, y si los desestima (que será en la gran mayoría de los casos), el empresario tendrá que devolver la cuantía que se han ahorrado en los seguros sociales de los trabajadores, más un 20% de recargo.
La última encerrona a los empresarios ha quedado al descubierto con una modificación legal sobre la marcha que ha dado la vuelta a la prometida bonificación en el pago de las cotizaciones sociales de aquellos trabajadores inscritos en un ERTE: desde el 13 de mayo, tras readmitir a un trabajador de un ERTE, la empresa deberá pagar la Seguridad Social de todos, aunque los demás trabajadores sigan inactivos.
- 23. Obligar a las empresas a dar un permiso retribuido (recuperable) a sus trabajadores, es decir, vacaciones forzosas para el trabajador a cuenta del empresario, entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Por tanto, las empresas "no esenciales" deben obligatoriamente cerrar sus puertas y paralizar su producción (y facturación), pero deben mantener (a su costa) la totalidad de sus gastos estructurales. Y todo esto, de la noche a la mañana (de hecho, el real decreto -ley 10/2020 no se publicó en el BOE hasta el día 29 de marzo a las 23.40h, es decir, tan solo 20 minutos antes de su entrada en vigor); nueva muestra de la improvisación de nuestro Gobierno. El total des-gobierno en el regreso a la actividad de los sectores afectados tras las vacaciones de Semana Santa merece capítulo aparte.
- 24. Intervencionismo estatal en las políticas de precios (lo cual vulnera los tratados de libre comercio). El 21 de abril el Gobierno ha establecido el precio de las mascarillas quirúrgicas en 0,96€ (21% de IVA incluido). Según anunció el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, con ello se pretende "evitar abusos" por parte de los comerciantes ante la alta demanda. Pero esta limitación de precio no va a tener el efecto deseado, ya que actualmente el precio de compra es muy superior, por lo que vender al precio fijado por Sanidad supone que las farmacias deben vender "a pérdidas", algo que, como es lógico, no están dispuestas a hacer. Por tanto, no les compensa vender mascarillas; resultado: los ciudadanos no tendrán posibilidad de comprar mascarillas. Para que esta medida tuviera alguna lógica, el Gobierno debería haber limitado el precio en origen, o suministrar directamente el material sanitario a las farmacéuticas a un precio razonable que les permitiera un mínimo margen de beneficio. Para más Inri, el IVA de las mascarillas es el 21%, es decir, el de un artículo de lujo.
No obstante, para curarse en salud (y poder cambiar de opinión cuando le plazca), el Ministro ha explicado que dicho precio fijado se someterá a revisión, si bien no ha especificado cada cuanto tiempo.
Medidas sociales deficientes
- 25. En el terreno social, el Gobierno sanchista también ha vendido con gran entusiasmo la moratoria del pago de hipotecas para las personas más vulnerables. La realidad es que, tras leer la "letra pequeña", prácticamente nadie va a tener acceso a tal moratoria, por no hablar de la gran cantidad y variedad de documentación a presentar, mucho menos sin poder salir de casa para recopilarla. Y una cuestión aún por determinar es ¿quién pagará los gastos de notario y registro de la novación hipotecaria?
- 26. No exonerar del Impuesto de Sucesiones a los herederos de fallecidos por coronavirus. ¡Con tantos muertos el Gobierno va a recaudar un buen pico!
- 27. Atentar contra la propiedad privada (amenazando, por ejemplo, con socializar ahorros o requisar viviendas particulares), y "preparando el campo" para ejecutar nacionalizaciones, al más puro estilo bolivariano. También ha prohibido los desahucios mientras dure el estado de alarma, a la vez que permite que los Okupas se empadronen libremente en la vivienda ocupada ilegalmente a fin de poder cobrar la tan cacareada renta mínima.
- 28. Militarizar la crisis, desplegando millones de efectivos por nuestras calles como medida de represión ciudadana, haciendo cumplir por la fuerza las drásticas medidas de este estado de alerta, bajo pena de cuantiosas multas económicas y hasta penas de cárcel en aplicación de la Ley Mordaza.
- 29. Plantear una "desescalada" global (aunque paulatina) a nivel nacional, sin tener en cuenta las estadísticas ni las características propias de cada región. No es lo mismo Andalucía (63 casos por cada 100.000 habitantes) que Madrid (359 casos por cada 100.000 habitantes). No es lo mismo un pueblo pequeño perdido de la mano de Dios (donde seguramente apenas haya habido infectados/muertos), que una gran ciudad que haya estado infestada de virus. No creo que haya que ser "muy experto" para saber ésto. Actualización 28 de abril: En un nuevo Aló Presidente, Sánchez comparecía en una eterna rueda de prensa para presentar su "plan de desescalada", un plan confuso, sin fechas, sin mención a las distintas comunidades/provincias y lleno de contradicciones e incongruencias. En definitiva, un plan sin plan.
Además, España iniciará la salida del confinamiento sin saber la incidencia de la epidemia. La encuesta serológica que tiene como objetivo saber el número real de infectados y, potencialmente, inmunes a la enfermedad, debía haberse comenzado en torno al 8 de abril pero no empezará a realizarse hasta el 27 de abril fecha indeterminada (el retraso se debe a "algunos ajustes" según el Ministro Illa) y durará ocho semanas, ya que participarán 36.000 hogares españoles.
Medidas anticonstitucionales: regreso a la dictadura
- 30. Suspender la actividad parlamentaria en el Congreso y el Senado. De esta manera, no hay sesiones de control al Gobierno y Pedro Sánchez puede decretar lo que le venga en gana sin dar explicaciones a nadie. Tras la vergonzosa gestión del ejecutivo, la oposición ha presionado con volver a realizar estas sesiones de control y pedir explicaciones al Gobierno de lo que está haciendo, y éste ha tenido finalmente que claudicar.
Así, la Cámara Baja celebrará el 15 de abril la primera sesión de control al Ejecutivo desde el 26 de febrero. El Senado también reanudará su actividad la próxima semana, con otro control al Gobierno y con la puesta en marcha de comisiones de investigación, si bien Sánchez ya anunciado que no estará presente en la misma "por problemas de agenda" y mandará a su esbirro Pablo Iglesias a defender los argumentos de su gestión. Pero pese a que la actividad en el Congreso y Senado lleva bajo mínimos desde el 14 de marzo, los parlamentarios siguen cobrando íntegramente sus remuneraciones, dietas, gastos de manutención, alojamiento o desplazamientos. Un gasto injustificado de 2,2 millones de euros en estos dos meses.
- 31. Violar la Constitución y la ley para amordazar a la oposición en el Congreso, usando la mayoría del PSOE y de Podemos en la Mesa para delegar sus funciones en su presidenta. La Comisión de Sanidad celebró el 23 de abril una reunión de Mesa y portavoces para tratar la crisis sanitaria, pero el PSOE ha vetado las comparecencias en el Congreso de tres altos cargos del Ministerio de Sanidad a los que el PP había solicitado su presencia en la Cámara baja para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, alegando "que tienen un volumen muy grande de trabajo".
-PSOE y Podemos han registrado (el 24 de abril) en el Congreso una iniciativa para crear la Comisión que se encargará de lograr un acuerdo en la crisis del coronavirus. La propuesta surge tras la exigencia del PP de trasladar cualquier negociación al Parlamento, ya que la intención inicial de Pedro Sánchez era limitar los encuentros con los grupos políticos a una Mesa convocada en La Moncloa. Sin embargo, y pese a la insistencia de Sánchez a la oposición para lograr un consenso, los socios del Gobierno no han esperado al PP ni a otros grupos y han registrado la iniciativa por su cuenta, reservándose su presidencia.
-El 8 de mayo se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19 cuya misión es analizar conjuntamente las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social del país tras la debacle que ha supuesto la pandemia. Contará con un total de 46 miembros y estará presidida por el socialista Patxi López.
-Pedro Sánchez le ha cogido gusto a sus intervenciones a lo ‘Aló presidente‘ a la par que demuestra una alergia tremenda a rendir cuentas en el hemiciclo. El estado de alarma le ha venido que ni pintado para parapetarse en La Moncloa y poder quitarle voz a la Cámara Baja. Sánchez y su gobierno socialcomunista (a fecha 29 de abril) solo han respondido a 41 de las 1.411 preguntas que les han llegado por escrito de los partidos de la oposición sobre la crisis del coronavirus.
- 32. Utilizar el estado de alarma para implementar medidas propias de un estado de excepción, e incluso de una dictadura. La Abogacía General del Estado -en un informe jurídico confeccionado durante el Gobierno socialista de Zapatero (año 2006) debido a la pandemia de gripe- manifestó que, en caso de pandemia, «las medidas que limiten los derechos y libertades» de los ciudadanos «deben contar con la autorización previa de un juez». Sánchez ha decretado el arresto domiciliario de todo el país sin autorización judicial alguna.
Y para infundir miedo en la población y justificar las radicales medidas que adopta, utiliza un lenguaje belicista. Pero ésto no es una guerra, sino una catástrofe de salud pública que este gobierno ni ha sabido prever ni está sabiendo gestionar adecudamente.
- 33. Además, está aprovechando el estado de alarma para modificar la Constitución a su antojo y conveniencia (por ejemplo, el 30 de abril ha anunciado que cambiará la Constitución para blindar la Sanidad), y para cambiar las leyes vigentes, como la de Educación. También ha modificado el artículo 118 de Ley de Contratos del Sector Público ("cláusula anticorrupción") permitiendo ahora a los ayuntamientos y organismos públicos adjudicar contratos a dedo sin cumplir los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. La última ha sido el pacto con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral a cambio de que votaran abstención en la quinta prórroga del estado de alarma.
- 34. Nombramientos a dedo. Aprovechar la situación para colar ilegalmente al vicepresidente Pablo Iglesias en el órgano de control del Centro Nacional de Inteligencia, cambiando la ley 11/2002 que regula el CNI para permitir al Presidente de Gobierno nombrar "a dedo" a quien considere oportuno. Según los juristas, esta modificación viola dolosamente el artículo 86 de la Constitución, pues una ley no puede modificarse con un decreto, al tener éste un rango inferior.
Las direcciones generales deben ocuparlas, por ley, miembros del Cuerpo de Funcionarios del Estado.
* El Ejecutivo de Sánchez también ha violado la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público al nombrar a dedo a 25 altos cargos de ministerios, direcciones generales, subdirecciones nuevas y demás personal 'de confianza' en el gobierno en los ministerios de Consumo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; y Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todo ello sin cumplir los parámetros que marca la legislación (eximiéndoles de la obligación de ser funcionarios), y haciendo de la excepción (permitida) una regla. El caso ya está en manos del Tribunal Supremo. Esto, en plena crisis del coronavirus (se aprobó el 28 de abril), dispara el gasto a 55 millones de euros al erario público (2,3 millones extra), una factura sin precedentes.
*El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, sigue ampliando su nómina de personal ‘a dedo’ en plena pandemia. El 1 de junio, el Ministerio ha convocado la provisión de dos puestos de secretariopor el sistema de libre designación para la Dirección General de Derechos de los Animales, un organismo de nueva creación.
*Estos cargos se unen a otros convocados recientemente, también en pleno estado de alarma, como un subdirector General de Gabinete Técnico, otro de jefe y otro puesto de subdirector general, dentro de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030.
*También la Agencia Tributaria ha designado 'a dedo' siete cargos de confianza a mitad de la campaña de la renta.
*Además, el 2 de junio, el Gobierno dividió en dos una misma dirección general del Ministerio de Transportes: la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, y la Dirección General de Vivienda y Suelo. La duplicidad se motiva para colocar al frente de la primera al mejor amigo de Pedro Sánchez, el arquitecto Ignacio Carnicero, con un sueldo de 90.000€/año.
- 35. Utilizar la crisis para atacar a la monarquía e intentar usarla como chivo expiatorio, promulgando un Decreto que despenaliza las injurias al Rey y a la Corona de España.
- 36. Y en otro orden de cosas, mientras el bombardeo de información se centra únicamente en el coronavirus, nuestro Gobierno ha permitido que Marruecos y Argelia hagan oficiales la extensión unilateral de su espacio marítimo hacia aguas españolas (incluyendo, en el caso de Marruecos, una parte de las aguas canarias que España tiene solicitadas a la ONU desde 2014, y las que rodean el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en Baleares, para Argelia).
Esto es porque cada país puede establecer una Zona Económica Exclusiva de 200 millas (que puede explorar y explotar) e incluso puede llegar a ampliar su plataforma continental -el suelo y subsuelo marino -hasta las 350 millas, si hay espacio para ello. El problema es que no hay tanta plataforma continental para cada país, por lo que son las autoridades internacionales quienes tienen la última palabra, previa negociación entre países, y Marruecos y Argelia nos la han colado. (El caso de Argelia, ocurrió a finales de febrero).
- 37. De igual modo, y jugando "al despiste" por el coronavirus, Pedro Sánchez ha dado un trato de favor a los presos de ETA que, atendiendo al “principio de flexibilidad” han sido trasladados al País Vasco e incluso, modificando su grado, han sido excarcelados. Actualización 30 abril: El Ministerio del Interior ha decidido dar luz verde a la progresión a tercer grado a otros tres presos de la organización terrorista ETA.
Lo mismo ocurre con los políticos independentistas presos, quienes han iniciado una campaña para reclamar su excarcelación "por motivos humanitarios". Sorprendentemente, mientras el resto de ciudadanos del país sufre un brutal encarcelamiento en sus casas, ellos podrán salir de la cárcel "para ir a trabajar o hacer un voluntariado" a partir del 15 de abril.
- 38. Inyectar subvenciones millonarias a los partidos políticos durante el estado de alarma (Resolución del 15 de abril publicada en el BOE).
- 39. Ausencia de coordinación entre las actuaciones del mando único del Ministerio de Sanidad y las de las Comunidades Autónomas. Uno de los aspectos más criticados es que Sánchez utiliza sus encuentros semanales con los líderes autonómicos para «imponer sus decisiones», sin que exista una deliberación o discusión al respecto. El más claro ejemplo ha sido con las "propuestas de desescalada" que han enviado todas las CCAA al Ejecutivo, teniendo en cuenta su situación y necesidades propias, que han sido completamente ignoradas en pro de un plan nacional completamente confuso y lleno de incongruencias. Esto ha dado lugar a una rebelión política que amenaza con votar NO a la cuarta prórroga del estado de alarma el 5 de mayo. (La votación de la quinta fue aún peor).
- 40. Provocar un tsunami político. La gestión de la crisis del coronavirus amenaza con poner punto y final al Gobierno socialcomunista antes de lo previsto (¡Ojalá!). La unilateralidad con la que está actuando Pedro Sánchez, así como los errores de detección, prevención y resolución de la crisis, está poniendo al límite la relación del Gobierno con sus principales socios de investidura. El PNV, ERC y EH Bildu, que se comprometieron a dar estabilidad, ya ni lo garantizan ni lo priorizan; mucho menos la oposición (PP, Vox y Ciudadanos, que esperarán a que «amaine la tormenta» para exigir responsabilidades).
Frente a este panorama, la contrarréplica de Sánchez es lloriquear y dar pena públicamente, rogando a los partidos políticos lealtad para "derrotar a un enemigo común" (el Covid-19) y apelando a la unidad en pro de unos supuestos futuros Nuevos Pactos de la Moncloa.
- 41. Provocar una crisis de Estado. El gobierno utiliza su poder absoluto para acabar con la separación de poderes y para destruir toda oposición democrática. Y el Ejecutivo utiliza a sus funcionarios para atacar al Poder Judicial por investigar delitos que les pueden sentar en el banquillo (caso del 8-M).
- 42. Atacar la libertad de prensa, subvencionando (¿comprando?) con 15 millones de euros a las televisiones privadas (Grupo Mediaset y Atresmedia), vetando a ciertos medios de comunicación en las ruedas de prensa, y filtrando previamente las preguntas que pueden realizar los periodistas en las mismas.
- 43. Censurar la libertad de expresión amordazando a los ciudadanos. El Ministerio de Economía y Empresa, sin necesidad de disponer de orden judicial, podría exigir a los operadores de telecomunicaciones la «gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales». También otorga al Gobierno la facultad de cerrar páginas webs que "pongan en peligro el orden público", intervenir o bloquear, por cualquier medio, la difusión de mensajes o el acceso a la información. Esto es un Estado de Excepción Digital.
- 44. Por no hablar de la manipulación velada de la opinión pública a través de los barómetros del CIS, convertido en una herramienta al servicio de la propaganda del Gobierno. En su edición especial del 15 de abril, apunta datos como que el PSOE ganaría las elecciones con el 31% de los votos, el 90% cree que la oposición tiene que dejar de criticar y ponerse a ayudar al Gobierno en la crisis del coronavirus, un 52% de los encuestados considera que la situación económica del país es buena y el 70% aseguran que les va a ir igual o mejor en 2021 (económicamente).
Además, a través de pregunta retórica y mal formulada alentando la censura, concluye que un 66,7% de los españoles estaría a favor de restringir o controlar las informaciones sobre esta crisis sanitaria, estableciendo una sola fuente de información oficial. Que los españoles aprueben la censura es, cuanto menos, insólito e inaudito. Afortunadamente, hay otras encuestas que no manipulan la opinión pública (y por tanto, suspenden al gobierno, tanto en su primer barómetro como en el segundo).
- 45. Utilizar el estado de alarma para anular al Portal de Transparencia. Solo 4 días de su aprobación, el 18 de marzo, el Gobierno modificó la disposición adicional 3ª de la declaración del estado de alarma y dejó en manos de la propia Administración cualquier tipo de rendición de cuentas ante los ciudadanos, también si las preguntas estaban encaminadas a conocer más datos de la gestión que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en la crisis provocada por la pandemia. Es decir, el Gobierno se blinda para no ofrecer explicaciones a través de Transparencia, ya que se entrega a sí mismo la potestad de decidir si quiere o no responder a cualquier cuestión relacionada con el virus. Sanidad tampoco informa a través del portal de contratación sobre las licitaciones selladas por el Ministerio durante el estado de alarma.
Y más allá de la falta de transparencia, el Gobierno se niega a dar los nombres del comité técnico y científico que está tomando las decisiones sobre las fases de desescalada, incurriendo con ello en prevaricación e incumplimiento del art. 11 de la Ley de Salud Pública.
Actualización 23 de mayo: Sánchez anuncia que desde el 1 de junio se reactivará la Ley de Transparencia.
- 46. Mantener al país en un confinamiento totalitario por tiempo indefinido en forma de sucesivas prórrogas del estado de alarma. Y para conseguir los apoyos necesarios para estas prórrogas está pactando y haciendo cesiones a grupos parlamentarios independentistas y proterras (por ejemplo el pacto del 20 de mayo con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral de 2012).
- 47. Reabrir fronteras sin un protocolo seguro en los aeropuertos, que permita detectar con eficacia y rapidez casos importados de Covid. Barajas se ha convertido en un coladero de coronavirus, y España en un infectódromo mundial.
- 48. Negativa del Ejecutivo a declarar el luto nacional, a pesar de tener más de 43.000 fallecidos (cifra que aún sigue aumentando día a día).
Actualización 27 de mayo: El Gobierno declara el luto oficial en toda España durante 10 días.
- 49. No asistir al funeral de Estado por las víctimas. Horas después de que la Casa Real confirmase la presencia de los Reyes en la misa en recuerdo por todos los difuntos que ha dejado el coronavirus en España organizada por la Conferencia Episcopal del 6 de julio en la Catedral de la Almudena, Sánchez se ha montado un improvisado viaje a Lisboa para no tener que asistir a la misma. Tampoco asistirá Pablo Iglesias, ni será retransmitido por RTVE, a pesar de que la televisión pública sí emitió el funeral del estadounidense George Floyd (muerto por una pelea policial tachada de racista en EEUU). Desprecio velado a la Casa Real y al cristianismo, ya que Sánchez ha convocado para el 16 de julio otro homenaje a las víctimas, que no será un funeral de Estado (religioso), sino una ceremonia civil y laica, y además se dirigirá a los 28.000 fallecidos según el Gobierno (no a los 48.000 muertos que cifra el INE), causando gran indignación entre los familiares de las víctimas no contabilizadas.
- 50. Y en definitiva, falta de autocrítica y de humildad. Resulta flagrante ver, por ejemplo, las risas de Yolanda Díaz (Ministra de Trabajo) mientras explica en rueda de prensa los últimos datos de desempleo (casi 2 millones de parados); o las carcajadas del ministro Ábalos en su sillón del Congreso el pasado 25 de marzo que han incendiado las redes sociales.
Era difícil hacer tantas cosas mal, pero el Gobierno de España lo ha logrado. Incompetencia, negligencia e improvisación.