¡Libertad! Por fin ha llegado el día del vencimiento del segundo estado de alarma decretado por Sánchez, que ha tenido una duración de 6 meses. En este día los españoles recuperamos (en parte) nuestros derechos y libertades fundamentales, como la libre circulación, el permanecer en la calle a partir de las 23h, o la posibilidad de reunirnos con amigos y/o familiares sin límite de asistentes. Hoy es un día de celebración, de reencuentros, de abrazos... y de fiesta.
Precisamente esa fiesta ha hecho que muchos se hayan llevado las manos a la cabeza. Los telediarios y medios de comunicación no han cesado de emitir o publicar imágenes de aglomeraciones de personas en la calle, de noche, sin mascarilla, haciendo botellón, de borrachera... celebrando el fin de las prohibiciones y la recuperación de su libertad. Y en el punto de mira está, ¡cómo no!, la juventud de nuestro país, "esos descerebrados que nos van a llevar de cabeza a una quinta ola".
Afortunadamente, esas escenas han sido puntuales, pero interesa darles bombo por dos motivos. El primero es obvio: es lo que "vende" y con ello se gana audiencia. El segundo es que la mayoría de medios de comunicación están al servicio del Gobierno, por lo que deben dar la razón al Ejecutivo: "o el estado de alarma o el caos".
Pero lo que de verdad han hecho la mayoría de los españoles durante este fin de semana han sido cosas mucho más "normales": ir a cenar a un restaurante (ahora abiertos en horario de cenas), viajar a otra provincia para echar un vistazo a su segunda residencia o para pasar un día de playa al aire libre, o para visitar a sus padres o abuelos a los que no ve desde Navidad. ¡Vaya pecados!
Las personas que han protagonizado las escenas de fiesta descontrolada (sean jóvenes o no) están confundiendo libertad con libertinaje. Sin las restricciones impuestas durante la alarma, la responsabilidad individual vuelve a colocarse en el foco. A partir de ahora es necesario mantener la precaución para ganar la batalla al Covid, censurando comportamientos inapropiados pero sin sacar el dedo acusador a la primera de cambio.
¡No a los inquisidores del siglo XXI!
Por su parte, los gobiernos autonómicos deberían tener en cuenta que España lleva más de un año en plena restricción (por no decir supresión) de libertades, viviendo bajo el yugo del Covid-19. Deben ofrecer alternativas seguras, no solo señalar las inseguras. La comunicación no puede basarse en todo lo que no hay que hacer, sino también en lo que sí podemos y debemos hacer, aunque conlleve un riesgo mínimo. Como, por ejemplo, quedar en parques o playas: por nuestra salud mental y nuestras necesidades de sociabilización. Es obvio: No podemos estar encerrados en casa eternamente.
Sin el paragüas que les ofrecía el estado de alarma, la alternativa de los gobiernos autonómicos no puede ser apostar por medidas que limitan derechos fundamentales sin una reflexión que justifique, ante el juez, la decisión de restringir derechos y libertades.
Pero es que además, en opinión de los expertos, muchas de las medidas impuestas durante la alarma han sido completamente inútiles en la lucha contra el virus. Para lo único que han servido es para evitarles preocupaciones a los mini-caciques autonómicos y para justificar ante la opinión pública que estaban haciendo algo. Por ejemplo, el cierre de fronteras ha permitido a la administración regional preocuparse solo de la transmisión que se produce en sus dominios, sin tener que estar pendiente de flujos de viajeros externos; y el toque de queda prohíbe la circulación nocturna para evitar concentraciones de ocio, ya sea legal o ilegal.
Para evitar disparidad de criterios que ya se produjo el verano de 2020 tras el fin del primer estado de alarma, el Ejecutivo ha aprobado un decreto creando un recurso de casación 'expres' para que el Tribunal Supremo unifique doctrina. La Sala Tercera del alto tribunal tendrá 5 días de plazo para resolver, de tal forma que las medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales sean las mismas en todas las regiones. No obstante, el Supremo ha advertido de que puede que "eso no ocurra" y ha cuestionado esta norma, por "posible insuficiencia" o "inadecuación" en el rango de la norma empleada para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales.
La primera discrepancia no se ha hecho esperar. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de 4 personas después del 9 de mayo, al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sí ha avalado el toque de queda entre las 23h y las 6h, y el cierre perimetral a todo aquel que quiera entrar en las islas sin motivo justificado.
En la Comunidad Valenciana el Tribunal Superior de Justicia también ha autorizado el toque de queda, así como limitaciones a las reuniones sociales y/o familiares, y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat Valenciana.
Entonces, ¿se pueden limitar derechos sin la medida excepcional del estado de alarma? La duda jurídica está servida y ni siquiera hay un criterio común entre los magistrados, los fiscales o los expertos en Derecho Constitucional.
La medida más polémica sigue siendo el toque de queda. Mientras unos tribunales concluyen que "supone solamente la limitación de la libertad ambulatoria, pero no su suspensión" y lo autorizan (Comunidad Valenciana), otros lo deniegan alegando que la medida "no está debidamente justificada y que no supera el canon de proporcionalidad porque no hemos apreciado ningún motivo en cuya virtud pueda razonablemente defenderse que las conductas de riesgo resulten más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche" (Canarias).
La cuestión es que ningún juez debería decidir si millones de ciudadanos tienen prohibido salir a la calle a una determinada hora. La libertad ambulatoria es sagrada y nuestra Constitución deja bien claro que la suspensión general e indiscriminada de derechos precisa de autorización del Parlamento (no de los Tribunales). No cabe que ahora se escondan en las togas. Las leyes sanitarias, la ley de la jurisdicción contenciosa, está pensada para medidas singulares y no generalizadas. Dirimir en casos concretos es tarea judicial, y decidir en casos globales es tarea de gobierno.
Decaído el estado de alarma, excepcionalidad constitucional establecida, no hay forma de restringirnos a la población derechos básicos de forma innominada. No me hagan malabares dialécticos: no es suspender, es restringir; no es eliminar, es modular. Sin estado de alarma yo salgo a dar la vuelta a la manzana o a pasear al perro o a huir de la presión de mi pareja o a lo que me salga de la puñetera libertad a las 11 de la noche o a las 1 de la madrugada. No, ni un presidente autonómico ni unos jueces pueden meternos a todos (paseantes solitarios, vacunados, inmunizados, sensatos, locos y fiesteros) en casa a la hora que determinen de forma general.
Esa "legislación nueva" (el cacareado Plan B) que el PP le echa en cara al Gobierno no haber hecho en este tiempo es una legislación imposible. Sencillamente no se puede sustraer al Congreso de la nación el tomar la decisión de restringir esos derechos para toda la población. Así lo determina la Constitución. Una ley, por muy orgánica que sea, no puede hacerlo y tampoco pueden lograr delegar en las comunidades autónomas una potestad puramente parlamentaria.
Ante las críticas de algunos presidentes regionales por la falta de una legislación más ambiciosa en salud pública que pueda incluir el toque de queda o el cierre perimetral, el Gobierno ha afirmado que no prepara ningún cambio legal para avalar restricciones, e insiste en recordar que todos los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de recurrir al estado de alarma para su territorio si así lo solicitan. Hasta ahora, ningún presidente regional ha planteado esta posibilidad.
Precisamente esa fiesta ha hecho que muchos se hayan llevado las manos a la cabeza. Los telediarios y medios de comunicación no han cesado de emitir o publicar imágenes de aglomeraciones de personas en la calle, de noche, sin mascarilla, haciendo botellón, de borrachera... celebrando el fin de las prohibiciones y la recuperación de su libertad. Y en el punto de mira está, ¡cómo no!, la juventud de nuestro país, "esos descerebrados que nos van a llevar de cabeza a una quinta ola".
Afortunadamente, esas escenas han sido puntuales, pero interesa darles bombo por dos motivos. El primero es obvio: es lo que "vende" y con ello se gana audiencia. El segundo es que la mayoría de medios de comunicación están al servicio del Gobierno, por lo que deben dar la razón al Ejecutivo: "o el estado de alarma o el caos".
Pero lo que de verdad han hecho la mayoría de los españoles durante este fin de semana han sido cosas mucho más "normales": ir a cenar a un restaurante (ahora abiertos en horario de cenas), viajar a otra provincia para echar un vistazo a su segunda residencia o para pasar un día de playa al aire libre, o para visitar a sus padres o abuelos a los que no ve desde Navidad. ¡Vaya pecados!
Las personas que han protagonizado las escenas de fiesta descontrolada (sean jóvenes o no) están confundiendo libertad con libertinaje. Sin las restricciones impuestas durante la alarma, la responsabilidad individual vuelve a colocarse en el foco. A partir de ahora es necesario mantener la precaución para ganar la batalla al Covid, censurando comportamientos inapropiados pero sin sacar el dedo acusador a la primera de cambio.
¡No a los inquisidores del siglo XXI!
Por su parte, los gobiernos autonómicos deberían tener en cuenta que España lleva más de un año en plena restricción (por no decir supresión) de libertades, viviendo bajo el yugo del Covid-19. Deben ofrecer alternativas seguras, no solo señalar las inseguras. La comunicación no puede basarse en todo lo que no hay que hacer, sino también en lo que sí podemos y debemos hacer, aunque conlleve un riesgo mínimo. Como, por ejemplo, quedar en parques o playas: por nuestra salud mental y nuestras necesidades de sociabilización. Es obvio: No podemos estar encerrados en casa eternamente.
Sin el paragüas que les ofrecía el estado de alarma, la alternativa de los gobiernos autonómicos no puede ser apostar por medidas que limitan derechos fundamentales sin una reflexión que justifique, ante el juez, la decisión de restringir derechos y libertades.
Pero es que además, en opinión de los expertos, muchas de las medidas impuestas durante la alarma han sido completamente inútiles en la lucha contra el virus. Para lo único que han servido es para evitarles preocupaciones a los mini-caciques autonómicos y para justificar ante la opinión pública que estaban haciendo algo. Por ejemplo, el cierre de fronteras ha permitido a la administración regional preocuparse solo de la transmisión que se produce en sus dominios, sin tener que estar pendiente de flujos de viajeros externos; y el toque de queda prohíbe la circulación nocturna para evitar concentraciones de ocio, ya sea legal o ilegal.
El conflicto por prohibir
El fin de estado de alarma, el 9 de mayo, desemboca en un conflicto por prohibir, por suprimir derechos fundamentales. Ahora, la posible injerencia de las CCAA en los derechos fundamentales, si mantienen medidas como los cierres perimetrales o toques de queda, será el gran caballo de batalla, ya que tendrán que ser ratificadas (o no) por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.Para evitar disparidad de criterios que ya se produjo el verano de 2020 tras el fin del primer estado de alarma, el Ejecutivo ha aprobado un decreto creando un recurso de casación 'expres' para que el Tribunal Supremo unifique doctrina. La Sala Tercera del alto tribunal tendrá 5 días de plazo para resolver, de tal forma que las medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales sean las mismas en todas las regiones. No obstante, el Supremo ha advertido de que puede que "eso no ocurra" y ha cuestionado esta norma, por "posible insuficiencia" o "inadecuación" en el rango de la norma empleada para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales.
La primera discrepancia no se ha hecho esperar. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de 4 personas después del 9 de mayo, al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sí ha avalado el toque de queda entre las 23h y las 6h, y el cierre perimetral a todo aquel que quiera entrar en las islas sin motivo justificado.
En la Comunidad Valenciana el Tribunal Superior de Justicia también ha autorizado el toque de queda, así como limitaciones a las reuniones sociales y/o familiares, y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat Valenciana.
Entonces, ¿se pueden limitar derechos sin la medida excepcional del estado de alarma? La duda jurídica está servida y ni siquiera hay un criterio común entre los magistrados, los fiscales o los expertos en Derecho Constitucional.
La medida más polémica sigue siendo el toque de queda. Mientras unos tribunales concluyen que "supone solamente la limitación de la libertad ambulatoria, pero no su suspensión" y lo autorizan (Comunidad Valenciana), otros lo deniegan alegando que la medida "no está debidamente justificada y que no supera el canon de proporcionalidad porque no hemos apreciado ningún motivo en cuya virtud pueda razonablemente defenderse que las conductas de riesgo resulten más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche" (Canarias).
La cuestión es que ningún juez debería decidir si millones de ciudadanos tienen prohibido salir a la calle a una determinada hora. La libertad ambulatoria es sagrada y nuestra Constitución deja bien claro que la suspensión general e indiscriminada de derechos precisa de autorización del Parlamento (no de los Tribunales). No cabe que ahora se escondan en las togas. Las leyes sanitarias, la ley de la jurisdicción contenciosa, está pensada para medidas singulares y no generalizadas. Dirimir en casos concretos es tarea judicial, y decidir en casos globales es tarea de gobierno.
Decaído el estado de alarma, excepcionalidad constitucional establecida, no hay forma de restringirnos a la población derechos básicos de forma innominada. No me hagan malabares dialécticos: no es suspender, es restringir; no es eliminar, es modular. Sin estado de alarma yo salgo a dar la vuelta a la manzana o a pasear al perro o a huir de la presión de mi pareja o a lo que me salga de la puñetera libertad a las 11 de la noche o a las 1 de la madrugada. No, ni un presidente autonómico ni unos jueces pueden meternos a todos (paseantes solitarios, vacunados, inmunizados, sensatos, locos y fiesteros) en casa a la hora que determinen de forma general.
Esa "legislación nueva" (el cacareado Plan B) que el PP le echa en cara al Gobierno no haber hecho en este tiempo es una legislación imposible. Sencillamente no se puede sustraer al Congreso de la nación el tomar la decisión de restringir esos derechos para toda la población. Así lo determina la Constitución. Una ley, por muy orgánica que sea, no puede hacerlo y tampoco pueden lograr delegar en las comunidades autónomas una potestad puramente parlamentaria.
Ante las críticas de algunos presidentes regionales por la falta de una legislación más ambiciosa en salud pública que pueda incluir el toque de queda o el cierre perimetral, el Gobierno ha afirmado que no prepara ningún cambio legal para avalar restricciones, e insiste en recordar que todos los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de recurrir al estado de alarma para su territorio si así lo solicitan. Hasta ahora, ningún presidente regional ha planteado esta posibilidad.