El pasado 24 de noviembre, Pedro Sánchez convocó a los medios de comunicación para presentar su Plan de Vacunación Anti-Covid, una estrategia común para toda España en la que se detallaban los grupos poblacionales "preferentes" (el orden de vacunación) en recibir el antídoto. Según el plan de vacunación español, los políticos y representantes públicos serían los últimos en vacunarse (en otros países se ha optado por lo contrario). Pero con la llegada de las primeras dosis también han llegado los vacunajetas. Consejeros de Sanidad, máximos responsables del Ejército, un sinfín de alcaldes... que se han saltado la cola para inocularse la dosis. El escándalo está servido.
El españolito, cada vez que puede, tira de trifásicos para que le den por la cara un contrato público, para que Hacienda sea más benévola con él, para que le concedan una vivienda de protección oficial que no le corresponde porque supera con creces la renta máxima, para que le obsequien con un puesto vitalicio en la Administración, o para que le cuelen en la eterna lista de espera de un hospital público. Pero lo que está ocurriendo con las vacunas es lo que muchos intuíamos iba a ocurrir en este país de pillos por antonomasia que es España.
Gente tan poderosa como sanísima está robando dosis de vacunas anticovid, una actuación delictiva que oscila entre la prevaricación y el tráfico de influencias como mínimo y que, incluso, podría encajarse en tipos penales más graves como la malversación o la falsificación.
No estamos hablando de un mero enchufe sino de la apropiación indebida de una dosis que, aplicada a personas de grupos de riesgo, salva vidas. Que la trinque un ciudadano que está como una rosa pone en riesgo la integridad de gente que la necesita de verdad porque trabajan en un hospital en primera línea, viven en esas residencias que fueron ratoneras en la primera ola o son dependientes severos.
Una situación así sería impensable en un país escandinavo, en Holanda o en Alemania y no precisamente por temor al imperio de la ley sino por vergüenza torera. Un ciudadano que roba una vacuna a un anciano o a un médico está muerto civilmente de por vida sin necesidad de ir a la cárcel. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de enchufismo. Allí, muchos primeros ministros van en su coche al despacho oficial o incluso en bicicleta, aquí viajan en Falcon y en A8 con tropecientos escoltas. Así funcionan los países protestantes del norte de Europa, así operamos los católicos del sur. Aquí lo de que la ley es igual para todos es papel mojado, nos gusta más practicar la famosa letanía: “A robar, a robar, que el mundo se va a acabar”.
La lista patria de vacunajetas suma ya varias decenas y seguirá engordando. El caso más famoso ha sido el del general del Aire Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que se ha visto obligado a dimitir para “preservar la imagen de las fuerzas armadas”, aunque no tengo claro si justa o injustamente. El plan de vacunaciones del Ministerio de Defensa (del 13 de enero) ordenaba administrarla, en primer lugar, a los sanitarios militares; en segundo lugar, a los efectivos que deben desplegarse en misiones internacionales; y por último los militares que ocupan puestos críticos, de difícil sustitución, incluyendo miembros de la cadena de mando operativa. En este último grupo estaría el Jemad y otros altos mandos del Estado Mayor. A ello se une que el Estado Mayor recibió 300 dosis, y solo cuenta con una veintena de sanitarios, por lo que continuaron vacunando al escalafón de mando.
Otro que tal baila es el ya ex-consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (PP), que no sólo perpetró la golfada sino que salió chulescamente en rueda de prensa justificándose, aludiendo que él es "personal del sistema sanitario". Lo que no dijo es que la última actualización del protocolo del Ministerio, publicada el 18 de diciembre, establece que «en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas de coronavirus».
Peores aún fueron los argumentos de los alcaldes socialistas Ximo Coll y Carolina Vives: “Eran vacunas que sobraban”. (Y esto viene a colación de la polémica sexta dosis del vial de Pfizer).
Llamarles vacunajetas es quedarse corto. En realidad esta gentuza son auténticos delincuentes. Hace falta carecer del más mínimo escrúpulo moral y legal para robar una vacuna que hace 70 veces más falta en el organismo de un sanitario, que está jugándose el pellejo a diario, en el de un anciano que tiene 100 veces más posibilidades de fallecer, o en el de una persona con un nivel de dependencia severo.
Hay un porrón de socialistas que cumplen la tradición de un partido en el que tantos y tantos vinieron más a servirse que a servir. Ahí van los casos más significativos del elenco de caraduras del partido de Pedro Sánchez: Ximo Coll (alcalde de Es Verger) y su mujer Carolina Vives (alcaldesa de Els Poblets), Fran López (alcalde de Rafelbunyol), Francisca Alamillo (alcaldesa de Torrecampo), Carmen Piedralba (edil en Castrillón), Soraya Cobos (concejal en Plasencia), José Luis Cabrera (alcalde de Alcaracejos), Rocío Galán (edil en Bonares), y Esther Clavero (primera edil de Molina de Segura).
Del PP hay menos, pero haberlos, haylos, además del tal Villegas: por ejemplo, José Galiano, miembro de la Corporación de Orihuela, y Javier Guerrero, consejero del Gobierno de Ceuta.
Del PNV, partido en el que el clientelismo es la marca de la casa, hay constatados dos de momento: Eduardo Maiz y José Luis Sebas, dos aprovechateguis que emplearon su condición de directores de hospital a modo de excusa de mal pagador.
Los golpistas de JxC ya tienen su garbanzo negro: Sergi Pedret, mandamás en el pueblo tarraconense de Riudoms.
Junto con el JEMAD también se han vacunado otros mandos militares del Estado Mayor de la Defensa.
Por cierto, la inmensa mayoría continúa en el machito haciendo oídos sordos al aluvión de peticiones de dimisión.
El españolito, cada vez que puede, tira de trifásicos para que le den por la cara un contrato público, para que Hacienda sea más benévola con él, para que le concedan una vivienda de protección oficial que no le corresponde porque supera con creces la renta máxima, para que le obsequien con un puesto vitalicio en la Administración, o para que le cuelen en la eterna lista de espera de un hospital público. Pero lo que está ocurriendo con las vacunas es lo que muchos intuíamos iba a ocurrir en este país de pillos por antonomasia que es España.
Gente tan poderosa como sanísima está robando dosis de vacunas anticovid, una actuación delictiva que oscila entre la prevaricación y el tráfico de influencias como mínimo y que, incluso, podría encajarse en tipos penales más graves como la malversación o la falsificación.
No estamos hablando de un mero enchufe sino de la apropiación indebida de una dosis que, aplicada a personas de grupos de riesgo, salva vidas. Que la trinque un ciudadano que está como una rosa pone en riesgo la integridad de gente que la necesita de verdad porque trabajan en un hospital en primera línea, viven en esas residencias que fueron ratoneras en la primera ola o son dependientes severos.
Una situación así sería impensable en un país escandinavo, en Holanda o en Alemania y no precisamente por temor al imperio de la ley sino por vergüenza torera. Un ciudadano que roba una vacuna a un anciano o a un médico está muerto civilmente de por vida sin necesidad de ir a la cárcel. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de enchufismo. Allí, muchos primeros ministros van en su coche al despacho oficial o incluso en bicicleta, aquí viajan en Falcon y en A8 con tropecientos escoltas. Así funcionan los países protestantes del norte de Europa, así operamos los católicos del sur. Aquí lo de que la ley es igual para todos es papel mojado, nos gusta más practicar la famosa letanía: “A robar, a robar, que el mundo se va a acabar”.
La lista patria de vacunajetas suma ya varias decenas y seguirá engordando. El caso más famoso ha sido el del general del Aire Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que se ha visto obligado a dimitir para “preservar la imagen de las fuerzas armadas”, aunque no tengo claro si justa o injustamente. El plan de vacunaciones del Ministerio de Defensa (del 13 de enero) ordenaba administrarla, en primer lugar, a los sanitarios militares; en segundo lugar, a los efectivos que deben desplegarse en misiones internacionales; y por último los militares que ocupan puestos críticos, de difícil sustitución, incluyendo miembros de la cadena de mando operativa. En este último grupo estaría el Jemad y otros altos mandos del Estado Mayor. A ello se une que el Estado Mayor recibió 300 dosis, y solo cuenta con una veintena de sanitarios, por lo que continuaron vacunando al escalafón de mando.
Otro que tal baila es el ya ex-consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (PP), que no sólo perpetró la golfada sino que salió chulescamente en rueda de prensa justificándose, aludiendo que él es "personal del sistema sanitario". Lo que no dijo es que la última actualización del protocolo del Ministerio, publicada el 18 de diciembre, establece que «en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas de coronavirus».
Peores aún fueron los argumentos de los alcaldes socialistas Ximo Coll y Carolina Vives: “Eran vacunas que sobraban”. (Y esto viene a colación de la polémica sexta dosis del vial de Pfizer).
Llamarles vacunajetas es quedarse corto. En realidad esta gentuza son auténticos delincuentes. Hace falta carecer del más mínimo escrúpulo moral y legal para robar una vacuna que hace 70 veces más falta en el organismo de un sanitario, que está jugándose el pellejo a diario, en el de un anciano que tiene 100 veces más posibilidades de fallecer, o en el de una persona con un nivel de dependencia severo.
La lista de los vacunajetas
La lista de vacunajetas es larga, y es menester recordarla con nombres, apellidos y militancia para que la ciudadanía les tome la matrícula. Porque caérseles la cara de vergüenza es imposible, ya que carecen de ella.Hay un porrón de socialistas que cumplen la tradición de un partido en el que tantos y tantos vinieron más a servirse que a servir. Ahí van los casos más significativos del elenco de caraduras del partido de Pedro Sánchez: Ximo Coll (alcalde de Es Verger) y su mujer Carolina Vives (alcaldesa de Els Poblets), Fran López (alcalde de Rafelbunyol), Francisca Alamillo (alcaldesa de Torrecampo), Carmen Piedralba (edil en Castrillón), Soraya Cobos (concejal en Plasencia), José Luis Cabrera (alcalde de Alcaracejos), Rocío Galán (edil en Bonares), y Esther Clavero (primera edil de Molina de Segura).
Del PP hay menos, pero haberlos, haylos, además del tal Villegas: por ejemplo, José Galiano, miembro de la Corporación de Orihuela, y Javier Guerrero, consejero del Gobierno de Ceuta.
Del PNV, partido en el que el clientelismo es la marca de la casa, hay constatados dos de momento: Eduardo Maiz y José Luis Sebas, dos aprovechateguis que emplearon su condición de directores de hospital a modo de excusa de mal pagador.
Los golpistas de JxC ya tienen su garbanzo negro: Sergi Pedret, mandamás en el pueblo tarraconense de Riudoms.
Junto con el JEMAD también se han vacunado otros mandos militares del Estado Mayor de la Defensa.
Por cierto, la inmensa mayoría continúa en el machito haciendo oídos sordos al aluvión de peticiones de dimisión.
Al menos 700 personas, entre políticos y altos cargos, se han vacunado ya sin corresponderles y sólo 9 han dimitido.
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Una semana después de que estallara este nuevo -a la par que previsible- escándalo, cabe preguntarse a qué espera la Fiscalía para meter mano a estos chorizos. Si aquí no hay delito, que venga Dios y lo vea. Eso sí: espero que Illa haga los deberes que no ha hecho hasta ahora e impida que les inyecten la segunda dosis.
Ahora bien, cabe preguntarse si el protocolo de vacunación de Sánchez es adecuado, o si, por el contrario, sería lógico y razonable que aquellos que dirigen la nación y tienen la responsabilidad de tomar decisiones a futuro fueran parte de la élite que recibiera de forma preferente la vacuna.