Lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos durante la crisis del coronavirus no tiene otro nombre que genocidio. Y no hay otro responsable que Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, que ha condenado a muerte -en condiciones inhumanas- a 20-30.000 ancianos al negarles la debida asistencia médica en un hospital para, en su lugar, ordenar su total aislamiento en sus habitaciones de los geriátricos. Han caído como moscas. Se les ha dejado morir, sin hospitales, sin médicos, sin UCIs, en definitiva, sin mover un dedo para salvar o alargar sus vidas unos años más.
Las residencias de ancianos han sido un gran foco de contagios y muertes en la pandemia por el coronavirus, debido a que el virus encuentra en estas instituciones un caldo de cultivo conformado por poblaciones, espacios confinados, y las prácticas de convivencia y de cuidados muy vulnerables. Además, son espacios no medicalizados, por lo que no tienen recursos para atender urgencias médicas (no digamos una pandemia de esta magnitud).
Las residencias de ancianos han sido un gran foco de contagios y muertes en la pandemia por el coronavirus, debido a que el virus encuentra en estas instituciones un caldo de cultivo conformado por poblaciones, espacios confinados, y las prácticas de convivencia y de cuidados muy vulnerables. Además, son espacios no medicalizados, por lo que no tienen recursos para atender urgencias médicas (no digamos una pandemia de esta magnitud).
El 19 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa (máxima autoridad durante el estado de alarma) delegó en el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la coordinación de los servicios sociales (entre los que se incluye las residencias de ancianos). El mismo día, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirma durante una rueda de prensa que el mando único había solicitado que su vicepresidencia asuma el control de las residencias. Es más, incluso anuncia un paquete de 300 millones de euros a las autonomías para reforzar tanto las residencias de mayores como la atención en domicilios para personas mayores y dependientes.
Sin embargo, Iglesias se lava las manos de cualquier responsabilidad y responsabiliza a las autonomías, especialmente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las víctimas mortales de las residencias de mayores. Curiosamente, la Comunidad de Madrid es la región con el menor porcentaje de ancianos fallecidos en residencias, con el 37,3%, según un ranking publicado esta semana por RTVE (no obstante, ésta es la cronología del desastre de las residencias madrileñas). La comunidad más castigada en este sentido es Extremadura (socialista) con el 84,5%. La segunda es Aragón (también socialista) con el 82,64%. Además, Iglesias vincula las mejoras en estos centros a que el Congreso apruebe los Presupuestos del Estado para 2021. No se puede ser más ruin.
Sin embargo, Iglesias se lava las manos de cualquier responsabilidad y responsabiliza a las autonomías, especialmente, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las víctimas mortales de las residencias de mayores. Curiosamente, la Comunidad de Madrid es la región con el menor porcentaje de ancianos fallecidos en residencias, con el 37,3%, según un ranking publicado esta semana por RTVE (no obstante, ésta es la cronología del desastre de las residencias madrileñas). La comunidad más castigada en este sentido es Extremadura (socialista) con el 84,5%. La segunda es Aragón (también socialista) con el 82,64%. Además, Iglesias vincula las mejoras en estos centros a que el Congreso apruebe los Presupuestos del Estado para 2021. No se puede ser más ruin.
En el Congreso se le han pedido responsabilidades por la negligente gestión e, incluso, se le ha solicitado que facilite el número de fallecidos en estos centros, algo que por el momento no ha hecho (ni hará). Iglesias ha defendido que éso es una responsabilidad de Sanidad y de las Comunidades, que son las que facilitan las cifras. (Se cuantifican, al menos y de forma no oficial, de 20 a 30.000 ancianos muertos en geriátricos de todo el país).
A pesar del escaqueo de Iglesias, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, sí sitúa de manera implícita la responsabilidad de las residencias de mayores en él, al recordar que el Gobierno cuenta con una vicepresidencia social "en la que están las políticas sociales referenciadas".
Pese a haber escurrido el bulto al decir que la competencia es autonómica, Iglesias propone, entre las medidas a acometer en un futuro, un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores y el compromiso de "reforzar la financiación del sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes, así como de mejorar las condiciones de precariedad de los trabajadores de los servicios sociales". También la promesa de reducir "drásticamente" las listas de espera y aumentar el "nivel mínimo" con el que se financia la atención a cada persona dependiente.
Como ya nos tiene habituados este Ejecutivo, estos propósitos son tan solo titulares, mera propaganda política. De hecho, del Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros anunciado por el Ejecutivo a las Comunidades Autónomas, el gobierno socialcomunista (el 7 de junio) se ha desdicho de su promesa de inversión de 1.000 millones en el sector de los servicios sociales, y en ese capítulo iban las residencias de mayores. Por tanto, recibirán 0 euros. Parece que a Sánchez le ha parecido más primordial dárselo a la educación y al transporte.
La realidad de lo ocurrido en esta pandemia es que el sector se ha sentido abandonado. Familiares, trabajadores, sindicatos, patronales, asociaciones profesionales... todos coinciden en tres puntos que han hecho estallar la tragedia: escasez de equipos de protección, de atención médica y ausencia de test.
Congreso de los Diputados, 9 de junio: El Gobierno ha admitido que su mando único durante el estado de alarma, con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como coordinador de la parcela de las residencias de mayores, no vigiló la situación dramática en estos centros sociosanitarios y que su actuación no ha ido más allá de «apoyar» la labor realizada por las comunidades autónomas. O sea, NADA (estaba más ocupado en conseguir aprobar la renta mínima vital o la nueva ley Rhodes, las medidas "estrella" de su campaña electoral).
Moncloa admite que desde el mando único, con Pablo Iglesias como delegado para las residencias, se adoptaron varias medidas, pero de carácter secundario, sin afrontar la crisis en estos centros sociosanitarios desde la primera línea. Entre esas medidas, el Gobierno alude a la publicación de «recomendaciones y órdenes» ministeriales, el refuerzo de las plantillas con un fondo de 300 millones de euros y la obligatoriedad de las residencias y las comunidades de dar cifras sobre la evolución de la pandemia en estos centros. Una de esas órdenes ministeriales de Sanidad fue la Orden SND/322/2020, de 3 de abril.
Iglesias sabe que su principal punto débil son las residencias de mayores y las muertes producidas en ellas por el coronavirus. El vicepresidente comunista, por ello, ha exigido todo un movimiento social para dar la vuelta a la realidad: a través de movilizaciones por la Sanidad Pública, los medios, y de la Justicia. Su principal objetivo: culpar a una supuesta privatización de la salud en Madrid de las muertes producidas bajo el mando único de Sánchez e Iglesias.
A Podemos poco le importa que un 19 de marzo fuese el propio Pablo Iglesias el que anunciase a bombo y platillo su asunción del mando único social, un mando que incluía la supervisión de la asistencia por coronavirus en las residencias de mayores, y ha acusado en varias ocasiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los protocolos de triaje mediante los que se decidió qué usuarios de residencias de mayores podían ser ingresados en hospitales por covid-19 y cuáles no; y añade que ello "podría tener consecuencias penales".
La realidad de lo ocurrido en esta pandemia es que el sector se ha sentido abandonado. Familiares, trabajadores, sindicatos, patronales, asociaciones profesionales... todos coinciden en tres puntos que han hecho estallar la tragedia: escasez de equipos de protección, de atención médica y ausencia de test.
Congreso de los Diputados, 9 de junio: El Gobierno ha admitido que su mando único durante el estado de alarma, con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como coordinador de la parcela de las residencias de mayores, no vigiló la situación dramática en estos centros sociosanitarios y que su actuación no ha ido más allá de «apoyar» la labor realizada por las comunidades autónomas. O sea, NADA (estaba más ocupado en conseguir aprobar la renta mínima vital o la nueva ley Rhodes, las medidas "estrella" de su campaña electoral).
Moncloa admite que desde el mando único, con Pablo Iglesias como delegado para las residencias, se adoptaron varias medidas, pero de carácter secundario, sin afrontar la crisis en estos centros sociosanitarios desde la primera línea. Entre esas medidas, el Gobierno alude a la publicación de «recomendaciones y órdenes» ministeriales, el refuerzo de las plantillas con un fondo de 300 millones de euros y la obligatoriedad de las residencias y las comunidades de dar cifras sobre la evolución de la pandemia en estos centros. Una de esas órdenes ministeriales de Sanidad fue la Orden SND/322/2020, de 3 de abril.
Iglesias sabe que su principal punto débil son las residencias de mayores y las muertes producidas en ellas por el coronavirus. El vicepresidente comunista, por ello, ha exigido todo un movimiento social para dar la vuelta a la realidad: a través de movilizaciones por la Sanidad Pública, los medios, y de la Justicia. Su principal objetivo: culpar a una supuesta privatización de la salud en Madrid de las muertes producidas bajo el mando único de Sánchez e Iglesias.
A Podemos poco le importa que un 19 de marzo fuese el propio Pablo Iglesias el que anunciase a bombo y platillo su asunción del mando único social, un mando que incluía la supervisión de la asistencia por coronavirus en las residencias de mayores, y ha acusado en varias ocasiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los protocolos de triaje mediante los que se decidió qué usuarios de residencias de mayores podían ser ingresados en hospitales por covid-19 y cuáles no; y añade que ello "podría tener consecuencias penales".
Actualización 7 de julio: El Ministerio de Sanidad reconoce que no tiene datos fiables de los fallecidos en las residencias. El Resumen Nacional de Residencias, con datos hasta el 20 de junio, que el ministerio ha mostrado a los responsables autonómicos, registra 27.359 fallecimientos en residencias: 9.003 casos (el 32,9 % de los fallecidos) por covid-19, en 9.830 se detectó sintomatología Covid pero no se llegó a confirmar (35,9 %) y el resto (31,2 %) se atribuyen a otras causas.
Cronología de una (ir)responsabilidad
A nivel administrativo, las residencias de mayores no se consideran centros sanitarios y no están integrados en de los sistemas sanitarios autonómicos. Se trata de centros socio-sanitarios o centros de servicios sociales, al igual que lo son los centros para personas con discapacidad. En nuestro país, las competencias en materia de servicios sociales han sido transferidas a las comunidades, al amparo del artículo 148 de la Constitución.
En España hay residencias públicas y residencias privadas. Entre las públicas, las hay gestionadas por comunidades autónomas, diputaciones provinciales o municipios, ya sea con una gestión directa o través de contratos de concesiones. También hay residencias de titularidad privada y de hecho, son la mayoría en España (el 72,8%). Entre las residencias privadas también las hay concertadas (ofertan plazas públicas) o gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.
La primera orden ministerial específicamente dirigida a las residencias de mayores fue la orden SND/265/2020 del Ministerio de Sanidad publicada el 21 de marzo para conocer la situación en las residencias de mayores de todo el país. Se dio orden de clasificar, en el plazo de un día, a todos los residentes en cuatro categorías distintas: asintomáticos, asintomáticos aislados en contacto con casos de coronavirus, sintomáticos (sospechosos) y casos confirmados. La orden también autorizó a las comunidades autónomas a gestionar el personal de residencias públicas y privadas.
Sólo tres días más tarde, el 24 de marzo, el Ministerio de Sanidad publicó una segunda orden en la que reforzaba la intervención de las comunidades autónomas en las residencias privadas y públicas a través de la orden SND/275/2020. Este reglamento las declaró servicios esenciales, al igual que a los centros sanitarios. La orden también obligaba a los titulares de los centros a facilitar información de forma periódica a las comunidades autónomas sobre la situación de los centros. El mismo día, 24 de marzo, Sanidad publicó un segundo protocolo sanitario dirigido a las residencias en el que incluían el deber de elaborar “planes de contingencia” y de suspender las visitas y salidas de las residencias.
La citada orden dejaba clara la preocupación del Gobierno por la situación, dado «el rápido avance de la enfermedad» y «la especial vulnerabilidad de las personas mayores, con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales». En uno de sus puntos, se implica directamente al Gobierno, a través de sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas, que debían actuar en caso de que las residencias pidiesen auxilio. Además, se debería informar a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 (presidido por Pablo Iglesias).
Esto implica que, ante una situación crítica en las residencias u otras circunstancias que pusiesen en riesgo la salud y la vida de sus ocupantes, el Gobierno estaba al corriente para tomar las oportunas decisiones. Ello, sin perjuicio de que las comunidades conservasen la función de inspección de los centros. Es decir, el Ejecutivo no tenía un papel meramente residual. Paradógicamente, esta orden fue propuesta por iniciativa de quien ahora pretende lavarse las manos, el vicepresidente Pablo Iglesias, según reveló el propio ministro Illa en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 24 de marzo.
Además, el Consejo de Ministros decidió entonces la creación de un «grupo especial» para seguir la situación en las residencias, integrado por representantes de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, de Sanidad y de Defensa. En definitiva, Iglesias se dotó de los mecanismos para estar informado de la situación en las residencias de ancianos. Conocía el drama en los centros y también el elevado número de fallecidos. Ahora, en cambio, evita todas las responsabilidades.
La citada orden dejaba clara la preocupación del Gobierno por la situación, dado «el rápido avance de la enfermedad» y «la especial vulnerabilidad de las personas mayores, con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales». En uno de sus puntos, se implica directamente al Gobierno, a través de sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas, que debían actuar en caso de que las residencias pidiesen auxilio. Además, se debería informar a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 (presidido por Pablo Iglesias).
Esto implica que, ante una situación crítica en las residencias u otras circunstancias que pusiesen en riesgo la salud y la vida de sus ocupantes, el Gobierno estaba al corriente para tomar las oportunas decisiones. Ello, sin perjuicio de que las comunidades conservasen la función de inspección de los centros. Es decir, el Ejecutivo no tenía un papel meramente residual. Paradógicamente, esta orden fue propuesta por iniciativa de quien ahora pretende lavarse las manos, el vicepresidente Pablo Iglesias, según reveló el propio ministro Illa en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 24 de marzo.
Además, el Consejo de Ministros decidió entonces la creación de un «grupo especial» para seguir la situación en las residencias, integrado por representantes de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, de Sanidad y de Defensa. En definitiva, Iglesias se dotó de los mecanismos para estar informado de la situación en las residencias de ancianos. Conocía el drama en los centros y también el elevado número de fallecidos. Ahora, en cambio, evita todas las responsabilidades.
El 3 de abril, el Ministerio de Sanidad publicó una tercera orden en la que se especificaba con más detalle la forma y la frecuencia (dos veces por semana) en que las comunidades autónomas debían informar al ministerio. Si así lo hicieron ¿por qué entonces no hay cifras oficiales de contagios y fallecidos en estos centros? Esta tercera orden también puso los servicios estatales del Imserso (centros y personal) a disposición de las comunidades autónomas.
Desde el 17 de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias se encargó de coordinar un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar “prestaciones básicas de servicios sociales” (art. 1 del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19) durante la crisis del coronavirus.
Aquí están todos los responsables de las residencias proclamando su responsabilidad y mando único sobre las residencias. Los culpables de lo sucedido en las residencias. Escuchen y verán que “no hay más preguntas, gracias”. pic.twitter.com/KYuVpdDBr8— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 14, 2020
En la rueda de prensa del 19 de marzo, el vicepresidente Pablo Iglesias presentó este fondo social extraordinario pero sin hacer mención a la atribución de competencias por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de las residencias de ancianos. Lo que sí dijo Iglesias en su intervención es que desde su vicepresidencia se coordinarían los operativos para el "seguimiento diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios".
Iglesias anunció que "tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad, han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas". Entre las finalidades a las que está dirigido este fondo están “reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla”, así como la adquisición de medios de prevención (EPI)”.
¿Dónde han ido a parar los 300 millones? ¿Qué se ha hecho con ellos? Porque los trabajadores se han quejado de la falta de equipos de protección, de la falta de test, de la falta de condiciones habitacionales para garantizar el aislamiento de personas enfermas o sospechosas de estarlo, y de la preparación adecuada para hacer frente a una crisis como ésta. Sencillamente, no existen, es una mentira más de nuestro gobierno del bulo.
Ese fondo nunca han existido. Según el propio RD 8/2020, esa partida era realmente para la creación de un "Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del Covid-19 mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales".
Cada región podía decidir a qué dedicaba el dinero que le correspondiese, entre un total de 9 proyectos, y las residencias de mayores eran simplemente una posibilidad entre otras tantas.
Ese fondo nunca han existido. Según el propio RD 8/2020, esa partida era realmente para la creación de un "Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del Covid-19 mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales".
Cada región podía decidir a qué dedicaba el dinero que le correspondiese, entre un total de 9 proyectos, y las residencias de mayores eran simplemente una posibilidad entre otras tantas.
El 20 de marzo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente del ministerio de Pablo Iglesias, dictó de forma provisional durante la crisis la flexibilidad en la contratación de trabajadores de servicios sociales, permitiendo que también fueran contratados sin tener las titulaciones necesarias, pero demostrando que “tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes”.
De forma adicional, desde el 22 de marzo, el ministerio que dirige Iglesias también se encargó, junto al Ministerio de Sanidad, de coordinar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la intervención urgente en los centros que hubieran solicitado ayuda para realizar tareas de desinfección.
Si, como dice Iglesias, los geriátricos son responsabilidad de las CCAA y no suya ni del mando único, ¿por qué emitió Sanidad tantas órdenes ministeriales para controlar su gestión?
Si, como dice Iglesias, los geriátricos son responsabilidad de las CCAA y no suya ni del mando único, ¿por qué emitió Sanidad tantas órdenes ministeriales para controlar su gestión?
Una orden mortal
Antes de la aprobación del estado de alarma y del disparo de contagios por el brote del 8-M, cuando no había todavía una situación de colapso hospitalario, el Gobierno socialcomunista, el 5 de marzo, pidió a los geriátricos que dejaran en sus habitaciones a los mayores con «sintomatología respiratoria aguda». Esto según el “Documento técnico. Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el Covid-19” elaborado por el gobierno.
En el apartado sobre “Medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores o responsables de los centros para protección de la salud de residentes”, se afirmaba: «Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio».
O sea, que en ningún caso se pedía su traslado al hospital, ni la preparación de unidades sanitarias especializadas dentro de las residencias. Lo único a lo que se instaba era al confinamiento de los mayores en sus habitaciones. El texto daba más indicaciones: «Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar una mascarilla quirúrgica».
Dos semanas después, el 19 de marzo, el mismo Ejecutivo pasó a regular por orden ministerial que se les mantuviera en esos mismos centros: ya no era una petición; era una imposición legal. En la orden publicada por Sanidad, se especificaba que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes». El texto no dice nada de hospitalizarlo de urgencia. Habla de que debe ser aislado en la residencia.
Dos semanas después, el 19 de marzo, el mismo Ejecutivo pasó a regular por orden ministerial que se les mantuviera en esos mismos centros: ya no era una petición; era una imposición legal. En la orden publicada por Sanidad, se especificaba que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes». El texto no dice nada de hospitalizarlo de urgencia. Habla de que debe ser aislado en la residencia.
Más claro agua: la solución ofrecida por el Ejecutivo socialcomunista a los mayores sospechosos de padecer el coronavirus no fue la de dispensarles asistencia sanitaria, sino recluirlos en sus habitaciones. Y pese a todo ello, el PSOE y Podemos no han dejado de culpar a las autonomías de las víctimas mortales de las residencias de mayores, y especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la que hay un constante clima de acoso y derribo.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció el 1 de junio que un borrador del protocolo que impedía que los mayores de residencias fuesen derivados a los hospitales durante el pico de la pandemia del coronavirus llegó a esos centros por error. De ser válida esta excusa, fue un 'error' que costó muchas vidas, por no hablar de que el solo hecho de contemplar esta posibilidad y plasmarla en un documento (por muy borrador que sea) es algo completamente inmoral (e ilegal).
Pero aún es más. El triaje solo se impuso en residencias públicas. Es decir, los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de sus residencias a hospitales, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que se les negó al resto. Esta diferencia de trato entre residencias y hospitales privados y públicos pone en cuestión que durante la pandemia haya funcionado por completo una “sanidad sin apellidos”.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció el 1 de junio que un borrador del protocolo que impedía que los mayores de residencias fuesen derivados a los hospitales durante el pico de la pandemia del coronavirus llegó a esos centros por error. De ser válida esta excusa, fue un 'error' que costó muchas vidas, por no hablar de que el solo hecho de contemplar esta posibilidad y plasmarla en un documento (por muy borrador que sea) es algo completamente inmoral (e ilegal).
Pero aún es más. El triaje solo se impuso en residencias públicas. Es decir, los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de sus residencias a hospitales, reconociendo a sus asegurados un derecho a la atención médica que se les negó al resto. Esta diferencia de trato entre residencias y hospitales privados y públicos pone en cuestión que durante la pandemia haya funcionado por completo una “sanidad sin apellidos”.
Por otro lado, la tragedia no solo ha sobrevenido por orden del Mando Único. Las direcciones de los propios hospitales (como el Hospital Infanta Cristina) también decidieron unilateralmente no admitir pacientes que llegaran de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid; esto fue en torno al 25 de marzo, mientras el pico de la pandemia de coronavirus ascendía, estaba a punto de saturarse la capacidad de los hospitales madrileños y se abría el hospital Ifema para intentar paliar la debacle. Y en Cataluña, incluso, se puso un tope de edad de 80 años para ingresar en las UCI a los afectados por coronavirus, algo que tumbó por inconstitucional el Ministerio de Sanidad (eso sí, cuando la ola de saturación ya había pasado, demasiado tarde para muchos de estos ancianos).
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a casi la mitad de las 5.400 residencias y geriátricos de toda España, Ignacio Fernández-Cid, denuncia por el infierno que han atravesado este tipo de centros. Y afirma que las instrucciones para administrar morfina para sedar a los ancianos con síntomas compatibles con Covid-19 en las residencias y no trasladarlos a los hospitales, en un contexto de colapso absoluto de sistemas hospitalarios como el madrileño, el catalán, el castellano-leonés y el castellano-manchego, por este orden, fueron generales. No les iban a poder tratar, y como todo el mundo sabe, la mayoría de residencias no están medicalizadas. Se les dejó morir y tristemente la situación perjudicó más en función del grado de avance de la enfermedad y de lo desbordados que estaban sus hospitales.
Los médicos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fueron los primeros en darse cuenta de la tragedia que se avecinaba. En marzo plasmaron por escrito un protocolo que apostaba por los más jóvenes y con más posibilidades de sobrevivir. Sin respiradores y sin recursos para todos los enfermos, recomendaron no intubar a mayores de 80 años ni a personas con demencia, vinieran o no desde una residencia. La medicina de catástrofe aplicada en los peores momentos dejó a los más débiles sin el mejor tratamiento. ¡Menos mal que tenemos la mejor sanidad del mundo!
El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a casi la mitad de las 5.400 residencias y geriátricos de toda España, Ignacio Fernández-Cid, denuncia por el infierno que han atravesado este tipo de centros. Y afirma que las instrucciones para administrar morfina para sedar a los ancianos con síntomas compatibles con Covid-19 en las residencias y no trasladarlos a los hospitales, en un contexto de colapso absoluto de sistemas hospitalarios como el madrileño, el catalán, el castellano-leonés y el castellano-manchego, por este orden, fueron generales. No les iban a poder tratar, y como todo el mundo sabe, la mayoría de residencias no están medicalizadas. Se les dejó morir y tristemente la situación perjudicó más en función del grado de avance de la enfermedad y de lo desbordados que estaban sus hospitales.
Los médicos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fueron los primeros en darse cuenta de la tragedia que se avecinaba. En marzo plasmaron por escrito un protocolo que apostaba por los más jóvenes y con más posibilidades de sobrevivir. Sin respiradores y sin recursos para todos los enfermos, recomendaron no intubar a mayores de 80 años ni a personas con demencia, vinieran o no desde una residencia. La medicina de catástrofe aplicada en los peores momentos dejó a los más débiles sin el mejor tratamiento. ¡Menos mal que tenemos la mejor sanidad del mundo!
No hay datos oficiales de fallecidos por coronavirus en las residencias de mayores. Las estimaciones de las CCAA estiman que podría haber alrededor de 20.000 personas, de las cuales, más de la mitad murieron sin que se les hiciera la prueba (lo que significa que no figuran en la estadística oficial de fallecidos que cada día publica Sanidad). Sin embargo, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha elaborado sus propios cálculos basándose en el MoMo, y estima que fueron 30.000 (el 72% de los fallecidos en España por coronavirus han sido ancianos residentes en centros de mayores).
¿Cuántas de estas muertes podrían haberse evitado si el Gobierno no hubiera decidido confinarlos en sus habitaciones? Y otra pregunta: ¿Si en esa fecha, 5 de marzo, el Gobierno insistía en que no había riesgo de un contagio masivo, por qué no se permitió que los mayores sospechosos de estar infectados, recibieran atención hospitalaria? Algo no cuadra. En cualquier caso, esa decisión del Gobierno resultó mortal.
Derrotar la pandemia, evitar que rebrote y frenar su mortalidad exige acciones para detener la epidemia a las puertas de las residencias de mayores mucho más decididas y rápidas de lo que se ha estado haciendo. Más adelante, cuando esta pandemia haya sido vencida, habrá que revisar un modelo de atención a la vejez que incluso en las mejores instituciones, se ha demostrado extraordinariamente vulnerable.
El problema de las residencias
La patronal CEAPs (el organismo de la dependencia más importante de España en cuanto a plazas y representatividad y que agrupa a empleados que atienden a más de 370.000 personas, tanto en residencias como en servicio de atención en domicilio y teleasistencia) intentó contactar con el ministro podemita hasta en cinco ocasiones. La primera vez, en enero, apenas dos semanas después de asumir el cargo. Una toma de contacto para exponer las principales inquietudes y problemas del sector. No hubo respuesta. Tampoco la hubo en otra petición de febrero. Ni ya en marzo, con la epidemia recorriendo silenciosamente todo el país y los centros desbordados.
Las residencias han intentado que el Gobierno les escuche en sus peticiones de más recursos, de más personal. De test. De protocolos básicos para hacer frente a un virus desconocido. Siguen sin respuesta.
La falta de respuestas del Gobierno llevó a CEAPs a elaborar sus propios protocolos. Un plan detallado en el que insistían en el suministro de equipos de protección, PCR y test serológicos y avisaban también de que el aislamiento había «conllevado un sufrimiento físico y psicológico con angustia, desorientación y miedo entre personas con unos altos niveles de dependencia».
Sin test ni material de protección, los responsables de las residencias afectadas afrontaron la pérdida de la mitad de su personal por infección y de muchos otros trabajadores por miedo a contraer la enfermedad. Y en gran medida, en las residencias de ancianos se ha ido por detrás de los brotes, cuando ya resultaba demasiado tarde y una proporción importante de residentes se había visto afectada. Por si fuera poco, el blindaje o sellado de las residencias se ha vuelto virtualmente imposible ante la masiva transmisión silenciosa del virus por personas asintomáticas, especialmente los propios trabajadores que asisten a mayores altamente dependientes con una cercanía física grande e inevitable.
Desde el comienzo de la pandemia, las personas mayores fueron consideradas población con alto riesgo de presentar cuadros graves, de necesitar cuidados hospitalarios (incluidos los cuidados intensivos), y de fallecer a causa de la infección. Estas personas suelen padecer una o más de una enfermedad, con frecuencia de larga duración, y su estado de salud tiende a ser más frágil y a mostrar grados de dependencia superiores a las personas más jóvenes. Además, su concentración en espacios reducidos, donde existe una gran proximidad y un elevado grado de interacciones con cuidadores, familiares y otras personas, es un factor que facilita enormemente la propagación del virus.
Estas condiciones se dan en otras instituciones cerradas (centros sociosanitarios, hospitales o prisiones, por ejemplo) pero son muy marcadas en las residencias de mayores. De hecho, la mayoría de ellas son un lugar de altísimo riesgo: estimaciones preliminares muestran que la tasa de contagios fue similar a la de los hospitales, pero, dado que ocho de cada diez mayores residenciados supera los 80 años y la letalidad por coronavirus en ese tramo de edad es del 24% (para varones llega al 30%) no resulta sorprendente que la mortalidad en ese grupo de personas haya sido tan alta.
Parece clara la necesidad de blindar las residencias de mayores, extremando las medidas de higiene, el rápido aislamiento de los casos sospechosos y sus contactos, así como suprimiendo las visitas, las entradas y salidas de los residentes, y siguiendo estrictos protocolos de medidas higiénicas y distanciamiento físico del personal que trabaja en ellas y de los proveedores. ¿Por qué no se hizo? Lo peor de todo es que no hemos aprendido nada de este genocidio, porque -como apuntaba más arriba- Sánchez ha dejado sin presupuesto a este colectivo.
Además, pese a haber sido repetidamente señaladas como lugares preferentes para la realización de pruebas diagnósticas, siguen siendo muchas las residencias de mayores donde aún no se han realizado. Y sin test, ¿cómo aíslas correctamente? Tristemente ésto no es de extrañar, ya que el gobierno nos ha negado los tests a todos los españoles.
Algunas asociaciones de defensa de las personas mayores se han quejado de que en varios hospitales la avanzada edad ha sido un criterio "implícito" para denegar el ingreso o la atención intensiva; sus familiares reclamaban «un poco de piedad». Y, también, de la dureza para los ingresados más graves y para sus allegados de tener que afrontar la etapa final de la vida en completo aislamiento, así como también el duelo derivado de un eventual fallecimiento, en completa soledad. Todo ésto plantea serios dilemas éticos y morales.
Actualmente, la Fiscalía mantiene abiertas más 140 investigaciones penales para determinar las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de las residencias de mayores durante esta crisis.
Pablo Iglesias ha sido denunciado el 28 de mayo por «homicidio imprudente» en las residencias de mayores a través de una denuncia ciudadana firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’. También está señalado por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación.
Mientras tanto, los intentos de las residencias para reunirse con el Gobierno y planificar el nuevo escenario de la pandemia siguen resultando fallidos. Sánchez se desentiende y deriva esa posible reunión a Illa y a Iglesias.
Las conclusiones del informe (fechado el 24 de noviembre de 2020) vienen a refrendar la postura mantenida por Iglesias, que en los compases iniciales del estado de alarma compareció (saltándose la cuarentena) en La Moncloa junto a Salvador Illa para anunciar una serie de medidas en las residencias y después negó una y mil veces haber asumido ni una sola de las competencias de las Comunidades.
¿A quién culpa Iglesias? Por un lado a las propias residencias, que no hicieron "planes de contingencia" o los hicieron mal; contaban con "ratios insuficientes de personal" ya de antes de la pandemia; el personal sanitario era escaso o no "suficientemente formado"; hubo contrataciones "de urgencia" de personal "sin experiencia"; hicieron "uso inadecuado" de los EPIs"; faltaron también "apoyos psicológicos". Y, por supuesto, cita también la "enorme dificultad de acceso" a los test y el "colapso" en las funerarias.
Por otro lado, a las comunidades, que son las que tienen las competencias en materia de residencias: "No siempre se estableció un abordaje conjunto del problema, en todos los niveles, con la aportación de las múltiples visiones y conocimientos. Las personas residentes en centros residenciales son y deben seguir siendo atendidas por el Sistema Nacional de Salud, si bien, a pesar de las situaciones de cronicidad que generalmente se abordan en las residencias, la coordinación entre sistemas debe mejorar, superando la existencia de diferentes lenguajes y cierto desconocimiento mutuo". Y añade que "La toma de decisiones podría haberse beneficiado de un mejor intercambio de información derivado de la existencia de un sistema más interconectado y con mayor detalle sobre la situación de los distintos centros y su evolución".
En el informe hay grandes omisiones. Entre ellas, cuántas residencias hubo que intervenir y medicalizar, y si Pablo Iglesias en persona llegó a mantener alguna reunión con el sector o las consejerías de Servicios Sociales, o si siempre delegó en su secretario de Estado. El 25 de junio se creó el grupo de trabajo Residencias y COVID-19 para coordinar propuestas de cara a afrontar una segunda ola, de donde salió meses después un documento marco común para la aplicación en las residencias del Plan de Respuesta Temprana.
Pablo Iglesias ha sido denunciado el 28 de mayo por «homicidio imprudente» en las residencias de mayores a través de una denuncia ciudadana firmada por Miguel Pader, representante de la asociación ‘España No se Rinde’. También está señalado por los presuntos delitos de lesiones, omisión de socorro y prevaricación.
Mientras tanto, los intentos de las residencias para reunirse con el Gobierno y planificar el nuevo escenario de la pandemia siguen resultando fallidos. Sánchez se desentiende y deriva esa posible reunión a Illa y a Iglesias.
Una auditoría de exculpación
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elaborado una auditoría sobre la gestión de la pandemia en las residencias y, a lo largo de las 115 páginas del documento, no hay un solo mea culpa. Más bien al contrario, el departamento de Pablo Iglesias concluye que se dieron una treintena de factores que provocaron una "tormenta perfecta" en la que él nada tuvo que ver. Fueron las comunidades. Y, si acaso, el Ministerio de Sanidad, que formaba parte del mando único.Las conclusiones del informe (fechado el 24 de noviembre de 2020) vienen a refrendar la postura mantenida por Iglesias, que en los compases iniciales del estado de alarma compareció (saltándose la cuarentena) en La Moncloa junto a Salvador Illa para anunciar una serie de medidas en las residencias y después negó una y mil veces haber asumido ni una sola de las competencias de las Comunidades.
¿A quién culpa Iglesias? Por un lado a las propias residencias, que no hicieron "planes de contingencia" o los hicieron mal; contaban con "ratios insuficientes de personal" ya de antes de la pandemia; el personal sanitario era escaso o no "suficientemente formado"; hubo contrataciones "de urgencia" de personal "sin experiencia"; hicieron "uso inadecuado" de los EPIs"; faltaron también "apoyos psicológicos". Y, por supuesto, cita también la "enorme dificultad de acceso" a los test y el "colapso" en las funerarias.
Por otro lado, a las comunidades, que son las que tienen las competencias en materia de residencias: "No siempre se estableció un abordaje conjunto del problema, en todos los niveles, con la aportación de las múltiples visiones y conocimientos. Las personas residentes en centros residenciales son y deben seguir siendo atendidas por el Sistema Nacional de Salud, si bien, a pesar de las situaciones de cronicidad que generalmente se abordan en las residencias, la coordinación entre sistemas debe mejorar, superando la existencia de diferentes lenguajes y cierto desconocimiento mutuo". Y añade que "La toma de decisiones podría haberse beneficiado de un mejor intercambio de información derivado de la existencia de un sistema más interconectado y con mayor detalle sobre la situación de los distintos centros y su evolución".
En el informe hay grandes omisiones. Entre ellas, cuántas residencias hubo que intervenir y medicalizar, y si Pablo Iglesias en persona llegó a mantener alguna reunión con el sector o las consejerías de Servicios Sociales, o si siempre delegó en su secretario de Estado. El 25 de junio se creó el grupo de trabajo Residencias y COVID-19 para coordinar propuestas de cara a afrontar una segunda ola, de donde salió meses después un documento marco común para la aplicación en las residencias del Plan de Respuesta Temprana.