Hace tiempo que observamos a un Gobierno de España cuya estabilidad parlamentaria está sostenida por grupos y en el que figuran ministros cuyo objetivo es destruirla, lo cual es lógica, moral, jurídica y políticamente inviable. A lo largo de su labor como presidente de este Ejecutivo incompetente e infame, Pedro Sánchez ha sobrepasado límites que han sumido a muchos españoles en la indignación impregnada de incredulidad.
El nombramiento de una fiscal general del Estado de la que cualquier país digno y civilizado se avergonzaría, el incumplimiento flagrante de compromisos electorales solemnes de gran calado, los intentos de controlar el Poder Judicial hasta el punto de provocar una llamada de atención de la Unión Europea, una gestión de la pandemia desordenada y partidista que ha multiplicado el número de fallecidos y de contagiados, su colaboración mendaz con la narcodictadura venezolana, su saqueo del presupuesto para ampliar y reforzar sus clientelas y sus paniaguados, su pasividad ante ataques feroces a la Corona por parte de sus aliados, el impulso y aprobación de leyes conducentes a sembrar la división y el odio en nuestra sociedad, medidas económicas y sociales pensadas para destruir a la clase media y convertir a los ciudadanos en borregos dependientes del erario, una acción exterior que oscila entre la irrelevancia y la pifia sistemática, y un suma y sigue que arrastra a la Nación a la pobreza, al desprestigio y al caos.
Su último ultraje a sus gobernados, incluyendo a no pocos votantes socialistas, ha sido el anuncio apenas velado de que se propone indultar a los golpistas del procés. Su argumento de que “cumplir la ley no es revancha y defender la legalidad no es venganza” equivale a decir que una sentencia dictada por un tribunal con todas las garantías procesales en un Estado democrático de Derecho en aplicación de leyes vigentes equivale a un castigo indebido y que, por tanto, los fundamentos de nuestro sistema constitucional no son válidos.
Semejante barbaridad en boca de un responsable público de una democracia avanzada y supuestamente seria, es una barbaridad de tal calibre, que no es extraño que se haya alzado un clamor mayoritario en las calles, en el Parlamento e incluso entre los barones territoriales del PSOE, contra tal desafuero.
Los informes preceptivos, aunque no vinculantes, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo opuestos a esta iniciativa son de tal contundencia, rigor y solidez, que parece increíble que un primer mandatario se atreva desafiarlos.
Ya se oyen voces augurando que la concesión de los indultos a los separatistas catalanes será la tumba electoral de Pedro Sánchez y se cita como precedente la humillación sufrida por el PSOE en las urnas de los reciente comicios madrileños. Asimismo, ven la luz las primeras encuestas en las que aparece la posibilidad de un descalabro gubernamental acompañado de una mayoría de centro-derecha.
En un orden de cosas menor, no deja de ser significativo que después de las indicaciones conminatorias del Ministerio de Sanidad para que los menores de 60 años que hubiesen recibido una primera dosis de Astra Zeneca se pongan la segunda de Pfizer, el 90% de los afectados haya elegido que su segunda vacuna sea también de Astra Zeneca, en una demostración masiva de desconfianza en el Gobierno.
La pregunta que cabe plantearse de inmediato es: ¿por qué se empecina Sánchez en cometer una tropelía que muy probablemente le condena a la derrota en 2023? Muy sencillo. Porque al persistir en esta decisión aparentemente suicida consigue precisamente agotar la legislatura, que es su auténtico propósito.
El presidente y su susurrador vasco-parlante carecen de escrúpulos y no es exagerado calificarles de genuinos desaprensivos e inmorales, pero tontos del todo no son. Saben desde que cerraron el pacto nefando que les dio acceso al poder y que les ha permitido mantenerlo hasta hoy, que esta estructura tóxica, delirante y contradictoria no es prolongable más allá de una legislatura, precisamente porque el aguantarla cohesionada exige una trayectoria que conduce inexorablemente a la victoria de la alternativa.
El verdadero plan de Pedro Sánchez no ha sido nunca materializar una agenda ambiciosa de cambio para España al servicio de determinados principios y valores “progresistas” (sus planes pomposamente anunciados para configurar la España del futuro a decenas de años vista son, como su tesis, una tomadura de pelo).
Su intención, desde que llegó a la Secretaría General de su partido, no ha sido otra que ser presidente del Gobierno a toda costa, por grandes que fueran los atropellos que tuviese que cometer, o por repugnantes que fuesen las traiciones necesarias para seguir habitando el complejo de La Moncloa.
Eso explica el disparate de los indultos, que no son un movimiento equivocado, sino una bala más, eso sí, la de más grueso calibre hasta la fecha, disparada hacia el blanco hacia el que invariablemente ha apuntado. Si ello implica entregar a su sucesor una España arruinada, internamente desgarrada, endeudada hasta las cejas y con un nivel de paro inmanejable, además de poner en riesgo a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos socialistas hoy existentes, no le importa nada.
Ya no disimula que para él política y egolatría se funden en un repulsivo y destructivo abrazo.
El nombramiento de una fiscal general del Estado de la que cualquier país digno y civilizado se avergonzaría, el incumplimiento flagrante de compromisos electorales solemnes de gran calado, los intentos de controlar el Poder Judicial hasta el punto de provocar una llamada de atención de la Unión Europea, una gestión de la pandemia desordenada y partidista que ha multiplicado el número de fallecidos y de contagiados, su colaboración mendaz con la narcodictadura venezolana, su saqueo del presupuesto para ampliar y reforzar sus clientelas y sus paniaguados, su pasividad ante ataques feroces a la Corona por parte de sus aliados, el impulso y aprobación de leyes conducentes a sembrar la división y el odio en nuestra sociedad, medidas económicas y sociales pensadas para destruir a la clase media y convertir a los ciudadanos en borregos dependientes del erario, una acción exterior que oscila entre la irrelevancia y la pifia sistemática, y un suma y sigue que arrastra a la Nación a la pobreza, al desprestigio y al caos.
Su último ultraje a sus gobernados, incluyendo a no pocos votantes socialistas, ha sido el anuncio apenas velado de que se propone indultar a los golpistas del procés. Su argumento de que “cumplir la ley no es revancha y defender la legalidad no es venganza” equivale a decir que una sentencia dictada por un tribunal con todas las garantías procesales en un Estado democrático de Derecho en aplicación de leyes vigentes equivale a un castigo indebido y que, por tanto, los fundamentos de nuestro sistema constitucional no son válidos.
Semejante barbaridad en boca de un responsable público de una democracia avanzada y supuestamente seria, es una barbaridad de tal calibre, que no es extraño que se haya alzado un clamor mayoritario en las calles, en el Parlamento e incluso entre los barones territoriales del PSOE, contra tal desafuero.
Los informes preceptivos, aunque no vinculantes, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo opuestos a esta iniciativa son de tal contundencia, rigor y solidez, que parece increíble que un primer mandatario se atreva desafiarlos.
Ya se oyen voces augurando que la concesión de los indultos a los separatistas catalanes será la tumba electoral de Pedro Sánchez y se cita como precedente la humillación sufrida por el PSOE en las urnas de los reciente comicios madrileños. Asimismo, ven la luz las primeras encuestas en las que aparece la posibilidad de un descalabro gubernamental acompañado de una mayoría de centro-derecha.
En un orden de cosas menor, no deja de ser significativo que después de las indicaciones conminatorias del Ministerio de Sanidad para que los menores de 60 años que hubiesen recibido una primera dosis de Astra Zeneca se pongan la segunda de Pfizer, el 90% de los afectados haya elegido que su segunda vacuna sea también de Astra Zeneca, en una demostración masiva de desconfianza en el Gobierno.
La pregunta que cabe plantearse de inmediato es: ¿por qué se empecina Sánchez en cometer una tropelía que muy probablemente le condena a la derrota en 2023? Muy sencillo. Porque al persistir en esta decisión aparentemente suicida consigue precisamente agotar la legislatura, que es su auténtico propósito.
El presidente y su susurrador vasco-parlante carecen de escrúpulos y no es exagerado calificarles de genuinos desaprensivos e inmorales, pero tontos del todo no son. Saben desde que cerraron el pacto nefando que les dio acceso al poder y que les ha permitido mantenerlo hasta hoy, que esta estructura tóxica, delirante y contradictoria no es prolongable más allá de una legislatura, precisamente porque el aguantarla cohesionada exige una trayectoria que conduce inexorablemente a la victoria de la alternativa.
El verdadero plan de Pedro Sánchez no ha sido nunca materializar una agenda ambiciosa de cambio para España al servicio de determinados principios y valores “progresistas” (sus planes pomposamente anunciados para configurar la España del futuro a decenas de años vista son, como su tesis, una tomadura de pelo).
Su intención, desde que llegó a la Secretaría General de su partido, no ha sido otra que ser presidente del Gobierno a toda costa, por grandes que fueran los atropellos que tuviese que cometer, o por repugnantes que fuesen las traiciones necesarias para seguir habitando el complejo de La Moncloa.
Eso explica el disparate de los indultos, que no son un movimiento equivocado, sino una bala más, eso sí, la de más grueso calibre hasta la fecha, disparada hacia el blanco hacia el que invariablemente ha apuntado. Si ello implica entregar a su sucesor una España arruinada, internamente desgarrada, endeudada hasta las cejas y con un nivel de paro inmanejable, además de poner en riesgo a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos socialistas hoy existentes, no le importa nada.
Ya no disimula que para él política y egolatría se funden en un repulsivo y destructivo abrazo.