Pedro Sánchez dirige el Ejecutivo más ‘dedócrata’ de las últimas décadas. A pesar de la desaceleración económica que ya vivía el país ANTES de la pandemia, a pesar de que el PIB caerá un 16% y la deuda pública subirá hasta el 122% del PIB a finales de este año, a pesar de la recesión que se nos avecina, a pesar de la amenaza latente del rescate de las arcas públicas... al Gobierno socialcomunista no le disuade ni un ápice para seguir batiendo récords de gasto y de nombramientos a discreción.
Tenemos el Gobierno más mastodóntico y caro de la historia. El Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más numeroso desde los tiempos de la transición, y también, el más cuantioso de la Unión Europea. El consejo de ministros está formado por 23 miembros: 18 ministros, 4 vicepresidentes y 1 presidente. Pero es que además hay otros 236 altos cargos: 30 secretarios de Estado, 50 subsecretarios, 135 directores generales y 21 secretarios generales técnicos.
Y después están los asesores y consejeros 'de confianza', unos 200, cuyo nombramiento 'a dedo' ha sido constante durante estos meses. Éstos no son funcionarios, sino amiguetes del socialcomunismo que han sido colocados a discreción en puestos muy bien retribuidos, y cuya experiencia de gestión pública es, en la mayoría de casos, inexistente.
Tenemos el Gobierno más mastodóntico y caro de la historia. El Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más numeroso desde los tiempos de la transición, y también, el más cuantioso de la Unión Europea. El consejo de ministros está formado por 23 miembros: 18 ministros, 4 vicepresidentes y 1 presidente. Pero es que además hay otros 236 altos cargos: 30 secretarios de Estado, 50 subsecretarios, 135 directores generales y 21 secretarios generales técnicos.
Y después están los asesores y consejeros 'de confianza', unos 200, cuyo nombramiento 'a dedo' ha sido constante durante estos meses. Éstos no son funcionarios, sino amiguetes del socialcomunismo que han sido colocados a discreción en puestos muy bien retribuidos, y cuya experiencia de gestión pública es, en la mayoría de casos, inexistente.
Un estado de alarma muy bien aprovechado. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez que, lejos de utilizarlo para hacer test masivos a la población, le ha valido para seguir incrementando el número de altos cargos, que alcanza ya niveles nunca vistos: en concreto, 14 direcciones y subdirecciones netas nuevas, según lo aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de abril (y publicado en el BOE del 1 de mayo). En total, 20 nuevos altos cargos que se sumarán al mega Gobierno Sánchez - Iglesias. El reparto:
- Ministerio de Consumo: se crean 6 nuevas Subdirecciones Generales y una División. Además, para ocupar el cargo de Director General de Ordenación del Juego no se requiere ser funcionario. Además, la Secretaría General de Seguridad Alimentaria pasara a depender del Ministerio de Consumo, en lugar de Sanidad.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: se crean 2 nuevas Subdirecciones Generales.
- Ministerio de Educación: se crea 1 nueva Subdirección General.
- Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico: se crean 1 Dirección General y 2 Subdirecciones. Además, el titular del Instituto para la Transición Justa, un organismo autónomo, no necesitará ser funcionario.
- Ministerio de Trabajo: se quitan 6 Subdirecciones Generales pero se crean 1 Dirección General, 5 Subdirecciones y 1 División. Se transforman 2 puestos de rango de Director General para los que, a partir de ahora, no se requerirá ser funcionario.
Además, también hay nuevos puestos en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento que dirige el populista Pablo Iglesias: la subdirección general de Análisis y Estudios para la Agenda 2030, y el gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Esta nueva estructura se acordó el 10 de marzo pero Iglesias también ha ampliado su nómina de personal ‘a dedo’ en plena pandemia con dos secretarios para la Dirección General de Derechos de los Animales, un organismo de nueva creación, a los que se unen un director General de Gabinete Técnico, otro de jefe, y otro puesto de subdirector general, dentro de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Y todo este alarde de generosidad presupuestaria debe sumarse a la creación por el Gobierno de nada menos que 23 direcciones generales para las que tampoco es necesario ostentar la condición de funcionario, incluyendo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Hasta 23 organismos que fueron creados nada más llegar al poder.
Y ello pese a lo establecido por en el artículo 66.2 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, determina que "los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente" y sólo establece excepciones que deberán estar justificadas siempre por "las características específicas de las funciones" de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez & Iglesias ha convertido esa excepción en norma, batiendo así otro récord: es el Gobierno que más se salta la ley al evitar nombrar a altos funcionarios. Este hecho ya ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca).
¿Cuál es el problema de la 'dedocracia'? Desde el sindicato CSIF afirman que los directores generales son el alma de la Administración, y deben ser funcionarios de carrera porque es lo que garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Dicho de otro modo, un nombrado a dedo no muerde la mano que le da de comer. Y como es obvio, hay otro problema añadido: contratar todo este personal externo supone un importante sobrecoste para las arcas públicas. Si en condiciones normales ya constituía un despropósito injustificado, en tiempos de emergencia extrema es un verdadero insulto.
El Ejecutivo socialcomunista cada vez disimula menos los algunos de los tics más propios de una 'república bananera' o de un régimen autocrático. Sánchez no muestra el más mínimo rubor en engrosar la lista de nombramientos a discreción, enchufando en altos cargos, a sus amigos, familiares y demás afines a su ideología política. Casi el 71% de los empleados a disposición del Presidente han sido nombrados a dedo, y además, sólo la mitad de esos asesores tienen formación académica superior.
- Ministerio de Consumo: se crean 6 nuevas Subdirecciones Generales y una División. Además, para ocupar el cargo de Director General de Ordenación del Juego no se requiere ser funcionario. Además, la Secretaría General de Seguridad Alimentaria pasara a depender del Ministerio de Consumo, en lugar de Sanidad.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: se crean 2 nuevas Subdirecciones Generales.
- Ministerio de Educación: se crea 1 nueva Subdirección General.
- Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico: se crean 1 Dirección General y 2 Subdirecciones. Además, el titular del Instituto para la Transición Justa, un organismo autónomo, no necesitará ser funcionario.
- Ministerio de Trabajo: se quitan 6 Subdirecciones Generales pero se crean 1 Dirección General, 5 Subdirecciones y 1 División. Se transforman 2 puestos de rango de Director General para los que, a partir de ahora, no se requerirá ser funcionario.
Además, también hay nuevos puestos en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento que dirige el populista Pablo Iglesias: la subdirección general de Análisis y Estudios para la Agenda 2030, y el gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Esta nueva estructura se acordó el 10 de marzo pero Iglesias también ha ampliado su nómina de personal ‘a dedo’ en plena pandemia con dos secretarios para la Dirección General de Derechos de los Animales, un organismo de nueva creación, a los que se unen un director General de Gabinete Técnico, otro de jefe, y otro puesto de subdirector general, dentro de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Y todo este alarde de generosidad presupuestaria debe sumarse a la creación por el Gobierno de nada menos que 23 direcciones generales para las que tampoco es necesario ostentar la condición de funcionario, incluyendo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Hasta 23 organismos que fueron creados nada más llegar al poder.
Y ello pese a lo establecido por en el artículo 66.2 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, determina que "los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente" y sólo establece excepciones que deberán estar justificadas siempre por "las características específicas de las funciones" de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez & Iglesias ha convertido esa excepción en norma, batiendo así otro récord: es el Gobierno que más se salta la ley al evitar nombrar a altos funcionarios. Este hecho ya ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca).
¿Cuál es el problema de la 'dedocracia'? Desde el sindicato CSIF afirman que los directores generales son el alma de la Administración, y deben ser funcionarios de carrera porque es lo que garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Dicho de otro modo, un nombrado a dedo no muerde la mano que le da de comer. Y como es obvio, hay otro problema añadido: contratar todo este personal externo supone un importante sobrecoste para las arcas públicas. Si en condiciones normales ya constituía un despropósito injustificado, en tiempos de emergencia extrema es un verdadero insulto.
Algunos nombres de la dedocracia
El Ejecutivo socialcomunista cada vez disimula menos los algunos de los tics más propios de una 'república bananera' o de un régimen autocrático. Sánchez no muestra el más mínimo rubor en engrosar la lista de nombramientos a discreción, enchufando en altos cargos, a sus amigos, familiares y demás afines a su ideología política. Casi el 71% de los empleados a disposición del Presidente han sido nombrados a dedo, y además, sólo la mitad de esos asesores tienen formación académica superior.
Entre ellos, perfiles vinculados a ambos partidos o directamente ex ministros como Beatriz Corredor, al frente de Red Eléctrica; José Blanco y José Montilla, enchufados en Enagás junto a otro consejero designado por Podemos, el ingeniero Cristóbal Gallego. El dirigente del PSC, Maurici Lucena, preside Aena, mientras José Manuel Serrano -ex jefe de gabinete de Sánchez antes de ser presidente- es el máximo responsable de Correos. Quien fuera consejero de la Junta de Extremadura bajo la presidente del socialista, José Luís Navarro, fue nombrado nuevo presidente de Enresa (entidad pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos).
Entre los casos más flagrantes de la 'dedocracia' del gobierno socialcomunista ha sido blindar al vicepresidente Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y ello en pleno estado de alarma. Para ello, Sánchez ha cambiado la ley que regula el CNI para tener manos libres para incluir a los vicepresidentes que considere en dicha comisión. Además, Iglesias accederá a la comisión gubernamental de control del CNI sin tener que rendir cuentas sobre sus vínculos con Venezuela o Irán, ya que Pedro Sánchez le ha facilitado la obtención (por la ‘vía exprés’) de la Habilitación Personal de Seguridad sin someterse al minucioso examen de la Oficina Nacional de Seguridad. Este nombramiento no tiene justificación alguna, ya que una de las reglas básicas de funcionamiento del CNI y de los servicios de inteligencia en general es que para acceder a secretos oficiales e información clasificada es necesario acreditar la «necesidad» de conocerlos. Y las materias que se tratan en esa comisión no están relacionadas con las competencias de Iglesias en Derechos Sociales.
Una de las primeras polémicas a la que tuvo que hacer frente Sánchez, fue la cuando menos sorprendente contratación de su esposa, Begoña Gómez, en el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos (por supuesto, de nueva creación). E Iglesias no iba a ser menos: también ha enchufado a su señora, Irene Montero, como Ministra de Igualdad.
Y precisamente en la cartera de Igualdad, a falta de disponer de un funcionario adecuado para la dirección general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Montero ha nombrado a Rita G. Bosaho, auxiliar sanitario. Ella, junto a otros dos miembros: Sergio García, titular de la Dirección General de Derechos de los Animales, y Luis Alberto Barriga, titular del Imserso, ni son funcionarios del estado ni son licenciados, doctores o equivalentes.
Alberto Garzón, al frente de Consumo, habilitó a otro no funcionario para ocupar la dirección general de Ordenación del Juego, una de las mejor remuneradas. El titular es Mikel Mentira, y proviene del departamento de Residencia y Temas Sociales del gobierno vasco.
Sánchez también colocó a su hermano, David, como nuevo Coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz (gobernada por el PSOE), cargo no existía hasta la fecha, y cuya convocatoria fue muy criticada porque las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal.
Por parte de Podemos están Adriana Moscoso, la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación (SGAE), y Patricia Bezunartea, concejala de Podemos Móstoles, ahora directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
Otro de los dedazos de Sánchez fue colocar a la ex-ministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Buscar la imparcialidad, la independencia y la autonomía que debe tener la persona que ocupe el cargo de Fiscal General del Estado, en una persona se acaba de levantar del sillón de ministra de Justicia y diputada socialista, no parece que sea posible.
El que fuera Secretario de Organización del PSOE (2012-14) y Secretario General de los socialistas catellano-leoneses (2008-2012), Óscar López, dejó su escaño como senador por designación de las Cortes de Castilla y León, que ocupaba desde 2014, para ocupar la presidencia de la red nacional de Paradores.
Otro socialista que subió al podium fue Isaías Táboas para colocarse al frente de Renfe. Anteriormente había ocupado cargos en el partido, como director del Gabinete del ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2004-2006), Secretario de Estado de Transportes (2010-2011) y secretaría general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (2006-2010).
El nombramiento de José Félix Tezanos, antiguo secretario de Estudios y Programas del PSOE, al frente del CIS ha sido uno de los más polémicos, ya que desde su llegada los resultados de los barómetros de opinión ciudadana parecen haber sido diseñadas por el propio Gobierno.
El último colocado a dedo ha sido Ignacio Carnicero, amigo de la infancia de Sánchez, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Y para hacerle hueco, Sánchez ha tenido que dividir en dos una misma dirección general del Ministerio de Transportes: la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, y la Dirección General de Vivienda y Suelo. Por cierto, su amigo del alma se embolsará 90.000€/año.
Tal situación se repite en otras empresas públicas de peso: al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colocó Vicente Fernández, un habitual en distintos departamentos de la Junta de Andalucía; en Tragsa, a Jesús Casas, que llegaba desde la dirección general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Gobierno regional de Asturias (socialista); en Cetarse, la tabaquera pública, al senador socialista Juan Andrés Tovar; en la sociedad naval Navantia, a Susana Sarriá que llegaba desde la Junta de Andalucía; en Turespaña, Sánchez colocó a su hombre fuerte en Canarias, Héctor Gómez; a José Vicente Berlanga, de la federación socialista valenciana, lo enchufó en Enusa, dedicada a los combustibles nucleares; a María Luisa Faneca, miembro de la Ejecutiva del PSOE, la colocó en la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA); al ex ministro Jordi Sevilla, en la presidente de Red Eléctrica Española; en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el líder socialista situó a Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del partido, conocido como ‘el gurú económico de Sánchez, etc.
También la Agencia Tributaria ha designado 'a dedo' siete cargos de confianza a mitad de la campaña de la renta.
Además, cabe recordar la escandalosa situación de interinidad que se está perpetuando en RTVE, con una administradora única provisional (Rosa María Mateo, cuyo nombramiento fue apoyado por PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT) decidida a convertir la radiotelevisión pública en una máquina de propaganda gubernamental.
A lo que se añade la propuesta hecha el 2 de junio por el Ejecutivo para colocar a Cani Fernández, una asesora de Presidencia que hasta ahora trabajaba a las órdenes de Iván Redondo, como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Curiosamente, Cani Fernández fue la abogada (del bufete Cuatrecasas) que defendió a Mediaset contra la propia CNMC por conductas anticompetitivas en el mercado publicitario audiovisual.
La obsesión gubernamental por procurarse el control mediático forzó el relevo en la presidencia de la Agencia Efe para situar a una periodista afín, Gabriela Cañas.
Es la lista interminable. Sánchez e Iglesias siguen erosionando las instituciones. Esta estrategia de instrumentalización partidista resulta obscena e impropia de una democracia.
Si en el primer semestre de 2019, Pedro Sánchez no tenía socio alguno de coalición, amén de pillarle un proceso electoral por medio (28 de abril de 2019), ahora tiene a un partido morado que, evidentemente, no iba a conformarse solo con tener poltronas. También exigió tener asesores y altos cargos.
1º.- Debido al cambalache de puestos con Podemos. La coalición obligó a trocear competencias y elevar a rango ministerial departamentos que estaban integrados en otras carteras.
* Universidades, por ejemplo, acabó desgajado de Ciencia para así facilitar la entrada del podemita Castells sin que hubiera que mandar al paro a Pedro Duque.
* Lo mismo pasó con Consumo, separado de Sanidad, para que así Alberto Garzón disfrutase de su despacho noble y que Salvador Illa también pudiera encontrar acomodo.
* También Trabajo, tradicionalmente en el mismo organigrama que Seguridad Social, tuvo que ser cercenado para dárselo a la podemita Yolanda Díaz.
* Y, por supuesto, Sánchez batió el récord en la creación de cuatro vicepresidencias puesto que una iba a ser para Pablo Iglesias y las otras tres para cargos socialistas, Carmen Calvo, María Jesús Montero y Teresa Ribera.
2º.- Debido a la tómbola de cuotas dentro del PSOE: entre familias dentro de esta formación, y entre territorios, con especial peso de aquellas federaciones que apoyaron a Sánchez para recuperar el trono en Ferraz en la batalla para ganar la secretaría del PSOE. Así fue como, por ejemplo, un filósofo sin formación académica especializada ni experiencia en la gestión sanitaria, como Salvador Illa, acabó siendo nombrado ministro de Sanidad.
El colmo de este galimatías es crear más subdirecciones generales e incrementar los cargos de libre designación, justo cuando el gasto en nóminas públicas registrará la mayor subida de la última década (140.000 millones de euros).
El de Sánchez e Iglesias era un Gobierno preparado para la mercadotecnia, la polarización y el frentismo ideológico, y ahora se ha topado con un enemigo real: una pandemia global. De ahí la brecha entre PSOE y Podemos, las continuas broncas entre ministros y la falta absoluta de coordinación en la acción institucional y en los mensajes contradictorios, que nos han llevado a encabezar el ranking de mayor letalidad por habitante del mundo.
Esto ha quedado traducido en un dispendio de 46,3 millones de euros solo en pagar los salarios de enero a junio de 2020 de esos responsables de la máxima confianza, más de 10 millones en relación a lo pagado en 2019, que fue de 36,2 millones.
“Vamos a hacer la mayor movilización de recursos públicos de la historia reciente de España, no vamos a escatimar ningún esfuerzo, no vamos a dejar a nadie atrás” - Pedro Sánchez
En contra de la propaganda oficial repetida hasta la saciedad, aquí muchísima gente se está quedando atrás. Millares de españoles que ven quebrar sus negocios sin que el Gobierno les brinde el menor auxilio o alivie siquiera parcialmente su abrumadora presión fiscal. Cientos de miles cuyos puestos de trabajo se tambalean como consecuencia del hundimiento de sectores tan claves como la hostelería o el turismo. Millones afectados por recortes de sueldo, ertes o reducciones drásticas de ingresos en el caso de los autónomos. Una generación de jóvenes condenada de nuevo a la precariedad y la desesperanza cuando empezaba a levantar cabeza tras la crisis de 2008.
Esa es la fotografía actual de este país azotado por la pandemia aliada a la ineptitud de los peores timoneles posibles. Locales cerrados, tiendas vacías, sueños quebrados, miedo y miseria, desigualmente repartidos, eso sí. Porque existe un colectivo al que la situación no parece afectar, al menos en lo económico. Un sector a salvo de recortes, ertes o cualquier otra forma de sacrificio: el de los políticos «progresistas» tan dados a llenarse la boca con la palabra «solidaridad».
Mientras toda España sufre las consecuencias de esta crisis brutal, nuestros gobernantes no han prescindido de un solo asesor/tiralevitas (se calcula que unos 800 integran este ejército de enchufados nombrados a dedo). Huelga decir que no se han tocado el sueldo; ¡hasta ahí podíamos llegar! No han ahorrado un solo euro susceptible de nutrir una partida presupuestaria destinada a gasto social. Lo suyo no es dar trigo, sino hablar y hablar de lo que no hacen.
A título de ejemplo, Iván Redondo, el todopoderoso jefe del Gabinete sanchista, cobra 126.124 euros anuales que permanecen intactos. Los de otros consejeros en nómina son secretos, aunque sabemos que solo el vicepresidente Iglesias cuenta con una decena larga y los ministerios de Podemos acumulan medio centenar.
En un momento que todos los expertos definen como dramático, únicamente comparable a los años de la posguerra civil, los españoles tenemos que sostener el Ejecutivo más nutrido de la historia, repleto de cargos y «cargas» de carácter puramente ideológico y nula utilidad práctica. Una estructura mastodóntica sin precedentes, terriblemente gravosa para el erario público y opuesta a las recomendaciones de las instituciones financieras nacionales y europeas, que instan a que la Administración «reequilibre» impuestos (es decir, los suba) y suprima gastos superfluos.
El Gobierno aumentó el gasto en altos cargos y asesores un 46% en 2019 respecto a 2018, lo que supuso alrededor de un aumento de 75 millones de euros, sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero en 2020 el incremento es astronómico.
Desde el 1 de enero al 31 de marzo, el Estado destinó 26,43 millones de euros a nóminas de altos cargos (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, así como presidentes y directores de entidades públicas) y 14,62 millones para personal eventual nombrado 'a dedo' (asesores y trabajadores nombrados discrecionalmente para los gabinetes ministeriales). Total: 41 millones de euros en nóminas durante el primer trimestre del año, que asciende a 47,31 millones de euros hasta el 31 de abril.
Sólo en marzo y abril, en plena crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, se pagaron 24,1 millones de euros en nóminas, de los cuales 14,8 han ido a los altos cargos. Para mayor escarnio, pese a que la actividad en el Congreso y Senado lleva bajo mínimos desde el 14 de marzo, los parlamentarios han seguido cobrando íntegramente sus remuneraciones, dietas, gastos de manutención, alojamiento o desplazamientos. Un gasto injustificado de 2,2 millones de euros en estos dos meses.
Entre los casos más flagrantes de la 'dedocracia' del gobierno socialcomunista ha sido blindar al vicepresidente Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y ello en pleno estado de alarma. Para ello, Sánchez ha cambiado la ley que regula el CNI para tener manos libres para incluir a los vicepresidentes que considere en dicha comisión. Además, Iglesias accederá a la comisión gubernamental de control del CNI sin tener que rendir cuentas sobre sus vínculos con Venezuela o Irán, ya que Pedro Sánchez le ha facilitado la obtención (por la ‘vía exprés’) de la Habilitación Personal de Seguridad sin someterse al minucioso examen de la Oficina Nacional de Seguridad. Este nombramiento no tiene justificación alguna, ya que una de las reglas básicas de funcionamiento del CNI y de los servicios de inteligencia en general es que para acceder a secretos oficiales e información clasificada es necesario acreditar la «necesidad» de conocerlos. Y las materias que se tratan en esa comisión no están relacionadas con las competencias de Iglesias en Derechos Sociales.
Una de las primeras polémicas a la que tuvo que hacer frente Sánchez, fue la cuando menos sorprendente contratación de su esposa, Begoña Gómez, en el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos (por supuesto, de nueva creación). E Iglesias no iba a ser menos: también ha enchufado a su señora, Irene Montero, como Ministra de Igualdad.
Y precisamente en la cartera de Igualdad, a falta de disponer de un funcionario adecuado para la dirección general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Montero ha nombrado a Rita G. Bosaho, auxiliar sanitario. Ella, junto a otros dos miembros: Sergio García, titular de la Dirección General de Derechos de los Animales, y Luis Alberto Barriga, titular del Imserso, ni son funcionarios del estado ni son licenciados, doctores o equivalentes.
Alberto Garzón, al frente de Consumo, habilitó a otro no funcionario para ocupar la dirección general de Ordenación del Juego, una de las mejor remuneradas. El titular es Mikel Mentira, y proviene del departamento de Residencia y Temas Sociales del gobierno vasco.
Sánchez también colocó a su hermano, David, como nuevo Coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz (gobernada por el PSOE), cargo no existía hasta la fecha, y cuya convocatoria fue muy criticada porque las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal.
Por parte de Podemos están Adriana Moscoso, la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación (SGAE), y Patricia Bezunartea, concejala de Podemos Móstoles, ahora directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
Otro de los dedazos de Sánchez fue colocar a la ex-ministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Buscar la imparcialidad, la independencia y la autonomía que debe tener la persona que ocupe el cargo de Fiscal General del Estado, en una persona se acaba de levantar del sillón de ministra de Justicia y diputada socialista, no parece que sea posible.
El que fuera Secretario de Organización del PSOE (2012-14) y Secretario General de los socialistas catellano-leoneses (2008-2012), Óscar López, dejó su escaño como senador por designación de las Cortes de Castilla y León, que ocupaba desde 2014, para ocupar la presidencia de la red nacional de Paradores.
Otro socialista que subió al podium fue Isaías Táboas para colocarse al frente de Renfe. Anteriormente había ocupado cargos en el partido, como director del Gabinete del ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2004-2006), Secretario de Estado de Transportes (2010-2011) y secretaría general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (2006-2010).
El nombramiento de José Félix Tezanos, antiguo secretario de Estudios y Programas del PSOE, al frente del CIS ha sido uno de los más polémicos, ya que desde su llegada los resultados de los barómetros de opinión ciudadana parecen haber sido diseñadas por el propio Gobierno.
El último colocado a dedo ha sido Ignacio Carnicero, amigo de la infancia de Sánchez, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Y para hacerle hueco, Sánchez ha tenido que dividir en dos una misma dirección general del Ministerio de Transportes: la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, y la Dirección General de Vivienda y Suelo. Por cierto, su amigo del alma se embolsará 90.000€/año.
Tal situación se repite en otras empresas públicas de peso: al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) colocó Vicente Fernández, un habitual en distintos departamentos de la Junta de Andalucía; en Tragsa, a Jesús Casas, que llegaba desde la dirección general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Gobierno regional de Asturias (socialista); en Cetarse, la tabaquera pública, al senador socialista Juan Andrés Tovar; en la sociedad naval Navantia, a Susana Sarriá que llegaba desde la Junta de Andalucía; en Turespaña, Sánchez colocó a su hombre fuerte en Canarias, Héctor Gómez; a José Vicente Berlanga, de la federación socialista valenciana, lo enchufó en Enusa, dedicada a los combustibles nucleares; a María Luisa Faneca, miembro de la Ejecutiva del PSOE, la colocó en la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA); al ex ministro Jordi Sevilla, en la presidente de Red Eléctrica Española; en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el líder socialista situó a Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del partido, conocido como ‘el gurú económico de Sánchez, etc.
También la Agencia Tributaria ha designado 'a dedo' siete cargos de confianza a mitad de la campaña de la renta.
Además, cabe recordar la escandalosa situación de interinidad que se está perpetuando en RTVE, con una administradora única provisional (Rosa María Mateo, cuyo nombramiento fue apoyado por PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT) decidida a convertir la radiotelevisión pública en una máquina de propaganda gubernamental.
A lo que se añade la propuesta hecha el 2 de junio por el Ejecutivo para colocar a Cani Fernández, una asesora de Presidencia que hasta ahora trabajaba a las órdenes de Iván Redondo, como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Curiosamente, Cani Fernández fue la abogada (del bufete Cuatrecasas) que defendió a Mediaset contra la propia CNMC por conductas anticompetitivas en el mercado publicitario audiovisual.
La obsesión gubernamental por procurarse el control mediático forzó el relevo en la presidencia de la Agencia Efe para situar a una periodista afín, Gabriela Cañas.
Es la lista interminable. Sánchez e Iglesias siguen erosionando las instituciones. Esta estrategia de instrumentalización partidista resulta obscena e impropia de una democracia.
¿Por qué tenemos un gobierno mastodóntico?
Si en el primer semestre de 2019, Pedro Sánchez no tenía socio alguno de coalición, amén de pillarle un proceso electoral por medio (28 de abril de 2019), ahora tiene a un partido morado que, evidentemente, no iba a conformarse solo con tener poltronas. También exigió tener asesores y altos cargos.
1º.- Debido al cambalache de puestos con Podemos. La coalición obligó a trocear competencias y elevar a rango ministerial departamentos que estaban integrados en otras carteras.
* Universidades, por ejemplo, acabó desgajado de Ciencia para así facilitar la entrada del podemita Castells sin que hubiera que mandar al paro a Pedro Duque.
* Lo mismo pasó con Consumo, separado de Sanidad, para que así Alberto Garzón disfrutase de su despacho noble y que Salvador Illa también pudiera encontrar acomodo.
* También Trabajo, tradicionalmente en el mismo organigrama que Seguridad Social, tuvo que ser cercenado para dárselo a la podemita Yolanda Díaz.
* Y, por supuesto, Sánchez batió el récord en la creación de cuatro vicepresidencias puesto que una iba a ser para Pablo Iglesias y las otras tres para cargos socialistas, Carmen Calvo, María Jesús Montero y Teresa Ribera.
2º.- Debido a la tómbola de cuotas dentro del PSOE: entre familias dentro de esta formación, y entre territorios, con especial peso de aquellas federaciones que apoyaron a Sánchez para recuperar el trono en Ferraz en la batalla para ganar la secretaría del PSOE. Así fue como, por ejemplo, un filósofo sin formación académica especializada ni experiencia en la gestión sanitaria, como Salvador Illa, acabó siendo nombrado ministro de Sanidad.
El colmo de este galimatías es crear más subdirecciones generales e incrementar los cargos de libre designación, justo cuando el gasto en nóminas públicas registrará la mayor subida de la última década (140.000 millones de euros).
El de Sánchez e Iglesias era un Gobierno preparado para la mercadotecnia, la polarización y el frentismo ideológico, y ahora se ha topado con un enemigo real: una pandemia global. De ahí la brecha entre PSOE y Podemos, las continuas broncas entre ministros y la falta absoluta de coordinación en la acción institucional y en los mensajes contradictorios, que nos han llevado a encabezar el ranking de mayor letalidad por habitante del mundo.
El sobrecoste de la 'dedocracia'
Esto ha quedado traducido en un dispendio de 46,3 millones de euros solo en pagar los salarios de enero a junio de 2020 de esos responsables de la máxima confianza, más de 10 millones en relación a lo pagado en 2019, que fue de 36,2 millones.
“Vamos a hacer la mayor movilización de recursos públicos de la historia reciente de España, no vamos a escatimar ningún esfuerzo, no vamos a dejar a nadie atrás” - Pedro Sánchez
En contra de la propaganda oficial repetida hasta la saciedad, aquí muchísima gente se está quedando atrás. Millares de españoles que ven quebrar sus negocios sin que el Gobierno les brinde el menor auxilio o alivie siquiera parcialmente su abrumadora presión fiscal. Cientos de miles cuyos puestos de trabajo se tambalean como consecuencia del hundimiento de sectores tan claves como la hostelería o el turismo. Millones afectados por recortes de sueldo, ertes o reducciones drásticas de ingresos en el caso de los autónomos. Una generación de jóvenes condenada de nuevo a la precariedad y la desesperanza cuando empezaba a levantar cabeza tras la crisis de 2008.
Esa es la fotografía actual de este país azotado por la pandemia aliada a la ineptitud de los peores timoneles posibles. Locales cerrados, tiendas vacías, sueños quebrados, miedo y miseria, desigualmente repartidos, eso sí. Porque existe un colectivo al que la situación no parece afectar, al menos en lo económico. Un sector a salvo de recortes, ertes o cualquier otra forma de sacrificio: el de los políticos «progresistas» tan dados a llenarse la boca con la palabra «solidaridad».
Mientras toda España sufre las consecuencias de esta crisis brutal, nuestros gobernantes no han prescindido de un solo asesor/tiralevitas (se calcula que unos 800 integran este ejército de enchufados nombrados a dedo). Huelga decir que no se han tocado el sueldo; ¡hasta ahí podíamos llegar! No han ahorrado un solo euro susceptible de nutrir una partida presupuestaria destinada a gasto social. Lo suyo no es dar trigo, sino hablar y hablar de lo que no hacen.
A título de ejemplo, Iván Redondo, el todopoderoso jefe del Gabinete sanchista, cobra 126.124 euros anuales que permanecen intactos. Los de otros consejeros en nómina son secretos, aunque sabemos que solo el vicepresidente Iglesias cuenta con una decena larga y los ministerios de Podemos acumulan medio centenar.
En un momento que todos los expertos definen como dramático, únicamente comparable a los años de la posguerra civil, los españoles tenemos que sostener el Ejecutivo más nutrido de la historia, repleto de cargos y «cargas» de carácter puramente ideológico y nula utilidad práctica. Una estructura mastodóntica sin precedentes, terriblemente gravosa para el erario público y opuesta a las recomendaciones de las instituciones financieras nacionales y europeas, que instan a que la Administración «reequilibre» impuestos (es decir, los suba) y suprima gastos superfluos.
El Gobierno aumentó el gasto en altos cargos y asesores un 46% en 2019 respecto a 2018, lo que supuso alrededor de un aumento de 75 millones de euros, sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero en 2020 el incremento es astronómico.
Desde el 1 de enero al 31 de marzo, el Estado destinó 26,43 millones de euros a nóminas de altos cargos (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, así como presidentes y directores de entidades públicas) y 14,62 millones para personal eventual nombrado 'a dedo' (asesores y trabajadores nombrados discrecionalmente para los gabinetes ministeriales). Total: 41 millones de euros en nóminas durante el primer trimestre del año, que asciende a 47,31 millones de euros hasta el 31 de abril.
Sólo en marzo y abril, en plena crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, se pagaron 24,1 millones de euros en nóminas, de los cuales 14,8 han ido a los altos cargos. Para mayor escarnio, pese a que la actividad en el Congreso y Senado lleva bajo mínimos desde el 14 de marzo, los parlamentarios han seguido cobrando íntegramente sus remuneraciones, dietas, gastos de manutención, alojamiento o desplazamientos. Un gasto injustificado de 2,2 millones de euros en estos dos meses.
Esa libertad, que la norma solo admite de forma «excepcional» no tener que ser funcionario cuando el candidato externo reúne características especiales, engordaba ya en 2.131.370,33 euros más Seguridad Social la factura extra de Pedro Sánchez en altos cargos, a los que ahora hay que sumar la ampliación de la estructura de la Administración aprobada el 28 de abril, otros 2,3 millones extra al año. ¿No ha pensado Iglesias que con el sueldo de los nuevos ‘dedazos’ se podría garantizar la renta mínima vital a 400 unidades familiares?
Porque si una Dirección General es ocupada por un funcionario, él ya está en la Administración y sus retribuciones pasarán de unos 65.000-70.000€/año (que ya estaban siendo atendidos) a unos 85.000€ si se promociona internamente. Pero si el titular viene de fuera, ese coste será íntegramente nuevo, no se descontará de la factura funcionarial, y además hay que sumarle la seguridad social, otros 24.000€ más. Total, alrededor de 110.000€/año más por cada nuevo cargo nombrado a dedo.
Calculadora en mano, añadido este concepto, la factura de 2.131.370,3 euros apuntada al principio ascendería a 2.707.370,3 euros, cuando de haberse promocionado a funcionarios como directores generales la cifra a pagar en conjunto por sus ascensos sería de 432.000 euros. Conclusión, la diferencia es de 2,3 millones, lo que sube la cuenta gracias a esta maniobra.
Pero les da igual ocho que ochenta. Aquí de lo que se trata es de asegurar la poltrona, el despachito y, sobre todo, el sueldo Nescafé a final de mes. Sánchez ha descartado recortar el sueldo a sus miembros como gesto de solidaridad con la ciudadanía sumida en su peor crisis económica, argumentando que «ahora más que nunca hay que resaltar la importancia de contar con un sector público robusto».
Aunque Pedro Sánchez, con toda la parafernalia propagandística de La Moncloa, niegue la necesidad de reducir el número de ministros y demás séquito que les acompaña, la realidad es que a la estructura mastodóntica del Ejecutivo le sobran la mitad de carteras. Y ello ha contribuido a hundir la acción gubernamental en el caos y la confusión.
En plena hecatombe económica por el coronavirus, el Gobierno no puede seguir derrochando el dinero de todos los españoles, menos aún cuando necesita pedir los fondos de reconstrucción a Bruselas. Es demasiado pretencioso. Es más, el 2 de julio, Bruselas ha expedientado a España por no legislar sobre el sueldo de los directivos; ahora hay tres meses para responder a los dictámenes motivados y adoptar las medidas pertinentes.
La norma europea, en la línea de garantizar la transparencia sobre las retribuciones de los directivos, obliga a que los Estados miembros garanticen que una vez votada en la junta general la política de remuneraciones, ésta, así como la fecha y el resultado de la votación, se haga pública “sin demora” en la página web de la sociedad.
Porque si una Dirección General es ocupada por un funcionario, él ya está en la Administración y sus retribuciones pasarán de unos 65.000-70.000€/año (que ya estaban siendo atendidos) a unos 85.000€ si se promociona internamente. Pero si el titular viene de fuera, ese coste será íntegramente nuevo, no se descontará de la factura funcionarial, y además hay que sumarle la seguridad social, otros 24.000€ más. Total, alrededor de 110.000€/año más por cada nuevo cargo nombrado a dedo.
Calculadora en mano, añadido este concepto, la factura de 2.131.370,3 euros apuntada al principio ascendería a 2.707.370,3 euros, cuando de haberse promocionado a funcionarios como directores generales la cifra a pagar en conjunto por sus ascensos sería de 432.000 euros. Conclusión, la diferencia es de 2,3 millones, lo que sube la cuenta gracias a esta maniobra.
Pero les da igual ocho que ochenta. Aquí de lo que se trata es de asegurar la poltrona, el despachito y, sobre todo, el sueldo Nescafé a final de mes. Sánchez ha descartado recortar el sueldo a sus miembros como gesto de solidaridad con la ciudadanía sumida en su peor crisis económica, argumentando que «ahora más que nunca hay que resaltar la importancia de contar con un sector público robusto».
Aunque Pedro Sánchez, con toda la parafernalia propagandística de La Moncloa, niegue la necesidad de reducir el número de ministros y demás séquito que les acompaña, la realidad es que a la estructura mastodóntica del Ejecutivo le sobran la mitad de carteras. Y ello ha contribuido a hundir la acción gubernamental en el caos y la confusión.
En plena hecatombe económica por el coronavirus, el Gobierno no puede seguir derrochando el dinero de todos los españoles, menos aún cuando necesita pedir los fondos de reconstrucción a Bruselas. Es demasiado pretencioso. Es más, el 2 de julio, Bruselas ha expedientado a España por no legislar sobre el sueldo de los directivos; ahora hay tres meses para responder a los dictámenes motivados y adoptar las medidas pertinentes.
La norma europea, en la línea de garantizar la transparencia sobre las retribuciones de los directivos, obliga a que los Estados miembros garanticen que una vez votada en la junta general la política de remuneraciones, ésta, así como la fecha y el resultado de la votación, se haga pública “sin demora” en la página web de la sociedad.