Ya está aquí. El gobierno acaba de aprobar la renta mínima vital, una vieja aspiración de Pablo Iglesias que consiste en que cualquiera, «por el mero hecho de ser ciudadano», tenga derecho a percibir una prestación de carácter permanente que asegure su subsistencia. Una paguita para todo el mundo, trabaje o no. Sea un vago o no. A final de mes, hagas o deshagas, madrugues o no, papá Estado te dará un dinerito. En definitiva, una burda estrategia marketiniana para de ganar votantes, una subvención para vagos y maleantes, y una forma más de vivir del cuento a costa de los que sí trabajamos y pagamos nuestros impuestos.
Socialmente se trata de una medida injusta. Hay que ser muy infantil para pensar que la implementación de una medida de tanto calado no afectará a los sueldos, a los precios, a la organización del trabajo en las empresas, a la competitividad y al crecimiento económico. Quienes trabajan en el sector privado tendrán que pagar esta nueva prestación (3.000 millones de euros anuales), además de todo el esfuerzo que ya hacen para sostener con sus impuestos el pago de pensiones, el sistema de salud y educación, la justicia, la seguridad y la defensa.
Por tanto, la implementación de esta iniciativa que premia la holgazanería supone un aumento de los impuestos para todos los que sí se esfuerzan, emprenden y son responsables en su día a día. De hecho, el Gobierno ya ha anunciado que «no tiene más remedio» que subir los impuestos.
Crear ese salario público por el simple hecho de nacer es profundamente injusto. La 'solidaridad fiscal' entre españoles no puede convertirse en parasitismo. Y esta propuesta no es solidaridad, es un atraco a la gente seria. No es razonable que media España pase el día buscando métodos para sacar adelante a su familia, mientras la otra media se aprovecha de los primeros. Soy partidaria de ayudar a quien quiere trabajar y no puede, de que el Estado actúe cuando hay situaciones coyunturales de extrema necesidad, pero una cosa es éso y otra consagrar la ley del mínimo nulo esfuerzo para siempre.
Siguiendo la doctrina populista de Iglesias, en España se ha creado una cultura de la subvención que fomenta el desenganche de la actividad laboral y el que buena parte de la ciudadanía ansíe una excusa para convertirse en víctima o damnificado de cualquier cosa. Precisamente el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, alertaba del riesgo que supone para un país basar la economía en el subsidio de los ciudadanos, en lugar de en el emprendimiento y el desarrollo empresarial.
En un país como España, donde hay un alto nivel de economía sumergida, es una locura que solo busca disfrazar las dramáticas cifras de paro, desincentiva la búsqueda de empleo reglado e incentiva la economía sumergida. Todo español de a pie sabe de gente que vive de dos, tres, cuatro o más subvenciones y, además, cobra sus chapucillas por cuenta propia y sin factura. Sin olvidar que España acoge a miles de inmigrantes que vienen aquí atraídos por el mullido colchón del Estado de Bienestar (desde luego, no vienen aquí a pasar miserias ni necesidades).
Hay quien cree que la renta mínima, al fomentar el consumo, ayudará a crear riqueza. Se equivoca. Lo primero que hace la renta mínima es destruir riqueza, pues desalienta el trabajo y la inversión. Para quienes la perciban, en lugar de facilitarles su progreso, los incentivará a mantenerse en la marginalidad, por lo que será para ellos una «trampa de pobreza».
Lo que no se entiende desde lo económico ni desde lo social, se comprende fácilmente desde lo político: con la renta mínima, los socialistas aspiran a retener cientos de miles de votos; y los comunistas a dar un paso más en la destrucción del nuestro sistema de libertades, rumbo al paraíso bolivariano. Porque, eso sí, con «la paguita» tendremos a los agradecidos votantes en nómina, cobrando del Estado. Mientras, no hay quien quiera ir a recoger la fresa o los arándanos. ¿Para qué trabajar mientras se cobre «la paguita»?
Si controlas la comida del pueblo, controlas al pueblo. Y el pueblo estará agradecido de lo poco que le demos (Stalin)
Sin duda, a primera vista, es una propuesta muy sugerente para algunos. Eso de tener derecho a cobrar un dinero a fin de mes sin pegar un palo al agua siempre tiene su tropel de seguidores. Tiene que ser muy agradable ser rentista a cargo del Estado sólo a cambio de votar al que implemente esa renta básica. En Europa ningún país se ha atrevido a poner en marcha el sueldo de nescafé público de por vida, dado que el agujero presupuestario que generaría sería brutal, peligroso, e incentivaría a miles de ciudadanos a trabajar más bien poquito (por no decir nada).
¿Hay que subvencionar a la población? Sí, sin duda. Para empezar, porque no va a quedar más remedio: vivimos una situación excepcional provocada por una pandemia mundial y hay que tomar medidas acordes con las necesidades que de ella se dimanan. Recordemos, además, que fue el Estado quien ordenó el cierre de toda actividad no esencial; por lo tanto, de alguna manera tendrá que indemnizar a los millones de víctimas de su decisión. En estos momentos, en España, más de un millón de familias viven con todos sus miembros en paro, y más de medio millón no percibe ningún tipo de ingresos. Pero este gasto necesario no debe ser eterno ni debe acostumbrar al ciudadano a depender de Papá Estado.
Porque lo que distingue a la renta básica universal de otro tipo de subsidios y ayudas ya existentes es que, mientras que dichos subsidios y ayudas persiguen combatir la pobreza, la renta mínima se propone un objetivo más ambicioso: un derecho que le debería de corresponder a todo el mundo por el mero hecho de existir.
El Ingreso Mínimo Vital es una subvención a la obediencia que ni pueden ni van a pagar, un subterfugio creado para sacar personas de la fuerza laboral y que parezca que la sangría del empleo es menor. Lo único que busca con ello el gobierno son votantes rehenes que se crean que les van a dar dinero gratis y, cuando se descubra la imposibilidad de pagarlo, le echarán la culpa a Bruselas, a la derecha o a Franco.
El propio ministro reconoce que va a pagarse “acudiendo a los mercados” es decir, endeudándose, y añade que el agujero fiscal nos meterá en un rescate de enormes recortes. Porque el inevitable hundimiento de la economía no le está pasando a todo el mundo ni es una crisis simétrica. España cae más que la media europea, con mayor paro y aumento de deuda.
Me gustaría más escuchar a la izquierda de este país proponiendo medidas para crear nuevos puestos de trabajo, de calidad y que permitan a los españoles impulsar su proyecto de vida sin necesitar la caridad de los poderes públicos. Sería más digno, más eficiente y más incentivador.
También me gustaría escuchar recetas para que los ninis (esos jóvenes que ni estudian, ni trabajan) de este país hagan algo de provecho en su vida. Invitar indirectamente a este colectivo a seguir en casa jugando a la consola mientras cobran su paguita pública habla muy mal de aquellos que proponen esta carísima solución que, no olvidemos, pagaremos entre todos.
Porque esta paguita, lejos de ser una medida social, es algo de por sí insostenible para las finanzas públicas. Este gobierno sabe que nos lleva a un rescate y a enormes recortes, pero anuncia gastos sin control ni memoria presupuestaria, gastos que además no paga, para intentar generar titulares que digan que son muy “sociales”. Pero no hay nada más anti-social que llevar a un país a la ruina y presentarse como generoso con un dinero que ni tienen ni van a pagar.
Ya lo decía Fidel Castro: "No dejes que el pueblo se alimente por sus propios medios, que pasen hambre y tú les das una ración por día. Quiébrales sus empresas, aprovecha la ignorancia de algunos que pueden servir para repetir que los alimentos no les llegan por culpa de la oligarquía, la oposición, los comerciantes..."
Ya lo decía Fidel Castro: "No dejes que el pueblo se alimente por sus propios medios, que pasen hambre y tú les das una ración por día. Quiébrales sus empresas, aprovecha la ignorancia de algunos que pueden servir para repetir que los alimentos no les llegan por culpa de la oligarquía, la oposición, los comerciantes..."
Lo único positivo que, a mi juicio, puede tener la implantación de la renta mínima vital es que permitirá a los trabajadores que trabajan por cuenta ajena partir de una mejor posición para negociar su contrato. El hecho de saber que se tiene un mínimo económico suficiente como para poder vivir, y que puede ser complementado (que no sustituido) con un salario, le confiere al trabajador una seguridad económica y una fuerza psicológica mayor para poder decir “no” a los empleos precarios. Porque... ¿quién va a trabajar por 500€ al mes si puede ganarlos igualmente mientras ve la TV tirado en sofá de su casa?
¿En qué consiste la paguita social?
El Gobierno ha aprobado (el 29 de mayo) en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende (según ellos) reducir en un 80% la pobreza extrema en España. La medida ya formaba parte del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos, aunque muchos la quieren ver (y sus promotores se dejan) como parte central de las medidas para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.
Según el Ejecutivo, se trata de una medida orientada a "reducir la tasa de pobreza de España y corregir los problemas estructurales de acceso a oportunidades que crea la alta desigualdad". La estimación es que la prestación podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas. El 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los cuales, casi el 90% están encabezados por una mujer. Es, por tanto, una renta 'feminista'.
El Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, recoge los 44 folios con la 'letra pequeña' del ingreso mínimo vital. Y pinchando en la siguiente imagen se puede ver la Guía resumida:
El Ingreso Mínimo Vital irá de los 462 a los 1.015 euros, la cuantía dependerá de si se tiene a personas mayores o hijos a cargo y de los ingresos declarados en 2019. Los requisitos parecen mucho menos restrictivos en el caso de patrimonio, ya que para un hogar de un adulto que vive sólo le consideran posible receptor de la renta mínima si tiene una cuenta bancaria con 16.000€, y para los hogares con más miembros acepta un nivel de patrimonio superior a los 43.000€. Salvos casos excepcionales, la Seguridad Social no tendrá en cuenta el valor de la vivienda habitual ni las deudas del beneficiario.
Otro requisito para el beneficiario será demostrar que lleva un año residiendo legalmente en España (con ello, el Gobierno trata de evitar un efecto llamada fuera de España, si bien no lo ha conseguido porque en internet ya pululan vídeos como éste que explican en árabe las características de esta medida social y anima a venir a España a vivir de la subvención).
Además, será preciso estar apuntado al desempleo. La renta mínima se podrá solicitar a partir del día 15 de junio a través de la página web de la Seguridad Social o bien por vía telefónica.
Además, será preciso estar apuntado al desempleo. La renta mínima se podrá solicitar a partir del día 15 de junio a través de la página web de la Seguridad Social o bien por vía telefónica.
El IMV es compatible con otras ayudas y prestaciones públicas (desempleo o pensión, por ejemplo) e incluso con un salario modesto, siempre y cuando su cuantía esté por debajo del límite garantizado. Sin embargo, no se tienen en cuenta a la hora de conceder la renta mínima algunas ayudas concretas, como por ejemplo una beca comedor o una beca universitaria, dado que se entiende que no son fuentes de ingresos recurrentes. Por ejemplo, un adulto que vive sólo y tiene derecho a una renta mínima de 461,50 euros, si cobra 200€ de prestación por desempleo recibirá un IMV de 261,50€; mientras que si tiene concedida una beca sí podrá recibir una renta mínima íntegra de 461,50€.
Para poder solicitarlo, es necesario que los solicitantes hayan estado cotizando a la Seguridad Social al menos durante un año, para evitar así que haya jóvenes que decidan emanciparse aprovechando esta ayuda. El problema está en que puede haber jóvenes que hayan cotizado menos de 12 meses y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En ese caso, quedarían fuera de pedir la prestación.
La edad para poder pedir la renta mínima va de los 23 a los 65 años, excepto si el solicitante tiene menores a su cargo: podrán pedirla los de 18 a 23 que tengan hijos a cargo o los mayores de 65 que tengan que ocuparse de menores (sus nietos, por ejemplo) y no lleguen al nivel mínimo de ingresos.
A través de este simulador puesto en marcha por la Seguridad Social, y respondiendo algunas preguntas podrás comprobar si cumples los requisitos para recibir la prestación así como el importe aproximado que te correspondería. También se ha habilitado el teléfono 900 20 22 22 (en horario de 9 a 14.30h) para las consultas de los ciudadanos.
Las sanciones para las personas que defrauden con el ingreso mínimo vital irán desde el apercibimiento del infractor, en el caso de las infracciones leves, como no proporcionar la documentación necesaria, hasta la pérdida de la prestación por un periodo de seis meses y el reintegro de la misma, en caso de infracciones muy graves, que son: percepción indebida, en cuantía mensual, inferior al 50% de la que te correspondería, o si no se comunica cualquier cambio que pudiera modificar tu prestación, o no comunicar viajes al extranjero de más de 15 días al año.
El Gobierno teme que un aluvión de peticiones del IMV desborde aún más a la plantilla de la Seguridad Social, ya saturada al tener que tramitar conjuntamente con el Servicio de Empleo Público Estatal el volumen sin precedentes de ERTE (que, precisamente, debido a este desbordamiento siguen sin cobrarse, tras más de dos meses de estado de alarma) y de concesión de prestaciones por desempleo. Pese a ello, no contemplan ampliar personal, sino que la Seguridad Social contará con un plazo de tres meses para poder tramitar el IMV (el silencio administrativo, en este caso, será negativo), aunque se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de junio.
Las sanciones para las personas que defrauden con el ingreso mínimo vital irán desde el apercibimiento del infractor, en el caso de las infracciones leves, como no proporcionar la documentación necesaria, hasta la pérdida de la prestación por un periodo de seis meses y el reintegro de la misma, en caso de infracciones muy graves, que son: percepción indebida, en cuantía mensual, inferior al 50% de la que te correspondería, o si no se comunica cualquier cambio que pudiera modificar tu prestación, o no comunicar viajes al extranjero de más de 15 días al año.
El Gobierno teme que un aluvión de peticiones del IMV desborde aún más a la plantilla de la Seguridad Social, ya saturada al tener que tramitar conjuntamente con el Servicio de Empleo Público Estatal el volumen sin precedentes de ERTE (que, precisamente, debido a este desbordamiento siguen sin cobrarse, tras más de dos meses de estado de alarma) y de concesión de prestaciones por desempleo. Pese a ello, no contemplan ampliar personal, sino que la Seguridad Social contará con un plazo de tres meses para poder tramitar el IMV (el silencio administrativo, en este caso, será negativo), aunque se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de junio.
Para evitar estas dificultades administrativas, el PNV ya se ha adelantado y ha pactado con el Gobierno la cesión de la gestión de la renta mínima para el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra a partir de 2021. Galicia y la Comunidad Valenciana se han sumado a esta petición. El Ejecutivo no cierra la puerta a que otras comunidades puedan pedir también que se transfiera la gestión.
La nueva renta mínima garantizará los primeros 461€ de los ciudadanos de todo el país, y deja a las Comunidades Autónomas la decisión de si eliminan sus rentas mínimas (para que sean sustituidas por la estatal), destinan ese gasto a otras partidas, o bien complementan la renta mínima estatal para que los desfavorecidos reciban más dinero. Esta decisión recaerá en cada una de las Comunidades y el Gobierno se desentiende de lo que puedan hacer.
Uno de los riesgos de esta prestación es que fomente la economía sumergida, ya que el receptor de la renta mínima puedo tener fuentes de ingresos paralelas mientras sea al margen de la Administración. En este particular, el gobierno confía en la buena fe del solicitante, ya que no tiene pensado habilitar ningún sistema especial para evitar la picaresca.
Otro de los principales problemas que plantea el diseño de este tipo de prestación es que sus receptores caigan en la tentación de dejar de buscar trabajo y conformarse con la paguita que les da el Estado. Para evitarlo, quieren asociar la renta mínima a un "itinerario de inserción", si bien no tienen capacidad legislativa de diseñar políticas activas de empleo (es algo que recae en las comunidades). Y además, admiten que si el receptor de la renta mínima no sigue esos itinerarios, no perdería la prestación; confían, dicen, en la coerción blanda.
Por último, aunque la renta mínima busca igualar las condiciones de los más desfavorecidos en todo el territorio nacional. Lo cierto es que estipular una misma cuantía para todas las comunidades puede generar desigualdades, ya que el nivel de vida varía de unas zonas a otras.
La farsa del nuevo 'escudo social'
Pero es que además, esta medida de «escudo social» (como la ha bautizado el Gobierno) es una nueva trampa del ejecutivo.
Lo cierto es que la renta o ingreso mínimo vital (IMV) que han anunciado a bombo y platillo se va a solapar -y completar- con medidas autonómicas y pagos incluso municipales ya regulados con el fin de ayudar a los menos favorecidos, y con cargas familiares, a poder mantener un mínimo nivel de ingresos hasta encontrar un puesto de trabajo. Por eso Pablo Iglesias se ha adelantado a anunciar un importe mínimo que no es lo que ellos van a pagar, sino la suma de sus cuantías y los distintos complementos que ya existen en toda España.
Porque Iglesias se está anotando como méritos pagos ajenos ya existentes. El cálculo que desvela la farsa es sencillo. La dotación presupuestaria anual ya ha sido anunciada: 3.000 millones de euros al año. El número de familias perceptoras también se ha confirmado: 850.000 unidades familiares. Una simple división desvela que el importe asignado por hogar será de una media de 294€ en caso de pagarlo en 12 pagas, o de 252€ en caso de dividirlo en 16 pagas.
Y, puesto que no se ha anunciado más partida presupuestaria que ésa, no puede haber más dinero. El resto del importe hasta esos casi 1.100€ que anuncia el Gobierno socialcomunista realmente es dinero procedente de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y que ya está regulado y pagándose. En resumen: una nueva farsa. Porque tendrán difícil justificar Sánchez e Iglesias que con poco más de 250€ por mes y hogar cambian la forma de vida de la gente con problemas.
Pero, de nuevo, ha olvidado otro detalle: y es que si esos 294 ó 252€ se tiene que dividir en un hogar, por ejemplo, de tres miembros, significa que cada unas de las personas ayudadas no llegará a percibir mensualmente ni 100€. Y es complicado esgrimir que con 100€ per cápita se hace pasar a una persona de la pobreza al bienestar económico.
El Ingreso Mínimo Vital genera una gran incertidumbre por su posible uso populista. Ha nacido pisando literalmente las ya existentes y más generosas rentas autonómicas y locales. Su ayuda supondrá un coste de 3.000 millones de euros y las ya reguladas suman en total 7.200. Pero ese solapamiento ha llegado a su máxima expresión en la regulación del ingreso mínimo vital. Éste es el último timo de Iglesias: quita a las familias la prestación por hijo menor a cargo si quieren cobrar la renta mínima. La Disposición transitoria séptima dice que el cobro de ambas prestaciones es incompatible, de modo que los beneficiarios que tengan derecho a ambas deberán elegir entre una u otra.
Actualización 10 de junio: El Ingreso Mínimo Vital es aprobado en el Congreso de los Diputados con 297 votos a favor. Solo hubo 52 abstenciones, de VOX.
La ‘paguita’, por ahora, intenta ser un costoso salvavidas para un Gobierno atiborrado de denuncias, querellas y demandas por una nefasta gestión sanitaria.
Actualización 30 de junio: El Banco de España avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.
Actualización 23 septiembre: El colapso generado por las cerca de 900.000 solicitudes registradas (de las que solo se han tramitado un tercio, aunque solo 90.000 hogares han conseguido beneficiarse de la paguita) ha obligado al Gobierno a modicar algunas de las condiciones y requisitos del ingreso mínimo vital, para agilizar la tramitación y el cobro de las prestaciones.
* Las solicitudes del IMV empiezan a caducar por silencio administrativo, por lo que el Ejecutivo se ha visto forzado a alargar los plazos de respuesta hasta los 6 meses (antes eran 3 meses).
* Se puede presentar la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2020 (antes era hasta el 15 de septiembre). Recordemos que el cobro será retroactivo desde el 1 de junio.
* Se elimina el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y se amplía dicha inscripción obligatoria hasta los 6 meses siguientes al reconocimiento de esta prestación (o sea, apuntarse al paro será una obligación a posteriori). Estarán exentos de esta obligación los estudiantes de estudios reglados menores de 28 años, los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como personas mayores de 65 años, discapacitadas en un grado igual o superior al 65%, en situación de dependencia reconocida o perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez; de invalidez no contributiva o jubilación no contributiva.
* Ante la dificultad en la entrega de documentación de los ciudadanos, se automatiza el cruce de datos de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para eliminar dicho trámite.
Actualización 29 septiembre: El atasco en la tramitación del IMV trae de cabeza al Gobierno que, por segundo Consejo de Ministros consecutivo, ha vuelto a introducir cambios en el decreto ley que regula esta nueva prestación para abrir “nuevas vías de justificación y documentación de hogares que confluyen en una misma vivienda”.
* Se ha ampliado el concepto de unidad de convivencia, incorporando en el mismo a aquellas personas que, “sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas que sí tienen vínculos”. En esos casos se considerará la existencia de dos unidades de convivencia, o lo que es lo mismo, dos familias que convivan en la misma vivienda.
* Para que personas sin domicilio fijo no se queden fuera de la prestación, si a través de un contrato se acredita el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.
* Se ha limitado a los menores de 30 años el requisito de 3 años de vida independiente y 1 año de cotización a la Seguridad Social, de forma que a partir de ahora solo será necesario que acrediten un año de vida independiente para solicitar el IMV los mayores de 30 años.
El Ingreso Mínimo Vital genera una gran incertidumbre por su posible uso populista. Ha nacido pisando literalmente las ya existentes y más generosas rentas autonómicas y locales. Su ayuda supondrá un coste de 3.000 millones de euros y las ya reguladas suman en total 7.200. Pero ese solapamiento ha llegado a su máxima expresión en la regulación del ingreso mínimo vital. Éste es el último timo de Iglesias: quita a las familias la prestación por hijo menor a cargo si quieren cobrar la renta mínima. La Disposición transitoria séptima dice que el cobro de ambas prestaciones es incompatible, de modo que los beneficiarios que tengan derecho a ambas deberán elegir entre una u otra.
Actualización 10 de junio: El Ingreso Mínimo Vital es aprobado en el Congreso de los Diputados con 297 votos a favor. Solo hubo 52 abstenciones, de VOX.
La ‘paguita’, por ahora, intenta ser un costoso salvavidas para un Gobierno atiborrado de denuncias, querellas y demandas por una nefasta gestión sanitaria.
Actualización 30 de junio: El Banco de España avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.
Actualización 23 septiembre: El colapso generado por las cerca de 900.000 solicitudes registradas (de las que solo se han tramitado un tercio, aunque solo 90.000 hogares han conseguido beneficiarse de la paguita) ha obligado al Gobierno a modicar algunas de las condiciones y requisitos del ingreso mínimo vital, para agilizar la tramitación y el cobro de las prestaciones.
* Las solicitudes del IMV empiezan a caducar por silencio administrativo, por lo que el Ejecutivo se ha visto forzado a alargar los plazos de respuesta hasta los 6 meses (antes eran 3 meses).
* Se puede presentar la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2020 (antes era hasta el 15 de septiembre). Recordemos que el cobro será retroactivo desde el 1 de junio.
* Se elimina el requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y se amplía dicha inscripción obligatoria hasta los 6 meses siguientes al reconocimiento de esta prestación (o sea, apuntarse al paro será una obligación a posteriori). Estarán exentos de esta obligación los estudiantes de estudios reglados menores de 28 años, los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como personas mayores de 65 años, discapacitadas en un grado igual o superior al 65%, en situación de dependencia reconocida o perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez; de invalidez no contributiva o jubilación no contributiva.
* Ante la dificultad en la entrega de documentación de los ciudadanos, se automatiza el cruce de datos de la Administración con los beneficiarios que están en poder del padrón para eliminar dicho trámite.
Actualización 29 septiembre: El atasco en la tramitación del IMV trae de cabeza al Gobierno que, por segundo Consejo de Ministros consecutivo, ha vuelto a introducir cambios en el decreto ley que regula esta nueva prestación para abrir “nuevas vías de justificación y documentación de hogares que confluyen en una misma vivienda”.
* Se ha ampliado el concepto de unidad de convivencia, incorporando en el mismo a aquellas personas que, “sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas que sí tienen vínculos”. En esos casos se considerará la existencia de dos unidades de convivencia, o lo que es lo mismo, dos familias que convivan en la misma vivienda.
* Para que personas sin domicilio fijo no se queden fuera de la prestación, si a través de un contrato se acredita el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.
* Se ha limitado a los menores de 30 años el requisito de 3 años de vida independiente y 1 año de cotización a la Seguridad Social, de forma que a partir de ahora solo será necesario que acrediten un año de vida independiente para solicitar el IMV los mayores de 30 años.