Pedro Sánchez presentó el 7 de octubre desde La Moncloa el llamado «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española», la esperada hoja de ruta económica para los próximos 3 años en la que se plasmarán los 140.000 millones de euros que recibiremos de Europa. El plan del Ejecutivo es implementar una política expansiva, al calor de los fondos europeos, y sin prestar atención al equilibrio de las cuentas públicas.
[Ésta es la transcripción del discurso de Pedro Sánchez que dio por videoconferencia ante 200 invitados, entre los que se encontraban -además de la plana del gobierno- embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea, agentes sociales, presidentes y altos ejecutivos de empresas españolas, directivos de medios de comunicación y representantes de distintos sectores de la sociedad civil].
Los fondos se distribuirían así:
* Agenda urbana y rural, despoblación y agricultura (16%);
* Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12%); esto es la preservación de las costas, los recursos hídricos, la biodiversidad y el transporte, entre otros.
* Transición energética justa e inclusiva (9%);
* Administración para el siglo XXI (5%); centrado, sobre todo en la modernización de las administraciones en cuestiones como las relacionadas con ciberseguridad y la modernizacion del sitema de Justicia.
* Modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, la digitalización de las empresas, el turismo y el proyecto de 'España, nación emprendedora' (17%);
* Pacto por la Ciencia y la Innovación, y el Refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, con especial atención a la I+D+i (17%);
* Educación y formación profesional para jóvenes y trabajadores (18%); aquí se ubican cuestiones como el plan nacional de capacidades digitales previsto por el Gobierno para el conjunto de la población o el impulso de 65.000 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años.
* Economía de los cuidados y las políticas de empleo (6%); donde se incluye el objetivo de prestar asistencia domiciliaria a 870.000 dependientes en los tres próximos años y la modernización de las políticas activas de empleo.
* Cultura y deporte, incluido el impulso al sector de los videojuegos (1,1%);
* Y un último punto que será "la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible". Será en este apartado donde el Ejecutivo incluya las subidas fiscales que necesita acometer para aumentar la recaudación, y que en buena medida pasará por el espectro medioambiental y tecnológico.
Lo que nos ha 'vendido' Sánchez es que este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española va a sentar las bases para la "segunda modernización" de la economía española, con el fin de paliar (y recuperar) los efectos de la crisis por el coronavirus. Pero ¿a qué viene incluir el término "resilencia"? Según la RAE, resilencia es la «capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido«. ¿Pretende pues volver a la economía pre-pandémica, cuando ya se vivía la desaceleración económica, el PIB había bajado un 5,2%, el déficit estructural estaba disparado, la deuda pública suponía el 100% del PIB, y la Seguridad Social estaba en quiebra técnica? No parece un objetivo muy deseable...
El Plan de Recuperación de la Economía Española fue presentado por el propio Presidente de Gobierno el 7 de octubre por la mañana. Por la tarde, los tres vicepresidentes compareceron para apuntalarlo. Y como siempre, la puntilla la dio Pablo Iglesias, quien considera que este plan es «una oportunidad sin precedentes para corregir las deficiencias en la estructura económica de nuestro país». Para él, uno de estos problemas tiene que ver con la estructura del Estado, de su administración. Para este proceso de reforma ha convocado «a quienes tradicionalmente han sentido que el Estado era demasiado madrileño», reclamando «reconstruir una estructura y que se parezca más a la diversidad de nuestro país».
Por otro lado, los miembros del consejo asesor de Asuntos Económicos que creó Nadia Calviño en el mes de julio han mostrado cierta extrañeza y decepción porque no se haya contado con ellos para trazar la hoja de ruta del uso de los fondos europeos y la reconstrucción de España en la era post-Covid, cuando ésa era precisamente su función. Es más, en sus 80 días de existencia, Calviño no ha vuelto a convocar a este comité de expertos para ningún asunto más que el de su creación; solo ha habido una primera reunión de toma de contacto. Ahora se les ha convocado a una segunda reunión a mediados de octubre, que versará el plan de recuperación, pero el plan ya está definido y marcado. Se preguntan cuál es entonces su papel.
La presentación del grandilocuente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española refleja los mismos errores del gobierno de Zapatero en 2008: disparar el gasto público para superar la crisis económica. No funcionó entonces y nada apunta a que lo haga ahora.
En la crisis anterior se gastaron 185.000 millones con los mismos procedimientos y se hundió la economía. Un tercio del Plan se va a dedicar a un nuevo y enorme Plan E, bajo la excusa de las “infraestructuras”, y el resto se reparte entre los ministerios para crear una estructura burocrática y pesada en la instrumentalización de los fondos.
ZP también aumentó en casi 40.000 millones de euros el techo de gasto entre 2007 y 2010 (un 28%). Sánchez acaba de anunciar un incremento del +53,7% en tan sólo un ejercicio (2021), récord histórico.
Algo similar sucede con el déficit. España pasó de registrar un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un agujero del 4,6% en 2008 y del 11,3% en 2009, lo que supone más de 6 puntos del PIB al año. Ahora, el agujero fiscal pasará del 2,9% en 2019 al 11,3% en 2020, un descuadre de 8,4 puntos en tan sólo un año.
Por último, Zapatero inició la crisis con una deuda pública del 36% del PIB en 2007 y la dejó rozando el 70% cuando se fue en 2011 (un aumento de 34 puntos en 4 años, a 8,5 puntos por año). Sánchez inició la crisis del coronavirus con una deuda del 95,5% a cierre de 2019, pero rondará el 118% en 2020 y, según el Banco de España, podría rozar el 129% en 2021. Son los mismos 34 puntos adicionales, pero en la mitad de tiempo (dos años en vez de cuatro).
Así pues, la senda presupuestaria que acaba de dibujar el Gobierno arroja el mayor descuadre fiscal de la historia de España.
Sánchez ignora todas las condiciones y recomendaciones de la Unión Europea al presentar un nuevo 'Plan E' descomunal y un aumento de gasto clientelar a disposición de sus ministros. Ningún país de la UE divide el reparto de los fondos europeos por ministerios. Este esquema es ineficiente y burocrático, además de usar los ministerios como 'comisarios políticos', que son barrera y filtro para acceder a esos fondos.
Porque... ¿dónde están en este Plan las reformas que el Consejo a Europeo pidió a España el pasado mes de julio para transformar el tejido productivo del país? La reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de las administraciones públicas, la mejora de la unidad de mercado o las diferencias de los resultados educativos entre las CCAA, por citar algunas. Y ahí viene la gran pregunta: ¿la falta de reformas en la propuesta española podría activar el denominado 'freno de emergencia' por parte de alguno de nuestros socios europeos?
España advierte de que no hará ajustes hasta que recupere el nivel de PIB precrisis, en torno a 2023. El Gobierno ha presentado un plan de inversiones, no de reformas. El truco empleado es defender que, simplemente con nuevas inversiones, vendrá la “transformación de España”. La pregunta es: ¿para qué necesitamos tantas inversiones? La inversión es necesaria en una situación como la que tenemos, pero no puede ser sustituida por cualquier gasto: no podemos montar un plan E con ordenadores cuando lo que necesitamos es un plan para aumentar nuestra capacidad productiva. No podemos comprometernos ahora, en plena crisis, con gastos estructurales que seguirán ahí cuando el dinero europeo ya se haya acabado, y sin que hayamos hecho las reformas que nos permitan pagarlos en el futuro.
Necesitamos muchas más reformas que inversiones; reformas que flexibilicen el mercado laboral, que faciliten la actividad de las empresas y que permitan, en definitiva, crear riqueza. Y para llevarlas a cabo, no se precisan vastas cantidades de dinero público, sino más bien el bisturí fino: la flexibilidad del mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones, alinear los incentivos, establecer verdaderas carreras profesionales dentro del sector público, despolitizar todos los niveles de la Administración por debajo de los secretarios de Estado, y establecer mecanismos de cooperación federal en la ejecución de las competencias descentralizadas. En conclusión, más que dinero, lo que hace falta en este país es voluntad de reformas.
Las ayudas europeas no son para cubrir gasto estructural ni agujeros presupuestarios, son para proyectos del sector privado. Los expertos creen que es conveniente separar los fondos europeos del resto de la inversión pública, porque temen que con la «excusa» de la recepción de los fondos europeos el Ejecutivo dispare el gasto. Es evidente, ya que el propio Plan ni siquiera recoge cifras de recaudación, solo la inversión.
Recordemos que un total de 140.000 millones de euros nos lloverán de Bruselas entre 2021 y 2026: 72.700 en ayudas directas y el resto en préstamos. Los 72.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo se disponen en base a dos instrumentos: por un lado, la 'Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia', que asciende a 59.168 millones en transferencias a España, y por otro lado el 'REACT-EU' que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.436 millones.
De los 12.436 millones del programa 'React-EU', 10.000 millones se destinarán a las comunidades autónomas, y los restantes 2.436 millones se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre las regiones para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.
De esta forma, el Gobierno incorpora a los nuevos Presupuestos del Estado 2021 un total de 27.436 millones de euros de los fondos europeos, aumentando el 'techo de gasto' de 2021: 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación más otros 2.436 millones del programa 'React-Eu' que obtendrá el Ministerio de Sanidad.
El Gobierno se ha propuesto acelerar al máximo la gestión del Fondo Europeo de Recuperación y prevé ejecutar en solo 3 años (del 2021 al 2023) los 72.700 millones de transferencias asignados a España para inversiones, en lugar de consumir los 6 años. ¿Por qué? Porque 3 son los años que le quedan de legislatura. Antes de irse de Moncloa, Sánchez quiere pulirse todo el dinero europeo, y dejar la deuda a quien venga detrás.
Porque Sánchez pretende usar el 81,1% de las transferencias directas de la UE y sólo el 18,4% de los préstamos de Bruselas. Así, el siguiente Ejecutivo cargará con una enorme deuda, ya que sólo dispondrá de un 18,9% del dinero a fondo perdido (13.700 millones) y una bolsa enorme de dinero a crédito (54.900 millones, el 81,6% del total previsto), al que habrá que sumar, por supuesto, los intereses correspondientes. Desde luego, Sánchez se ha hecho un traje a medida. Más que un Plan, es un programa de investidura atiborrado del atributo divino de la omnisciencia, ya que lo abarca todo y todo lo puede.
Los fondos europeos son, sin duda, la tabla de salvación a la que el presidente del Gobierno se está agarrando para intentar salvar unos presupuestos nacionales para 2021 (y así apuntalar su legislatura) marcados por la ruina económica que ha traído la pandemia y la respuesta que el Ejecutivo español ha dado a la misma.
Sánchez ha adelantado que parte de ese dinero europeo ya constará en los presupuestos generales de 2021. "Hay que poner en marcha estas medidas cuanto antes y esto es necesario a través de unos PGE". ¿Problema? Que las negociaciones presupuestarias a nivel europeo para la puesta en marcha del Fondo de Recuperación están varadas y ello provocará que el dinero no llegará hasta (probablemente) finales de 2021. El Consejo y el Parlamento europeos están chocando por el mecanismo de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas del Estado de derecho. ¿Qué hará Sánchez entonces, pedir ayuda al MEDE (préstamos)?
Además, ha asegurado que el dinero de Bruselas aportará 2,5 puntos de PIB en los tres próximos ejercicios y ha augurado que se crearán 800.000 puestos de trabajo.
El dinero europeo del fondo de Recuperación y la Resiliencia se destinará: el 37% a proyectos 'verdes', el 31% a la agenda digital, y el resto servirá a objetivos de reducción de las brechas de desigualdad de género y territorial y a lograr una mayor cohesión social, por la vía de mejoras en las políticas de educación y de cuidados personales para mayores y dependientes.
¡Toma ya! Ahí tenemos el GRAN titular: vamos a crear 800.000 empleos en estos próximos tres años, es decir, casi el mismo número de afiliados que perdió la Seguridad Social a finales de marzo (o sea, que ni siquiera compensan lo que se ha destruido y seguirá destruyéndose en los próximos meses). Es más, 800.000/3 años son 260.000 empleos al año, la mitad de empleo que se creaba cuando llegó a Moncloa en 2018. También incluye mucha ideología en sus objetivos: economía verde, digitalización, brecha de género, desigualdad… pero falta concreción. ¿Cómo hará realidad esa utopia? Se trata de una mera expresión de voluntades, según los economistas.
Cuando dice que los fondos aportarán “más de 2,5 puntos anuales de PIB”, el Gobierno estima que estos 72.000 millones de la ayuda europea se traducirán en unos 90.000 millones adicionales de PIB (en precios de 2020). Esto significa que aplica un multiplicador de casi 1,3 (o sea, que cada euro de ayuda generará 1,3€ de PIB), una cifra que es irreal, si se tiene en cuenta que los últimos estudios empíricos sitúan el multiplicador entre el 0,8 y el 1, más aún si los fondos no se utilizan de forma eficiente. Para lograr el objetivo marcado por el Gobierno, será imprescindible que el ‘efecto arrastre’ del sector público sea capaz de tirar de la inversión privada.
Según Moncloa, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos, se van a reformar y desarrollar estructuras de seguimiento y coordinación. Por un lado se va a constituir una Comisión Interministerial presidida (¡cómo no!) por Su Persona y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno. ¡Venga comités y más comités, y sueldos a dedo!
No es que tranquilice mucho que el seguimiento del uso de los fondos lo vaya hacer una comisión en La Moncloa dirigida por el propio Sánchez. Es cierto que al Gobierno más abultado de la democracia no le faltarán recursos que pueda destinar a este menester, pero sería más aconsejable que el control lo hicieran auditoras independientes, como se está haciendo en otros países. Gracias a este modelo de gobernanza, Sánchez se asegura un mayor control sobre los fondos y también varias reuniones de alto nivel al año con las que alimentar los telediarios, probablemente a costa de que la absorción de los fondos no cambie sustancialmente.
Necesitamos que los fondos europeos se distribuyan en beneficio de los españoles y no de Pedro Sánchez. Por eso, una vez definidas las prioridades políticas, la selección de proyectos debería recaer en técnicos que evaluasen los proyectos. Sin embargo, Moncloa centralizará la ejecución del plan con Iván Redondo como encargado del reparto. ¿Cuál será el principal criterio de una persona que fue contratada con el objetivo de hacer presidente a Sánchez?
En todo caso, siempre nos quedará el control de la Unión Europea, que por mucho que Sánchez se empeñe, exigirá que el destino de esos fondos sea el correcto y que lleguen los ajustes y reformas que garanticen su devolución. Por lo pronto, Bruselas está expectante y ya ha pedido a Sánchez que despeje dudas en tres capítulos:
1) Si España es capaz de gastar todo ese dinero, y de gastarlo bien.
2) Qué pasa con las pensiones, y en menor medida la unidad de mercado y lo laboral.
3) Hay dudas sobre si el Estado autonómico va a provocar distorsiones, con el procés y el guirigay de la gestión de la pandemia en la retina.
Además, ha dicho que se va a instrumentalizar una colaboración específica con las Comunidades Autónomas, y se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos. También se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento.
Por otro lado, para garantizar agilidad y “reducir burocracia” en la absorción de los fondos se pondrá en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración general de Estado en tres frentes:
1º.- Diseñando una gobernanza para los fondos que sea eficaz, fortaleciendo las estructuras administrativas responsables de este reto;
2º.- El Gobierno acometerá las reformas legales administrativas necesarias para que la gestión de los fondos sea impecable y se ejecuten de manera transparente y ágil;
3º.- Se eliminarán las trabas administrativas y se resolverán los cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y ejecución de proyectos, para que las trabas burocráticas no frenen la recuperación de la economía.
Pero la simplificación administrativa es solo uno de los elementos a mejorar para incrementar la absorción de los fondos. Los principales cuellos de botella se encuentran en la falta de planificación y de equipos dedicados a la evaluación y licitación de los proyectos. La ausencia de herramientas de ejecución y control facilitará que Bruselas saque la tarjeta roja.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española está directamente relacionado con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que aún está preparando el Gobierno (fuera de plazo).
1. Es necesaria una estrategia ambiciosa que complemente la utilización de los fondos con reformas estructurales encaminadas a modernizar nuestra economía.
2. Los recursos han de destinarse a los proyectos de inversión necesarios para elevar permanentemente el crecimiento potencial y la competitividad del futuro.
3. Las líneas de inversión deben establecerse con una perspectiva estratégica y una vocación transformadora de nuestra estructura productiva a largo plazo.
4. En la asignación de recursos resulta crítico impulsar proyectos macrotractores que son imprescindibles para catalizar los grandes cambios de futuro.
5. Debemos ser capaces de generar y desarrollar proyectos idóneos y alineados con los requisitos del Plan Europeo de Recuperación y sus Reglamentos.
6. El empleo de los recursos debe hacerse mediante esquemas de colaboración público-privada que permitan incorporar las mejores capacidades de las empresas.
7. El sector financiero debe participar activamente en la gestión de los recursos del plan canalizados vía crédito para garantizar su viabilidad y asegurar su cumplimiento.
8. Los fondos europeos deben complementarse con un marco adecuado de incentivos fiscales que permitan participar a los diferentes tipos de empresas en su ejecución.
9. En la ejecución del plan es necesario apostar por buenas prácticas de gobernanza que aseguren su adecuada implementación institucional.
10. CEOE es clave para que este plan de recuperación esté realmente vinculado a las empresas, por lo que debe tener una participación activa y un protagonismo significativo.
El documento de desarrollo del decálogo está disponible en este enlace.
En ese espíritu, Producciones Redondo había programado un superespectáculo. Sánchez, rodeado por tres pantallas gigantes en una amplia sala de La Moncloa, presentaba su plan para «convertir la pandemia en una oportunidad». Por supuesto no faltaba un nombre pomposo: «Plan de recuperación, transformación y resilencia de la economía». En una de las pantallas, las caras atentas de ese autobús de ministros que conforma el Gobierno más grande de Europa. En otra, lemas redondianos en enormes rótulos tras el rostro del gran timonel: «Un nuevo impulso», «Resistencia»...
Sánchez estaba gozándola pero llegó el tarjetazo y le arruinó el show. Última hora: el juez García Castellón pide al Supremo que investigue a Iglesias por revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, y denuncia falsa y simulación de delito. Todo en relación al robo de la tarjeta del móvil de su ex-asesora, Dina Bousselham, en noviembre de 2015.
A Dina le robaron el móvil en noviembre de 2015. El presidente del Grupo Z recibió anónimamente su tarjeta y se la dio a Iglesias en enero de 2016, porque contenía material muy íntimo de la chica. Pero nuestro alegre vicepresidente nada dijo a su colaboradora. Se la guardó en el bolsillo durante meses y se la devolvió chamuscada, pues contenía chats en los que Querido Líder no salía bien parado. Entre tanto, para buscar votos se inventó un folletín de las «cloacas del Estado», acusando al PP y Villarejo del robo.
Resumen del día. El show de Pedro nublado por la justicia independiente (que él aspira a fulminar). El Gobierno que echó a Rajoy en nombre de la ética cerrando filas con un vicepresidente en el barrizal. Podemos, en sarcasmo Supremo, aferrado a los aforamientos y reclamando presunción de inocencia. La realidad supera la ficción.
Los 10 motores del plan
En un nuevo Aló Presidente de una hora de duración cargado de mensajes de corte grandilocuente, Sánchez presentó el plan, que se orienta sobre cuatro ejes de transformación ("una España verde", "una España digital", "una España sin brechas de género" y "una España cohesionada e inclusiva") y "diez políticas tractoras".[Ésta es la transcripción del discurso de Pedro Sánchez que dio por videoconferencia ante 200 invitados, entre los que se encontraban -además de la plana del gobierno- embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea, agentes sociales, presidentes y altos ejecutivos de empresas españolas, directivos de medios de comunicación y representantes de distintos sectores de la sociedad civil].
Los fondos se distribuirían así:
* Agenda urbana y rural, despoblación y agricultura (16%);
* Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12%); esto es la preservación de las costas, los recursos hídricos, la biodiversidad y el transporte, entre otros.
* Transición energética justa e inclusiva (9%);
* Administración para el siglo XXI (5%); centrado, sobre todo en la modernización de las administraciones en cuestiones como las relacionadas con ciberseguridad y la modernizacion del sitema de Justicia.
* Modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, la digitalización de las empresas, el turismo y el proyecto de 'España, nación emprendedora' (17%);
* Pacto por la Ciencia y la Innovación, y el Refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, con especial atención a la I+D+i (17%);
* Educación y formación profesional para jóvenes y trabajadores (18%); aquí se ubican cuestiones como el plan nacional de capacidades digitales previsto por el Gobierno para el conjunto de la población o el impulso de 65.000 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años.
* Economía de los cuidados y las políticas de empleo (6%); donde se incluye el objetivo de prestar asistencia domiciliaria a 870.000 dependientes en los tres próximos años y la modernización de las políticas activas de empleo.
* Cultura y deporte, incluido el impulso al sector de los videojuegos (1,1%);
* Y un último punto que será "la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible". Será en este apartado donde el Ejecutivo incluya las subidas fiscales que necesita acometer para aumentar la recaudación, y que en buena medida pasará por el espectro medioambiental y tecnológico.
Lo que nos ha 'vendido' Sánchez es que este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española va a sentar las bases para la "segunda modernización" de la economía española, con el fin de paliar (y recuperar) los efectos de la crisis por el coronavirus. Pero ¿a qué viene incluir el término "resilencia"? Según la RAE, resilencia es la «capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido«. ¿Pretende pues volver a la economía pre-pandémica, cuando ya se vivía la desaceleración económica, el PIB había bajado un 5,2%, el déficit estructural estaba disparado, la deuda pública suponía el 100% del PIB, y la Seguridad Social estaba en quiebra técnica? No parece un objetivo muy deseable...
El Plan de Recuperación de la Economía Española fue presentado por el propio Presidente de Gobierno el 7 de octubre por la mañana. Por la tarde, los tres vicepresidentes compareceron para apuntalarlo. Y como siempre, la puntilla la dio Pablo Iglesias, quien considera que este plan es «una oportunidad sin precedentes para corregir las deficiencias en la estructura económica de nuestro país». Para él, uno de estos problemas tiene que ver con la estructura del Estado, de su administración. Para este proceso de reforma ha convocado «a quienes tradicionalmente han sentido que el Estado era demasiado madrileño», reclamando «reconstruir una estructura y que se parezca más a la diversidad de nuestro país».
Por otro lado, los miembros del consejo asesor de Asuntos Económicos que creó Nadia Calviño en el mes de julio han mostrado cierta extrañeza y decepción porque no se haya contado con ellos para trazar la hoja de ruta del uso de los fondos europeos y la reconstrucción de España en la era post-Covid, cuando ésa era precisamente su función. Es más, en sus 80 días de existencia, Calviño no ha vuelto a convocar a este comité de expertos para ningún asunto más que el de su creación; solo ha habido una primera reunión de toma de contacto. Ahora se les ha convocado a una segunda reunión a mediados de octubre, que versará el plan de recuperación, pero el plan ya está definido y marcado. Se preguntan cuál es entonces su papel.
Un plan de inversiones, no de reformas
¿Dónde está la invitación al pacto político necesario para asegurar la continuidad y el apoyo en todos los niveles de gobierno para el plan? ¿Dónde está la oficina independiente que gestione y evalúe los proyectos a los que vamos a asignar el dinero? ¿Dónde las reformas imprescindibles para que la economía crezca?La presentación del grandilocuente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española refleja los mismos errores del gobierno de Zapatero en 2008: disparar el gasto público para superar la crisis económica. No funcionó entonces y nada apunta a que lo haga ahora.
En la crisis anterior se gastaron 185.000 millones con los mismos procedimientos y se hundió la economía. Un tercio del Plan se va a dedicar a un nuevo y enorme Plan E, bajo la excusa de las “infraestructuras”, y el resto se reparte entre los ministerios para crear una estructura burocrática y pesada en la instrumentalización de los fondos.
ZP también aumentó en casi 40.000 millones de euros el techo de gasto entre 2007 y 2010 (un 28%). Sánchez acaba de anunciar un incremento del +53,7% en tan sólo un ejercicio (2021), récord histórico.
Algo similar sucede con el déficit. España pasó de registrar un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un agujero del 4,6% en 2008 y del 11,3% en 2009, lo que supone más de 6 puntos del PIB al año. Ahora, el agujero fiscal pasará del 2,9% en 2019 al 11,3% en 2020, un descuadre de 8,4 puntos en tan sólo un año.
Por último, Zapatero inició la crisis con una deuda pública del 36% del PIB en 2007 y la dejó rozando el 70% cuando se fue en 2011 (un aumento de 34 puntos en 4 años, a 8,5 puntos por año). Sánchez inició la crisis del coronavirus con una deuda del 95,5% a cierre de 2019, pero rondará el 118% en 2020 y, según el Banco de España, podría rozar el 129% en 2021. Son los mismos 34 puntos adicionales, pero en la mitad de tiempo (dos años en vez de cuatro).
Así pues, la senda presupuestaria que acaba de dibujar el Gobierno arroja el mayor descuadre fiscal de la historia de España.
Sánchez ignora todas las condiciones y recomendaciones de la Unión Europea al presentar un nuevo 'Plan E' descomunal y un aumento de gasto clientelar a disposición de sus ministros. Ningún país de la UE divide el reparto de los fondos europeos por ministerios. Este esquema es ineficiente y burocrático, además de usar los ministerios como 'comisarios políticos', que son barrera y filtro para acceder a esos fondos.
Porque... ¿dónde están en este Plan las reformas que el Consejo a Europeo pidió a España el pasado mes de julio para transformar el tejido productivo del país? La reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de las administraciones públicas, la mejora de la unidad de mercado o las diferencias de los resultados educativos entre las CCAA, por citar algunas. Y ahí viene la gran pregunta: ¿la falta de reformas en la propuesta española podría activar el denominado 'freno de emergencia' por parte de alguno de nuestros socios europeos?
España advierte de que no hará ajustes hasta que recupere el nivel de PIB precrisis, en torno a 2023. El Gobierno ha presentado un plan de inversiones, no de reformas. El truco empleado es defender que, simplemente con nuevas inversiones, vendrá la “transformación de España”. La pregunta es: ¿para qué necesitamos tantas inversiones? La inversión es necesaria en una situación como la que tenemos, pero no puede ser sustituida por cualquier gasto: no podemos montar un plan E con ordenadores cuando lo que necesitamos es un plan para aumentar nuestra capacidad productiva. No podemos comprometernos ahora, en plena crisis, con gastos estructurales que seguirán ahí cuando el dinero europeo ya se haya acabado, y sin que hayamos hecho las reformas que nos permitan pagarlos en el futuro.
Necesitamos muchas más reformas que inversiones; reformas que flexibilicen el mercado laboral, que faciliten la actividad de las empresas y que permitan, en definitiva, crear riqueza. Y para llevarlas a cabo, no se precisan vastas cantidades de dinero público, sino más bien el bisturí fino: la flexibilidad del mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones, alinear los incentivos, establecer verdaderas carreras profesionales dentro del sector público, despolitizar todos los niveles de la Administración por debajo de los secretarios de Estado, y establecer mecanismos de cooperación federal en la ejecución de las competencias descentralizadas. En conclusión, más que dinero, lo que hace falta en este país es voluntad de reformas.
Las ayudas europeas no son para cubrir gasto estructural ni agujeros presupuestarios, son para proyectos del sector privado. Los expertos creen que es conveniente separar los fondos europeos del resto de la inversión pública, porque temen que con la «excusa» de la recepción de los fondos europeos el Ejecutivo dispare el gasto. Es evidente, ya que el propio Plan ni siquiera recoge cifras de recaudación, solo la inversión.
Financiación del Plan Económico para la Reconstrucción
El ejecutivo centrará la inversión de 72.000 millones de euros, procedentes del fondo europeo de recuperación y del programa REACT-EU, en programas a desarrollar entre 2021 y 2023. En estos 3 primeros años se concretarán el esfuerzo de movilización de recursos, y se les añadirán otros 79.000 millones correspondientes a fondos de cohesión comunitarios y a política agraria común (PAC). Está por ver, en todo caso, la capacidad del Ejecutivo de ejecutar semejante cuantía en solo 3 años, habida cuenta que del último plan presupuestario comunitario solo logró usar un 34%.Recordemos que un total de 140.000 millones de euros nos lloverán de Bruselas entre 2021 y 2026: 72.700 en ayudas directas y el resto en préstamos. Los 72.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo se disponen en base a dos instrumentos: por un lado, la 'Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia', que asciende a 59.168 millones en transferencias a España, y por otro lado el 'REACT-EU' que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.436 millones.
De los 12.436 millones del programa 'React-EU', 10.000 millones se destinarán a las comunidades autónomas, y los restantes 2.436 millones se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre las regiones para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.
De esta forma, el Gobierno incorpora a los nuevos Presupuestos del Estado 2021 un total de 27.436 millones de euros de los fondos europeos, aumentando el 'techo de gasto' de 2021: 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación más otros 2.436 millones del programa 'React-Eu' que obtendrá el Ministerio de Sanidad.
El Gobierno se ha propuesto acelerar al máximo la gestión del Fondo Europeo de Recuperación y prevé ejecutar en solo 3 años (del 2021 al 2023) los 72.700 millones de transferencias asignados a España para inversiones, en lugar de consumir los 6 años. ¿Por qué? Porque 3 son los años que le quedan de legislatura. Antes de irse de Moncloa, Sánchez quiere pulirse todo el dinero europeo, y dejar la deuda a quien venga detrás.
Porque Sánchez pretende usar el 81,1% de las transferencias directas de la UE y sólo el 18,4% de los préstamos de Bruselas. Así, el siguiente Ejecutivo cargará con una enorme deuda, ya que sólo dispondrá de un 18,9% del dinero a fondo perdido (13.700 millones) y una bolsa enorme de dinero a crédito (54.900 millones, el 81,6% del total previsto), al que habrá que sumar, por supuesto, los intereses correspondientes. Desde luego, Sánchez se ha hecho un traje a medida. Más que un Plan, es un programa de investidura atiborrado del atributo divino de la omnisciencia, ya que lo abarca todo y todo lo puede.
Los fondos europeos son, sin duda, la tabla de salvación a la que el presidente del Gobierno se está agarrando para intentar salvar unos presupuestos nacionales para 2021 (y así apuntalar su legislatura) marcados por la ruina económica que ha traído la pandemia y la respuesta que el Ejecutivo español ha dado a la misma.
Sánchez ha adelantado que parte de ese dinero europeo ya constará en los presupuestos generales de 2021. "Hay que poner en marcha estas medidas cuanto antes y esto es necesario a través de unos PGE". ¿Problema? Que las negociaciones presupuestarias a nivel europeo para la puesta en marcha del Fondo de Recuperación están varadas y ello provocará que el dinero no llegará hasta (probablemente) finales de 2021. El Consejo y el Parlamento europeos están chocando por el mecanismo de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas del Estado de derecho. ¿Qué hará Sánchez entonces, pedir ayuda al MEDE (préstamos)?
Además, ha asegurado que el dinero de Bruselas aportará 2,5 puntos de PIB en los tres próximos ejercicios y ha augurado que se crearán 800.000 puestos de trabajo.
El dinero europeo del fondo de Recuperación y la Resiliencia se destinará: el 37% a proyectos 'verdes', el 31% a la agenda digital, y el resto servirá a objetivos de reducción de las brechas de desigualdad de género y territorial y a lograr una mayor cohesión social, por la vía de mejoras en las políticas de educación y de cuidados personales para mayores y dependientes.
¡Toma ya! Ahí tenemos el GRAN titular: vamos a crear 800.000 empleos en estos próximos tres años, es decir, casi el mismo número de afiliados que perdió la Seguridad Social a finales de marzo (o sea, que ni siquiera compensan lo que se ha destruido y seguirá destruyéndose en los próximos meses). Es más, 800.000/3 años son 260.000 empleos al año, la mitad de empleo que se creaba cuando llegó a Moncloa en 2018. También incluye mucha ideología en sus objetivos: economía verde, digitalización, brecha de género, desigualdad… pero falta concreción. ¿Cómo hará realidad esa utopia? Se trata de una mera expresión de voluntades, según los economistas.
Cuando dice que los fondos aportarán “más de 2,5 puntos anuales de PIB”, el Gobierno estima que estos 72.000 millones de la ayuda europea se traducirán en unos 90.000 millones adicionales de PIB (en precios de 2020). Esto significa que aplica un multiplicador de casi 1,3 (o sea, que cada euro de ayuda generará 1,3€ de PIB), una cifra que es irreal, si se tiene en cuenta que los últimos estudios empíricos sitúan el multiplicador entre el 0,8 y el 1, más aún si los fondos no se utilizan de forma eficiente. Para lograr el objetivo marcado por el Gobierno, será imprescindible que el ‘efecto arrastre’ del sector público sea capaz de tirar de la inversión privada.
Evaluación y control
El plan de recuperación será enviado el 15 de octubre a la Comisión Europea para su evaluación, como parte del desglose de cómo invertirá el Ejecutivo español las ayudas del fondo europeo de recuperación del coronavirus. El problema no está en la interminable enumeración de los objetivos, se encuentra en la credibilidad de quienes deben alcanzarlos. Un gobierno que está encantado con la gestión realizada durante la pandemia y que no se asusta ante el descalabro económico en el que nos encontramos no se encuentra en disposición de gestionar todo este programa tan ambicioso. ¿Qué dirá Bruselas?Según Moncloa, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos, se van a reformar y desarrollar estructuras de seguimiento y coordinación. Por un lado se va a constituir una Comisión Interministerial presidida (¡cómo no!) por Su Persona y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno. ¡Venga comités y más comités, y sueldos a dedo!
No es que tranquilice mucho que el seguimiento del uso de los fondos lo vaya hacer una comisión en La Moncloa dirigida por el propio Sánchez. Es cierto que al Gobierno más abultado de la democracia no le faltarán recursos que pueda destinar a este menester, pero sería más aconsejable que el control lo hicieran auditoras independientes, como se está haciendo en otros países. Gracias a este modelo de gobernanza, Sánchez se asegura un mayor control sobre los fondos y también varias reuniones de alto nivel al año con las que alimentar los telediarios, probablemente a costa de que la absorción de los fondos no cambie sustancialmente.
Necesitamos que los fondos europeos se distribuyan en beneficio de los españoles y no de Pedro Sánchez. Por eso, una vez definidas las prioridades políticas, la selección de proyectos debería recaer en técnicos que evaluasen los proyectos. Sin embargo, Moncloa centralizará la ejecución del plan con Iván Redondo como encargado del reparto. ¿Cuál será el principal criterio de una persona que fue contratada con el objetivo de hacer presidente a Sánchez?
En todo caso, siempre nos quedará el control de la Unión Europea, que por mucho que Sánchez se empeñe, exigirá que el destino de esos fondos sea el correcto y que lleguen los ajustes y reformas que garanticen su devolución. Por lo pronto, Bruselas está expectante y ya ha pedido a Sánchez que despeje dudas en tres capítulos:
1) Si España es capaz de gastar todo ese dinero, y de gastarlo bien.
2) Qué pasa con las pensiones, y en menor medida la unidad de mercado y lo laboral.
3) Hay dudas sobre si el Estado autonómico va a provocar distorsiones, con el procés y el guirigay de la gestión de la pandemia en la retina.
Además, ha dicho que se va a instrumentalizar una colaboración específica con las Comunidades Autónomas, y se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos. También se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento.
Por otro lado, para garantizar agilidad y “reducir burocracia” en la absorción de los fondos se pondrá en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración general de Estado en tres frentes:
1º.- Diseñando una gobernanza para los fondos que sea eficaz, fortaleciendo las estructuras administrativas responsables de este reto;
2º.- El Gobierno acometerá las reformas legales administrativas necesarias para que la gestión de los fondos sea impecable y se ejecuten de manera transparente y ágil;
3º.- Se eliminarán las trabas administrativas y se resolverán los cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y ejecución de proyectos, para que las trabas burocráticas no frenen la recuperación de la economía.
Pero la simplificación administrativa es solo uno de los elementos a mejorar para incrementar la absorción de los fondos. Los principales cuellos de botella se encuentran en la falta de planificación y de equipos dedicados a la evaluación y licitación de los proyectos. La ausencia de herramientas de ejecución y control facilitará que Bruselas saque la tarjeta roja.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española está directamente relacionado con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que aún está preparando el Gobierno (fuera de plazo).
Decálogo de la CEOE
El 14 de octubre la CEOE ha redactado un decálogo para optimizar el aprovechamiento del Plan Europeo de Recuperación en España:1. Es necesaria una estrategia ambiciosa que complemente la utilización de los fondos con reformas estructurales encaminadas a modernizar nuestra economía.
2. Los recursos han de destinarse a los proyectos de inversión necesarios para elevar permanentemente el crecimiento potencial y la competitividad del futuro.
3. Las líneas de inversión deben establecerse con una perspectiva estratégica y una vocación transformadora de nuestra estructura productiva a largo plazo.
4. En la asignación de recursos resulta crítico impulsar proyectos macrotractores que son imprescindibles para catalizar los grandes cambios de futuro.
5. Debemos ser capaces de generar y desarrollar proyectos idóneos y alineados con los requisitos del Plan Europeo de Recuperación y sus Reglamentos.
6. El empleo de los recursos debe hacerse mediante esquemas de colaboración público-privada que permitan incorporar las mejores capacidades de las empresas.
7. El sector financiero debe participar activamente en la gestión de los recursos del plan canalizados vía crédito para garantizar su viabilidad y asegurar su cumplimiento.
8. Los fondos europeos deben complementarse con un marco adecuado de incentivos fiscales que permitan participar a los diferentes tipos de empresas en su ejecución.
9. En la ejecución del plan es necesario apostar por buenas prácticas de gobernanza que aseguren su adecuada implementación institucional.
10. CEOE es clave para que este plan de recuperación esté realmente vinculado a las empresas, por lo que debe tener una participación activa y un protagonismo significativo.
El documento de desarrollo del decálogo está disponible en este enlace.
El show arruinado
Hay algo en lo que nuestro Gobierno es ducho: la propaganda. Sánchez arrastra el baldón de ser uno de los gobernantes del planeta con peor hoja de servicios ante la pandemia, pero trabajando el frente televisivo y las técnicas orwellianas es posible hipnotizar al público con una realidad paralela, el Matrix progresista, donde siempre brilla el sol.En ese espíritu, Producciones Redondo había programado un superespectáculo. Sánchez, rodeado por tres pantallas gigantes en una amplia sala de La Moncloa, presentaba su plan para «convertir la pandemia en una oportunidad». Por supuesto no faltaba un nombre pomposo: «Plan de recuperación, transformación y resilencia de la economía». En una de las pantallas, las caras atentas de ese autobús de ministros que conforma el Gobierno más grande de Europa. En otra, lemas redondianos en enormes rótulos tras el rostro del gran timonel: «Un nuevo impulso», «Resistencia»...
Sánchez estaba gozándola pero llegó el tarjetazo y le arruinó el show. Última hora: el juez García Castellón pide al Supremo que investigue a Iglesias por revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, y denuncia falsa y simulación de delito. Todo en relación al robo de la tarjeta del móvil de su ex-asesora, Dina Bousselham, en noviembre de 2015.
A Dina le robaron el móvil en noviembre de 2015. El presidente del Grupo Z recibió anónimamente su tarjeta y se la dio a Iglesias en enero de 2016, porque contenía material muy íntimo de la chica. Pero nuestro alegre vicepresidente nada dijo a su colaboradora. Se la guardó en el bolsillo durante meses y se la devolvió chamuscada, pues contenía chats en los que Querido Líder no salía bien parado. Entre tanto, para buscar votos se inventó un folletín de las «cloacas del Estado», acusando al PP y Villarejo del robo.
Resumen del día. El show de Pedro nublado por la justicia independiente (que él aspira a fulminar). El Gobierno que echó a Rajoy en nombre de la ética cerrando filas con un vicepresidente en el barrizal. Podemos, en sarcasmo Supremo, aferrado a los aforamientos y reclamando presunción de inocencia. La realidad supera la ficción.