El Gobierno del Bulo ya se prepara para el aluvión de demandas y querellas que se prevén contra su pésima gestión de la pandemia de coronavirus. Muchas de ellas ya están interpuestas. Ante esta perspectiva, al Ejecutivo le han entrado las prisas por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado y "en funciones" desde diciembre de 2018.
Hay nada menos que 43 nombramientos pendientes, 12 de ellos en el Supremo, 2 en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales. Por no hablar de otros miembros del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Pocas instituciones están tan desacreditadas como el Consejo General del Poder Judicial. En la base de ese descrédito hay una confusión popular: es concebido como un órgano judicial pero es un órgano político que no tiene funciones judiciales sino administrativas. Pero su importancia no es baladí, dado que dichas funciones administrativas se proyectan sobre los jueces y magistrados, que sí son Poder Judicial.
De éstas, podríamos destacar las de realizar los nombramientos de órganos colegiados de gran relevancia, como es el Tribunal Supremo, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, magistrados de la Audiencia Nacional... o las acciones disciplinarias sobre los miembros de la Carrera Judicial, incluyendo sanciones a jueces por faltas gubernativas. Se trata de funciones que podría cumplir un Ministerio de Justicia sin que ello comportase atentado a la división de poderes, porque el poder judicial no consiste en "ser" juez, sino en ejercer funciones jurisdiccionales.
Según el artículo 122 de nuestra Constitución, el Consejo está compuesto por el presidente (que también es el presidente del Tribunal Supremo, presididos actualmente por Carlos Lesmes) y 20 vocales.
En la selección de éstos se pueden distinguir dos bloques. Por un lado, hay que designar a 12 vocales entre jueces y magistrados; y por otro, hay 8 que son designados a propuesta de las Cámaras legislativas: 4 que propone el Congreso y 4 el Senado. En este caso, la designación debe hacerse entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional, y para su designación se requiere una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
Los integrantes del Consejo tienen una duración de 5 años de mandato irrevocable y al cabo de ese plazo las cámaras parlamentarias podrán sustituirlos. Pero si no hay el suficiente acuerdo en cada una (tres quintos, que no se alcanza ni el Congreso ni el Senado sin el PP u otras formaciones de centro o derecha), el mandato del Consejo se prorroga sin más trámite. No se puede obligar a ningún diputado a votar en un sentido o en otro.
Los jueces llegan a su primera plaza por oposición. Pero los principales ascensos los decide el politizado Poder Judicial. Y para conseguir un nombramiento hay que hacer más pasillo y más capilla y más genuflexión ante los propios pares que ante ningún representante político. Aquí no hay santos y demonios, sino una abigarrada red de gentes que ansían poder.
La justicia emana del pueblo, dice la Constitución. Son las mayorías parlamentarias quienes nombran a todos los vocales del CGPJ y es este Consejo quien después nombra a todos y cada uno de los puestos clave en la justicia española.
Es más que clamorosa la necesidad de recuperar el espíritu constitucional en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y acabar con la cacicada de Felipe González por la que desde 1985 los 12 vocales que elegían jueces y magistrados se los reparten los partidos en el Parlamento en un conchabeo indigno. La designación parlamentaria de los vocales de este órgano de gobierno de los jueces es, en sí misma, un atentado a la independencia judicial.
De hecho, este sistema de elección ya ha sido reprobado en más de una ocasión por el GRECO (el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), que en su informe de 2013 consideró que España incumplía las exigencias reclamadas para garantizar la independencia judicial “en relación con los nombramientos judiciales y el órgano de gobierno judicial” y en el informe de 2019 sigue resaltando que debería incidirse en la despolitización del Consejo al considerar que “las autoridades políticas españolas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”.
Si bien en un principio la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) previó que los 12 jueces de procedencia judicial fueran designados por los jueces, en 1985 una reforma del PSOE modificó esa previsión legal para que éstos también los designaran los partidos políticos, de una terna previamente seleccionada por avales de las asociaciones judiciales.
Los partidos políticos están malversando la idea de consenso, que justificaría la designación parlamentaria, por la de reparto. Son cosas distintas. Una cosa es que las Cortes elijan a los que más consenso susciten entre todos los diputados o senadores, y otra distinta es que el consenso, o mejor, el acuerdo, trate sobre a cuántos nombramos cada uno de nosotros, y no sobre a quién nombramos.
Es decir, en el fondo se trata de un reparto de cromos entre los dos principales partidos del país (PSOE y PP), de ahí que sus miembros llevan casi dos años en funciones. No hay acuerdo. Para la elección de magistrados es necesaria una mayoría de 13 votos de los 20 vocales con los que cuenta el CGPJ, a los que se suma el presidente.
Dentro de todo este enredado tejido de poderes se encuadran también las llamadas "puertas giratorias". Una reforma de 2011 permite que miembros de la Carrera Judicial que han prestado sus servicios principalmente en puestos de dirección política, y servido como jueces durante escasos años, hayan podido reintegrarse en el servicio activo con una antigüedad equivalente al haber ejercido como jueces durante todo el periodo, y por tanto, con reintegro directo a órganos colegiados. Es decir, todo el periodo en el que se había estado en excedencia por ocupar algún cargo político o 'de confianza' computa a efectos de antigüedad.
Además, los Vocales designados, una vez que juran su cargo, se sienten obligados a una "lealtad" hacia el partido que los ha propuesto. Los Vocales deben saber que su única lealtad es con la Constitución, y que quien los ha nombrado ha sido las Cortes, es decir, todos los españoles.
El incumplimiento del mandato constitucional de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada 5 años no es sino una lucha abierta de poder. A lo largo de las décadas se ha visto el afán de los partidos por intentar instrumentalizar la Justicia. No se salva, por desgracia, casi ninguna formación.
El Poder Judicial debe servir de contrapeso a los poderes legislativo y ejecutivo y no ser un refuerzo de ninguno de ellos.
El Gobierno está usando el asunto para atacar al Partido Popular, acusándole de ser culpable del bloqueo, pero la pelota no está en el tejado del PP, sino en la del Gobierno. Casado ha tendido la mano al presidente para alcanzar un pacto de Estado que, entre otras cosas, materialice un cambio previo del sistema de elección de los miembros del CGPJ para acabar ya con la politización de este organismo.
Pero en Moncloa se empecinan en pretender seguir repartiéndose los cargos con pasmosa desvergüenza, toda vez que incluso Podemos (que en la oposición clamaba contra este sistema) ahora se relame pensando en su propia cuota. El partido que dirige Pablo Iglesias reclama cuatro puestos dentro de la Institución. Falta le hacen, ahora que él y su partido están imputados en numerosos delitos de corrupción.
Otra de las claves de esta negociación que se está llevando con total hermetismo está en si entra algún juez cercano al movimiento independentista.
Sánchez y su camarilla habrán sopesado sin duda cambiar el régimen del CGPJ porque la Constitución solo protege la elección por tres quintos de 8 de los vocales, de manera que los otros 12 podrían imponerlos por mayoría simple, pero eso exigiría contar antes no con la abstención sino con el sí de Esquerra y Bildu, porque cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial necesita una mayoría absoluta.
El ejemplo más evidente de que a Pedro Sánchez lo que le interesa es seguir manteniendo todo el control que pueda sobre la Justicia está en el obsceno nombramiento, nada menos que como Fiscal General del Estado, de quien ocupaba hasta la investidura el cargo de Ministra de Justicia, arruinando toda apariencia de imparcialidad de un cargo tan decisivo. Dolores Delgado ha tenido las manos libres para conformar una cúpula fiscal a su gusto, que es tanto como decir al gusto del Gobierno. Un suma y sigue de despropósitos que abochornan y minan la credibilidad de la ciudadanía en un pilar tan básico en toda democracia.
Sánchez también necesita pues un Poder Judicial sumiso y busca cualquier ocasión para lograrlo. Basta ver cómo se apresuró a cambiar las leyes para designar a una “administradora provisional única” de RTVE, con supuesto halo de independiente, y que ha resultado ser una fanática que lleva ya más de dos años cambiando y poniendo a quien le place sin preocuparse de si su mandato tiene limitaciones.
Por otro lado, al PP no le interesa renovar el CGPJ, ya que los actuales cargos los ocupan magistrados conservadores que fueron nombrados en la anterior legislatura de Rajoy. O sea, el PP perdió las elecciones pero mantiene la mayoría absoluta en el Poder Judicial. Y hay tres nombramientos que están al caer y que le preocupan enormemente: 3 plazas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la más importante de España. Es la Sala de lo Penal, por la que pasan todos los casos de corrupción, la que decidirá todas las denuncias contra el Gobierno por la pandemia y la que juzgaría (si es que ese milagro ocurre) al rey emérito por corrupción.
El Partido Popular abandonó las negociaciones para renovar las instituciones del Estado el 14 de agosto por los ataques que la Monarquía estaba recibiendo por parte de Podemos, socio de Gobierno del PSOE. Además, las críticas de la formación morada al poder judicial tras su imputación por una supuesta «caja B», así como las peticiones para que los socialistas gobernaran junto a Podemos y Bildu en el País Vasco, o que los Presupuestos se negociaran con los independentistas de ERC, también influyeron en la decisión.
El PSOE no acepta el “no” del PP a la renovación del Poder Judicial y está dispuesto a desestabilizar más el órgano de Gobierno de los jueces con el único propósito de intentar forzar al principal partido de la oposición a tener que aceptar su imposición de vocales. ¿Cómo? Ofreciendo a Carlos Lesmes abandonar la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo ofreciéndole a cambio un puesto en el Tribunal Constitucional. Los socialistas esperan así incrementar la crisis del Poder Judicial y la presión sobre el PP para que dé el brazo a torcer y permita a los sociocomunistas controlar la Justicia.
Por el momento la determinación de Pablo Casado es clara: no va a entregar un cheque en blanco a Sánchez en la renovación del Poder Judicial. Para sentarse a hablar con el PP, el Gobierno tiene que aceptar tres condiciones: "despolitizar" la Justicia en la elección de estos órganos (la elección de los vocales del CGPJ debe hacerse por los propios jueces), reforzar la euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de independentistas fugados, y tipificar como delitos la convocatoria de referéndum ilegal y de rebelión.
Los partidos políticos están colonizando nuestras instituciones en su provecho. En Justicia, se reparten impúdicamente los puestos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloquean y desbloquean su renovación a capricho, racanean los medios materiales necesarios para investigar asuntos de corrupción...
Igual que la ropa nos preserva del frío, el Poder Judicial protege nuestros derechos frente a quienes los vulneran. Nuestros políticos pretenden despojar a los jueces de la toga. Y, cuando el Poder Judicial esté desnudo, nadie podrá impedir el saqueo de la Democracia.
El pacto sobre el CGPJ debe ser un pacto de Estado, pero el Estado que el Gobierno tiene en su cabeza no es el de la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, sino el del viejo cliché de la Justicia como herramienta del activismo político. Y así no es posible pactar.
En enero de 2020, cuando Pedro Sánchez logró la investidura, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, anunció que paralizaba los nombramientos hasta que se aprobase la renovación del Consejo. Hasta que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo. En vista de que el acuerdo es imposible, Lesmes ha anunciado que reactivará los nombramientos discrecionales a finales de Septiembre. Y así ha sido.
Actualización 25 septiembre: El acto de entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona ha terminado por indignar y rebelar a la judicatura: el Gobierno ha vetado la presencia del Rey a este acto que no solo es tradicional, sino que tiene un simbolismo especial vinculado al escrupuloso respeto de la Corona por la separación de poderes. Según el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo han hecho para proteger al monarca, ante el clima de crispación que se vive en Cataluña por la inminente sentencia de inhabilitación de Torra.
Si proteger al Rey consiste en apartarlo para satisfacer al secesionismo, es que este Gobierno no entiende el alcance de la Monarquía parlamentaria como base de nuestro sistema de convivencia. La tesis nunca puede ser aceptable si los «sacrificados» son Don Felipe y el sentido institucional del Estado, y si lo «más seguro» son los indultos y la desactivación del delito de sedición.
Sostener que el Estado cede ante las coacciones del independentismo para garantizar la seguridad del Rey es humillante por dos motivos: por claudicar ante unos chantajistas, y porque no es creíble que el Gobierno sea incapaz de asegurar la integridad física del Jefe del Estado. Solo faltaría. En realidad todo es una burda mentira para justificar una estrategia progresiva de arrinconamiento de la Monarquía, tal y como quiere Iglesias.
La guerra civil de la Fiscalía es solo un indicio del cisma que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden provocar en el poder judicial para debilitarlo y plantear al ciudadano que, frente al caos, solo Sánchez garantiza el orden. Y si para ello La Moncloa recurre a instrumentalizar la figura del Rey para no soliviantar al separatismo, el temor judicial a que estas maniobras sean un éxito se multiplica. Los jueces están agotando su capacidad de resignación y aguante frente a los ataques a su dignidad porque ya saben que el proceso de sometimiento va en serio.
Actualización 1 de octubre: Tras haber sido ninguneado imponiendo la ausencia del Rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, las presiones que el CGPJ ha recibido del Gobierno (con una particular agresividad por parte de Podemos) para que se abstuviera de ejercer sus competencias al estar en prórroga de mandato y dejara la elección de altos cargos judiciales al futuro Consejo (donde PSOE y Podemos esperan tener mayoría) han funcionado a la postre como un boomerang: el órgano de gobierno de los jueces ha devuelto el embate con una exhibición de reforzamiento institucional y de autonomía respecto al poder político.
Un Consejo General del Poder Judicial -en prórroga desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo político en su renovación- ha hecho los nombramientos con más apoyo de su historia; en este ámbito PP y PSOE sí han sido capaces de ponerse de acuerdo. Nunca el CGPJ presidido por Carlos Lesmes había llevado a cabo tantos nombramientos en primera votación y con un respaldo tan amplio.
En total, seis nuevos nombramientos que conciernen al Tribunal Supremo: tres en la Sala Penal (la que juzga al Gobierno y a otros aforados) y tres presidentes de Sala del alto tribunal, que se pondrán al frente de las Salas Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), Cuarta (de lo Social) y Quinta (de lo Militar). Tres progresistas, dos conservadores y un sexto considerado ideológicamente neutro.
El 2 de octubre, el Gobierno sopesaba dar un golpe de mano en el pulso con el Poder Judicial. Su objetivo: que la renovación de 12 de los integrantes del CGPJ se apruebe en el Parlamento por mayoría absoluta, en lugar de los 3/5 de los votos que se exige ahora, y que por tanto requieren un pacto previo con el PP. O sea, como Sánchez no lo ve posible, lo que pretende es cambiar la ley. ¡Con dos cojones!
La reforma propuesta por el Gobierno (con Pablo Iglesias como principal impulsor) tiene dos patas fundamentales:
1º.- El cese de los vocales y el presidente del consejo cuando se cumplan los 5 años de su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al consejo vigente.
2º.- Que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de los votos de las Cámaras sino mayoría simple, lo que facilitaría la renovación sin el PP.
Cambiar las mayorías, según indican algunas fuentes del Ejecutivo, tropezaría con algunas pegas, porque solo se podría renovar a una parte del CGPJ (12 de un total de 20 vocales, solo los del turno judicial), creándose una situación anómala (12 miembros nuevos y 8 en funciones), y quizá de más complicado encaje constitucional. Además, rebajar las mayorías podría volverse en contra del PSOE cuando el PP recupere la Moncloa.
La reforma planeada por el PSOE es un burdo fraude de ley constitucional, un atropello que el Tribunal Constitucional no debería consentir y que las asociaciones de jueces no deberían legitimar participando en el proceso de renovación. Esta reforma revela la falta de escrúpulos democráticos del PSOE, no solo para retorcer la Constitución, sino para pactarla con los más acérrimos enemigos de la independencia judicial, como separatistas y comunistas.
El PSOE tiene un plan para hacer de la Justicia una miniatura decorativa, inerme frente a los poderes políticos, a base de indultar golpistas, sojuzgar al Ministerio Fiscal, expulsar a los jueces de la instrucción de los delitos y, ahora, poner al órgano de gobierno de los jueces al dictado de una mayoría parlamentaria social-podemita-nacionalista-republicana-batasuna, esencialmente autoritaria.
Todo ésto le da igual al gobierno Frankestein. El 13 de octubre, optaron por la vía rápida para reformar el CGPJ y que el PP no pudiera seguir bloqueando la renovación de los jueces. Así que, en lugar de presentar un proyecto de ley proveniente del Consejo de Ministros, han optado por una proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Si la reforma la promoviera el Gobierno como proyecto de ley sería necesario recabar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Ese trámite no solo retrasaría la aprobación, sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara en contra o planteara objeciones.
El Poder Judicial sufre una bestial embestida desde La Moncloa. ¿La Fiscalía de quien depende? Pues eso. El Ejecutivo va a desterrar a la oposición del procedimiento para designar a los jueces. Un golpe al Estado parlamentario se ha puesto en marcha para someter al Poder Judicial. La separación de poderes vuela por los aires y con ella, el Estado de derecho. Una operación casi venezolana con música peronista de telón de fondo.
En efecto, la sociedad democrática ha ido destruyéndose en España de modo tan rápido y profundo que hemos llegado, en solo 10 meses, a asumir como "normal" que el Gobierno decida asaltar el poder judicial sin otro límite que chantajear al PP: o me votas los jueces del CGPJ o cambio la ley para que los nombre el Gobierno de Sánchez-Iglesias. Esta es la democracia para el gobierno socialcomunista.
La motivación real de esta estrategia política para renovar a toda prisa a los jueces no se debe a "cumplir con la Constitución", como apuntan en el Gobierno. Esto se produce porque la mayoría de los socios de Sánchez tienen problemas con la Justicia (desde luego, los tienen Pablo Iglesias y Podemos, ocurre con Esquerra, con los bildutarras…), y les interesa que los jueces sean de una ideología que les favorezca y ampare para poder salir impunes de todos los delitos de los que se les acusa (la configuración actual es mayoritaria de derechas).
Las asociaciones de jueces han mostrado su oposición a la reforma, incluyendo a los llamados progresistas. Lo mismo ocurre con los especialistas en Derecho. Se han multiplicado los comentarios, las columnas, las declaraciones, hablando de invasión del Gobierno, de colonización de la Justicia, de ruptura de la separación de poderes…
Y en Europa se han echado las manos a la cabeza. Y a algún sitio más: a los bolsillos. Se están preguntando si un Estado donde se conculca el principio de la separación de poderes puede recibir las ayudas económicas comprometidas para salir de la crisis económica. Polonia, penalizado por algunas decisiones que afectaban a la independencia judicial, ha preguntado a Bruselas si van a exigir lo mismo a España. En ese nivel nos han colocado. Y Europa se ha pronunciado:
Lo que está en cuestión es si la reforma de Sánchez vulnera los principios del Rule of Law Mechanism (Mecanismo de Estado de Derecho) de la Unión Europea. Uno de los acuerdos del Consejo Europeo de julio para el reparto de fondos fue la introducción de esta cláusula de respeto a los principios de la Unión y la separación de poderes como salvaguarda para liberar el multimillonario paquete de ayudas. Lo que busca este mecanismo es evitar que una lluvia de millones permita a determinados gobiernos perpetuarse en el poder a cambio de nada (que es justo lo que pretenden Sánchez e Iglesias).
España está arriesgando su acceso a los fondos de recuperación europeos con el planteamiento del Gobierno de coalición para renovar por las bravas el Poder Judicial. Si las instituciones europeas entienden que la reforma del Poder Judicial merma el Estado de Derecho español, la llegada de los fondos se verá afectada tanto en su condicionalidad como en la cantidad de dinero que se reciba. Por no hablar del grave problema reputacional al que está sometido nuestro país, con decenas de informaciones críticas en la prensa internacional.
Pero para el gobierno socialcomunista la ocupación de la Justicia no es el final. Es un paso más en el asalto al Estado. Lo quieren ocupar todo. ¡Manos arriba!
Actualización 22 octubre: Superada la moción de censura, en la que el PP rompió de manera rotunda con Vox al no apoyarla, Pedro Sánchez ha anunciado la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y ha vuelto a tender la mano a Pablo Casado para repartirse el poder judicial.
¿A qué se debe el desestimiento de Sánchez? A que el 21 de octubre, Bruselas dio un segundo aviso al gobierno de España. Esta vez fue en forma de carta, remitida por el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en la que advertía de que la posible la reforma del CGPJ planteada por el PSOE violaría las normas anticorrupción del Consejo de Europa, ya que las normas establecen que al menos la mitad de los miembros del consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial.
Ese mismo día por la tarde hubo un tercer aviso, mucho más directo: durante una llamada telefónica con la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, pidió más información sobre la reforma y recordó la posición de la Comisión Europea sobre la necesidad de reforzar la independencia judicial y garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización.
A pesar de todo, la congelación anunciada por Sánchez no es definitiva. El Gobierno reactivará de nuevo el proyecto de ley si las negociaciones con el PP fracasan.
Hay nada menos que 43 nombramientos pendientes, 12 de ellos en el Supremo, 2 en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales. Por no hablar de otros miembros del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Pocas instituciones están tan desacreditadas como el Consejo General del Poder Judicial. En la base de ese descrédito hay una confusión popular: es concebido como un órgano judicial pero es un órgano político que no tiene funciones judiciales sino administrativas. Pero su importancia no es baladí, dado que dichas funciones administrativas se proyectan sobre los jueces y magistrados, que sí son Poder Judicial.
De éstas, podríamos destacar las de realizar los nombramientos de órganos colegiados de gran relevancia, como es el Tribunal Supremo, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, magistrados de la Audiencia Nacional... o las acciones disciplinarias sobre los miembros de la Carrera Judicial, incluyendo sanciones a jueces por faltas gubernativas. Se trata de funciones que podría cumplir un Ministerio de Justicia sin que ello comportase atentado a la división de poderes, porque el poder judicial no consiste en "ser" juez, sino en ejercer funciones jurisdiccionales.
Según el artículo 122 de nuestra Constitución, el Consejo está compuesto por el presidente (que también es el presidente del Tribunal Supremo, presididos actualmente por Carlos Lesmes) y 20 vocales.
En la selección de éstos se pueden distinguir dos bloques. Por un lado, hay que designar a 12 vocales entre jueces y magistrados; y por otro, hay 8 que son designados a propuesta de las Cámaras legislativas: 4 que propone el Congreso y 4 el Senado. En este caso, la designación debe hacerse entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional, y para su designación se requiere una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
Los integrantes del Consejo tienen una duración de 5 años de mandato irrevocable y al cabo de ese plazo las cámaras parlamentarias podrán sustituirlos. Pero si no hay el suficiente acuerdo en cada una (tres quintos, que no se alcanza ni el Congreso ni el Senado sin el PP u otras formaciones de centro o derecha), el mandato del Consejo se prorroga sin más trámite. No se puede obligar a ningún diputado a votar en un sentido o en otro.
Los jueces llegan a su primera plaza por oposición. Pero los principales ascensos los decide el politizado Poder Judicial. Y para conseguir un nombramiento hay que hacer más pasillo y más capilla y más genuflexión ante los propios pares que ante ningún representante político. Aquí no hay santos y demonios, sino una abigarrada red de gentes que ansían poder.
La justicia emana del pueblo, dice la Constitución. Son las mayorías parlamentarias quienes nombran a todos los vocales del CGPJ y es este Consejo quien después nombra a todos y cada uno de los puestos clave en la justicia española.
Es más que clamorosa la necesidad de recuperar el espíritu constitucional en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y acabar con la cacicada de Felipe González por la que desde 1985 los 12 vocales que elegían jueces y magistrados se los reparten los partidos en el Parlamento en un conchabeo indigno. La designación parlamentaria de los vocales de este órgano de gobierno de los jueces es, en sí misma, un atentado a la independencia judicial.
De hecho, este sistema de elección ya ha sido reprobado en más de una ocasión por el GRECO (el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), que en su informe de 2013 consideró que España incumplía las exigencias reclamadas para garantizar la independencia judicial “en relación con los nombramientos judiciales y el órgano de gobierno judicial” y en el informe de 2019 sigue resaltando que debería incidirse en la despolitización del Consejo al considerar que “las autoridades políticas españolas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”.
Juego de Tronos
Si bien en un principio la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) previó que los 12 jueces de procedencia judicial fueran designados por los jueces, en 1985 una reforma del PSOE modificó esa previsión legal para que éstos también los designaran los partidos políticos, de una terna previamente seleccionada por avales de las asociaciones judiciales.
Los partidos políticos están malversando la idea de consenso, que justificaría la designación parlamentaria, por la de reparto. Son cosas distintas. Una cosa es que las Cortes elijan a los que más consenso susciten entre todos los diputados o senadores, y otra distinta es que el consenso, o mejor, el acuerdo, trate sobre a cuántos nombramos cada uno de nosotros, y no sobre a quién nombramos.
Es decir, en el fondo se trata de un reparto de cromos entre los dos principales partidos del país (PSOE y PP), de ahí que sus miembros llevan casi dos años en funciones. No hay acuerdo. Para la elección de magistrados es necesaria una mayoría de 13 votos de los 20 vocales con los que cuenta el CGPJ, a los que se suma el presidente.
Dentro de todo este enredado tejido de poderes se encuadran también las llamadas "puertas giratorias". Una reforma de 2011 permite que miembros de la Carrera Judicial que han prestado sus servicios principalmente en puestos de dirección política, y servido como jueces durante escasos años, hayan podido reintegrarse en el servicio activo con una antigüedad equivalente al haber ejercido como jueces durante todo el periodo, y por tanto, con reintegro directo a órganos colegiados. Es decir, todo el periodo en el que se había estado en excedencia por ocupar algún cargo político o 'de confianza' computa a efectos de antigüedad.
Además, los Vocales designados, una vez que juran su cargo, se sienten obligados a una "lealtad" hacia el partido que los ha propuesto. Los Vocales deben saber que su única lealtad es con la Constitución, y que quien los ha nombrado ha sido las Cortes, es decir, todos los españoles.
El incumplimiento del mandato constitucional de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada 5 años no es sino una lucha abierta de poder. A lo largo de las décadas se ha visto el afán de los partidos por intentar instrumentalizar la Justicia. No se salva, por desgracia, casi ninguna formación.
El Poder Judicial debe servir de contrapeso a los poderes legislativo y ejecutivo y no ser un refuerzo de ninguno de ellos.
El Gobierno está usando el asunto para atacar al Partido Popular, acusándole de ser culpable del bloqueo, pero la pelota no está en el tejado del PP, sino en la del Gobierno. Casado ha tendido la mano al presidente para alcanzar un pacto de Estado que, entre otras cosas, materialice un cambio previo del sistema de elección de los miembros del CGPJ para acabar ya con la politización de este organismo.
Pero en Moncloa se empecinan en pretender seguir repartiéndose los cargos con pasmosa desvergüenza, toda vez que incluso Podemos (que en la oposición clamaba contra este sistema) ahora se relame pensando en su propia cuota. El partido que dirige Pablo Iglesias reclama cuatro puestos dentro de la Institución. Falta le hacen, ahora que él y su partido están imputados en numerosos delitos de corrupción.
Otra de las claves de esta negociación que se está llevando con total hermetismo está en si entra algún juez cercano al movimiento independentista.
Sánchez y su camarilla habrán sopesado sin duda cambiar el régimen del CGPJ porque la Constitución solo protege la elección por tres quintos de 8 de los vocales, de manera que los otros 12 podrían imponerlos por mayoría simple, pero eso exigiría contar antes no con la abstención sino con el sí de Esquerra y Bildu, porque cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial necesita una mayoría absoluta.
El ejemplo más evidente de que a Pedro Sánchez lo que le interesa es seguir manteniendo todo el control que pueda sobre la Justicia está en el obsceno nombramiento, nada menos que como Fiscal General del Estado, de quien ocupaba hasta la investidura el cargo de Ministra de Justicia, arruinando toda apariencia de imparcialidad de un cargo tan decisivo. Dolores Delgado ha tenido las manos libres para conformar una cúpula fiscal a su gusto, que es tanto como decir al gusto del Gobierno. Un suma y sigue de despropósitos que abochornan y minan la credibilidad de la ciudadanía en un pilar tan básico en toda democracia.
Sánchez también necesita pues un Poder Judicial sumiso y busca cualquier ocasión para lograrlo. Basta ver cómo se apresuró a cambiar las leyes para designar a una “administradora provisional única” de RTVE, con supuesto halo de independiente, y que ha resultado ser una fanática que lleva ya más de dos años cambiando y poniendo a quien le place sin preocuparse de si su mandato tiene limitaciones.
Por otro lado, al PP no le interesa renovar el CGPJ, ya que los actuales cargos los ocupan magistrados conservadores que fueron nombrados en la anterior legislatura de Rajoy. O sea, el PP perdió las elecciones pero mantiene la mayoría absoluta en el Poder Judicial. Y hay tres nombramientos que están al caer y que le preocupan enormemente: 3 plazas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la más importante de España. Es la Sala de lo Penal, por la que pasan todos los casos de corrupción, la que decidirá todas las denuncias contra el Gobierno por la pandemia y la que juzgaría (si es que ese milagro ocurre) al rey emérito por corrupción.
El Partido Popular abandonó las negociaciones para renovar las instituciones del Estado el 14 de agosto por los ataques que la Monarquía estaba recibiendo por parte de Podemos, socio de Gobierno del PSOE. Además, las críticas de la formación morada al poder judicial tras su imputación por una supuesta «caja B», así como las peticiones para que los socialistas gobernaran junto a Podemos y Bildu en el País Vasco, o que los Presupuestos se negociaran con los independentistas de ERC, también influyeron en la decisión.
El PSOE no acepta el “no” del PP a la renovación del Poder Judicial y está dispuesto a desestabilizar más el órgano de Gobierno de los jueces con el único propósito de intentar forzar al principal partido de la oposición a tener que aceptar su imposición de vocales. ¿Cómo? Ofreciendo a Carlos Lesmes abandonar la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo ofreciéndole a cambio un puesto en el Tribunal Constitucional. Los socialistas esperan así incrementar la crisis del Poder Judicial y la presión sobre el PP para que dé el brazo a torcer y permita a los sociocomunistas controlar la Justicia.
Por el momento la determinación de Pablo Casado es clara: no va a entregar un cheque en blanco a Sánchez en la renovación del Poder Judicial. Para sentarse a hablar con el PP, el Gobierno tiene que aceptar tres condiciones: "despolitizar" la Justicia en la elección de estos órganos (la elección de los vocales del CGPJ debe hacerse por los propios jueces), reforzar la euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de independentistas fugados, y tipificar como delitos la convocatoria de referéndum ilegal y de rebelión.
Los partidos políticos están colonizando nuestras instituciones en su provecho. En Justicia, se reparten impúdicamente los puestos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloquean y desbloquean su renovación a capricho, racanean los medios materiales necesarios para investigar asuntos de corrupción...
Igual que la ropa nos preserva del frío, el Poder Judicial protege nuestros derechos frente a quienes los vulneran. Nuestros políticos pretenden despojar a los jueces de la toga. Y, cuando el Poder Judicial esté desnudo, nadie podrá impedir el saqueo de la Democracia.
El pacto sobre el CGPJ debe ser un pacto de Estado, pero el Estado que el Gobierno tiene en su cabeza no es el de la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, sino el del viejo cliché de la Justicia como herramienta del activismo político. Y así no es posible pactar.
En enero de 2020, cuando Pedro Sánchez logró la investidura, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, anunció que paralizaba los nombramientos hasta que se aprobase la renovación del Consejo. Hasta que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo. En vista de que el acuerdo es imposible, Lesmes ha anunciado que reactivará los nombramientos discrecionales a finales de Septiembre. Y así ha sido.
Actualización 25 septiembre: El acto de entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona ha terminado por indignar y rebelar a la judicatura: el Gobierno ha vetado la presencia del Rey a este acto que no solo es tradicional, sino que tiene un simbolismo especial vinculado al escrupuloso respeto de la Corona por la separación de poderes. Según el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo han hecho para proteger al monarca, ante el clima de crispación que se vive en Cataluña por la inminente sentencia de inhabilitación de Torra.
Si proteger al Rey consiste en apartarlo para satisfacer al secesionismo, es que este Gobierno no entiende el alcance de la Monarquía parlamentaria como base de nuestro sistema de convivencia. La tesis nunca puede ser aceptable si los «sacrificados» son Don Felipe y el sentido institucional del Estado, y si lo «más seguro» son los indultos y la desactivación del delito de sedición.
Sostener que el Estado cede ante las coacciones del independentismo para garantizar la seguridad del Rey es humillante por dos motivos: por claudicar ante unos chantajistas, y porque no es creíble que el Gobierno sea incapaz de asegurar la integridad física del Jefe del Estado. Solo faltaría. En realidad todo es una burda mentira para justificar una estrategia progresiva de arrinconamiento de la Monarquía, tal y como quiere Iglesias.
La guerra civil de la Fiscalía es solo un indicio del cisma que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden provocar en el poder judicial para debilitarlo y plantear al ciudadano que, frente al caos, solo Sánchez garantiza el orden. Y si para ello La Moncloa recurre a instrumentalizar la figura del Rey para no soliviantar al separatismo, el temor judicial a que estas maniobras sean un éxito se multiplica. Los jueces están agotando su capacidad de resignación y aguante frente a los ataques a su dignidad porque ya saben que el proceso de sometimiento va en serio.
Sánchez no es quién para arrogarse la propiedad del Estado porque, aunque lo crea, él no es el Estado.
Actualización 1 de octubre: Tras haber sido ninguneado imponiendo la ausencia del Rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, las presiones que el CGPJ ha recibido del Gobierno (con una particular agresividad por parte de Podemos) para que se abstuviera de ejercer sus competencias al estar en prórroga de mandato y dejara la elección de altos cargos judiciales al futuro Consejo (donde PSOE y Podemos esperan tener mayoría) han funcionado a la postre como un boomerang: el órgano de gobierno de los jueces ha devuelto el embate con una exhibición de reforzamiento institucional y de autonomía respecto al poder político.
Un Consejo General del Poder Judicial -en prórroga desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo político en su renovación- ha hecho los nombramientos con más apoyo de su historia; en este ámbito PP y PSOE sí han sido capaces de ponerse de acuerdo. Nunca el CGPJ presidido por Carlos Lesmes había llevado a cabo tantos nombramientos en primera votación y con un respaldo tan amplio.
En total, seis nuevos nombramientos que conciernen al Tribunal Supremo: tres en la Sala Penal (la que juzga al Gobierno y a otros aforados) y tres presidentes de Sala del alto tribunal, que se pondrán al frente de las Salas Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), Cuarta (de lo Social) y Quinta (de lo Militar). Tres progresistas, dos conservadores y un sexto considerado ideológicamente neutro.
Objetivo: Sumisión judicial
Manos arriba, esto es un asalto. Ya han asaltado el CIS, TVE, Fiscalía General del Estado, pero para cambiar un régimen político se necesita que no estorbe nadie. ¿Y quién puede molestar? Los jueces.El 2 de octubre, el Gobierno sopesaba dar un golpe de mano en el pulso con el Poder Judicial. Su objetivo: que la renovación de 12 de los integrantes del CGPJ se apruebe en el Parlamento por mayoría absoluta, en lugar de los 3/5 de los votos que se exige ahora, y que por tanto requieren un pacto previo con el PP. O sea, como Sánchez no lo ve posible, lo que pretende es cambiar la ley. ¡Con dos cojones!
La reforma propuesta por el Gobierno (con Pablo Iglesias como principal impulsor) tiene dos patas fundamentales:
1º.- El cese de los vocales y el presidente del consejo cuando se cumplan los 5 años de su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al consejo vigente.
2º.- Que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de los votos de las Cámaras sino mayoría simple, lo que facilitaría la renovación sin el PP.
Cambiar las mayorías, según indican algunas fuentes del Ejecutivo, tropezaría con algunas pegas, porque solo se podría renovar a una parte del CGPJ (12 de un total de 20 vocales, solo los del turno judicial), creándose una situación anómala (12 miembros nuevos y 8 en funciones), y quizá de más complicado encaje constitucional. Además, rebajar las mayorías podría volverse en contra del PSOE cuando el PP recupere la Moncloa.
La reforma planeada por el PSOE es un burdo fraude de ley constitucional, un atropello que el Tribunal Constitucional no debería consentir y que las asociaciones de jueces no deberían legitimar participando en el proceso de renovación. Esta reforma revela la falta de escrúpulos democráticos del PSOE, no solo para retorcer la Constitución, sino para pactarla con los más acérrimos enemigos de la independencia judicial, como separatistas y comunistas.
El PSOE tiene un plan para hacer de la Justicia una miniatura decorativa, inerme frente a los poderes políticos, a base de indultar golpistas, sojuzgar al Ministerio Fiscal, expulsar a los jueces de la instrucción de los delitos y, ahora, poner al órgano de gobierno de los jueces al dictado de una mayoría parlamentaria social-podemita-nacionalista-republicana-batasuna, esencialmente autoritaria.
Todo ésto le da igual al gobierno Frankestein. El 13 de octubre, optaron por la vía rápida para reformar el CGPJ y que el PP no pudiera seguir bloqueando la renovación de los jueces. Así que, en lugar de presentar un proyecto de ley proveniente del Consejo de Ministros, han optado por una proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Si la reforma la promoviera el Gobierno como proyecto de ley sería necesario recabar informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Ese trámite no solo retrasaría la aprobación, sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara en contra o planteara objeciones.
El Poder Judicial sufre una bestial embestida desde La Moncloa. ¿La Fiscalía de quien depende? Pues eso. El Ejecutivo va a desterrar a la oposición del procedimiento para designar a los jueces. Un golpe al Estado parlamentario se ha puesto en marcha para someter al Poder Judicial. La separación de poderes vuela por los aires y con ella, el Estado de derecho. Una operación casi venezolana con música peronista de telón de fondo.
En efecto, la sociedad democrática ha ido destruyéndose en España de modo tan rápido y profundo que hemos llegado, en solo 10 meses, a asumir como "normal" que el Gobierno decida asaltar el poder judicial sin otro límite que chantajear al PP: o me votas los jueces del CGPJ o cambio la ley para que los nombre el Gobierno de Sánchez-Iglesias. Esta es la democracia para el gobierno socialcomunista.
La motivación real de esta estrategia política para renovar a toda prisa a los jueces no se debe a "cumplir con la Constitución", como apuntan en el Gobierno. Esto se produce porque la mayoría de los socios de Sánchez tienen problemas con la Justicia (desde luego, los tienen Pablo Iglesias y Podemos, ocurre con Esquerra, con los bildutarras…), y les interesa que los jueces sean de una ideología que les favorezca y ampare para poder salir impunes de todos los delitos de los que se les acusa (la configuración actual es mayoritaria de derechas).
Las asociaciones de jueces han mostrado su oposición a la reforma, incluyendo a los llamados progresistas. Lo mismo ocurre con los especialistas en Derecho. Se han multiplicado los comentarios, las columnas, las declaraciones, hablando de invasión del Gobierno, de colonización de la Justicia, de ruptura de la separación de poderes…
Y en Europa se han echado las manos a la cabeza. Y a algún sitio más: a los bolsillos. Se están preguntando si un Estado donde se conculca el principio de la separación de poderes puede recibir las ayudas económicas comprometidas para salir de la crisis económica. Polonia, penalizado por algunas decisiones que afectaban a la independencia judicial, ha preguntado a Bruselas si van a exigir lo mismo a España. En ese nivel nos han colocado. Y Europa se ha pronunciado:
Lo que está en cuestión es si la reforma de Sánchez vulnera los principios del Rule of Law Mechanism (Mecanismo de Estado de Derecho) de la Unión Europea. Uno de los acuerdos del Consejo Europeo de julio para el reparto de fondos fue la introducción de esta cláusula de respeto a los principios de la Unión y la separación de poderes como salvaguarda para liberar el multimillonario paquete de ayudas. Lo que busca este mecanismo es evitar que una lluvia de millones permita a determinados gobiernos perpetuarse en el poder a cambio de nada (que es justo lo que pretenden Sánchez e Iglesias).
España está arriesgando su acceso a los fondos de recuperación europeos con el planteamiento del Gobierno de coalición para renovar por las bravas el Poder Judicial. Si las instituciones europeas entienden que la reforma del Poder Judicial merma el Estado de Derecho español, la llegada de los fondos se verá afectada tanto en su condicionalidad como en la cantidad de dinero que se reciba. Por no hablar del grave problema reputacional al que está sometido nuestro país, con decenas de informaciones críticas en la prensa internacional.
Pero para el gobierno socialcomunista la ocupación de la Justicia no es el final. Es un paso más en el asalto al Estado. Lo quieren ocupar todo. ¡Manos arriba!
Actualización 22 octubre: Superada la moción de censura, en la que el PP rompió de manera rotunda con Vox al no apoyarla, Pedro Sánchez ha anunciado la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y ha vuelto a tender la mano a Pablo Casado para repartirse el poder judicial.
¿A qué se debe el desestimiento de Sánchez? A que el 21 de octubre, Bruselas dio un segundo aviso al gobierno de España. Esta vez fue en forma de carta, remitida por el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en la que advertía de que la posible la reforma del CGPJ planteada por el PSOE violaría las normas anticorrupción del Consejo de Europa, ya que las normas establecen que al menos la mitad de los miembros del consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial.
Ese mismo día por la tarde hubo un tercer aviso, mucho más directo: durante una llamada telefónica con la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, pidió más información sobre la reforma y recordó la posición de la Comisión Europea sobre la necesidad de reforzar la independencia judicial y garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización.
A pesar de todo, la congelación anunciada por Sánchez no es definitiva. El Gobierno reactivará de nuevo el proyecto de ley si las negociaciones con el PP fracasan.