Todas las libertades y derechos que hemos cedido desde marzo no parecen haber servido para derrotar al coronavirus, sino para cebar aun más a la bestia autoritaria que habita en el Ejecutivo. Lo que iba a durar 15 días lleva más de un año en vigor, y sorprende la facilidad con la que los españoles hemos aceptado el recorte de libertades y derechos fundamentales, como el que te asiste para cruzar una comunidad autónoma o volver a tu casa a la hora que te parezca oportuno.
Lo cierto es que estas normas de excepción han dado cabida a un desarrollo normativo adicional desmesurado. Directamente se ha desarrollado un ordenamiento de excepción que ha desplazado al ordenamiento jurídico común, en ocasiones, con verdadero desprecio al sistema de fuentes del derecho.
Desde hace más de un año, asistimos a un “Master Chef” de aprendices de tirano, que usan la salud como el ingrediente base con el que camuflar el regusto despótico de sus recetas para contener la pandemia.
Mientras que las sucesivas olas de coronavirus que hemos padecido han tenido sus picos para luego descender, la curva de atentados cometidos por el Ejecutivo contra el Estado de derecho ha ido creciendo exponencialmente y parece no haber alcanzado su nivel máximo.
Encadenamos un estado de alarma prorrogado cada 15 días (durante 3 meses) para frenar la primera ola, con otro de 6 meses. Medio año (más) de excepcionalidad que está permitiendo a los de Sánchez gobernar sin tener que someterse a los contrapesos ordinarios, socavando los cimientos del sistema como nunca antes en la historia de nuestra democracia. Medio año (más) de medidas arbitrarias, de ilegalidades manifiestas y, cómo no, de profundizar en la ruina.
El último plato que han incorporado a este menú de abusos es el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 10 de marzo. Básicamente consiste en una componenda de todos los presidentes autonómicos con el ministerio de Sanidad para restringir más todavía nuestras libertades durante las festividades de San José y Semana Santa. Algo que, desde el punto de vista jurídico, es abiertamente inconstitucional.
La ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, dispone en su artículo séptimo que, a los efectos del estado de alarma, la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma. De conformidad con este precepto, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma vigente en la actualidad, delegó la competencia en los presidentes autonómicos.
El Consejo Interterritorial de Salud no es autoridad competente de nada, ni puede imponer sus acuerdos a ninguna comunidad autónoma. Una cosa es que actúe como organismo de coordinación entre las administraciones implicadas y otra muy distinta es que pretenda suplir al presidente de una comunidad o arrogarse sus competencias.
Esto es precisamente lo que está haciendo cuando pretende que Madrid cumpla con un acuerdo que rechaza (única comunidad que votó en contra), obligándola a aplicar limitaciones cuya implementación es facultad exclusiva del presidente autonómico. Más aún cuando la normativa reguladora de este Consejo establece que sus acuerdos se plasmarán a través de recomendaciones (no obligaciones) que se aprobarán, en su caso, por consenso.
La resolución que establece las restricciones de Semana Santa ha sido publicada en el BOE el 12 de marzo, y en él aparece citado el acuerdo que sienta las 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19', un documento que la propia resolución incumple. Más concretamente, incumple lo que en cuanto a restricciones a la movilidad se pactó.
El documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 establece el marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta definidos mediante la evaluación del riesgo según el conjunto de indicadores epidemiológicos, de capacidad asistencial, y de salud pública. Establece 7 indicadores para valorar el riesgo epidemiológico, ponderados para determinar los distintos niveles: nueva normalidad, nivel de riesgo bajo, medio y alto.
De acuerdo con dicho documento, España (en su conjunto) se encuentra ahora mismo en un nivel de alerta 2, y la movilidad para un nivel de alerta 2 no puede prohibirse (según apunta el propio documento). O sea, que el plan para Semana Santa excede lo establecido en el documento primitivo. Se debería exclusivamente recomendar la limitación de viajes en Semana Santa y San José, no impedirlos, y solo en aquellos territorios con un nivel de alerta 2.
Cabe recordar también que cuando el ex-ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó el acuerdo de medidas para Navidad, que sí permitía el viaje entre comunidades autónomas, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días era de 251. Ahora estamos en 127 y se prohíbe viajar.
Con el agravante de que la prohibición sólo es aplicable a los ciudadanos españoles, porque los turistas extranjeros sí que tienen permitido venir a cualquier parte de nuestro país a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. ¡Hasta la UE ha reclamado "coherencia" a España por las distinciones entre el turismo nacional e internacional!
Mientras que todas las comunidades autónomas permanecerán cerradas en Semana Santa, los aeropuertos seguirán abiertos para recibir a turistas internacionales que presenten la correspondiente PCR. Esa opción, sin embargo, no se permite a los turistas nacionales que quieran desplazarse entre comunidades autónomas. ¿Ahora resulta que el virus sí entiende de fronteras?
Es de auténtico chiste (por no decir DICTATORIAL). La incongruencia llega a tal punto que si quiero ir a ver a mi familia que vive en otra Comunidad Autónoma, no podré hacerlo en coche o tren, pero sí en avión. ¿Cómo? Haciendo escala en otro país europeo, es decir, se puede ir de Madrid a Valencia pasando por París o Bruselas. Y es que el BOE habla de restringir la libre circulación en el territorio nacional, pero no prohibe los viajes al extranjero.
Para más Inri, tanta prohibición no sirve para nada. Según un análisis realizado por Datamarket.es, los ciudadanos se siguen moviendo igual con restricciones, en la cuarta ola incluso ligeramente más que antes, quizá por el cansancio de estas medidas. «A tenor de los datos extraídos los cierres perimetrales autonómicos no funcionan, pero es que tampoco los provinciales o municipales. O se hace un cierre serio como el de la primera ola o no deberían existir porque no sirven para bajar las tasas de contagio».
Y añade: «El cambio de hábitos es lo que más influye en los contagios y no las restricciones 'suaves' de movilidad». Dicho de otro modo, de nada sirve no poder salir de tu provincia o comunidad si en los días de vacaciones el ciudadano opta por ver a sus familiares y amigos, máxime si la visita se hace en los interiores de las viviendas o de los locales.
A este estudio preliminar basado en el análisis de Big Data hay que añadir las propias incoherencias de las restricciones de Semana Santa: «No tiene ningún sentido que un castellano-leonés o un andaluz pueda moverse kilómetros y kilómetros entre localidades con diferentes índices de tasa de contagio». «No puedes tener a la ciudadanía siete días sin trabajar y sin moverse» porque es cuando las burbujas no se respetan y se disparan los contagios de Covid-19», remacha el informe.
Pero hay más. Con base a este nuevo 'acuerdo' interterritorial, se quiere obligar a las CCAA a establecer un toque de queda desde las 23:00 hasta las 6:00 horas, cuando el decreto de estado de alarma dispone que la autoridad competente delegada podrá determinar que la hora de comienzo de la limitación sea entre las 22:00 y las 00:00 horas, y la hora de finalización entre las 5:00 y las 7:00 horas.
Algo parecido sucede con el número máximo de personas que pueden permanecer en un espacio de uso privado. El decreto de alarma establece un máximo de 6 –salvo que se trate de convivientes- habilitando a la autoridad delegada competente a establecer un número máximo inferior a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. El acuerdo del Consejo para San José y Semana Santa los reduce a 0 (salvo convivientes).
Sin embargo, nos venden como buena idea comprobar si 5.000 personas se contagian en un concierto sin distancia social, con unos test de antígenos. Haber dejado que tal cosa se llevara a efecto. Vayan luego a decir que nos sentemos 6 por mesa. ¿No ven que es absurdo?
¿Y qué hay de Ley de la nueva (sub) normalidad que nos obliga a llevar mascarilla en espacios al aire libre (playas, piscinas, campo...) aunque se mantenga 1,5 metros de distancia con otras personas? Los que vemos cómo se escribe con tinta de ley que hay que llevar bozal mientras pescas chipirones en solitario, pero que te lo puedes quitar para comerlos en el interior de un restaurante, esos nos soliviantamos por el insulto a nuestra inteligencia común.
Asimismo, se ignoran deliberadamente los otros criterios a los que también hace referencia el real decreto, que son los económicos y sociales. Era el momento de ponderar los bienes en juego, reactivar la actividad productiva y recuperar espacios de libertad. En su lugar, han optado por profundizar en una pandemia económica y psicológica que arrasará con los bolsillos y con la salud mental de millones de españoles. Y para esto no hay vacuna.
Tras más de un año de pandemia, el Gobierno sigue apostando por soluciones medievales que no sólo no han mostrado más eficacia que otras menos restrictivas en la lucha contra la Covid-19, sino que, además, destrozan la economía. Es el caso de los cierres perimetrales de autonomías o las restricciones a la movilidad por decreto o de facto mediante toques de queda o sucedáneos.
¿Han tenido mucha menos incidencia de casos las comunidades que optaron por el cierre de la hostelería, frente a las que han optado por dejarla abierta con restricciones de aforo? ¿Mejora mucho la situación epidemiológica de una región el cierre de bares y tiendas a las 8 de la tarde en vez de a las 10 de la noche? Resulta más que dudoso, a la vista de los datos que el propio Ministerio de Sanidad ofrece a diario sobre la evolución de la pandemia.
No han aprendido a hacer nada que no sea prohibir y dar normas, distintas, divergentes, incomprensibles, y siguen por esa senda. Unos dicen que perimetrar no sirve, pero han basado su acción en perimetrar barrios y distritos de salud. El gran éxito madrileño, dicen. Otros afirman que impedir la movilidad ayuda, pero no quieren discernir que los desplazamientos no son igual de peligrosos, que irte a tu segunda casa y luego estar al aire libre, es menos peligroso que quedarte en la ciudad dentro de los bares hasta el toque de queda. Todo eso la gente lo sabe y es obvio que muchos han decidido pasarse sus normas por el arco del triunfo. Otros seguimos aquí soportando estulticias y marchas adelante y atrás, y decisiones sin sentido por pura conciencia cívica.
Cada vez hay más gente haciendo pillerías para saltarse prohibiciones que considera abusivas y absurdas. No puedo ir a mi casa pero llegan los turistas. Puedo irme de vacaciones con una escala en Frankfurt. En este país prohibir y poner multas parece la única autopista hacia la prevención. ¿Por qué no han permitido a la gente moverse, pero impidiendo que vayan a los sitios a los que realmente no quieren que vayan?
Están propiciando la sedición de las gentes y saben que a base de coerción pura y dura no podrán manejarlas. No lo están haciendo bien. No lo están explicando bien. No lo están arbitrando bien.
Es una pena porque fuera hay gente racional, ciudadanos que podrían entenderles, pero han optado por aplaudir que se viole la Constitución para evitar una fiesta, y es muy difícil que la vida inteligente vaya a tragar con todo.
Por si fuera poco, parece que el Gobierno pretende prolongar esta situación más allá de mayo, mediante una nueva prórroga del estado de alarma. Siguiendo con la metáfora culinaria, podría decirse que los derechos que nos han arrebatado hasta ahora han sido un mero aperitivo y que aún no han cocinado en los fogones el plato principal. Este gobierno depredador de libertades es insaciable.
Lo cierto es que estas normas de excepción han dado cabida a un desarrollo normativo adicional desmesurado. Directamente se ha desarrollado un ordenamiento de excepción que ha desplazado al ordenamiento jurídico común, en ocasiones, con verdadero desprecio al sistema de fuentes del derecho.
Desde hace más de un año, asistimos a un “Master Chef” de aprendices de tirano, que usan la salud como el ingrediente base con el que camuflar el regusto despótico de sus recetas para contener la pandemia.
Mientras que las sucesivas olas de coronavirus que hemos padecido han tenido sus picos para luego descender, la curva de atentados cometidos por el Ejecutivo contra el Estado de derecho ha ido creciendo exponencialmente y parece no haber alcanzado su nivel máximo.
Encadenamos un estado de alarma prorrogado cada 15 días (durante 3 meses) para frenar la primera ola, con otro de 6 meses. Medio año (más) de excepcionalidad que está permitiendo a los de Sánchez gobernar sin tener que someterse a los contrapesos ordinarios, socavando los cimientos del sistema como nunca antes en la historia de nuestra democracia. Medio año (más) de medidas arbitrarias, de ilegalidades manifiestas y, cómo no, de profundizar en la ruina.
El último plato que han incorporado a este menú de abusos es el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 10 de marzo. Básicamente consiste en una componenda de todos los presidentes autonómicos con el ministerio de Sanidad para restringir más todavía nuestras libertades durante las festividades de San José y Semana Santa. Algo que, desde el punto de vista jurídico, es abiertamente inconstitucional.
La ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, dispone en su artículo séptimo que, a los efectos del estado de alarma, la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma. De conformidad con este precepto, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma vigente en la actualidad, delegó la competencia en los presidentes autonómicos.
El Consejo Interterritorial de Salud no es autoridad competente de nada, ni puede imponer sus acuerdos a ninguna comunidad autónoma. Una cosa es que actúe como organismo de coordinación entre las administraciones implicadas y otra muy distinta es que pretenda suplir al presidente de una comunidad o arrogarse sus competencias.
Esto es precisamente lo que está haciendo cuando pretende que Madrid cumpla con un acuerdo que rechaza (única comunidad que votó en contra), obligándola a aplicar limitaciones cuya implementación es facultad exclusiva del presidente autonómico. Más aún cuando la normativa reguladora de este Consejo establece que sus acuerdos se plasmarán a través de recomendaciones (no obligaciones) que se aprobarán, en su caso, por consenso.
La resolución que establece las restricciones de Semana Santa ha sido publicada en el BOE el 12 de marzo, y en él aparece citado el acuerdo que sienta las 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19', un documento que la propia resolución incumple. Más concretamente, incumple lo que en cuanto a restricciones a la movilidad se pactó.
El documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 establece el marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta definidos mediante la evaluación del riesgo según el conjunto de indicadores epidemiológicos, de capacidad asistencial, y de salud pública. Establece 7 indicadores para valorar el riesgo epidemiológico, ponderados para determinar los distintos niveles: nueva normalidad, nivel de riesgo bajo, medio y alto.
De acuerdo con dicho documento, España (en su conjunto) se encuentra ahora mismo en un nivel de alerta 2, y la movilidad para un nivel de alerta 2 no puede prohibirse (según apunta el propio documento). O sea, que el plan para Semana Santa excede lo establecido en el documento primitivo. Se debería exclusivamente recomendar la limitación de viajes en Semana Santa y San José, no impedirlos, y solo en aquellos territorios con un nivel de alerta 2.
Cabe recordar también que cuando el ex-ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó el acuerdo de medidas para Navidad, que sí permitía el viaje entre comunidades autónomas, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días era de 251. Ahora estamos en 127 y se prohíbe viajar.
Con el agravante de que la prohibición sólo es aplicable a los ciudadanos españoles, porque los turistas extranjeros sí que tienen permitido venir a cualquier parte de nuestro país a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. ¡Hasta la UE ha reclamado "coherencia" a España por las distinciones entre el turismo nacional e internacional!
Mientras que todas las comunidades autónomas permanecerán cerradas en Semana Santa, los aeropuertos seguirán abiertos para recibir a turistas internacionales que presenten la correspondiente PCR. Esa opción, sin embargo, no se permite a los turistas nacionales que quieran desplazarse entre comunidades autónomas. ¿Ahora resulta que el virus sí entiende de fronteras?
Es de auténtico chiste (por no decir DICTATORIAL). La incongruencia llega a tal punto que si quiero ir a ver a mi familia que vive en otra Comunidad Autónoma, no podré hacerlo en coche o tren, pero sí en avión. ¿Cómo? Haciendo escala en otro país europeo, es decir, se puede ir de Madrid a Valencia pasando por París o Bruselas. Y es que el BOE habla de restringir la libre circulación en el territorio nacional, pero no prohibe los viajes al extranjero.
Para más Inri, tanta prohibición no sirve para nada. Según un análisis realizado por Datamarket.es, los ciudadanos se siguen moviendo igual con restricciones, en la cuarta ola incluso ligeramente más que antes, quizá por el cansancio de estas medidas. «A tenor de los datos extraídos los cierres perimetrales autonómicos no funcionan, pero es que tampoco los provinciales o municipales. O se hace un cierre serio como el de la primera ola o no deberían existir porque no sirven para bajar las tasas de contagio».
Y añade: «El cambio de hábitos es lo que más influye en los contagios y no las restricciones 'suaves' de movilidad». Dicho de otro modo, de nada sirve no poder salir de tu provincia o comunidad si en los días de vacaciones el ciudadano opta por ver a sus familiares y amigos, máxime si la visita se hace en los interiores de las viviendas o de los locales.
A este estudio preliminar basado en el análisis de Big Data hay que añadir las propias incoherencias de las restricciones de Semana Santa: «No tiene ningún sentido que un castellano-leonés o un andaluz pueda moverse kilómetros y kilómetros entre localidades con diferentes índices de tasa de contagio». «No puedes tener a la ciudadanía siete días sin trabajar y sin moverse» porque es cuando las burbujas no se respetan y se disparan los contagios de Covid-19», remacha el informe.
Pero hay más. Con base a este nuevo 'acuerdo' interterritorial, se quiere obligar a las CCAA a establecer un toque de queda desde las 23:00 hasta las 6:00 horas, cuando el decreto de estado de alarma dispone que la autoridad competente delegada podrá determinar que la hora de comienzo de la limitación sea entre las 22:00 y las 00:00 horas, y la hora de finalización entre las 5:00 y las 7:00 horas.
Algo parecido sucede con el número máximo de personas que pueden permanecer en un espacio de uso privado. El decreto de alarma establece un máximo de 6 –salvo que se trate de convivientes- habilitando a la autoridad delegada competente a establecer un número máximo inferior a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. El acuerdo del Consejo para San José y Semana Santa los reduce a 0 (salvo convivientes).
Sin embargo, nos venden como buena idea comprobar si 5.000 personas se contagian en un concierto sin distancia social, con unos test de antígenos. Haber dejado que tal cosa se llevara a efecto. Vayan luego a decir que nos sentemos 6 por mesa. ¿No ven que es absurdo?
¿Y qué hay de Ley de la nueva (sub) normalidad que nos obliga a llevar mascarilla en espacios al aire libre (playas, piscinas, campo...) aunque se mantenga 1,5 metros de distancia con otras personas? Los que vemos cómo se escribe con tinta de ley que hay que llevar bozal mientras pescas chipirones en solitario, pero que te lo puedes quitar para comerlos en el interior de un restaurante, esos nos soliviantamos por el insulto a nuestra inteligencia común.
Asimismo, se ignoran deliberadamente los otros criterios a los que también hace referencia el real decreto, que son los económicos y sociales. Era el momento de ponderar los bienes en juego, reactivar la actividad productiva y recuperar espacios de libertad. En su lugar, han optado por profundizar en una pandemia económica y psicológica que arrasará con los bolsillos y con la salud mental de millones de españoles. Y para esto no hay vacuna.
Tras más de un año de pandemia, el Gobierno sigue apostando por soluciones medievales que no sólo no han mostrado más eficacia que otras menos restrictivas en la lucha contra la Covid-19, sino que, además, destrozan la economía. Es el caso de los cierres perimetrales de autonomías o las restricciones a la movilidad por decreto o de facto mediante toques de queda o sucedáneos.
¿Han tenido mucha menos incidencia de casos las comunidades que optaron por el cierre de la hostelería, frente a las que han optado por dejarla abierta con restricciones de aforo? ¿Mejora mucho la situación epidemiológica de una región el cierre de bares y tiendas a las 8 de la tarde en vez de a las 10 de la noche? Resulta más que dudoso, a la vista de los datos que el propio Ministerio de Sanidad ofrece a diario sobre la evolución de la pandemia.
No han aprendido a hacer nada que no sea prohibir y dar normas, distintas, divergentes, incomprensibles, y siguen por esa senda. Unos dicen que perimetrar no sirve, pero han basado su acción en perimetrar barrios y distritos de salud. El gran éxito madrileño, dicen. Otros afirman que impedir la movilidad ayuda, pero no quieren discernir que los desplazamientos no son igual de peligrosos, que irte a tu segunda casa y luego estar al aire libre, es menos peligroso que quedarte en la ciudad dentro de los bares hasta el toque de queda. Todo eso la gente lo sabe y es obvio que muchos han decidido pasarse sus normas por el arco del triunfo. Otros seguimos aquí soportando estulticias y marchas adelante y atrás, y decisiones sin sentido por pura conciencia cívica.
Cada vez hay más gente haciendo pillerías para saltarse prohibiciones que considera abusivas y absurdas. No puedo ir a mi casa pero llegan los turistas. Puedo irme de vacaciones con una escala en Frankfurt. En este país prohibir y poner multas parece la única autopista hacia la prevención. ¿Por qué no han permitido a la gente moverse, pero impidiendo que vayan a los sitios a los que realmente no quieren que vayan?
Están propiciando la sedición de las gentes y saben que a base de coerción pura y dura no podrán manejarlas. No lo están haciendo bien. No lo están explicando bien. No lo están arbitrando bien.
Es una pena porque fuera hay gente racional, ciudadanos que podrían entenderles, pero han optado por aplaudir que se viole la Constitución para evitar una fiesta, y es muy difícil que la vida inteligente vaya a tragar con todo.
Por si fuera poco, parece que el Gobierno pretende prolongar esta situación más allá de mayo, mediante una nueva prórroga del estado de alarma. Siguiendo con la metáfora culinaria, podría decirse que los derechos que nos han arrebatado hasta ahora han sido un mero aperitivo y que aún no han cocinado en los fogones el plato principal. Este gobierno depredador de libertades es insaciable.