Un año de pandemia: 4 millones de parados y 400.000 empleos destruidos (esto "oficialmente", ya que en la realidad hay 6 millones de personas sin trabajo). El paro arrasa tres meses después de la promesa de Sánchez de crear 800.000 empleos. Mes a mes la estadística refleja que el calado de la crisis económica es muy profundo y que las ayudas desplegadas son insuficientes. Las empresas se desangran y la consecuencia inmediata es el cierre de negocios y la destrucción de empleo, situación que se agrava por un sector turístico que sigue en estado de shock y que ha dejado de aportar al PIB.
Desastre laboral en febrero. Ni el optimismo habitual del Gobierno en materia de empleo ha podido enmascarar el batacazo del segundo mes del año, que aumenta en 44.436 personas en paro, un 1,12% respecto al mes anterior. En términos interanuales, el resultado es todavía peor porque nuestro país sumó 762.742 parados más en el último año, lo que supone un incremento del 23,5%.
España creó sólo 20.632 empleos en el peor febrero desde 2013 y el paro superó en febrero de 2021 los 4 millones de desempleados por primera vez desde abril de 2016. ¿La justificación del Gobierno? El Ministerio de trabajo achaca el desastre laboral de febrero a las severas restricciones a la actividad impuestas para afrontar la cuarta ola del coronavirus, y al interés de los ciudadanos en inscribirse al SEPE para cobrar ayudas estatales.
Y a pesar de los datos demoledores, el nuevo Gobierno planea derogar la reforma laboral del PP prácticamente en su totalidad, para cumplir un acuerdo firmado con Bildu que está más cerca del populismo que de la ortodoxia económica. Sobre la mesa, los objetivos del Ejecutivo pasan por volver a priorizar el convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la vigencia indefinida de los convenios y eliminar el despido por bajas reincidentes en un periodo determinado. También quieren reformar el Estatuto de los Trabajadores (para adecuarlo a los nuevos retos de digitalización del mercado laboral) y subir el salario mínimo interprofesional.
Los datos de desempleo conocidos ayer demuestran que la senda emprendida por el Gobierno es errática e ineficaz porque, incluso en un contexto tan complejo y dramático como es la pandemia, ninguna decisión está realmente orientada a frenar la sangría del paro.
Si las cifras de desempleo reconocidas por el Gobierno son alarmantes e insostenibles, lo es más aún la realidad. España ha roto la barrera de los 4 millones de parados, pero la realidad es que hay más de 6 millones de personas sin trabajar, fruto del maquillaje estadístico de Moncloa.
Por un lado tenemos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el gran aliado estadístico del Gobierno durante la pandemia. El problema es que muchos de ellos desembocarán inevitablemente en ERE definitivos. Según los datos de Trabajo, a día 28 de febrero hay 889.383 personas en ERTE, que hay que sumar a los 4.008.789 parados oficiales.
Aunque el Gobierno ha venido insistiendo mucho en que los ERTE "no son parados", el riesgo de su zombificación aumenta. Es decir, el riesgo de que no puedan recuperar nunca sus puestos de trabajo cada vez es mayor, ya que más de la mitad de estas personas se desempeñaban en restauración, hoteles, actividades de creación, artísticas y espectáculos, y sector servicios. En estos sectores, 9 de cada 10 empleos fueron fulminados en el último año.
Pero los ERTE no son el único maquillaje estadístico que hay que tener en cuenta para analizar el verdadero número de personas que actualmente se encuentran en el limbo laboral.
Desde hace más de una década, el Gobierno socialista decidió sacar de las listas del paro a todas las personas que estaban realizando algún cursillo del paro, que son los denominados "demandantes de empleo no ocupados" (DENOS) y que en febrero eran 297.346 personas.
Tampoco cuentan como parados los demandantes de empleo con "disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" que son aquellos parados que indican en su solicitud de empleo condiciones especiales de trabajo. Por ejemplo, sólo trabajar a domicilio, con teletrabajo, en el extranjero o en unos determinados días. En febrero, esta categoría ascendió a 408.853 personas.
Por tanto, si a esos casi 5 millones de personas sin trabajar (entre los parados y los ERTE) le sumamos más de 700.000 que afloran en esta otra cocina del SEPE y que tampoco trabajan, el resultado es de 5,6 millones de personas, una cifra muy por encima de la estadística oficial.
Pero ahí no acaba todo. Si tenemos en cuenta que en febrero había más de 500.000 autónomos con el negocio cerrado y cobrando la prestación por cese de actividad por parte de la Seguridad Social, ya estamos hablando de más de 6 millones de personas en un letargo laboral del que les va a resultar difícil salir.
Eso son 2 millones más que los 4 millones de parados contabilizados por el Gobierno. Y no se trata de una situación coyuntural, sino de un drama con visos de permanencia porque, incluso cuando se haya superado el Covid, serán miles de empresas las arrasadas. De momento, 2020 cerró con 109.000 empresas clausuradas que ya difícilmente podrán reabrir cuando hayamos superado la fase de inmunización generalizada.
Desastre laboral en febrero. Ni el optimismo habitual del Gobierno en materia de empleo ha podido enmascarar el batacazo del segundo mes del año, que aumenta en 44.436 personas en paro, un 1,12% respecto al mes anterior. En términos interanuales, el resultado es todavía peor porque nuestro país sumó 762.742 parados más en el último año, lo que supone un incremento del 23,5%.
España creó sólo 20.632 empleos en el peor febrero desde 2013 y el paro superó en febrero de 2021 los 4 millones de desempleados por primera vez desde abril de 2016. ¿La justificación del Gobierno? El Ministerio de trabajo achaca el desastre laboral de febrero a las severas restricciones a la actividad impuestas para afrontar la cuarta ola del coronavirus, y al interés de los ciudadanos en inscribirse al SEPE para cobrar ayudas estatales.
Y a pesar de los datos demoledores, el nuevo Gobierno planea derogar la reforma laboral del PP prácticamente en su totalidad, para cumplir un acuerdo firmado con Bildu que está más cerca del populismo que de la ortodoxia económica. Sobre la mesa, los objetivos del Ejecutivo pasan por volver a priorizar el convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la vigencia indefinida de los convenios y eliminar el despido por bajas reincidentes en un periodo determinado. También quieren reformar el Estatuto de los Trabajadores (para adecuarlo a los nuevos retos de digitalización del mercado laboral) y subir el salario mínimo interprofesional.
Maquillaje estadístico
Maquillar los datos de desempleo es hacerse trampas al solitario y carece de sentido porque, antes o después, sostener en el tiempo todo el aparato de propaganda, como hace el Gobierno, se volverá en su contra. Es absurdo luchar contra la evidencia sin admitir que la estrategia de no conceder ayudas directas a las empresas es un error tan mayúsculo como seguir alentando en Europa una derogación de facto de la reforma laboral.Los datos de desempleo conocidos ayer demuestran que la senda emprendida por el Gobierno es errática e ineficaz porque, incluso en un contexto tan complejo y dramático como es la pandemia, ninguna decisión está realmente orientada a frenar la sangría del paro.
Si las cifras de desempleo reconocidas por el Gobierno son alarmantes e insostenibles, lo es más aún la realidad. España ha roto la barrera de los 4 millones de parados, pero la realidad es que hay más de 6 millones de personas sin trabajar, fruto del maquillaje estadístico de Moncloa.
Por un lado tenemos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el gran aliado estadístico del Gobierno durante la pandemia. El problema es que muchos de ellos desembocarán inevitablemente en ERE definitivos. Según los datos de Trabajo, a día 28 de febrero hay 889.383 personas en ERTE, que hay que sumar a los 4.008.789 parados oficiales.
Aunque el Gobierno ha venido insistiendo mucho en que los ERTE "no son parados", el riesgo de su zombificación aumenta. Es decir, el riesgo de que no puedan recuperar nunca sus puestos de trabajo cada vez es mayor, ya que más de la mitad de estas personas se desempeñaban en restauración, hoteles, actividades de creación, artísticas y espectáculos, y sector servicios. En estos sectores, 9 de cada 10 empleos fueron fulminados en el último año.
Pero los ERTE no son el único maquillaje estadístico que hay que tener en cuenta para analizar el verdadero número de personas que actualmente se encuentran en el limbo laboral.
Desde hace más de una década, el Gobierno socialista decidió sacar de las listas del paro a todas las personas que estaban realizando algún cursillo del paro, que son los denominados "demandantes de empleo no ocupados" (DENOS) y que en febrero eran 297.346 personas.
Tampoco cuentan como parados los demandantes de empleo con "disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" que son aquellos parados que indican en su solicitud de empleo condiciones especiales de trabajo. Por ejemplo, sólo trabajar a domicilio, con teletrabajo, en el extranjero o en unos determinados días. En febrero, esta categoría ascendió a 408.853 personas.
Por tanto, si a esos casi 5 millones de personas sin trabajar (entre los parados y los ERTE) le sumamos más de 700.000 que afloran en esta otra cocina del SEPE y que tampoco trabajan, el resultado es de 5,6 millones de personas, una cifra muy por encima de la estadística oficial.
Pero ahí no acaba todo. Si tenemos en cuenta que en febrero había más de 500.000 autónomos con el negocio cerrado y cobrando la prestación por cese de actividad por parte de la Seguridad Social, ya estamos hablando de más de 6 millones de personas en un letargo laboral del que les va a resultar difícil salir.
Eso son 2 millones más que los 4 millones de parados contabilizados por el Gobierno. Y no se trata de una situación coyuntural, sino de un drama con visos de permanencia porque, incluso cuando se haya superado el Covid, serán miles de empresas las arrasadas. De momento, 2020 cerró con 109.000 empresas clausuradas que ya difícilmente podrán reabrir cuando hayamos superado la fase de inmunización generalizada.