Para los gobiernos central y autonómicos la noche es el virus, y la falta de "disciplina social" de los ciudadanos (especialmente de los jóvenes) la principal culpable de que la pandemia se haya descontrolado, una vez más, en nuestro país. ¿Qué se les ha ocurrido para remediarlo? Implantar un toque de queda, prohibiéndonos salir de casa durante la noche, pero ¡Oh sorpresa! ello requiere volver a la casilla de salida e implantar de nuevo el estado de alarma, con la excepcionalidad de que esta vez durará 6 meses del tirón. Así Sánchez evita tener que rendir cuentas y mendigar votos cada 15 días para prorrogarlo, que es lo que le exige la ley.
Las voces de alarma se han multiplicado en las últimas semanas y la tensión de los ciudadanos ha aumentado; entre otras cosas, porque los mensajes que reciben por parte de medios de comunicación y portavoces son contradictorios, exagerados o interesados. En una semana hemos pasado del "estamos observando una cierta estabilización en la tendencia nacional [...] previa a un posible descenso" (Fernando Simón, 15 de octubre) a "la situación que vivimos es extrema" (Pedro Sánchez, 23 octubre).
Es indudable que la pandemia ha vuelto a alcanzar cotas de contagio más que preocupantes y que la cercanía del frío agravará sus consecuencias. El país vive la peor segunda ola de Europa y, lejos de aplicar medidas destinadas a mejorar la sanidad, se decide prohibir la movilidad durante la noche, como si el virus tuviera una transmisión diferenciada por franjas horarias. Ya solo les falta sacar a la calle al Ejército con metralletas y tanques, como en el golpe de Estado del 23-F de 1981 (única vez que se implantó en España el toque de queda, y sólo fue durante unas horas). Tiempo al tiempo.
Pero como algunos países europeos, como Francia o Italia, están aplicando el toque de queda, pretenden que lo veamos como "normal y necesario". La diferencia es que allí, el toque de queda se aplica solo en ciudades grandes (París y Roma) y aquí en España, será común para todas, incluso en la más recóndita aldea, obviando las tasas de infección de cada lugar. En España hay poblaciones libres de coronavirus que tendrán que cumplir con estas medidas. De nuevo, pagamos justos por pecadores.
[Actualización 16 febrero 2021: En Holanda también se decretó el toque de queda de 21h a 4:30h pero, a diferencia de los españoles, los holandeses se han movilizado contra dicha medida, causando durante varios días numerosas protestas y graves disturbios. El grupo 'Viruswaarheid' (La verdad sobre el virus), formado por activistas contra las medidas sanitarias en la pandemia, han llevado el caso ante la Justicia y finalmente, un tribunal de La Haya ha dictaminado que el toque de queda decretado por el Gobierno holandés debe levantarse de inmediato porque es una medida que afecta la libertad individual y fue tomada sin el consentimiento expreso del Parlamento, utilizando los poderes de emergencia. ¡Tomemos nota en España!]
Por supuesto, los noticiarios de las grandes cadenas de televisión nos han bombardeado durante los últimos días con los beneficios de esta medida, lo que implica que a los ciudadanos nos toman por memos, al transmitirnos que la pandemia se expande más de noche que de día, y que eso sucede por los irresponsables (que los hay, pero que no son mayoría). La cuestión es obvia: no se puede aniquilar la vida social de 47 millones de ciudadanos sine die, deben dar alternativas para que podamos tener un tiempo de esparcimiento y no solo ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Dónde queda eso de que "debemos aprender a convivir con el virus"?
El toque de queda (que Su Persona pretende maquillar con "una expresión más contemporánea" que él denomina “restricción de movilidad nocturna”) es una forma de derivar toda la responsabilidad hacia la población. Implica culpar de la penosa situación española a los juerguistas y a los borrachos, cuando es la falta de rumbo político y de consenso lo que ha situado a nuestro país a la cabeza europea en cuanto a número de contagios por habitante.
Las medidas que se implanten, además de ser lógicas y no contradictorias, deben poder sostenerse a largo plazo. Y cerrar los parques infantiles mientras se mantienen abiertos los colegios es una estupidez, del mismo modo que pensar que las personas se infectan en casa, y no en las aulas o en el trabajo. Ni en el transporte público, donde ni mucho menos se han evitado las aglomeraciones. De igual modo, todas las tardes se llenan los supermercados, donde se producen más aglomeraciones que en casi cualquier espacio cerrado, pero alguien parece haber concluido que al cruzar la puerta de estos establecimientos se desarrolla inmunidad.
El cóctel que se ha generado lleva un apellido ruso, que es el de Molotov. La ciudadanía está cada vez más enfadada y eso provoca que sus reacciones sean más imprevisibles y los llamamientos a la responsabilidad civil, cada vez menos efectivos, fruto de la desconfianza y de los sinsentidos del Ejecutivo y "sus científicos". Nada más implantarse, se han sucedido en varias ciudades españolas numerosas protestas violentas contra el toque de queda y las medidas autoritarias del Gobierno. Los ciudadanos vivimos lo que denominan "fatiga pandémica".
Esto cada vez se parece más al cuento infantil de Esopo "Pedro y el lobo", que narra la historia de un joven pastor que disfrutaba bromeando con los habitantes de su aldea sobre el inminente ataque de un lobo, y el día que vino de verdad, nadie le creyó. El pastor perdió su credibilidad, por abusar de la mentira. Lo mismo que está haciendo este Gobierno.
El Ejecutivo perdió la credibilidad en un pantano de excusas y argumentos falsos, y ahora que el lobo de la enfermedad vuelve a asomarse aullando, carece de la confianza de los ciudadanos. Porque nadie cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad.
El gran lastre del sanchismo, el factor que va a amenazar todo el mandato, es el ventajismo sectario que lo incapacita para articular políticas de Estado. Quizá a él le produzca réditos inmediatos pero los españoles lo vamos a pagar muy caro. Sus errores, sus desidias, sus estrategias políticas van a tener un coste directo en mis derechos y en mi libertad (y en la de todos los españoles).
Que el virus seguía en las calles y que solo unas medidas muy concretas y científicamente tasadas podían evitar que la pandemia volviera a recrudecerse se sabía. Esas medidas no se pusieron. Muchos pasaron de los rastreadores y de realizar las pruebas en forma debida para controlar los focos, otros abrieron las discotecas y el ocio y los bares, y nos animaron a echarnos a consumir en la vida loca, otros pidieron que llenáramos las playas… Y claro, ahora toca lamentarse. Ya andamos por 250 vidas perdidas al día, tantas como cuando cerramos en marzo.
Eso les acojona, por supuesto, porque si esto sigue así los hospitales acabarán petando y el dolor y la muerte se les volverán en contra en forma de responsabilidades, demandas, querellas o pérdida de votos. Aun así, siguen sin querer hacer lo que deben y pretenden entretenernos con medidas cosméticas que tienen tres características: no les cuestan nada, solo nos cuestan a los ciudadanos y a la restricción alocada y sin respaldo de nuestros derechos y, además, no van a resolver gran cosa.
Estoy harta de debates sobre el toque de queda, el estado de alarma o los recovecos de las leyes administrativas. Aquí no se trata de los medios sino de los objetivos, y es obvio que no los tienen muy claros. El fin no justifica los medios, pero los medios tampoco solucionan los fines. El "toque de quedar bien", como el confinamiento perimetral cosmético, solo sirve para que salven el culo y puedan decir que están haciendo algo.
El toque de queda es una medida que, según las experiencias previas (Guyana o Anvers), puede rebajar los contagios en un 18%. Es una medida gravosa en derechos, puesto que supone un confinamiento domiciliario en un tercio del día, y que proporciona una limitada efectividad. ¿Qué piensan hacer respecto al 82% restante de los contagios?
Los epidemiólogos tienen claro que las medidas contra el covid-19 no pueden centrarse en culpabilizar las conductas individuales, sino en analizar las responsabilidades colectivas y las políticas públicas. Lo que deberían hacer nuestros políticos es tomar medidas que no sean solo de restricción, sino de refuerzo de la atención primaria y de apoyo social y laboral, como imponer el teletrabajo, dar permisos laborales de las personas más vulnerables y poner medios para que puedan aislarse (en caso de necesidad) sin miedo a perder el sustento familiar.
A lo mejor habría que haber puesto en marcha campañas efectivas para conseguir que la gente quisiera colaborar, incluidos los jóvenes que pueden ser (algunos) responsables en su parcela. Pero ésto supone demasiado esfuerzo. Ponerse a pensar y a gestionar es mucho más complicado que estar analizando tácticas políticas para derrocar a unos y otros, y sumar o bajar en las encuestas de intención de voto.
Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que un toque de queda no es la panacea de todos los males. La atención primaria necesita una mejoría notable, los rastreos deben multiplicarse, y evitar el colapso hospitalario es una exigencia irrenunciable. ¡Ah claro! Es que eso depende de los gobernantes y no de los ciudadanos, por eso no se hace.
A los epidemiólogos también les chirría el hecho de no tener una información precisa de los ámbitos de contagio para saber si el ocio es importante o no en la transmisión. Porque según los datos, los casos atribuibles al ámbito social son menos de un 30%, mientras que el laboral y el educativo (con los desplazamientos que implican) suman el 70%. Es curioso que haya un interés tan diferenciado en ensalzar uno y no los otros. Pero claro, poner el acento en lo laboral significaría poner el acento en la precariedad laboral y en la desigualdad social, no en la responsabilidad individual. Y poner la mirada en el ámbito educativo obligaría a las administraciones a cuestionarse si han hecho lo suficiente para contener el covid-19 en los colegios.
En conclusión, para los expertos en epidemiología no hay datos suficientes para poder pensar que el principal problema que tenemos sea el ocio irresponsable. Y no hay evidencia de que el toque de queda sea la medida adecuada para disminuir la transmisión comunitaria descontrolada que tenemos, ni siquiera en el ocio.
El toque de queda genera mucho malestar social, muchos excesos policiales y una gran inversión en recursos policiales y judiciales. ¿No sería mejor destinar ese dinero a contratar médicos, rastreadores, y a hacer test a todo el mundo?
Por tanto, lo que debemos preguntarnos es: ¿qué fundamento tiene implantar una medida tan autoritaria como el toque de queda? El toque de queda se funda en que de 23h a 6h son las horas de más contagio, robusteciendo la leyenda de que la noche es para el jolgorio y el día para el trabajo, pero conviene advertir que precisamente en el trabajo y en los centros educativos ocurren las mayores aglomeraciones, y por tanto hay más riesgo de contagio.
¿En nombre de qué ciencia se sustenta? No sabemos. El anterior «comité de expertos» resultó que no existía y del nuevo, si es que lo hay, no conocemos un solo nombre.
Como es habitual, Sánchez vuelve a parapetarse en las recomendaciones de no-se-sabe-qué-científicos, que afirman que "más del 30% de los contagios se producen en reuniones sociales", debido principalmente al ocio nocturno y a los «botellones». Según la no-lógica de este gobierno, manteniendo las calles vacías de 23 horas a 6 de la mañana se evitarán las reuniones sociales. Tremenda estupidez. Acabará provocando el efecto contrario, porque al no poder estar la gente por la calle durante esas horas, se reunirán en domicilios. Y lo harán porque somos seres sociales, y como tales, no podemos vivir aislados por siempre jamás. El control de las casas es imposible, pero el de las calles sí es viable.
Y es que ahora se llama no-fiesta a cualquier celebración particular en la que se respeta la no-distancia y se usa la no-mascarilla durante una noche de no-copas. En la resaca del día siguiente ¿no-duele la cabeza o duele la no-cabeza?
Además de la juventud, los sectores de la hostelería y la restauración están sufriendo una criminalización brutal, y como consecuencia, son los que están pagando el pato, con restricciones de aforos, de horarios, e incluso en algunas comunidades el cierre total por decreto. Entonces surge la otra cara de la moneda: la campaña "salvemos la hostelería", en la que nos piden que adelantemos las cenas a la 8 de la tarde. Entiendo que los autónomos están sufriendo una situación económica insostenible al clausurarles su medio de vida sin razón, pero... ¿la finalidad del toque de queda no es evitar reuniones sociales, evitar que nos promulguemos en espacios cerrados, donde estamos sin mascarilla durante un tiempo prolongado para frenar los contagios? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir haciéndolo, pero más temprano? Sinceramente, cada vez entiendo menos a la sociedad.
Durante la pandemia ha faltado el enfoque en equidad en salud pero ha sobrado el securitario. Se ha puesto el foco en que estamos mal porque la gente no hace lo que debe hacer, no que como sociedad no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Se nos han colado ciertas imágenes que permiten que medidas simplistas calen en la población. Estamos cayendo ahora con el toque de queda, porque está habiendo una aceptación general de que en la noche hay pecado y hay desparrame. Pareciera que hay que reprimir a los descerebrados y si no dejas circular a la gente a esas horas el problema se va a resolver. Un error más, de tantos.
El nuevo decreto impone el toque de queda obligatorio de 23h a 6h, prohibiendo la libertad de circulación en ese horario en todo el país excepto en Canarias (dado que la situación epidemiológica en el archipiélago es mejor que en el resto). En ese horario solo se podrá salir de casa para asistir a centros sanitarios y veterinarios por motivos de urgencia, motivos laborales, asistencia o cuidados de personas mayores o dependientes, y por otras causas de fuerza mayor, así como para regresar al domicilio y para repostar gasolina por venir de hacer cualquiera de las anteriores causas. Las comunidades podrán levantar el toque de queda después del 9 de noviembre, según su situación epidemiológica.
Las comunidades tendrán un margen de una hora arriba o una hora abajo para implantarlo: podrá empezar a las 22 o a las 00h, y podrá acabar a las 5 o a las 7h de la mañana. En consecuencia, ya tenemos un nuevo caos horario. De 23 a 6 h tenemos a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Ceuta, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco. De 0 a 6h estarían Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Comunidad de Madrid. De 22 a 6 h Cataluña, Melilla, y Castilla y León.
El decreto también limita las reuniones sociales a un máximo de 6 personas, tanto en espacios privados y públicos, interiores o exteriores, con la excepción de que sean convivientes (aunque si se mezclan convivientes y no convivientes, el total será igualmente 6). Y faculta a las CCAA a que, si lo consideran oportuno, el número podrá reducirse. Esta medida se impone después de que los tribunales hayan tumbado las decisiones de varias autonomías en esa dirección, al no encontrar en la legislación ordinaria el amparo suficiente para llevarlas a cabo. Por algo será...
El estado de alarma del gobierno da cobertura legal para los confinamientos perimetrales, es decir, permite cerrar los territorios (prohibir la entrada y salida dentro de las fronteras interiores) a las comunidades, aunque no obliga a ello. Serán los gobiernos autonómicos los que decidan si cierran toda una comunidad o parte de la misma.
La autoridad competente del estado de alarma es el Gobierno central, las autoridades delegadas los presidentes autonómicos (que serán los que deberán rendir cuentas), y el órgano de cooperación y "cogobernanza" el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
A las medidas del estado de alarma se suman las medidas aprobadas en Consejo Interterritorial entre Ministerio de Sanidad y comunidades, que fijan restricciones –de aforos, horarios, actividades– según el nivel de alerta en los territorios.
En un primer momento el estado de alarma se ha aprobado durante 15 días, porque es el periodo durante el cual el Gobierno puede decretarlo unilateralmente, pero objetivo del ejecutivo de Sánchez es extenderlo seis meses. Sánchez justifica una fecha tan lejana en dar un "horizonte de certidumbre" a la ciudadanía. Obedece, dice, "a criterios técnicos y científicos" y solicita a todos los grupos "un abrumador respaldo".
El debate de tan inusual prórroga en el Congreso tendrá lugar el 29 de octubre, y cuenta con el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas, a excepción de Vox (que lo denunciará en los Tribunales) y del PP, que propone que sea de 8 semanas, tiempo suficiente para legislar un plan alternativo que permita imponer restricciones sin recurrir a un estado de excepción que amordaza el Parlamento.
29 de octubre: El Congreso APRUEBA la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, aunque deja abierta la posibilidad de que la medida pueda ser levantada el 9 de marzo, en función de la evolución de la pandemia. Sánchez solo tendrá que rendir cuentas cada dos meses ante el Parlamento.
Votación: A favor 194 (PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y los cuatro diputados del PDeCAT). En contra 53 ((Vox y Foro Asturias). Abstenciones 99 (Bildu, la CUP y UPN).
La cogobernanza no era más que un desgobierno intencionadamente maquinado para avalar la estrategia de redentorismo que ha culminado en volver a la excepción. Ya lo anticipé en el mes de julio, Sánchez estaba esperando a que los 17 reinos de taifas fracasaran para erigirse como el Mesías. Con su inacción, se ha pasado el verano preparando el clima para un nuevo decreto de estado de alarma con el que papá Sánchez regresa para “salvarnos” después de habernos hundido.
Probablemente vuelva a llegar tarde, pero tiene lista su coartada: son las autonomías las que se lo han pedido porque necesitan un marco legal que supere la limitación de sus propias ordenanzas, que hasta ahora tenían que ser ratificadas (o tumbadas) por un juez. Pero olvidan que ésto podría haberse evitado con una reforma de la legislación sanitaria, tal y como se comprometió a hacer el Ejecutivo en el mes de mayo. Ha pasado el tiempo, nadie se lo ha exigido, y ahora vuelve a otorgarse poderes excepcionales, y encima con el beneplácito de las autonomías. Jugada redonda (¿de Iván Redondo?).
¡Pero cómo no se le había ocurrido antes! Pedro Sánchez por fin ha encontrado la fórmula para que nadie le afee su deriva despótica: socializar el despotismo. Donde teníamos a un aspirante a autócrata, ahora tendremos 17. Palo y zanahoria a la vez: el capo chantajea con el descontrol de la pandemia a los 17 sistemas sanitarios, pero si se portan bien y tragan con dejarle en paz en las Cortes, les presta a cambio el cetro por medio año. Todos contentos: uno con su Doñana y los demás con su poder.
Ahora los presidentes autonómicos ya tienen vía libre para seguir mermando libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos durante los próximos 6 meses. ¡Y vaya si se han dado prisa! Nada más decretar la alarma y el toque de queda, varios caciques autonómicos han cerrado sus fronteras a cal y canto. No se puede entrar ni salir de Aragón, Asturias, Navarra, País Vasco y La Rioja, y las demás lo están estudiando.
29 de octubre: Las comunidades se blindan perimetralmente ante el inminente puente de Todos los Santos, hasta el 9 de noviembre. Por ahora, solo se libran del cierre de fronteras Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias.
Pero es que ahora, Sánchez quiere seis meses de candado sin someterse al desgaste de una votación quincenal, como en la anterior alarma. De eso sí que salió escarmentado. Ni «hemos vencido al virus» ni «salimos más fuertes», y tampoco «España puede». Sánchez ahora nos pide «moral de victoria» y «disciplina social». La resignación con la que aceptamos, otra vez, la excepción constitucional de la alarma demuestra que la «nueva normalidad» de Sánchez no era solo un juego de palabras. Lo normal ya no es lo habitual, sino lo anómalo.
Medio año es demasiado tiempo. El suficiente como para que un Gobierno tan escorado a la izquierda, o que ha pretendido someter al Poder Judicial de modo arbitrario hasta que Europa le ha forzado a rectificar, le tiente sustituir paulatinamente un régimen de libertades por otro intervencionista y autoritario.
Seis meses con España legislando al capricho de Sánchez, Iglesias y el separatismo es mucho más que un estímulo para la izquierda. Es todo un síntoma que obliga a las instituciones a permanecer alerta para impedir cualquier exceso, porque medio año de estado de alarma sin cláusulas de revisión por medio suponen una firma en barbecho para que el poder Ejecutivo prescinda de la fiscalización de los jueces y del Parlamento. Eso es lo que el presidente está pidiendo, sin mayor razón real que la de que siente pereza de acudir cada 15 días al Congreso y que no quiere que sus socios le mezclen el apoyo a la pandemia con el cambalache de los Presupuestos.
Sánchez carece de argumentos políticos, jurídicos y hasta científicos para suspender durante medio año los contrapesos democráticos legítimos. Ha calculado el plazo a ojo, a su comodidad y beneficio. Puro arbitrismo sin soporte objetivo. Con el agravante de que una vez aprobada la prórroga de 6 meses del decreto, sólo él podrá hacerlo decaer o interrumpirlo. Es decir, que Sánchez obtendrá un salvoconducto legislativo de amplio espectro para usarlo a su capricho. Si ya es arriesgado otorgar a cualquier gobernante carta blanca para cerrar las calles y restringir derechos y libertades, mucho más a alguien que esta misma primavera demostró su proclividad a confundir el acuerdo con el vasallaje.
Pero es que además, imponer un toque de queda hasta el 9 de mayo de 2021 da la estocada definitiva al turismo y al sector de la hostelería, porque implica que no habrá Puente de Diciembre, Navidades, ni Semana Santa, ni fiestas de primavera... Justo lo que le hacía falta a nuestra maltrecha economía.
La proporcionalidad de muchas medidas que van a limitar la libertad de millones de ciudadanos (sobre todo los toques de queda) quedan necesariamente en entredicho, y se abre un periodo de confusión e incertidumbre en la aplicación de la legalidad.
Una vez más, se plantea la cuestión sobre la constitucionalidad de un estado de alarma de 6 meses de duración. Según los juristas, el estado de excepción no puede tener una duración superior a los dos meses, de lo que se deduce que también el estado de alarma debería estar contenido temporalmente, y que sus prórrogas no deberían exceder ese lapso de tiempo. Cuanto menos debería aprobarse tal planteamiento inicial que triplica el tiempo máximo reglamentario.
Asimismo, la ley del reguladora del estado de alarma solo permite esta delegación en un presidente autonómico «cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad». En el caso que nos ocupa, al estar afectado todo el territorio español (salvo Canarias), la autoridad competente sólo podría ser el Gobierno y no los 17 presidentes autonómicos, como ha designado Sánchez para escurrir el bulto.
Algunas comunidades han pedido el estado de alarma, pero esto no es de nuevo sino un instrumento, y puede que el Gobierno central deba darlo pero ¿para hacer qué? ¿Qué derechos van a poder limitarse y quién va a controlar lo que decida cada comunidad? Unos cierran parques –que es un contrasentido– y abren más tiempo los bares. Otros cierran perimetralmente una comunidad y dejan abierto el flujo entre todos sus municipios. Nadie sabe ya quién ha prohibido qué y eso se traduce en una relajación absoluta de los ciudadanos, debido a la confusión.
No cabe cuestionar la necesidad de aplicar el estado de alarma, aunque sí recordar una vez más que el gobierno incumplió su compromiso de adaptar la legislación a esta nueva situación provocada por la pandemia y no tener que acudir a ese instrumento que es tan lesivo para los derechos de los ciudadanos.
¿Nos estamos dando cuenta de a qué velocidad se nos van las libertades y los derechos fundamentales por el desagüe? Nunca en la historia se había llevado a cabo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y durante la pandemia hemos visto pedirlo como si fuera agua. Hasta el temible, autoritario, dictatorial y de negra memoria toque de queda se ha convertido en una juerga política arrojadiza.
Nos dejó en shock que nos confinaran domiciliariamente en marzo, y ahora acabo de leer a gente que pretende que la Policía entre en los domicilios a comprobar si los que están dentro son o no convivientes. Es ese el temor que ya se me ha instalado en los huesos.
A mí no me molesta estar en casa. Desde marzo sigo en fase restringida y ni siquiera he ido a ver a mi familia, así que no lo digo por interés particular, pero veo con estupor que el país se va al garate, y con él nuestras libertades y derechos más fundamentales. Porque en el fondo, es la misma democracia la que está en juego.
Las voces de alarma se han multiplicado en las últimas semanas y la tensión de los ciudadanos ha aumentado; entre otras cosas, porque los mensajes que reciben por parte de medios de comunicación y portavoces son contradictorios, exagerados o interesados. En una semana hemos pasado del "estamos observando una cierta estabilización en la tendencia nacional [...] previa a un posible descenso" (Fernando Simón, 15 de octubre) a "la situación que vivimos es extrema" (Pedro Sánchez, 23 octubre).
Es indudable que la pandemia ha vuelto a alcanzar cotas de contagio más que preocupantes y que la cercanía del frío agravará sus consecuencias. El país vive la peor segunda ola de Europa y, lejos de aplicar medidas destinadas a mejorar la sanidad, se decide prohibir la movilidad durante la noche, como si el virus tuviera una transmisión diferenciada por franjas horarias. Ya solo les falta sacar a la calle al Ejército con metralletas y tanques, como en el golpe de Estado del 23-F de 1981 (única vez que se implantó en España el toque de queda, y sólo fue durante unas horas). Tiempo al tiempo.
Pero como algunos países europeos, como Francia o Italia, están aplicando el toque de queda, pretenden que lo veamos como "normal y necesario". La diferencia es que allí, el toque de queda se aplica solo en ciudades grandes (París y Roma) y aquí en España, será común para todas, incluso en la más recóndita aldea, obviando las tasas de infección de cada lugar. En España hay poblaciones libres de coronavirus que tendrán que cumplir con estas medidas. De nuevo, pagamos justos por pecadores.
[Actualización 16 febrero 2021: En Holanda también se decretó el toque de queda de 21h a 4:30h pero, a diferencia de los españoles, los holandeses se han movilizado contra dicha medida, causando durante varios días numerosas protestas y graves disturbios. El grupo 'Viruswaarheid' (La verdad sobre el virus), formado por activistas contra las medidas sanitarias en la pandemia, han llevado el caso ante la Justicia y finalmente, un tribunal de La Haya ha dictaminado que el toque de queda decretado por el Gobierno holandés debe levantarse de inmediato porque es una medida que afecta la libertad individual y fue tomada sin el consentimiento expreso del Parlamento, utilizando los poderes de emergencia. ¡Tomemos nota en España!]
Por supuesto, los noticiarios de las grandes cadenas de televisión nos han bombardeado durante los últimos días con los beneficios de esta medida, lo que implica que a los ciudadanos nos toman por memos, al transmitirnos que la pandemia se expande más de noche que de día, y que eso sucede por los irresponsables (que los hay, pero que no son mayoría). La cuestión es obvia: no se puede aniquilar la vida social de 47 millones de ciudadanos sine die, deben dar alternativas para que podamos tener un tiempo de esparcimiento y no solo ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Dónde queda eso de que "debemos aprender a convivir con el virus"?
El toque de queda (que Su Persona pretende maquillar con "una expresión más contemporánea" que él denomina “restricción de movilidad nocturna”) es una forma de derivar toda la responsabilidad hacia la población. Implica culpar de la penosa situación española a los juerguistas y a los borrachos, cuando es la falta de rumbo político y de consenso lo que ha situado a nuestro país a la cabeza europea en cuanto a número de contagios por habitante.
Las medidas que se implanten, además de ser lógicas y no contradictorias, deben poder sostenerse a largo plazo. Y cerrar los parques infantiles mientras se mantienen abiertos los colegios es una estupidez, del mismo modo que pensar que las personas se infectan en casa, y no en las aulas o en el trabajo. Ni en el transporte público, donde ni mucho menos se han evitado las aglomeraciones. De igual modo, todas las tardes se llenan los supermercados, donde se producen más aglomeraciones que en casi cualquier espacio cerrado, pero alguien parece haber concluido que al cruzar la puerta de estos establecimientos se desarrolla inmunidad.
El cóctel que se ha generado lleva un apellido ruso, que es el de Molotov. La ciudadanía está cada vez más enfadada y eso provoca que sus reacciones sean más imprevisibles y los llamamientos a la responsabilidad civil, cada vez menos efectivos, fruto de la desconfianza y de los sinsentidos del Ejecutivo y "sus científicos". Nada más implantarse, se han sucedido en varias ciudades españolas numerosas protestas violentas contra el toque de queda y las medidas autoritarias del Gobierno. Los ciudadanos vivimos lo que denominan "fatiga pandémica".
¿Es el toque de queda la solución?
Todo lo que tiene que ver con el Covid está viciado desde marzo. Primero por la reacción tardía, luego por la improvisación autoritaria, después por los engaños y finalmente por el incomprensible absentismo del verano.Esto cada vez se parece más al cuento infantil de Esopo "Pedro y el lobo", que narra la historia de un joven pastor que disfrutaba bromeando con los habitantes de su aldea sobre el inminente ataque de un lobo, y el día que vino de verdad, nadie le creyó. El pastor perdió su credibilidad, por abusar de la mentira. Lo mismo que está haciendo este Gobierno.
El Ejecutivo perdió la credibilidad en un pantano de excusas y argumentos falsos, y ahora que el lobo de la enfermedad vuelve a asomarse aullando, carece de la confianza de los ciudadanos. Porque nadie cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad.
El gran lastre del sanchismo, el factor que va a amenazar todo el mandato, es el ventajismo sectario que lo incapacita para articular políticas de Estado. Quizá a él le produzca réditos inmediatos pero los españoles lo vamos a pagar muy caro. Sus errores, sus desidias, sus estrategias políticas van a tener un coste directo en mis derechos y en mi libertad (y en la de todos los españoles).
Que el virus seguía en las calles y que solo unas medidas muy concretas y científicamente tasadas podían evitar que la pandemia volviera a recrudecerse se sabía. Esas medidas no se pusieron. Muchos pasaron de los rastreadores y de realizar las pruebas en forma debida para controlar los focos, otros abrieron las discotecas y el ocio y los bares, y nos animaron a echarnos a consumir en la vida loca, otros pidieron que llenáramos las playas… Y claro, ahora toca lamentarse. Ya andamos por 250 vidas perdidas al día, tantas como cuando cerramos en marzo.
Eso les acojona, por supuesto, porque si esto sigue así los hospitales acabarán petando y el dolor y la muerte se les volverán en contra en forma de responsabilidades, demandas, querellas o pérdida de votos. Aun así, siguen sin querer hacer lo que deben y pretenden entretenernos con medidas cosméticas que tienen tres características: no les cuestan nada, solo nos cuestan a los ciudadanos y a la restricción alocada y sin respaldo de nuestros derechos y, además, no van a resolver gran cosa.
Estoy harta de debates sobre el toque de queda, el estado de alarma o los recovecos de las leyes administrativas. Aquí no se trata de los medios sino de los objetivos, y es obvio que no los tienen muy claros. El fin no justifica los medios, pero los medios tampoco solucionan los fines. El "toque de quedar bien", como el confinamiento perimetral cosmético, solo sirve para que salven el culo y puedan decir que están haciendo algo.
El toque de queda es una medida que, según las experiencias previas (Guyana o Anvers), puede rebajar los contagios en un 18%. Es una medida gravosa en derechos, puesto que supone un confinamiento domiciliario en un tercio del día, y que proporciona una limitada efectividad. ¿Qué piensan hacer respecto al 82% restante de los contagios?
Los epidemiólogos tienen claro que las medidas contra el covid-19 no pueden centrarse en culpabilizar las conductas individuales, sino en analizar las responsabilidades colectivas y las políticas públicas. Lo que deberían hacer nuestros políticos es tomar medidas que no sean solo de restricción, sino de refuerzo de la atención primaria y de apoyo social y laboral, como imponer el teletrabajo, dar permisos laborales de las personas más vulnerables y poner medios para que puedan aislarse (en caso de necesidad) sin miedo a perder el sustento familiar.
A lo mejor habría que haber puesto en marcha campañas efectivas para conseguir que la gente quisiera colaborar, incluidos los jóvenes que pueden ser (algunos) responsables en su parcela. Pero ésto supone demasiado esfuerzo. Ponerse a pensar y a gestionar es mucho más complicado que estar analizando tácticas políticas para derrocar a unos y otros, y sumar o bajar en las encuestas de intención de voto.
Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que un toque de queda no es la panacea de todos los males. La atención primaria necesita una mejoría notable, los rastreos deben multiplicarse, y evitar el colapso hospitalario es una exigencia irrenunciable. ¡Ah claro! Es que eso depende de los gobernantes y no de los ciudadanos, por eso no se hace.
A los epidemiólogos también les chirría el hecho de no tener una información precisa de los ámbitos de contagio para saber si el ocio es importante o no en la transmisión. Porque según los datos, los casos atribuibles al ámbito social son menos de un 30%, mientras que el laboral y el educativo (con los desplazamientos que implican) suman el 70%. Es curioso que haya un interés tan diferenciado en ensalzar uno y no los otros. Pero claro, poner el acento en lo laboral significaría poner el acento en la precariedad laboral y en la desigualdad social, no en la responsabilidad individual. Y poner la mirada en el ámbito educativo obligaría a las administraciones a cuestionarse si han hecho lo suficiente para contener el covid-19 en los colegios.
En conclusión, para los expertos en epidemiología no hay datos suficientes para poder pensar que el principal problema que tenemos sea el ocio irresponsable. Y no hay evidencia de que el toque de queda sea la medida adecuada para disminuir la transmisión comunitaria descontrolada que tenemos, ni siquiera en el ocio.
El toque de queda genera mucho malestar social, muchos excesos policiales y una gran inversión en recursos policiales y judiciales. ¿No sería mejor destinar ese dinero a contratar médicos, rastreadores, y a hacer test a todo el mundo?
Por tanto, lo que debemos preguntarnos es: ¿qué fundamento tiene implantar una medida tan autoritaria como el toque de queda? El toque de queda se funda en que de 23h a 6h son las horas de más contagio, robusteciendo la leyenda de que la noche es para el jolgorio y el día para el trabajo, pero conviene advertir que precisamente en el trabajo y en los centros educativos ocurren las mayores aglomeraciones, y por tanto hay más riesgo de contagio.
¿En nombre de qué ciencia se sustenta? No sabemos. El anterior «comité de expertos» resultó que no existía y del nuevo, si es que lo hay, no conocemos un solo nombre.
Como es habitual, Sánchez vuelve a parapetarse en las recomendaciones de no-se-sabe-qué-científicos, que afirman que "más del 30% de los contagios se producen en reuniones sociales", debido principalmente al ocio nocturno y a los «botellones». Según la no-lógica de este gobierno, manteniendo las calles vacías de 23 horas a 6 de la mañana se evitarán las reuniones sociales. Tremenda estupidez. Acabará provocando el efecto contrario, porque al no poder estar la gente por la calle durante esas horas, se reunirán en domicilios. Y lo harán porque somos seres sociales, y como tales, no podemos vivir aislados por siempre jamás. El control de las casas es imposible, pero el de las calles sí es viable.
Y es que ahora se llama no-fiesta a cualquier celebración particular en la que se respeta la no-distancia y se usa la no-mascarilla durante una noche de no-copas. En la resaca del día siguiente ¿no-duele la cabeza o duele la no-cabeza?
Además de la juventud, los sectores de la hostelería y la restauración están sufriendo una criminalización brutal, y como consecuencia, son los que están pagando el pato, con restricciones de aforos, de horarios, e incluso en algunas comunidades el cierre total por decreto. Entonces surge la otra cara de la moneda: la campaña "salvemos la hostelería", en la que nos piden que adelantemos las cenas a la 8 de la tarde. Entiendo que los autónomos están sufriendo una situación económica insostenible al clausurarles su medio de vida sin razón, pero... ¿la finalidad del toque de queda no es evitar reuniones sociales, evitar que nos promulguemos en espacios cerrados, donde estamos sin mascarilla durante un tiempo prolongado para frenar los contagios? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir haciéndolo, pero más temprano? Sinceramente, cada vez entiendo menos a la sociedad.
Durante la pandemia ha faltado el enfoque en equidad en salud pero ha sobrado el securitario. Se ha puesto el foco en que estamos mal porque la gente no hace lo que debe hacer, no que como sociedad no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Se nos han colado ciertas imágenes que permiten que medidas simplistas calen en la población. Estamos cayendo ahora con el toque de queda, porque está habiendo una aceptación general de que en la noche hay pecado y hay desparrame. Pareciera que hay que reprimir a los descerebrados y si no dejas circular a la gente a esas horas el problema se va a resolver. Un error más, de tantos.
Medidas del nuevo estado de alarma
El Gobierno aprobó el 25 de octubre el cuarto estado de alarma de la democracia (el tercero en 2020) con el horizonte de que se extienda hasta el 9 de mayo de 2021, de aplicación en todo el país. Supuestamente, el objetivo es dotar a las comunidades autónomas de la cobertura legal para imponer nuevas restricciones de movilidad y cierres perimetrales de su territorio.
El nuevo decreto impone el toque de queda obligatorio de 23h a 6h, prohibiendo la libertad de circulación en ese horario en todo el país excepto en Canarias (dado que la situación epidemiológica en el archipiélago es mejor que en el resto). En ese horario solo se podrá salir de casa para asistir a centros sanitarios y veterinarios por motivos de urgencia, motivos laborales, asistencia o cuidados de personas mayores o dependientes, y por otras causas de fuerza mayor, así como para regresar al domicilio y para repostar gasolina por venir de hacer cualquiera de las anteriores causas. Las comunidades podrán levantar el toque de queda después del 9 de noviembre, según su situación epidemiológica.
Las comunidades tendrán un margen de una hora arriba o una hora abajo para implantarlo: podrá empezar a las 22 o a las 00h, y podrá acabar a las 5 o a las 7h de la mañana. En consecuencia, ya tenemos un nuevo caos horario. De 23 a 6 h tenemos a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Ceuta, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco. De 0 a 6h estarían Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Comunidad de Madrid. De 22 a 6 h Cataluña, Melilla, y Castilla y León.
El decreto también limita las reuniones sociales a un máximo de 6 personas, tanto en espacios privados y públicos, interiores o exteriores, con la excepción de que sean convivientes (aunque si se mezclan convivientes y no convivientes, el total será igualmente 6). Y faculta a las CCAA a que, si lo consideran oportuno, el número podrá reducirse. Esta medida se impone después de que los tribunales hayan tumbado las decisiones de varias autonomías en esa dirección, al no encontrar en la legislación ordinaria el amparo suficiente para llevarlas a cabo. Por algo será...
El estado de alarma del gobierno da cobertura legal para los confinamientos perimetrales, es decir, permite cerrar los territorios (prohibir la entrada y salida dentro de las fronteras interiores) a las comunidades, aunque no obliga a ello. Serán los gobiernos autonómicos los que decidan si cierran toda una comunidad o parte de la misma.
La autoridad competente del estado de alarma es el Gobierno central, las autoridades delegadas los presidentes autonómicos (que serán los que deberán rendir cuentas), y el órgano de cooperación y "cogobernanza" el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
A las medidas del estado de alarma se suman las medidas aprobadas en Consejo Interterritorial entre Ministerio de Sanidad y comunidades, que fijan restricciones –de aforos, horarios, actividades– según el nivel de alerta en los territorios.
En un primer momento el estado de alarma se ha aprobado durante 15 días, porque es el periodo durante el cual el Gobierno puede decretarlo unilateralmente, pero objetivo del ejecutivo de Sánchez es extenderlo seis meses. Sánchez justifica una fecha tan lejana en dar un "horizonte de certidumbre" a la ciudadanía. Obedece, dice, "a criterios técnicos y científicos" y solicita a todos los grupos "un abrumador respaldo".
El debate de tan inusual prórroga en el Congreso tendrá lugar el 29 de octubre, y cuenta con el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas, a excepción de Vox (que lo denunciará en los Tribunales) y del PP, que propone que sea de 8 semanas, tiempo suficiente para legislar un plan alternativo que permita imponer restricciones sin recurrir a un estado de excepción que amordaza el Parlamento.
29 de octubre: El Congreso APRUEBA la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, aunque deja abierta la posibilidad de que la medida pueda ser levantada el 9 de marzo, en función de la evolución de la pandemia. Sánchez solo tendrá que rendir cuentas cada dos meses ante el Parlamento.
Votación: A favor 194 (PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe y los cuatro diputados del PDeCAT). En contra 53 ((Vox y Foro Asturias). Abstenciones 99 (Bildu, la CUP y UPN).
6 meses: dudosa legalidad
Lo más curioso y significativo del caso es que nuestro presidente, tras haber dado la alarma, se desentiende de ella y deja a las autonomías su aplicación (y además podrán aplicar restricciones más duras). Como el capitán Araña que embarcaba a la gente y él se quedaba en tierra, Pedro Sánchez escurre el bulto, aunque ésto no es nada nuevo.La cogobernanza no era más que un desgobierno intencionadamente maquinado para avalar la estrategia de redentorismo que ha culminado en volver a la excepción. Ya lo anticipé en el mes de julio, Sánchez estaba esperando a que los 17 reinos de taifas fracasaran para erigirse como el Mesías. Con su inacción, se ha pasado el verano preparando el clima para un nuevo decreto de estado de alarma con el que papá Sánchez regresa para “salvarnos” después de habernos hundido.
Probablemente vuelva a llegar tarde, pero tiene lista su coartada: son las autonomías las que se lo han pedido porque necesitan un marco legal que supere la limitación de sus propias ordenanzas, que hasta ahora tenían que ser ratificadas (o tumbadas) por un juez. Pero olvidan que ésto podría haberse evitado con una reforma de la legislación sanitaria, tal y como se comprometió a hacer el Ejecutivo en el mes de mayo. Ha pasado el tiempo, nadie se lo ha exigido, y ahora vuelve a otorgarse poderes excepcionales, y encima con el beneplácito de las autonomías. Jugada redonda (¿de Iván Redondo?).
¡Pero cómo no se le había ocurrido antes! Pedro Sánchez por fin ha encontrado la fórmula para que nadie le afee su deriva despótica: socializar el despotismo. Donde teníamos a un aspirante a autócrata, ahora tendremos 17. Palo y zanahoria a la vez: el capo chantajea con el descontrol de la pandemia a los 17 sistemas sanitarios, pero si se portan bien y tragan con dejarle en paz en las Cortes, les presta a cambio el cetro por medio año. Todos contentos: uno con su Doñana y los demás con su poder.
Ahora los presidentes autonómicos ya tienen vía libre para seguir mermando libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos durante los próximos 6 meses. ¡Y vaya si se han dado prisa! Nada más decretar la alarma y el toque de queda, varios caciques autonómicos han cerrado sus fronteras a cal y canto. No se puede entrar ni salir de Aragón, Asturias, Navarra, País Vasco y La Rioja, y las demás lo están estudiando.
29 de octubre: Las comunidades se blindan perimetralmente ante el inminente puente de Todos los Santos, hasta el 9 de noviembre. Por ahora, solo se libran del cierre de fronteras Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias.
Pero es que ahora, Sánchez quiere seis meses de candado sin someterse al desgaste de una votación quincenal, como en la anterior alarma. De eso sí que salió escarmentado. Ni «hemos vencido al virus» ni «salimos más fuertes», y tampoco «España puede». Sánchez ahora nos pide «moral de victoria» y «disciplina social». La resignación con la que aceptamos, otra vez, la excepción constitucional de la alarma demuestra que la «nueva normalidad» de Sánchez no era solo un juego de palabras. Lo normal ya no es lo habitual, sino lo anómalo.
Medio año es demasiado tiempo. El suficiente como para que un Gobierno tan escorado a la izquierda, o que ha pretendido someter al Poder Judicial de modo arbitrario hasta que Europa le ha forzado a rectificar, le tiente sustituir paulatinamente un régimen de libertades por otro intervencionista y autoritario.
Seis meses con España legislando al capricho de Sánchez, Iglesias y el separatismo es mucho más que un estímulo para la izquierda. Es todo un síntoma que obliga a las instituciones a permanecer alerta para impedir cualquier exceso, porque medio año de estado de alarma sin cláusulas de revisión por medio suponen una firma en barbecho para que el poder Ejecutivo prescinda de la fiscalización de los jueces y del Parlamento. Eso es lo que el presidente está pidiendo, sin mayor razón real que la de que siente pereza de acudir cada 15 días al Congreso y que no quiere que sus socios le mezclen el apoyo a la pandemia con el cambalache de los Presupuestos.
Sánchez carece de argumentos políticos, jurídicos y hasta científicos para suspender durante medio año los contrapesos democráticos legítimos. Ha calculado el plazo a ojo, a su comodidad y beneficio. Puro arbitrismo sin soporte objetivo. Con el agravante de que una vez aprobada la prórroga de 6 meses del decreto, sólo él podrá hacerlo decaer o interrumpirlo. Es decir, que Sánchez obtendrá un salvoconducto legislativo de amplio espectro para usarlo a su capricho. Si ya es arriesgado otorgar a cualquier gobernante carta blanca para cerrar las calles y restringir derechos y libertades, mucho más a alguien que esta misma primavera demostró su proclividad a confundir el acuerdo con el vasallaje.
Pero es que además, imponer un toque de queda hasta el 9 de mayo de 2021 da la estocada definitiva al turismo y al sector de la hostelería, porque implica que no habrá Puente de Diciembre, Navidades, ni Semana Santa, ni fiestas de primavera... Justo lo que le hacía falta a nuestra maltrecha economía.
La proporcionalidad de muchas medidas que van a limitar la libertad de millones de ciudadanos (sobre todo los toques de queda) quedan necesariamente en entredicho, y se abre un periodo de confusión e incertidumbre en la aplicación de la legalidad.
Una vez más, se plantea la cuestión sobre la constitucionalidad de un estado de alarma de 6 meses de duración. Según los juristas, el estado de excepción no puede tener una duración superior a los dos meses, de lo que se deduce que también el estado de alarma debería estar contenido temporalmente, y que sus prórrogas no deberían exceder ese lapso de tiempo. Cuanto menos debería aprobarse tal planteamiento inicial que triplica el tiempo máximo reglamentario.
Asimismo, la ley del reguladora del estado de alarma solo permite esta delegación en un presidente autonómico «cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad». En el caso que nos ocupa, al estar afectado todo el territorio español (salvo Canarias), la autoridad competente sólo podría ser el Gobierno y no los 17 presidentes autonómicos, como ha designado Sánchez para escurrir el bulto.
Algunas comunidades han pedido el estado de alarma, pero esto no es de nuevo sino un instrumento, y puede que el Gobierno central deba darlo pero ¿para hacer qué? ¿Qué derechos van a poder limitarse y quién va a controlar lo que decida cada comunidad? Unos cierran parques –que es un contrasentido– y abren más tiempo los bares. Otros cierran perimetralmente una comunidad y dejan abierto el flujo entre todos sus municipios. Nadie sabe ya quién ha prohibido qué y eso se traduce en una relajación absoluta de los ciudadanos, debido a la confusión.
No cabe cuestionar la necesidad de aplicar el estado de alarma, aunque sí recordar una vez más que el gobierno incumplió su compromiso de adaptar la legislación a esta nueva situación provocada por la pandemia y no tener que acudir a ese instrumento que es tan lesivo para los derechos de los ciudadanos.
¿Nos estamos dando cuenta de a qué velocidad se nos van las libertades y los derechos fundamentales por el desagüe? Nunca en la historia se había llevado a cabo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y durante la pandemia hemos visto pedirlo como si fuera agua. Hasta el temible, autoritario, dictatorial y de negra memoria toque de queda se ha convertido en una juerga política arrojadiza.
Nos dejó en shock que nos confinaran domiciliariamente en marzo, y ahora acabo de leer a gente que pretende que la Policía entre en los domicilios a comprobar si los que están dentro son o no convivientes. Es ese el temor que ya se me ha instalado en los huesos.
A mí no me molesta estar en casa. Desde marzo sigo en fase restringida y ni siquiera he ido a ver a mi familia, así que no lo digo por interés particular, pero veo con estupor que el país se va al garate, y con él nuestras libertades y derechos más fundamentales. Porque en el fondo, es la misma democracia la que está en juego.