¿Quién es Pablo Hasél? Este rapero leridano hijo de papá ha pasado de ser conocido en su casa a la hora de comer a copar todos los espacios televisivos en los últimos días. ¿El motivo? Que este delicuente se ha convertido en la figura que Podemos quiere ensalzar para despenalizar las calumnias, las injurias al Rey y a los jueces, y el enaltecimiento del terrorismo. ¡Boom!
Pablo Hasél es un sociópata reincidente que trata de disfrazar de "libertad de expresión artística" su obvia incitación a la violencia y su reiterado desacato. Pero este antisistema no está condenado ni en prisión por su mal gusto, sus torpes rimas, ni sus desprecios infantiles a casi todo. Lo está por incitar a la violencia y al terrorismo, de manera explícita y clara contra personas e instituciones concretas, con nombres y apellidos.
Al rapero filoetarra no le han condenado ni es un mártir por la libertad de expresión. Es una persona que, entre otras cosas, pidió que le pusieran un coche bomba a Patxi López; pidió que le clavasen un piolet en la cabeza al socialista José Bono. Además de todo eso, dijo que le encantaba ver cómo pegaban tiros en la nuca a dirigentes del PP. Por si fuera poco, alabó a un tipo tan execrable como el ‘Camarada Arenas’, que fue el jefe de la banda terrorista Grapo en los peores años de su historia.
Pablo Hasél es un delincuente con un amplio historial delictivo a sus espaldas. En 2015 le condenaron a 2 años de cárcel por su "discurso de odio" en letras de canciones en las que celebraba los atentados de ETA, GRAPO o Al Qaeda. Le volvieron a condenar a otros 6 meses por volver a hacer apología de la banda terrorista que ha asesinado a 856 españoles. Y, además de todo eso, le volvieron a condenar por pegar a un reportero gráfico de TV3 que cubría un acto de protesta celebrado en la Universidad de Lérida. Y además de todos los ademases, le volvieron a condenar por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas a 2,5 años de cárcel por amenazar y dar una paliza a un testigo que había declarado en un juicio contra un amigo suyo. En 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de un local.
Ahora debía entrar en prisión (el plazo para su ingreso voluntario finalizó el 12 de febrero) para cumplir condena de 9 meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué hizo? Como buen antisistema que es, desobedecer a los jueces y atrincherarse en el edificio del rectorado de la Universidad de Lleida (15 de febrero) junto con numerosos activistas y simpatizantes, que montaron barricadas y se agruparon en torno a él para protegerlo y evitar que la Policía pudiera llegar. ¡Batalla campal!
Al final, un fuerte dispositivo policial, formado por decenas de agentes de los Mossos d'Esquadra y una veintena de furgonetas de la Brigada Móvil tuvieron que sacarle a rastras al día siguiente para trasladarlo a la cárcel de Ponent, donde teóricamente cumplirá su condena. Digo teóricamente porque el rapero va a presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, y ahí España suele perder. La directiva de la UE (art. 10 del Convenio Europeo de Derechos humanos) establece que el enaltecimiento debe llevar aparejada una conducta que implique un "riesgo" de comisión de actos terroristas. En el caso de las injurias al rey, diversas sentencias del TEDH ya han sancionado a España por condenar por este delito.
"No nos van a doblegar ni con toda la represión"; "No nos pararán, no nos callarán, muerte al estado fascista"; "Amnistía total, ganaremos, no nos pararán nunca, lucharemos hasta la victoria siempre", gritaba el rapero mientras lo arrestaban.
Porque si grave es que personajes tan siniestros como Hasel existan, mucho más lo es que partidos políticos del Gobierno les disculpen (caso del PSOE) o directamente les apoyen (Podemos). Que curiosamente son los mismos que más tiempo dedican a regular cómo se tiene que hablar, qué se puede ver o leer, desde un puritanismo castrante y agotador amén de ridículo; pero luego sin embargo ayudan a consolidar la funesta idea de que en nombre de la libertad de expresión se pueden cometer todos los excesos.
El caos y la agresividad se han desatado en las principales ciudades catalanas... y se ha extendido a Madrid y a otras ciudades de España en esta semana. 48 detenidos, 8 en Cataluña, 55 heridos en Madrid, 30 de ellos policías. De nuevo vuelven a arder las calles y los protagonistas son los mismos: jóvenes radicales de extrema izquierda que se aferran a cualquier coartada pretendidamente reivindicativa para dar rienda suelta a sus ansias de violencia. Pero no hay justicia alguna ni mensaje digno de ser oído en quemar contenedores, reventar escaparates de tiendas de lujo para saquearlas, o calcinar cajeros automáticos.
Una y otra vez los imitadores catalanes de la kale borroka dan pruebas de la batasunización imparable de la política catalana, ante el pánico de los ciudadanos y la fuga de las empresas. No es casual que los disturbios más graves acontecidos en España en los últimos años se localicen sistemáticamente en Cataluña. La violencia en las calles es la nueva normalidad catalana desde que el separatismo se quitó del todo la careta pacifista. El campo viene abonado por años de intransigencia identitaria, de odio al pluralismo político, de fractura social y de desafío sostenido a la autoridad del Estado presentado como virtud romántica. Si algo nos enseñó el siglo XX es que todo totalitarismo nace de la romantización de la violencia grupal en aras de una causa presuntamente superior. Eso jamás acaba bien.
Que Pablo Echenique ampare a los violentos demuestra la responsabilidad directa del populismo en la extensión de la lacra antisistema. El portavoz de Podemos (no olvidemos, de un partido del Gobierno) ha escrito en twitter: "Todo mi apoyo a jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad".
También el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, ha escrito en redes sociales: "Rapear no puede ser delito y manifestarse en solidaridad con Hasél no puede comportar el riesgo de perder un ojo. Nuestra solidaridad con las víctimas y represaliados por la actuación de los Mossos", en alusión a una de las personas heridas en las protestas de Barcelona.
Viendo las reacciones de los miembros de Podemos, es inevitable comparar los hechos con los producidos en enero durante el asalto al Capitolio en EEUU, y que motivó, por un lado, que Twitter cerrara la cuenta de Donald Trump, y por otro lado, una tormenta política que desencadenó un segundo impeachment (juicio político) a Trump. Así que cabe preguntarse: ¿Por qué no cierra Twitter las cuentas de Echenique e Iglesias que han incitando a la violencia contra la policía y las instituciones? ¿Por qué Sánchez no destituye a Iglesias y toda su casta podemita? En España urge un impeachment contra Podemos.
Vivimos en un país donde la trompetería propagandística del Gobierno de Sánchez e Iglesias y sus terminales mediáticas nos previenen a diario contra una inapreciable amenaza fascista, pero la única violencia real registrada en las calles parte sistemáticamente de la extrema izquierda.
Estos días estamos viendo cómo todos los medios de comunicación de izquierdas, casi sin excepción, están defendiendo a este tipejo y lo están situando al nivel de mártir de la libertad de expresión, haciendo circular que se ha encarcelado a un artista por una canción. No solamente difunden la falacia. Han hecho de esta anécdota una causa primera y prioritaria, un asunto de máxima urgencia y trascendencia, y una prueba fehaciente de que en España no hay plena normalidad democrática.
La batallita que está dando Podemos para defender a un condenado por diversos delitos, entre ellos el de enaltecimiento del terrorismo, puede tener un móvil tan simple y egocéntrico como el de darle la razón al líder morado. ¿Que se le ha criticado y echado en cara, también desde el PSOE, que dijera aquello? Pues toma, dos tazas. Y ahí está el rebaño podemita para balar al unísono, como corresponde, que esa condena es una anormalidad democrática. “Se mete en la cárcel a artistas por canciones, ¡miren la gran anormalidad democrática de España!”, repiten.
El portavoz catalán de Podemos (En Comú Podem) ha asegurado que es una "anomalía democrática tener normas que permitan que un músico o periodista pueda entrar en prisión por tener opiniones contra la monarquía o la represión", como "tener jueces conservadores que no aplican leyes de acuerdo con los convenios de Derechos Humanos".
Otra joya escrita por el despojo intelectual que es Echenique: "Te puede gustar más o menos, pero meter a la gente en la cárcel por cantar no permite hablar de plena libertad de expresión ni de plena normalidad democrática en España".
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha difundido en su cuenta de Twitter un mensaje en el que denuncia que este arresto revela que “estamos ante un síntoma de déficits democráticos graves” en España, y quienes lo nieguen, ha añadido, “hacen un flaco favor a lo que sí funciona bien en la democracia española”.
El diputado de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha lamentado que la policía haya entrado en una universidad “a detener a un rapero por sus canciones, dos días después de que los nazis homenajeasen a los que lucharon por Hitler. Es una imagen imposible de explicar en el extranjero”.
Los dirigentes de Podemos comprenden y comparten la furia “antifascista”, mientras reprochan los excesos policiales en su intento de restablecer el orden. Nada nuevo en la organización liderada por Iglesias. Un caso notable de esquizofrenia política. Al tiempo en el Gobierno y en la oposición, en el sistema y en el antisistema, sin saber si se debe a los ciudadanos o a sus seguidores.
Lo más sonado de este singular representante del narcisismo-leninismo en la política nacional ha sido poner en cuestión la calidad de la democracia española. Pero él mismo es prueba viviente de la falta de calidad del sistema.
Podemos ha registrado una petición de indulto total (es decir, la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido) y urgente "ante el convencimiento social de que las condenas son injustas". No es la primera vez que los de Iglesias critican las sentencias judiciales y ponen en duda la imparcialidad e independencia de los jueces españoles.
Y no solo eso. Quieren cambiar las leyes para "blindar la libertad de expresión" en España registrando en el Congreso una proposición de ley "de protección de la libertad de expresión" que plantea eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.
Llama la atención que Iglesias abogue por una "regulación que garantice la libertad de prensa" cuando precisamente él ha lamentado desde la tribuna de oradores del Congreso que no exista en España "ningún tipo de elemento de control democrático" sobre los medios de comunicación, como sí los hay con el poder ejecutivo, legislativo o judicial a pesar de que éstos tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública. ¿En qué quedamos, en dar libertad o en controlar a los medios?
Volviendo al caso Hasél... Ni los separatistas ni los podemitas están defendiendo la libertad de expresión. Lo único que están defendiendo son las concretas expresiones del sujeto condenado; defienden que se pueda celebrar un asesinato de ETA, que se les pueda animar a asesinar a alguien.
La libertad de expresión no incluye el derecho a señalar objetivos e incitar a acabar con ellos violentamente. Los límites de la libertad de expresión son anchos, pero el caso que nos ocupa nada tiene que ver con un debate legítimo y se adentra claramente en el terreno penal. Lo sustantivo no es en nombre de qué ideología se cometen excesos -todos repudiables- si no si éstos traspasan las líneas rojas de la simple mala educación para adentrarse en la incitación directa a la violencia.
Que Podemos, partido del Gobierno, se alinee como un rapero incendiario y condenado no es introducir un debate pertinente sobre los márgenes legislativos de la libertad de expresión: es legitimar la delincuencia. Es socavar los fundamentos del Estado de derecho. Si riegas los cerebros de gasolina revolucionaria, es cuestión de tiempo que ardan las calles.
Cada vez retuerce más Iglesias la convivencia en la corrala de la izquierda. Y cada vez más resultan inadmisibles sus posicionamientos. Especialmente cuando él mismo y sus costaleros han decidido convertirse en cómplices e incitadores de la violencia callejera. Iglesias la considera legítima cuando la ejecutan los ultras y los antisistema, pero la juzga inadmisible cuando ejercen su trabajo y ejecutan las órdenes las fuerzas de seguridad del Estado.
Iglesias y sus obispos recelan de la policía conceptualmente. Ignoran que son funcionaros cumpliendo instrucciones superiores. Le atribuyen la dentadura de la opresión. Y generalizan la mala reputación a la del Ejército, más o menos como si la nostalgia del franquismo requiriera la demonización de los uniformes. Claro que la policía debe ejercer su misión proporcionalmente y exponerse a la depuración de cualquier exceso, pero la aversión de Unidas Podemos al hombre de la porra aspira a consolidar la fantasía de una feroz represión.
De acuerdo con él, el patético caso Hasél sería la espita con que la juventud hastiada (y narcisista) exterioriza la aspiración de una democracia pura. La manera de conseguirla consistiría en quemar contenedores, atacar a la policía, saquear negocios y vandalizar las sedes de la prensa.
Iglesias quiere y necesita controlar la prensa, tal y como expuso el 16 de febrero en la sede parlamentaria. Le sucede lo mismo con los jueces, con la jefatura del Estado y con la Constitución. La democracia a la que aspira Iglesias consiste en un modelo autoritario y estatalista. Por eso no le satisface la que disfrutamos en España. Y por la misma razón condesciende con la violencia de los chacales de Barcelona y Madrid, hasta el extremo de convertirlos en una réplica agresiva y degenerativa del 15-M.
A Iglesias le gustaría echarse a la calle, coger un megáfono y una bengala, aunque este ejercicio de regresión y de afinidad a la 'kale borroka' explica que se haya convertido él mismo en el brazo político de la violencia. Curiosa democracia aquella que convierte al gobernante en patrocinador de la subversión. Que recela de las fuerzas del orden. Y que pretende estar a la vez en la calle y en el palacio.
Aunque tarde, era necesario que marcara una clara diferencia con Pablo Iglesias. Su tardanza tiene, como siempre, ese cálculo de no dañar más a la coalición. No basta con denunciar la violencia, que se da por supuesto, si no de defender, como primera autoridad que es, el Estado de Derecho, la Ley, a aquellos ciudadanos afectados directamente por los destrozos, a los comerciantes cuyos negocios sufren además la crisis de la pandemia y al conjunto de la sociedad que asiste indefensa a unos incidentes que no reclaman libertad de expresión sino defender a un activista cuya incitación al asesinato y el odio no puede ser admitido en un país democrático.
Sánchez ha actuado, de nuevo, con el estilo que ha caracterizado a su gestión de la pandemia. Ha dado un paso atrás para que el protagonismo lo tengan las Fuerzas de Seguridad, que no han recibido el apoyo que cabría exigir al Gobierno ante un ataque tan incendiario como el de Pablo Echenique.
El problema ya no es si el Gobierno está unido y fuerte –como dicen sus portavoces negando la evidencia–, sino si puede seguir adelante con un vicepresidente que es un cómplice de los incidentes y cuya única estrategia, como se viene demostrando día tras día, es minar las bases sobre las que se sustenta nuestro orden constitucional.
De nada sirve un Gobierno fuerte (si es que lo fuera), si convive y da cabida a un enemigo de la democracia como Pablo Iglesias. Estamos ante una situación de enorme gravedad porque es un paso más en la degradación política que está sufriendo nuestro país. La estrategia de Iglesias es demostrar por los hechos –por la fuerza de la violencia– que España es una «anomalía» entre los sistemas democráticos.
Sánchez debe tomar la iniciativa ante Iglesias porque estos incidentes ponen en duda la credibilidad internacional en un momento en el que el único objetivo que deberíamos tener como país es salir de esta crisis a través de un ambicioso plan de reformas y con un proyecto nacional común. La coalición de Gobierno está incapacitada para dirigir España en estos momentos, mientras siga Iglesias.
Pero Sánchez no puede pasar a la acción porque Iglesias es el arrendatario del Palacio de la Moncloa en el que quiere seguir habitando por ésta y por otra Legislatura. Y no hay negociación posible entre los dos, ni golpe en la mesa por parte del presidente del Gobierno, por más que le haya ido bien en las elecciones catalanas o tenga ya aprobados unos Presupuestos, en la medida en que la compañía arrendataria no quiere negociar nada, sólo quiere seguir estando para seguir alimentando ese relato alternativo a la realidad del que depende la supervivencia de Podemos, y de Pablo Iglesias e Irene Montero.
La única solución posible es la aplicación de la Ley de Partidos, como apunta el líder del PP, Pablo Casado, para ilegalizar a Unidas Podemos (ley que sirvió en el pasado para que la justicia actuara en contra de los partidos de la órbita de la izquierda abertzale en Euskadi).
Pablo Hasél es un sociópata reincidente que trata de disfrazar de "libertad de expresión artística" su obvia incitación a la violencia y su reiterado desacato. Pero este antisistema no está condenado ni en prisión por su mal gusto, sus torpes rimas, ni sus desprecios infantiles a casi todo. Lo está por incitar a la violencia y al terrorismo, de manera explícita y clara contra personas e instituciones concretas, con nombres y apellidos.
Al rapero filoetarra no le han condenado ni es un mártir por la libertad de expresión. Es una persona que, entre otras cosas, pidió que le pusieran un coche bomba a Patxi López; pidió que le clavasen un piolet en la cabeza al socialista José Bono. Además de todo eso, dijo que le encantaba ver cómo pegaban tiros en la nuca a dirigentes del PP. Por si fuera poco, alabó a un tipo tan execrable como el ‘Camarada Arenas’, que fue el jefe de la banda terrorista Grapo en los peores años de su historia.
Pablo Hasél es un delincuente con un amplio historial delictivo a sus espaldas. En 2015 le condenaron a 2 años de cárcel por su "discurso de odio" en letras de canciones en las que celebraba los atentados de ETA, GRAPO o Al Qaeda. Le volvieron a condenar a otros 6 meses por volver a hacer apología de la banda terrorista que ha asesinado a 856 españoles. Y, además de todo eso, le volvieron a condenar por pegar a un reportero gráfico de TV3 que cubría un acto de protesta celebrado en la Universidad de Lérida. Y además de todos los ademases, le volvieron a condenar por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas a 2,5 años de cárcel por amenazar y dar una paliza a un testigo que había declarado en un juicio contra un amigo suyo. En 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de un local.
Ahora debía entrar en prisión (el plazo para su ingreso voluntario finalizó el 12 de febrero) para cumplir condena de 9 meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué hizo? Como buen antisistema que es, desobedecer a los jueces y atrincherarse en el edificio del rectorado de la Universidad de Lleida (15 de febrero) junto con numerosos activistas y simpatizantes, que montaron barricadas y se agruparon en torno a él para protegerlo y evitar que la Policía pudiera llegar. ¡Batalla campal!
Al final, un fuerte dispositivo policial, formado por decenas de agentes de los Mossos d'Esquadra y una veintena de furgonetas de la Brigada Móvil tuvieron que sacarle a rastras al día siguiente para trasladarlo a la cárcel de Ponent, donde teóricamente cumplirá su condena. Digo teóricamente porque el rapero va a presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, y ahí España suele perder. La directiva de la UE (art. 10 del Convenio Europeo de Derechos humanos) establece que el enaltecimiento debe llevar aparejada una conducta que implique un "riesgo" de comisión de actos terroristas. En el caso de las injurias al rey, diversas sentencias del TEDH ya han sancionado a España por condenar por este delito.
"No nos van a doblegar ni con toda la represión"; "No nos pararán, no nos callarán, muerte al estado fascista"; "Amnistía total, ganaremos, no nos pararán nunca, lucharemos hasta la victoria siempre", gritaba el rapero mientras lo arrestaban.
El terrorismo callejero de Podemos
Todo esto se quedaría en una simple anécdota si no fuera porque desde el mismo Gobierno han salido en defensa de este pseudomártir impresentable, incitando al terrorismo callejero.Porque si grave es que personajes tan siniestros como Hasel existan, mucho más lo es que partidos políticos del Gobierno les disculpen (caso del PSOE) o directamente les apoyen (Podemos). Que curiosamente son los mismos que más tiempo dedican a regular cómo se tiene que hablar, qué se puede ver o leer, desde un puritanismo castrante y agotador amén de ridículo; pero luego sin embargo ayudan a consolidar la funesta idea de que en nombre de la libertad de expresión se pueden cometer todos los excesos.
El caos y la agresividad se han desatado en las principales ciudades catalanas... y se ha extendido a Madrid y a otras ciudades de España en esta semana. 48 detenidos, 8 en Cataluña, 55 heridos en Madrid, 30 de ellos policías. De nuevo vuelven a arder las calles y los protagonistas son los mismos: jóvenes radicales de extrema izquierda que se aferran a cualquier coartada pretendidamente reivindicativa para dar rienda suelta a sus ansias de violencia. Pero no hay justicia alguna ni mensaje digno de ser oído en quemar contenedores, reventar escaparates de tiendas de lujo para saquearlas, o calcinar cajeros automáticos.
Una y otra vez los imitadores catalanes de la kale borroka dan pruebas de la batasunización imparable de la política catalana, ante el pánico de los ciudadanos y la fuga de las empresas. No es casual que los disturbios más graves acontecidos en España en los últimos años se localicen sistemáticamente en Cataluña. La violencia en las calles es la nueva normalidad catalana desde que el separatismo se quitó del todo la careta pacifista. El campo viene abonado por años de intransigencia identitaria, de odio al pluralismo político, de fractura social y de desafío sostenido a la autoridad del Estado presentado como virtud romántica. Si algo nos enseñó el siglo XX es que todo totalitarismo nace de la romantización de la violencia grupal en aras de una causa presuntamente superior. Eso jamás acaba bien.
Que Pablo Echenique ampare a los violentos demuestra la responsabilidad directa del populismo en la extensión de la lacra antisistema. El portavoz de Podemos (no olvidemos, de un partido del Gobierno) ha escrito en twitter: "Todo mi apoyo a jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad".
También el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, ha escrito en redes sociales: "Rapear no puede ser delito y manifestarse en solidaridad con Hasél no puede comportar el riesgo de perder un ojo. Nuestra solidaridad con las víctimas y represaliados por la actuación de los Mossos", en alusión a una de las personas heridas en las protestas de Barcelona.
Viendo las reacciones de los miembros de Podemos, es inevitable comparar los hechos con los producidos en enero durante el asalto al Capitolio en EEUU, y que motivó, por un lado, que Twitter cerrara la cuenta de Donald Trump, y por otro lado, una tormenta política que desencadenó un segundo impeachment (juicio político) a Trump. Así que cabe preguntarse: ¿Por qué no cierra Twitter las cuentas de Echenique e Iglesias que han incitando a la violencia contra la policía y las instituciones? ¿Por qué Sánchez no destituye a Iglesias y toda su casta podemita? En España urge un impeachment contra Podemos.
Vivimos en un país donde la trompetería propagandística del Gobierno de Sánchez e Iglesias y sus terminales mediáticas nos previenen a diario contra una inapreciable amenaza fascista, pero la única violencia real registrada en las calles parte sistemáticamente de la extrema izquierda.
Estos días estamos viendo cómo todos los medios de comunicación de izquierdas, casi sin excepción, están defendiendo a este tipejo y lo están situando al nivel de mártir de la libertad de expresión, haciendo circular que se ha encarcelado a un artista por una canción. No solamente difunden la falacia. Han hecho de esta anécdota una causa primera y prioritaria, un asunto de máxima urgencia y trascendencia, y una prueba fehaciente de que en España no hay plena normalidad democrática.
La batallita que está dando Podemos para defender a un condenado por diversos delitos, entre ellos el de enaltecimiento del terrorismo, puede tener un móvil tan simple y egocéntrico como el de darle la razón al líder morado. ¿Que se le ha criticado y echado en cara, también desde el PSOE, que dijera aquello? Pues toma, dos tazas. Y ahí está el rebaño podemita para balar al unísono, como corresponde, que esa condena es una anormalidad democrática. “Se mete en la cárcel a artistas por canciones, ¡miren la gran anormalidad democrática de España!”, repiten.
El portavoz catalán de Podemos (En Comú Podem) ha asegurado que es una "anomalía democrática tener normas que permitan que un músico o periodista pueda entrar en prisión por tener opiniones contra la monarquía o la represión", como "tener jueces conservadores que no aplican leyes de acuerdo con los convenios de Derechos Humanos".
Otra joya escrita por el despojo intelectual que es Echenique: "Te puede gustar más o menos, pero meter a la gente en la cárcel por cantar no permite hablar de plena libertad de expresión ni de plena normalidad democrática en España".
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha difundido en su cuenta de Twitter un mensaje en el que denuncia que este arresto revela que “estamos ante un síntoma de déficits democráticos graves” en España, y quienes lo nieguen, ha añadido, “hacen un flaco favor a lo que sí funciona bien en la democracia española”.
El diputado de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha lamentado que la policía haya entrado en una universidad “a detener a un rapero por sus canciones, dos días después de que los nazis homenajeasen a los que lucharon por Hitler. Es una imagen imposible de explicar en el extranjero”.
Los dirigentes de Podemos comprenden y comparten la furia “antifascista”, mientras reprochan los excesos policiales en su intento de restablecer el orden. Nada nuevo en la organización liderada por Iglesias. Un caso notable de esquizofrenia política. Al tiempo en el Gobierno y en la oposición, en el sistema y en el antisistema, sin saber si se debe a los ciudadanos o a sus seguidores.
Lo más sonado de este singular representante del narcisismo-leninismo en la política nacional ha sido poner en cuestión la calidad de la democracia española. Pero él mismo es prueba viviente de la falta de calidad del sistema.
Podemos ha registrado una petición de indulto total (es decir, la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido) y urgente "ante el convencimiento social de que las condenas son injustas". No es la primera vez que los de Iglesias critican las sentencias judiciales y ponen en duda la imparcialidad e independencia de los jueces españoles.
Y no solo eso. Quieren cambiar las leyes para "blindar la libertad de expresión" en España registrando en el Congreso una proposición de ley "de protección de la libertad de expresión" que plantea eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.
Llama la atención que Iglesias abogue por una "regulación que garantice la libertad de prensa" cuando precisamente él ha lamentado desde la tribuna de oradores del Congreso que no exista en España "ningún tipo de elemento de control democrático" sobre los medios de comunicación, como sí los hay con el poder ejecutivo, legislativo o judicial a pesar de que éstos tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública. ¿En qué quedamos, en dar libertad o en controlar a los medios?
Volviendo al caso Hasél... Ni los separatistas ni los podemitas están defendiendo la libertad de expresión. Lo único que están defendiendo son las concretas expresiones del sujeto condenado; defienden que se pueda celebrar un asesinato de ETA, que se les pueda animar a asesinar a alguien.
La libertad de expresión no incluye el derecho a señalar objetivos e incitar a acabar con ellos violentamente. Los límites de la libertad de expresión son anchos, pero el caso que nos ocupa nada tiene que ver con un debate legítimo y se adentra claramente en el terreno penal. Lo sustantivo no es en nombre de qué ideología se cometen excesos -todos repudiables- si no si éstos traspasan las líneas rojas de la simple mala educación para adentrarse en la incitación directa a la violencia.
Que Podemos, partido del Gobierno, se alinee como un rapero incendiario y condenado no es introducir un debate pertinente sobre los márgenes legislativos de la libertad de expresión: es legitimar la delincuencia. Es socavar los fundamentos del Estado de derecho. Si riegas los cerebros de gasolina revolucionaria, es cuestión de tiempo que ardan las calles.
Cada vez retuerce más Iglesias la convivencia en la corrala de la izquierda. Y cada vez más resultan inadmisibles sus posicionamientos. Especialmente cuando él mismo y sus costaleros han decidido convertirse en cómplices e incitadores de la violencia callejera. Iglesias la considera legítima cuando la ejecutan los ultras y los antisistema, pero la juzga inadmisible cuando ejercen su trabajo y ejecutan las órdenes las fuerzas de seguridad del Estado.
Iglesias y sus obispos recelan de la policía conceptualmente. Ignoran que son funcionaros cumpliendo instrucciones superiores. Le atribuyen la dentadura de la opresión. Y generalizan la mala reputación a la del Ejército, más o menos como si la nostalgia del franquismo requiriera la demonización de los uniformes. Claro que la policía debe ejercer su misión proporcionalmente y exponerse a la depuración de cualquier exceso, pero la aversión de Unidas Podemos al hombre de la porra aspira a consolidar la fantasía de una feroz represión.
De acuerdo con él, el patético caso Hasél sería la espita con que la juventud hastiada (y narcisista) exterioriza la aspiración de una democracia pura. La manera de conseguirla consistiría en quemar contenedores, atacar a la policía, saquear negocios y vandalizar las sedes de la prensa.
Iglesias quiere y necesita controlar la prensa, tal y como expuso el 16 de febrero en la sede parlamentaria. Le sucede lo mismo con los jueces, con la jefatura del Estado y con la Constitución. La democracia a la que aspira Iglesias consiste en un modelo autoritario y estatalista. Por eso no le satisface la que disfrutamos en España. Y por la misma razón condesciende con la violencia de los chacales de Barcelona y Madrid, hasta el extremo de convertirlos en una réplica agresiva y degenerativa del 15-M.
A Iglesias le gustaría echarse a la calle, coger un megáfono y una bengala, aunque este ejercicio de regresión y de afinidad a la 'kale borroka' explica que se haya convertido él mismo en el brazo político de la violencia. Curiosa democracia aquella que convierte al gobernante en patrocinador de la subversión. Que recela de las fuerzas del orden. Y que pretende estar a la vez en la calle y en el palacio.
Un Gobierno degradado
Han tenido que pasar tres días de graves incidentes, de destrozos en el mobiliario urbano, de incendios, de la quema de vehículos, de rotura de escaparates, de agresiones salvajes contra las Fuerzas de Seguridad, de escuchar cómo desde una parte del Gobierno (la encabezada por Unidas Podemos) se justificaba estos hechos vandálicos, para que el presidente Pedro Sánchez condene la violencia. «En una democracia plena, como es España, la violencia es inadmisible», ha dicho.Aunque tarde, era necesario que marcara una clara diferencia con Pablo Iglesias. Su tardanza tiene, como siempre, ese cálculo de no dañar más a la coalición. No basta con denunciar la violencia, que se da por supuesto, si no de defender, como primera autoridad que es, el Estado de Derecho, la Ley, a aquellos ciudadanos afectados directamente por los destrozos, a los comerciantes cuyos negocios sufren además la crisis de la pandemia y al conjunto de la sociedad que asiste indefensa a unos incidentes que no reclaman libertad de expresión sino defender a un activista cuya incitación al asesinato y el odio no puede ser admitido en un país democrático.
Sánchez ha actuado, de nuevo, con el estilo que ha caracterizado a su gestión de la pandemia. Ha dado un paso atrás para que el protagonismo lo tengan las Fuerzas de Seguridad, que no han recibido el apoyo que cabría exigir al Gobierno ante un ataque tan incendiario como el de Pablo Echenique.
El problema ya no es si el Gobierno está unido y fuerte –como dicen sus portavoces negando la evidencia–, sino si puede seguir adelante con un vicepresidente que es un cómplice de los incidentes y cuya única estrategia, como se viene demostrando día tras día, es minar las bases sobre las que se sustenta nuestro orden constitucional.
De nada sirve un Gobierno fuerte (si es que lo fuera), si convive y da cabida a un enemigo de la democracia como Pablo Iglesias. Estamos ante una situación de enorme gravedad porque es un paso más en la degradación política que está sufriendo nuestro país. La estrategia de Iglesias es demostrar por los hechos –por la fuerza de la violencia– que España es una «anomalía» entre los sistemas democráticos.
Sánchez debe tomar la iniciativa ante Iglesias porque estos incidentes ponen en duda la credibilidad internacional en un momento en el que el único objetivo que deberíamos tener como país es salir de esta crisis a través de un ambicioso plan de reformas y con un proyecto nacional común. La coalición de Gobierno está incapacitada para dirigir España en estos momentos, mientras siga Iglesias.
Pero Sánchez no puede pasar a la acción porque Iglesias es el arrendatario del Palacio de la Moncloa en el que quiere seguir habitando por ésta y por otra Legislatura. Y no hay negociación posible entre los dos, ni golpe en la mesa por parte del presidente del Gobierno, por más que le haya ido bien en las elecciones catalanas o tenga ya aprobados unos Presupuestos, en la medida en que la compañía arrendataria no quiere negociar nada, sólo quiere seguir estando para seguir alimentando ese relato alternativo a la realidad del que depende la supervivencia de Podemos, y de Pablo Iglesias e Irene Montero.
La única solución posible es la aplicación de la Ley de Partidos, como apunta el líder del PP, Pablo Casado, para ilegalizar a Unidas Podemos (ley que sirvió en el pasado para que la justicia actuara en contra de los partidos de la órbita de la izquierda abertzale en Euskadi).