El 23 de abril se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que la diputada y portavoz de Unidas Podemos Isa Serra ha sido condenada a 19 meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños tras participar en una protesta contra un desahucio en 2014. A raíz de ello, Pablo Iglesias y otros miembros de Podemos han criticado públicamente la condena, dejando entrever además una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles. Todo ésto ha desatado un profundo malestar en el Consejo General del Poder Judicial, y además ha desembocado en la división de los juristas de izquierdas en una guerra de comunicados y manifiestos.
Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020
Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial ha reprochado por segunda vez al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ponga en duda la imparcialidad e independencia de la Justicia, tras sus declaraciones sobre la condena de Isa Serra. Y ha emitido un comunicado, el 23 de abril, que ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. El vocal Rafael Mozo ha votado en contra. Éste es:
“La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en el día de hoy en sesión ordinaria, ha tomado conocimiento de las manifestaciones realizadas ayer por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a través de su cuenta en la red social Twitter (@PabloIglesias), en las que afirmaba, que “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”; así como de las manifestaciones realizadas en la mañana de hoy durante una rueda de prensa, todo ello con ocasión de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid por la que se condena a la diputada regional Isabel Serra.
La Comisión Permanente, como ya ha hecho en varias ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, desea poner de manifiesto que, desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, resulta imprescindible reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia.
Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas ‘black’, etcétera).
También resulta público y notorio de la simple lectura la sentencia a la que hace referencia el vicepresidente segundo del Gobierno que ésta no condena en ningún caso un acto de protesta, sino los delitos de atentado, lesiones y daños que el tribunal ha considerado acreditados.
Sin otra consideración sobre el tono ciertamente inapropiado utilizado por un responsable político de la alta posición de un Vicepresidente del Gobierno respecto del desempeño de otro poder del Estado, el Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial, más aún cuando se trata de pronunciamientos de miembros del Gobierno de la Nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales.
Por último, el Consejo General del Poder Judicial hace un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.
Manifiesto de Juezas y Jueces para la Democracia
Por su parte, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) -habitualmente alineada con la izquierda- ha salido al paso con duro un comunicado donde expresa su "profundo rechazo" a las palabras de Iglesias con el siguiente manifiesto del 20 de abril:
"Juezas y Jueces para la Democracia quiere manifestar su rotundo rechazo a las manifestaciones efectuadas por el Vicepresidente Segundo del Gobierno que vinculaban la sentencia contra la diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, con una supuesta tolerancia hacia acusados de corrupción que habrían quedado impunes, al contrario de lo que ocurriría en el caso de personas que protestan por un desahucio.
Tenemos que recordar que la condena efectuada no lo ha sido por el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y basta para ello la simple lectura de los hechos probados de la citada sentencia.
Nuestra asociación se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de que quienes tienen responsabilidades en los poderes del Estado se comporten con el debido respeto y lealtad institucional, lo que exige la mayor prudencia a la hora de pronunciarse sobre lo resuelto por un Tribunal de Justicia en el ejercicio de su independencia e imparcialidad.
Declaraciones como las efectuadas no son acordes con las responsabilidades que ostentan los miembros del Gobierno, que no son otras que fomentar el respeto y la confianza en nuestro sistema judicial. Máxime cuando aquellas suponen una distorsión del contenido de la decisión judicial. La crítica a las resoluciones judiciales es un derecho ciudadano que fortalece el sistema institucional y tiene como límite que no suponga una distorsión del contenido real de lo que ha sido fallado. No resulta admisible el desprecio a la verdad con vistas a presionar sobre la independencia judicial.
Nuestro ordenamiento prevé un sistema de recursos que garantiza que la crítica jurídica de una sentencia pueda prosperar adecuadamente y así sucede de forma cotidiana en el día a día de nuestros Juzgados y Tribunales.
Por otra parte, queremos poner de manifiesto que el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en situación de prórroga desde diciembre de 2018 con grave deterioro del funcionamiento de nuestras instituciones, mantiene un sesgo claro a la hora de elegir las manifestaciones públicas de los responsables políticos objeto de su crítica, y, guarda un escandaloso silencio como fue el caso de las aceradas e injustas críticas a los jueces que dictaron la sentencia del caso “Gürtel”.
Manifiesto de apoyo a Pablo Iglesias, por la libertad de expresión
En el bando contrario, el exjuez Baltasar Garzón y una treintena de juristas apoyan a Iglesias. Han difundido un manifiesto para censurar al CGPJ por lo que consideran una “interferencia inadmisible en un Estado de Derecho”. Llama la atención que entre los firmantes de este documento se encuentren varios juristas, ahora retirados de la carrera judicial, que en su día pertenecieron a Juezas y Jueces para la Democracia. Éste es su comunicado:
"A raíz de la nota emitida por el CGPJ sobre un tuit de Pablo Iglesias, en su legítimo derecho para opinar respecto a una resolución judicial, en la que se condena a Isa Serra, diputada, a una condena muy grave, sobre la única base de testimonios policiales.
Manifestamos:
La Libertad de Expresión reconocida como derecho fundamental en el art. 20 C.E. solo puede ser objeto de limitación cuando concurran circunstancias especialmente relevantes. El TEDH es constante estableciendo que solo está justificada la limitación de la libertad de expresión cuando las conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito.
Nos parece grave, muy grave, que desde el CGPJ, se efectúe una “amonestación” a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno. El Consejo ha hecho público su “profundo malestar”, su “absoluto y rotundo rechazo” a la opinión emitida, “el tono ciertamente inapropiado” de la misma sobre la base de que ésta proviene de quien es Vicepresidente del Gobierno.
La nota de la permanente del CGPJ – con un voto en contra - supone una interferencia inadmisible en un Estado de Derecho y confunde la independencia judicial tan alegada en ese texto con la presión corporativa contra una opinión libre, tergiversando por cierto los términos de la misma, llegando a afirmar que en la misma se establecía una “sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles”, lo que resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje. Pablo Iglesias ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible “cuestionar una actuación judicial”.
Nos ha recordado que la sentencia responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete, ajeno a los requerimientos de la epistemología y de la psicología del testimonio. Buena muestra es la apreciación de que «no tiene dudas la Sala de la veracidad» del reconocimiento (p. 51), como si esa declaración de intenciones resolviera el problema de la prueba de la autoría, o como si la duda que interesa es la situación de certeza o incerteza del intérprete y no el conocimiento que aportan las pruebas.
Además, se confunde la corroboración del hecho –el atentado, las lesiones y los daños- con la confirmación de la autoría. La sentencia incurre en graves errores de paradigma probatorio. Y cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobre ello, como por otra parte es una práctica común que se ha venido haciendo elogiosa o críticamente en otros asuntos judiciales sin que, razonablemente, el CGPJ haya juzgado conveniente alzar su voz tonante. No se respeta la independencia judicial eludiendo la crítica a las decisiones de los jueces.
Manifestamos con toda nuestra contundencia nuestra convicción democrática que impide restringir la crítica y cuestionar las resoluciones judiciales como un derecho ciudadano fundamental. No se puede censurar a Pablo Iglesias por haber opinado en ese sentido".
Manda narices que quienes han desmantelado el sistema democrático y han provocado una crisis sin precedentes en las instituciones del Estado, que un Gobierno que durante 98 días ha ostentado poderes absolutos y los ha utilizado para acabar con la separación de poderes y para destruir toda oposición democrática, que un Ejecutivo que ha utilizado a la Abogacía del Estado en contra de una jueza que investigaba la posible responsabilidad penal del gobierno por desoír todas las advertencias sobre la pandemia que se avecinaba y aún así, alentó y permitió las manifestaciones del 8-M... manda narices que precisamente ELLOS, pongan ahora en tela de juicio la independencia del poder judicial.
28 de julio. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha puesto, una vez más, en contra de la Justicia. Esta vez se ha manifestado a favor de los presos independentistas y ha criticado la revocación del tercer grado penitenciario (la semilibertad) que Torra concedió a los golpistas condenados por el 1-O. Iglesias siempre ha sido un firme defensor de las causas que van contra el Estado de derecho. Y la causa independentista es una de ellas.
El líder de Podemos ha manifestado que «la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia».