Pablo Iglesias tiene una relación asimétrica con la violencia, la democracia y la libertad de expresión. Se concede para sí mismo el privilegio de explorarlas hasta donde quiere, pero recela del uso que hacen de ellas 'los otros'. Y no solo desde una perspectiva personal o conceptual, sino con las facultades que le otorgan los galones de vicepresidente del Gobierno. Iglesias se queja de que en España los medios de comunicación son más poderosos que él, que es vicepresidente del Gobierno. No se puede ser más fariseo.
El problema en España no es que los medios de comunicación sean libres para defender sus intereses ideológicos. El problema es que no lo son y, en consecuencia, sirven a los dictados del Gobierno. Es más, Iglesias es vicepresidente del Gobierno precisamente gracias a que los medios de comunicación en España no son suficientemente libres y dependen del Gobierno.
Aquí, los grandes medios no se preocupan de proporcionar a sus lectores información veraz a cambio de su suscripción en contante o de soportar la publicidad que contraten. Se preocupan tan sólo de satisfacer al Gobierno porque la mayoría de sus ingresos dependen de él. A veces se trata de groseras subvenciones, pero muchas otras la compra de voluntades se disfraza de publicidad institucional o de la que procede de empresas cuyos beneficios dependen de decisiones del Gobierno, ya sean imperios de telecomunicación, de suministro de energía, de servicios financieros, o de tantos otros mercados intervenidos.
Esta antidemocrática sumisión de los medios no le parece bastante al bolchevique. Quiere que sea una dependencia orgánica, que no haya más medios que los públicos y así no tener que leer ni una palabra que ridiculice las muchas tonterías que alumbra su parienta Irene Montero, ponga en evidencia las enormes sandeces que producen los dirigentes de Podemos, o exponga a escarnio público las ocurrencias de sus analfabetos ministros.
Finge creer que las trapisondas fiscales de Monedero con Neurona han salido a la luz porque los medios españoles son excesivamente libres. Sabe perfectamente que no. Esta es la enésima operación política interesada de la Agencia Tributaria. Si nos enteramos de algo es gracias a las peleas de los políticos, muy especialmente aquellas en las que se enzarzan los dos partidos del Gobierno. Son los políticos los que filtran, los que movilizan a la Fiscalía, los que inducen a la mayoría de los jueces y, por supuesto, los que empujan al grueso de los periodistas.
La única ventaja para la libertad, por ahora, es que, habiendo varios partidos con diferentes cuotas de poder, su encarnizada lucha y las puñaladas traperas que se asestan unos a otros permite que los ciudadanos lleguemos a enterarnos de algo de la mucha podredumbre que les rodea.
Lo que Iglesias quiere en realidad es que haya un partido único, el suyo, que domine a los medios. No le incomoda la libertad de expresión, que en realidad no existe, sino la mera apariencia de ella.
1) Lo primero fue instalar a unos supuestos verificadores periodísticos (Neutral, Maldita) para controlar el tráfico de las redes sociales, controlar la prensa digital cuyas noticias se difunden y viralizan vía Facebook, Whatsapp o Twitter, y determinar la verdad oficial de cada suceso. Lo más perverso es que al frente de dichas prácticas se encuentran periodistas afectos al régimen (de izquierdas, claro) que señalan a los desafectos (de derechas, claro). Los centinelas del régimen son además los señores de la verdad absoluta.
2) La siguiente modalidad de censura aplicada por el gobierno socialcomunista fue provocar la expulsión de los medios de comunicación privados de los periodistas que escribían columnas críticas con el gobierno. Cuando el Gobierno reparte dádivas a según qué medios, es evidente que la amenaza a un medio de comunicación puede ser interpretada en términos de castigos económicos, ya sean empresariales (por falta de ayudas directas o indirectas o retirada de publicidad) o personales (muchos están participando en tertulias televisivas también afectas, de las que podrían ser expulsados).
3) Viendo que con motivo de su pésima gestión de crisis del Covid-19 se les escapó de las manos el control de la opinión publicada, pusieron en marcha la tercera modalidad de censura política: el veto frontal y directo de los medios en pro de establecer una verdad oficial proveniente de una “fuente única”, por supuesto gubernamental. (Y así lo preguntó el CIS a los ciudadanos en abril de 2020).
Manos a la obra, el BOE del 5 de noviembre de 2020 publicaba el Plan contra la Desinformación, mediante el cual el propio Gobierno se arroga la potestad de identificar qué es (o no es) una fake new, de evaluar si es una amenaza pública (o no), para posteriormente decidir cómo actuar. Así, con la creación de su Ministerio de la Verdad, el Gobierno se garantiza el monopolio de la propaganda.
4) Ahora los podemitas van más allá, si cabe. Con el arresto y la entrada en prisión del rapero Hasél (condenado -entre otras cosas- por enaltecimiento del terrorismo), los de Iglesias lo han erigido como una especie de mártir de la libertad de expresión y además han decidido convertirse en cómplices e incitadores de la violencia callejera.
Y con la excusa de Hasél, ahora quieren cambiar las leyes para "blindar la libertad de expresión" en España. Unidas Podemos ha registrado esta misma semana una proposición de ley "de protección de la libertad de expresión" que plantea derogar los artículos del Código Penal que atentan contra este derecho fundamental recogido en la Constitución. En concreto, la propuesta quiere eliminar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.
Llama la atención que Podemos abogue por una "regulación que garantice la libertad de prensa" cuando precisamente Pablo Iglesias ha lamentado desde la tribuna de oradores del Congreso que no exista en España "ningún tipo de elemento de control democrático" sobre los medios de comunicación, como sí los hay con el poder ejecutivo, legislativo o judicial a pesar de que éstos tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública. ¿En qué quedamos, en dar libertad o en controlar a los medios?
Ya lo hizo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros y ahora lo ha hecho desde el Congreso de los Diputados, en calidad de vicepresidente segundo del Gobierno. El 17 de febrero, Iglesias cuestionó el papel de los medios porque "es un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente bancos, grandes empresas y fondos buitre". "Ustedes dirán que es plena normalidad democrática pero que los poderes mediáticos no puedan ser contrapoderes sino más bien brazos mediáticos de poderes económicos, yo creo que merece una cierta reflexión", insistía.
Está claro que la “democracia plena”, según Iglesias, pasa por considerar a los periodistas “brazos mediáticos del poder económico”. Y menores de edad a los lectores, televidentes, oyentes de radio y consumidores de redes sociales. Seres indefensos frente a la concertada tiranía de propietarios vendidos a un poder que no da la cara. Y él se ofrece en plan capitán Trueno a rescatarlos de las garras del Ibex.
Iglesias ha sostenido en el Congreso que "una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos, es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos". Así justifica él su batacazo electoral en las autonómicas gallegas y vascas, y la potente irrupción de Vox en la Generalitat tras las catalanas.
Al grito de “¡exprópiense!”, el vicepresidente del Gobierno quisiera confiscar los medios de comunicación con música de Wagner pinchada por Woody Allen. Por ir convirtiendo a España en una "democracia plena", claro, en la que el derecho de manifestación permita apedrear a las fuerzas del orden, mientras que pedir públicamente un golpe de piolet en la cabeza de José Bono sea una forma de ejercer la libertad de expresión.
La cosa es grave. El líder de Podemos considera que el poder de los medios es una anomalía a la que hay que poder remedio con alguna forma de "control democrático". ¿Se da cuenta de que incurre en herético amontonamiento de los dos ámbitos, el público y el privado, el Estado y la sociedad civil, signo inconfundible de mentes totalitarias?
El problema en España no es que los medios de comunicación sean libres para defender sus intereses ideológicos. El problema es que no lo son y, en consecuencia, sirven a los dictados del Gobierno. Es más, Iglesias es vicepresidente del Gobierno precisamente gracias a que los medios de comunicación en España no son suficientemente libres y dependen del Gobierno.
Aquí, los grandes medios no se preocupan de proporcionar a sus lectores información veraz a cambio de su suscripción en contante o de soportar la publicidad que contraten. Se preocupan tan sólo de satisfacer al Gobierno porque la mayoría de sus ingresos dependen de él. A veces se trata de groseras subvenciones, pero muchas otras la compra de voluntades se disfraza de publicidad institucional o de la que procede de empresas cuyos beneficios dependen de decisiones del Gobierno, ya sean imperios de telecomunicación, de suministro de energía, de servicios financieros, o de tantos otros mercados intervenidos.
Esta antidemocrática sumisión de los medios no le parece bastante al bolchevique. Quiere que sea una dependencia orgánica, que no haya más medios que los públicos y así no tener que leer ni una palabra que ridiculice las muchas tonterías que alumbra su parienta Irene Montero, ponga en evidencia las enormes sandeces que producen los dirigentes de Podemos, o exponga a escarnio público las ocurrencias de sus analfabetos ministros.
Finge creer que las trapisondas fiscales de Monedero con Neurona han salido a la luz porque los medios españoles son excesivamente libres. Sabe perfectamente que no. Esta es la enésima operación política interesada de la Agencia Tributaria. Si nos enteramos de algo es gracias a las peleas de los políticos, muy especialmente aquellas en las que se enzarzan los dos partidos del Gobierno. Son los políticos los que filtran, los que movilizan a la Fiscalía, los que inducen a la mayoría de los jueces y, por supuesto, los que empujan al grueso de los periodistas.
La única ventaja para la libertad, por ahora, es que, habiendo varios partidos con diferentes cuotas de poder, su encarnizada lucha y las puñaladas traperas que se asestan unos a otros permite que los ciudadanos lleguemos a enterarnos de algo de la mucha podredumbre que les rodea.
Lo que Iglesias quiere en realidad es que haya un partido único, el suyo, que domine a los medios. No le incomoda la libertad de expresión, que en realidad no existe, sino la mera apariencia de ella.
Una ley para controlar a los medios
Mucho se habla de la censura en tiempos del franquismo, pero nada de la censura practicada hoy en día por el gobierno socialcomunista.1) Lo primero fue instalar a unos supuestos verificadores periodísticos (Neutral, Maldita) para controlar el tráfico de las redes sociales, controlar la prensa digital cuyas noticias se difunden y viralizan vía Facebook, Whatsapp o Twitter, y determinar la verdad oficial de cada suceso. Lo más perverso es que al frente de dichas prácticas se encuentran periodistas afectos al régimen (de izquierdas, claro) que señalan a los desafectos (de derechas, claro). Los centinelas del régimen son además los señores de la verdad absoluta.
2) La siguiente modalidad de censura aplicada por el gobierno socialcomunista fue provocar la expulsión de los medios de comunicación privados de los periodistas que escribían columnas críticas con el gobierno. Cuando el Gobierno reparte dádivas a según qué medios, es evidente que la amenaza a un medio de comunicación puede ser interpretada en términos de castigos económicos, ya sean empresariales (por falta de ayudas directas o indirectas o retirada de publicidad) o personales (muchos están participando en tertulias televisivas también afectas, de las que podrían ser expulsados).
3) Viendo que con motivo de su pésima gestión de crisis del Covid-19 se les escapó de las manos el control de la opinión publicada, pusieron en marcha la tercera modalidad de censura política: el veto frontal y directo de los medios en pro de establecer una verdad oficial proveniente de una “fuente única”, por supuesto gubernamental. (Y así lo preguntó el CIS a los ciudadanos en abril de 2020).
Manos a la obra, el BOE del 5 de noviembre de 2020 publicaba el Plan contra la Desinformación, mediante el cual el propio Gobierno se arroga la potestad de identificar qué es (o no es) una fake new, de evaluar si es una amenaza pública (o no), para posteriormente decidir cómo actuar. Así, con la creación de su Ministerio de la Verdad, el Gobierno se garantiza el monopolio de la propaganda.
4) Ahora los podemitas van más allá, si cabe. Con el arresto y la entrada en prisión del rapero Hasél (condenado -entre otras cosas- por enaltecimiento del terrorismo), los de Iglesias lo han erigido como una especie de mártir de la libertad de expresión y además han decidido convertirse en cómplices e incitadores de la violencia callejera.
Y con la excusa de Hasél, ahora quieren cambiar las leyes para "blindar la libertad de expresión" en España. Unidas Podemos ha registrado esta misma semana una proposición de ley "de protección de la libertad de expresión" que plantea derogar los artículos del Código Penal que atentan contra este derecho fundamental recogido en la Constitución. En concreto, la propuesta quiere eliminar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.
Llama la atención que Podemos abogue por una "regulación que garantice la libertad de prensa" cuando precisamente Pablo Iglesias ha lamentado desde la tribuna de oradores del Congreso que no exista en España "ningún tipo de elemento de control democrático" sobre los medios de comunicación, como sí los hay con el poder ejecutivo, legislativo o judicial a pesar de que éstos tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública. ¿En qué quedamos, en dar libertad o en controlar a los medios?
Ya lo hizo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros y ahora lo ha hecho desde el Congreso de los Diputados, en calidad de vicepresidente segundo del Gobierno. El 17 de febrero, Iglesias cuestionó el papel de los medios porque "es un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente bancos, grandes empresas y fondos buitre". "Ustedes dirán que es plena normalidad democrática pero que los poderes mediáticos no puedan ser contrapoderes sino más bien brazos mediáticos de poderes económicos, yo creo que merece una cierta reflexión", insistía.
Está claro que la “democracia plena”, según Iglesias, pasa por considerar a los periodistas “brazos mediáticos del poder económico”. Y menores de edad a los lectores, televidentes, oyentes de radio y consumidores de redes sociales. Seres indefensos frente a la concertada tiranía de propietarios vendidos a un poder que no da la cara. Y él se ofrece en plan capitán Trueno a rescatarlos de las garras del Ibex.
Iglesias ha sostenido en el Congreso que "una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos, es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos". Así justifica él su batacazo electoral en las autonómicas gallegas y vascas, y la potente irrupción de Vox en la Generalitat tras las catalanas.
Al grito de “¡exprópiense!”, el vicepresidente del Gobierno quisiera confiscar los medios de comunicación con música de Wagner pinchada por Woody Allen. Por ir convirtiendo a España en una "democracia plena", claro, en la que el derecho de manifestación permita apedrear a las fuerzas del orden, mientras que pedir públicamente un golpe de piolet en la cabeza de José Bono sea una forma de ejercer la libertad de expresión.
La cosa es grave. El líder de Podemos considera que el poder de los medios es una anomalía a la que hay que poder remedio con alguna forma de "control democrático". ¿Se da cuenta de que incurre en herético amontonamiento de los dos ámbitos, el público y el privado, el Estado y la sociedad civil, signo inconfundible de mentes totalitarias?