Lo de Pablo Iglesias no tiene nombre. En el contexto de la campaña electoral catalana, el vicepresidente segundo del Gobierno ha afirmado que «en España no hay una situación de plena normalidad democrática» porque hay políticos presos. Que un Ministro del Gobierno diga que en España no tenemos una democracia plena, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Más de 200 intelectuales y expolíticos de nuestro país han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno su destitución inmediata y además, señalan a Sánchez su responsabilidad por meter a un «pirómano» en La Moncloa.
No es la primera vez que el líder de Podemos cuestiona la calidad democrática de nuestro país. A mediados de enero, días antes de comenzar la campaña electoral en Cataluña, el vicepresidente se descolgaba asegurando en una entrevista en "La Secta" que Carles Puigdemont es un «exiliado político» y comparó su huida de la justicia con el exilio de republicanos que se produjo durante la dictadura de Franco. Esas polémicas declaraciones desataron una lluvia de críticas del resto de partidos -desde Vox hasta el PSOE- y de las asociaciones de memoria histórica y descendientes de exiliados.
Ahora dice que en España tenemos una anormalidad democrática, alineándose con el independentismo catalán y con la posición rusa sobre los políticos condenados a penas de prisión por sus delitos en el referéndum ilegal del 1-O.
El 5 de febrero, el Alto Representante de la Unión Europea de Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, viajó a Rusia para mantener una reunión con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y le solicitó la puesta en libertad del líder opositor ruso, Alexéi Navalni (que fue envenenado este verano) permitiéndole que pueda hacer campaña en las próximas elecciones rusas. A tal demanda, Lavrov respondió comparando a Nalvani con los políticos encarcelados por el referéndum ilegal de Cataluña. El ministro de Exteriores ruso añadió que, pese a lo sucedido «con los catalanes enjuiciados», «España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos que haga Occidente en términos de reciprocidad» con el caso Navalni.
Preguntado sobre qué le parecían los ataques del ministro ruso a España, Iglesias, lejos de condenarlos, se reafirmaba diciendo: «Si como miembro del gobierno español voy a cualquier país y me dicen que los jefes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno está en la cárcel y el otro en Bruselas, me están describiendo los hechos». «Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie», justificó el líder de Podemos, y añadió: «es evidente que hay una situación de excepcionalidad».
Parece que el vicepresidente segundo no cesa en su empeño de echar al traste a la política exterior de su propio Gobierno. La reivindicación del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental también acarreó otra problemática con el Gobierno marroquí en noviembre de 2020.
A las penas de prisión de los líderes políticos del 1-O, Iglesias también sumó la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento al terrorismo e injurias. Considera que estos casos señalados «deterioran la calidad democrática». Y continuaba diciendo: «¿Cómo puede haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionado por vías policiales y judiciales? Es algo problemático que a ningún demócrata puede gustar».
Iglesias también dijo que en España «mucha gente» considera «que no siempre funciona bien la separación de poderes y que la justicia no es igual para todos». Y lo dice él, que está siendo investigado por numerosos delitos (e incluso su propio partido esta IMPUTADO por corrupción) pero la justicia no logra echarle el guante, a pesar de las numerosas pruebas y testimonios que hay en su contra.
Las recientes declaraciones de Iglesias han levantado una polvareda política no solo entre la oposición, sino también dentro del propio Gobierno, incluyendo a los ministros del PSOE, aunque lejos de rectificar, el protagonista se ha reafirmado en ellos, añadiendo más leña al fuego. Dice que la «huida a los Emirátos Árabes» de Don Juan Carlos de Borbón o el hecho de que el «Consejo General del Poder Judicial bloqueado por el PP para seguir controlándolo por detrás», confirman la debilidad democrática española.
Iglesias mantiene esa predisposición a situarse como interlocutor de referencia con las formaciones independentistas. De ahí que no haya una rectificación explícita y que siga lanzando guiños como "no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, el vasco y catalán"; o "si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos. A mi no".
El manifiesto, titulado "Cesar en la infamia: Pablo Iglesias debe ser destituido", pide a Pedro Sánchez que saque a Iglesias del Ejecutivo, señalándole que «los patéticos intentos de disculpar la conducta» del vicepresidente «comprometen a todo el Gobierno». Y añade: «Si su destitución no se produce, el coste electoral que pueda sufrir el Partido Socialista será lo de menos. Más debería preocuparnos el precedente de haber llevado al Gobierno a una persona cuya única virtud conocida es la demagogia y cuya única vocación es el frentismo», señalando que el objetivo de fondo de Iglesias es enmendar el pacto de la Transición.
Para los firmantes del manifiesto, las palabras de Iglesias suponen también una «deslealtad, con sus propios compañeros de gobierno, con todas las instituciones del Estado y con una inmensa mayoría de españoles, que seguimos apostando por la democracia nacida en 1978, dispuestos siempre a cambios y reformas que la mejoren, haciéndola más integradora y participativa».
España no había tenido nunca (hasta ahora) un gobernante que no creyera en la dignidad democrática de su país, y así lo aventara al mundo, para afrenta de la ciudadanía y desprestigio del nombre de España; un gobernante que se pusiera del lado del crimen. ¿Por qué forma parte del gobierno de un Estado que él mismo no considera plenamente democrático y de una nación que cree artificial y opresora? Si realmente cree que España no es una democracia plena su deber es combatir a su gobierno gallardamente desde la oposición, sacrificando su generosa nómina de vicepresidente en el altar de sus ideales.
Sin embargo, hay que admitir que Pablo Iglesias no ha engañado a nadie. Se ha presentado siempre como lo que es: una persona socializada en el rencor e incapaz de comprender la importancia histórica y la altura moral del gesto de reconciliación entre españoles que, en una Transición que desprecia, fundó nuestro régimen de convivencia democrático.
He de decir que, sin que sirva de precedentes, coincido con Pablo Iglesias sobre la anormalidad democrática que estamos viviendo en nuestro país, aunque discrepo de las justificaciones que hace. No vivimos una democracia plena, pero no porque haya políticos en la cárcel por haber cometido actos que van contra nuestras leyes (están muy bien en prisión), sino porque nuestro propio Gobierno (con Iglesias a la cabeza) nos está sometiendo desde hace un año a una dictadura comisaria, encubierta con la excusa de la pandemia.
No es propio de una democracia implantar inconstitucionalmente un estado de alarma durante, primero 3 meses, y después 6 meses más, arrogándose poder absoluto, imponiendo una vulneración consciente de garantías constitucionales esenciales, suprimiendo de facto derechos humanos fundamentales... y todo ello sin tener que rendir cuentas en las Cortes ni ante los ciudadanos.
No es propio de una democracia que los ciudadanos no podamos movernos libremente por el país, o que tengamos que cumplir con un toque de queda por imperativo (i)legal. Como tampoco lo es que haya ciudadanos a los que no se les permite abrir sus negocios e ir a trabajar.
No es propio de una democracia la ausencia de división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y que las leyes se dicten directamente por quien está al mando.
No es propio de una democracia el abuso de la propaganda política que estamos sufriendo, mediante el control gubernamental de los medios de comunicación masivos.
No es propio de una democracia que se haya vulnerado el derecho a la información, ocultando y falseando datos sobre la pandemia. Como tampoco lo es la censura de la opinión pública que nos han impuesto a través del control de las redes sociales y de la creación de un Ministerio de la Verdad.
No son propias de una democracia las políticas económicas autárticas y de intervencionismo a las que nos vemos sometidos, como la potestad de fijar los precios de determinados productos, las amenazas veladas de nacionalizaciones de empresas y las expropiaciones forzosas.
No es propio de una democracia despreciar la igualdad de los ciudadanos promulgada en la Constitución y privilegiar a quienes quieren destruir esa igualdad constitucional, premiando a quienes quieren destruir las libertades y la convivencia entre españoles, a quienes jalean a los terroristas y se burlan de sus víctimas, a quienes han dado un golpe contra la democracia (y prometen volver a intentarlo) .
No es propio de una democracia que un partido imputado por corrupción (Podemos) esté al frente del Gobierno de nuestro país.
No es propio de una democracia que un vicepresidente del Gobierno (Iglesias) ataque deliberada y reiteradamente a la Constitución y quiera destituir al Jefe del Estado que lo ha nombrado gobernante.
Y no es propio de una democracia que un vicepresidente del Gobierno pretenda sustituir la monarquia parlamentaria vigente -regulada por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo)- por una república bolivariana en la que el poder supremo recaiga únicamente en él.
La llegada del comunismo al gobierno ha sido un auténtico desastre, porque no sólo no ha sosegado su populismo totalitario, sino que está sirviendo de acicate para generar una permanente crispación. Iglesias considera que en España no hay una situación de plena normalidad política y democrática. Cabe suponer porque solo la conseguiremos cuando nos convirtamos en Venezuela, Cuba o Irán. Estos son los países que sí tienen esa «democracia plena» que tanto admira.
Este concepto tiene una aterradora similitud con las democracias populares comunistas durante la Guerra Fría. A Iglesias le gustaría una República Popular o Democrática de España como sufrieron los Países del Este bajo el yugo de la Unión Soviética. Esas sí eran auténticas democracias donde no se respetaban los derechos humanos y las libertades políticas. Había que arrancar de raíz el espíritu burgués y el pernicioso capitalismo. Hay que tener en cuenta que todos esos países «liberados» levantaban barreras para impedir que el pueblo se contaminara con la influencia de las democracias occidentales y, sobre todo, que no huyera del paraíso comunista. Esta es la «democracia plena» que el populismo de Iglesias y sus seguidores querrían imponer con su «spanish revolution» cañí.
La democracia a la que aspira Iglesias consiste en un modelo autoritario y estatalista. Por eso no le satisface la que disfrutamos en España.
Curiosa democracia aquella que convierte al gobernante en patrocinador de la subversión. Que recela de las fuerzas del orden. Y que pretende estar a la vez en la calle y en el palacio. No se puede reclamar a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes cuando es el vicepresidente del Gobierno quien incita el desorden. Viene ocurriendo desde hace varios años en Cataluña, se ha normalizado el sabotaje desde las instituciones mismas. Y en los últimos días queriendo convertir al mamarracho de Pablo Hasél en un icono de la libertad de expresión y en un mártir del Estado opresor.
No es la primera vez que el líder de Podemos cuestiona la calidad democrática de nuestro país. A mediados de enero, días antes de comenzar la campaña electoral en Cataluña, el vicepresidente se descolgaba asegurando en una entrevista en "La Secta" que Carles Puigdemont es un «exiliado político» y comparó su huida de la justicia con el exilio de republicanos que se produjo durante la dictadura de Franco. Esas polémicas declaraciones desataron una lluvia de críticas del resto de partidos -desde Vox hasta el PSOE- y de las asociaciones de memoria histórica y descendientes de exiliados.
Ahora dice que en España tenemos una anormalidad democrática, alineándose con el independentismo catalán y con la posición rusa sobre los políticos condenados a penas de prisión por sus delitos en el referéndum ilegal del 1-O.
El 5 de febrero, el Alto Representante de la Unión Europea de Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, viajó a Rusia para mantener una reunión con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y le solicitó la puesta en libertad del líder opositor ruso, Alexéi Navalni (que fue envenenado este verano) permitiéndole que pueda hacer campaña en las próximas elecciones rusas. A tal demanda, Lavrov respondió comparando a Nalvani con los políticos encarcelados por el referéndum ilegal de Cataluña. El ministro de Exteriores ruso añadió que, pese a lo sucedido «con los catalanes enjuiciados», «España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos que haga Occidente en términos de reciprocidad» con el caso Navalni.
Preguntado sobre qué le parecían los ataques del ministro ruso a España, Iglesias, lejos de condenarlos, se reafirmaba diciendo: «Si como miembro del gobierno español voy a cualquier país y me dicen que los jefes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno está en la cárcel y el otro en Bruselas, me están describiendo los hechos». «Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie», justificó el líder de Podemos, y añadió: «es evidente que hay una situación de excepcionalidad».
Parece que el vicepresidente segundo no cesa en su empeño de echar al traste a la política exterior de su propio Gobierno. La reivindicación del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental también acarreó otra problemática con el Gobierno marroquí en noviembre de 2020.
A las penas de prisión de los líderes políticos del 1-O, Iglesias también sumó la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento al terrorismo e injurias. Considera que estos casos señalados «deterioran la calidad democrática». Y continuaba diciendo: «¿Cómo puede haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionado por vías policiales y judiciales? Es algo problemático que a ningún demócrata puede gustar».
Iglesias también dijo que en España «mucha gente» considera «que no siempre funciona bien la separación de poderes y que la justicia no es igual para todos». Y lo dice él, que está siendo investigado por numerosos delitos (e incluso su propio partido esta IMPUTADO por corrupción) pero la justicia no logra echarle el guante, a pesar de las numerosas pruebas y testimonios que hay en su contra.
Las recientes declaraciones de Iglesias han levantado una polvareda política no solo entre la oposición, sino también dentro del propio Gobierno, incluyendo a los ministros del PSOE, aunque lejos de rectificar, el protagonista se ha reafirmado en ellos, añadiendo más leña al fuego. Dice que la «huida a los Emirátos Árabes» de Don Juan Carlos de Borbón o el hecho de que el «Consejo General del Poder Judicial bloqueado por el PP para seguir controlándolo por detrás», confirman la debilidad democrática española.
Iglesias mantiene esa predisposición a situarse como interlocutor de referencia con las formaciones independentistas. De ahí que no haya una rectificación explícita y que siga lanzando guiños como "no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, el vasco y catalán"; o "si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos. A mi no".
El manifiesto, titulado "Cesar en la infamia: Pablo Iglesias debe ser destituido", pide a Pedro Sánchez que saque a Iglesias del Ejecutivo, señalándole que «los patéticos intentos de disculpar la conducta» del vicepresidente «comprometen a todo el Gobierno». Y añade: «Si su destitución no se produce, el coste electoral que pueda sufrir el Partido Socialista será lo de menos. Más debería preocuparnos el precedente de haber llevado al Gobierno a una persona cuya única virtud conocida es la demagogia y cuya única vocación es el frentismo», señalando que el objetivo de fondo de Iglesias es enmendar el pacto de la Transición.
Para los firmantes del manifiesto, las palabras de Iglesias suponen también una «deslealtad, con sus propios compañeros de gobierno, con todas las instituciones del Estado y con una inmensa mayoría de españoles, que seguimos apostando por la democracia nacida en 1978, dispuestos siempre a cambios y reformas que la mejoren, haciéndola más integradora y participativa».
España no había tenido nunca (hasta ahora) un gobernante que no creyera en la dignidad democrática de su país, y así lo aventara al mundo, para afrenta de la ciudadanía y desprestigio del nombre de España; un gobernante que se pusiera del lado del crimen. ¿Por qué forma parte del gobierno de un Estado que él mismo no considera plenamente democrático y de una nación que cree artificial y opresora? Si realmente cree que España no es una democracia plena su deber es combatir a su gobierno gallardamente desde la oposición, sacrificando su generosa nómina de vicepresidente en el altar de sus ideales.
Sin embargo, hay que admitir que Pablo Iglesias no ha engañado a nadie. Se ha presentado siempre como lo que es: una persona socializada en el rencor e incapaz de comprender la importancia histórica y la altura moral del gesto de reconciliación entre españoles que, en una Transición que desprecia, fundó nuestro régimen de convivencia democrático.
He de decir que, sin que sirva de precedentes, coincido con Pablo Iglesias sobre la anormalidad democrática que estamos viviendo en nuestro país, aunque discrepo de las justificaciones que hace. No vivimos una democracia plena, pero no porque haya políticos en la cárcel por haber cometido actos que van contra nuestras leyes (están muy bien en prisión), sino porque nuestro propio Gobierno (con Iglesias a la cabeza) nos está sometiendo desde hace un año a una dictadura comisaria, encubierta con la excusa de la pandemia.
No es propio de una democracia implantar inconstitucionalmente un estado de alarma durante, primero 3 meses, y después 6 meses más, arrogándose poder absoluto, imponiendo una vulneración consciente de garantías constitucionales esenciales, suprimiendo de facto derechos humanos fundamentales... y todo ello sin tener que rendir cuentas en las Cortes ni ante los ciudadanos.
No es propio de una democracia que los ciudadanos no podamos movernos libremente por el país, o que tengamos que cumplir con un toque de queda por imperativo (i)legal. Como tampoco lo es que haya ciudadanos a los que no se les permite abrir sus negocios e ir a trabajar.
No es propio de una democracia la ausencia de división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y que las leyes se dicten directamente por quien está al mando.
No es propio de una democracia el abuso de la propaganda política que estamos sufriendo, mediante el control gubernamental de los medios de comunicación masivos.
No es propio de una democracia que se haya vulnerado el derecho a la información, ocultando y falseando datos sobre la pandemia. Como tampoco lo es la censura de la opinión pública que nos han impuesto a través del control de las redes sociales y de la creación de un Ministerio de la Verdad.
No son propias de una democracia las políticas económicas autárticas y de intervencionismo a las que nos vemos sometidos, como la potestad de fijar los precios de determinados productos, las amenazas veladas de nacionalizaciones de empresas y las expropiaciones forzosas.
No es propio de una democracia despreciar la igualdad de los ciudadanos promulgada en la Constitución y privilegiar a quienes quieren destruir esa igualdad constitucional, premiando a quienes quieren destruir las libertades y la convivencia entre españoles, a quienes jalean a los terroristas y se burlan de sus víctimas, a quienes han dado un golpe contra la democracia (y prometen volver a intentarlo) .
No es propio de una democracia que un partido imputado por corrupción (Podemos) esté al frente del Gobierno de nuestro país.
No es propio de una democracia que un vicepresidente del Gobierno (Iglesias) ataque deliberada y reiteradamente a la Constitución y quiera destituir al Jefe del Estado que lo ha nombrado gobernante.
Y no es propio de una democracia que un vicepresidente del Gobierno pretenda sustituir la monarquia parlamentaria vigente -regulada por el parlamento (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo)- por una república bolivariana en la que el poder supremo recaiga únicamente en él.
La democracia plena de Iglesias
Es interesante que un comunista nos explique su concepto de democracia, porque no hay un solo país donde la hayan impuesto o mantenido. La democracia no necesita ningún adjetivo. Hay o no hay democracia. Por ello, tenemos que desconfiar cuando los defensores de dictaduras y regímenes totalitarios de diverso pelaje propongan un concepto pintoresco denominado «democracia plena». El comunismo, como el fascismo o el nazismo, es una ideología totalitaria que rechaza el pluralismo político y la libertad de expresión.La llegada del comunismo al gobierno ha sido un auténtico desastre, porque no sólo no ha sosegado su populismo totalitario, sino que está sirviendo de acicate para generar una permanente crispación. Iglesias considera que en España no hay una situación de plena normalidad política y democrática. Cabe suponer porque solo la conseguiremos cuando nos convirtamos en Venezuela, Cuba o Irán. Estos son los países que sí tienen esa «democracia plena» que tanto admira.
Este concepto tiene una aterradora similitud con las democracias populares comunistas durante la Guerra Fría. A Iglesias le gustaría una República Popular o Democrática de España como sufrieron los Países del Este bajo el yugo de la Unión Soviética. Esas sí eran auténticas democracias donde no se respetaban los derechos humanos y las libertades políticas. Había que arrancar de raíz el espíritu burgués y el pernicioso capitalismo. Hay que tener en cuenta que todos esos países «liberados» levantaban barreras para impedir que el pueblo se contaminara con la influencia de las democracias occidentales y, sobre todo, que no huyera del paraíso comunista. Esta es la «democracia plena» que el populismo de Iglesias y sus seguidores querrían imponer con su «spanish revolution» cañí.
La democracia a la que aspira Iglesias consiste en un modelo autoritario y estatalista. Por eso no le satisface la que disfrutamos en España.
Curiosa democracia aquella que convierte al gobernante en patrocinador de la subversión. Que recela de las fuerzas del orden. Y que pretende estar a la vez en la calle y en el palacio. No se puede reclamar a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes cuando es el vicepresidente del Gobierno quien incita el desorden. Viene ocurriendo desde hace varios años en Cataluña, se ha normalizado el sabotaje desde las instituciones mismas. Y en los últimos días queriendo convertir al mamarracho de Pablo Hasél en un icono de la libertad de expresión y en un mártir del Estado opresor.