El 14 de Febrero los catalanes están llamados a las urnas. Dicen que hay que respetar la democracia, y que nada debe paralizar la expresión de los ciudadanos a través del voto. El problema es con qué garantías. Votar en medio de una pandemia con efectos trágicos es un escenario indeseable y, en esas circunstancias, convocar unas elecciones innecesarias es un ataque a la democracia.
Y las elecciones catalanas son INNECESARIAS en este momento porque la legislatura no ha llegado a término: los 4 años preceptivos desde la última votación no se cumplen hasta diciembre, dentro de 10 meses.
Pero los independentistas gobernantes consideraron que les podría resultar ventajoso forzar el adelanto al 14-F después de la inhabilitación del ex presidente Joaquim Torra. Quisieron dar marcha atrás -aplazándolas al 30 de mayo- cuando los datos de la pandemia empeoraron dramáticamente en enero y, además, apareció Salvador Illa en el horizonte. Pero entonces fue el PSOE el partido interesado en mantener la fecha de las urnas, el 14 de febrero, confiando en ese muy glosado «efecto Illa».
Finalmente, los tribunales no encontraron 'motivos legales' para aplazar unas elecciones que ya estaban convocadas. Dicen los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, si no hay una “evolución negativa de la epidemia”, se puede continuar con el “proceso electoral con toda normalidad”. O con la normalidad que caracteriza votar en una región tomada por el golpismo que persigue con asombrosa eficiencia al disidente y con una epidemia descontrolada. Porque votar en Cataluña legalmente, con garantías democráticas y sin miedo o presiones no es costumbre.
Nótese que las elecciones vascas y gallegas SÍ se aplazaron como consecuencia de la irrupción de la pandemia. Deberían haberse celebrado el 5 de abril de 2020 y finalmente tuvieron lugar el 12 de julio. Y eso que en abril había 600 personas con Covid en País Vasco y 245 en Galicia.
Hoy Cataluña ha notificado 1.287 positivos y 53 fallecidos en las últimas 24 horas. La Comunidad tiene una incidencia acumulada a 14 días de 483/100.000 habitantes, y hay 2.635 personas infectadas ingresadas en los hospitales, de las que 694 están críticas en la UCI. Pero nos 'venden' que los datos están mejorando y, a una semana vista, están empezando a relajar las restricciones, para dar una aparente sensación de seguridad.
Asistimos a una campaña alejada de cualquier atisbo de normalidad, y con un 25,02% de los llamados a ocupar un lugar en las mesas electorales solicitando ser liberados de esa responsabilidad. La mayoría de ellos, por miedo al contagio. Y no se les puede reprochar. Porque ese mismo miedo puede hacer que muchos ciudadanos renuncien a ejercer su derecho al voto, lo que distorsionaría un resultado final que, con mucha probabilidad, provocará una larga lista de denuncias e impugnaciones si hay problemas para conformar las mesas y se generan dudas sobre el proceso de votación.
Cabe recordar también que en las pasadas elecciones autonómicas gallegas y vascas, los contagiados por el virus o los que estuvieran confinados o en cuarentena por algún posible contacto con un positivo NO pudieron votar, pero en las elecciones de Cataluña SÍ que lo podrán hacer. Y demás, presencialmente. Para garantizar la 'seguridad sanitaria' se les ha reservado un horario, de 19 a 20h, y los miembros de las mesas electorales estarán pertrechados con equipos de protección individual (EPI), aunque nadie les ha explicado cómo deben ponérselos y quitárselos. Un auténtico disparate obligar a personas de a pie a estar en contacto con enfermos contagiados y contagiosos de Covid bajo pena de cárcel de 3 a 12 meses o una multa de 1.800 euros, por mucho EPI que lleven. ¿Cuántos sanitarios se contagian a diario en nuestro país, a pesar de tener equipos de protección y de saber usarlos correctamente? Antes del voto está el derecho a la salud.
La finalidad última de las elecciones en democracia es que reflejen fielmente la voluntad popular. Si centenares de miles de personas no acuden a las urnas por miedo, si otras muchas no lo hacen por estar enfermas, ingresadas o intubadas en un hospital, y si miles más no pueden votar por tener que cuidar de los enfermos, la voluntad popular no se pude expresar como debiera. Y eso es lo contrario a la democracia.
Las elecciones catalanas no deberían celebrarse. Siendo la situación sanitaria gravísima, la empeorarán. Atenta contra la salud pública instalar millares de infectódromos con urnas entre la Covidad y la Semana Santa, alentar a millones de personas -positivos o no- a desplazarse, a concentrarse en los colegios, a guardar cola, en el epicentro de una cuarta ola que está siendo el doble de virulenta que la anterior y que cada día que pasa recuerda más a la primera.
[Actualización 23 febrero: Tras alcanzar el pico de contagios a mediados de enero, los contagios por coronavirus en Cataluña habían ido cayendo sostenidamente hasta que, justo tras las elecciones, el ritmo de descenso se ha ralentizado, lo que anticipa un nuevo ascenso de la curva.
Hay que tener una catadura moral muy rastrera para, una vez haber aprovechado el tirón mediático que otorga la dirección de la lucha contra la pandemia, con ruedas de prensa urbi et orbi a diario, dejar tirados a los ciudadanos en plena curva de Enero porque lo que le apetece ahora es ser President de la Generalitat. O tal vez porque se lo ha ordenado su caudillo y no ha tenido redaños ni decencia para mandarlo a esparragar, que es lo que se merece Pedro Sánchez.
Illa y el Gobierno de Pedro Sánchez, están usando una tragedia —por acción y omisión— para lidiar en una campaña electoral. Antes regalaban gorras y pines o invitaban a bocata y refresco para llenar aforos. Ahora se llevan más las vacunas. Todo sea por la normalidad para ir a votar en un soleado día de los enamorados.
Y para más Inri, la campaña de Illa está siendo diseñada por subordinados del Gobierno monclovita, a saber, Redondo y Salazar, secretario de Estado y subsecretario de la Presidencia del Gobierno de España respectivamente, más un número indeterminado de funcionarios fijos o eventuales de La Moncloa. Lo peor de todo es que no parece sorprender a nadie que dos altos cargos de la Administración Central, cuyo sueldo pagamos con nuestros impuestos, puedan dedicar gran parte de su tiempo a diseñar un candidato de laboratorio con el dinero de todos y dirigir la campaña del candidato socialista a la Generalitat, aprovechando los recursos que el Estado pone a su disposición.
Illa se ha despedido del Ministerio de Sanidad con dos actuaciones que en cualquier democracia de calidad le costarían al menos una investigación penal:
1) ha reenviado 30.000 vacunas a Andorra (lo cual estaría muy bien si aquí sobrasen, que no es el caso). ¿El motivo? Que en ese paraíso fiscal a modo de Principado residen 13.937 catalanes con derecho a voto. Blanco y en botella.
Y 2) entregando a Cataluña un 12% más de vacunas per cápita que a Madrid.
A todo esto, los 9 condenados por el golpe institucional en Cataluña de 2017 ya están en la calle, por decisión unilateral del mismo Gobierno del que sus partidos forman parte: los mismos que impulsaron la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum ilegal han asaltado ahora el Estado de Derecho, ignorando al Tribunal Supremo para facilitar que salgan de prisión y participen incluso en mítines electorales.
[Actualización 15 febrero 2021:] Una vez celebrados los comicios, la Fiscalía ha pedido la vuelta a prisión de los líderes independentistas, que durante la campaña electoral han podido moverse libremente para reclamar el voto para sus partidos independentistas. La Fiscalía ha presentado recurso ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra la decisión de la Generalitat de concederles el tercer grado, al considerar que esta progresión en grado se otorgó apenas 40 días después de que el Tribunal Supremo revocase la controvertida semilibertad, lo que la convierte en "un fraude de ley".
La celeridad con que el PSOE ha comenzado a gestionar los indultos, la indolente respuesta política a la cacicada de la Generalitat de conceder el régimen de semilibertad a los condenados o la adaptación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General a los objetivos políticos de esa alianza entre socialistas y republicanos describen bien la hoja de ruta compartida por ambos. Y suponen un indecente desprecio a los españoles y a la democracia en su conjunto.
Para más Inri, toda la campaña política de las elecciones catalanas se produce en pleno repunte de la pandemia y con un aumento de restricciones para la totalidad de los ciudadanos, afectados por limitaciones en libertades tan básicas como la movilidad, las reuniones o la apertura del negocio propio. Que Junqueras pueda rodearse de acólitos con una condena a 13 años vigente mientras un hostelero no puede abrir su bar o visitar a su madre, es escandaloso. Que los contagiados puedan saltarse el confinamiento para ir a votar, poniendo en peligro la salud del resto de ciudadanos, es indignante.
El CIS de Tezanoslo ha vuelto a hacer. Ha cocinado la victoria del PSC de Salvador Illa en detrimento de los independentistas. Según una encuesta flash del CIS publicada el 4 de febrero, Illa obtendría un 23,7% de los votos y el ERC el 19,9%. Por detrás se situarían JxCat (14,6%), En Comú Podem (8,9%), Ciudadanos (7,9%), Vox (6,9%), la CUP (6,8%), el PP (5,8%) y el PDECat (1,5%), que no entraría en el Parlament.
Tales pronósticos enmiendan los resultados de la encuesta publicada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que otorgaban la victoria a ERC y un porcentaje de voto independentista por encima del no independentista.
La transformación del ministro Illa en candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya ha ocasionado un movimiento sísmico en la política catalana y, por tanto, en la nacional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, confisca así para su personal causa política el llamado 'efecto Illa', interrumpe su luna de miel con ERC y se viene arriba con un inesperado desafío al nacionalismo: ganarles en las urnas, y en su propio terreno.
PP y Ciudadanos entran en campaña muy condicionados por los planes de Pedro Sánchez y el discurso anti-independentista del candidato socialista. Contra esos planes y ese discurso, solo pueden denunciar el inconfesado propósito de formar un tripartito con ERC. Eso lo van a negar por tierra, mar y aire tanto los de Junqueras como los de Illa. Así que PP y Cs tendrán que modular muy mucho su confrontación con la fuerza política que será hegemónica en el bando constitucional. Inés Arrimadas, como siempre, ya ha ofrecido sus votos al PSOE: “Si las fuerzas constitucionalistas suman, nosotros estaremos a la altura”.
Tomemos nota de las palabras de Salvador Illa, y veamos en qué acaba ésto una vez celebrados los comicios: "Os lo garantizo: ni habrá tripartito ni habrá procés. Tendremos el nuevo gobierno progresista que Cataluña necesita. Ni habrá independencia ni habrá decadencia".
Las sumas entre los bloques independentistas y no independentistas, así como las posibles alianzas entre partidos de izquierda o derecha protagonizan ahora las cábalas de partidos y votantes. Según las últimas encuestas, las fuerzas no independentistas (PSC, CatComú Podem, PP, Cs y Vox) se harían con el 55% de los votos, frente al 39% de los logrados por Junts, ERC y la CUP.
Todo ello se solapa con la evidente complicidad del actual Gobierno con el independentismo, por mucha verborrea electoral que ahora se dediquen el PSOE y ERC: su tensión en la campaña es retórica artificial, destinada en un caso a recoger voto de Ciudadanos y, en el otro, a superar a su rival separatista, Junts pel Catalunya.
Finalmente, el PSC de Salvador Illa se ha alzado como la fuerza más votada con el 23% de los votos y 33 escaños (16 más que en las elecciones de 2017).
En segundo lugar en porcentaje de voto, pero con el mismo número de escaños y la gobernabilidad en la mano, está el partido de Pere Aragonès, ERC, que ha obtenido el 21% de los votos y 33 diputados, empatando con el PSC.
Tras ellos está JuntsxCat, con 32 escaños y el 20% de los votos, 2 escaños menos que en la edición de 2017.
La CUP ha conseguido 9 escaños, más del doble de las pasadas elecciones donde consiguió 4.
Los independentistas del PDeCat se quedan fuera del Parlamento catalán, al no conseguir ningún escaño, aunque celebran que el resultado de las urnas ha deparado una "mayoría para el independentismo".
En los resultados hay dos datos que llaman poderosamente la atención:
1) El gran varapalo de Ciudadanos, que retrocede desde ser la primera fuerza política en Cataluña hasta la 7ª plaza. En estas elecciones de 2021 la formación naranja se lleva 6 escaños, 30 menos que en 2017. ¿Será que los catalanes se han dado cuenta de que los de Arrimadas son unos Judas que se venden al mejor postor?
2) Son destacables los 11 escaños que ha conseguido Vox (más que PP y Cs juntos), que entra con fuerza en el parlamento catalán. En el PP (solo ha logrado 3 escaños) no esperaban un "sorpasso" de Vox de esta envergadura.
PSOE y Unidas Podemos han coincidido en valorar los resultados de las elecciones en Cataluña como un refuerzo de su coalición para seguir avanzando en su legislatura y combatir a un derecha que ven en declive. Pero la realidad es otra: lo que representan Illa y Sánchez es la rendición ante el separatismo en incómodos plazos, con un referéndum pactado sobre la independencia que supone la abolición de la soberanía nacional española.
El PSC se impuso en votos, pero no en escaños. La victoria de Salvador Illa no ha impedido que el independentismo se fortalezca (ha obtenido un 50% de los votos). El temor en el PSOE es que la presión de Junts, o incluso de la CUP, haga virar a los republicanos hacia una posición más dura, mirando a la autodeterminación y aparcando la vía del diálogo impulsada por Moncloa.
Sin embargo, teniendo en cuenta la poca participación en las urnas, éste es el resultado REAL de las elecciones autonómicas catalanas: la mayoría del Parlament es independentista, sin embargo, su apoyo solo representa al 25% del censo electoral catalán debido a la baja participación. La verdad es que los independentistas han perdido 656.295 votos con respecto a los últimos comicios.
La buena noticia del 14-F es que los independentistas han perdido un 12% de los apoyos obtenidos en las anteriores elecciones autonómicas. La suma de Esquerra, JxCat y la CUP ha pasado del 37,4% del electorado en 2017 a solo el 25,3% en 2021.
La mala noticia del 14-F es que los partidos constitucionalistas han desaprovechado la inmejorable ocasión para frenar la dinámica autodestructiva de Cataluña, y han pasado del 40 al 24,80% del censo electoral. Ni PP, ni Ciudadanos, ni tampoco el PSC, a pesar de su estimable resultado, han sido capaces de inocular las dosis de confianza y certidumbre necesarias para movilizar a una significativa parte de ese sector de la sociedad que están hartos del procés.
La suma de todos los partidos no independentistas alcanza los 61 escaños, pero esta vía queda descartada por varios vetos cruzados entre Vox y partidos como PSC y En Comú Podem (Podemos). La líder catalana de Podemos, Jessica Albiach, ha pedido a ERC que, con "valentía y generosidad", levante su veto al PSOE y empezar a negociar a tres bandas la formación de un Govern de izquierdas en Cataluña.
Las opciones para llegar a la presidencia del ex-ministro de Sanidad pasan por llegar a algún tipo de acuerdo con alguno de los partidos independentistas, algo muy delicado para cualquiera de las partes, puesto que todos los partidos independentistas firmaron el compromiso de no pactar con Illa durante la última semana de campaña electoral. Matemáticamente, la suma de PSC, ERC y Podemos rebasarían la mayoría absoluta, pero Oriol Junqueras (ERC) considera esta vía “imposible” al calificar a su partido y los socialistas como “formaciones antagonistas”. Por su parte, Illa también prometió en campaña NO pactar con formaciones independentistas (¿cumplirá su palabra?).
Por tanto, acecha el peligro. La unión de los partidos independentistas suman mayoría absoluta. La opción más factible es la reedición del actual gobierno de la Generalitat con ERC y Junts (sumarían 65) pero les faltarían 3 escaños, así que todos los ojos miran a la CUP (9). Como candidato más votado del bloque independentista, Pere Aragonès ha interpelado a JxCat, la CUP y En Comú Podem, alegando que todas estas fuerzas comparten el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación vinculante y de perseguir la amnistía de los dirigentes separatistas presos y fugados por impulsar el 1-O.
El candidato de ERC podría ser proclamado presidente de un gobierno con En Comú Podem y apoyado en la investidura con el voto positivo del PSC. Esta variante podría tener sus ecos en la política nacional y que el acuerdo se convirtiera en un colchón de gobernabilidad en ambas partes. Aunque de nuevo esta opción, de investir y apoyar las propuestas de un candidato independentista podría no ser muy bien vista por el resto del socialismo español.
¿Ha merecido la pena, señor Redondo, que más de un millón y medio de catalanes se quedaran en sus casas, hastiados por la pandemia y por la desafección con los políticos, y que de los 4.392.000 votantes que se movilizaron hace 4 años hayamos pasado a solo 2.695.000 este año?
¿Le ha salido rentable, señor presidente, que el candidato Illa haya ganado en votos para, al final, quedar empatado en escaños con ERC, la misma que viene de firmar un documento independentista en el que se compromete a no pactar nada con el candidato del PSC? ¿Y si ERC, al final, cumple su palabra (para que la maquinaria independentista no le acuse de traidor) y no le inviste presidente, dejándole plantado 4 años como líder de la oposición en el Parlament mientras Miquel Iceta cumple su sueño de ser ministro en Madrid?
¿Convertirá con su abstención, señor Sánchez, a Pere Aragonés en el nuevo presidente de la Generalitat de un Gobierno con los Comunes y la CUP –porque ERC tampoco quiere sus votos- tal y como pretende su vicepresidente, Pablo Iglesias, que sueña con poder entrar también en el Govern mientras mantiene su silla en Moncloa?
¿Compensa, señor presidente, que ahora sus socios de ERC argumenten que el independentismo ha superado por primera vez en la historia el 50% de los votos… aunque esto haya sido en unas elecciones en las que apenas ha votado el 53,55% del censo electoral de Cataluña y que, ahora, sus bases les insten a pactar un Gobierno independentista solo con Junts y la Cup?
¿Tendrá la dignidad suficiente Inés Arrimadas de dimitir y seguir el ejemplo que dio Albert Rivera ante una debacle similar hace poco más de 2 años, o preferirá seguir siendo la muleta de Sánchez en el hipotético giro hacia el centro como la única manera de evitar una desaparición que, cada vez, se vislumbra más claramente en el horizonte?
¿Se conformará Pablo Casado una elección más con haber perdido ‘solo’ otro diputado mientras es desbordado por Vox, que sí consigue representación en las cuatro provincias catalanas, algo que el PP lleva varias elecciones sin lograr?
En definitiva, señores Sánchez, Illa y Redondo: ¿compensa todo lo anterior y el hastío de millones de catalanes y españoles ante la posibilidad de otros 4 años de ‘procés’, de indultos, de reforma de la sedición… mientras Cataluña y España debía estar centrada primordialmente en intentar salir de la ruina postpandemia que se avecina?
Y las elecciones catalanas son INNECESARIAS en este momento porque la legislatura no ha llegado a término: los 4 años preceptivos desde la última votación no se cumplen hasta diciembre, dentro de 10 meses.
Pero los independentistas gobernantes consideraron que les podría resultar ventajoso forzar el adelanto al 14-F después de la inhabilitación del ex presidente Joaquim Torra. Quisieron dar marcha atrás -aplazándolas al 30 de mayo- cuando los datos de la pandemia empeoraron dramáticamente en enero y, además, apareció Salvador Illa en el horizonte. Pero entonces fue el PSOE el partido interesado en mantener la fecha de las urnas, el 14 de febrero, confiando en ese muy glosado «efecto Illa».
Finalmente, los tribunales no encontraron 'motivos legales' para aplazar unas elecciones que ya estaban convocadas. Dicen los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, si no hay una “evolución negativa de la epidemia”, se puede continuar con el “proceso electoral con toda normalidad”. O con la normalidad que caracteriza votar en una región tomada por el golpismo que persigue con asombrosa eficiencia al disidente y con una epidemia descontrolada. Porque votar en Cataluña legalmente, con garantías democráticas y sin miedo o presiones no es costumbre.
Nótese que las elecciones vascas y gallegas SÍ se aplazaron como consecuencia de la irrupción de la pandemia. Deberían haberse celebrado el 5 de abril de 2020 y finalmente tuvieron lugar el 12 de julio. Y eso que en abril había 600 personas con Covid en País Vasco y 245 en Galicia.
Hoy Cataluña ha notificado 1.287 positivos y 53 fallecidos en las últimas 24 horas. La Comunidad tiene una incidencia acumulada a 14 días de 483/100.000 habitantes, y hay 2.635 personas infectadas ingresadas en los hospitales, de las que 694 están críticas en la UCI. Pero nos 'venden' que los datos están mejorando y, a una semana vista, están empezando a relajar las restricciones, para dar una aparente sensación de seguridad.
Asistimos a una campaña alejada de cualquier atisbo de normalidad, y con un 25,02% de los llamados a ocupar un lugar en las mesas electorales solicitando ser liberados de esa responsabilidad. La mayoría de ellos, por miedo al contagio. Y no se les puede reprochar. Porque ese mismo miedo puede hacer que muchos ciudadanos renuncien a ejercer su derecho al voto, lo que distorsionaría un resultado final que, con mucha probabilidad, provocará una larga lista de denuncias e impugnaciones si hay problemas para conformar las mesas y se generan dudas sobre el proceso de votación.
Cabe recordar también que en las pasadas elecciones autonómicas gallegas y vascas, los contagiados por el virus o los que estuvieran confinados o en cuarentena por algún posible contacto con un positivo NO pudieron votar, pero en las elecciones de Cataluña SÍ que lo podrán hacer. Y demás, presencialmente. Para garantizar la 'seguridad sanitaria' se les ha reservado un horario, de 19 a 20h, y los miembros de las mesas electorales estarán pertrechados con equipos de protección individual (EPI), aunque nadie les ha explicado cómo deben ponérselos y quitárselos. Un auténtico disparate obligar a personas de a pie a estar en contacto con enfermos contagiados y contagiosos de Covid bajo pena de cárcel de 3 a 12 meses o una multa de 1.800 euros, por mucho EPI que lleven. ¿Cuántos sanitarios se contagian a diario en nuestro país, a pesar de tener equipos de protección y de saber usarlos correctamente? Antes del voto está el derecho a la salud.
La finalidad última de las elecciones en democracia es que reflejen fielmente la voluntad popular. Si centenares de miles de personas no acuden a las urnas por miedo, si otras muchas no lo hacen por estar enfermas, ingresadas o intubadas en un hospital, y si miles más no pueden votar por tener que cuidar de los enfermos, la voluntad popular no se pude expresar como debiera. Y eso es lo contrario a la democracia.
Las elecciones catalanas no deberían celebrarse. Siendo la situación sanitaria gravísima, la empeorarán. Atenta contra la salud pública instalar millares de infectódromos con urnas entre la Covidad y la Semana Santa, alentar a millones de personas -positivos o no- a desplazarse, a concentrarse en los colegios, a guardar cola, en el epicentro de una cuarta ola que está siendo el doble de virulenta que la anterior y que cada día que pasa recuerda más a la primera.
[Actualización 23 febrero: Tras alcanzar el pico de contagios a mediados de enero, los contagios por coronavirus en Cataluña habían ido cayendo sostenidamente hasta que, justo tras las elecciones, el ritmo de descenso se ha ralentizado, lo que anticipa un nuevo ascenso de la curva.
Illa, de ministro a candidato
Salvador Illa se ha negado en redondo a atender la petición de las Comunidades Autónomas de adelantar el toque de queda y permitir confinamientos domiciliarios para atajar la cuarta ola de coronavirus. No lo ha hecho porque el decreto del estado de alarma actual no lo incluye y necesitaría una modificación respaldada por el Congreso, algo que perjudicaría su candidatura.Hay que tener una catadura moral muy rastrera para, una vez haber aprovechado el tirón mediático que otorga la dirección de la lucha contra la pandemia, con ruedas de prensa urbi et orbi a diario, dejar tirados a los ciudadanos en plena curva de Enero porque lo que le apetece ahora es ser President de la Generalitat. O tal vez porque se lo ha ordenado su caudillo y no ha tenido redaños ni decencia para mandarlo a esparragar, que es lo que se merece Pedro Sánchez.
Illa y el Gobierno de Pedro Sánchez, están usando una tragedia —por acción y omisión— para lidiar en una campaña electoral. Antes regalaban gorras y pines o invitaban a bocata y refresco para llenar aforos. Ahora se llevan más las vacunas. Todo sea por la normalidad para ir a votar en un soleado día de los enamorados.
Y para más Inri, la campaña de Illa está siendo diseñada por subordinados del Gobierno monclovita, a saber, Redondo y Salazar, secretario de Estado y subsecretario de la Presidencia del Gobierno de España respectivamente, más un número indeterminado de funcionarios fijos o eventuales de La Moncloa. Lo peor de todo es que no parece sorprender a nadie que dos altos cargos de la Administración Central, cuyo sueldo pagamos con nuestros impuestos, puedan dedicar gran parte de su tiempo a diseñar un candidato de laboratorio con el dinero de todos y dirigir la campaña del candidato socialista a la Generalitat, aprovechando los recursos que el Estado pone a su disposición.
Illa se ha despedido del Ministerio de Sanidad con dos actuaciones que en cualquier democracia de calidad le costarían al menos una investigación penal:
1) ha reenviado 30.000 vacunas a Andorra (lo cual estaría muy bien si aquí sobrasen, que no es el caso). ¿El motivo? Que en ese paraíso fiscal a modo de Principado residen 13.937 catalanes con derecho a voto. Blanco y en botella.
Y 2) entregando a Cataluña un 12% más de vacunas per cápita que a Madrid.
A todo esto, los 9 condenados por el golpe institucional en Cataluña de 2017 ya están en la calle, por decisión unilateral del mismo Gobierno del que sus partidos forman parte: los mismos que impulsaron la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum ilegal han asaltado ahora el Estado de Derecho, ignorando al Tribunal Supremo para facilitar que salgan de prisión y participen incluso en mítines electorales.
[Actualización 15 febrero 2021:] Una vez celebrados los comicios, la Fiscalía ha pedido la vuelta a prisión de los líderes independentistas, que durante la campaña electoral han podido moverse libremente para reclamar el voto para sus partidos independentistas. La Fiscalía ha presentado recurso ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra la decisión de la Generalitat de concederles el tercer grado, al considerar que esta progresión en grado se otorgó apenas 40 días después de que el Tribunal Supremo revocase la controvertida semilibertad, lo que la convierte en "un fraude de ley".
La celeridad con que el PSOE ha comenzado a gestionar los indultos, la indolente respuesta política a la cacicada de la Generalitat de conceder el régimen de semilibertad a los condenados o la adaptación de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General a los objetivos políticos de esa alianza entre socialistas y republicanos describen bien la hoja de ruta compartida por ambos. Y suponen un indecente desprecio a los españoles y a la democracia en su conjunto.
Para más Inri, toda la campaña política de las elecciones catalanas se produce en pleno repunte de la pandemia y con un aumento de restricciones para la totalidad de los ciudadanos, afectados por limitaciones en libertades tan básicas como la movilidad, las reuniones o la apertura del negocio propio. Que Junqueras pueda rodearse de acólitos con una condena a 13 años vigente mientras un hostelero no puede abrir su bar o visitar a su madre, es escandaloso. Que los contagiados puedan saltarse el confinamiento para ir a votar, poniendo en peligro la salud del resto de ciudadanos, es indignante.
Las encuestas
A esta banda que tenemos por gobernantes les dan igual sus administrados y respetar las más elementales normas de Salud Pública. En resumidas cuentas, les importa un comino que en las urnas se puedan contagiar miles de personas, muchos de las cuales acabarán falleciendo. Han forzado la máquina porque las encuestas les salen. Si no fuera así, no hubieran roto el pacto que cerró el resto de los partidos catalanes. Hay que ser muy chungo para anteponer tu interés electoral a la salud de tus conciudadanos.El CIS de Tezanoslo ha vuelto a hacer. Ha cocinado la victoria del PSC de Salvador Illa en detrimento de los independentistas. Según una encuesta flash del CIS publicada el 4 de febrero, Illa obtendría un 23,7% de los votos y el ERC el 19,9%. Por detrás se situarían JxCat (14,6%), En Comú Podem (8,9%), Ciudadanos (7,9%), Vox (6,9%), la CUP (6,8%), el PP (5,8%) y el PDECat (1,5%), que no entraría en el Parlament.
Tales pronósticos enmiendan los resultados de la encuesta publicada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que otorgaban la victoria a ERC y un porcentaje de voto independentista por encima del no independentista.
La transformación del ministro Illa en candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya ha ocasionado un movimiento sísmico en la política catalana y, por tanto, en la nacional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, confisca así para su personal causa política el llamado 'efecto Illa', interrumpe su luna de miel con ERC y se viene arriba con un inesperado desafío al nacionalismo: ganarles en las urnas, y en su propio terreno.
PP y Ciudadanos entran en campaña muy condicionados por los planes de Pedro Sánchez y el discurso anti-independentista del candidato socialista. Contra esos planes y ese discurso, solo pueden denunciar el inconfesado propósito de formar un tripartito con ERC. Eso lo van a negar por tierra, mar y aire tanto los de Junqueras como los de Illa. Así que PP y Cs tendrán que modular muy mucho su confrontación con la fuerza política que será hegemónica en el bando constitucional. Inés Arrimadas, como siempre, ya ha ofrecido sus votos al PSOE: “Si las fuerzas constitucionalistas suman, nosotros estaremos a la altura”.
Tomemos nota de las palabras de Salvador Illa, y veamos en qué acaba ésto una vez celebrados los comicios: "Os lo garantizo: ni habrá tripartito ni habrá procés. Tendremos el nuevo gobierno progresista que Cataluña necesita. Ni habrá independencia ni habrá decadencia".
Las sumas entre los bloques independentistas y no independentistas, así como las posibles alianzas entre partidos de izquierda o derecha protagonizan ahora las cábalas de partidos y votantes. Según las últimas encuestas, las fuerzas no independentistas (PSC, CatComú Podem, PP, Cs y Vox) se harían con el 55% de los votos, frente al 39% de los logrados por Junts, ERC y la CUP.
Todo ello se solapa con la evidente complicidad del actual Gobierno con el independentismo, por mucha verborrea electoral que ahora se dediquen el PSOE y ERC: su tensión en la campaña es retórica artificial, destinada en un caso a recoger voto de Ciudadanos y, en el otro, a superar a su rival separatista, Junts pel Catalunya.
Resultados electorales de Cataluña
Los comicios en Cataluña han estado marcados por una abstención de récord debido a la pandemia. La participación ha caido más de 25 puntos respecto al 2017 y se ha quedado en el 53,56%. Casi la mitad de los 5.368.881 catalanes con derecho a voto optaron por desentenderse de las elecciones que decidían la composición del Parlament y del próximo presidente de la Generalitat.Finalmente, el PSC de Salvador Illa se ha alzado como la fuerza más votada con el 23% de los votos y 33 escaños (16 más que en las elecciones de 2017).
En segundo lugar en porcentaje de voto, pero con el mismo número de escaños y la gobernabilidad en la mano, está el partido de Pere Aragonès, ERC, que ha obtenido el 21% de los votos y 33 diputados, empatando con el PSC.
Tras ellos está JuntsxCat, con 32 escaños y el 20% de los votos, 2 escaños menos que en la edición de 2017.
La CUP ha conseguido 9 escaños, más del doble de las pasadas elecciones donde consiguió 4.
Los independentistas del PDeCat se quedan fuera del Parlamento catalán, al no conseguir ningún escaño, aunque celebran que el resultado de las urnas ha deparado una "mayoría para el independentismo".
En los resultados hay dos datos que llaman poderosamente la atención:
1) El gran varapalo de Ciudadanos, que retrocede desde ser la primera fuerza política en Cataluña hasta la 7ª plaza. En estas elecciones de 2021 la formación naranja se lleva 6 escaños, 30 menos que en 2017. ¿Será que los catalanes se han dado cuenta de que los de Arrimadas son unos Judas que se venden al mejor postor?
2) Son destacables los 11 escaños que ha conseguido Vox (más que PP y Cs juntos), que entra con fuerza en el parlamento catalán. En el PP (solo ha logrado 3 escaños) no esperaban un "sorpasso" de Vox de esta envergadura.
PSOE y Unidas Podemos han coincidido en valorar los resultados de las elecciones en Cataluña como un refuerzo de su coalición para seguir avanzando en su legislatura y combatir a un derecha que ven en declive. Pero la realidad es otra: lo que representan Illa y Sánchez es la rendición ante el separatismo en incómodos plazos, con un referéndum pactado sobre la independencia que supone la abolición de la soberanía nacional española.
El PSC se impuso en votos, pero no en escaños. La victoria de Salvador Illa no ha impedido que el independentismo se fortalezca (ha obtenido un 50% de los votos). El temor en el PSOE es que la presión de Junts, o incluso de la CUP, haga virar a los republicanos hacia una posición más dura, mirando a la autodeterminación y aparcando la vía del diálogo impulsada por Moncloa.
Sin embargo, teniendo en cuenta la poca participación en las urnas, éste es el resultado REAL de las elecciones autonómicas catalanas: la mayoría del Parlament es independentista, sin embargo, su apoyo solo representa al 25% del censo electoral catalán debido a la baja participación. La verdad es que los independentistas han perdido 656.295 votos con respecto a los últimos comicios.
La buena noticia del 14-F es que los independentistas han perdido un 12% de los apoyos obtenidos en las anteriores elecciones autonómicas. La suma de Esquerra, JxCat y la CUP ha pasado del 37,4% del electorado en 2017 a solo el 25,3% en 2021.
La mala noticia del 14-F es que los partidos constitucionalistas han desaprovechado la inmejorable ocasión para frenar la dinámica autodestructiva de Cataluña, y han pasado del 40 al 24,80% del censo electoral. Ni PP, ni Ciudadanos, ni tampoco el PSC, a pesar de su estimable resultado, han sido capaces de inocular las dosis de confianza y certidumbre necesarias para movilizar a una significativa parte de ese sector de la sociedad que están hartos del procés.
¿Quién será el próximo President?
El empate a 33 escaños entre socialistas y republicanos brinda a estos últimos la llave para abrir un Govern independentista u otro de izquierdas. Ambas alianzas suman 74 diputados. En definitiva, un tablero más complejo, fragmentado y endiablado cuya gestión obligará a contener la respiración durante semanas o meses. Ahora Aragonès (ERC) e Illa (PSC) abren ronda de contactos en busca de apoyos a su investidura, ya que los 33 diputados obtenidos por estos partidos quedan muy lejos de la mayoría absoluta del Parlament, fijada en 68 diputados.La suma de todos los partidos no independentistas alcanza los 61 escaños, pero esta vía queda descartada por varios vetos cruzados entre Vox y partidos como PSC y En Comú Podem (Podemos). La líder catalana de Podemos, Jessica Albiach, ha pedido a ERC que, con "valentía y generosidad", levante su veto al PSOE y empezar a negociar a tres bandas la formación de un Govern de izquierdas en Cataluña.
Las opciones para llegar a la presidencia del ex-ministro de Sanidad pasan por llegar a algún tipo de acuerdo con alguno de los partidos independentistas, algo muy delicado para cualquiera de las partes, puesto que todos los partidos independentistas firmaron el compromiso de no pactar con Illa durante la última semana de campaña electoral. Matemáticamente, la suma de PSC, ERC y Podemos rebasarían la mayoría absoluta, pero Oriol Junqueras (ERC) considera esta vía “imposible” al calificar a su partido y los socialistas como “formaciones antagonistas”. Por su parte, Illa también prometió en campaña NO pactar con formaciones independentistas (¿cumplirá su palabra?).
Por tanto, acecha el peligro. La unión de los partidos independentistas suman mayoría absoluta. La opción más factible es la reedición del actual gobierno de la Generalitat con ERC y Junts (sumarían 65) pero les faltarían 3 escaños, así que todos los ojos miran a la CUP (9). Como candidato más votado del bloque independentista, Pere Aragonès ha interpelado a JxCat, la CUP y En Comú Podem, alegando que todas estas fuerzas comparten el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación vinculante y de perseguir la amnistía de los dirigentes separatistas presos y fugados por impulsar el 1-O.
El candidato de ERC podría ser proclamado presidente de un gobierno con En Comú Podem y apoyado en la investidura con el voto positivo del PSC. Esta variante podría tener sus ecos en la política nacional y que el acuerdo se convirtiera en un colchón de gobernabilidad en ambas partes. Aunque de nuevo esta opción, de investir y apoyar las propuestas de un candidato independentista podría no ser muy bien vista por el resto del socialismo español.
El efecto Illa: ¿mereció la pena?
¿Ha merecido la pena, señores Pedro Sánchez e Iván Redondo mantener las elecciones este 14-F? ¿El efecto Illa (al final, apenas 44.000 votos más que Miquel Iceta en 2017) ha justificado descabalgar al ministro de Sanidad en plena cuarta ola de la pandemia, mantener una pugna en los tribunales para evitar que se aplazaran y que los presidentes y vocales de las mesas electorales acabaran recibiendo los votos de los contagiados con epis y protección especial después de que muchos miles recurrieran para no tener que asistir?¿Ha merecido la pena, señor Redondo, que más de un millón y medio de catalanes se quedaran en sus casas, hastiados por la pandemia y por la desafección con los políticos, y que de los 4.392.000 votantes que se movilizaron hace 4 años hayamos pasado a solo 2.695.000 este año?
¿Le ha salido rentable, señor presidente, que el candidato Illa haya ganado en votos para, al final, quedar empatado en escaños con ERC, la misma que viene de firmar un documento independentista en el que se compromete a no pactar nada con el candidato del PSC? ¿Y si ERC, al final, cumple su palabra (para que la maquinaria independentista no le acuse de traidor) y no le inviste presidente, dejándole plantado 4 años como líder de la oposición en el Parlament mientras Miquel Iceta cumple su sueño de ser ministro en Madrid?
¿Convertirá con su abstención, señor Sánchez, a Pere Aragonés en el nuevo presidente de la Generalitat de un Gobierno con los Comunes y la CUP –porque ERC tampoco quiere sus votos- tal y como pretende su vicepresidente, Pablo Iglesias, que sueña con poder entrar también en el Govern mientras mantiene su silla en Moncloa?
¿Compensa, señor presidente, que ahora sus socios de ERC argumenten que el independentismo ha superado por primera vez en la historia el 50% de los votos… aunque esto haya sido en unas elecciones en las que apenas ha votado el 53,55% del censo electoral de Cataluña y que, ahora, sus bases les insten a pactar un Gobierno independentista solo con Junts y la Cup?
¿Tendrá la dignidad suficiente Inés Arrimadas de dimitir y seguir el ejemplo que dio Albert Rivera ante una debacle similar hace poco más de 2 años, o preferirá seguir siendo la muleta de Sánchez en el hipotético giro hacia el centro como la única manera de evitar una desaparición que, cada vez, se vislumbra más claramente en el horizonte?
¿Se conformará Pablo Casado una elección más con haber perdido ‘solo’ otro diputado mientras es desbordado por Vox, que sí consigue representación en las cuatro provincias catalanas, algo que el PP lleva varias elecciones sin lograr?
En definitiva, señores Sánchez, Illa y Redondo: ¿compensa todo lo anterior y el hastío de millones de catalanes y españoles ante la posibilidad de otros 4 años de ‘procés’, de indultos, de reforma de la sedición… mientras Cataluña y España debía estar centrada primordialmente en intentar salir de la ruina postpandemia que se avecina?