Por mucho que lo intenten disfrazar con bonitas palabras, los "confinamientos selectivos" que se están llevando a cabo en esta segunda ola de la pandemia no son otra cosa que guetos. Según la RAE: "Barrio o suburbio en el que viven personas marginadas por el resto de la sociedad"; "Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas". Es decir, se está aislando marginando a quienes viven en zonas donde hay una alta tasa de infecciones, sin distinguir entre quienes están realmente enfermos y quienes están sanos. En la práctica: os cerramos las puertas para que no podáis entrar ni salir, contagiaos entre vosotros pero no esparzáis la mierda a localidades vecinas.
Desde luego, la medida es polémica y discriminatoria, pero es mejor que volver a la gran reclusión generalizada de todo el país. Lo ideal sería que se realizaran test masivos a TODOS los ciudadanos (que permitirían confinar solo a los contagiados), pero ante la ausencia de esta medida, la creación de guetos Covid se presenta como la mejor de las soluciones posibles.
Resulta chocante el incremento progresivo de la transmisión del coronavirus en España durante el verano, pese al uso generalizado y obligatorio de mascarillas. ¿Acaso el uso de mascarillas 24/7 es contraproducente, tal y como apuntan todas las evidencias científicas?
Como ya hemos visto en artículos anteriores, la evolución de la pandemia en España es preocupante: el número de casos, los ingresos hospitalarios, la ocupación de las UCIs y los fallecimientos siguen creciendo en todo el país desde el final del estado de alarma, aunque a ritmos distintos en cada Comunidad Autónoma.
Uno de los criterios en los que se basa la OMS para determinar si la epidemia está bajo control es la tasa de positividad de los test realizados, que no debe superar el 5%. Pues bien, en España alcanza el 12,6%.
Asimismo, el centro de referencia para el control de enfermedades infecciosas de la Unión Europea, el ECDC, considera que un país está en serios problemas si tiene más de 120 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, registrados en los últimos 14 días. Veamos cuáles son las regiones europeas con peor tasa de incidencia: de las 10 primeras, 9 son españolas.
Las consecuencias de las políticas aplicadas en nuestro país (alrededor de 60.000 víctimas mortales que el Gobierno se niega a reconocer y un desastre económico sin precedentes) ponen de manifiesto el fracaso del estado de alarma como estrategia sistemática frente al virus.
Tras abusar de una figura constitucional que durante meses utilizó como soporte de una política marcada por la opacidad y el autoritarismo, el Gobierno cantó victoria en su particular guerra contra el Covid-19 sin articular las necesarias medidas para hacer frente a un rebrote de la enfermedad. Fue el Ejecutivo el que, de la mano de su fantasmal grupo de expertos, estableció y aprobó unos criterios de rastreo y seguimiento que, a diferencia lo que sucede en nuestro entorno, se han mostrado insuficientes para seguir el curso de la pandemia y evitar un nuevo estallido de contagios.
En España se ha desatado un intenso blame game (juego de culpas) desde que se levantó el estado de alarma. Escarmentado por lo vivido en primavera, Sánchez y sus cien asesores monclovitas diseñaron un plan. En vez de ponerse manos a la obra para tener el país preparado para la segunda oleada prevista para el otoño, decidieron pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas y, parapetados en lo que ellos han llamado 'cogobernanza', preparar una venganza bien fría para aquellos barones populares que más criticaron el mando único, y especialmente Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es cierto que las competencias en materia de salud corresponden a las comunidades autónomas. Pero es igual de cierto que la Ley General de Sanidad establece que es competencia del Estado el establecimiento de normas que fijen las condiciones para conseguir «una igualación básica» de las condiciones de los servicios públicos. Y, como explica el propio Ministerio en su web, le corresponde coordinar la acción conjunta «de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario». El apoyo en las actividades policiales de vigilancia de las medidas adoptadas o el refuerzo del transporte público para asegurar la distancia física y evitar aglomeraciones son ejemplos de la necesaria cooperación entre gobierno central y los gobiernos autonómicos.
Diríase que esto permitiría al Gobierno de la nación ejercer de algo más que de mero espectador de lo que hacen los demás. Pero para eso hay que querer, y Moncloa decidió en junio que desde entonces la responsabilidad y, sobre todo, el coste político de ejercerla sería de otros.
Culpar a las comunidades autónomas del avance de esta segunda ola y desenterrar de nuevo el estado de alarma (que solo genera pobreza, como alerta la OMS), se ha convertido en la reiterada y errática respuesta del Ejecutivo a una crisis que no quiso ver y luego no supo contener.
Todo ello azuzado por la izquierda más radical (con altavoz mediático en los contertulios televisivos de La Sexta), que, por ejemplo han jaleado a la opinión pública acusando a la presidenta de la Comunidad madrileña de crear "su propia leprosería en el sur de Madrid" y "un muro que separa a los ricos de los pobres".
La realidad, por triste que parezca, es que el coronavirus sí entiende de clases. Renta y densidad de población son las claves que explican fundamentalmente las mayores tasas de expansión del virus en determinadas zonas. Cuanta menos renta, más coronavirus.
Por lo general, en los barrios donde hay salarios más bajos y mayor precariedad laboral hay más contagios. ¿Qué explica que el coronavirus afecte muchísimo más a los distritos más pobres? Hay una relación estrechísima entre renta y acceso al teletrabajo. Las personas con sueldos altos tienen posibilidad de teletrabajar en un 73%. Por el contrario, las que ganan menos de 1.000€ solo pueden hacerlo el 13%. Y salir a trabajar físicamente todos los días, unido a utilizar un transporte público saturado, impulsa claramente las infecciones.
Admitámoslo, no es lo mismo trabajar desde casa o en la oficina pero con un amplio despacho, manteniendo la distancia de seguridad y con tu mesa parapetada tras mamparas de metacrilato, que trabajar de limpiadora, cuidadora de una persona mayor o de camarera en un bar, en contacto directo y constante con cientos de personas diariamente (¿y con el virus?). La menor protección es evidente, y el riesgo de contagio se dispara.
Y estos contagios luego se trasladan al hogar, donde se multiplican. Hogares que, en el caso de los distritos pobres, son más pequeños, más atestados y, por tanto, con más riesgo de contagio. En zonas con bajo nivel de renta sus residentes tienen viviendas más pequeñas y hay más habitantes por vivienda, por lo que hay menos posibilidad de distanciamiento y un contacto obligado entre miembros de una vivienda. Es obvio que vivir más apretados es un factor vinculado a una mayor tasa de contagios.
Para más inri, la situación de precariedad económica de estos distritos hace que las personas más precarias, incluso si están contagiadas, no tengan posibilidad de no trabajar o incluso de quedarse en casa ante los primeros síntomas porque necesitan trabajar, ganar su salario para poder comer y pagar sus facturas (no pueden vivir de ahorros, porque no los tienen), lo que de nuevo impulsa la transmisión del virus entre la población más precaria.
Además, los recortes y la saturación de la sanidad pública afecta principalmente a quienes solo pueden acceder a la sanidad pública, por lo que sus casos se detectan más tarde.
La variable de la inmigración es bastante obvia: hay más inmigración en los distritos más pobres. Las viviendas más pequeñas y más baratas atraen, obviamente, a la población más pobre. La cuestión es de renta, no de raza.
Por no hablar de las medidas de protección. Una familia sustentada por un sueldo base no tiene medios económicos para destinar un mínimo de 40€/mes por persona en mascarillas quirúrgicas (y eso que son las más económicas). Estira su uso hasta el infinito, con la finalidad de evitar una multa, pero no para protegerse del virus. Y no hablemos si se ha comprado una mascarilla de tela sin homologar en el chino, o si es de fabricación casera.
“No se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para que el 1% contagiado se cure" dijo Isabel Díaz Ayuso el 3 de octubre, ante la inminente declaración del estado de alarma en Madrid. Sin aumentar rastreadores, sin potenciar la atención primaria, sin aplicar protocolos en los centros escolares, sin aumentar las frecuencias del transporte público, sin proteger a los “trabajadores esenciales”... se han asumido como inevitables los contagios en el “1%”, precisamente los más pobres y vulnerables, sabiendo que los más ricos, aquellos que pueden teletrabajar, tienen sanidad privada y no usan transporte público, sufren menos incidencia del coronavirus.
El coronavirus es un papel tornasol de la desigualdad. Ha ilustrado, con muertos e incidencia, que la desigualdad, la precariedad, la pobreza, mata. Ha expuesto, otra vez más, que la desigualdad es una peste que cuesta vidas humanas y que luchar contra el coronavirus es una batalla política y de clase.
13 están en la Comunidad de Madrid, que ya había puesto el 26 de septiembre restricciones de movilidad a numerosas áreas de salud que afectaban a varios municipios y que el pasado 2 de octubre tuvo que ampliar esas medidas a otras localidades al completo. Los guetos madrileños son: Madrid capital, Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Leganés y Móstoles, Parla.
Castilla y León es la segunda Comunidad que más municipios tiene confinados de forma perimetral: las ciudades de Palencia y León; Miranda de Ebro y Sotillo de la Ribera en Burgos; Medina del Campo, Carpio, Iscar y Pedrajas de San Esteban, de la provincia de Valladolid; y la localidad de Sotoserrano en Salamanca.
También Navarra aplica restricciones de movilidad a cuatro de sus municipios: Peralta, San Adrián, Falces y Funes. Y ojo, porque Pamplona está en puertas...
La Región de Murcia mantiene confinadas Jumilla, la pedanía de Archivel (en Caravaca de la Cruz), Lorca y Totana (que ya estuvo confinada en verano).
La Rioja también aplica desde el pasado 1 de octubre el confinamiento perimetral en Calahorra y Rincón del Soto. En Extremadura está confinada la localidad de Eljas (Cáceres); en Andalucía, Casariche (Sevilla); y en Zaragoza, La Almunia de Doña Godina.
A pesar de que el estado de alarma impuesto en 9 zonas de la Comunidad de Madrid acapare toda la atención, son ya 5.213 localidades, 30,3 millones de españoles que han perdido buena parte de sus derechos y libertades.
Desde luego, la medida es polémica y discriminatoria, pero es mejor que volver a la gran reclusión generalizada de todo el país. Lo ideal sería que se realizaran test masivos a TODOS los ciudadanos (que permitirían confinar solo a los contagiados), pero ante la ausencia de esta medida, la creación de guetos Covid se presenta como la mejor de las soluciones posibles.
Resulta chocante el incremento progresivo de la transmisión del coronavirus en España durante el verano, pese al uso generalizado y obligatorio de mascarillas. ¿Acaso el uso de mascarillas 24/7 es contraproducente, tal y como apuntan todas las evidencias científicas?
Como ya hemos visto en artículos anteriores, la evolución de la pandemia en España es preocupante: el número de casos, los ingresos hospitalarios, la ocupación de las UCIs y los fallecimientos siguen creciendo en todo el país desde el final del estado de alarma, aunque a ritmos distintos en cada Comunidad Autónoma.
Uno de los criterios en los que se basa la OMS para determinar si la epidemia está bajo control es la tasa de positividad de los test realizados, que no debe superar el 5%. Pues bien, en España alcanza el 12,6%.
Asimismo, el centro de referencia para el control de enfermedades infecciosas de la Unión Europea, el ECDC, considera que un país está en serios problemas si tiene más de 120 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, registrados en los últimos 14 días. Veamos cuáles son las regiones europeas con peor tasa de incidencia: de las 10 primeras, 9 son españolas.
Último recurso: confinar
La Organización Mundial de la Salud denunció el 12 de octubre el abuso de las políticas de confinamiento en la batalla contra el Covid-19. Lo que para la OMS debería ser el último recurso de los gobiernos para contener el avance de la enfermedad, se ha convertido en la principal herramienta, si no la única, del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tanto en la primera ola como en la segunda.Las consecuencias de las políticas aplicadas en nuestro país (alrededor de 60.000 víctimas mortales que el Gobierno se niega a reconocer y un desastre económico sin precedentes) ponen de manifiesto el fracaso del estado de alarma como estrategia sistemática frente al virus.
Tras abusar de una figura constitucional que durante meses utilizó como soporte de una política marcada por la opacidad y el autoritarismo, el Gobierno cantó victoria en su particular guerra contra el Covid-19 sin articular las necesarias medidas para hacer frente a un rebrote de la enfermedad. Fue el Ejecutivo el que, de la mano de su fantasmal grupo de expertos, estableció y aprobó unos criterios de rastreo y seguimiento que, a diferencia lo que sucede en nuestro entorno, se han mostrado insuficientes para seguir el curso de la pandemia y evitar un nuevo estallido de contagios.
En España se ha desatado un intenso blame game (juego de culpas) desde que se levantó el estado de alarma. Escarmentado por lo vivido en primavera, Sánchez y sus cien asesores monclovitas diseñaron un plan. En vez de ponerse manos a la obra para tener el país preparado para la segunda oleada prevista para el otoño, decidieron pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas y, parapetados en lo que ellos han llamado 'cogobernanza', preparar una venganza bien fría para aquellos barones populares que más criticaron el mando único, y especialmente Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es cierto que las competencias en materia de salud corresponden a las comunidades autónomas. Pero es igual de cierto que la Ley General de Sanidad establece que es competencia del Estado el establecimiento de normas que fijen las condiciones para conseguir «una igualación básica» de las condiciones de los servicios públicos. Y, como explica el propio Ministerio en su web, le corresponde coordinar la acción conjunta «de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario». El apoyo en las actividades policiales de vigilancia de las medidas adoptadas o el refuerzo del transporte público para asegurar la distancia física y evitar aglomeraciones son ejemplos de la necesaria cooperación entre gobierno central y los gobiernos autonómicos.
Diríase que esto permitiría al Gobierno de la nación ejercer de algo más que de mero espectador de lo que hacen los demás. Pero para eso hay que querer, y Moncloa decidió en junio que desde entonces la responsabilidad y, sobre todo, el coste político de ejercerla sería de otros.
Culpar a las comunidades autónomas del avance de esta segunda ola y desenterrar de nuevo el estado de alarma (que solo genera pobreza, como alerta la OMS), se ha convertido en la reiterada y errática respuesta del Ejecutivo a una crisis que no quiso ver y luego no supo contener.
Confinar no salva vidas. Solo nos hace más pobres.
El coronavirus sí entiende de clases sociales
Pero, aparte de la inutilidad de nuestros políticos y de la ineficacia demostrada por el sistema autonómico, que duplica competencias pero que, cuando llega una crisis gorda, permite que unos y otros esquiven sus responsabilidades, está el problema de los ciudadanos, que son capaces de pensar una cosa y la contraria en apenas 6 meses, con tal de no quitarle la razón al partido al que votan.Todo ello azuzado por la izquierda más radical (con altavoz mediático en los contertulios televisivos de La Sexta), que, por ejemplo han jaleado a la opinión pública acusando a la presidenta de la Comunidad madrileña de crear "su propia leprosería en el sur de Madrid" y "un muro que separa a los ricos de los pobres".
La realidad, por triste que parezca, es que el coronavirus sí entiende de clases. Renta y densidad de población son las claves que explican fundamentalmente las mayores tasas de expansión del virus en determinadas zonas. Cuanta menos renta, más coronavirus.
Por lo general, en los barrios donde hay salarios más bajos y mayor precariedad laboral hay más contagios. ¿Qué explica que el coronavirus afecte muchísimo más a los distritos más pobres? Hay una relación estrechísima entre renta y acceso al teletrabajo. Las personas con sueldos altos tienen posibilidad de teletrabajar en un 73%. Por el contrario, las que ganan menos de 1.000€ solo pueden hacerlo el 13%. Y salir a trabajar físicamente todos los días, unido a utilizar un transporte público saturado, impulsa claramente las infecciones.
Admitámoslo, no es lo mismo trabajar desde casa o en la oficina pero con un amplio despacho, manteniendo la distancia de seguridad y con tu mesa parapetada tras mamparas de metacrilato, que trabajar de limpiadora, cuidadora de una persona mayor o de camarera en un bar, en contacto directo y constante con cientos de personas diariamente (¿y con el virus?). La menor protección es evidente, y el riesgo de contagio se dispara.
Y estos contagios luego se trasladan al hogar, donde se multiplican. Hogares que, en el caso de los distritos pobres, son más pequeños, más atestados y, por tanto, con más riesgo de contagio. En zonas con bajo nivel de renta sus residentes tienen viviendas más pequeñas y hay más habitantes por vivienda, por lo que hay menos posibilidad de distanciamiento y un contacto obligado entre miembros de una vivienda. Es obvio que vivir más apretados es un factor vinculado a una mayor tasa de contagios.
Para más inri, la situación de precariedad económica de estos distritos hace que las personas más precarias, incluso si están contagiadas, no tengan posibilidad de no trabajar o incluso de quedarse en casa ante los primeros síntomas porque necesitan trabajar, ganar su salario para poder comer y pagar sus facturas (no pueden vivir de ahorros, porque no los tienen), lo que de nuevo impulsa la transmisión del virus entre la población más precaria.
Además, los recortes y la saturación de la sanidad pública afecta principalmente a quienes solo pueden acceder a la sanidad pública, por lo que sus casos se detectan más tarde.
La variable de la inmigración es bastante obvia: hay más inmigración en los distritos más pobres. Las viviendas más pequeñas y más baratas atraen, obviamente, a la población más pobre. La cuestión es de renta, no de raza.
Por no hablar de las medidas de protección. Una familia sustentada por un sueldo base no tiene medios económicos para destinar un mínimo de 40€/mes por persona en mascarillas quirúrgicas (y eso que son las más económicas). Estira su uso hasta el infinito, con la finalidad de evitar una multa, pero no para protegerse del virus. Y no hablemos si se ha comprado una mascarilla de tela sin homologar en el chino, o si es de fabricación casera.
“No se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para que el 1% contagiado se cure" dijo Isabel Díaz Ayuso el 3 de octubre, ante la inminente declaración del estado de alarma en Madrid. Sin aumentar rastreadores, sin potenciar la atención primaria, sin aplicar protocolos en los centros escolares, sin aumentar las frecuencias del transporte público, sin proteger a los “trabajadores esenciales”... se han asumido como inevitables los contagios en el “1%”, precisamente los más pobres y vulnerables, sabiendo que los más ricos, aquellos que pueden teletrabajar, tienen sanidad privada y no usan transporte público, sufren menos incidencia del coronavirus.
El coronavirus es un papel tornasol de la desigualdad. Ha ilustrado, con muertos e incidencia, que la desigualdad, la precariedad, la pobreza, mata. Ha expuesto, otra vez más, que la desigualdad es una peste que cuesta vidas humanas y que luchar contra el coronavirus es una batalla política y de clase.
Guetos al 6 de octubre
A fecha 6 octubre, en España ya hay 33 municipios confinados que tienen restringida la entrada y salida, salvo para casos excepcionales.13 están en la Comunidad de Madrid, que ya había puesto el 26 de septiembre restricciones de movilidad a numerosas áreas de salud que afectaban a varios municipios y que el pasado 2 de octubre tuvo que ampliar esas medidas a otras localidades al completo. Los guetos madrileños son: Madrid capital, Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Leganés y Móstoles, Parla.
Castilla y León es la segunda Comunidad que más municipios tiene confinados de forma perimetral: las ciudades de Palencia y León; Miranda de Ebro y Sotillo de la Ribera en Burgos; Medina del Campo, Carpio, Iscar y Pedrajas de San Esteban, de la provincia de Valladolid; y la localidad de Sotoserrano en Salamanca.
También Navarra aplica restricciones de movilidad a cuatro de sus municipios: Peralta, San Adrián, Falces y Funes. Y ojo, porque Pamplona está en puertas...
La Región de Murcia mantiene confinadas Jumilla, la pedanía de Archivel (en Caravaca de la Cruz), Lorca y Totana (que ya estuvo confinada en verano).
La Rioja también aplica desde el pasado 1 de octubre el confinamiento perimetral en Calahorra y Rincón del Soto. En Extremadura está confinada la localidad de Eljas (Cáceres); en Andalucía, Casariche (Sevilla); y en Zaragoza, La Almunia de Doña Godina.
Guetos al 16 octubre
Hasta que no se aprueben los cuatro niveles de alerta propuestos por Sanidad en el Consejo Interterritorial, cada región es libre de corregir su situación epidemiológica con las normas que considere oportunas. A 16 de octubre, el 65% de España vive bajo cierres perimetrales o con limitaciones de movilidad, reducción de aforos y horarios.
A pesar de que el estado de alarma impuesto en 9 zonas de la Comunidad de Madrid acapare toda la atención, son ya 5.213 localidades, 30,3 millones de españoles que han perdido buena parte de sus derechos y libertades.