Que contemos 120.000 fallecidos, la mayor caída del PIB de nuestra historia reciente (10,8%), casi un 11% de déficit público y una deuda salvaje del 120% del PIB, es el reflejo de quien no sabe gestionar ni la salud, ni la economía. Revisando la hemeroteca, recordamos a Sánchez hablando de una recuperación en “forma de V”, que después se convirtió en “lámpara de Aladino”, y que actualmente es un túnel sin salida. ¡Un brindis, Pedro! Por lo bien que lo has hecho.
El desastre sin paliativos que suponen estas cifras adquiere dimensiones aún mayores si tenemos en cuenta que Madrid (la región con mayor peso económico en el país) lleva meses luchando a contracorriente, creciendo al 4,4% y salvando al país de una situación catastrófica.
1) El primero lo reflejan los datos de actividad económica, que continúan siendo los más débiles de toda la Eurozona. No sólo es que sectores clave, como el automovilístico o el turístico, sigan registrando cifras negativas de doble dígito. Es que, incluso en una recuperación impulsada fundamentalmente por el sector industrial, como la que estamos viendo en todo el mundo, España registra las cifras más bajas.
Si a ello le sumamos las dudas crecientes sobre la recepción de los fondos europeos, la realidad es que tendremos que celebrar una tasa de crecimiento en 2021 que llegue al 4%. La vuelta a la destrucción económica en el primer trimestre del año, de hecho, ya es el escenario base para el Banco de España, entre otros muchos analistas, y aún queda por ver el impacto que tendrá esta difícil situación en el mercado laboral español.
La realidad es que España ha sumado una nueva revisión a la baja en sus expectativas de crecimiento por parte del consenso de analistas, y ya concatena 3 de los últimos 4 meses en esta dirección.
2) El segundo elemento es la “calidad” de nuestro crecimiento económico. La mayor caída del PIB de la Eurozona es consecuencia, entre otras cosas, del mayor déficit y de la receta fallida de acudir al gasto improductivo para tapar la incapacidad de gestión.
La izquierda intervencionista y liberticida lo llamó en su día “escudo social”. A la luz de las cifras fue tan sólo una enorme campaña de marketing que ha dejado a 5 millones de españoles subsidiados y a la economía nacional con buena parte de sus motores clave gripados.
El gobierno afirma que el gasto extraordinario al que ha tenido que hacer frente por el Covid ascendió en 2020 a 45.000 millones de euros. De ellos, 21.500 fueron destinados a ERTE y prestaciones por cese de actividad. O, dicho de otra manera, a subvencionar los empleos y las empresas que ellos mismos destruyeron vía ERTE.
La otra mitad fue destinado a gasto sociosanitario y a “resto de gastos Covid”, una partida de 7.312 millones de la que no sabemos absolutamente nada.
La gran pregunta, a la luz de los datos, es: ¿Y qué hay de las ayudas a PyMEs y autónomos? La respuesta, en el propio documento de ejecución presupuestaria remitido por el Ministerio de Hacienda, es un silencio atronador.
Porque no debemos consentir engaños. Los 5.700 millones de euros destinados a prestaciones para autónomos y a las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social de las que se han beneficiado dichos prestatarios no son ninguna ayuda ni compensación. Son un subsidio a la miseria a la que les ha abocado el propio Gobierno de España.
Esto, por no hablar de que 5.700 millones de euros no es ni el 0,6% del PIB español. Si somos generosos y sumamos los 7.000 millones que han aprobado recientemente, obtenemos unas ayudas al tejido empresarial del 1% del PIB. Tardías, insuficientes y que excluyen a buena parte de nuestro tejido productivo.
No es de extrañar, por lo tanto, la destrucción de más de 100.000 empresas y la recuperación inexistente de los que están llamados a sacarnos del enorme agujero en el que nos ha metido el presidente Sánchez y su larga lista de Ministros incompetentes.
La realidad empresarial, según el propio Banco de España, es muy dura: Los ingresos han caído un 20%, el beneficio operativo casi un 40% y el beneficio neto un 50% por los menores beneficios financieros.
No es de extrañar, por lo tanto, que la seguridad social cerrara 2020 con el mayor déficit de su historia: El 1,8% del PIB. De hecho, cada vez que digan que la Seguridad Social es un ente autónomo y finalista, y que hay que poner nuevos impuestos para financiarla deberíamos recordar dos cosas:
1) Las cotizaciones también son impuestos porque tienen carácter coercitivo; y
2) Ya estamos financiándola con impuestos. Concretamente, con 22.000 millones de euros en 2020.
La gran pregunta, incluso para los burócratas que invaden el Consejo de Ministros es: ¿Hay alguna recuperación posible sin empresas que generen empleo y riqueza? No parece... De hecho, el consenso de analistas continúa viendo a España como el país con mayor tasa de paro y de déficit de toda Europa en 2021.
El modelo de crecimiento socialista en España es claro: Intervencionismo, liberticidio, generación de redes clientelares, y facturas a pagar por las siguientes generaciones.
La estrategia para atajar la crisis que estamos siguiendo en España no funciona. Los estudios científicos ya demuestran que los confinamientos no son una herramienta efectiva ni eficaz para frenar los contagios. En cambio, resulta de lo más eficaz para quebrar la economía y destruir empleo.
En París los bares, restaurantes y lugares de ocio llevan cerrados desde el 30 de septiembre. Francia está siendo uno de los países más restrictivos en la cuarta ola. ¿De qué les está sirviendo? Tienen una incidencia acumulada disparada (más de 500 casos por habitante) y su sistema sanitario está colapsado. Algo similar ocurre en muchas regiones españolas, aunque en menor medida por tener menos densidad de población.
El camino lo muestra la Comunidad de Madrid: Test masivos, sistemas de monitorización de las aguas residuales, incremento de la capacidad hospitalaria y restricción de movilidad sólo en los lugares con mayor transmisión comunitaria. Sólo así podremos salvar a nuestro tejido empresarial de su encefalograma plano y comenzar a pensar en la recuperación económica. De cualquier otra manera, cuando consigamos la inmunidad de rebaño (si es que existe), España será un erial con serias dificultades para germinar.
Los puntos débiles de la economía de nuestro país no son pocos ni nuevos, pero la crisis económica del covid ha vuelto a dejarlos a la vista. En su informe, la OCDE destapa las vergüenzas que padece la maltrecha economía española desde hace tiempo:
- un mercado laboral dominado por el desempleo,
- habilidades insuficientes del capital humano,
- una enorme disparidad entre regiones,
- y una gran proporción de trabajadores con contratos no regulares.
Estas vulnerabilidades, unidas a la situación de pandemia, y (quizás) a un poco de mala suerte, han hecho de España la economía desarrollada más damnificada por la crisis del covid.
España no solo ha sufrido la mayor caída del PIB entre las grandes economías de Europa, también ha protagonizado la mayor destrucción de empleo y ha tenido el mayor ratio pérdida de empleo respecto a caída del PIB. Por cada punto que cae el PIB, el empleo ha descendido 0,65 puntos. Además, la destrucción de empleo ha sido mucho más devastadora en regiones como Baleares o Canarias, muy dependientes del turismo, generando una crisis desigual.
A su vez, esas vulnerabilidades también pueden ser un obstáculo para la recuperación, sobre todo si se pretende generar un crecimiento inclusivo y con una creación de empleo de calidad.
La OCDE señala en su trabajo que "las diferencias regulatorias regionales plantean barreras para lograr un mercado verdaderamente único y ralentizan el crecimiento de las empresas, lo que obstaculiza la productividad y la creación de empleo". Tener 17 reinos de Taifas no parece que esté funcionando, ni a nivel económico, ni a nivel sanitario.
El organismo insiste en que "la máxima prioridad política debería ser eliminar esas barreras al crecimiento de las empresas, en particular mediante la implementación de la Ley de Unidad de Mercado, y aumentar la conciencia sobre la ley entre las firmas. Con este fin, es necesario mejorar la cooperación y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, lo que también contribuirá a una rápida absorción de los fondos de la próxima generación de la UE para apoyar la recuperación".
Además, la OCDE cree que deberían introducirse procedimientos de reestructuración extrajudiciales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para facilitar la reestructuración de deudas y la liquidación.
El organismo también reclama al Gobierno que se incremente el gasto en formación en políticas activas del mercado laboral y que eleve la calidad de los cursos de formación. Algunas de estas medidas y propuestas están presentes en el plan de recuperación de la economía presentado por Pedro Sánchez.
También plantea una batería casi interminable de medidas que, sin embargo, no desarrolla en el documento: introducir un punto de contacto único para los servicios sociales y laborales. Transferir las subvenciones a la formación laboral a las personas, al menos parcialmente, o desarrollar programas públicos de formación para el empleo dirigidos a trabajadores de edad avanzada y que tienen un perfil de baja formación con fines específicos como la promoción de las competencias TIC. Continuar los esfuerzos para luchar contra el abuso de los contratos temporales, dirigir los incentivos de contratación existentes a grupos vulnerables específicos y vincularlos a programas de capacitación y simplificar el menú de contratos entre los que las empresas pueden elegir.
Por otro lado, la OCDE también subraya que España es una economía rezagada en lo que se refiere a la adopción y uso de tecnologías digitales. Como propuesta, los técnicos de la organización creen que "se puede desarrollar una mayor capacidad de innovación reforzando la evaluación a posteriori de las políticas de innovación y teniéndolas en cuenta para la renovación de las subvenciones. Una mayor coordinación de las políticas de innovación regionales y nacionales, por ejemplo, fortaleciendo el papel de la Red de Políticas Públicas de I+D, evitará la duplicación de actividades".
Para mejorar la calidad de la investigación básica se debería aumentar la financiación de las universidades, pero basada en el rendimiento de estos centros, con el objetivo de crear un entorno competitivo. Según la OCDE, esto puede ayudar a alinear las estrategias de los centros universitarios con las necesidades del mercado laboral, en particular, las competencias en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También, las alianzas entre empresas e institutos de investigación pueden mejorar la capacidad de innovación de las pymes. Además, "la implementación completa de los planes recientemente desarrollados para digitalizar la administración pública ayudarán a este respecto".
Por otro lado, la naturaleza cambiante del trabajo, agudizada por la crisis del covid, requiere una fuerza laboral cualificada y con habilidades digitales, que a la postre son las que se necesitan en los trabajos de mayor calidad y que presentan un crecimiento más rápido de la productividad. "Sin embargo, en España el dominio de las habilidades es bajo y el desajuste de habilidades es alto. Es necesario reducir las altas tasas de abandono escolar temprano y de repetición de curso para mejorar las habilidades básicas", según destaca el informe.
Una modernización del sistema educativo y la formación profesional puede contribuir a alinear la educación con las necesidades del mercado laboral y reducir los desajustes de habilidades existentes. Las áreas clave que deben abordarse son las mejoras en la educación universitaria y la formación en el trabajo de los docentes, y la implementación efectiva del Plan de Modernización de la Formación Profesional 2020, en particular promoviendo la cooperación con las empresas para ayudar a identificar las necesidades de habilidades y colocar estudiantes de educación en empresas.
Por otro lado, los economistas de la OCDE creen que España podría tener "un sistema tributario más eficaz que reduciría las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones, y proporcionar ingresos suficientes para reformar el mercado laboral, la educación y la innovación. Sin embargo, cualquier aumento de impuestos debe implementarse solo una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y es posible que deba ir acompañado de medidas compensatorias específicas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables".
Entre las medidas específicas, el informe urge a ampliar las bases impositivas, reduciendo las exenciones en los impuestos sobre la renta, limitar el uso de tipos reducidos de IVA y exenciones a medio plazo. Con miras al futuro, la OCDE ve necesario aumentar la fiscalidad de los combustibles para reflejar mejor las emisiones de CO2 y una mayor redistribución hacia los hogares con menos ingresos.
El desastre sin paliativos que suponen estas cifras adquiere dimensiones aún mayores si tenemos en cuenta que Madrid (la región con mayor peso económico en el país) lleva meses luchando a contracorriente, creciendo al 4,4% y salvando al país de una situación catastrófica.
La alarmante situación económica de España
Hay dos factores que apoyan el pesimismo sobre el estado de situación de la economía española:1) El primero lo reflejan los datos de actividad económica, que continúan siendo los más débiles de toda la Eurozona. No sólo es que sectores clave, como el automovilístico o el turístico, sigan registrando cifras negativas de doble dígito. Es que, incluso en una recuperación impulsada fundamentalmente por el sector industrial, como la que estamos viendo en todo el mundo, España registra las cifras más bajas.
Si a ello le sumamos las dudas crecientes sobre la recepción de los fondos europeos, la realidad es que tendremos que celebrar una tasa de crecimiento en 2021 que llegue al 4%. La vuelta a la destrucción económica en el primer trimestre del año, de hecho, ya es el escenario base para el Banco de España, entre otros muchos analistas, y aún queda por ver el impacto que tendrá esta difícil situación en el mercado laboral español.
La realidad es que España ha sumado una nueva revisión a la baja en sus expectativas de crecimiento por parte del consenso de analistas, y ya concatena 3 de los últimos 4 meses en esta dirección.
2) El segundo elemento es la “calidad” de nuestro crecimiento económico. La mayor caída del PIB de la Eurozona es consecuencia, entre otras cosas, del mayor déficit y de la receta fallida de acudir al gasto improductivo para tapar la incapacidad de gestión.
La izquierda intervencionista y liberticida lo llamó en su día “escudo social”. A la luz de las cifras fue tan sólo una enorme campaña de marketing que ha dejado a 5 millones de españoles subsidiados y a la economía nacional con buena parte de sus motores clave gripados.
El gobierno afirma que el gasto extraordinario al que ha tenido que hacer frente por el Covid ascendió en 2020 a 45.000 millones de euros. De ellos, 21.500 fueron destinados a ERTE y prestaciones por cese de actividad. O, dicho de otra manera, a subvencionar los empleos y las empresas que ellos mismos destruyeron vía ERTE.
La otra mitad fue destinado a gasto sociosanitario y a “resto de gastos Covid”, una partida de 7.312 millones de la que no sabemos absolutamente nada.
La gran pregunta, a la luz de los datos, es: ¿Y qué hay de las ayudas a PyMEs y autónomos? La respuesta, en el propio documento de ejecución presupuestaria remitido por el Ministerio de Hacienda, es un silencio atronador.
Porque no debemos consentir engaños. Los 5.700 millones de euros destinados a prestaciones para autónomos y a las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social de las que se han beneficiado dichos prestatarios no son ninguna ayuda ni compensación. Son un subsidio a la miseria a la que les ha abocado el propio Gobierno de España.
Esto, por no hablar de que 5.700 millones de euros no es ni el 0,6% del PIB español. Si somos generosos y sumamos los 7.000 millones que han aprobado recientemente, obtenemos unas ayudas al tejido empresarial del 1% del PIB. Tardías, insuficientes y que excluyen a buena parte de nuestro tejido productivo.
No es de extrañar, por lo tanto, la destrucción de más de 100.000 empresas y la recuperación inexistente de los que están llamados a sacarnos del enorme agujero en el que nos ha metido el presidente Sánchez y su larga lista de Ministros incompetentes.
La realidad empresarial, según el propio Banco de España, es muy dura: Los ingresos han caído un 20%, el beneficio operativo casi un 40% y el beneficio neto un 50% por los menores beneficios financieros.
No es de extrañar, por lo tanto, que la seguridad social cerrara 2020 con el mayor déficit de su historia: El 1,8% del PIB. De hecho, cada vez que digan que la Seguridad Social es un ente autónomo y finalista, y que hay que poner nuevos impuestos para financiarla deberíamos recordar dos cosas:
1) Las cotizaciones también son impuestos porque tienen carácter coercitivo; y
2) Ya estamos financiándola con impuestos. Concretamente, con 22.000 millones de euros en 2020.
La gran pregunta, incluso para los burócratas que invaden el Consejo de Ministros es: ¿Hay alguna recuperación posible sin empresas que generen empleo y riqueza? No parece... De hecho, el consenso de analistas continúa viendo a España como el país con mayor tasa de paro y de déficit de toda Europa en 2021.
El modelo de crecimiento socialista en España es claro: Intervencionismo, liberticidio, generación de redes clientelares, y facturas a pagar por las siguientes generaciones.
La estrategia para atajar la crisis que estamos siguiendo en España no funciona. Los estudios científicos ya demuestran que los confinamientos no son una herramienta efectiva ni eficaz para frenar los contagios. En cambio, resulta de lo más eficaz para quebrar la economía y destruir empleo.
En París los bares, restaurantes y lugares de ocio llevan cerrados desde el 30 de septiembre. Francia está siendo uno de los países más restrictivos en la cuarta ola. ¿De qué les está sirviendo? Tienen una incidencia acumulada disparada (más de 500 casos por habitante) y su sistema sanitario está colapsado. Algo similar ocurre en muchas regiones españolas, aunque en menor medida por tener menos densidad de población.
El camino lo muestra la Comunidad de Madrid: Test masivos, sistemas de monitorización de las aguas residuales, incremento de la capacidad hospitalaria y restricción de movilidad sólo en los lugares con mayor transmisión comunitaria. Sólo así podremos salvar a nuestro tejido empresarial de su encefalograma plano y comenzar a pensar en la recuperación económica. De cualquier otra manera, cuando consigamos la inmunidad de rebaño (si es que existe), España será un erial con serias dificultades para germinar.
Porque la libertad, en cualquier momento del planeta y de la historia, siempre ha llevado a la prosperidad.
La OCDE destapa las vergüenzas de la economía española
Un nuevo informe titulado 'Hacia el crecimiento en 2021: dando forma a una recuperación vibrante', de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), analiza el impacto de la crisis en los países desarrollados, propone soluciones y reformas globales, a la vez que disecciona la situación de cada país que forma parte de este selecto club. España no sale bien parada.
Los puntos débiles de la economía de nuestro país no son pocos ni nuevos, pero la crisis económica del covid ha vuelto a dejarlos a la vista. En su informe, la OCDE destapa las vergüenzas que padece la maltrecha economía española desde hace tiempo:
- un mercado laboral dominado por el desempleo,
- habilidades insuficientes del capital humano,
- una enorme disparidad entre regiones,
- y una gran proporción de trabajadores con contratos no regulares.
Estas vulnerabilidades, unidas a la situación de pandemia, y (quizás) a un poco de mala suerte, han hecho de España la economía desarrollada más damnificada por la crisis del covid.
España no solo ha sufrido la mayor caída del PIB entre las grandes economías de Europa, también ha protagonizado la mayor destrucción de empleo y ha tenido el mayor ratio pérdida de empleo respecto a caída del PIB. Por cada punto que cae el PIB, el empleo ha descendido 0,65 puntos. Además, la destrucción de empleo ha sido mucho más devastadora en regiones como Baleares o Canarias, muy dependientes del turismo, generando una crisis desigual.
A su vez, esas vulnerabilidades también pueden ser un obstáculo para la recuperación, sobre todo si se pretende generar un crecimiento inclusivo y con una creación de empleo de calidad.
La OCDE señala en su trabajo que "las diferencias regulatorias regionales plantean barreras para lograr un mercado verdaderamente único y ralentizan el crecimiento de las empresas, lo que obstaculiza la productividad y la creación de empleo". Tener 17 reinos de Taifas no parece que esté funcionando, ni a nivel económico, ni a nivel sanitario.
El organismo insiste en que "la máxima prioridad política debería ser eliminar esas barreras al crecimiento de las empresas, en particular mediante la implementación de la Ley de Unidad de Mercado, y aumentar la conciencia sobre la ley entre las firmas. Con este fin, es necesario mejorar la cooperación y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, lo que también contribuirá a una rápida absorción de los fondos de la próxima generación de la UE para apoyar la recuperación".
Además, la OCDE cree que deberían introducirse procedimientos de reestructuración extrajudiciales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para facilitar la reestructuración de deudas y la liquidación.
El organismo también reclama al Gobierno que se incremente el gasto en formación en políticas activas del mercado laboral y que eleve la calidad de los cursos de formación. Algunas de estas medidas y propuestas están presentes en el plan de recuperación de la economía presentado por Pedro Sánchez.
También plantea una batería casi interminable de medidas que, sin embargo, no desarrolla en el documento: introducir un punto de contacto único para los servicios sociales y laborales. Transferir las subvenciones a la formación laboral a las personas, al menos parcialmente, o desarrollar programas públicos de formación para el empleo dirigidos a trabajadores de edad avanzada y que tienen un perfil de baja formación con fines específicos como la promoción de las competencias TIC. Continuar los esfuerzos para luchar contra el abuso de los contratos temporales, dirigir los incentivos de contratación existentes a grupos vulnerables específicos y vincularlos a programas de capacitación y simplificar el menú de contratos entre los que las empresas pueden elegir.
Por otro lado, la OCDE también subraya que España es una economía rezagada en lo que se refiere a la adopción y uso de tecnologías digitales. Como propuesta, los técnicos de la organización creen que "se puede desarrollar una mayor capacidad de innovación reforzando la evaluación a posteriori de las políticas de innovación y teniéndolas en cuenta para la renovación de las subvenciones. Una mayor coordinación de las políticas de innovación regionales y nacionales, por ejemplo, fortaleciendo el papel de la Red de Políticas Públicas de I+D, evitará la duplicación de actividades".
Para mejorar la calidad de la investigación básica se debería aumentar la financiación de las universidades, pero basada en el rendimiento de estos centros, con el objetivo de crear un entorno competitivo. Según la OCDE, esto puede ayudar a alinear las estrategias de los centros universitarios con las necesidades del mercado laboral, en particular, las competencias en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). También, las alianzas entre empresas e institutos de investigación pueden mejorar la capacidad de innovación de las pymes. Además, "la implementación completa de los planes recientemente desarrollados para digitalizar la administración pública ayudarán a este respecto".
Por otro lado, la naturaleza cambiante del trabajo, agudizada por la crisis del covid, requiere una fuerza laboral cualificada y con habilidades digitales, que a la postre son las que se necesitan en los trabajos de mayor calidad y que presentan un crecimiento más rápido de la productividad. "Sin embargo, en España el dominio de las habilidades es bajo y el desajuste de habilidades es alto. Es necesario reducir las altas tasas de abandono escolar temprano y de repetición de curso para mejorar las habilidades básicas", según destaca el informe.
Una modernización del sistema educativo y la formación profesional puede contribuir a alinear la educación con las necesidades del mercado laboral y reducir los desajustes de habilidades existentes. Las áreas clave que deben abordarse son las mejoras en la educación universitaria y la formación en el trabajo de los docentes, y la implementación efectiva del Plan de Modernización de la Formación Profesional 2020, en particular promoviendo la cooperación con las empresas para ayudar a identificar las necesidades de habilidades y colocar estudiantes de educación en empresas.
Por otro lado, los economistas de la OCDE creen que España podría tener "un sistema tributario más eficaz que reduciría las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones, y proporcionar ingresos suficientes para reformar el mercado laboral, la educación y la innovación. Sin embargo, cualquier aumento de impuestos debe implementarse solo una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y es posible que deba ir acompañado de medidas compensatorias específicas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables".
Entre las medidas específicas, el informe urge a ampliar las bases impositivas, reduciendo las exenciones en los impuestos sobre la renta, limitar el uso de tipos reducidos de IVA y exenciones a medio plazo. Con miras al futuro, la OCDE ve necesario aumentar la fiscalidad de los combustibles para reflejar mejor las emisiones de CO2 y una mayor redistribución hacia los hogares con menos ingresos.