A día de hoy, los datos en la Comunidad de Madrid son demoledores: una tasa de positividad del 21%, un exceso de mortalidad (según el MoMo) del 29,3%, y 700 infectados por cada 100.000 habitantes de media (aunque hay zonas con más de 1.000 casos/100.000 hab), esto es 5 veces superior a la incidencia media en España y la más elevada de cualquier región de Europa.
A ello se une la saturación de los centros de atención primaria (incapaz de atender el resto de necesidades de salud de la población) y la alta presión hospitalaria: hay una ocupación del 22% de todas las camas hospitalarias, y el 65% de las camas de UCI están ya ocupadas por pacientes Covid. Por no hablar de la gran cantidad de brotes en residencias de personas mayores. Es decir, en la Comunidad de Madrid hay ya una transmisión comunitaria generalizada y descontrolada.
El caso es que la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado una nueva batería de restricciones (de aplicación a partir del 21 de septiembre) que ha desatado una auténtica tormenta política y numerosas protestas ciudadanas.
Actualización 28 septiembre: Se amplian las restricciones a 8 nuevas zonas básicas de salud que afectan a 170.000 personas más. En total hay 45 zonas sanitarias en las que está prohibido entrar y salir sin causa justificada.
Actualización 1 octubre: En aplicación de la nueva Orden de Sanidad (según acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el resto de CCAA), en un plazo máximo de 48 horas deberán confinarse perimetralmente: Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
- Se restringen los desplazamientos y actividades no imprescindibles. A la vez, se establece la restricción de entrada y salida deesas áreas esos guetos, salvo en situaciones concretas: por motivos laborales, médicos, accesos a centros educativos, regresar a la zona residencial; asistencia a personas mayores, menores o dependientes; acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas; acudir a exámenes o cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.
- Los ciudadanos podrán desplazarse por la vía pública dentro de ese perímetro. Para salir fuera se solicitará el correspondiente "salvoconducto".
- Para que nadie escape al gueto, habrá un despliegue sin precedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las policías locales.
- Las reuniones privadas se reducen a 6 personas (antes 10), salvo que se trate de convivientes.
- En los lugares de culto, el aforo se reduce a un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.
- Sobre los aforos en el comercio, se baja al 50% y su cierre será a las 22:00 horas, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.
- En la hostelería se elimina el consumo en barra y se limita el aforo a un 50%. De igual modo, sólo podrá haber 6 comensales en cada mesa (antes 10), y tendrán que cerrar a las 22h, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.
- La actividad docente no se suspende. En lo que se refiere a los centros de enseñanza no reglados, como academias o autoescuelas, el aforo también se reduce al 50% y la actividad presencial se limita a grupos de 6 personas máximo y con las oportunas medidas de distancia de seguridad.
- Cierran parques y jardines.
- Podrán utilizarse las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como en interior, siempre que no se supere el 50% del aforo y en grupos de máximo 6 personas.
- La nueva situación no supone ninguna restricción de uso de las líneas de metro, autobús y trenes de cercanías (que van petados de gente, porque el 86% de los ciudadanos afectados tienen, en la práctica, permitida la movilidad pues trabajan en otras áreas de la capital).
- Por otro lado, el Gobierno regional también va a modificar nuevamente la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, para establecer las reuniones sociales en espacios públicos y privados a un máximo de 6 personas (antes 10). Se trata de una medida de aplicación en TODA la Comunidad de Madrid.
-Se realizarán cribados masivos en las poblaciones afectadas con test de antígenos.
- Estas medidas tendrán un periodo inicial de vigencia de 14 días naturales, pudiéndose prorrogar si así lo requiere la evolución de la situación epidemiológica en la región (que lo hará). Ya han sido avaladas por el Tribunal Superior de Justicia madrileño.
- La Consejería de Sanidad recuerda que las sanciones aplicables por el incumplimiento de las órdenes y protocolos sanitarios vigentes pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros.
Los confinamientos selectivos podrían tener sentido para aislar zonas con alta transmisión comunitaria de otras donde la transmisión está más o menos bajo control. Sin embargo, dado que la transmisión está descontrolada en toda la Comunidad de Madrid, habría que generalizar las restricciones a toda la Comunidad y no sólo a ese 13% de la población madrileña que acumula en torno al 25% los casos diagnosticados.
Tampoco se toman medidas para poner fin a las aglomeraciones en el metro y los trenes de cercanías de los barrios confinados, cuyos habitantes tendrán que seguir desplazándose a diario para trabajar hasta los barrios no confinados (y son, nada menos, que el 86%).
Por otro lado, ¿quién y cómo realizará los dos millones de pruebas diagnósticas rápidas de antígenos que ha comprado la Comunidad de Madrid? ¿Cuál será el protocolo de cribado que se seguirá y cómo se encauzará el manejo de quienes resulten positivos?
El cribado con test de antígenos a toda la población de las zonas con mayor incidencia, además de suponer un alto coste económico, resulta contraproducente. Su eficacia, superior al 95%, es tal solo en algunos casos: cuando la carga viral es alta, cuando se realizan durante los 5 primeros días de la enfermedad, y sobre todo, cuando el paciente tiene síntomas. Por tanto, no sirven para detectar asintomáticos ni para hacer un cribado a la población en general. Con prevalencias bajas de infección, los falsos positivos (que tendrán que hacer cuarentena de forma innecesaria) se contarán por millares. Y también serán numerosos los falsos negativos, que podrán transmitir la enfermedad creyendo que no están contagiados.
Por tanto, realizar estas pruebas a toda la población y tener que confirmar luego los diagnósticos mediante PCR (si se quieren evitar miles de cuarentenas innecesarias) solo contribuirá a colapsar aún más la atención primaria y la salud pública. Se deberían hacer cribados masivos con PCR directamente.
Por otro lado, el problema con el que se están encontrando es que los ciudadanos no están acudiendo a hacerse los test por miedo a dar positivo (asintomático) y a perder el empleo si tuvieran que guardar cuarentena.
Para que las medidas planteadas puedan parar la curva de contagios, se debería asegurar la detección de casos, el rastreo de contactos y la identificación de asintomáticos positivos mediante cribados masivos con PCR, y ello acompañado de garantías para el aislamiento eficaz y digno de los miles de positivos que se detectarán y que probablemente tendrán dificultades habitacionales y de precariedad laboral para confinarse. Y esto no se consigue solamente con multas sino con programas de apoyo social bien organizados. Las autoridades sanitarias tienen el deber de garantizar que los casos y los contactos puedan aislarse y guardar cuarentena sin que ello les suponga a ellos o a sus familiares un perjuicio irreparable.
Resulta evidente que el sistema sanitario de Madrid no se había preparado para contener la aparición de nuevos brotes y así evitar un escenario de alta transmisión comunitaria como el actual. A finales de agosto, más de mil sanitarios de la región elaboraron un decálogo que pedía medidas estructurales urgentes para contener la propagación de la pandemia. En vez de hacerles caso, la Comunidad de Madrid despidió a los sanitarios contratados para hacer frente a la primera ola de la pandemia, pidió rastreadores voluntarios dispuestos a trabajar gratis, y puso en marcha la construcción de un hospital de pandemias.
Ahora vemos que es imprescindible reforzar las plantillas de atención primaria y salud pública, montar un sistema de vigilancia y control eficaz, con suficientes rastreadores, y crear una red de trabajadores comunitarios de salud para apoyo a población vulnerable, como ancianos, inmigrantes y personas con trabajos precarios o que viven hacinadas.
Y en otro orden de cosas, si tenemos en cuenta que las zonas más golpeadas por el virus son barrios humildes y densamente poblados, con problemas de hacinamiento, no se explica el cierre de espacios al aire libre como parques y jardines. Tendrían que haber hecho lo contrario, pedirle a la gente que salga a los parques durante el día, cerrándolos por la noche para evitar botellones que no se pueden controlar y poniendo medios para vigilar que se cumple la norma de no reunirse más de 6 personas.
Moncloa decidió en junio que desde entonces la responsabilidad y, sobre todo, el coste político de ejercerla sería de otros. Y así fue hasta el 17 de septiembre, cuando Pedro Sánchez vio que Isabel Díaz Ayuso hincaba la rodilla a través de las palabras del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, implorando ayuda encarecidamente: «es necesario que el Gobierno de España se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid». Sánchez ya tenía a Ayuso donde quería: suplicante y menguada. Y, por extensión, humillaba al PP. Batalla política ganada.
Y es que Ayuso ha cometido los mismos errores de Sánchez: no prepararse para lo que venía y, una vez el problema se ha desbordado, titubear a la hora de adoptar soluciones (desde el día 16 la Comunidad estaba decidida a tomar medidas drásticas, pero no se han aplicado hasta el día 21, 5 días tirados a la basura), pero con el agravante de que hace 6 meses pasó exactamente igual y ya deberían haber aprendido la lección.
Que Isabel Diaz Ayuso está en el ojo del huracán desde el minuto uno de la pandemia (recordemos el ensañamiento de Illa al no dejar que Madrid abandonase la Fase 0,5 de la desescalada) es tan cierto como que quienes más la atizan han sido los más livianos en sus críticas a Pedro Sánchez. Los que se tragaron el "Salimos más fuertes" con los peores datos de mortalidad y contagio, salen ahora en tromba contra el Gobierno madrileño en un contexto de tambores de moción de censura sonando desde hace semanas. Miembros del propio gobierno están protagonizando el ensañamiento contra Madrid de la mano de Juan Carlos Monedero y de la aguerrida Adriana Lastra.
Ahora mismo lo único que Sánchez tiene entre ceja y ceja es aprovechar la crisis para eliminar a Ayuso y que ésta le pida de rodillas la reactivación del estado de alarma. Los presidentes autonómicos tienen claro que el objetivo de imponer (con mayor o menor acierto) nuevas medidas en sus territorios es evitar el estado de alarma, cuando el objetivo debería ser frenar eficazmente la transmisión del virus. El estado de alarma se ha demonizado políticamente, porque se hizo mal e implica aceptar una derrota política al ceder el mando al gobierno central (a Sánchez), pero no se debería descartar ya que que éste no implica confinamientos generales uniformes (principal error que se cometió en marzo), sino una gradación de medidas de diferente intensidad, dependiendo del umbral epidemiológico del territorio para el que se solicite, con las garantías jurídicas adecuadas.
Pero hay más. En lugar de concertar dicha reunión con carácter urgente, ésta ha quedado fijada para el lunes 21 de septiembre (4 días después), día en que entran en vigor las nuevas restricciones. ¿Para qué se reúnen entonces, si el plan para "doblegar la curva" ya está puesto en marcha? Para hacerse la foto. Llama la atención que el sábado 19, Sánchez sí tuviera tiempo para dar una entrevista en televisión, pero no pudiera verse con la presidenta madrileña en todo el fin de semana.
Mientras unos ganan y otros pierden batallitas políticas de vuelo corto, ¿qué pasa con la pandemia y con las vidas de los ciudadanos?
A su llegada a la sede de la Comunidad de Madrid, Sánchez fue recibido por un grupo de ciudadanos entre pitos, abucheos, y gritos de "dimisión". Finalizada la reunión Sánchez-Ayuso, acordaron crear un espacio de cooperación denominado 'Grupo Covid-19', que estará compuesto por dos miembros del gobierno central y otros del autonómico: el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Este comité -que se reunirá cada semana- se encargará del seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, abordando los asuntos principales que afectan a la sociedad.
Además del grupo Covid-19, se crearán dos estructuras de las que recibirán ideas y a las que encargarán proyectos concretos para su desarrollo. Estas dos llamadas Unidades de Apoyo tendrán una mesa territorial y otra técnica.
Mi conclusión de esta reunión: gran escenografía, barniz institucional, mucho titular y acción nula, que se limita a más burocracia, formando comités que quedan muy bien sobre el papel, pero que en la práctica no sirven para nada (epidemiológicamente hablando).
Sin embargo, en términos de márketing, la cumbre ha sido un éxito. Ayuso ha mostrado que antepone los intereses de los madrileños a la disputa partidaria y que, al igual que no se muerde la lengua en la batalla, si hay que tejer alianzas con el adversario, lo hace sin ningún complejo. La presidenta madrileña ha dejado claro que representa a una institución clave en el reparto de poderes y que es capaz de sentar en su despacho al presidente del Gobierno de España para pactar.
Por su parte, Sánchez ha intentado proyectar varias ideas. Para la primera buscó el escenario adecuado, el despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo habitual hubiera sido que el encuentro hubiese tenido lugar en el Palacio de la Moncloa, pero el líder socialista ha preferido mostrar su cara más humilde y, de paso, desmontar la idea de que tiene un frente contra el PP de Madrid.
Por otra parte, y éste es el mensaje de fondo, Sánchez intenta que se visualice que en el Partido Popular hay dos posiciones, la de Pablo Casado, más preocupado por el desgaste al gobierno y por hacer oposición que en servir a los intereses generales, frente a otros que, si bien son muy beligerantes contra el gobierno socialista, avienen a entenderse en situaciones de gravedad, como la actual.
Y mientras Sánchez y Ayuso alcanzaban este acuerdo e intentaban rebajar tensiones con el fin de emprender una colaboración para atajar la pandemia, desde el PSOE-M y Unidas Podemos de la Comunidad Madrid, alentaban nuevas movilizaciones para el día 27 como rechazo a las restricciones "con claro tinte segregador" anunciadas por el Gobierno regional. Todo ello jaleado en televisión por los contertulios televisivos de La Sexta, que han acusando a la presidenta de la Comunidad madrileña de crear "su propia leprosería en el sur de Madrid" y "un muro que separa a los ricos de los pobres".
En parte (y solo en parte) no les falta razón, porque hay una cierta arbitrariedad de las medidas de Ayuso para confinar, máxime si tenemos en cuenta que estamos hablando de zonas con gran movilidad laboral (permitida), con una altísima densidad de población (muchos de ellos inmigrantes), y bajas rentas. El criterio elegido cierra los distritos más pobres, pese a que algunos más ricos tienen tasas de contagio similares. Teóricamente, el cierre se produce con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días, sin embargo Lavapiés (en el centro de Madrid) supera esa cifra y no se cierra; Madrid Centro (abierto) tiene la misma incidencia acumulada que Galapagar, que sí se cierra.
Sin embargo, la clave que parece explicar la mayor diferencia sobre qué zonas se confinan y cuáles no, no es el origen de su población sino su nivel de renta. Porque sí, el coronavirus sí entiende de clases. Renta y densidad de población son las claves que explican fundamentalmente las mayores tasas de expansión del virus.
Y ya, en otro orden de cosas, los guetos de Ayuso son zonas que votan a la izquierda (de ahí que Podemos y Mas País hayan jaleado a la ciudadanía para oponerse a los confinamientos selectivos del sur de Madrid). Pero este patrón se explica seguramente también por la renta (los barrios más ricos votan claramente a la derecha).
Actualización 25 de septiembre: Poco duró la tregua entre Sánchez y Ayuso. 48 horas después del anuncio de las restricciones, el ministro Salvador Illa se enfundó la camiseta del militante socialista que es para dinamitar el plan de Ayuso, calificando -en rueda de prensa desde La Moncloa- las medidas implantadas de suicidas e injustas.
Illa emergió como el bombero pirómano y divulgó que las exigencias del Ministerio de Sanidad eran el cierre de Madrid y de los municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con este proceder, el Gobierno de Sánchez sitúa las relaciones con Madrid donde le gusta, en el conflicto que necesita para desviar hacia esta comunidad autónoma las miradas de la opinión pública. Todo gobierno incompetente y destructivo necesita una cortina de humo, y los socialistas han encontrado en Madrid la que necesitan para mantener movilizada a la izquierda y tapar el desastre de su gestión.
Ayuso se resiste a cerrar Madrid (porque "nos estamos arruinando", dice), pero afirma que estaría dispuesta a aislar los municipios con más de 500 contagios/100.000 habitantes siempre y cuando dicha medida se aplique a TODA España (hay nada menos que 400 municipios españoles que cumplan el corte de Illa). Ahora el Gobierno de Sánchez está estudiando de qué manera podría intervenir Madrid por la vía de la imposición para aplicar medidas «más contundentes». El caso es que ni el gobierno de Sánchez ni el de Ayuso le echan agallas para dar el paso (quese antoja fue inevitable unos días después).
Actualización 29 de septiembre: El recién creado Grupo Covid-19 (formado por el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado y los ministros Illa y Darias, junto al consejero de Sanidad Enrique Ruiz-Escudero) se ha reunido y han alcanzado un pre-acuerdo sobre las medidas a aplicar para frenar la expansión del virus para municipios de más de 100.000 habitantes. Igual para todos, como pedía el Gobierno madrileño, si se cumplen estas tres condiciones:
- Que tengan una incidencia acumulada superior a 500 casos / 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
- Que registren una tasa de positividad de PCR superior al 10%.
- Que las UCI de dicho municipio superen un grado de ocupación del 35%.
Se aplicarán las siguientes restricciones:
Actualización 30 de septiembre: A la hora de votar el acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Ayuso reculó y voló por los aires el pacto alcanzado el día anterior. Sanidad mantuvo el pulso y ordenó aplicar los cierres perimetrales y demás restricciones en un plazo máximo de 48 horas.
Actualización 2 de octubre: Entrada en vigor de las medidas acordadas entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Se cierran Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
Actualización 8 de octubre: El Tribunal Superior de Justicia madrileño deniega la ratificación de las medidas impuestas por Sanidad y el CISNS. Reina el caos, los ciudadanos no saben a qué atenerse, a las puertas del Puente del Pilar. La capital y los otros 10 municipios que estaban cerrados quedan automáticamente 'abiertos' y hay libertad de circulación.
Actualización 9 de octubre: El Gobierno de Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinarios y toma el control decretando el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Quedan de nuevo cerradas Madrid capital, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón y Parla.
1.- Que ahora se hable de Madrid como foco del problema, cuando en términos relativos la situación epidemiológica ha sido mucho peor en el mes de agosto en regiones como Aragón o La Rioja, pero algunos españoles seguramente no sepan ni cómo se llaman sus presidentes autonómicos.
2.- Que se critique el confinamiento selectivo de Madrid, cuando una decena de comunidades ha hecho lo mismo durante los últimos tres meses sin tanta polémica.
3.- Que los que se tragaron sin rechistar el confinamiento más duro de Europa durante 98 días se quejen ahora de unas medidas mucho más 'light' (tan lights que no van a servir de nada).
4.- Que los que criticaron a los 'cayetanos' de Núñez de Balboa por protestar en el mes de mayo alienten ahora manifestaciones de la "clase obrera" contra las decisiones de la Comunidad de Madrid. Y al revés: que los que defendían entonces salir a la calle a protestar, ahora cuestionen el derecho de otros a hacer algo parecido.
5.- Que los que no dijeron ni mú ante la desescalada caprichosa de Sánchez, cuando el País Vasco pasaba de fase sin ninguna justificación técnica, denuncien ahora que no hay razones objetivas para cerrar unos barrios en lugar de otros.
Y así podríamos seguir hasta el infinito. Miles de ciudadanos cambiando de opinión en pocos meses con tal de salvarle el pellejo a su político favorito. Un coro de sectarios sin ningún tipo de pensamiento crítico y entregados a lo que le dictan las élites de los partidos.
A ello se une la saturación de los centros de atención primaria (incapaz de atender el resto de necesidades de salud de la población) y la alta presión hospitalaria: hay una ocupación del 22% de todas las camas hospitalarias, y el 65% de las camas de UCI están ya ocupadas por pacientes Covid. Por no hablar de la gran cantidad de brotes en residencias de personas mayores. Es decir, en la Comunidad de Madrid hay ya una transmisión comunitaria generalizada y descontrolada.
El caso es que la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado una nueva batería de restricciones (de aplicación a partir del 21 de septiembre) que ha desatado una auténtica tormenta política y numerosas protestas ciudadanas.
Nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid (21 septiembre)
- Creación de guetos Covid. Las restricciones afectan a 37 áreas de salud: 26 en la capital (en zonas de Carabanchel, Usera, Vallecas, Villaverde y Ciudad Lineal) y otras 11 en municipios (Getafe, Fuenlabrada, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio). En estas zonas viven 858.000 personas.Actualización 28 septiembre: Se amplian las restricciones a 8 nuevas zonas básicas de salud que afectan a 170.000 personas más. En total hay 45 zonas sanitarias en las que está prohibido entrar y salir sin causa justificada.
Actualización 1 octubre: En aplicación de la nueva Orden de Sanidad (según acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el resto de CCAA), en un plazo máximo de 48 horas deberán confinarse perimetralmente: Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
- Se restringen los desplazamientos y actividades no imprescindibles. A la vez, se establece la restricción de entrada y salida de
- Los ciudadanos podrán desplazarse por la vía pública dentro de ese perímetro. Para salir fuera se solicitará el correspondiente "salvoconducto".
- Para que nadie escape al gueto, habrá un despliegue sin precedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las policías locales.
- Las reuniones privadas se reducen a 6 personas (antes 10), salvo que se trate de convivientes.
- En los lugares de culto, el aforo se reduce a un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados.
- Sobre los aforos en el comercio, se baja al 50% y su cierre será a las 22:00 horas, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinarios, de combustible y otros considerados esenciales.
- En la hostelería se elimina el consumo en barra y se limita el aforo a un 50%. De igual modo, sólo podrá haber 6 comensales en cada mesa (antes 10), y tendrán que cerrar a las 22h, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.
- La actividad docente no se suspende. En lo que se refiere a los centros de enseñanza no reglados, como academias o autoescuelas, el aforo también se reduce al 50% y la actividad presencial se limita a grupos de 6 personas máximo y con las oportunas medidas de distancia de seguridad.
- Cierran parques y jardines.
- Podrán utilizarse las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como en interior, siempre que no se supere el 50% del aforo y en grupos de máximo 6 personas.
- La nueva situación no supone ninguna restricción de uso de las líneas de metro, autobús y trenes de cercanías (que van petados de gente, porque el 86% de los ciudadanos afectados tienen, en la práctica, permitida la movilidad pues trabajan en otras áreas de la capital).
- Por otro lado, el Gobierno regional también va a modificar nuevamente la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, para establecer las reuniones sociales en espacios públicos y privados a un máximo de 6 personas (antes 10). Se trata de una medida de aplicación en TODA la Comunidad de Madrid.
-Se realizarán cribados masivos en las poblaciones afectadas con test de antígenos.
- Estas medidas tendrán un periodo inicial de vigencia de 14 días naturales, pudiéndose prorrogar si así lo requiere la evolución de la situación epidemiológica en la región (que lo hará). Ya han sido avaladas por el Tribunal Superior de Justicia madrileño.
- La Consejería de Sanidad recuerda que las sanciones aplicables por el incumplimiento de las órdenes y protocolos sanitarios vigentes pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros.
Críticas (y soluciones) al plan de Ayuso
Las medidas de la Comunidad de Madrid llegan tarde y son insuficientes para detener al virus, dada la situación actual de transmisión comunitaria generalizada, que está 4 veces por encima del umbral estipulado por la OMS sobre el control de la pandemia.Los confinamientos selectivos podrían tener sentido para aislar zonas con alta transmisión comunitaria de otras donde la transmisión está más o menos bajo control. Sin embargo, dado que la transmisión está descontrolada en toda la Comunidad de Madrid, habría que generalizar las restricciones a toda la Comunidad y no sólo a ese 13% de la población madrileña que acumula en torno al 25% los casos diagnosticados.
Tampoco se toman medidas para poner fin a las aglomeraciones en el metro y los trenes de cercanías de los barrios confinados, cuyos habitantes tendrán que seguir desplazándose a diario para trabajar hasta los barrios no confinados (y son, nada menos, que el 86%).
Por otro lado, ¿quién y cómo realizará los dos millones de pruebas diagnósticas rápidas de antígenos que ha comprado la Comunidad de Madrid? ¿Cuál será el protocolo de cribado que se seguirá y cómo se encauzará el manejo de quienes resulten positivos?
El cribado con test de antígenos a toda la población de las zonas con mayor incidencia, además de suponer un alto coste económico, resulta contraproducente. Su eficacia, superior al 95%, es tal solo en algunos casos: cuando la carga viral es alta, cuando se realizan durante los 5 primeros días de la enfermedad, y sobre todo, cuando el paciente tiene síntomas. Por tanto, no sirven para detectar asintomáticos ni para hacer un cribado a la población en general. Con prevalencias bajas de infección, los falsos positivos (que tendrán que hacer cuarentena de forma innecesaria) se contarán por millares. Y también serán numerosos los falsos negativos, que podrán transmitir la enfermedad creyendo que no están contagiados.
Por tanto, realizar estas pruebas a toda la población y tener que confirmar luego los diagnósticos mediante PCR (si se quieren evitar miles de cuarentenas innecesarias) solo contribuirá a colapsar aún más la atención primaria y la salud pública. Se deberían hacer cribados masivos con PCR directamente.
Por otro lado, el problema con el que se están encontrando es que los ciudadanos no están acudiendo a hacerse los test por miedo a dar positivo (asintomático) y a perder el empleo si tuvieran que guardar cuarentena.
Para que las medidas planteadas puedan parar la curva de contagios, se debería asegurar la detección de casos, el rastreo de contactos y la identificación de asintomáticos positivos mediante cribados masivos con PCR, y ello acompañado de garantías para el aislamiento eficaz y digno de los miles de positivos que se detectarán y que probablemente tendrán dificultades habitacionales y de precariedad laboral para confinarse. Y esto no se consigue solamente con multas sino con programas de apoyo social bien organizados. Las autoridades sanitarias tienen el deber de garantizar que los casos y los contactos puedan aislarse y guardar cuarentena sin que ello les suponga a ellos o a sus familiares un perjuicio irreparable.
Resulta evidente que el sistema sanitario de Madrid no se había preparado para contener la aparición de nuevos brotes y así evitar un escenario de alta transmisión comunitaria como el actual. A finales de agosto, más de mil sanitarios de la región elaboraron un decálogo que pedía medidas estructurales urgentes para contener la propagación de la pandemia. En vez de hacerles caso, la Comunidad de Madrid despidió a los sanitarios contratados para hacer frente a la primera ola de la pandemia, pidió rastreadores voluntarios dispuestos a trabajar gratis, y puso en marcha la construcción de un hospital de pandemias.
Ahora vemos que es imprescindible reforzar las plantillas de atención primaria y salud pública, montar un sistema de vigilancia y control eficaz, con suficientes rastreadores, y crear una red de trabajadores comunitarios de salud para apoyo a población vulnerable, como ancianos, inmigrantes y personas con trabajos precarios o que viven hacinadas.
Y en otro orden de cosas, si tenemos en cuenta que las zonas más golpeadas por el virus son barrios humildes y densamente poblados, con problemas de hacinamiento, no se explica el cierre de espacios al aire libre como parques y jardines. Tendrían que haber hecho lo contrario, pedirle a la gente que salga a los parques durante el día, cerrándolos por la noche para evitar botellones que no se pueden controlar y poniendo medios para vigilar que se cumple la norma de no reunirse más de 6 personas.
Tormenta política
Parapetado en el término 'cogobernanza', Sánchez ha preparado una venganza bien fría para aquellos barones populares que más criticaron el mando único, y especialmente Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.Moncloa decidió en junio que desde entonces la responsabilidad y, sobre todo, el coste político de ejercerla sería de otros. Y así fue hasta el 17 de septiembre, cuando Pedro Sánchez vio que Isabel Díaz Ayuso hincaba la rodilla a través de las palabras del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, implorando ayuda encarecidamente: «es necesario que el Gobierno de España se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid». Sánchez ya tenía a Ayuso donde quería: suplicante y menguada. Y, por extensión, humillaba al PP. Batalla política ganada.
Y es que Ayuso ha cometido los mismos errores de Sánchez: no prepararse para lo que venía y, una vez el problema se ha desbordado, titubear a la hora de adoptar soluciones (desde el día 16 la Comunidad estaba decidida a tomar medidas drásticas, pero no se han aplicado hasta el día 21, 5 días tirados a la basura), pero con el agravante de que hace 6 meses pasó exactamente igual y ya deberían haber aprendido la lección.
Que Isabel Diaz Ayuso está en el ojo del huracán desde el minuto uno de la pandemia (recordemos el ensañamiento de Illa al no dejar que Madrid abandonase la Fase 0,5 de la desescalada) es tan cierto como que quienes más la atizan han sido los más livianos en sus críticas a Pedro Sánchez. Los que se tragaron el "Salimos más fuertes" con los peores datos de mortalidad y contagio, salen ahora en tromba contra el Gobierno madrileño en un contexto de tambores de moción de censura sonando desde hace semanas. Miembros del propio gobierno están protagonizando el ensañamiento contra Madrid de la mano de Juan Carlos Monedero y de la aguerrida Adriana Lastra.
Ahora mismo lo único que Sánchez tiene entre ceja y ceja es aprovechar la crisis para eliminar a Ayuso y que ésta le pida de rodillas la reactivación del estado de alarma. Los presidentes autonómicos tienen claro que el objetivo de imponer (con mayor o menor acierto) nuevas medidas en sus territorios es evitar el estado de alarma, cuando el objetivo debería ser frenar eficazmente la transmisión del virus. El estado de alarma se ha demonizado políticamente, porque se hizo mal e implica aceptar una derrota política al ceder el mando al gobierno central (a Sánchez), pero no se debería descartar ya que que éste no implica confinamientos generales uniformes (principal error que se cometió en marzo), sino una gradación de medidas de diferente intensidad, dependiendo del umbral epidemiológico del territorio para el que se solicite, con las garantías jurídicas adecuadas.
El paripé de la foto
Como es habitual, Sánchez está más preocupado por ganar "la batalla del relato" que por salvar vidas y empleos. Desde finales de junio, Ayuso lleva reclamando a Sánchez una reunión para coordinar medidas que evitaran, precisamente, la actual situación; pero Sánchez ha dejado pasar todo el verano sin ni siquiera contestar a dichas peticiones (que han sido 6). Y ahora se quiere apuntar el tanto y aparecer como salvador del pueblo madrileño. El jueves 17 de septiembre le envió una carta a la presidenta de la comunidad en la que ÉL le pedía una reunión e incluso ÉL se ofrecía a acudir a la sede madrileña de Sol para verse en persona. No puede haber mayor desfachatez.Pero hay más. En lugar de concertar dicha reunión con carácter urgente, ésta ha quedado fijada para el lunes 21 de septiembre (4 días después), día en que entran en vigor las nuevas restricciones. ¿Para qué se reúnen entonces, si el plan para "doblegar la curva" ya está puesto en marcha? Para hacerse la foto. Llama la atención que el sábado 19, Sánchez sí tuviera tiempo para dar una entrevista en televisión, pero no pudiera verse con la presidenta madrileña en todo el fin de semana.
Mientras unos ganan y otros pierden batallitas políticas de vuelo corto, ¿qué pasa con la pandemia y con las vidas de los ciudadanos?
A su llegada a la sede de la Comunidad de Madrid, Sánchez fue recibido por un grupo de ciudadanos entre pitos, abucheos, y gritos de "dimisión". Finalizada la reunión Sánchez-Ayuso, acordaron crear un espacio de cooperación denominado 'Grupo Covid-19', que estará compuesto por dos miembros del gobierno central y otros del autonómico: el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Este comité -que se reunirá cada semana- se encargará del seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia, abordando los asuntos principales que afectan a la sociedad.
Además del grupo Covid-19, se crearán dos estructuras de las que recibirán ideas y a las que encargarán proyectos concretos para su desarrollo. Estas dos llamadas Unidades de Apoyo tendrán una mesa territorial y otra técnica.
Mi conclusión de esta reunión: gran escenografía, barniz institucional, mucho titular y acción nula, que se limita a más burocracia, formando comités que quedan muy bien sobre el papel, pero que en la práctica no sirven para nada (epidemiológicamente hablando).
Por su parte, Sánchez ha intentado proyectar varias ideas. Para la primera buscó el escenario adecuado, el despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo habitual hubiera sido que el encuentro hubiese tenido lugar en el Palacio de la Moncloa, pero el líder socialista ha preferido mostrar su cara más humilde y, de paso, desmontar la idea de que tiene un frente contra el PP de Madrid.
Por otra parte, y éste es el mensaje de fondo, Sánchez intenta que se visualice que en el Partido Popular hay dos posiciones, la de Pablo Casado, más preocupado por el desgaste al gobierno y por hacer oposición que en servir a los intereses generales, frente a otros que, si bien son muy beligerantes contra el gobierno socialista, avienen a entenderse en situaciones de gravedad, como la actual.
Y mientras Sánchez y Ayuso alcanzaban este acuerdo e intentaban rebajar tensiones con el fin de emprender una colaboración para atajar la pandemia, desde el PSOE-M y Unidas Podemos de la Comunidad Madrid, alentaban nuevas movilizaciones para el día 27 como rechazo a las restricciones "con claro tinte segregador" anunciadas por el Gobierno regional. Todo ello jaleado en televisión por los contertulios televisivos de La Sexta, que han acusando a la presidenta de la Comunidad madrileña de crear "su propia leprosería en el sur de Madrid" y "un muro que separa a los ricos de los pobres".
En parte (y solo en parte) no les falta razón, porque hay una cierta arbitrariedad de las medidas de Ayuso para confinar, máxime si tenemos en cuenta que estamos hablando de zonas con gran movilidad laboral (permitida), con una altísima densidad de población (muchos de ellos inmigrantes), y bajas rentas. El criterio elegido cierra los distritos más pobres, pese a que algunos más ricos tienen tasas de contagio similares. Teóricamente, el cierre se produce con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días, sin embargo Lavapiés (en el centro de Madrid) supera esa cifra y no se cierra; Madrid Centro (abierto) tiene la misma incidencia acumulada que Galapagar, que sí se cierra.
Sin embargo, la clave que parece explicar la mayor diferencia sobre qué zonas se confinan y cuáles no, no es el origen de su población sino su nivel de renta. Porque sí, el coronavirus sí entiende de clases. Renta y densidad de población son las claves que explican fundamentalmente las mayores tasas de expansión del virus.
Y ya, en otro orden de cosas, los guetos de Ayuso son zonas que votan a la izquierda (de ahí que Podemos y Mas País hayan jaleado a la ciudadanía para oponerse a los confinamientos selectivos del sur de Madrid). Pero este patrón se explica seguramente también por la renta (los barrios más ricos votan claramente a la derecha).
Actualización 25 de septiembre: Poco duró la tregua entre Sánchez y Ayuso. 48 horas después del anuncio de las restricciones, el ministro Salvador Illa se enfundó la camiseta del militante socialista que es para dinamitar el plan de Ayuso, calificando -en rueda de prensa desde La Moncloa- las medidas implantadas de suicidas e injustas.
Illa emergió como el bombero pirómano y divulgó que las exigencias del Ministerio de Sanidad eran el cierre de Madrid y de los municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Con este proceder, el Gobierno de Sánchez sitúa las relaciones con Madrid donde le gusta, en el conflicto que necesita para desviar hacia esta comunidad autónoma las miradas de la opinión pública. Todo gobierno incompetente y destructivo necesita una cortina de humo, y los socialistas han encontrado en Madrid la que necesitan para mantener movilizada a la izquierda y tapar el desastre de su gestión.
Ayuso se resiste a cerrar Madrid (porque "nos estamos arruinando", dice), pero afirma que estaría dispuesta a aislar los municipios con más de 500 contagios/100.000 habitantes siempre y cuando dicha medida se aplique a TODA España (hay nada menos que 400 municipios españoles que cumplan el corte de Illa). Ahora el Gobierno de Sánchez está estudiando de qué manera podría intervenir Madrid por la vía de la imposición para aplicar medidas «más contundentes». El caso es que ni el gobierno de Sánchez ni el de Ayuso le echan agallas para dar el paso (que
Actualización 29 de septiembre: El recién creado Grupo Covid-19 (formado por el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado y los ministros Illa y Darias, junto al consejero de Sanidad Enrique Ruiz-Escudero) se ha reunido y han alcanzado un pre-acuerdo sobre las medidas a aplicar para frenar la expansión del virus para municipios de más de 100.000 habitantes. Igual para todos, como pedía el Gobierno madrileño, si se cumplen estas tres condiciones:
- Que tengan una incidencia acumulada superior a 500 casos / 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
- Que registren una tasa de positividad de PCR superior al 10%.
- Que las UCI de dicho municipio superen un grado de ocupación del 35%.
Se aplicarán las siguientes restricciones:
Actualización 30 de septiembre: A la hora de votar el acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Ayuso reculó y voló por los aires el pacto alcanzado el día anterior. Sanidad mantuvo el pulso y ordenó aplicar los cierres perimetrales y demás restricciones en un plazo máximo de 48 horas.
Actualización 2 de octubre: Entrada en vigor de las medidas acordadas entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Se cierran Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
Actualización 8 de octubre: El Tribunal Superior de Justicia madrileño deniega la ratificación de las medidas impuestas por Sanidad y el CISNS. Reina el caos, los ciudadanos no saben a qué atenerse, a las puertas del Puente del Pilar. La capital y los otros 10 municipios que estaban cerrados quedan automáticamente 'abiertos' y hay libertad de circulación.
Actualización 9 de octubre: El Gobierno de Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinarios y toma el control decretando el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Quedan de nuevo cerradas Madrid capital, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón y Parla.
Indignación ciudadana
Estos días están pasando cosas sorprendentes en España. Pongamos sólo cinco ejemplos:1.- Que ahora se hable de Madrid como foco del problema, cuando en términos relativos la situación epidemiológica ha sido mucho peor en el mes de agosto en regiones como Aragón o La Rioja, pero algunos españoles seguramente no sepan ni cómo se llaman sus presidentes autonómicos.
2.- Que se critique el confinamiento selectivo de Madrid, cuando una decena de comunidades ha hecho lo mismo durante los últimos tres meses sin tanta polémica.
3.- Que los que se tragaron sin rechistar el confinamiento más duro de Europa durante 98 días se quejen ahora de unas medidas mucho más 'light' (tan lights que no van a servir de nada).
4.- Que los que criticaron a los 'cayetanos' de Núñez de Balboa por protestar en el mes de mayo alienten ahora manifestaciones de la "clase obrera" contra las decisiones de la Comunidad de Madrid. Y al revés: que los que defendían entonces salir a la calle a protestar, ahora cuestionen el derecho de otros a hacer algo parecido.
5.- Que los que no dijeron ni mú ante la desescalada caprichosa de Sánchez, cuando el País Vasco pasaba de fase sin ninguna justificación técnica, denuncien ahora que no hay razones objetivas para cerrar unos barrios en lugar de otros.
Y así podríamos seguir hasta el infinito. Miles de ciudadanos cambiando de opinión en pocos meses con tal de salvarle el pellejo a su político favorito. Un coro de sectarios sin ningún tipo de pensamiento crítico y entregados a lo que le dictan las élites de los partidos.