El 20 de mayo se votaba en el Congreso la quinta prórroga del estado de alarma perpetuo en el que vivimos los españoles, y la votación ha traido una rocambolesca historia de un pacto aberrante con Bildu, que se produjo a espaldas de PNV y Cs (los partidos con los que Pedro Sánchez había negociado el "sí") y también de los parlamentarios del propio ejecutivo del PSOE, que se enteraron del desaguisado por la prensa, una vez finalizada la votación.
Tan secreto era el pacto que tampoco lo conocían ni los sindicatos ni los agentes sociales, responsables en buena medida de la negociación sobre legislación laboral, que han tachado el acuerdo de «indignante» y una «irresponsabilidad».
El Ejecutivo socialcomunista y la formación proetarra EH Bildu firmaron a escondidas un documento, que se hacía público pasadas las 21:00 horas, para derogar «de manera íntegra» la reforma laboral que el Partido Popular impulsó en 2012. Recordemos que EH Bildu, la izquierda abertzale, se niega a condenar el terrorismo y la violencia como herramientas políticas, y mantienen vivo el discurso totalitario, sectario y dogmático de ETA. Y además, la violencia proetarra se ha disparado a cifras récord: se han registrado 29 actos de culto al terrorismo en el País Vasco en los primeros veinte días del mes de mayo. Pactar con esta formación política es extremadamente peligroso y debilita extremadamente nuestro Estado de Derecho democrático.
Sin embargo, tres horas después conocerse su firma, quedó en papel mojado con la “nota aclaratoria” que casi a media noche difundió el PSOE vía whatsapp en la que matizaba que «queda anulado» el primer punto del acuerdo, eliminando el término «íntegro». Entre los dos mensajes (el acuerdo y el paso atrás de los socialistas) medió la intervención de la vicepresidenta Nadia Calviño, consciente de que "desde Bruselas se nos está mirando con lupa" y de que, además, los acuerdos alcanzados con los agentes sociales "están entre alfileres" (ahora ya rotos).
Enseguida ha salido al paso Pablo Iglesias para defender el pacto: "los acuerdos firmados están para cumplirlos, en el acuerdo no se habla de derogación parcial y lo obligado obliga". No es la primera vez que se enfrentan Calviño e Iglesias, y esta rectificación no es más que el producto de una bronca interna muy fuerte en el seno del Ejecutivo, pero no de "un fallo gordo" en la redacción, como Moncloa se afanaba en reiterar. Por su parte, la dirigente bildutarra Mertxe Aizpurua ha destacado que «el acuerdo sigue vigente» y que «no es papel mojado».
Actualización 1 de julio: La Comisión para la Reconstrucción aprobó una enmienda de EH Bildu que pedía incorporar a las conclusiones del grupo de trabajo sobre economía la derogación de la reforma laboral del 2012, "sustituyéndola por una nueva legislación laboral garantista y justa con los derechos laborales de los y las trabajadoras". La enmienda contó con el apoyo de los dos grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que ratificaban así el acuerdo alcanzado en mayo. Sin embargo, haciendo gala de las contradicciones habituales de Sánchez, una hora después de haberlo votado y firmado, el PSOE pidió repetir la votación para retractarse.
Actualización 1 de julio: La Comisión para la Reconstrucción aprobó una enmienda de EH Bildu que pedía incorporar a las conclusiones del grupo de trabajo sobre economía la derogación de la reforma laboral del 2012, "sustituyéndola por una nueva legislación laboral garantista y justa con los derechos laborales de los y las trabajadoras". La enmienda contó con el apoyo de los dos grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que ratificaban así el acuerdo alcanzado en mayo. Sin embargo, haciendo gala de las contradicciones habituales de Sánchez, una hora después de haberlo votado y firmado, el PSOE pidió repetir la votación para retractarse.
Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
¿Dónde han quedado las palabras mentiras que Sánchez pronunció en julio de 2019?
Si el Gobierno no necesitaba la abstención de los 5 míseros escaños de EH Bildu para prorrogar por quinta vez el estado de alarma, ¿cómo podemos interpretar el acuerdo con la formación proetarra para derogar de manera integral e inminente la reforma laboral? ¿Qué necesidad había de incluir en una negociación de coyuntura un tema de tanta trascendencia, sin el más mínimo diálogo social y dejando al margen al resto de socios parlamentarios? ¿Era preciso exponerse al ridículo de la rectificación apenas tres horas después de la firma del acuerdo? Lo que está claro es que aquí cada uno está jugando a su juego.
Sánchez cree que todos son de su misma condición: unos traidores. No se fiaba del comportamiento de Ciudadanos, por lo que se buscó, a la desesperada, hasta el último momento, y a cualquier precio, tener controlada la situación por medio de abstenciones selectivas. Pero los de Arrimadas cumplieron la palabra dada, y la abstención de EH Bildu se tornó innecesaria. Ahora, el acuerdo de derogación integral e inminente de la reforma laboral es un marrón inasumible.
Para justificarse, Sánchez ha llegado a decir que «el Gobierno no tenía garantizada la mayoría en esa votación» y además ha echado la culpa del aberrante pacto al PP: «todo eso se podía haber evitado con el voto a favor o la abstención del Partido Popular». ¡Hay que tener poca vergüenza!
Pero es que además, el pacto de la vergüenza incluye también otros compromisos políticos sobre Navarra y el País Vasco. En concreto, se permitirá que las entidades locales, forales y autonómicas dispongan de "mayor capacidad de gasto en políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis". El Gobierno se compromete también a que los gastos en políticas sociales de las entidades locales sean exceptuados del cómputo de la regla de gasto, y a que la capacidad de endeudamiento de País Vasco y Navarra se establezca exclusivamente en función de sus situaciones financieras. ¡Barra libre de cheques en blanco!
La brecha del gobierno socialcomunista
Lo que hemos visto a partir de ese momento (rectificaciones, matices e interpretaciones varias del acuerdo firmado, guerra de posiciones dentro del Gobierno de coalición, reacciones airadas por doquier, etc) puede parecer la consecuencia de un error de bulto en el cálculo estratégico en una votación concreta, pero debe analizarse como una muestra (una más) de la quiebra y precaria recomposición del sistema de partidos en España.
El pacto con Bildu ha generado un profundo malestar en todo el Consejo de Ministros, pero especialmente notable en el grupo de los técnicos (la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y el de Seguridad Social José Luis Escrivá) en tanto en cuanto se les ha dejado "a los pies de los caballos de los agentes sociales", dado que el Ejecutivo estaba inmerso en la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos, un foro que se "ha echado por tierra", ahuyentando al presidente de la patronal CEOE, quien anunció que daba por finalizadas todas sus reuniones con el Ejecutivo al considerar su estrategia «un desprecio indignante al diálogo social con unas consecuencia negativas incalculables».
Frente a los 'técnicos', el bloque de los 'políticos': Sánchez, Iglesias y Redondo, que se completa con el brazo ejecutor de la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, "intocable" en tanto en cuanto cumple las órdenes del jefe.
Un Ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto las disputas entre socios. Mucho menos bajo un estado de alarma prorrogado durante meses y con una amenaza sanitaria sin conjurar, tras la que, además, se avecina una crisis económica sin precedentes. Este movimiento político no puede ser despachado por el Gobierno como una simple torpeza o un error de coordinación, puesto que ha comprometido gravemente su capacidad de articular cualquier mayoría parlamentaria que no pase por el reconocimiento de su extrema debilidad ante socios ávidos de explotarla sin límites.
Sánchez es un lastre para la gestión pública. Todo en torno a él es un fraude, pero ha llegado un punto en el que la votación para perpetuar el estado de alarma, y su traición posterior a sus ministros, a los sindicatos, a los empresarios y a los ciudadanos, obliga a una reflexión ética a quienes le rodean para rectificar cuanto antes. Porque lo ocurrido les retrata como peleles a las órdenes de un irresponsable que está desguazando España.
Pedro Sánchez traiciona a las siglas que lidera, a los militantes asesinados por ETA y a los españoles que confiaron en que era un demócrata. No gobierna. Miente y se rodea de asesores opacos nombrados 'a dedo' que pervierten la legalidad a capricho y utilizan las libertades como un argumento reversible para imponer criterios autoritarios. Silenciado el poder judicial, sometido el legislativo, y con partidos como Cs votando junto a Bildu para mantener a España en un estado de alarma perpetuo, puede ser legítimo que Sánchez saque adelante sus votaciones.
Pero esas votaciones se basan en una perversión moral, en un chantaje al sistema, y en una extorsión emocional de millones de españoles. Sánchez no tiene derecho a maltratar a los ciudadanos ni a dividir España en dos facciones radicalizadas, sometidas a un odio ideológico irracional. No tiene derecho a jugar con millones de empresarios, autónomos y trabajadores, ni con sus ilusiones, sus expectativas, sus negocios, sus sueldos y sus vidas, ni a generar más desconfianza internacional con sus desafueros. No tiene derecho a confinarnos sine die sin que los tribunales nos digan ya si es abusivo o no. Si es legal o no.
Su concepción del poder no solo va a condenar a España a un retroceso de décadas en nivel de vida y a un rescate económico, sino que va a enterrar nuestro régimen de garantías con una excepcionalidad que hoy ya no tiene sentido. Porque la consecuencia solo tiene un nombre: caos y desgobierno, mientras un etarra presume en prime time de cogobernar España. Delirante.
¿Cómo es posible que Sánchez presuma de dirigir un «mando único», cuando un día es el PNV, otro ERC, otro EH Bildu, y siempre Iglesias, quien manda? España está en estas manos y, además, de modo innecesario porque Sánchez ni siquiera debía someterse a esta claudicación humillante e innecesaria, por simple aritmética parlamentaria, ante Bildu. En su extrema debilidad, solo merece lo que al día siguiente le ocurrió: que tras el vapuleo de una crisis de Gobierno severa, Iglesias echase más gasolina al fuego apelando a indultar a los condenados por sedición en Cataluña.
Porque Sánchez no tiene un socio leal en Podemos, quienes han ido provocando, desaire tras desaire, al PSOE. Pero Pedro Sánchez, más concentrado en mantener su poder que en garantizar el beneficio de su propio partido, no reacciona frente a lo que ya es comentado con regularidad en Moncloa: la falta de lealtad de un Pablo Iglesias del que nadie duda internamente que trabaja ya en dejarse abierta una puerta trasera para poder escapar a las responsabilidades de la nefasta gestión sanitaria del coronavirus y de la profunda recesión económica en la que entra a marchas agigantadas España.
Iglesias, con su populismo casposo, está creando un ambiente de radicalización callejera y urdiendo una estrategia a base de construir un relato con el que culpar de todo al PSOE y poder así saltar del barco en el peor momento de la crisis para intentar aparentar, ante la opinión pública, que los morados siempre fueron los verdaderamente “sociales”. Un plan que, en plena dureza de la recesión, podría dejar sólo al PSOE en el Gobierno y provocar nuevas elecciones.
Y es que dos días después de firmar el bochornoso pacto con EH Bildu, sus otros socios preferentes como el PNV y ERC se han pronunciado. Y no lo han hecho para disculpar al Ejecutivo progresista, sino para mostrar su hastío y para anunciarle que, de no cambiar y de buscarse otras alianzas que no sean ni EH Bildu ni Ciudadanos, la legislatura se puede dar por terminada, y no contarán con su apoyo de aquí en adelante. El PNV quiere un cambio de socios y de políticas porque no entiende cómo ha podido hacer eso el Gobierno, sabiendo que EH Bildu es un rival suyo en las elecciones del próximo mes de julio en Euskadi. Y Esquerra quiere YA retomar las negociaciones sobre la independencia de Cataluña y avisa: "si no hay mesa de negociación, no hay legislatura. Está en sus manos", aclara Oriol Junqueras.
Actualización: El gobierno retomará la mesa de negociación con los independentistas en julio.
Actualización: El gobierno retomará la mesa de negociación con los independentistas en julio.
Consecuencias de la derogación de la reforma laboral
Ahora mismo (cuando nuestro país está en recesión) las consecuencia económicas si se derogase la reforma laboral serían muy negativas de cara a la reactivación económica.
En primer lugar, porque gracias a ella tenemos unos instrumentos como los ERTE, con los que se ha podido tener una cierta flexibilidad para que no se destruyera el empleo de una manera mucho más brutal a lo que ha ocurrido en los dos últimos meses. Una de las principales características de la reforma laboral de 2012 es que los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que finalmente sean despedidos por su empresa pueden recuperar hasta 180 días de indemnización de paro. Además, la reforma de Rajoy también facilitó la gestión y la flexibilización de este mecanismo, así como de la creación de empleo.
Otra de las consecuencias que tendría la derogación de la reforma laboral es la incertidumbre y la imagen que España estaría enviando a la Comisión Europea. Y es que hay que recordar que desde Bruselas siempre han mostrado su apoyo a la reforma laboral del PP, llegando a pedir que ésta se flexibilizara aún más porque ha tenido un papel fundamental a la hora de crear empleo e impulsar la productividad y la competitividad. Es más, el 28 de mayo, la Comisión Europea ha rechazado explícitamente que el Gobierno derogue la reforma laboral si España quiere acceder a los fondos de recuperación anunciados por Bruselas; el vicepresidente de la UE, Valdis Dombrovskis, asegura que vigilará las medidas laborales del Gobierno.
¿Qué van a pensar nuestros socios europeos y los inversores de que intentemos volver a un modelo de relaciones del pasado? Eso puede dar al traste muchas ideas europeas e intenciones de países que intentan ayudar a España. ¿De verdad pensamos que Europa se mostrará dispuesta a darnos gratuitamente financiación ilimitada para que con ella podamos dedicarnos a incrementar artificialmente nuestra tasa de paro? No. Europa nos cerrará el grifo de la financiación subsidiada y nos expondremos a las inclemencias de unos mercados poco partidarios de darle cuerda financiera a un Estado híper endeudado que está saboteando deliberadamente su economía.
Por último, el cambio de rumbo que ha dado el Ejecutivo de Sánchez, y las múltiples disputas dentro de su propia coalición de Gobierno, mandan un mensaje a los mercados y a los inversores internacionales de desconfianza e incertidumbre. El Gobierno está mostrando a los inversores internacionales y al mercado que es un gobierno capaz de negociar directamente con un partido una cosa y luego con otro partido otra, con artimañas para conseguir su propósito. Eso genera un problema de confianza muy importante de cara a los inversores.