El 14 de Marzo de 2020 el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y sus secuaces, declararon una dictadura en España, vulnerando los derechos y libertades de todos los españoles y sacando a las calles toda su artillería pesada: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Nada menos que 90.000 militares han participado desde el inicio hasta el 12 de Abril, según fuentes del propio ministerio de Defensa.
Dicho Ministerio ha desplegado a todo el Ejército (de Tierra, Aire, la Armada, la Infantería de Marina, la UME, la Guardia Real...) a los que se unen Policías Nacional, Local y Autonómica, Guardia Civil y Protección Civil; unos 400.000 agentes repartidos por todo el territorio nacional.
La misión de las Fuerzas Armadas en esta crisis sanitaria ha sido bautizada con el nombre de "Operación Balmis", como homenaje a la expedición humanitaria que lideró Francisco Javier Balmis entre 1803 y 1806, un médico militar que llevó la vacuna de la viruela a los territorios del imperio español en América y Filipinas.
Sin duda, un desembarco militar sin precedentes para combatir una "guerra" ficticia contra un enemigo invisible: el coronavirus. Y al frente de todo este despliegue, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. NUNCA, NADIE, antes en la historia democrática reciente de España había tenido tanto poder. Nunca antes –ni siquiera en la época de los ministerios de Gobernación franquistas- un ministerio había controlado tan importante número de funcionarios de sectores tan estratégicos.
Aunque el real decreto del estado de alarma reparte, en teoría, funciones entre los Ministerios de Interior, Defensa, Transportes y Sanidad, el texto reserva a Marlaska la labor de coordinación de las cuestiones más delicadas de seguridad nacional. Y sobre todo, deja claro que las policías autonómicas «quedan bajo las ordenes directas del titular del Ministerio del Interior».
Ésto ya ha desatado la lucha de poder entre Ministerios. Las discrepancias entre los del Interior y de Defensa para abordar las labores de patrullaje conjunto entre militares y guardias civiles han llevado a situaciones de tensión en varias delegaciones de Gobierno. Desde la Guardia Civil interpretan que los militares están actuando de manera unilateral y "por libre". Desde Defensa insisten en que no hay ningún problema y que poco a poco se están poniendo en marcha actuaciones conjuntas en coordinación con el Ministerio de Marlaska. La guerra (interna) está servida.
Fuera como fuere, sus funciones son:
- Garantizar las infraestructuras críticas
- Dar apoyo logístico para la distribución del material sanitario
- Realizar desinfecciones de vías públicas e instalaciones públicas como centros de salud y sociales, residencias de la tercera edad y dependencias de la Administración, infraestructuras (estaciones o marquesinas de autobús, aeropuertos y estaciones)
- Traslado interhospitalario de pacientes y de cadáveres a morgues improvisadas
- Instalación de hospitales de campaña
- Cierre de fronteras
- Control de carreteras y lugares públicos (parques y jardines, playas, y las propias calles)
- Evitar acciones hostiles, de vandalismo o de pillaje
- La función "gloriosa" que realizarán nuestras fuerzas de seguridad hoy es la de repartir mascarillas en las entradas del metro a quienes deben reincorporarse al trabajo hoy tras dos semanas de vacaciones obligatorias (pagadas por sus jefes).
[Todo ello regulado en la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo]
Pero... ¿qué papel juegan en la realidad las Fuerzas Armadas en la pandemia por coronavirus?
El lado más oscuro de estos agentes es su papel activo en la represión ciudadana para hacer cumplir la prohibición de la libertad de circulación de personas y vehículos. Para ello se han instalado controles policiales fijos y móviles en vías, espacios públicos y medios de transporte para “asegurar” que los ciudadanos cumplen las limitaciones de movilidad.
Es decir, que en la práctica, las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de Grande-Marlaska, son los encargados de hacer cumplir por la fuerza las drásticas medidas de este estado de alerta bajo pena de cuantiosas multas económicas (desde los 100€ hasta los 600.000€) e incluso penas de cárcel (según se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 463/2020, en el que se dice también que dichos «agentes de la autoridad podrán practicar las actuaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas»). Estas son las cuantías a las que te enfrentas si te saltas el confinamiento, según la "guía orientativa" del Ministerio del Interior.
Otro de sus cometidos es colaborar para que se apliquen las medidas restrictivas sobre la apertura de comercios y la celebración pública de actos de culto (que también están prohibidos).
Resumiendo, lo que hay en España es una pandemia de abusos policiales con pretexto del estado de alarma. Agresiones, arbitrariedad, insultos, amenazas,detenciones... Y cada día, la Secretaría de Estado de Seguridad emite por televisión una rueda de prensa en la que presenta un informe resumen de las novedades más importantes, vanagloriándose de sus logros, sanciones y arrestos a los ciudadanos que "se han saltado el confinamiento" (se realiza una media de 15.500 sanciones diarias).
En las redes sociales, muchos ciudadanos han denunciado que los distintos cuerpos policiales están actuando en muchos casos con absoluta arbitrariedad y grandes dosis de soberbia y chulería a la hora de valorar si una persona está en la vía pública de manera justificada o no.
Se ha multado y/o detenido a personas que iban o volvían de trabajar (ahora es necesario justificar este desplazamiento con un "salvoconducto"), que iban a la compra (por ir a un comercio demasiado lejano a su hogar) o que paseaban a sus perros "demasiado lejos de sus casas", ignorando sus explicaciones y sentenciando sin ningún fundamento que «están mintiendo». Se ha multado a ciudadanos por salir a comprar cervezas y snacks por no ser considerados éstos "productos de primera necesidad" (sí, andate con ojo porque la policía también revisa tu lista de la compra, no solo los productos que compras sino también la hora en que lo has hecho, no sea que te despistes en volver corriendo a tu encierro).
Incluso algunos Ayuntamientos han promulgado sus propias órdenes (ya ilegalizadas) para diezmar aún más, si cabe, a su población. He llegado a leer que no puedes alejarte más de 50 metros de tu casa a la hora de sacar al perro para evitar que te des un paseo y estires un poco las piernas; o que debes gastar un mínimo de 30€ en el supermercado para evitar así que salgas de tu casa todos los días a por el pan. Y todo ello, claro está, con sustanciosas multas para quienes no lo acaten (¿afán recaudatorio? 😒)
Y lo están haciendo en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, a esa que le da a los cuerpos policiales atribuciones para multar, detener, valorar y juzgar ellos mismos quien dice la verdad o quien miente en base a lo que les sale de las narices. La misma ley que el actual gobierno socio-comunista-independentista prometió derogar.
Para añadir más hierro al asunto, también estamos ante un Estado de Excepción Digital, por el cual el Gobierno, sin necesidad de intervención judicial alguna, puede suspender servicios electrónicos, cerrar páginas webs y perfiles en redes sociales en casos que pudieran "afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
En un país paralizado por el miedo al dolor y a la muerte, esa represión y esa denuncia constante forman una alianza de sangre, firme... y extraordinariamente peligrosa para la libertad individual y la armonía social.
Pero la función de nuestras fuerzas de seguridad que me parece más sangrante es la de las felicitaciones de cumpleaños a los niños por parte de la Policía. Me indigna profundamente, debe ser que yo no sabía que, entre las funciones de la policía, estaba incluida la de payaso. ¿De verdad que, en una situación como ésta, la policía no tiene otra cosa mejor que hacer que ir de casa en casa cantando el cumpleaños feliz? Ésta es una muestra más de que estamos en un país de pandereta.
Y por si no teníamos suficiente con el Covid-19, ahora llega la pandemia autoritaria acompañada de un brote de chivatos de balcón, personas que han sacado al policía que llevan dentro para espiar, prejuzgar y denunciar a transeúntes sospechosos de romper el confinamiento.
Y todas estas actuaciones se ven apoyadas por el clima de miedo y pánico; que desde el propio Gobierno se infunde a la población.
Y todas estas actuaciones se ven apoyadas por el clima de miedo y pánico; que desde el propio Gobierno se infunde a la población.
En conclusión, la triste realidad es que España se ha convertido en un país dominado por el miedo, por la represión (en nombre de nuestra salud), por la mordaza y por la delación.
España, 47 millones de personas amordazadas y encarceladas en sus casas. Sigamos aplaudiendo.
Balance de la Operación Balmis
La Operación Balmis ha supuesto el mayor despliegue militar de España en tiempos de paz y acabó el 20 de junio, junto con la finalización del estado de alarma. Por el decreto del estado de alarma, todas las tareas de las Fuerzas Armadas han sido coordinadas por Miguel Angel Villarroya, Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), y se centraron en las desinfecciones, transporte de material y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Durante los 98 días de estado de alarma, hasta 187.000 militares han realizado casi 20.000 intervenciones en un total de 2.300 localidades de todo el territorio para colaborar en la lucha contra el coronavirus.
Los militares que han participado en la Operación Balmis han desinfectado 11.000 infraestructuras críticas, servicios esenciales o centros sanitarios. De ellos, casi la mitad, 5.300, han sido en residencias de mayores.
Por su parte, el Ejército del Aire ha realizado hasta 70 vuelos de apoyo logístico en los que ha transportado 160.000 kilos de material, muchos de ellos para traer a España material sanitario procedente de China o países de la OTAN.
Además, las Fuerzas Armadas han montado y apoyado los 20 hospitales de campaña puestos en marcha ante el colapso del sistema sanitario.