La pandemia del coronavirus ha alumbrado un nuevo fenómeno: la llamada infodemia, es decir, la proliferación de bulos y noticias falsas en relación a la crisis global provocada por el coronavirus. Pero en España este fenómeno ha adquirido entidad propia como arma de confrontación política, y al mismo tiempo, como un nuevo modo de censura ciudadana para mantener a una España amordazada.
Golpe de Estado digital
Es del dominio público la existencia de bots y perfiles falsos en las redes sociales que están siendo creados por los propios partidos políticos (y recalco: por TODOS, ya sean de derechas o de izquierdas) que difunden informaciones falsas para criticarse y desprestigiarse entre ellos, en un afán desmesurado por manipular la opinión ciudadana. Un auténtico despropósito que deja en evidencia la ausencia de ética y valores de unos y otros.
La existencia de perfiles falsos que siguen a cuentas del Gobierno ha provocado una tormenta en las redes sociales que ya está siendo investigado. Y es que resulta muy extraño crecimiento exponencial de followers en las cuentas gubernamentales: son perfiles nuevos, sin seguidores ni actividad previa que se dedican a dar "me gusta" o retuitear las publicaciones del Gobierno y de sus líderes políticos a través de una automatización maliciosa. La compra de seguidores falsos es un fenómeno relativamente frecuente pero es una actividad fraudulenta. Entre sus finalidades están: popularizar una cuenta, influir en las conversaciones, engordar la propia masa de followers o desprestigiar el perfil de un tercero.
Pero esta "guerra política" se les ha ido de las manos. El 19 de abril, el Jefe del Estado de Mayor de la Guardia Civil, el General José Manuel Santiago, comparecía en rueda de prensa para afirmar abiertamente que la Benemérita trabaja en dos direcciones (en la lucha contra la desinformación): "Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.
Aunque enseguida ha salido al paso Marlaska, calificando dichas declaraciones como "un lapsus" del General y no como un delito gravísimo del Ejecutivo contra la libertad de expresión de los ciudadanos, estamos ante un escándalo sin precedentes.
La utilización partidista de un Cuerpo de la Seguridad del Estado en beneficio del Gobierno dinamita la Constitución y la democracia. Partidos de la oposición y numerosos ciudadanos lo han calificado como el inicio de un Golpe de Estado del Ejecutivo, al ordenar al Instituto Armado que vulnere la Constitución (esto es, coartar la libertad de expresión de los ciudadanos para tapar sus errores). Además, la utilización de un lenguaje belicista en estas ruedas de prensa, con la presencia de uniformados, es una estrategia más de este gobierno para mantener el control del país a través del miedo de la población.
La oleada de críticas ha obligado la Guardia Civil a realizar un comunicado oficial al respecto, pero en un clima de crispación como el que estamos viviendo (a lo que se suma una nefasta y negligente gestión del Gobierno ante esta crisis) siempre nos quedará la duda de si las declaraciones son ciertas o no (a mi no me cabe duda alguna de que es así). Por el momento, Moncloa ya se plantea modificar las ruedas de prensa posteriores al Comité Técnico del Coronavirus y prescindir de los responsables de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil en las mismas. ¿Qué (más) tienen que esconder?
Tras las polémicas declaraciones, la ciudadanía se ha sublevado -alzando el grito en las redes sociales- elevando los hashtags #dictadura, #GolpedeEstado, #SánchezVeteYa, #IglesiasVeteYa, a las primeras posiciones de tendencia mundial. Porque una cosa es perseguir los bulos que generan alarma social, y otra muy distinta es trabajar para mantener impoluta la imagen del Ejecutivo (cuya gestión está mereciendo críticas y reproches que no son ningún delito, sino la expresión libre de los ciudadanos). Los partidos de la oposición ya han solicitado explicaciones al Ejecutivo ante la gravedad de estas afirmaciones que sugieren el regreso a una dictadura.
Ante tal escenario, la izquierda desplegó todo su armamento de trolls y bots para dar la vuelta a la situación hasta conseguir que el hashtag #YoconIglesias desbancara a los anteriores (que tenían miles de tweets) haciéndolos incluso desaparecer. Ya no cabe ninguna duda que el Gobierno utiliza estas artes oscuras para manipular las redes.
Pero lo más surrealista llegó con Echenique, acusando a la "ultraderecha" de difundir "el bulo" de que Guardia Civil persigue opiniones contrarias al Gobierno. ¿Bulo? ¿Pero qué bulo, si eran declaraciones en directo del General Santiago? ¡Grotesco!
Pero lo más surrealista llegó con Echenique, acusando a la "ultraderecha" de difundir "el bulo" de que Guardia Civil persigue opiniones contrarias al Gobierno. ¿Bulo? ¿Pero qué bulo, si eran declaraciones en directo del General Santiago? ¡Grotesco!
La polémica no acabó ahí. 24 horas después (el 20 de abril) apareció de nuevo el General Santiago en rueda de prensa como miembro del comité técnico de gestión de la pandemia, pero NO para aclarar el tema del monitoreo y control de las críticas al Gobierno en redes sociales que está llevando a cabo la Guardia Civil (por orden explícita de Marlaska), ni siquiera para pedir disculpas por su supuesto lapsus. Tan solo ha enaltecido a su persona, protegiéndose tras sus galones y remitiéndonos a su largo currículum como "servidor público".
Lo más patético de todo ha sido que al terminar su intervención, sus compañeros de comité han estallado en aplausos en pleno directo. Luego, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no trasladó al General ni una sola de las preguntas que planteaban los periodistas al respecto (censurando de nuevo la libertad de prensa).
Lo más patético de todo ha sido que al terminar su intervención, sus compañeros de comité han estallado en aplausos en pleno directo. Luego, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no trasladó al General ni una sola de las preguntas que planteaban los periodistas al respecto (censurando de nuevo la libertad de prensa).
Al día siguiente (21 de abril) se hizo público que los días 15 y 16 de abril se remitieron desde el Estado Mayor de la Guardia Civil (firmados por el propio General Santiago) sendos emails internos a las comandancias repartidas por toda España y a las unidades especializadas en seguridad informática en los que se solicitaba se solicitaba, exactamente, la "identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el Covid-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". (Ojo! Del Gobierno, no del Estado).
Horas después de que se conociera la existencia de estos emails, el General ha tenido que volver a comparecer ante los medios en el Palacio de La Moncloa en la habitual rueda de prensa del Comité de Técnicos para aclarar lo siguiente: "Hablamos de bulos y de información de carácter incierto con ánimo de crear desconfianza en la ciudadanía y alarma, en ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información. Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique, estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, al fin y al cabo, instituciones de todo el Estado".
Esto habrá quien se lo crea y quién no. Si es cierto que hubo un malentendido en su primera comparecencia y no supo expresar correctamente las labores que está haciendo la Benemérita en este asunto, ¿por qué ha tardado dos días en explicarlo? Porque cuando uno tiene la razón en algo, no espera a tener a todo un país de uñas para defenderse, no? No parece que la polémica haya perjudicado al General Santiago: el 26 de junio, el ministro del Interior lo ha ascendido de número dos a número uno del Estado Mayor del instituto armado.
Pero lejos de quedar zanjado el asunto, la Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha metido la pata defendiendo la mordaza que busca imponer el Gobierno de Pedro Sánchez contra aquellos que critiquen su nefasta gestión del coronavirus: «No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos y la integridad de las instituciones públicas», ha asegurado Celaá en una entrevista concedida este martes (21 abril) a ‘Los Desayunos de TVE’.
El 24 de Abril, el PSOE vuelve a reconocer en público su ‘Operación Mordaza’. El vicepresidente del Congreso de los Diputados, Gómez Celis, confirma el plan de censura del PSOE en una entrevista a Canal Sur: «Tenemos que desechar a los que señalan con el dedo los errores. Tenemos que distinguir entre los que estamos por apagar el fuego y los que están por apagar el Gobierno», es decir, considera necesario erradicar a todo aquel que no sigue la línea del gobierno.
Por otro lado, Interior quiere controlar la difusión de los datos estadísticos procedentes de la Policía Nacional en el marco de la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y, ante la petición de cualquier institución del Estado, la Policía Nacional ha ordenado -en una instrucción del 8 de mayo- centralizar la información desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Es decir, toda información deberá ser filtrada por Marlaska.
Estado de Excepción Digital
Mediante el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre de 2019 [por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones], el Gobierno ordena una “vigilancia digital” de redes sociales e Internet con la finalidad de “detectar grupos o elementos que pudieran pretender alterar el orden público o el asalto a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad”, así como rastrear la posible existencia de “elementos ‘hacktivistas’ que pudieran intentar desestabilizar el país mediante el desarrollo de campañas”.
Mediante el citado Decreto-Ley el Gobierno, sin necesidad de intervención judicial alguna, puede suspender servicios electrónicos, cerrar páginas webs y perfiles en redes sociales en casos que pudieran "afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
Es decir, se ha autorizado un Estado de Excepción Digital, que permite al Ejecutivo monitorizar páginas webs (para censurar contenidos), redes sociales (para bloquear perfiles que considere dañiños), e incluso WhatsApp (para bloquear cadenas de mensajes). ¿Censura a la libertad de opinión de la ciudadanía?
La Fiscalía General del Estado ya ha advertido que pedirá penas de hasta 5 años de cárcel para quienes difundan noticias falsas en las redes sociales sobre la epidemia del coronavirus, por considerar que responden a "delitos de odio, revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, contra la salud pública o contra los consumidores".
Actualización 25 septiembre: Los tentáculos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen avanzando. Y el del control y acceso a los móviles también. El Gobierno ha encontrado en el pretexto de la necesidad de control público por motivo del coronavirus la disculpa perfecta para vulnerar la privacidad.
Lo hará a través de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una norma diseñada para controlar el orden público en las calles y las comunicaciones en la asistencia a concentraciones. La nueva ley permite asumir al Estado y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska la gestión y/o intervención directa de cualquier infraestructura, recurso o elemento de la red o servicios de comunicaciones electrónicas de forma excepcional y transitoria siempre que se dé una circunstancia: la existencia de un riesgo objetivo y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
¿Cuál es el problema? Que en tiempos de Covid-19, se abre de par en par la disculpa para esgrimir sin problemas esas condiciones y pasar a controlar e invadir servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, accediendo (a través de la IP) a la ubicación del usuario. Y ello implica que, por ejemplo, una persona que acuda a una manifestación contraria al Gobierno puede ser identificada y localizada en esa ubicación.
Lo hará a través de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una norma diseñada para controlar el orden público en las calles y las comunicaciones en la asistencia a concentraciones. La nueva ley permite asumir al Estado y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska la gestión y/o intervención directa de cualquier infraestructura, recurso o elemento de la red o servicios de comunicaciones electrónicas de forma excepcional y transitoria siempre que se dé una circunstancia: la existencia de un riesgo objetivo y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
¿Cuál es el problema? Que en tiempos de Covid-19, se abre de par en par la disculpa para esgrimir sin problemas esas condiciones y pasar a controlar e invadir servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, accediendo (a través de la IP) a la ubicación del usuario. Y ello implica que, por ejemplo, una persona que acuda a una manifestación contraria al Gobierno puede ser identificada y localizada en esa ubicación.
Bulos que matan
Como española me resulta patético comprobar que nuestros propios políticos no hacen más que crear y difundir sus propias mentiras con total impunidad. Para muestra basta tomar a nuestro Presidente de Gobierno y el caso de los tests y mascarillas fake (Sánchez presumió de que el material sanitario comprado a China era «fiable y homologado» y tenía «todas las garantías sanitarias») o a Fernando Simón, quien aseguró que no había ningún «motivo sanitario» para suspender el Mobile World Congress de Barcelona por el coronavirus, y que no existía ningún riesgo en asistir a las manifestaciones feministas del 8-M. Son solo algunos de los numerosos ejemplos que leemos a diario. ¿Se enfrentarán ellos también a los Tribunales? De momento ya tienen interpuestas numerosas querellas, veremos a ver si prosperan o si la larga mano del gobierno consigue paralizarlas.
Ésta es la cronología de bulos del Gobierno que Macarena Olona (secretaria general de Vox en el Congreso y diputada por Granada) espetó el pasado 22 de abril en la tribuna de la Cámara baja:
- 31 de enero. Fernando Simón: "España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado".
- Salvador Illa rechaza el alarmismo por el coronavirus y dice que las mascarillas no sirven.
- La señora María Jesús Montero: "España está preparada para el coronavirus".
- Ministerio de Sanidad: "Al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal y si tras 14 días no tienes síntomas, no es necesario tomar medidas".
- Calviño el 4 de marzo ve "impactos poco significativos por el coronavirus en la economía" y precisa que sería "transitorio".
- Fernando Simón el 4 de marzo: "No es necesario cerrar colegios y universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus".
- 25 de marzo: "un informe de Sanidad del 6 de marzo alertaba sobre el riesgo del contagio".
- Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus seis días antes del 8-M.
- Illa garantiza mascarillas del coronavirus para hospitales y profesionales (mes y medio después siguen sin tener EPIs ni mascarillas suficientes).
- Marlaska asegura que las farmacias tendrán mascarillas esta semana (por la pasada semana). Sigue sin haber.
- María José Sierra el 5 de abril: "Se está trabajando en un estudio con test rápidos (tests de serovalencia) para conocer "en pocas semanas" el número aproximado de inmunizados frente al coronavirus en España", dato necesario para la desescalada; Illa dice el 7 de abril que se empezarían a realizar "la próxima semana" (refiriéndose al 13-19 abril). El 26 de abril aún no hay fecha prevista para su realización.
- 25 de abril, Simón: "No son necesarias hacer pruebas masivas a toda la población por el coronavirus, no recuerdo ninguna situación de salud en la que se haya hecho ésto". (Contradice las recomendaciones de la OMS)
- Por no entrar por el bulo gubernamental por excelencia, que es número real de fallecidos y contagiados.
- 31 de enero. Fernando Simón: "España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado".
- Salvador Illa rechaza el alarmismo por el coronavirus y dice que las mascarillas no sirven.
- La señora María Jesús Montero: "España está preparada para el coronavirus".
- Ministerio de Sanidad: "Al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal y si tras 14 días no tienes síntomas, no es necesario tomar medidas".
- Calviño el 4 de marzo ve "impactos poco significativos por el coronavirus en la economía" y precisa que sería "transitorio".
- Fernando Simón el 4 de marzo: "No es necesario cerrar colegios y universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus".
- 25 de marzo: "un informe de Sanidad del 6 de marzo alertaba sobre el riesgo del contagio".
- Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus seis días antes del 8-M.
- Illa garantiza mascarillas del coronavirus para hospitales y profesionales (mes y medio después siguen sin tener EPIs ni mascarillas suficientes).
- Marlaska asegura que las farmacias tendrán mascarillas esta semana (por la pasada semana). Sigue sin haber.
- María José Sierra el 5 de abril: "Se está trabajando en un estudio con test rápidos (tests de serovalencia) para conocer "en pocas semanas" el número aproximado de inmunizados frente al coronavirus en España", dato necesario para la desescalada; Illa dice el 7 de abril que se empezarían a realizar "la próxima semana" (refiriéndose al 13-19 abril). El 26 de abril aún no hay fecha prevista para su realización.
- 25 de abril, Simón: "No son necesarias hacer pruebas masivas a toda la población por el coronavirus, no recuerdo ninguna situación de salud en la que se haya hecho ésto". (Contradice las recomendaciones de la OMS)
- Por no entrar por el bulo gubernamental por excelencia, que es número real de fallecidos y contagiados.
Cazadores de bulos
Pero... ¿quién decide si determinada información es verdad o mentira? Nuestro Gobierno ha nombrado a tres empresas verificadoras de datos y "cazadoras de bulos": Newtral, Maldita.es y Efe Verifica, encargadas de desmentir "fake news". Tienen completa potestad para aplicar a su libre albedrío sanciones y penalizaciones de distinto tipo. Así, por ejemplo, si estas empresas "garantes de la verdad" dictaminan que una noticia es falsa, se disminuirá su visibilidad, e incluso podrían eliminar o bloquear el perfil (en Facebook) de la fuente de la que provenga dicha noticia.
El problema es que estas empresas Fact-Checking "autorizadas" por nuestro Gobierno son empresas privadas y no un organismo público (aunque Maldita dice ser una organización sin ánimo de lucro), lo cual me genera ciertas dudas y me lleva a preguntarme: ¿quién vigila al que vigila?, ¿quién asegura que estas empresas sean imparciales?, ¿juzgan con el mismo rasero a unos medios y a otros, o puede haber un conflicto de intereses?
¿El Gobierno ha comprado, a través de estas empresas, el derecho a publicar la información que le beneficie políticamente y a eliminar aquella que critique su gestión? Porque no debemos olvidar que, por ejemplo, la empresa Newtral es propiedad íntegra de la periodista Ana Pastor, que realiza en solitario el programa "El Objetivo" en La Sexta, medio calificado "de izquierdas" y que ha sido regado con parte de los 15 millones de euros con los que el Gobierno ha "subvencionado" a las televisiones privadas durante esta crisis. ¿Puede ser ecuánime un verificador como Newtral, con una relación probada con un medio de comunicación al que supuestamente también "audita"?
Pero la censura llega también a Facebook y Whatsapp. Por su parte, Facebook ha creado un "organismo independiente" que decidirá qué ven sus usuarios de Facebook e Instagram. Se trata de un un consejo formado por 20 personalidades de todo el mundo que seleccionará y ponderará sobre los límites globales de la libertad de expresión. También moderará los contenidos más polémicos.
Whatsapp también ha estrenado un «chatbot» que tiene como objetivo desmentir bulos que se propagan por internet. El «bot» conecta a los usuarios con los grupos de verificaciones independientes de más de setenta países. Y curiosamente en España, la tarea se ha encomendado a los grupos Newtral, Maldita, AFP Factual y EFE Verifica.
En un país paralizado por el miedo al dolor y a la muerte, esta Censura Digital contra las críticas al Gobierno forman una alianza de sangre, firme... y extraordinariamente peligrosa para la libertad individual y la armonía social.
La Unión Europea también hizo una advertencia a todos los países miembros (incluida España): deberían extremar las precauciones para no sobrepasar ciertos límites en su lucha contra la desinformación y los bulos. El informe de expertos de la Comisión Europea (que se puede leer aquí) calificó de «malas prácticas» y «contraproducentes» aquellas medidas que supusieran «censura» (incluso la «bien intencionada») de la opinión pública. También alertó de las consecuencias de la «vigilancia online» por parte del Estado y de poner la «censura en manos de compañías privadas». Una imagen en la que podrían encajar algunos de los últimos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Censura en los hospitales
El PSOE ha impuesto la censura ¡hasta con los propios sanitarios! para esconder el desastre ocasionado por su lamentable gestión del coronavirus. En los tablones de anuncios y puertas de hospitales públicos han aparecido carteles que señalan que está “prohibido” expresamente “realizar capturas de imágenes y audio” y “difundir” cualquier información que pueda reflejar la realidad de colapso sanitario que se ha vivido y aún se vive en los centros sanitarios.
La aclaración de “penal” y “disciplinario” deja claro el sujeto al que amenaza: tanto personas ajenas al desarrollo profesional del hospital, como médicos, enfermeros, celadores, servicio de limpieza y el resto de plantilla del centro hospitalario.
Las amenazas del cartel van a más: “Toda persona que observe la captación de imágenes o audios, especialmente si es profesional del hospital, debe ponerlo en conocimiento inmediato del Servicio de Seguridad”. Es decir, que instaura un deber de delación entre todas las personas que pasen por el hospital, incluidos los pacientes. Los dibujos del cartel censor dejan claro que se refiere a vídeos, cámaras, cualquier grabación desde un móvil o audios.
El debate se traslada a Europa
El 9 de mayo, PP y Vox llevan al Parlamento Europeo las medidas del Gobierno de España para luchar contra los bulos. La reunión se celebrará en las próximas semanas; en ella habrá representantes de la Comisión Europea y del Servicio de Acción Exterior.
Para el Partido Popular Europeo «en estos momentos hay estados de alarma en muchos países de la Unión Europea y en algunos de ellos hay indicios, como hemos visto en los últimos días en España, de que el Gobierno intenta limitar o controlar la difusión de información online, en particular la que considera negativa para su relato de la situación», unas «limitaciones injustificadas al derecho a la libertad de expresión y de información».
Para la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, «la lucha contra el coronavirus no puede ser aprovechada para perseguir de manera camuflada libertades o derechos». En este sentido, añadió que han llevado este asunto a la Comisión de Libertades Civiles para que sea estudiado por el Parlamento porque «un estado de alarma no es un estado de suspensión de derechos».
Vox ha propuesto que la Comisión de Libertades Civiles estudie los «serios ataques a los derechos fundamentales de libertad de expresión e información que están ocurriendo en España», especialmente debido al «uso de organizaciones de verificación como Newtral o Maldita.es».