Sin duda el 8-M ha marcado un antes y un después en la epidemia del coronavirus en España. No sólo porque fue el detonante de los miles de contagios (y muertes) por Covid-19 que vendrían después, sino también por las posibles repercusiones políticas que podría haber si se demostrara que la Banda del Bulo conocía sobradamente los riesgos de mantener la convocatoria de eventos en masa y no puso medidas para evitarlo. Y todo apunta a que así fue.
El 8-M ya ha quedado marcado como un día negro en nuestro país. Y es que, mientras el resto del mundo contenía la respiración y la mayoría de países cerraban fronteras, nuestro Gobierno de coalición, en contra de la opinión de los expertos, permitía y alentaba a las marchas feministas y a la movilización masiva del Día de la Mujer en las principales ciudades españolas.
Y no solo eso, sino que ese fatídico primer fin de semana de marzo también se celebraron en Madrid otros actos multitudinarios: unas oposiciones que reunieron en Madrid a 1.248 opositores, un mitin político de Vox como contraposición política a las manifestaciones feministas del 8-M al que acudieron 9.000 personas, y el partido de fútbol Atlético-Sevilla que llenó el estadio Wanda Metropolitano (con capacidad de unas 68.500 personas). Además, en el resto de ciudades españolas también se siguieron celebrando eventos deportivos que congregaron a miles de ciudadanos (por ejemplo, 77.000 espectadores congregados en el Camp Nou).
¿El Gobierno conocía los hechos?
¿El Gobierno conocía los riesgos de celebrar estos eventos masivos y, aún así, no hizo nada para evitar la contención de la pandemia? CLARAMENTE SÍ. Y ya no cabe ninguna duda, pues el propio Ejecutivo ha acabado admitiendo el 20 de abril en el Congreso de los Diputados que el 30 de enero el virus era ya una «emergencia internacional».
En este vídeo grabado en los momentos previos al inicio de esta manifestación, se daban las últimas instrucciones a las ministras del Gobierno, y se les advierte "¡Que no se besa, que no se besa, que hay virus!". En dicha manifestación también pudo verse a Isabel Celaá y Magdalena Valerio equipadas los guantes de látex o nitrilo morados, si bien dicen que no fue por precaución ante el Covid-19 sino porque son una son "indumentaria feminista", y también se llevaron en las manifestaciones de años anteriores.
Asimismo, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía «que si la gente tenía síntomas, no acudiera a la marcha» tan solo cuatro horas antes del arranque de la manifestación en Atocha el 8-M.
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, metió la pata en una rueda de prensa del 21 de Marzo reconociendo que el Gobierno conocía la gravedad del coronavirus desde el pasado mes de enero, pese a lo cual no tomó ninguna medida para frenar su avance hasta después de las manifestaciones feministas del 8-M.
"Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Enjuanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades, así como todos los medios necesarios.. Ese día, ya liberamos medios e iniciamos cambios legales para reducir plazos, culminados en el real decreto ley de estado de alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento..."
El propio Gobierno de España realiza, a través del CNE, Informes diarios de situación COVID-19 basándose en la notificación individualizada de casos de coronavirus desde el día 28 de Febrero (una semana antes del 8-M), y en esa fecha ya había en la Comunidad de Madrid 19 casos de contagio plenamente confirmados por test PCR.
Los datos revelados por las tablas del Ministerio de Sanidad revelan que el día 29 de febrero se pasó a 26 infectados. Marzo comenzó casi duplicando esa cifra y llegando a los 51 contagios. Los 93 se alcanzaron el día 2 de la manifestación. Y la escalada no cesó durante todas las jornadas posteriores: se alcanzaron los 139 casos el día 3; los 196 el día 4 de marzo; 308 el día 5; 511 contagios el día 6; 732 el día previo a la cita feminista; y el nivel llegó a los 995 contagios el mismo día 8-M. Las tasas de incremento son delatoras del descontrol: en los días inmediatos a la manifestación feminista se dieron incrementos del 57%, 66%, 43% y 36% de los casos de contagio.
La escalada, por supuesto, continuó tras el 8-M, llegando en sólo tres días a triplicarse sobre los datos de la jornada de la manifestación: el 11-M se sumaron 2.929 casos de contagio. Y las muertes llegaron a más que triplicarse: sumaron 56 víctimas mortales. Todo ello, con 135 personas en UCI. Y eso que los datos sólo recogen los casos confirmados por test PCR. Los casos aumentaron en un 50% tras la manifestación disparándose por encima de los 2.000. Ahora sabemos que los contagios empezaron mucho antes. Y Sánchez lo sabía, aunque afirme lo contrario. MIENTE, una vez más.
Actualización 19 agosto: Hoy se sabe que España festejó el 8-M alentada por el Gobierno cuando había un total de 12.152 contagios activos. El Gobierno de Pedro Sánchez decretaría tan sólo una semana más tarde el confinamiento de la población española, cuando, según los registros oficiales actualizados, había ya nada menos que 46.545 contagios y no 6.391 como nos vendieron.
El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, también ha confirmado que desde finales de enero la Policía ya estaba tratando de buscar mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico para reforzar la protección de los agentes en las fronteras "siguiendo las recomendaciones de Ministerio de Sanidad". Sin embargo, parece que no fue el DAO el primero que levantó la voz de alarma; José Antonio Nieto González, médico especialista de trabajo y técnico superior de riesgos laborales, era el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional e hizo una advertencia en enero sobre el coronavirus recomendando "evitar aglomeraciones, utilizar guantes y mascarillas". Pero era un mensaje que iba contra la corriente política (en esa fecha Sanidad calificó a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus) y le ha costado el puesto.
También le ha costado el puesto al coronel de la Benemérita, Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido de manera fulminante el 25 de mayo por no entregar al Gobierno un informe que la juez le había pedido para investigar las posibles responsabilidades del ejecutivo en las manifestaciones feministas. Tanto en ése primer informe como en un segundo, la Benemérita concluye que "la hecatombe en España" de la crisis sanitaria de coronavirus "se veía venir" desde antes de 8-M y afirma que tanto el ministro de Sanidad como Fernando Simón eran conocedores de la situación.
Pero es que además, tres días antes del 8-M (el 5 de marzo), el ministro de Sanidad y Fernando Simón prohibieron la celebración de un congreso religioso evangélico por considerarlo un enorme riesgo para la salud pública (y eso que iba a celebrarse en Madrid dos semanas después).
Sin embargo, el Gobierno se está empleando a fondo en transmitir que desconocían todo del Coronavirus hasta el 9 de marzo, mientras salen a la luz informes de organismos nacionales e internacionales, de máxima credibilidad, que contradicen la versión gubernamental. El Gobierno del Bulo.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya estaba involucrado en proyectos de investigación del coronavirus en Enero de 2020, para lo cual se acordó lanzar con carácter inmediato un proyecto con financiación propia apoyando la línea de trabajo del laboratorio de coronavirus del CNB. En un documento titulado Covid-19: Resumen para información interna del plan de acción del CSIC (en cuya portada reza la advertencia “Uso exclusivamente interno CSIC”) advierte de que la situación generada por el Covid-19 “comienza a ser muy preocupante en la semana del 9 de marzo, especialmente en la Comunidad de Madrid”.
"Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Enjuanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades, así como todos los medios necesarios.. Ese día, ya liberamos medios e iniciamos cambios legales para reducir plazos, culminados en el real decreto ley de estado de alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento..."
El propio Gobierno de España realiza, a través del CNE, Informes diarios de situación COVID-19 basándose en la notificación individualizada de casos de coronavirus desde el día 28 de Febrero (una semana antes del 8-M), y en esa fecha ya había en la Comunidad de Madrid 19 casos de contagio plenamente confirmados por test PCR.
Los datos revelados por las tablas del Ministerio de Sanidad revelan que el día 29 de febrero se pasó a 26 infectados. Marzo comenzó casi duplicando esa cifra y llegando a los 51 contagios. Los 93 se alcanzaron el día 2 de la manifestación. Y la escalada no cesó durante todas las jornadas posteriores: se alcanzaron los 139 casos el día 3; los 196 el día 4 de marzo; 308 el día 5; 511 contagios el día 6; 732 el día previo a la cita feminista; y el nivel llegó a los 995 contagios el mismo día 8-M. Las tasas de incremento son delatoras del descontrol: en los días inmediatos a la manifestación feminista se dieron incrementos del 57%, 66%, 43% y 36% de los casos de contagio.
La escalada, por supuesto, continuó tras el 8-M, llegando en sólo tres días a triplicarse sobre los datos de la jornada de la manifestación: el 11-M se sumaron 2.929 casos de contagio. Y las muertes llegaron a más que triplicarse: sumaron 56 víctimas mortales. Todo ello, con 135 personas en UCI. Y eso que los datos sólo recogen los casos confirmados por test PCR. Los casos aumentaron en un 50% tras la manifestación disparándose por encima de los 2.000. Ahora sabemos que los contagios empezaron mucho antes. Y Sánchez lo sabía, aunque afirme lo contrario. MIENTE, una vez más.
Actualización 19 agosto: Hoy se sabe que España festejó el 8-M alentada por el Gobierno cuando había un total de 12.152 contagios activos. El Gobierno de Pedro Sánchez decretaría tan sólo una semana más tarde el confinamiento de la población española, cuando, según los registros oficiales actualizados, había ya nada menos que 46.545 contagios y no 6.391 como nos vendieron.
El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, también ha confirmado que desde finales de enero la Policía ya estaba tratando de buscar mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico para reforzar la protección de los agentes en las fronteras "siguiendo las recomendaciones de Ministerio de Sanidad". Sin embargo, parece que no fue el DAO el primero que levantó la voz de alarma; José Antonio Nieto González, médico especialista de trabajo y técnico superior de riesgos laborales, era el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional e hizo una advertencia en enero sobre el coronavirus recomendando "evitar aglomeraciones, utilizar guantes y mascarillas". Pero era un mensaje que iba contra la corriente política (en esa fecha Sanidad calificó a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus) y le ha costado el puesto.
También le ha costado el puesto al coronel de la Benemérita, Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido de manera fulminante el 25 de mayo por no entregar al Gobierno un informe que la juez le había pedido para investigar las posibles responsabilidades del ejecutivo en las manifestaciones feministas. Tanto en ése primer informe como en un segundo, la Benemérita concluye que "la hecatombe en España" de la crisis sanitaria de coronavirus "se veía venir" desde antes de 8-M y afirma que tanto el ministro de Sanidad como Fernando Simón eran conocedores de la situación.
Pero es que además, tres días antes del 8-M (el 5 de marzo), el ministro de Sanidad y Fernando Simón prohibieron la celebración de un congreso religioso evangélico por considerarlo un enorme riesgo para la salud pública (y eso que iba a celebrarse en Madrid dos semanas después).
Sin embargo, el Gobierno se está empleando a fondo en transmitir que desconocían todo del Coronavirus hasta el 9 de marzo, mientras salen a la luz informes de organismos nacionales e internacionales, de máxima credibilidad, que contradicen la versión gubernamental. El Gobierno del Bulo.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya estaba involucrado en proyectos de investigación del coronavirus en Enero de 2020, para lo cual se acordó lanzar con carácter inmediato un proyecto con financiación propia apoyando la línea de trabajo del laboratorio de coronavirus del CNB. En un documento titulado Covid-19: Resumen para información interna del plan de acción del CSIC (en cuya portada reza la advertencia “Uso exclusivamente interno CSIC”) advierte de que la situación generada por el Covid-19 “comienza a ser muy preocupante en la semana del 9 de marzo, especialmente en la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno desoyó también las opiniones de especialistas que sí se adelantaron a los hechos y han acertado, de lleno, en sus previsiones. Uno de ellos es Juan Martínez Hernández (experto en Salud Pública de la OMC), quien declara que el 30 de Enero (antes incluso de que en Italia estallara la crisis) mantuvo una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que participaron varios técnicos entre los que se incluye Fernando Simón, sosteniendo que el nuevo coronavirus es un agente del grupo 4 (y no del grupo 2), esto es, aquellos virus que pueden ocasionar infección grave o mortal y contra los que no hay ni vacuna ni tratamiento. Pero fue ignorado y el Gobierno optó por desechar la alarma.
También desoyó las misivas que la Asociación China de Derecho en España y otras 50 asociaciones chinas más enviaron (el 3 de marzo) al propio Ministro de Sanidad, instándolo a tomar medidas más agresivas para cortar las cadenas de contagios. Como no tuvieron respuesta, el 6 de marzo decidieron escribir al defensor del pueblo denunciando que Sanidad estaba cometiendo una "omisión grave" al no tomar las medidas necesarias para proteger a la población ante la pandemia que se nos avecinaba. Ésta carta sí tuvo respuesta, el 9 de marzo. El Defensor del Pueblo respondió que sí se estaban tomando medidas que suponían restricciones o controles en la actividad social y económica del país después del 9 de marzo.
También desoyó las misivas que la Asociación China de Derecho en España y otras 50 asociaciones chinas más enviaron (el 3 de marzo) al propio Ministro de Sanidad, instándolo a tomar medidas más agresivas para cortar las cadenas de contagios. Como no tuvieron respuesta, el 6 de marzo decidieron escribir al defensor del pueblo denunciando que Sanidad estaba cometiendo una "omisión grave" al no tomar las medidas necesarias para proteger a la población ante la pandemia que se nos avecinaba. Ésta carta sí tuvo respuesta, el 9 de marzo. El Defensor del Pueblo respondió que sí se estaban tomando medidas que suponían restricciones o controles en la actividad social y económica del país después del 9 de marzo.
La unidad de la Guardia Civil especializada en riesgos biológicos (la Unidad de Defensa Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) alertó al Gobierno de España en enero de la necesidad de tomar medidas urgentes de prevención del Coronavirus, advirtiendo ya en esa fecha de que era necesario comenzar a tomar medidas de prevención frente al coronavirus tras conocerse el avance de la pandemia en China.
También en enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó a nuestro país sobre la magnitud y gravedad de la propagación del virus, instando al Gobierno a tomar medidas drásticas. El comité de emergencia de la OMS declaró la emergencia global por coronavirus el 30 de enero, por considerar el brote de Wuhan "un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional". Esta Emergencia de Salud Pública de Alcance Internacional (ESPII) supone la coordinación entre los países bajo el marco de la OMS en la elaboración y aplicación de medidas preventivas y planes de contingencia, algo que extiende sus efectos a cuestiones de enorme repercusión económica, política y social, como son el cierre y controles en fronteras, las restricciones en el movimiento de personas y mercancías y la adopción de todo tipo de medidas de prevención, entre otras. Sin embargo, ante esta situación, nuestro Gobierno valoró el 31 de enero que "la declaración de la ESPII por parte de la OMS no afecta a la evaluación de riesgo existente hasta ahora para nuestro país".
Asimismo, la OMS publicó el 14 de febrero una alerta con “recomendaciones clave” para evitar contagios de covid-19 en eventos masivos. En dicha nota advertía de que la celebración de reuniones masivas podía tener “serias consecuencias para la salud pública” si no eran diseñadas y gestionadas cuidadosamente. “Hay abundantes pruebas de que las aglomeraciones pueden amplificar la expansión de enfermedades infecciosas”, aseguraba. Pero ni el Ejecutivo ni las delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas lo tuvieron en cuenta.
La OMS pedía a las autoridades nacionales que hicieran un “exhaustivo análisis del riesgo” de cualquier concentración de personas antes de autorizarla, analizando parámetros como las “características específicas” del evento, la densidad de la aglomeración, el tipo de contacto que podía producirse entre los participantes, si al acto asistirían únicamente personas que se hubieran registrado previamente, si los asistentes eran de una profesión especialmente expuesta con anterioridad al virus, la edad de los manifestantes, y el medio que utilizarían para desplazarse hasta el acto. Está claro que el 8-M cruzó la frontera de lo recomendable en todos los parámetros.
La OMS pedía a las autoridades nacionales que hicieran un “exhaustivo análisis del riesgo” de cualquier concentración de personas antes de autorizarla, analizando parámetros como las “características específicas” del evento, la densidad de la aglomeración, el tipo de contacto que podía producirse entre los participantes, si al acto asistirían únicamente personas que se hubieran registrado previamente, si los asistentes eran de una profesión especialmente expuesta con anterioridad al virus, la edad de los manifestantes, y el medio que utilizarían para desplazarse hasta el acto. Está claro que el 8-M cruzó la frontera de lo recomendable en todos los parámetros.
También lo advirtió la Unión Europea. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), emitió un dossier técnico fechado el 14 de febrero en el que cambiaba de "bajo" (su informe del 6 de febrero) a "alto" el impacto potencial del covid-19 sobre los pacientes y destacaba que «las cancelaciones de reuniones masivas antes del pico de epidemias o pandemias pueden reducir la transmisión del virus» e instaba a adoptar esas medidas ya en la misma «fase de contención», en la que se encontraba en este momento España. Tampoco se implementaron en aquel momento otras recomendaciones, incluidas en aquel documento, por ejemplo, las restricciones en los viajes. Es más, el propio Simón replicó al ECDC y le instaba a rebajar el riesgo de "alto" a "moderado".
El 22 de febrero el ECDC dio la primera alarma seria sobre la propagación del coronavirus en Europa. Otro informe del 2 de marzo, redactado en el marco de su labor de reforzar las defensas de Europa contra las enfermedades infecciosas, fue remitido directamente a Simón con instrucciones claras de “tomar medidas de distanciamiento social, evitando la celebración de actos multitudinarios innecesarios”. El Gobierno ignoró estas pautas y siguió adelante con las manifestaciones.
Sin embargo, ahora lo reconocen. El Gobierno ha reconocido a través de una respuesta por escrito del 1 de junio en el Congreso de los Diputados que conocía el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que, seis días antes del 8-M, aconsejó «evitar concentraciones masivas». Y prosigue en su respuesta: «Tras este informe se convocó con carácter extraordinario el Consejo Interterritorial el día 5 de marzo (95.270 casos, 237 en España, 3 fallecidos)». En dicha reunión, se añade, «el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan que un escenario de contención es el adecuado para la situación del momento». El centro europeo era claro en sus avisos: pedía a los Estados miembros que implementasen «medidas de distanciamiento social individual», así como «evitar los actos multitudinarios». Pero Sanidad rechazó elevar el riesgo (incluso lo rebajaba) y no quiso cambiar de escenario.
El 22 de febrero el ECDC dio la primera alarma seria sobre la propagación del coronavirus en Europa. Otro informe del 2 de marzo, redactado en el marco de su labor de reforzar las defensas de Europa contra las enfermedades infecciosas, fue remitido directamente a Simón con instrucciones claras de “tomar medidas de distanciamiento social, evitando la celebración de actos multitudinarios innecesarios”. El Gobierno ignoró estas pautas y siguió adelante con las manifestaciones.
Sin embargo, ahora lo reconocen. El Gobierno ha reconocido a través de una respuesta por escrito del 1 de junio en el Congreso de los Diputados que conocía el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que, seis días antes del 8-M, aconsejó «evitar concentraciones masivas». Y prosigue en su respuesta: «Tras este informe se convocó con carácter extraordinario el Consejo Interterritorial el día 5 de marzo (95.270 casos, 237 en España, 3 fallecidos)». En dicha reunión, se añade, «el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan que un escenario de contención es el adecuado para la situación del momento». El centro europeo era claro en sus avisos: pedía a los Estados miembros que implementasen «medidas de distanciamiento social individual», así como «evitar los actos multitudinarios». Pero Sanidad rechazó elevar el riesgo (incluso lo rebajaba) y no quiso cambiar de escenario.
Porque la Agencia de la Salud Pública Europea, a través del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) emplea una escala del 0 al 4 en función de los posibles escenarios, siendo el 0 el de mayor seguridad y el 4 el de máxima gravedad. Y tres días antes del 8-M ya señalaba a la capital española como un caso de escenario 1, al haber las suficientes evidencias de la existencia de una «transmisión local limitada del virus» Covid-19.
Parece claro que los avisos de la OMS y del ECDC son muy anteriores al inicio de las actuaciones de nuestro Gobierno. La primera actualización se hizo el 22 de enero. En ese momento ya se hablaba de la expansión de la epidemia iniciada en China. El 31 de enero, se hacen recomendaciones para prepararse para una pandemia en Europa. El 7 de febrero ya se dan las instrucciones precisas de cómo debe ser el material que debe utilizarse para la protección del personal sanitario. El 2 de marzo ya se aportan las consignas de cómo debe prepararse Europa para una afectación masiva con unas recomendaciones eran muy concretas.
A pesar de estas advertencias de entidades de máxima solvencia, el Gobierno socialcomunista de España, con una irresponsabilidad criminal, hizo oídos sordos hasta celebrar el aquelarre feminista del 8 de marzo.
ACTUALIZACIÓN 30 JUNIO 2020:
Diputados del PP han demandado a Sánchez una copia de las alertas diarias que emitió el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus y que contenían información sobre la gravedad de la enfermedad; información que no es secreta, aunque se maneje de forma reservada.
Pero Moncloa no quiere enviar una copia de dicha documentación, sino que propone una idea sui generis: que uno de ellos se desplace a las dependencias del departamento y hojee in situ el contenido de los informes, "dado el volumen y naturaleza" de los mismos; además, tendría que firmar un acuerdo de "confidencialidad. ¿Qué tienen que ocultar? Por supuesto, los populares rechazan categóricamente esta posibilidad.
Que debieron adoptarse medidas de distanciamiento social antes del 8-M es algo que no admite demasiada discusión. Pero ¿por qué actuaron tan tarde? Hasta ahora, la explicación mayoritaria desde el ámbito gubernamental ha sido que “no se podía saber”. Pero esta es una explicación enormemente endeble porque, aun habiendo un alto grado de incertidumbre sobre cómo iba a evolucionar la pandemia, otros países con una situación epidemiológica similar —o menos grave— que la de España ya habían tomado diversas medidas de distanciamiento social antes del 8-M.
España iba bastante por detrás de Francia o Alemania en los esfuerzos por contener la propagación del patógeno hasta el 8-M. ¿Por qué Francia o Alemania podían sí saber, pero España no? Pues porque, quizá, lo que faltó no fue tanto información cuanto voluntad política.
El 28 de junio, Sánchez concedió una entrevista a La Vanguardia en la que se le preguntó si el estado de alarma se tenía que haber aprobado antes. Su respuesta fue: "No lo niego ahora mismo, pero también es cierto que la sociedad española y muchas fuerzas políticas no lo hubieran entendido con un número de fallecidos inferior al que teníamos en la segunda semana de marzo..."
Es decir, ante la duda razonable de aplicar medidas preventivas de distanciamiento, Pedro Sánchez no solo tuvo en cuenta la situación epidemiológica del país, sino que también les tomó el pulso a la opinión pública y a su Frankenstein parlamentario. Ante la duda, se optó por el camino políticamente más sencillo: por aquel que no generaba a muy corto plazo desgastes de popularidad ni confrontación política.
¿Y por qué a un gobernante como Sánchez le obsesionan su imagen pública y sus ententes parlamentarias? Pues porque esos son los dos pilares sobre los que se sustenta su permanencia en el poder: acceder y permanecer en el poder a casi cualquier precio. Su verdadera ambición no es prestar un servicio público o buscar el interés general, sino manejar el Estado a su antojo.
La escalofriante sinceridad de Sánchez no solo pone de manifiesto que los criterios técnicos jamás fueron los únicos que guiaron la actuación del Gobierno en medio de la epidemia, sino que también nos recuerda cuál es la esencia misma de la política: el poder, incluso a costa de la vida y la salud de los ciudadanos.
ACTUALIZACIÓN 30 JUNIO 2020:
Diputados del PP han demandado a Sánchez una copia de las alertas diarias que emitió el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus y que contenían información sobre la gravedad de la enfermedad; información que no es secreta, aunque se maneje de forma reservada.
Pero Moncloa no quiere enviar una copia de dicha documentación, sino que propone una idea sui generis: que uno de ellos se desplace a las dependencias del departamento y hojee in situ el contenido de los informes, "dado el volumen y naturaleza" de los mismos; además, tendría que firmar un acuerdo de "confidencialidad. ¿Qué tienen que ocultar? Por supuesto, los populares rechazan categóricamente esta posibilidad.
¿Por qué actuaron tan tarde?
Que debieron adoptarse medidas de distanciamiento social antes del 8-M es algo que no admite demasiada discusión. Pero ¿por qué actuaron tan tarde? Hasta ahora, la explicación mayoritaria desde el ámbito gubernamental ha sido que “no se podía saber”. Pero esta es una explicación enormemente endeble porque, aun habiendo un alto grado de incertidumbre sobre cómo iba a evolucionar la pandemia, otros países con una situación epidemiológica similar —o menos grave— que la de España ya habían tomado diversas medidas de distanciamiento social antes del 8-M.
España iba bastante por detrás de Francia o Alemania en los esfuerzos por contener la propagación del patógeno hasta el 8-M. ¿Por qué Francia o Alemania podían sí saber, pero España no? Pues porque, quizá, lo que faltó no fue tanto información cuanto voluntad política.
El 28 de junio, Sánchez concedió una entrevista a La Vanguardia en la que se le preguntó si el estado de alarma se tenía que haber aprobado antes. Su respuesta fue: "No lo niego ahora mismo, pero también es cierto que la sociedad española y muchas fuerzas políticas no lo hubieran entendido con un número de fallecidos inferior al que teníamos en la segunda semana de marzo..."
Es decir, ante la duda razonable de aplicar medidas preventivas de distanciamiento, Pedro Sánchez no solo tuvo en cuenta la situación epidemiológica del país, sino que también les tomó el pulso a la opinión pública y a su Frankenstein parlamentario. Ante la duda, se optó por el camino políticamente más sencillo: por aquel que no generaba a muy corto plazo desgastes de popularidad ni confrontación política.
¿Y por qué a un gobernante como Sánchez le obsesionan su imagen pública y sus ententes parlamentarias? Pues porque esos son los dos pilares sobre los que se sustenta su permanencia en el poder: acceder y permanecer en el poder a casi cualquier precio. Su verdadera ambición no es prestar un servicio público o buscar el interés general, sino manejar el Estado a su antojo.
La escalofriante sinceridad de Sánchez no solo pone de manifiesto que los criterios técnicos jamás fueron los únicos que guiaron la actuación del Gobierno en medio de la epidemia, sino que también nos recuerda cuál es la esencia misma de la política: el poder, incluso a costa de la vida y la salud de los ciudadanos.
Qué hubiera pasado si...?
Qué hubiera pasado si el Gobierno hubiera hecho caso a las advertencias y tomado medidas antes? En MI OPINIÓN, si el Gobierno de España hubiera hecho acopio de material sanitario en grandes cantidades a finales de Enero, si hubiera hecho tests de detección precoz y aislado controladamente a los primeros infectados, si hubiera prohibido eventos masivos desde principios de Febrero, si hubiera cerrado fronteras evitando que infectados de Italia o Francia nos trajeran con ellos el virus, etc, etc, etc, otro gallo cantaría.
Seguramente la EPIDEMIA no se hubiera convertido en PANDEMIA en nuestro país. El virus no habría corrido como la pólvora, habría disminuido muy significativamente el número de contagios, y el número de fallecidos sería mínimo. Y probablemente, no habría hecho falta confinar a TODA la población durante un tiempo TAN prolongado, y ello no hubiera causado el efecto dominó que ha tumbado toda nuestra economía. A estas alturas (mediados de Abril), la epidemia habría pasado y estaríamos haciendo una VIDA NORMAL, algo que de este modo, no alcanzaremos en muchos meses, incluso años.
Sin lugar a dudas, nuestro Gobierno nos condujo el 8-M hacia un suicido colectivo que llevó a toda la nación hacia un abismo insalvable. Por ello, muchos ciudadanos pedimos su DIMISIÓN.
Que el Gobierno PSOE-Podemos reaccionó demasiado tarde a la epidemia es algo que queda reflejado en los indicadores que el propio Gobierno ha escogido para evaluar su propia labor. Lo que no queda tan claro, en cambio, es cuáles son las consecuencias de haber reaccionado tan tardíamente: por puro sentido común, si las medidas de distanciamiento social se hubiesen adoptado antes, se habrían producido menos contagios y, por tanto, menos muertos. Al propio Gobierno, sin ir demasiado lejos, le gusta presumir de que, según la estimación efectuada por el Imperial College London, el confinamiento domiciliario decretado el 14 de marzo habría salvado 16.000 vidas en el plazo de apenas dos semanas. Pero entonces, claro, se impone necesariamente la pregunta de cuántas vidas adicionales se habrían salvado de haberlo adoptado antes.
El 16 de abril se ha publicado un informe de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que estima que si el Gobierno hubiese ordenado el confinamiento el 7 de Marzo (y por lo tanto se hubieran anulado las movilizaciones del 8-M) el número de contagiados a 4 de abril no habría sido de 126.859 sino de 47.766, es decir, 60.000 infectados menos, un 62,3% del total. Y por tanto, la reducción de la propagación habría evitado 7.506 muertes a fecha de abril, y el colapso de muchos hospitales.
A su vez, explica que los contagiados en España por Covid-19 habrían sido 2,5 veces inferiores a fecha de 4 de abril; se habrían situado en 47.000 (menos de la mitad de los confirmados a fecha del 4 de abril) si se hubiera adelantado el confinamiento una semana, lo que es 2,5 veces menor que los casos reportados.
Este estudio se titula «How effective has been the Spanish lockdown to battle Covid-19?» y ha sido elaborado por Luis Orea, de la Universidad de Oviedo, e Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid.
El 16 de abril se ha publicado un informe de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que estima que si el Gobierno hubiese ordenado el confinamiento el 7 de Marzo (y por lo tanto se hubieran anulado las movilizaciones del 8-M) el número de contagiados a 4 de abril no habría sido de 126.859 sino de 47.766, es decir, 60.000 infectados menos, un 62,3% del total. Y por tanto, la reducción de la propagación habría evitado 7.506 muertes a fecha de abril, y el colapso de muchos hospitales.
A su vez, explica que los contagiados en España por Covid-19 habrían sido 2,5 veces inferiores a fecha de 4 de abril; se habrían situado en 47.000 (menos de la mitad de los confirmados a fecha del 4 de abril) si se hubiera adelantado el confinamiento una semana, lo que es 2,5 veces menor que los casos reportados.
Este estudio se titula «How effective has been the Spanish lockdown to battle Covid-19?» y ha sido elaborado por Luis Orea, de la Universidad de Oviedo, e Inmaculada Álvarez, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Responsabilidades penales del Gobierno de España tras el 8-M
Yo tengo muy claro que LO SABÍAN, que antepusieron sus intereses políticos a la salud de los españoles, y espero que la Justicia cumpla con su cometido y se lo hagan pagar como corresponde.
Ya se han presentado un aluvión de demandas contra Sánchez y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020. Por el momento se han abierto investigaciones contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno de España en Madrid, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional tras permitir la manifestación feminista del 8-M en la capital. A nuestro negligente presidente, Pedro Sánchez, le espera el Tribunal Supremo.
Un auto judicial del 6 de abril recoge las declaraciones de los equipos jurídicos del Estado admitiendo que el Gobierno sabía desde el 24 de enero (un mes y medio antes del 8-M) que España se enfrentaba a una «epidemia» con alto riesgo de contagio e iniciaron las compras de material sanitario y de protección en cantidades ridículas para no provocar «alarmismo» en la población y advirtiendo días después la «insuficiencia de estocaje». [Fuente: artículo del 12 de Abril de OkDiario ]
Asimismo, un sindicato de enfermería ha remitido un detallado informe a la OMS denunciando cómo ha intentado tapar el Gobierno su "negligencia" ante la pandemia de coronavirus. En él asegura que el Ejecutivo de Sánchez ha reducido "a la mínima expresión" las medidas de protección para "ocultar su tardía y presuntamente negligente actuación a la hora de poner a disposición de los profesionales los equipos de protección necesarios para hacer frente de manera segura al Covid-19". El sindicato de enfermería atribuye a esta decisión al menos el 15% de los contagios y fallecidos entre los profesionales de este colectivo.