Destituciones, purgas disfrazadas de reestructuraciones, acusaciones de golpismo e insinuaciones sobre la existencia de una «policía patriótica que busca desestabilizar al Gobierno». Los ataques de los últimos días vertidos por el Gobierno contra la Guardia Civil han provocado un auténtico tsunami político y una enorme crisis en el seno de la Benemérita.
En democracia es obligada la depuración de responsabilidades por la negligente gestión de la crisis sanitaria y el Gobierno pretende levantar un dique de contención político y judicial ante la avalancha de querellas que se avecinan. Cualquier persona sensata puede entender que no es fácil plantar cara a esta pandemia y que, ante la grandeza del reto, resulta imposible no cometer errores. Bastaba con tener un poco de humildad y decir: “Teniendo la información que hoy tenemos, habríamos tomado otra decisión antes de las manifestaciones del 8-M”. No hacía falta mucho más.
Pero el Gobierno ha preferido lo contrario, especialmente en todo lo relacionado con el 8-M. Precisamente ahí, porque en esa fecha está la muestra más clara de su error más grave e irreparable. Moncloa llegó tarde. Hubo imprevisión. Hubo imprudencia. Guste o no guste, ese es el pecado original. Por negar ese yerro que no puede discutirse, Sánchez busca blindarse, a través del castigo y el escarmiento públicos, como aviso para todos aquellos que se atrevan a cuestionar la 'versión oficial' de los hechos (que hasta el 9 de marzo no sabían de la peligrosidad del coronavirus).
En democracia es obligada la depuración de responsabilidades por la negligente gestión de la crisis sanitaria y el Gobierno pretende levantar un dique de contención político y judicial ante la avalancha de querellas que se avecinan. Cualquier persona sensata puede entender que no es fácil plantar cara a esta pandemia y que, ante la grandeza del reto, resulta imposible no cometer errores. Bastaba con tener un poco de humildad y decir: “Teniendo la información que hoy tenemos, habríamos tomado otra decisión antes de las manifestaciones del 8-M”. No hacía falta mucho más.
Pero el Gobierno ha preferido lo contrario, especialmente en todo lo relacionado con el 8-M. Precisamente ahí, porque en esa fecha está la muestra más clara de su error más grave e irreparable. Moncloa llegó tarde. Hubo imprevisión. Hubo imprudencia. Guste o no guste, ese es el pecado original. Por negar ese yerro que no puede discutirse, Sánchez busca blindarse, a través del castigo y el escarmiento públicos, como aviso para todos aquellos que se atrevan a cuestionar la 'versión oficial' de los hechos (que hasta el 9 de marzo no sabían de la peligrosidad del coronavirus).
El primer damnificado ha sido el coronel de la Benemérita, Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido de manera fulminante el 25 de mayo. Al día siguiente dimitió el DAO Laurentino Ceña, y luego Marlaska echó por sus bemoles al número 3 de la Guardia Civil, el Jefe del Mando de Operaciones, teniente general Fernando Santafé (era el relevo natural de Ceña, pero será propuesto para ocupar un nuevo destino en la Dirección del Centro Universitario de la Guardia Civil).
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó el inesperado cese aduciendo "pérdida de confianza" y una "remodelación" del equipo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó el inesperado cese aduciendo "pérdida de confianza" y una "remodelación" del equipo.
¿El motivo real? Para entender la cacicada de esta destitución hay que detenerse en el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid. Su titular, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar, incurriendo en posible prevaricación, reuniones multitudinarias (entre ellas la manifestación del 8-M y otros 129 actos masivos más) cuando la OMS había recomendado ya su prohibición para prevenir el contagio masivo por coronavirus.
Para su investigación, la magistrada encargó a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a las órdenes de Pérez de los Cobos, las diligencias necesarias para determinar si cuando el Gobierno autorizó esos actos tenía ya conocimiento, a través de las alertas sanitarias, del riesgo que suponían para la salud pública.
Entre la documentación enviada al juzgado, hay datos que cuestionarían el papel del portavoz sanitario del Gobierno en la crisis, Fernando Simón; entre ellos, un documento firmado por él mismo días antes del 8-M, en el que desaconseja un evento de una iglesia evangelista por riesgo de propagación del virus, tras una reunión mantenida junto al ministro Salvador Illa y los representantes de dicha congregación. Y otro informe posterior, también firmado por él, en el que no pondría pegas para la manifestación feminista. Es más, en sus comparecencias públicas, Simón alentó a la gente a que acudiera masivamente al acto.
Lo más grave de todo es que Marlaska ha provocado un incendio en el seno de la Guardia Civil difícil de controlar. Al día siguiente de la destitución de De Los Cobos (el 26 de mayo) dimitió el director adjunto operativo (DAO), el general Laurentino Ceña, por sus desavenencias con Marlaska. El teniente general entendió el cese de Pérez de los Cobos como una injerencia del poder político en una actuación policial bajo batuta judicial. Ceña denunció en su carta de dimisión "una purga política marcada por el autoritarismo".
Por encima de él solo está la directora general, un cargo político que desempeña desde hace meses María Gámez. Y precisamente de ella depende, según Marlaska, evitar las filtraciones "antes de que las conozcan las partes" porque menoscaban el derecho de defensa y porque, incidió, se trata de un hecho delictivo.
A partir de aquí, se está produciendo un trasiego de informes y documentos en los medios de comunicación con enfoques muy dispares (ésta es la cronología completa del escándalo). Detonó la crisis una diligencia de la Guardia Civil fechada el 22 de mayo que acreditaba que Fernando Simón manejaba datos que evidenciaban la gravedad de la epidemia, al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer. También apuntalan los indicios contra José Manuel Franco por haber permitido las aglomeraciones, obviando las alertas del Gobierno autonómico madrileño y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales.
La versión de Interior es que se llamó a Pérez de los Cobos durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo para saber cómo se habían filtrado estas diligencias a los periodistas. El coronel y su entorno dicen que la intención de estas llamadas era saber de las pesquisas judiciales, algo prohibido por la juez. En el Ministerio sospechan que les ocultó deliberadamente la presentación del informe que afectaba al ministro Salvador Illa y al epidemiólogo Fernando Simón. Días después, ese documento acabó en todos los medios de comunicación, una vez fue notificado a las partes (incluso Interior tuvo acceso).
El martes 26 de mayo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el responsable de la cartera de Interior trató de desvincular el cese de De los Cobos de la investigación del 8-M, a pesar de que varios medios ya recogían la sospecha de que esas diligencias habían motivado su salida. En concreto, Marlaska atribuyó la destitución a una 'reestructuración de equipos'.
Marlaska mintió conscientemente para no incurrir en el delito que sabe que comete cualquier mando político que interfiere en una investigación judicial que afecta a su Gobierno. Lo peor para él es que esa mentira ha quedado violentamente a la intemperie y que la juez tiene ya prueba suficiente para proceder contra el ministro del Interior por coacción e inducción a la violación de secretos.
La versión de Interior, sin embargo, fue matizada cuando se hizo pública la nota secreta remitida por María Gámez a la Secretaría de Estado el 24 de mayo para justificar la destitución del coronel "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento", reza el escrito literalmente. El ministro negó en La Moncloa y dos veces en el Senado lo que este documento ahora ha revelado:
A partir de aquí, se está produciendo un trasiego de informes y documentos en los medios de comunicación con enfoques muy dispares (ésta es la cronología completa del escándalo). Detonó la crisis una diligencia de la Guardia Civil fechada el 22 de mayo que acreditaba que Fernando Simón manejaba datos que evidenciaban la gravedad de la epidemia, al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer. También apuntalan los indicios contra José Manuel Franco por haber permitido las aglomeraciones, obviando las alertas del Gobierno autonómico madrileño y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales.
La versión de Interior es que se llamó a Pérez de los Cobos durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo para saber cómo se habían filtrado estas diligencias a los periodistas. El coronel y su entorno dicen que la intención de estas llamadas era saber de las pesquisas judiciales, algo prohibido por la juez. En el Ministerio sospechan que les ocultó deliberadamente la presentación del informe que afectaba al ministro Salvador Illa y al epidemiólogo Fernando Simón. Días después, ese documento acabó en todos los medios de comunicación, una vez fue notificado a las partes (incluso Interior tuvo acceso).
El martes 26 de mayo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el responsable de la cartera de Interior trató de desvincular el cese de De los Cobos de la investigación del 8-M, a pesar de que varios medios ya recogían la sospecha de que esas diligencias habían motivado su salida. En concreto, Marlaska atribuyó la destitución a una 'reestructuración de equipos'.
Marlaska mintió conscientemente para no incurrir en el delito que sabe que comete cualquier mando político que interfiere en una investigación judicial que afecta a su Gobierno. Lo peor para él es que esa mentira ha quedado violentamente a la intemperie y que la juez tiene ya prueba suficiente para proceder contra el ministro del Interior por coacción e inducción a la violación de secretos.
La versión de Interior, sin embargo, fue matizada cuando se hizo pública la nota secreta remitida por María Gámez a la Secretaría de Estado el 24 de mayo para justificar la destitución del coronel "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento", reza el escrito literalmente. El ministro negó en La Moncloa y dos veces en el Senado lo que este documento ahora ha revelado:
No se trataba de una simple pérdida de confianza, ni tampoco de una reestructuración de los equipos en el instituto armado, como argüía al principio el ministro Fernando Grande-Marlaska, sino que, tal y como confirma este documento clasificado como 'secreto' se ha cesado a un coronel por no entregar al Gobierno un informe que la juez le había ordenado taxativamente que NO entregara. Tan simple como eso. Tan grave como eso. La directora de la Guardia Civil deberá ahora explicarse ante los jueces. No será la única. También tendrá que explicarse Marlaska como cabeza visible de ese “equipo de dirección del Ministerio del Interior” al que se refiere la nota.
Para justificarse, el departamento dirigido por Grande-Marlaska remitió un comunicado a los medios en el que añadía más información de la dada hasta el momento y, por lo tanto, modificaba sustancialmente la versión inicial.
"El cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando", decía el comunicado, que reconocía indirectamente la relación entre el informe de la investigación del 8-M y el cese, algo que no había pasado hasta el momento. Eso bordea la ilegalidad, como apuntan las asociaciones de jueces.
Esta nueva versión, por lo tanto, pone el foco en el conocimiento de las diligencias. Pero pasa por alto la instrucción dada por la juez del caso que exigía mantener la confidencialidad de sus actuaciones. Aquí Interior argumentó otra versión, la de que el coronel les mintió al ocultarles que había una operación en marcha.
Este es el resumen de las hazañas del ministro del Interior en las dos últimas semanas:
* Organizar una pelotera histórica en la Guardia Civil sin otra causa que un brote de histeria ministerial (¿o monclovita?), trufada de soberbia.
* Desafiar al poder judicial, algo muy propio de gobiernos populistas y de jueces en excedencia política.
* Mentir a las dos cámaras del Parlamento.
* Devolver al primer plano de la atención pública el asunto más vidrioso del Gobierno en relación con la pandemia, su gestión irresponsable del 8-M.
* Finalmente, permitir que se firme primero y se filtre después un papel estúpidamente autoinculpatorio. Todo ello, en medio de una crisis descomunal en el país.
Para las asociaciones de jueces, el cese de De Los Cobos supone una flagrante vulneración del principio de separación de poderes y refleja un intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar. Lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial.
Para justificarse, el departamento dirigido por Grande-Marlaska remitió un comunicado a los medios en el que añadía más información de la dada hasta el momento y, por lo tanto, modificaba sustancialmente la versión inicial.
"El cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando", decía el comunicado, que reconocía indirectamente la relación entre el informe de la investigación del 8-M y el cese, algo que no había pasado hasta el momento. Eso bordea la ilegalidad, como apuntan las asociaciones de jueces.
Esta nueva versión, por lo tanto, pone el foco en el conocimiento de las diligencias. Pero pasa por alto la instrucción dada por la juez del caso que exigía mantener la confidencialidad de sus actuaciones. Aquí Interior argumentó otra versión, la de que el coronel les mintió al ocultarles que había una operación en marcha.
Este es el resumen de las hazañas del ministro del Interior en las dos últimas semanas:
* Organizar una pelotera histórica en la Guardia Civil sin otra causa que un brote de histeria ministerial (¿o monclovita?), trufada de soberbia.
* Desafiar al poder judicial, algo muy propio de gobiernos populistas y de jueces en excedencia política.
* Mentir a las dos cámaras del Parlamento.
* Devolver al primer plano de la atención pública el asunto más vidrioso del Gobierno en relación con la pandemia, su gestión irresponsable del 8-M.
* Finalmente, permitir que se firme primero y se filtre después un papel estúpidamente autoinculpatorio. Todo ello, en medio de una crisis descomunal en el país.
Para las asociaciones de jueces, el cese de De Los Cobos supone una flagrante vulneración del principio de separación de poderes y refleja un intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar. Lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial.
Y añaden que la decisión del ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución como norma fundamental que nos hemos dado todos los españoles como salvaguarda de una convivencia pacífica. Para más Inri, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ¡es juez!
No se sabe qué resulta peor en el comportamiento de Grande-Marlaska: el desahogo con que ha pisoteado normas, procedimientos e instituciones que (él más que nadie) está obligado a proteger, el encadenamiento de embustes pueriles para explicar lo que no tiene explicación, o la exhibición de incompetencia política y de falta de profesionalidad en el atolondrado manejo de esta crisis dentro de la crisis.
Tan grande es la indignación en la Benemérita que al anunciar Marlaska la anhelada subida de sueldo del 20% que llevan años pidiendo, en vez de satisfacción, ha generado todavía más enfado. Y cabrear a alguien por subirle el sueldo tampoco es nada fácil. Como cortina de humo, estos 807 millones de euros en mejoras salariales no parecen estar funcionando mucho. La torpeza de convertir la defensa del Gobierno en la acusación paralela de que el mayor disparate es el informe en sí, es que quienes prefieren indignarse con los errores de los agentes tampoco entienden que el Ejecutivo los premie con una subida de sueldo mientras los desacredita.
Cómo estarán las cosas que hasta diez coroneles le dieron calabazas cuando se les propuso sustituir al purgado al frente de la Comandancia de Madrid. ¿Alguien se cree que si todo responde a un simple movimiento de reestructuración de equipos se procede, con nocturnidad y alevosía, a destituir a un coronel de la Guardia Civil sin tener ya un sustituto? Que diez coroneles hayan dicho «no» a Marlaska refleja el clima de indignación existente en los altos mandos de la Benemérita por el comportamiento indecente del ministro. Marlaska ha intentado desacreditar con falsedades manifiestas la recta actitud de un coronel que se negó a incumplir la ley.
Al final aceptó un tipo, el teniente coronel David Blanes, que era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche del 20 de enero, en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas y se reunió con el ministro José Luis Ábalos, a pesar de que a ella se le había prohibido pisar suelo español. Un teniente coronel que permitió que las 40 maletas que portaba Delcy, y que contenían "documentación sensible" que podría "comprometer la seguridad nacional" de España, salieran de nuestro país sin ningún control.
Ahora, el teniente coronel David Blanes, ha ordenado el clonado de los ordenadores de todos los agentes que trabajan en diligencias judicializadas, incluidas las del 8-M. El volcado de los dispositivos tiene supuestamente como objetivo rastrear la filtración de los atestados de la causa en la que se investiga la celebración de decenas de actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus. Sin embargo, esta maniobra va a permitir al mando de confianza de Interior conseguir una copia de todas las actuaciones efectuadas bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid y que afectaban al delegado del Gobierno en la comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. Si bien la instructora del caso del 8-M, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, ante las presiones de la Fiscalía, ha acabado por archivar el caso el 12 junio.
El clonado afecta a todos los mandos y agentes de Policía Judicial, sin excepciones. El proceso ha provocado estupefacción en la Guardia Civil; es la primera vez que se hace. El análisis no solo pone en riesgo la necesaria reserva sobre las diligencias del 8-M. Los agentes almacenan en sus ordenadores los expedientes de decenas de causas abiertas que afectan a delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, homicidios, robos, estafas y delitos de corrupción que podrían salpicar a cargos públicos, entre otros. Cualquier filtración del contenido de estos casos pondría en riesgo el éxito de las pesquisas y sembraría dudas sobre la legalidad del propio proceso de investigación.
Los ataques de los últimos días vertidos por el Gobierno contra la Guardia Civil han provocado la reacción de algunos mandos del Cuerpo. Desde la asociación Unión de Oficiales (UOGC) «la dialéctica circense de algunos de nuestros políticos» y el hecho de que «se están esgrimiendo discursos con el único fin de justificar su falta de moral, decencia y sentido de Estado» están situando en el centro de la diana el buen nombre de toda una Institución como la Guardia Civil.
Lástima que los mande un prevaricador sin honor, que está con los que se quieren cargar España y al Rey, que está contribuyendo a destruir el orden constitucional, que no cumple ni hace cumplir la ley sino todo lo contrario, y que quiere convertir la Guardia Civil en una suerte de mafia a su servicio.
No se sabe qué resulta peor en el comportamiento de Grande-Marlaska: el desahogo con que ha pisoteado normas, procedimientos e instituciones que (él más que nadie) está obligado a proteger, el encadenamiento de embustes pueriles para explicar lo que no tiene explicación, o la exhibición de incompetencia política y de falta de profesionalidad en el atolondrado manejo de esta crisis dentro de la crisis.
Tan grande es la indignación en la Benemérita que al anunciar Marlaska la anhelada subida de sueldo del 20% que llevan años pidiendo, en vez de satisfacción, ha generado todavía más enfado. Y cabrear a alguien por subirle el sueldo tampoco es nada fácil. Como cortina de humo, estos 807 millones de euros en mejoras salariales no parecen estar funcionando mucho. La torpeza de convertir la defensa del Gobierno en la acusación paralela de que el mayor disparate es el informe en sí, es que quienes prefieren indignarse con los errores de los agentes tampoco entienden que el Ejecutivo los premie con una subida de sueldo mientras los desacredita.
Cómo estarán las cosas que hasta diez coroneles le dieron calabazas cuando se les propuso sustituir al purgado al frente de la Comandancia de Madrid. ¿Alguien se cree que si todo responde a un simple movimiento de reestructuración de equipos se procede, con nocturnidad y alevosía, a destituir a un coronel de la Guardia Civil sin tener ya un sustituto? Que diez coroneles hayan dicho «no» a Marlaska refleja el clima de indignación existente en los altos mandos de la Benemérita por el comportamiento indecente del ministro. Marlaska ha intentado desacreditar con falsedades manifiestas la recta actitud de un coronel que se negó a incumplir la ley.
Al final aceptó un tipo, el teniente coronel David Blanes, que era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche del 20 de enero, en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas y se reunió con el ministro José Luis Ábalos, a pesar de que a ella se le había prohibido pisar suelo español. Un teniente coronel que permitió que las 40 maletas que portaba Delcy, y que contenían "documentación sensible" que podría "comprometer la seguridad nacional" de España, salieran de nuestro país sin ningún control.
Ahora, el teniente coronel David Blanes, ha ordenado el clonado de los ordenadores de todos los agentes que trabajan en diligencias judicializadas, incluidas las del 8-M. El volcado de los dispositivos tiene supuestamente como objetivo rastrear la filtración de los atestados de la causa en la que se investiga la celebración de decenas de actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus. Sin embargo, esta maniobra va a permitir al mando de confianza de Interior conseguir una copia de todas las actuaciones efectuadas bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid y que afectaban al delegado del Gobierno en la comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. Si bien la instructora del caso del 8-M, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, ante las presiones de la Fiscalía, ha acabado por archivar el caso el 12 junio.
El clonado afecta a todos los mandos y agentes de Policía Judicial, sin excepciones. El proceso ha provocado estupefacción en la Guardia Civil; es la primera vez que se hace. El análisis no solo pone en riesgo la necesaria reserva sobre las diligencias del 8-M. Los agentes almacenan en sus ordenadores los expedientes de decenas de causas abiertas que afectan a delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, homicidios, robos, estafas y delitos de corrupción que podrían salpicar a cargos públicos, entre otros. Cualquier filtración del contenido de estos casos pondría en riesgo el éxito de las pesquisas y sembraría dudas sobre la legalidad del propio proceso de investigación.
Los ataques de los últimos días vertidos por el Gobierno contra la Guardia Civil han provocado la reacción de algunos mandos del Cuerpo. Desde la asociación Unión de Oficiales (UOGC) «la dialéctica circense de algunos de nuestros políticos» y el hecho de que «se están esgrimiendo discursos con el único fin de justificar su falta de moral, decencia y sentido de Estado» están situando en el centro de la diana el buen nombre de toda una Institución como la Guardia Civil.
Lástima que los mande un prevaricador sin honor, que está con los que se quieren cargar España y al Rey, que está contribuyendo a destruir el orden constitucional, que no cumple ni hace cumplir la ley sino todo lo contrario, y que quiere convertir la Guardia Civil en una suerte de mafia a su servicio.
¿Una policía patriótica?
Primera semana de junio. Del errático silencio y medias verdades que había mantenido Interior, el presidente Sánchez ha pasado al ataque contra el mando destituido. Le ubica en una presunta 'policía patriótica' contra cuyos miembros estaría luchando el ministro Grande Marlaska a costa de sufrir juego sucio. Una mentira más del gobierno del bulo; basta echar mano de la hemeroteca para descubrir al presidente Sánchez decir lo contrario hace algo más de un año en una entrevista concedida a La Sexta: "esa mal llamada 'policía patriótica' desapareció en cuanto entramos en el Gobierno de España". ¿En qué quedamos entonces?
No importa. Al gobierno de Sánchez sólo le conviene que la política siga instalada en la bronca de la más baja ralea y que nadie debata sobre lo esencial: la negligente gestión realizada en una crisis, de la que ni siquiera se sabe ya el número de muertos. A estas alturas, es ya ocioso debatir la causalidad directa entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y el procedimiento judicial sobre el 8-M. La purga en sí misma y la forma de ejecutarla fueron a la vez antijurídicas y antipolíticas.
La «Policía patriótica» (según la teoría conspiranoica del líder de Podemos y que ahora hace suya Pedro Sánchez) se refiere a la supuesta presencia de grupos policiales al servicio de la derecha y en contra del Gobierno. Es decir, elementos golpistas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que la destitución de Pérez de los Cobos se enmarque, según la falsaria declaración de Sánchez, en los intentos del Gobierno de limpiar la Guardia Civil de esa supuesta «Policía patriótica» significa acusar a un coronel de la Guardia Civil de impecable trayectoria de un delito gravísimo. No cabe mayor indecencia ni mayor ignominia.
A Pérez de los Cobos corresponderá defenderse como crea conveniente de la bajuna insinuación del presidente (ya ha recurrido a Interior su cese como Jefe de la Comandancia de Madrid y ahora la Fiscalía pide al Supremo que no admita las querellas contra Marlaska por el cese). Pero desde un punto de vista estrictamente político, lo que ha dicho Sánchez no tiene perdón. El socialcomunismo ha cruzado un peligrosísimo umbral: ha acusado a la mismísima Guardia Civil de incumplir su papel de garante de las libertades y convertirse en una «Policía patriótica» al servicio de espurios intereses. ¿Se cree el ladrón que todos son de su condición?
El presidente del Gobierno de España acusando a sectores de la Benemérita de estar promoviendo una suerte de golpe de Estado. Y todo para cubrir a un ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que se ha revelado como un mentiroso contumaz, un conspicuo cercenador de derechos y libertades, y ya veremos si un prevaricador.
Este intento del Gobierno de controlarlo todo solo se puede entender desde la excepcionalidad del momento que estamos viviendo y por esa sensación de poder absoluto que exudan estos tiempos del covid-19 para quien ostenta el mando único. Resulta complicado separar este intento de politizar la Benemérita y ponerla al servicio del Gobierno de la campaña de acoso de Pablo Iglesias al poder judicial, o del nombramiento (a dedo) de la ex-ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado.
Tampoco se pueden obviar los últimos nombramientos a dedo realizados por Marlaska en la Guardia Civil, rompiendo con el tradicional sistema de ascensos en la cúpula del instituto armado, que hasta el momento se había hecho sin intervención política alguna, de forma natural, según los criterios de escalafón y antigüedad.
No importa. Al gobierno de Sánchez sólo le conviene que la política siga instalada en la bronca de la más baja ralea y que nadie debata sobre lo esencial: la negligente gestión realizada en una crisis, de la que ni siquiera se sabe ya el número de muertos. A estas alturas, es ya ocioso debatir la causalidad directa entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y el procedimiento judicial sobre el 8-M. La purga en sí misma y la forma de ejecutarla fueron a la vez antijurídicas y antipolíticas.
La «Policía patriótica» (según la teoría conspiranoica del líder de Podemos y que ahora hace suya Pedro Sánchez) se refiere a la supuesta presencia de grupos policiales al servicio de la derecha y en contra del Gobierno. Es decir, elementos golpistas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que la destitución de Pérez de los Cobos se enmarque, según la falsaria declaración de Sánchez, en los intentos del Gobierno de limpiar la Guardia Civil de esa supuesta «Policía patriótica» significa acusar a un coronel de la Guardia Civil de impecable trayectoria de un delito gravísimo. No cabe mayor indecencia ni mayor ignominia.
A Pérez de los Cobos corresponderá defenderse como crea conveniente de la bajuna insinuación del presidente (ya ha recurrido a Interior su cese como Jefe de la Comandancia de Madrid y ahora la Fiscalía pide al Supremo que no admita las querellas contra Marlaska por el cese). Pero desde un punto de vista estrictamente político, lo que ha dicho Sánchez no tiene perdón. El socialcomunismo ha cruzado un peligrosísimo umbral: ha acusado a la mismísima Guardia Civil de incumplir su papel de garante de las libertades y convertirse en una «Policía patriótica» al servicio de espurios intereses. ¿Se cree el ladrón que todos son de su condición?
El presidente del Gobierno de España acusando a sectores de la Benemérita de estar promoviendo una suerte de golpe de Estado. Y todo para cubrir a un ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que se ha revelado como un mentiroso contumaz, un conspicuo cercenador de derechos y libertades, y ya veremos si un prevaricador.
Este intento del Gobierno de controlarlo todo solo se puede entender desde la excepcionalidad del momento que estamos viviendo y por esa sensación de poder absoluto que exudan estos tiempos del covid-19 para quien ostenta el mando único. Resulta complicado separar este intento de politizar la Benemérita y ponerla al servicio del Gobierno de la campaña de acoso de Pablo Iglesias al poder judicial, o del nombramiento (a dedo) de la ex-ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado.
Tampoco se pueden obviar los últimos nombramientos a dedo realizados por Marlaska en la Guardia Civil, rompiendo con el tradicional sistema de ascensos en la cúpula del instituto armado, que hasta el momento se había hecho sin intervención política alguna, de forma natural, según los criterios de escalafón y antigüedad.
La prevaricación de Marlaska
Una democracia se corrompe cuando sus ciudadanos se acostumbran a que su Gobierno les mienta. Dos años de sanchismo después, el Ejecutivo encadena escándalos políticos que erosionan la separación de poderes, alientan la polarización social desde posiciones de poder, colonizan cada institución del Estado en favor del partido de Gobierno reducido a agencia de colocación, y empujan en suma a la democracia constitucional alumbrada ejemplarmente en 1978 por la pendiente populista de los regímenes iliberales. De ese proceso de degradación es emblema ya la triste trayectoria de Fernando Grande-Marlaska.
Así como lo peor que puede hacer un médico es romper su juramento hipocrático y lo más malvado que puede protagonizar un policía es la falsificación de pruebas para empurar a una persona inocente, el acto más abyecto que se presume en un magistrado de carrera es la prevaricación. Que no es otra cosa que dictar una resolución injusta a sabiendas.
Pues bien, Fernando Grande-Marlaska prevarica como si no hubiera un mañana, como si le produjera un placer semejante al de un orgasmo. ¿O acaso no incurre en este tipo penal al ordenar al jefe de una investigación judicial que le revele detalles de la misma? ¿No es otro ilícito penal inducir a un funcionario a cometer un delito de revelación de secretos?
Con la destitución de Pérez de los Cobos para intentar salvar a Simón y a Franco, Marlaska ha cruzado una línea roja: interferir en una investigación judicial en marcha que exigía de Pérez de los Cobos lealtad únicamente al juez, nunca al ministro. Es más, la instructora había reclamado a los agentes máxima confidencialidad en sus pesquisas sobre las manifestaciones del 8-M. Marlaska termina de enterrar su antiguo crédito supeditándolo a la protección de Sánchez, y envía una turbia advertencia sobre el destino que espera a quienes colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de la nefasta actuación gubernamental. Un hito más en la degeneración institucional del sanchismo.
Sucede que aquí la realidad documentada supera a la ficción. Primero, un ministro del Gobierno de España ha dado una orden ilegal a un subordinado. Después, ha cesado al coronel por cumplir con su deber y por no cumplir con una orden ilegal. Finalmente, ha mentido en sede parlamentaria al negar que el relevo tuviera que ver con esa orden sobre el informe de investigación que afectaba directamente al Gobierno. Cualquiera de los pasos anteriores es motivo para el cese inmediato; aquí tenemos los tres juntos, pero ni hay dimisión ni habrá cese.
Prevaricación sobre prevaricación = prevaricación al cuadrado. ¿No entra dentro de este tipo penal la orden dada a la Guardia Civil de perseguir en redes sociales a “los desafectos al Gobierno”? Una orden más propia de un régimen dictatorial que de uno democrático. Eso de emplear medios policiales para escudriñar lo que opina la gente es una de las características de cualquier dictadura que se precie.
Prevaricación sobre prevaricación sobre prevaricación = prevaricación al cubo. No menos impresentable fue la decisión de este miserable de perseguir las caceroladas contra el Gobierno mientras hacía la vista gorda en una concentración en Pamplona para pedir la excarcelación de un etarra condenado por delitos de sangre. Eso de enviar más antidisturbios a la calle de Núñez de Balboa (Madrid) para impedir que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente contra este gobierno inepto, o enviarlos a blindar el casoplón de Galapagar del vicepresidente Iglesias, demuestra la persecución política de este Gobierno totalitario a los que no piensan como él. Lo mismito, por cierto, que hacía su odiado Franco. Ver cómo instan a la Policía a multar por manifestarse en la calle contra los socialcomunistas o identificar todos los días a una familia por portar una bandera a modo de pancarta con el lema “¡Gobierno dimisión!” es inconcebible en la España constitucional.
Por no hablar del millón de sanciones impuestas por este mariscal político de tres al cuarto durante la pandemia en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que sus compañeros de Gabinete denominaban Ley Mordaza. ¡Menos mal que era una fascistada del PP! Un dato lo dice todo: en tres meses se han puesto más sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del Interior del PP en sus últimos cuatro años. Esto no sé si es un acto prevaricador (desde luego lo parece) pero sí lo es, a todas luces, inconstitucional.
Pero es que además, Fernando Grande-Marlaska ha acelerado el ritmo y ha querido de un plumazo dar la vuelta a su ministerio. De momento está en la fase de la cúpula de la seguridad, pero también quiere llevar a cabo una purga en el segundo nivel, en el de los responsables operativos de los diferentes cuerpos. Y todos los ojos se han dirigido inmediatamente a la Guardia Civil, porque ha ofrecido a ERC la purga de la cúpula de la Benemérita. Quiere mandos que no se hayan posicionado pública u operativamente con dureza contra el procés independentista, mandos que "no molesten demasiado" entre los socios de legislatura de Gobierno.
Marlaska es un ministro inicuo que no debe permanecer un solo día más en su puesto. Cada minuto que se aferra a una cartera especialmente delicada es un insulto a los ciudadanos. Ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos contra el adversario político, ha monitorizado las redes para perseguir la discrepancia, ha mentido para protegerse del efecto penal de sus presuntos delitos. Debe irse ya. Sin dilación. Pero eso no va a ocurrir. El 26 de junio, Marlaska consiguió superar el trámite de reprobación que había impulsado el PP contra él; la votación del Congreso se saldó con 151 votos a favor de la reprobación, frente a 167 en contra y 29 abstenciones.
Porque si los abusos de poder se saldan con el olvido, y a cada escándalo le suceden nuevos escándalos olvidables, la impunidad será norma y la democracia estará amenazada.
Pues bien, Fernando Grande-Marlaska prevarica como si no hubiera un mañana, como si le produjera un placer semejante al de un orgasmo. ¿O acaso no incurre en este tipo penal al ordenar al jefe de una investigación judicial que le revele detalles de la misma? ¿No es otro ilícito penal inducir a un funcionario a cometer un delito de revelación de secretos?
Con la destitución de Pérez de los Cobos para intentar salvar a Simón y a Franco, Marlaska ha cruzado una línea roja: interferir en una investigación judicial en marcha que exigía de Pérez de los Cobos lealtad únicamente al juez, nunca al ministro. Es más, la instructora había reclamado a los agentes máxima confidencialidad en sus pesquisas sobre las manifestaciones del 8-M. Marlaska termina de enterrar su antiguo crédito supeditándolo a la protección de Sánchez, y envía una turbia advertencia sobre el destino que espera a quienes colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de la nefasta actuación gubernamental. Un hito más en la degeneración institucional del sanchismo.
Sucede que aquí la realidad documentada supera a la ficción. Primero, un ministro del Gobierno de España ha dado una orden ilegal a un subordinado. Después, ha cesado al coronel por cumplir con su deber y por no cumplir con una orden ilegal. Finalmente, ha mentido en sede parlamentaria al negar que el relevo tuviera que ver con esa orden sobre el informe de investigación que afectaba directamente al Gobierno. Cualquiera de los pasos anteriores es motivo para el cese inmediato; aquí tenemos los tres juntos, pero ni hay dimisión ni habrá cese.
Prevaricación sobre prevaricación = prevaricación al cuadrado. ¿No entra dentro de este tipo penal la orden dada a la Guardia Civil de perseguir en redes sociales a “los desafectos al Gobierno”? Una orden más propia de un régimen dictatorial que de uno democrático. Eso de emplear medios policiales para escudriñar lo que opina la gente es una de las características de cualquier dictadura que se precie.
Prevaricación sobre prevaricación sobre prevaricación = prevaricación al cubo. No menos impresentable fue la decisión de este miserable de perseguir las caceroladas contra el Gobierno mientras hacía la vista gorda en una concentración en Pamplona para pedir la excarcelación de un etarra condenado por delitos de sangre. Eso de enviar más antidisturbios a la calle de Núñez de Balboa (Madrid) para impedir que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente contra este gobierno inepto, o enviarlos a blindar el casoplón de Galapagar del vicepresidente Iglesias, demuestra la persecución política de este Gobierno totalitario a los que no piensan como él. Lo mismito, por cierto, que hacía su odiado Franco. Ver cómo instan a la Policía a multar por manifestarse en la calle contra los socialcomunistas o identificar todos los días a una familia por portar una bandera a modo de pancarta con el lema “¡Gobierno dimisión!” es inconcebible en la España constitucional.
Por no hablar del millón de sanciones impuestas por este mariscal político de tres al cuarto durante la pandemia en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que sus compañeros de Gabinete denominaban Ley Mordaza. ¡Menos mal que era una fascistada del PP! Un dato lo dice todo: en tres meses se han puesto más sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del Interior del PP en sus últimos cuatro años. Esto no sé si es un acto prevaricador (desde luego lo parece) pero sí lo es, a todas luces, inconstitucional.
Pero es que además, Fernando Grande-Marlaska ha acelerado el ritmo y ha querido de un plumazo dar la vuelta a su ministerio. De momento está en la fase de la cúpula de la seguridad, pero también quiere llevar a cabo una purga en el segundo nivel, en el de los responsables operativos de los diferentes cuerpos. Y todos los ojos se han dirigido inmediatamente a la Guardia Civil, porque ha ofrecido a ERC la purga de la cúpula de la Benemérita. Quiere mandos que no se hayan posicionado pública u operativamente con dureza contra el procés independentista, mandos que "no molesten demasiado" entre los socios de legislatura de Gobierno.
Marlaska es un ministro inicuo que no debe permanecer un solo día más en su puesto. Cada minuto que se aferra a una cartera especialmente delicada es un insulto a los ciudadanos. Ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos contra el adversario político, ha monitorizado las redes para perseguir la discrepancia, ha mentido para protegerse del efecto penal de sus presuntos delitos. Debe irse ya. Sin dilación. Pero eso no va a ocurrir. El 26 de junio, Marlaska consiguió superar el trámite de reprobación que había impulsado el PP contra él; la votación del Congreso se saldó con 151 votos a favor de la reprobación, frente a 167 en contra y 29 abstenciones.
Porque si los abusos de poder se saldan con el olvido, y a cada escándalo le suceden nuevos escándalos olvidables, la impunidad será norma y la democracia estará amenazada.