La ineptitud del gobierno socialcomunista en la gestión de la crisis de la pandemia por coronavirus les va a pasar factura. Y ojalá, por una vez, se haga justicia. Aunque seguramente todos nuestros políticos y ministros, con Sánchez e Iglesias a la cabeza, se vayan de rositas.
No sería de extrañar, ya que España es el único país europeo donde los jueces del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial son nombrados a dedo, sin un verdadero concurso de méritos y por decisión casi directa del poder político, por lo que su imparcialidad deja mucho que desear. Porque a la justicia se llega por una dura oposición pero a la cúpula de la justicia, NO.
Este control de la política sobre la justicia es, sin duda, el talón de Aquiles de la separación de poderes en España y la razón que explica la enorme falta de confianza en la independencia judicial por parte de la ciudadanía española.
Aún así hay quien no pierde la esperanza en dar con algún juez que actúe con honradez, independencia y profesionalidad, e imparta la verdadera justicia. Una justicia veraz, sin adjetivos, sin estar influenciada por el color político, que juzgue con objetividad los hechos. Y los hechos consumados en la nefasta gestión de esta crisis hablan por sí mismos.
Particulares que recurren al Tribunal Supremo la restricción de derechos fundamentales durante el estado de alarma, abogados que promueven querellas por prevaricación para que se investigue si hubo delito al permitir concentraciones multitudinarias hasta mediados de marzo, colectivos profesionales que han visto pasar el virus como un huracán antes siquiera de tener una mascarilla o que se pensaban protegidos por un material defectuoso. Familiares de residentes en geriátricos que han fallecido en condiciones cuestionables y de pacientes que no salieron adelante.
A medio plazo, el Estado va a afrontar reclamaciones millonarias de responsabilidad patrimonial por la gestión de quienes ahora gobiernan la lucha contra la pandemia de coronavirus. Que prosperen o no, dependerá del caso y de cómo interpretan los tribunales la excepcionalidad sobrevenida con la crisis.
Actualización 2 de julio: El Gobierno acumula ya 36 denuncias y 15 querellas. El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de todas las demandas; una vez reciba el informe (para el cual no ha fijado fecha) la Sala decidirá sobre la admisión o inadmisión, ya que el presidente del Gobierno y sus ministros son aforados del Alto Tribunal.
Actualización 15 septiembre: La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito en la gestión que ha desplegado el Gobierno de la pandemia de coronavirus y así lo ha expresado en un informe de más de 300 páginas que pide a la Sala Segunda de lo Penal que inadmita una veintena de querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por delitos como prevaricación, homicidio imprudente, lesiones o contra los derechos de los trabajadores.
Sánchez y su Gobierno son ya una especie protegida a los ojos de la Fiscalía más politizada y menos independiente que ha existido en democracia. De hecho, la estética de su designación es un deshonor democrático, y su nombramiento se mantiene impugnado con criterios jurídicos objetivos ante el TS, que algún día tendrá a bien pronunciarse al respecto. Mientras tanto, Dolores Delgado seguirá haciendo y deshaciendo a su antojo con su control sobre la Fiscalía.
Actualización 2 de julio: El Gobierno acumula ya 36 denuncias y 15 querellas. El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de todas las demandas; una vez reciba el informe (para el cual no ha fijado fecha) la Sala decidirá sobre la admisión o inadmisión, ya que el presidente del Gobierno y sus ministros son aforados del Alto Tribunal.
Actualización 15 septiembre: La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito en la gestión que ha desplegado el Gobierno de la pandemia de coronavirus y así lo ha expresado en un informe de más de 300 páginas que pide a la Sala Segunda de lo Penal que inadmita una veintena de querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por delitos como prevaricación, homicidio imprudente, lesiones o contra los derechos de los trabajadores.
Sánchez y su Gobierno son ya una especie protegida a los ojos de la Fiscalía más politizada y menos independiente que ha existido en democracia. De hecho, la estética de su designación es un deshonor democrático, y su nombramiento se mantiene impugnado con criterios jurídicos objetivos ante el TS, que algún día tendrá a bien pronunciarse al respecto. Mientras tanto, Dolores Delgado seguirá haciendo y deshaciendo a su antojo con su control sobre la Fiscalía.
Al gobierno socialcomunista ya le han empezado a llover una gran avalancha de querellas y demandas judiciales. Éstas son algunas:
1. Denuncian ante el Supremo a Pedro Sánchez por un supuesto delito contra los derechos individuales
El presidente del Gobierno ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por (supuestamente) haber incurrido en un delito contra los derechos individuales. A juicio del demandante, tras decretar el estado de alarma el 14 de marzo se habría extralimitado en las medidas adoptadas, como la "suspensión del derecho a la libre circulación", lo que conllevaría una responsabilidad penal, al amparo del artículo 542 del Código Penal.
Según consta en la denuncia penal presentada por el abogado Antonio Cortes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el artículo 19 de la Constitución establece que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, y considera que ésto solo puede suspenderse cuando se acuerde la declaración de estado de sitio o de excepción.
Además, el abogado recuerda en su escrito que en la actualidad no solo está suspendido el derecho a la libre circulación y a la entrada y salida del territorio nacional, sino que además el propio Gobierno ha adoptado "medidas que implican que un empresario no pueda despedir a un trabajador, atentando al principio de libertad empresarial".
A esto suma que tampoco se permite "que un arrendador pueda desahuciar a su arrendatario" o que queda cercenado "el derecho de reunión y de manifestación que en realidad, aunque no lo exprese el Real Decreto que regula el estado de alarma, se encuentran suspendidos por no poder ser ejercitados".
Esto podría suponer un posible delito previsto en el artículo 542 del Código Penal, delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, y pide que declare como investigado. "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a 4 años, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución y las leyes", recuerda el abogado.
Por todo esto, el denunciante pide al Tribunal Supremo que emplace al presidente del Gobierno a declarar en calidad de investigado y sugiere que la Sala eleve la cuestión al Tribunal Constitucional (TC) dado que el acuerdo del estado de alarma "pudiera ser contrario" a la Carta Magna.
VOX también ha presentado varias querellas ante el Supremo contra los decretos del estado de alarma, y de momento, han sido admitidos a trámite.
VOX también ha presentado varias querellas ante el Supremo contra los decretos del estado de alarma, y de momento, han sido admitidos a trámite.
2. Macroquerella contra Sánchez y sus ministros por homicidio imprudente
Once abogados de toda España (de la plataforma El Día Después), en representación de 116 familias (a las que se unirán muchas más) de 3.274 fallecidos por coronavirus, han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera), y los 18 ministros del Ejecutivo por un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave.
Según la demanda, Sánchez y sus 22 ministros serían "presuntos responsables, criminalmente, de sendos delitos de homicidio por imprudencia grave (pena de cárcel de 1 a 4 años y en su grado superior de 4 a 6 años por cada homicidio) de los artículos 142.1 y 142 bis del Código Penal, al haber permitido, por acción o por omisión, que la extensión de la pandemia y el virus Covid-19 acabara con la vida de los familiares a los que representa la plataforma.
Se incide en la querella en que incumplieron sus obligaciones como órgano colegiado «por la tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del coronavirus y añaden que "resulta inconcebible que, en apenas una semana, tan sólo 6 días después del 8-M, se pasara de poder hacer una vida normal, sin ningún tipo de restricciones, a la declaración del estado de alarma que incluye una situación extrema de confinamiento de la población en sus casas, con prohibición de desplazamientos excepto para determinadas actividades calificadas como esenciales y con medidas muy restrictivas y de exhaustivo control policial".
La extensión de la pandemia se debe, según la querella, ni más ni menos, que a la irresponsable y negligente inacción ante una pandemia anunciada, y a la actuación tardía y nefasta de los querellados en la gestión de esta crisis sanitaria que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y órdenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus.
Y añade que "se ha utilizado esta epidemia para gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario de utilización en el diagnóstico de la enfermedad (test), material de prevención de contagio y protección de las personas implicadas (mascarillas), favoreciendo presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el gobierno o los partidos políticos, anteponiendo no solo la ideología política sino también el ánimo de lucro a la salvación de vidas humanas".
Para unirse a dicha querella, los afectados pueden enviar un correo electrónico a la dirección victimas@despues.info
Actualización 19 de mayo: El Gobierno pide archivar la causa penal en su contra por permitir el 8-M. El Ejecutivo se opone en apelación y reforma —a través de la Abogacía del Estado— al auto en el que la magistrada daba inicio al procedimiento y abría diligencias previas respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco (el único sobre el que tiene competencia) por los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al autorizar las manifestaciones multitudinarias del 8-M. Dicho y hecho. Caso archivado.
Actualización 5 de junio: Una juez de Teruel acaba de condenar a la Administración por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus. Responsabiliza directamente a las autoridades de «pasividad», de conocer el riesgo desde enero y no haber actuado en consecuencia, y -con ello- de haber vulnerado el derecho a la vida que protege la Constitución.
Actualización 5 de junio: Una juez de Teruel acaba de condenar a la Administración por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus. Responsabiliza directamente a las autoridades de «pasividad», de conocer el riesgo desde enero y no haber actuado en consecuencia, y -con ello- de haber vulnerado el derecho a la vida que protege la Constitución.
3. Demanda en el Supremo contra Illa por regular de forma encubierta el derecho de reunión
La Orden de Sanidad el 9 de mayo para la «flexibilización» de las medidas de confinamiento de los españoles en las zonas que haya entrado en la Fase 1 regula de manera encubierta el derecho fundamental de reunión que sólo puede restringirse por ley orgánica, según el querellante Curro Nicolau.
Este abogado ya había presentado otra querella ante el Tribunal Supremo en la que argumentaba que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba adoptando bajo la cobertura del estado de alarma medidas propias del "estado de excepción" por limitar el derecho fundamental a la libertad individual y el de libre circulación por el territorio nacional, y ahora lo amplía con el derecho de reunión. [Aquí está la documentación completa que ha presentado Nicolau]
Asimismo, los 52 diputados de Vox han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los decretos de estado de alarma aprobados por la pandemia de coronavirus, ya que consideran que hay restricciones de ciertas libertades que no están previstas en la Carta Magna y que otras suspensiones dictadas por el Gobierno sólo cabrían en la fórmula de estado de excepción. Acusan al gobierno de aprovechar el "arresto domiciliario para cercenar libertades públicas que muy poco tienen que ver con la lucha contra el coronavirus".
Vox también menciona en su recurso al TC la suspensión de ceremonias fúnebres, lo que consideran una restricción de la libertad religiosa y añaden que "la posibilidad de despedir a los seres queridos a través del rito de la religión que integre el núcleo de las creencias más íntimas de la persona constituye no sólo un derecho fundamental, sino una de las más elementales manifestaciones de la dignidad humana a la que alude el artículo 10.1 de la Constitución como fundamento del orden político y social".
El estado de alarma no puede conllevar la suspensión de derechos fundamentales, sino, en su caso, las limitaciones concretas que se deriven de las medidas tomadas, y que no deberían poder afectar en ningún caso al núcleo de ningún derecho fundamental establecido en el artículo 19 de la Carta Magna. Ni siquiera el ministro de Sanidad, como autoridad competente, puede intervenir el derecho de reunión. Salvador Illa «no tiene la competencia delegada para poder establecer restricciones o limitaciones al derecho de reunión en cuanto al número de personas que pueden reunirse y los lugares donde pueden hacerlo», dice el abogado Curro Nicolau.
«Lo que a nuestro juicio el Tribunal Supremo no puede permitir, es que se utilice la declaración de alarma, y se apliquen unas medidas propias de un estado de excepción o sitio, impidiendo el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades, sin un horizonte temporal, como si estuviéramos en un estado totalitario», denuncia Nicolau. «Existe una absoluta falta de transparencia y rigor por parte del poder ejecutivo actuante», subraya.
La futura sentencia tendrá que fijar claramente «los límites de las facultades constitucionales que ampara el estado de alarma» para la defensa y protección de los derechos fundamentales de todos los españoles, con independencia del Gobierno de turno. Pero el Supremo rechaza revisar el decreto del estado de alarma, y pasa la pelota al Tribunal Constitucional.
4. El Consejo de Enfermería se querella contra Sánchez por un delito contra la seguridad de los trabajadores
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno socialcomunista y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento (entre ellos Fernando Simón, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral), por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
Denuncian la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.
La querella explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha, con prevención, las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física». La pena por este delito es de prisión de 6 meses a 3 años, y multa de 6 a 12 meses.
También se imputan en la querella otros delitos, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos.
La Asociación Justicia por la Sanidad denuncia a Salvador Illa por un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal, por su actuación en la crisis del Covid-19. Cualquier sanitario puede unirse a la causa.
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha admitido la petición realizada el pasado mes de mayo por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) sobre la falta de equipos de protección individual (EPIs) que existía en los hospitales españoles para hacer frente al coronavirus. La Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre su denuncia, que pasa por investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno y los responsables sanitarios autonómicos respecto a las medidas urgentes que adoptaron para minimizar el número de contagios provocado por la Covid-19, contener la propagación del virus y reforzar el sistema de salud pública con la dotación de recursos humanos y materiales apropiados durante la crisis sanitaria para garantizar la protección de los profesionales sanitarios.
La Asociación Justicia por la Sanidad denuncia a Salvador Illa por un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal, por su actuación en la crisis del Covid-19. Cualquier sanitario puede unirse a la causa.
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha admitido la petición realizada el pasado mes de mayo por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) sobre la falta de equipos de protección individual (EPIs) que existía en los hospitales españoles para hacer frente al coronavirus. La Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre su denuncia, que pasa por investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno y los responsables sanitarios autonómicos respecto a las medidas urgentes que adoptaron para minimizar el número de contagios provocado por la Covid-19, contener la propagación del virus y reforzar el sistema de salud pública con la dotación de recursos humanos y materiales apropiados durante la crisis sanitaria para garantizar la protección de los profesionales sanitarios.
5. El Colegio de Médicos se personará como acusación en casos de contagio por mascarillas defectuosas
La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) se ha querellado ante el Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el lote de mascarillas defectuoso que se repartió entre los sanitarios y por no haber sumnisitrado EPI a los sanitarios (vulnerando el derecho a la integridad física del personal sanitario recogido en el artículo 15 de la Constitución). Por el momento, esta organización consiguió el 20 de abril que la Sala de lo Contencioso obligue al ministerio a dar cuentas quincenalmente de qué equipamiento consigue y cómo lo reparte entre los sanitarios.
La Fiscalía del Tribunal Supremo no considera que existan argumentos suficientes en la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para acusar al Gobierno de "inactividad" a la hora de dotar de Equipos de Protección Individual (EPI) a los sanitarios para luchar contra la pandemia. El Ministerio Público no pide el archivo total del caso y se muestra favorable a la continuación del procedimiento para obtener una resolución de fondo.
"Este Ministerio entiende que, no es posible hallar en este momento procesal acreditación bastante de que esa situación se deba, de manera objetiva, primordial y determinante, en acreditada relación de causa-efecto, a un concreto e identificable incumplimiento (o incumplimientos) por la Administración de su obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales para combatir la epidemia de covid-19".
La Fiscalía del Tribunal Supremo no considera que existan argumentos suficientes en la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para acusar al Gobierno de "inactividad" a la hora de dotar de Equipos de Protección Individual (EPI) a los sanitarios para luchar contra la pandemia. El Ministerio Público no pide el archivo total del caso y se muestra favorable a la continuación del procedimiento para obtener una resolución de fondo.
"Este Ministerio entiende que, no es posible hallar en este momento procesal acreditación bastante de que esa situación se deba, de manera objetiva, primordial y determinante, en acreditada relación de causa-efecto, a un concreto e identificable incumplimiento (o incumplimientos) por la Administración de su obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales para combatir la epidemia de covid-19".
Asimismo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se personará como acusación particular en todos los casos en los que un sanitario se haya contagiado por coronavirus por el uso de mascarillas defectuosas. Serafín Romero, presidente de este organismo, ha asegurado que llevan denunciando desde el origen de pandemia la falta de material de seguridad en hospitales y resto de centros sanitarios. La protección que ha ofrecido el estado de alarma ha acabado convirtiéndose en una ruleta rusa de los contagios, porque aunque se les facilitaban medios para evitar contraer la enfermedad, muchos estaban defectuosos y resultaban ineficaces. En Cádiz, por ejemplo, hay más sanitarios enfermos que pacientes civiles.
El índice de sanitarios contagiados es insostenible y ésto ha generado una situación de indignidad entre los profesionales, lo cual les ha llevado a pedir responsabilidades. Y es que estiman que han sido nada menos que 400.000 las mascarillas FPP2 defectuosas que el Gobierno ha repartido y que se han estado usando durante dos semanas por los sanitarios, un hecho intolerable que no solo genera más desconfianza en la acción del Gobierno, sino que se suma a la situación de indefensión a la que están sometidos los profesionales sanitarios.
En este sentido, el CSIF también ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, una denuncia contra la Conselleria de Sanitat Valenciana, ante la falta de protección al personal sanitario, lo que podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión (tipificado en el artículo 404 del Código Penal) o de homicidio imprudente. Denuncian que, a pesar de las recomendaciones de la OMS, la consejera Ana Barceló incurrió en una "evidente inactividad y falta de previsión", incurriendo en "la obligación legal de proteger a los trabajadores" al no dotarles de los medios preventivos necesarios para realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad. Por el momento, la denuncia judicial ha sido admitida a trámite.
A ello se suman los test defectuosos. De forma simultánea, en Madrid y en Sevilla, han surgido en los últimos días dos denuncias inquietantes: muchos de los test a los que se ha sometido al personal sanitario eran defectuosos, de forma que hay quien se ha sometido a la prueba y el resultado ha sido negativo, a pesar de que tenía algunos síntomas de la enfermedad. El Sindicato Médico de Sevilla dice tener constancia de numerosos casos en los que personal sanitario ha recurrido a test privados que han confirmado que estaban contagiados de coronavirus, después de que los test públicos hubieran descartado la enfermedad.
Una denuncia simétrica se ha realizado en la Comunidad de Madrid, por la escasa fiabilidad de muchos test rápidos empleados con el personal sanitario.
Por otro lado, el CGCOM exige que los casos de baja laboral (IT) por infección de coronavirus se consideren accidente laboral por considerar que se trata de “profesiones de alto riesgo de exposición”. Además, para el Consejo es necesario testar a todo el personal.
Por último, el Colegio de Médicos muestra su malestar porque el Gobierno no ha contado con ellos para elaborar el Plan de desescalada.
Por otro lado, la Asociación Justicia por la Sanidad, que preside el médico de Granada Jesús Candel Fábregas, conocido en las redes sociales como «Spiriman», presentará también una denuncia ante la Fiscalía contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra los trabajadores, al entender que desde su Departamento no se adoptaron «las suficientes medidas para proteger la salud de los profesionales» sanitarios pese a las advertencias realizadas desde semanas atrás por parte de la OMS de que se tomaran medidas contra el Covid-19.
En paralelo, CSIF ha denunciado al Ejecutivo por la falta de material y ahora en lo penal, se querellará por las mascarillas «fake». Y la Fiscalía Anticorrupción ya está investigando el oscuro mercadeo de material sanitario que se ha producido en las primeras semanas de la pandemia.
6. Querella criminal colectiva en Madrid por las actuaciones en residencias de ancianos
Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias de ancianos de Madrid con fallecidos o mal atendidos durante esta pandemia. (Y en las próximas semanas se presentarán más querellas colectivas contra residencias de otros municipios).
La querella pide que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
En la región, los fallecidos en residencias hasta principios de mayo ascienden a 7.092, siendo 5.688 por coronavirus (casi el 50% de los fallecidos en residencias en todo el país).
Asimismo, las fiscalías provinciales han abierto investigaciones por la presunta comisión de delitos en cerca de 90 residencias al hilo de la pandemia de coronavirus. Las diligencias van despacio con la Justicia en servicios mínimos, así que aún llevará tiempo conocer cuántas acaban en forma de querella y si implican sólo al establecimiento o también a sus gestores, públicos o privados.
7. El sindicato policial Jupol presenta una querella por arriesgar la vida de los agentes
¡Hasta la propia policía de España se ha alzado contra del Gobierno del PSOE y Podemos! El sindicato policial Jupol (Justicia Policial) ha presentado una querella contra Pedro Sánchez y su equipo por la nefasta gestión sanitaria de la crisis del coronavirus en lo referido a la seguridad de los agentes y por arriesgar la vida de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Y es que la paciencia tiene un límite. La policía viene denunciando, desde hace dos meses, la falta del material de protección necesario para realizar sus labores y garantizar el cumplimiento del estado de alarma.
Asimismo, el secretario general de Jupol recuerda las funciones de la Policía Nacional no pasan por estar al servicio del interés de los partidos políticos y por ello «se tomarán todas las medidas pertinentes ante cualquier orden que se dé a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no sea acorde a la legislación o a las funciones que tienen reconocidas los cuerpos de seguridad».
En ese sentido, el Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe, para los militares y guardias civiles, la exención de responsabilidad por razón de obediencia debida, por lo que están obligados a incumplir órdenes que sean ilegales.
"El sistema autoritario defiende que quien manda ordena una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley, y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley", explica la sentencia.
Actualización 5 de junio: Tenemos la primera sentencia al respecto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena al Gobierno vasco por no facilitar a los policías materiales de protección frente al coronavirus para asegurar la integridad física de los los agentes de la Ertzaintza.
Actualización 5 de junio: Tenemos la primera sentencia al respecto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena al Gobierno vasco por no facilitar a los policías materiales de protección frente al coronavirus para asegurar la integridad física de los los agentes de la Ertzaintza.
8. Empresarios y autónomos contra el Gobierno: Responsabilidad patrimonial del Estado
El quebranto económico que ha supuesto el confinamiento y el parón de la actividad puede acabar también en los tribunales y provocar una avalancha de reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios al Estado, algo que ya ha contemplado el Consejo General del Poder Judicial en su plan de choque para la vuelta a la normalidad. Se trata tanto de la tramitación de los ERTE como de las consecuencias individuales de la ausencia de actividad que ya están en manos de diversos bufetes.
La norma que regula el estado de alarma, excepción o sitio ya fija que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados», lo que abre una vía. Si bien hay que tener en cuenta que la Justicia ya cerró la puerta a la responsabilidad patrimonial en una demanda colectiva por el cierre patronal de los controladores aéreos en 2010, que llevó también a declarar el estado de alarma.
Sea como como fuere, ya han surgido plataformas de afectados que están preparando demandas por lo contencioso-administrativo contra el Gobierno central y las comunidades autónomas.
9. Denuncias al gobierno por ir en contra de la libertad de empresa
Otro de los frentes abiertos son las medidas impuestas. Entre las más polémicas adoptadas durante la crisis fue prohibir los despidos objetivos de fuerza mayor asociados al coronavirus, lo que hizo estallar a las empresas. La CEOE acusó al Gobierno de violar la libertad de empresa recogida en la Constitución y le avisó de que frenaría la recuperación. Los servicios jurídicos de la patronal estudian la viabilidad de una medida impuesta por decreto.
La plataforma Indemniza.org presentará reclamaciones masivas al Estado por responsabilidad patrimonial. Pueden unirse los comercios que deseen (tiene un coste, en función de la cantidad a reclamar), para reclamar indemnizaciones por tener que cerrar de forma obligatoria durante el Estado de alarma.
10. Querellas contra el desconfinamiento "selectivo" de los menores
El abogado valenciano Curro Nicolau también pleitea para anular el confinamiento «universal» de los ciudadanos. Considera que la norma aprobada por Salvador Illa «vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 14»» de la Constitución al «marginar» a los menores de 14 a 18 años, ya que en lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se dejó fuera de la modificación que alivió la medida de confinamiento, a los jóvenes y adolescentes españoles.
Nicolau aseguró que existía «un cambio de circunstancias que exigen de inmediato el restablecimiento de los derechos a la libertad, libre circulación y reunión» y denunció, además, que el propio Gobierno reconocía en su último decreto que «no existe un horizonte temporal al confinamiento hasta que no haya una vacuna o tratamiento eficaz o la inmunidad de la población».
«La inexistencia de un horizonte temporal para el desconfinamiento y la falta de acomodo constitucional del Estado de alarma declarado, ponen de manifiesto que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado y ha hecho un uso abusivo del Estado de alarma en cuanto a la restricción», más bien «anulación de los derechos fundamentales, al aplicar y mantener» sin fecha «unas medidas que resultan absolutamente desproporcionadas, convirtiendo el Estado español en un ‘estado policial’ donde no existe libertad, siendo el derecho fundamental de libertad la mayor expresión de nuestro Estado de derecho», afirmó Curro Nicolau.
La Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que rechace de plano la suspensión provisional de la norma, dictada por el Departamento que dirige Salvador Illa, y que inadmita el recurso presentado por Nicolau. Los abogados del Estado tratan de evitar que se conozcan los documentos que motivaron la decisión del socialista. El Supremo tendrá que decidir sobre las medidas cautelares a las que se oponen tanto Abogacía del Estado como Fiscalía.
11. Las víctimas se querellan contra Fernando Simón por «negar la epidemia»
La Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el Covid-19 (ADAVIC-19) ha presentado una querella contra Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad) por varios delitos de homicidio, lesiones, prevaricación administrativa y denegación de auxilio.
Considera que Simón hizo "caso omiso" de las advertencias que "desde enero de 2020 alertaban de la peligrosidad del virus" y "puso en riesgo la salud pública" de todos los españoles con el propósito político de alcanzar la fecha del 8 de marzo, y poder celebrar en España las manifestaciones de carácter reivindicativo feminista del Gobierno del que depende.
Por ello, en la querella se pide que el juzgado tome declaración al propio Fernando Simón y cite como testigos: al representante de la OMS en España y al Jefe del Servicio de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, que fue destituido tras filtrarse el documento -de enero de 2020- en el que advertía a los agentes de las medidas de prevención contra el coronavirus.
Actualización 25 de mayo: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este lunes el cese “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos (máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid) por negarse a facilitar a sus superiores en el Ministerio del Interior el informe que le había solicitado la juez. La decisión de este relevo fulminante tiene que ver con el reciente envío de un informe de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid que estaba investigando presuntas responsabilidades penales del responsable de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y del propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M en la capital de España y otras movilizaciones que tuvieron lugar en torno a ese día.
Según dicho informe (que se puede leer íntegramente aquí), Fernando Simón manejaba, al menos tres días antes de la manifestación, datos que evidenciaban la gravedad de la crisis y pese a ello, no tomó medida alguna para evitar los actos multitudinarios de este fin de semana. En el caso de seguir adelante la instrucción por la línea señalada por la Guardia Civil, tanto Simón como Franco se estarían enfrentando en el marco de este procedimiento judicial a un delito de prevaricación.
Actualización 26 de mayo: Dimite Laurentino Ceña, número dos de la Guardia Civil, por la «injusta» destitución de De los Cobos. Como contrarréplica, para tapar la crisis en la Guardia Civil, Marlaska anuncia el pago de la equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales (equiparación que fue aprobada dos años atrás por el gobierno del PP y que el PSOE se había negado a pagar).
Ante este nuevo escándalo que pone en entredicho la integridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y la independencia del poder judicial, PP, Vox y Ciudadanos exigen la destitución del Ministro del Interior.
Considera que Simón hizo "caso omiso" de las advertencias que "desde enero de 2020 alertaban de la peligrosidad del virus" y "puso en riesgo la salud pública" de todos los españoles con el propósito político de alcanzar la fecha del 8 de marzo, y poder celebrar en España las manifestaciones de carácter reivindicativo feminista del Gobierno del que depende.
Por ello, en la querella se pide que el juzgado tome declaración al propio Fernando Simón y cite como testigos: al representante de la OMS en España y al Jefe del Servicio de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, que fue destituido tras filtrarse el documento -de enero de 2020- en el que advertía a los agentes de las medidas de prevención contra el coronavirus.
Actualización 25 de mayo: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este lunes el cese “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos (máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid) por negarse a facilitar a sus superiores en el Ministerio del Interior el informe que le había solicitado la juez. La decisión de este relevo fulminante tiene que ver con el reciente envío de un informe de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid que estaba investigando presuntas responsabilidades penales del responsable de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y del propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M en la capital de España y otras movilizaciones que tuvieron lugar en torno a ese día.
Según dicho informe (que se puede leer íntegramente aquí), Fernando Simón manejaba, al menos tres días antes de la manifestación, datos que evidenciaban la gravedad de la crisis y pese a ello, no tomó medida alguna para evitar los actos multitudinarios de este fin de semana. En el caso de seguir adelante la instrucción por la línea señalada por la Guardia Civil, tanto Simón como Franco se estarían enfrentando en el marco de este procedimiento judicial a un delito de prevaricación.
Actualización 26 de mayo: Dimite Laurentino Ceña, número dos de la Guardia Civil, por la «injusta» destitución de De los Cobos. Como contrarréplica, para tapar la crisis en la Guardia Civil, Marlaska anuncia el pago de la equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales (equiparación que fue aprobada dos años atrás por el gobierno del PP y que el PSOE se había negado a pagar).
Ante este nuevo escándalo que pone en entredicho la integridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y la independencia del poder judicial, PP, Vox y Ciudadanos exigen la destitución del Ministro del Interior.
12. Denuncian a Sánchez e Illa ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar más de 50 millones de €
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han sido denunciados junto al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa, Alfonso Jiménez, ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis del Covid-19.
La denuncia dice que podrían haber cometido "presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales", durante las compras a China de batas desechables, gel desinfectante y guantes. El Ingesa contrató por Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos. "Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos", señala.
La denuncia dice que podrían haber cometido "presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales", durante las compras a China de batas desechables, gel desinfectante y guantes. El Ingesa contrató por Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos. "Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos", señala.
13. Petición de amparo a Europa
La Plataforma de Afectados Covid-19 han hecho una petición de amparo a Europa en toda regla. Han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la que piden a la representante europea que intervenga para garantizar que en nuestro país «se respeten los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, y se minimice al máximo una grave crisis social y económica de consecuencias nunca vistas», ya que «el Gobierno está empleando el estado de alarma para hacer cambios legislativos de gran calado» que, más allá de la lucha contra la pandemia, responden a «un proyecto político y electoral» de los partidos que conforman el Ejecutivo.
La carta, que puede firmar y enviar cualquier ciudadano, se está haciendo viral en las redes sociales:
La carta, que puede firmar y enviar cualquier ciudadano, se está haciendo viral en las redes sociales:
Además, esta plataforma está preparando una denuncia conjunta contra Pedro Sánchez, a la que cualquier ciudadano puede unirse gratuitamente, rellenando y enviándoles este formulario.
Por otro lado, la UE ha recibido ya una decena de peticiones para investigar al Gobierno por la gestión de la pandemia. La mayoría de las quejas elevadas a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea guardan relación con la vulneración de los derechos en el estado de alarma, como la supresión de la libertad de movimientos o de trabajo durante el confinamiento o de derechos de la información.
La Comisión de Peticiones de la Unión Europea es la encargada de dar curso a estas quejas y decidir, en su caso, si corresponde remitirla a la Comisión Europea para recabar la correspondiente información y trasladarla también a la Comisión de Libertades, a la que corresponde tratar estos asuntos. El resultado de estas investigaciones no es vinculante, sino una mera recomendación, pero sí puede suponer un golpe a la cuestionada gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
14. Querellan a Sánchez por el «genocidio» de 50.000 personas
La Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 ha presentado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delito de «genocidio» de 50.000 personas ante la Corte Penal Internacional (CPI), que ha dado traslado a la Fiscalía de este tribunal antes de decidir si abre investigación. Se trata de la primera acción de calado contra Sánchez en la Justicia internacional, en concreto, ante el Tribunal de La Haya (Holanda).
Según consta en la denuncia, el presidente del Gobierno, como máximo responsable del mando único, no siguió las instrucciones «inequívocas» de las autoridades sanitarias de «todo el mundo», incluida la OMS y dio una «respuesta tardía» al coronavirus, además de un manejo nocivo de la pandemia, lo que «ha causado una gran cantidad de muertes que podrían haberse evitado». La denuncia también se detiene en la tragedia de las residencias de mayores.
Así, Sánchez estaría acusado de delitos de genocidio y lesa humanidad si se considera que el jefe del Ejecutivo violó los artículos 6.c y 7.1.k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Nace la plataforma española ‘Derecho a la Verdad’ para la defensa de los afectados por el Covid-19 con el fin de poner en marcha una demanda colectiva contra el Estado por su responsabilidad durante la pandemia. El objetivo, explican desde la plataforma, «será conseguir una indemnización justa para todas las personas físicas y jurídicas afectadas por las decisiones de la Administración responsable durante el pasado estado de alarma en España».
Desde ‘Derecho a la Verdad’ van a tener su altavoz social y judicial desde los familiares de personas que han fallecido «sin recibir las atenciones necesarias por decisiones subjetivas, pasando por los contagiados al no poder contar con el material adecuado, los que han sufrido la enfermedad injustamente, o las empresas que han visto como sus negocios eran cerrados por orden gubernamental».
Según consta en la denuncia, el presidente del Gobierno, como máximo responsable del mando único, no siguió las instrucciones «inequívocas» de las autoridades sanitarias de «todo el mundo», incluida la OMS y dio una «respuesta tardía» al coronavirus, además de un manejo nocivo de la pandemia, lo que «ha causado una gran cantidad de muertes que podrían haberse evitado». La denuncia también se detiene en la tragedia de las residencias de mayores.
Así, Sánchez estaría acusado de delitos de genocidio y lesa humanidad si se considera que el jefe del Ejecutivo violó los artículos 6.c y 7.1.k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
15. Demanda colectiva contra el Estado por su responsabilidad durante la pandemia
Nace la plataforma española ‘Derecho a la Verdad’ para la defensa de los afectados por el Covid-19 con el fin de poner en marcha una demanda colectiva contra el Estado por su responsabilidad durante la pandemia. El objetivo, explican desde la plataforma, «será conseguir una indemnización justa para todas las personas físicas y jurídicas afectadas por las decisiones de la Administración responsable durante el pasado estado de alarma en España».
Desde ‘Derecho a la Verdad’ van a tener su altavoz social y judicial desde los familiares de personas que han fallecido «sin recibir las atenciones necesarias por decisiones subjetivas, pasando por los contagiados al no poder contar con el material adecuado, los que han sufrido la enfermedad injustamente, o las empresas que han visto como sus negocios eran cerrados por orden gubernamental».
Renovación de cargos (a toda prisa) del Tribunal Contitucional
El Gobierno del Bulo ya se prepara para el aluvión de demandas y querellas que se prevén contra su pésima gestión de la pandemia de coronavirus. Algunas de ellas, como hemos visto, ya están interpuestas. Ante esta perspectiva, al Ejecutivo le han entrado las prisas por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado y "en funciones" desde diciembre de 2018.
En el caso del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional sus integrantes deben contar con el apoyo de 3/5 votos del Congreso, o lo que es lo mismo 210 diputados. El actual gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos sólo suman 155 escaños, les faltan 55. ¡Ahora sí que necesitan la "unión" con independentistas, proetarras e incluso la oposición!
Tales son las prisas del Gobierno que la ministra Carmen Calvo ha asegurado (el 13 de mayo) que es necesario hacerlo pese a la situación creada por la pandemia. «No hay excusas». La vicepresidenta ha recordado que estas renovaciones requieren mayorías reforzadas en el Parlamento y que deben afrontarse. «De no hacerlo pronto, estaremos incumpliendo nuestra propia Constitución». ¡Será sinvergüenza! Ahora resulta que al PSOE le preocupa "incumplir" nuestra Carta Magna, después que ellos mismos la han incumplido en los últimos meses en infinidad de ocasiones.
El Gobierno y las Cortes Generales deben renovar en esta legislatura más de una decena de órganos institucionales cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses. Entre esos órganos se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dado por finalizada la suspensión de los nombramientos discrecionales de jueces y magistrados para cubrir las vacantes judiciales que quedaron en suspenso a comienzos de año, una vez estuviera constituido el Gobierno y conformadas las nuevas Cortes Generales tras las elecciones del 10-N. Pues bien, el 14 de mayo Lesmes ha reactivado los procesos de selección para las designaciones ‘a dedo’ de los jueces.
La decisión afectará al proceso de renovación, entre otras, de tres plazas de magistrado en la Sala de lo Penal del Supremo, "encargada de juzgar a los aforados, en su mayoría responsables políticos", algunos de los cuales ya están recibiendo querellas por su papel en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.
Por otra parte, y dentro de la que se perfila como la estrategia de no perder el mando único para hacer frente a la pandemia, Calvo ha defendido también en el Senado una reforma legislativa para que España esté pertrechada ante eventuales rebrotes de la pandemia en un futuro y pueda dar una respuesta sin tener que recurrir al instrumento del estado de alarma, el mecanismo implantado actualmente para restringir nuestras libertades fundamentales, pero que requiere la autorización del Congreso para prorrogarlo más allá de los 15 días iniciales previstos en la Constitución.
Por último, el GRECO (el organismo anticorrupción del Consejo de Europa) ha realizado un informe que revisa las medidas para prevenir la corrupción adoptadas en los Estados miembros con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales, así como en los gobiernos centrales, incluidas las principales funciones ejecutivas, y las agencias de aplicación de la ley. Pues bien, sobre las medidas adoptadas por España, considera que "se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización. La creación de Consejos del Poder Judicial tiene por objeto garantizar mejor la independencia del Poder judicial, en apariencia y en la práctica. Lamentablemente, el resultado en España sigue siendo el contrario".
Ya en 2013, el GRECO destacó que cuando las estructuras de gobierno del Poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, lo cual tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Y concluye: "Seis años después, la situación es la misma y, por tanto, la recomendación no puede considerarse cumplida".