Este gobierno es una distopía. Se ha atribuido el control absoluto de la lucha contra las 'fake news' y las campañas de desinformación que busquen "desestabilizar las instituciones o procesos electorales". El Ministerio de la Verdad de Orwell es ya una realidad en nuestro país. No tardarán en crear la policía del pensamiento.
El Gobierno socialcomunista de Pedro y Pablo sigue adelante con sus planes de censurar todo lo que no les gusta o les molesta, como que se prohíba estudiar en español en las escuelas gracias a la ley Celáa. Empezaron controlando al Rey, desterrando al Rey padre, después controlando el Poder Judicial, luego el Parlamento, donde inexplicablemente le han dicho que sí a un estado de alarma de 6 meses para que haga lo que quiera y no tenga que dar explicaciones hasta dentro de 4.
Y ahora, la última jugada ha sido la aprobación del llamado Plan contra la Desinformación, impulsado por la vicepresidenta Carmen Calvo. El BOE del 5 de noviembre publicó el "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional" (Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre). La verdad es que la orden publicada en el BOE la podrían haber publicado perfectamente los denominados Ministerios del Poder Popular de Venezuela.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidirá qué es y qué no es noticia, y podrá emprender acciones contra quienes difundan lo que consideren «desinformación». Todo eso, dicen, para luchar por la verdad. ¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero, ése no dice la verdad ni al médico, ése que plagió su tesis doctoral, ése que no iba a pactar nunca jamás con Podemos ni con Bildu, ése que decía que tenía un comité de expertos y era mentira, ése que no quiere contar muertos y miente diciendo que hay solo 38.000... ESE es el que dice ahora luchar por la verdad.
El proyecto no lo dice expresamente, pero su principal función será controlar los diferentes canales de comunicación, incluyendo medios digitales y redes sociales. Lo visten de "seguridad nacional" para atacar a los medios de información que no son afines a sus intereses y perseguir lo que para ellos sean fake news, como ya hicieron durante el primer estado de alarma.
Pero lo que en realidad persiguen estas actuaciones es garantizar que el Gobierno tenga el monopolio de la propaganda, pues en períodos de crisis no hay muchas fuentes más tóxicas que las oficiales. La misma propaganda, por cierto, que no recomendaba el uso de las mascarillas hace unos meses para camuflar el desabastecimiento de material sanitario. ¿Pasarán en el futuro esas falsedades propagandísticas por la célula anti-bulos del Gobierno?
El ataque a la libertad de información que está perpetrando el Gobierno socialcomunista se enmarca dentro de esa pulsión totalitaria que caracteriza la acción de un Ejecutivo que se ha lanzado al asalto de las instituciones. Jueces, periodistas y todos aquellos ámbitos y sectores de la sociedad que no le bailen el agua a Pedro y Pablo corren el riesgo de sufrir el acoso gubernamental.
En un Estado de Derecho, son los jueces los únicos que pueden determinar la veracidad de la información de los medios y establecer sanciones si lo publicado es constitutivo de delito. Que a estas alturas el Gobierno pretenda imponer la censura con el objetivo de preservar la ideología y la moral del régimen socialcomunista es de una gravedad infinita.
Franco reguló la publicación y circulación de la información a través de la ley de prensa de 1966 con el fin de limitar la libertad de expresión, especialmente en aquellos casos donde se postulaban opiniones contrarias al régimen. Esto es peor, porque aquello era una dictadura y la España de hoy es (supuestamente) una democracia, aunque Sánchez e Iglesias se hayan conjurado para destruirla.
Moncloa envuelve su pretensión de poner coto a los medios digitales bajo eufemismos. Dice que "la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución", pero será 'papá Estado' el que se encargará de velar de la amenaza "por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios", y quien examinará la “libertad y pluralismo de los medios de comunicación”.
La redacción de ese texto parece una broma de mal gusto. ¿Hablan de libertad de expresión quienes utilizaron a la Guardia Civil para "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno", y quienes prohibieron el derecho ciudadano a manifestarse en el mes de abril? ¿Hablan de derecho a la información quienes están controlando la televisión pública (convertida en Telemaduro) y comprando a las cadenas de televisión privadas? ¿Hablan de los derechos fundamentales de nuestra Constitución quienes están vulnerando a diario la Carta Magna y los derechos de los ciudadanos con la declaración inconstitucional de un primer estado de alarma de 3 meses y luego un segundo de 6 meses de duración? ¿Hablan de defender la libertad y pluralismo comunicativos quienes han censurado a diario las preguntas a los periodistas en las ruedas de prensa sobre la pandemia, e incluso vetado a algunos medios?
Según el Ejecutivo, "las acciones y procesos recogidos en este procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido". Curioso que el Gobierno del bulo y la opacidad sea ahora adalid de la transparencia.
Dice también que para fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático se examinará la “libertad y pluralismo de los medios de comunicación”. ¿Qué es la libertad de expresión para quienes han tenido a España amordazada durante tres meses? ¿Qué valor tiene la democracia para quienes están imponiendo en España un nuevo régimen dictatorial de corte republicano, regresivo, autoritario y revanchista?
Mediante la articulación de diferentes procedimientos, con varios niveles de acción, este plan identificará qué es (o no es) una fake new, evaluará si es una amenaza pública (o no), y decidirá si hay que actuar para intentar suprimirla o si hay que emprender campañas de contrainformación para combatirlas (dar una respuesta “político-estratégica”).
El procedimiento establece cuatro niveles diferentes de actuación, que sirven tanto para detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.
¿Quiénes serán los encargados de 'velar' por la seguridad de los ciudadanos en cuanto a desinformación se refiere? Para llevar a cabo este sistema de censura en los medios de comunicación españoles, el Ministerio de la Verdad creará una Comisión Permanente (¡con qué facilidad surgen comisiones de la nada!). Estará compuesta por distintos órganos, todos dependientes del Gobierno, como el CNI (recordemos que Pablo Iglesias es presidente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia), la Secretaría de Estado de Comunicación (que depende directamente Presidencia y Moncloa), y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios. Al frente del equipo censor, dos personas: el director del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Pero será Iván Redondo, el gurú de la mercadotecnia, quien tenga un poder omnipresente en este nuevo cometido. Al conformarse el actual Gobierno de coalición, Pedro Sánchez delegó en él la estructura vertebral de La Moncloa, como coordinador de la comunicación y la seguridad nacional, además de la Oficina Económica. De hecho, Redondo lleva tiempo encargándose desde su departamento de la guerra contra las «fake news». Un cometido que trasciende cualquier Ministerio y se despacha directamente en Moncloa. Todo queda en casa.
Dicha "Comisión de la Censura" será la responsable de «elaborar la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional». Para lograr este fin, podrá convocar «en calidad de expertos» (¡hay que ver cuántos "expertos" tenemos en este país!) a funcionarios, cargos autonómicos o a representantes del sector privado.
Es decir, el Gobierno -a través de su Ministerio de la Verdad y su Comisión de la Censura- se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera, controlando las opiniones de los españoles en las redes sociales, y censurando a los medios de comunicación que no les aplauden. ¿Lo siguiente qué será, poner multas a los periodistas independientes?
La Orden -firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la socialista Carmen Calvo- se guarda el derecho de pedir la colaboración de los medios cuando se considere «oportuna y relevante», así como del sector privado (entre las que se incluyen asociaciones y ONG) y de la sociedad en general. Por mí pueden ir esperando...
Y además, se escuda en el European Democracy Action Plan, un proyecto de comunicación de la Comisión Europea para reforzar las instituciones democráticas en una sociedad libre, que aún no ha sido aprobado, ni siquiera publicado, sino que acaba de salir del procedimiento de consultas públicas. Además, la UE en ningún caso propone que estos organismos dependan de los estados miembros.
El plan de Bruselas está diseñado específicamente para combatir campañas hostiles orquestadas por países terceros, en particular Rusia y China. Es decir, todos los esfuerzos están volcados en la dimensión exterior y no en la vigilancia de medios nacionales.
El plan de Bruselas contra las fake news se basa en dos pilares. En primer lugar, apretar las tuercas a las plataformas digitales como Facebook o Twitter para que supriman información falsa. El segundo pilar se basa en reforzar la cooperación. Para ello, se ha puesto en marcha un sistema de alerta rápida en el que participan Estados miembros e instituciones comunitarias con el fin de detectar rápidamente campañas de desinformación del exterior que supongan una amenaza para la seguridad o la salud pública en Europa.
Pero la Comisión Europea no se cansa de insistir en que hay que garantizar la libertad de expresión y el debate democrático plural, así como proteger a los periodistas.
De momento, Sánchez es el único presidente entre los cuatro grandes de la UE que se apropia del control de las fake news. En Francia, por ejemplo, la ley contra las fake news confiere el poder de vigilancia al Consejo Superior del Audiovisual (CSA), un organismo independiente del Gobierno. En Italia existe un portal de internet a través del cual los ciudadanos pueden denunciar casos de fake news directamente a la policía, que es quien debe verificar si se ha cometido algún delito y emprender las necesarias acciones legales. En Alemania, la unidad de comunicación estratégica depende del ministerio de Asuntos Exteriores y no de la cancillería (lo que deja clara su vocación de defensa frente al exterior), y su objetivo es desmontar bulos rusos y proporcionar información alternativa "fiable".
El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez está empezando a labrarse una reputación muy negativa en las instituciones comunitarias. En Bruselas se ha recibido la noticia de la publicación en el BOE de esta orden ministerial con mucha extrañeza, incluso respecto a la calidad jurídica de su redacción. No entienden cómo el Gobierno español ha aprobado esta legislación sin haber hablado antes con los sectores afectados.
La Unión Europea teme que la Orden publicada por el gobierno socialcomunista se convierta en una artimaña para controlar a los medios en pleno estado de alarma. Recelan porque esta estrategia haya salido a la luz sin pasar antes por el Parlamento (como sí hicieron Francia y Alemania), sin haber contado con la oposición y por el hecho de que ningún profesional de la comunicación esté incluido en el órgano que supervisará lo que se considera una noticia falsa.
La desinformación es un problema que afecta no sólo a nuestra democracia, sino a la Democracia con mayúscula y su solución no puede depender únicamente del Gobierno, sino que debe ser construida a partir de la colaboración de diferentes actores que luchan de manera independiente contra la mentira. La batalla se tiene que dar con periodismo, educación, tecnología e independencia.
Los gobiernos no deben desmentir contenidos de medios de comunicación de prensa, radio y televisión, como ha afirmado la ministra de Exteriores Arancha González Laya, y tampoco puede hacerlo un comité nombrado por un Gobierno. ¿Quién, entonces, destapará las mentiras del propio gobierno?
O sea, la Fiscalía será el único cauce «oficial» de información durante la instrucción y tendrá el control del sumario, de forma que será quien seleccione los datos de la causa que quiera que trasciendan a los medios de comunicación y se reservará los que no. Esto restringe abiertamente el derecho constitucional a la libertad de información, uno de los pilares del sistema democrático.
De este modo se consolida como un «monopolio» en el control de la información, donde se implanta de facto un sistema «censor» que implica, según se cita en el anteproyecto, que pueda instar al «secuestro de la publicación, la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva, la interrupción de la prestación del servicio, así como la retirada de páginas web o el bloqueo de acceso a las mismas».
El Gobierno socialcomunista de Pedro y Pablo sigue adelante con sus planes de censurar todo lo que no les gusta o les molesta, como que se prohíba estudiar en español en las escuelas gracias a la ley Celáa. Empezaron controlando al Rey, desterrando al Rey padre, después controlando el Poder Judicial, luego el Parlamento, donde inexplicablemente le han dicho que sí a un estado de alarma de 6 meses para que haga lo que quiera y no tenga que dar explicaciones hasta dentro de 4.
Y ahora, la última jugada ha sido la aprobación del llamado Plan contra la Desinformación, impulsado por la vicepresidenta Carmen Calvo. El BOE del 5 de noviembre publicó el "procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional" (Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre). La verdad es que la orden publicada en el BOE la podrían haber publicado perfectamente los denominados Ministerios del Poder Popular de Venezuela.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidirá qué es y qué no es noticia, y podrá emprender acciones contra quienes difundan lo que consideren «desinformación». Todo eso, dicen, para luchar por la verdad. ¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero, ése no dice la verdad ni al médico, ése que plagió su tesis doctoral, ése que no iba a pactar nunca jamás con Podemos ni con Bildu, ése que decía que tenía un comité de expertos y era mentira, ése que no quiere contar muertos y miente diciendo que hay solo 38.000... ESE es el que dice ahora luchar por la verdad.
El proyecto no lo dice expresamente, pero su principal función será controlar los diferentes canales de comunicación, incluyendo medios digitales y redes sociales. Lo visten de "seguridad nacional" para atacar a los medios de información que no son afines a sus intereses y perseguir lo que para ellos sean fake news, como ya hicieron durante el primer estado de alarma.
Pero lo que en realidad persiguen estas actuaciones es garantizar que el Gobierno tenga el monopolio de la propaganda, pues en períodos de crisis no hay muchas fuentes más tóxicas que las oficiales. La misma propaganda, por cierto, que no recomendaba el uso de las mascarillas hace unos meses para camuflar el desabastecimiento de material sanitario. ¿Pasarán en el futuro esas falsedades propagandísticas por la célula anti-bulos del Gobierno?
El ataque a la libertad de información que está perpetrando el Gobierno socialcomunista se enmarca dentro de esa pulsión totalitaria que caracteriza la acción de un Ejecutivo que se ha lanzado al asalto de las instituciones. Jueces, periodistas y todos aquellos ámbitos y sectores de la sociedad que no le bailen el agua a Pedro y Pablo corren el riesgo de sufrir el acoso gubernamental.
En un Estado de Derecho, son los jueces los únicos que pueden determinar la veracidad de la información de los medios y establecer sanciones si lo publicado es constitutivo de delito. Que a estas alturas el Gobierno pretenda imponer la censura con el objetivo de preservar la ideología y la moral del régimen socialcomunista es de una gravedad infinita.
Franco reguló la publicación y circulación de la información a través de la ley de prensa de 1966 con el fin de limitar la libertad de expresión, especialmente en aquellos casos donde se postulaban opiniones contrarias al régimen. Esto es peor, porque aquello era una dictadura y la España de hoy es (supuestamente) una democracia, aunque Sánchez e Iglesias se hayan conjurado para destruirla.
Moncloa envuelve su pretensión de poner coto a los medios digitales bajo eufemismos. Dice que "la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución", pero será 'papá Estado' el que se encargará de velar de la amenaza "por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios", y quien examinará la “libertad y pluralismo de los medios de comunicación”.
La redacción de ese texto parece una broma de mal gusto. ¿Hablan de libertad de expresión quienes utilizaron a la Guardia Civil para "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno", y quienes prohibieron el derecho ciudadano a manifestarse en el mes de abril? ¿Hablan de derecho a la información quienes están controlando la televisión pública (convertida en Telemaduro) y comprando a las cadenas de televisión privadas? ¿Hablan de los derechos fundamentales de nuestra Constitución quienes están vulnerando a diario la Carta Magna y los derechos de los ciudadanos con la declaración inconstitucional de un primer estado de alarma de 3 meses y luego un segundo de 6 meses de duración? ¿Hablan de defender la libertad y pluralismo comunicativos quienes han censurado a diario las preguntas a los periodistas en las ruedas de prensa sobre la pandemia, e incluso vetado a algunos medios?
Según el Ejecutivo, "las acciones y procesos recogidos en este procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido". Curioso que el Gobierno del bulo y la opacidad sea ahora adalid de la transparencia.
Dice también que para fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático se examinará la “libertad y pluralismo de los medios de comunicación”. ¿Qué es la libertad de expresión para quienes han tenido a España amordazada durante tres meses? ¿Qué valor tiene la democracia para quienes están imponiendo en España un nuevo régimen dictatorial de corte republicano, regresivo, autoritario y revanchista?
Mediante la articulación de diferentes procedimientos, con varios niveles de acción, este plan identificará qué es (o no es) una fake new, evaluará si es una amenaza pública (o no), y decidirá si hay que actuar para intentar suprimirla o si hay que emprender campañas de contrainformación para combatirlas (dar una respuesta “político-estratégica”).
El procedimiento establece cuatro niveles diferentes de actuación, que sirven tanto para detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.
¿Quiénes serán los encargados de 'velar' por la seguridad de los ciudadanos en cuanto a desinformación se refiere? Para llevar a cabo este sistema de censura en los medios de comunicación españoles, el Ministerio de la Verdad creará una Comisión Permanente (¡con qué facilidad surgen comisiones de la nada!). Estará compuesta por distintos órganos, todos dependientes del Gobierno, como el CNI (recordemos que Pablo Iglesias es presidente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia), la Secretaría de Estado de Comunicación (que depende directamente Presidencia y Moncloa), y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios. Al frente del equipo censor, dos personas: el director del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.
Pero será Iván Redondo, el gurú de la mercadotecnia, quien tenga un poder omnipresente en este nuevo cometido. Al conformarse el actual Gobierno de coalición, Pedro Sánchez delegó en él la estructura vertebral de La Moncloa, como coordinador de la comunicación y la seguridad nacional, además de la Oficina Económica. De hecho, Redondo lleva tiempo encargándose desde su departamento de la guerra contra las «fake news». Un cometido que trasciende cualquier Ministerio y se despacha directamente en Moncloa. Todo queda en casa.
Dicha "Comisión de la Censura" será la responsable de «elaborar la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional». Para lograr este fin, podrá convocar «en calidad de expertos» (¡hay que ver cuántos "expertos" tenemos en este país!) a funcionarios, cargos autonómicos o a representantes del sector privado.
Es decir, el Gobierno -a través de su Ministerio de la Verdad y su Comisión de la Censura- se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera, controlando las opiniones de los españoles en las redes sociales, y censurando a los medios de comunicación que no les aplauden. ¿Lo siguiente qué será, poner multas a los periodistas independientes?
La Orden -firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la socialista Carmen Calvo- se guarda el derecho de pedir la colaboración de los medios cuando se considere «oportuna y relevante», así como del sector privado (entre las que se incluyen asociaciones y ONG) y de la sociedad en general. Por mí pueden ir esperando...
El escudo de Bruselas
Aunque los planes del Gobierno para articular una estrategia de este tipo vienen de lejos, el Ejecutivo ha encontrado en la pandemia del coronavirus el pretexto para acelerarla, para combatir la «infodemia» dicen.Y además, se escuda en el European Democracy Action Plan, un proyecto de comunicación de la Comisión Europea para reforzar las instituciones democráticas en una sociedad libre, que aún no ha sido aprobado, ni siquiera publicado, sino que acaba de salir del procedimiento de consultas públicas. Además, la UE en ningún caso propone que estos organismos dependan de los estados miembros.
El plan de Bruselas está diseñado específicamente para combatir campañas hostiles orquestadas por países terceros, en particular Rusia y China. Es decir, todos los esfuerzos están volcados en la dimensión exterior y no en la vigilancia de medios nacionales.
El plan de Bruselas contra las fake news se basa en dos pilares. En primer lugar, apretar las tuercas a las plataformas digitales como Facebook o Twitter para que supriman información falsa. El segundo pilar se basa en reforzar la cooperación. Para ello, se ha puesto en marcha un sistema de alerta rápida en el que participan Estados miembros e instituciones comunitarias con el fin de detectar rápidamente campañas de desinformación del exterior que supongan una amenaza para la seguridad o la salud pública en Europa.
Pero la Comisión Europea no se cansa de insistir en que hay que garantizar la libertad de expresión y el debate democrático plural, así como proteger a los periodistas.
De momento, Sánchez es el único presidente entre los cuatro grandes de la UE que se apropia del control de las fake news. En Francia, por ejemplo, la ley contra las fake news confiere el poder de vigilancia al Consejo Superior del Audiovisual (CSA), un organismo independiente del Gobierno. En Italia existe un portal de internet a través del cual los ciudadanos pueden denunciar casos de fake news directamente a la policía, que es quien debe verificar si se ha cometido algún delito y emprender las necesarias acciones legales. En Alemania, la unidad de comunicación estratégica depende del ministerio de Asuntos Exteriores y no de la cancillería (lo que deja clara su vocación de defensa frente al exterior), y su objetivo es desmontar bulos rusos y proporcionar información alternativa "fiable".
El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez está empezando a labrarse una reputación muy negativa en las instituciones comunitarias. En Bruselas se ha recibido la noticia de la publicación en el BOE de esta orden ministerial con mucha extrañeza, incluso respecto a la calidad jurídica de su redacción. No entienden cómo el Gobierno español ha aprobado esta legislación sin haber hablado antes con los sectores afectados.
La Unión Europea teme que la Orden publicada por el gobierno socialcomunista se convierta en una artimaña para controlar a los medios en pleno estado de alarma. Recelan porque esta estrategia haya salido a la luz sin pasar antes por el Parlamento (como sí hicieron Francia y Alemania), sin haber contado con la oposición y por el hecho de que ningún profesional de la comunicación esté incluido en el órgano que supervisará lo que se considera una noticia falsa.
La desinformación es un problema que afecta no sólo a nuestra democracia, sino a la Democracia con mayúscula y su solución no puede depender únicamente del Gobierno, sino que debe ser construida a partir de la colaboración de diferentes actores que luchan de manera independiente contra la mentira. La batalla se tiene que dar con periodismo, educación, tecnología e independencia.
Los gobiernos no deben desmentir contenidos de medios de comunicación de prensa, radio y televisión, como ha afirmado la ministra de Exteriores Arancha González Laya, y tampoco puede hacerlo un comité nombrado por un Gobierno. ¿Quién, entonces, destapará las mentiras del propio gobierno?
El poder de la Fiscalía para censurar
La cosa no acaba con la creación del Ministerio de la Verdad. El Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no solo da al Ministerio Fiscal la investigación penal (hasta ahora en manos del juez instructor), sino que también da la potestad al fiscal, como medida cautelar, a adoptar durante una investigación la posibilidad de «secuestrar publicaciones, prohibir la difusión o interrupción de la prestación de servicios de la sociedad de la información».O sea, la Fiscalía será el único cauce «oficial» de información durante la instrucción y tendrá el control del sumario, de forma que será quien seleccione los datos de la causa que quiera que trasciendan a los medios de comunicación y se reservará los que no. Esto restringe abiertamente el derecho constitucional a la libertad de información, uno de los pilares del sistema democrático.
De este modo se consolida como un «monopolio» en el control de la información, donde se implanta de facto un sistema «censor» que implica, según se cita en el anteproyecto, que pueda instar al «secuestro de la publicación, la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva, la interrupción de la prestación del servicio, así como la retirada de páginas web o el bloqueo de acceso a las mismas».