El 12 de julio de 2020 se celebraron las elecciones autonómicas en Galicia y País vasco, que se habían visto aplazadas por la irrupción del coronavirus. El resultado de las urnas ha venido a confirmar el hundimiento del gobierno socialcomunista. Dos años después de la moción de censura a Mariano Rajoy, y tras 7 meses de Gobierno Sánchez-Iglesias, las elecciones en Galicia y en el País Vasco arrojan una conclusión dura para la izquierda y preocupante para España: los nacionalistas suben, la izquierda baja. Así el PNV, así Bildu, así el BNG. La siguiente contienda electoral será en Cataluña, y todo apunta a que así será con ERC.
La noche se quedó mala en Moncloa y Galapagar. Empecemos por Pablo Iglesias, el gran perdedor para ventura de todos los demócratas, que, sin duda, acelera el proceso de descomposición en el que está inmerso la formación populista de extrema izquierda. Un Pablo Iglesias que se queda fuera de la escena política gallega y que en el País Vasco se pega un batacazo más que notable al perder la mitad de sus escaños.
Sin duda Podemos ha entrado en barrena y ha sido el gran derrotado de la noche electoral. ¿Por qué? Primero, porque es un exaltado. Segundo, porque es un extremista. Tercero, porque es un delincuente, una persona que ha alterado y ha prostituido un proceso judicial con pruebas falsas para intentar asesinar civilmente a periodistas y castrar la libertad de información. Y cuarto, porque los ciudadanos no le perdonan el hecho de que tenga el insulto como permanente argumento.
¿Y en La Moncloa? El nuevo PSOE, el de Pedro Sánchez, se echó al monte hace mucho tiempo y nada tiene que ver con ese partido socialista transversal de Felipe González, que llegó a conseguir a nivel nacional ni más ni menos que 202 diputados. Esa radicalidad de Pedro Sánchez, ese pactar con los comunistas de Podemos, con los proetarras de Bildu, con los golpistas catalanes... la ha pagado en las urnas con el sorpasso por parte de BNG en Galicia y con un resultado más que discreto para un partido que gobierna España en el País Vasco.
Los constantes pactos y concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalistas sólo han servido para legitimar y alimentar a los separatistas, que son los grandes triunfadores de la jornada electoral en el País Vasco y, en menor medida, en Galicia.
El resultado de los socialistas es nefasto por dos motivos: porque no ha sabido recoger apenas votos de la debacle podemita, y porque apenas mejora el resultado obtenido hace cuatro años, en el peor momento del PSOE. El tacticismo de regate corto de Pedro Sánchez e Iván Redondo empieza a dar señales serias de agotamiento, y eso que la crisis económica no ha hecho más que comenzar.
PP – 41 escaños. Alberto Núñez Feijóo ha obtenido su cuarta mayoría absoluta y podrá gobernar sin necesidad de pactar con nadie.
Bloque Nacionalista Galego (BNG) – 19 escaños, sube 13 representantes.
PSOE – 15 escaños, 1 escaño más que en los comicios de 2016.
Podemos desaparece del Parlamento gallego, tras pasar de 14 a 0 diputados.
Núñez Feijóo es la prueba de que el mejor antídoto contra el sectarismo ideológico de la izquierda socialcomunista y del independentismo es gestionar con rigor y coherencia, para desnudar así los argumentos demagógicos y populistas de sus adversarios. Su triunfo ha sido aplastante, rotundo: un 50% de los votos, convirtiéndose así en un muro para la izquierda socialcomunista e independentista.
EAJ-PNV – 31 escaños, 3 más que hace cuatro años.
EH Bildu – 22 escaños, 4 más que en 2016.
PSE-EE – 10 escaños, 1 más que en 2016.
PODEMOS-IU – 6 escaños, pierde 5.
PP-C’s – 5 escaños, pierden 9 a pesar de haberse presentado en coalición.
Vox – 1 escaño, consigue colarse por primera vez en el Parlamento por Álava.
Iñigo Urkullu ha ganado por tercera vez y podrá seguir gobernando si pacta con los socialistas. Este posible pacto hará que el partido nacionalista vasco siga siendo un apoyo habitual para el Gobierno de Pedro & Pablo, que pedirá sus votos para proyectos tan importantes como el de los presupuestos. El PNV ya le ha mandado a Pedro Sánchez el mensaje: si se le ocurre sumarse a la invitación de Podemos para formar un Gobierno en el País Vasco de la mano de Bildu, ya puede ir despidiéndose de su apoyo en el Congreso de los Diputados.
Los partidos constitucionalistas quedan reducidos a cotas cada vez menores y el nacionalismo se expande como mancha de aceite sobre el Parlamento vasco, apenas sin dejar hueco.
Actualización 3 de agosto: España es el único país del mundo donde se puede jurar el cargo prometiendo desobedecer la ley. A pesar de que el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige que los candidatos electorales juren o prometan acatar la Constitución para adquirir "la plena condición de sus cargos". El precepto no se ha obedecido jamás en el Parlamento vasco, es decir, la Constitución no se ha jurado nunca en el parlamento autonómico vasco y los diputados sólo son llamados por su nombre antes de ocupar su escaño.
Actualización 13 de agosto: Nacionalistas, socialistas, podemitas y proetarras se unieron ayer en el Parlamento vasco para recortar asesores y actividad legislativa al Grupo Mixto, integrado únicamente por la diputada de Vox, Amaia Martínez. PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han decidido establecer un «cordón sanitario» parlamentariamente impresentable sobre Vox. ¿En qué consiste? En reducir en dos tercios el tiempo de intervención de Vox en cada debate, en permitir únicamente que registren una iniciativa cada tres plenos (seis para el resto de partidos) y en que sólo puedan contratar a una persona como asesora.
En España, la Constitución establece que los partidos expresan el “pluralismo político” y que el ejercicio de su actividad es “libre”, siempre que respeten las leyes. Asimismo, el artículo 29 del Reglamento del Congreso establece que todos los grupos “gozan de los mismos derechos”. Por tanto, marginar a un partido por el mero hecho de que sea extremista es una artimaña antidemocrática (aunque legal) y una falta de respeto a sus votantes, que tienen tantos derechos como los demás.
Vox es un partido incómodo para los demás. Pero no merece más repudio que quienes propugnan la destrucción del Estado y su unidad, y a ellos nadie les niega plenitud de derechos parlamentarios. Lo que deberían hacer los demás partidos es analizar por qué la fuerza política de Santiago Abascal ha obtenido tanta representación.
Las elecciones autonómicas gallegas y vascas han supuesto el primer examen al Gobierno socialcomunista liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El resultado no deja lugar a dudas: los ciudadanos aprueban nítidamente a sus gobiernos autonómicos y suspenden con rotundidad al Gobierno de España.
Pero la jornada electoral aporta otras significativas lecturas con consecuencias diversas. Una de ellas es la debacle de Podemos, cuya pérdida en votos ni siquiera ha conseguido absorber Sánchez. Otra consecuencia del examen electoral es que la clara derrota del Gobierno en las urnas, debilita la ya frágil posición de una coalición que está a 21 escaños de la mayoría absoluta en el Congreso. Sánchez ha sufrido dos importantes derrotas políticas en 72 horas: la de Calviño para presidir el Eurogrupo, y la de estas urnas autonómicas.
Otra lectura que aportan las urnas, a nivel nacional, es que el Gobierno de Frente Popular es una máquina de generar independentistas. Los devaneos constantes del Ejecutivo con las fuerzas independentistas que mantienen a Sánchez en La Moncloa son altamente lesivos para los intereses de España y de los españoles, pero extraordinariamente rentables para los separatistas. En otras palabras: El Gobierno de España fracasa políticamente y desvertebra la Nación.
El socialcomunismo y su alianza con las fuerzas separatistas se ha convertido en una catapulta para las formaciones independentistas. El resultado en el País Vasco y Galicia acreditan la fortaleza de abertzales, soberanistas y nacionalistas, y la decadencia del bloque de Gobierno. La prueba en Galicia es el BNG; en el País Vasco, Bildu.
El BNG sube de forma exponencial en Galicia, mientras el PSOE se mantiene plano, con unos resultados discretísimos, al tiempo que la formación morada se pega uno de esos batacazos que se estudian en las facultades de Ciencias Políticas.
Lo mismo cabe decir de los resultados del País Vasco. ¿Quién se beneficia de la caída del socialcomunismo allí? Pues evidentemente, Bildu, la formación proetarra, que gana 4 escaños. Los herederos de ETA son los grandes beneficiados del derrumbe de la formación de Pablo Iglesias; es alarmante que un partido que debería estar ilegalizado sume más de una cuarta parte de apoyos de los electores vascos. Es lo que tiene que Podemos y Bildu se parezcan como dos gotas de agua; Podemos se compromete a potenciar los referéndum, defiende el derecho de autodeterminación, pero se queda al borde mismo de pedir la independencia. La aproximación creciente de Pablo Iglesias a las formaciones independentistas, con la anuencia de Pedro Sánchez, ha terminado por engordar a quienes no se sienten concernidos con el marco constitucional y se declaran abiertamente enemigos de España, que son los que ganan.
Por decirlo de una manera muy clara: Galicia y País Vasco le han enseñado a Iglesias la puerta de salida, a pesar de ser dos de los territorios donde Podemos tenía más fortaleza, lo que demuestra el estado de derrumbe de una formación morada que ha sido fagocitada por un líder despótico que es el paradigma del sectarismo más recalcitrante. Pablo Iglesias será vicepresidente segundo del Gobierno, pero su ocaso es evidente. Su visión totalitaria del poder y sus maneras tiránicas han merecido el rechazo y desprecio general del electorado.
Y mientras le crecían sus problemas judiciales por ocultar durante meses una tarjeta de memoria con fotos íntimas de su asesora y amante Dina Bousselham, Pablo Iglesias recurrió a una maniobra desesperada: utilizó el escándalo de las cuentas suizas del Rey emérito Juan Carlos I para montar una campaña contra Felipe VI, en un intento de desestabilizar a la Corona, llegando incluso a pedir la abdicación del rey Felipe VI y un referéndum sobre la Monarquía. Finalmente, su campaña ha dado sus frutos y ha logrado desterrar al Rey Emérito. Esta maniobra de distracción no ha dado ni un solo voto a Podemos y, en cambio, ha alimentado en las urnas a los partidos como Bildu, que buscan la desintegración del Estado.
El varapalo a Iglesias es de tal magnitud que si fuera un demócrata estaría a estas horas presentado su renuncia como secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno. Como no lo es, en las próximas horas encontrará alguna excusa para seguir aferrado al poder. Ya buscará alguna cloaca bajo la que meterse.
Por su parte, Pedro Sánchez convirtió el estado de alarma en una timba: cada 15 días otorgaba nuevas concesiones al PNV y al resto de partidos nacionalistas, a cambio de su apoyo para prolongar el confinamiento de los españoles. Y dio un paso de gigante al pactar con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, algo que provocó un auténtico terremoto político. Todo ello no ha hecho sino blanquear y legitimar a Bildu, el partido de los herederos de ETA, que durante la campaña electoral han campado a sus anchas boicoteando de forma violenta todos los mítines de Vox. La izquierda española convertida en el principal aliado del nacionalismo insolidario, que reivindica la violencia y niega la igualdad de derechos de todos los españoles.
A ello se une que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha favorecido el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y ha otorgado numerosos privilegios a los golpistas independentistas catalanes, aprovechando el poder que le otorgaba un estado de alarma inconstitucional.
La ruta de los próximos 4 años en el País Vasco tiene marcados objetivos que pueden convertirse en las ‘piedras’ incómodas en el calzado político de Pedro Sánchez. Son tres:
* la aprobación del nuevo estatus político que ambos partidos se comprometen a impulsar,
* el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, es decir, la cesión de una treintena de competencias pendientes, entre las que se incluyen el régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de prisiones,
* y el blindaje para asegurar en estos tiempos de crisis económica la finalización de la obra más faraónica jamás construida en Euskadi: el TAV (tren de alta velocidad).
Sin duda la ‘piedra’ más incómoda para la Moncloa que procederá del nuevo Ejecutivo vasco es su apoyo a la aprobación de un nuevo estatuto vasco que confiera a Euskadi un encaje ‘confederal’, de igual a igual, con España.
En el documento programático de casi 100 páginas se incluyen además compromisos que se antoja que serán menos incómodos pero que podrían definirse como ‘gravilla’ en el zapato socialista y en su relación con el PNV: la reforma del entramado institucional vasco, la revisión de la ‘foralidad’, la reforma fiscal, la fractura entre la ‘Euskadi de ciudadanos’ de los socialistas y la Euskadi de ‘nacionales’ de los nacionalistas, o apuestas como la gratuidad del euskera para los inmigrantes como fórmula para facilitar su integración.
Por el momento, Pedro Sánchez pagará como es debido al PNV por su apoyo presupuestario y por su respaldo al resto de medidas legislativas y políticas. Y, además de con pagos millonarios, lo hará con un gesto de alto simbolismo separatista: el reconocimiento de la selección vasca de fútbol. Es decir, que tengan selección nacional sin ser nación. A ello se ha comprometido ya el Gobierno con el PNV el 8 de septiembre. Y la cita elegida para reclamar a Sánchez la visualización de su pacto es la próxima Eurocopa, ya que Bilbao será una de sus sedes.
El PSOE y el PNV acordaron igualmente en ese documento el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra.
Sánchez sigue pagando, de este modo, el apoyo de los separatistas vascos del PNV. Y en esos, pagos, por supuesto, también están los económicos. De hecho, el País Vasco disfrutará de un margen extra de déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% en 2020 (el resto de comunidades autónomas tienen una limitación de déficit del 0,2%). Traducido: el Gobierno de Urkullu ha logrado, en pleno Covid, más de 1.700 millones extra por año, 13 veces el margen del resto de territorios españoles.
La excusa para semejante regalo ha sido la de que no participan en el tramo del fondo Covid-19 destinado a compensar la caída de ingresos. Pero lo cierto es que no participan porque tienen hacienda propia y, por lo tanto, tampoco contribuyen al sistema de solidaridad general.
Éstas han sido las primeras elecciones del coronavirus, y se han celebrado en plena epidemia de rebrotes, descontrolados en muchos territorios. En Euskadi se registraron 31 nuevos positivos en las últimas 24 horas y los contagiados por el foco de Ordizia seguían en aumento, elevando los casos del foco hasta los 69 contagiados. En Galicia se vivía el segundo rebrote más grave de España, con 182 casos activos y 708 personas en cuarentena por sospecha de infección, que llevó al gobierno autonómico a confinar perimetralmente la comarca de A Mariña.
Y en este dantesco escenario, las elecciones no se aplazaron (como se pedía) y siguieron adelante. Nuevamente, el poder de nuestros dirigentes se impone al derecho de los ciudadanos. Porque las elecciones se celebraron con una salvedad: PROHIBIENDO ir a votar a los contagiados confirmados por PCR, a quien presentara algún síntoma y a quienes estaban en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado.
La supresión del derecho al sufragio activo, uno de los derechos fundamentales que recoge en el artículo 23 de la Constitución, no puede ser limitado ni suspendido, ni siquiera durante la aplicación de los estados de alarma, excepción y sitio; solo puede ser limitado en aplicación de una ley con rango de orgánica que exigiría el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y que, hoy por hoy, no existe en España.
Es decir, no hay ninguna base legal para impedir que alguien pueda ir a votar. Ningún gobierno autonómico puede limitar un derecho fundamental, porque no tiene cobertura legal para hacerlo. Solo puede hacerse mediante una orden judicial y para cada afectado, con nombre, apellidos y dirección, tras solicitarlo una autoridad, ya fuera la sanitaria, la electoral u otra. Sin embargo, las dos comunidades siguieron adelante con sus planes para cercenar el derecho al voto.
Alegaban que debían haber solicitado el voto por correo, para no tener que romper el confinamiento al tener que ir al colegio electoral a ejercer su derecho al voto. Pero, ¿acaso debían saber los ciudadanos afectados que iban a estar contagiados con anterioridad al 2 de julio (fecha límite para solicitarlo)? No creo que tengan una bola de cristal. ¿Y no había otra solución? La ley no contempla otro modo de votar que ir personalmente a depositar el voto a la urna ¡parece mentira en pleno siglo XXI y en la era de la digitalización!, pero así es. Y yo me pregunto: ¿no era posible que alguien de la Junta Electoral fuera a recoger el voto de estos ciudadanos a su domicilio (pertrechados con EPIs, claro está)?
Lo que está claro es que prohibir de facto el voto es una medida, a todas luces, anticonstitucional. Una de tantas violaciones de la Carta Magna que hemos visto en los últimos 4 meses. Así que el problema al que ahora se enfrentan es que se podrían invalidar las elecciones (aunque fuera en unas mesas concretas), ya que los afectados podrían recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
Pero ésta no ha sido la única polémica de estas elecciones. La empresa pública Correos paralizó el envío de la propaganda electoral de Vox aduciendo que los sobres llevaban impresos mensajes que vulneraban "derechos fundamentales". Tanto en Galicia como en el País Vasco, los sobres exhibían en la parte frontal un titular de prensa mientras que en la parte trasera Vox replicaba con un eslogan de carácter electoral. Así, por ejemplo, salían temas como la inmigración, la violencia de género, los partidos separatistas o las violaciones.
Ejemplos de sobre electoral del País Vasco:
- Anverso: Urkullu considera 'necesaria' la llegada de inmigrantes para afrontar el reto demográfico.
- Reverso: Ante la invasión migratoria hay una alternativa, Vox.
- Anverso: El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros.
- Reverso: Ante el adoctrinamiento en los colegios hay una alternativa, Vox.
En el caso de Galicia, el modelo de sobre sigue la misma filosofía aunque presenta varios eslóganes en el anverso. Ejemplo:
- Anverso: Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago o Radicales del BNG queman un muñeco del Rey en Santiago de Compostela.
- Reverso: Ante los progres separatistas hay una España que quiere recuperar su futuro, Vox.
La Junta Electoral Central dio la razón a Vox e instó a Correos a que se procediese a dar salida a los sobres que habían sido bloqueados, aunque solo llegaron a sus destinatarios un 20% de los mismos. Por ello, ahora Vox se ha querellado contra los altos cargos de la empresa postal por secuestrar su propaganda electoral.
Todos los partidos políticos consideran de suma importancia el envío de propaganda electoral y de papeletas a los domicilios, pero en su caso Vox ha elevado siempre su relevancia a un plano estratégico. Sus dirigentes consideran que hay muchos votantes que no se atreven a coger la papeleta en los colegios electorales por culpa de la "estigmatización" por lo que ese tipo de personas se pierden si no puedan acudir con la papeleta preparada de casa. Y ello se da más aún en el caso del País Vasco, donde el partido ha sufrido numerosos problemas de acoso (incluso con violencia) para la celebración de actos electorales o para la búsqueda misma de apoderados.
Y por cierto, que el título del post viene a colación de la bronca protagonizada por Iglesias y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros el pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados. Éste último abandonó airadamente la Comisión para la Reconstrucción a modo de protesta después de que Pablo Iglesias dijera que a su partido "le gustaría dar un golpe de estado". Tras su marcha, Iglesias aún replicó: "cierre la puerta al salir, señoría". ¿Quién debe cerrarla ahora, señor Iglesias?
La noche se quedó mala en Moncloa y Galapagar. Empecemos por Pablo Iglesias, el gran perdedor para ventura de todos los demócratas, que, sin duda, acelera el proceso de descomposición en el que está inmerso la formación populista de extrema izquierda. Un Pablo Iglesias que se queda fuera de la escena política gallega y que en el País Vasco se pega un batacazo más que notable al perder la mitad de sus escaños.
Sin duda Podemos ha entrado en barrena y ha sido el gran derrotado de la noche electoral. ¿Por qué? Primero, porque es un exaltado. Segundo, porque es un extremista. Tercero, porque es un delincuente, una persona que ha alterado y ha prostituido un proceso judicial con pruebas falsas para intentar asesinar civilmente a periodistas y castrar la libertad de información. Y cuarto, porque los ciudadanos no le perdonan el hecho de que tenga el insulto como permanente argumento.
¿Y en La Moncloa? El nuevo PSOE, el de Pedro Sánchez, se echó al monte hace mucho tiempo y nada tiene que ver con ese partido socialista transversal de Felipe González, que llegó a conseguir a nivel nacional ni más ni menos que 202 diputados. Esa radicalidad de Pedro Sánchez, ese pactar con los comunistas de Podemos, con los proetarras de Bildu, con los golpistas catalanes... la ha pagado en las urnas con el sorpasso por parte de BNG en Galicia y con un resultado más que discreto para un partido que gobierna España en el País Vasco.
Los constantes pactos y concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalistas sólo han servido para legitimar y alimentar a los separatistas, que son los grandes triunfadores de la jornada electoral en el País Vasco y, en menor medida, en Galicia.
El resultado de los socialistas es nefasto por dos motivos: porque no ha sabido recoger apenas votos de la debacle podemita, y porque apenas mejora el resultado obtenido hace cuatro años, en el peor momento del PSOE. El tacticismo de regate corto de Pedro Sánchez e Iván Redondo empieza a dar señales serias de agotamiento, y eso que la crisis económica no ha hecho más que comenzar.
Resultados electorales en Galicia
PP – 41 escaños. Alberto Núñez Feijóo ha obtenido su cuarta mayoría absoluta y podrá gobernar sin necesidad de pactar con nadie.
Bloque Nacionalista Galego (BNG) – 19 escaños, sube 13 representantes.
PSOE – 15 escaños, 1 escaño más que en los comicios de 2016.
Podemos desaparece del Parlamento gallego, tras pasar de 14 a 0 diputados.
Núñez Feijóo es la prueba de que el mejor antídoto contra el sectarismo ideológico de la izquierda socialcomunista y del independentismo es gestionar con rigor y coherencia, para desnudar así los argumentos demagógicos y populistas de sus adversarios. Su triunfo ha sido aplastante, rotundo: un 50% de los votos, convirtiéndose así en un muro para la izquierda socialcomunista e independentista.
Resultados electorales en País Vasco
EAJ-PNV – 31 escaños, 3 más que hace cuatro años.
EH Bildu – 22 escaños, 4 más que en 2016.
PSE-EE – 10 escaños, 1 más que en 2016.
PODEMOS-IU – 6 escaños, pierde 5.
PP-C’s – 5 escaños, pierden 9 a pesar de haberse presentado en coalición.
Vox – 1 escaño, consigue colarse por primera vez en el Parlamento por Álava.
Iñigo Urkullu ha ganado por tercera vez y podrá seguir gobernando si pacta con los socialistas. Este posible pacto hará que el partido nacionalista vasco siga siendo un apoyo habitual para el Gobierno de Pedro & Pablo, que pedirá sus votos para proyectos tan importantes como el de los presupuestos. El PNV ya le ha mandado a Pedro Sánchez el mensaje: si se le ocurre sumarse a la invitación de Podemos para formar un Gobierno en el País Vasco de la mano de Bildu, ya puede ir despidiéndose de su apoyo en el Congreso de los Diputados.
Los partidos constitucionalistas quedan reducidos a cotas cada vez menores y el nacionalismo se expande como mancha de aceite sobre el Parlamento vasco, apenas sin dejar hueco.
Actualización 3 de agosto: España es el único país del mundo donde se puede jurar el cargo prometiendo desobedecer la ley. A pesar de que el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige que los candidatos electorales juren o prometan acatar la Constitución para adquirir "la plena condición de sus cargos". El precepto no se ha obedecido jamás en el Parlamento vasco, es decir, la Constitución no se ha jurado nunca en el parlamento autonómico vasco y los diputados sólo son llamados por su nombre antes de ocupar su escaño.
Actualización 13 de agosto: Nacionalistas, socialistas, podemitas y proetarras se unieron ayer en el Parlamento vasco para recortar asesores y actividad legislativa al Grupo Mixto, integrado únicamente por la diputada de Vox, Amaia Martínez. PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han decidido establecer un «cordón sanitario» parlamentariamente impresentable sobre Vox. ¿En qué consiste? En reducir en dos tercios el tiempo de intervención de Vox en cada debate, en permitir únicamente que registren una iniciativa cada tres plenos (seis para el resto de partidos) y en que sólo puedan contratar a una persona como asesora.
En España, la Constitución establece que los partidos expresan el “pluralismo político” y que el ejercicio de su actividad es “libre”, siempre que respeten las leyes. Asimismo, el artículo 29 del Reglamento del Congreso establece que todos los grupos “gozan de los mismos derechos”. Por tanto, marginar a un partido por el mero hecho de que sea extremista es una artimaña antidemocrática (aunque legal) y una falta de respeto a sus votantes, que tienen tantos derechos como los demás.
Vox es un partido incómodo para los demás. Pero no merece más repudio que quienes propugnan la destrucción del Estado y su unidad, y a ellos nadie les niega plenitud de derechos parlamentarios. Lo que deberían hacer los demás partidos es analizar por qué la fuerza política de Santiago Abascal ha obtenido tanta representación.
El peligro de los separatistas
Las elecciones autonómicas gallegas y vascas han supuesto el primer examen al Gobierno socialcomunista liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El resultado no deja lugar a dudas: los ciudadanos aprueban nítidamente a sus gobiernos autonómicos y suspenden con rotundidad al Gobierno de España.
Pero la jornada electoral aporta otras significativas lecturas con consecuencias diversas. Una de ellas es la debacle de Podemos, cuya pérdida en votos ni siquiera ha conseguido absorber Sánchez. Otra consecuencia del examen electoral es que la clara derrota del Gobierno en las urnas, debilita la ya frágil posición de una coalición que está a 21 escaños de la mayoría absoluta en el Congreso. Sánchez ha sufrido dos importantes derrotas políticas en 72 horas: la de Calviño para presidir el Eurogrupo, y la de estas urnas autonómicas.
Otra lectura que aportan las urnas, a nivel nacional, es que el Gobierno de Frente Popular es una máquina de generar independentistas. Los devaneos constantes del Ejecutivo con las fuerzas independentistas que mantienen a Sánchez en La Moncloa son altamente lesivos para los intereses de España y de los españoles, pero extraordinariamente rentables para los separatistas. En otras palabras: El Gobierno de España fracasa políticamente y desvertebra la Nación.
El socialcomunismo y su alianza con las fuerzas separatistas se ha convertido en una catapulta para las formaciones independentistas. El resultado en el País Vasco y Galicia acreditan la fortaleza de abertzales, soberanistas y nacionalistas, y la decadencia del bloque de Gobierno. La prueba en Galicia es el BNG; en el País Vasco, Bildu.
El BNG sube de forma exponencial en Galicia, mientras el PSOE se mantiene plano, con unos resultados discretísimos, al tiempo que la formación morada se pega uno de esos batacazos que se estudian en las facultades de Ciencias Políticas.
Lo mismo cabe decir de los resultados del País Vasco. ¿Quién se beneficia de la caída del socialcomunismo allí? Pues evidentemente, Bildu, la formación proetarra, que gana 4 escaños. Los herederos de ETA son los grandes beneficiados del derrumbe de la formación de Pablo Iglesias; es alarmante que un partido que debería estar ilegalizado sume más de una cuarta parte de apoyos de los electores vascos. Es lo que tiene que Podemos y Bildu se parezcan como dos gotas de agua; Podemos se compromete a potenciar los referéndum, defiende el derecho de autodeterminación, pero se queda al borde mismo de pedir la independencia. La aproximación creciente de Pablo Iglesias a las formaciones independentistas, con la anuencia de Pedro Sánchez, ha terminado por engordar a quienes no se sienten concernidos con el marco constitucional y se declaran abiertamente enemigos de España, que son los que ganan.
Por decirlo de una manera muy clara: Galicia y País Vasco le han enseñado a Iglesias la puerta de salida, a pesar de ser dos de los territorios donde Podemos tenía más fortaleza, lo que demuestra el estado de derrumbe de una formación morada que ha sido fagocitada por un líder despótico que es el paradigma del sectarismo más recalcitrante. Pablo Iglesias será vicepresidente segundo del Gobierno, pero su ocaso es evidente. Su visión totalitaria del poder y sus maneras tiránicas han merecido el rechazo y desprecio general del electorado.
Y mientras le crecían sus problemas judiciales por ocultar durante meses una tarjeta de memoria con fotos íntimas de su asesora y amante Dina Bousselham, Pablo Iglesias recurrió a una maniobra desesperada: utilizó el escándalo de las cuentas suizas del Rey emérito Juan Carlos I para montar una campaña contra Felipe VI, en un intento de desestabilizar a la Corona, llegando incluso a pedir la abdicación del rey Felipe VI y un referéndum sobre la Monarquía. Finalmente, su campaña ha dado sus frutos y ha logrado desterrar al Rey Emérito. Esta maniobra de distracción no ha dado ni un solo voto a Podemos y, en cambio, ha alimentado en las urnas a los partidos como Bildu, que buscan la desintegración del Estado.
El varapalo a Iglesias es de tal magnitud que si fuera un demócrata estaría a estas horas presentado su renuncia como secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno. Como no lo es, en las próximas horas encontrará alguna excusa para seguir aferrado al poder. Ya buscará alguna cloaca bajo la que meterse.
Por su parte, Pedro Sánchez convirtió el estado de alarma en una timba: cada 15 días otorgaba nuevas concesiones al PNV y al resto de partidos nacionalistas, a cambio de su apoyo para prolongar el confinamiento de los españoles. Y dio un paso de gigante al pactar con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, algo que provocó un auténtico terremoto político. Todo ello no ha hecho sino blanquear y legitimar a Bildu, el partido de los herederos de ETA, que durante la campaña electoral han campado a sus anchas boicoteando de forma violenta todos los mítines de Vox. La izquierda española convertida en el principal aliado del nacionalismo insolidario, que reivindica la violencia y niega la igualdad de derechos de todos los españoles.
A ello se une que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha favorecido el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y ha otorgado numerosos privilegios a los golpistas independentistas catalanes, aprovechando el poder que le otorgaba un estado de alarma inconstitucional.
Moraleja: cada día que el tándem Sánchez / Iglesias permanezca en La Moncloa, las fuerzas independentistas estarán de enhorabuena.
El pago de Sánchez al nuevo Gobierno vasco de coalición PNV-PSE
La ruta de los próximos 4 años en el País Vasco tiene marcados objetivos que pueden convertirse en las ‘piedras’ incómodas en el calzado político de Pedro Sánchez. Son tres:
* la aprobación del nuevo estatus político que ambos partidos se comprometen a impulsar,
* el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, es decir, la cesión de una treintena de competencias pendientes, entre las que se incluyen el régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de prisiones,
* y el blindaje para asegurar en estos tiempos de crisis económica la finalización de la obra más faraónica jamás construida en Euskadi: el TAV (tren de alta velocidad).
Sin duda la ‘piedra’ más incómoda para la Moncloa que procederá del nuevo Ejecutivo vasco es su apoyo a la aprobación de un nuevo estatuto vasco que confiera a Euskadi un encaje ‘confederal’, de igual a igual, con España.
En el documento programático de casi 100 páginas se incluyen además compromisos que se antoja que serán menos incómodos pero que podrían definirse como ‘gravilla’ en el zapato socialista y en su relación con el PNV: la reforma del entramado institucional vasco, la revisión de la ‘foralidad’, la reforma fiscal, la fractura entre la ‘Euskadi de ciudadanos’ de los socialistas y la Euskadi de ‘nacionales’ de los nacionalistas, o apuestas como la gratuidad del euskera para los inmigrantes como fórmula para facilitar su integración.
Por el momento, Pedro Sánchez pagará como es debido al PNV por su apoyo presupuestario y por su respaldo al resto de medidas legislativas y políticas. Y, además de con pagos millonarios, lo hará con un gesto de alto simbolismo separatista: el reconocimiento de la selección vasca de fútbol. Es decir, que tengan selección nacional sin ser nación. A ello se ha comprometido ya el Gobierno con el PNV el 8 de septiembre. Y la cita elegida para reclamar a Sánchez la visualización de su pacto es la próxima Eurocopa, ya que Bilbao será una de sus sedes.
El PSOE y el PNV acordaron igualmente en ese documento el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra.
Sánchez sigue pagando, de este modo, el apoyo de los separatistas vascos del PNV. Y en esos, pagos, por supuesto, también están los económicos. De hecho, el País Vasco disfrutará de un margen extra de déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% en 2020 (el resto de comunidades autónomas tienen una limitación de déficit del 0,2%). Traducido: el Gobierno de Urkullu ha logrado, en pleno Covid, más de 1.700 millones extra por año, 13 veces el margen del resto de territorios españoles.
La excusa para semejante regalo ha sido la de que no participan en el tramo del fondo Covid-19 destinado a compensar la caída de ingresos. Pero lo cierto es que no participan porque tienen hacienda propia y, por lo tanto, tampoco contribuyen al sistema de solidaridad general.
Las elecciones del coronavirus
Éstas han sido las primeras elecciones del coronavirus, y se han celebrado en plena epidemia de rebrotes, descontrolados en muchos territorios. En Euskadi se registraron 31 nuevos positivos en las últimas 24 horas y los contagiados por el foco de Ordizia seguían en aumento, elevando los casos del foco hasta los 69 contagiados. En Galicia se vivía el segundo rebrote más grave de España, con 182 casos activos y 708 personas en cuarentena por sospecha de infección, que llevó al gobierno autonómico a confinar perimetralmente la comarca de A Mariña.
Y en este dantesco escenario, las elecciones no se aplazaron (como se pedía) y siguieron adelante. Nuevamente, el poder de nuestros dirigentes se impone al derecho de los ciudadanos. Porque las elecciones se celebraron con una salvedad: PROHIBIENDO ir a votar a los contagiados confirmados por PCR, a quien presentara algún síntoma y a quienes estaban en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado.
La supresión del derecho al sufragio activo, uno de los derechos fundamentales que recoge en el artículo 23 de la Constitución, no puede ser limitado ni suspendido, ni siquiera durante la aplicación de los estados de alarma, excepción y sitio; solo puede ser limitado en aplicación de una ley con rango de orgánica que exigiría el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y que, hoy por hoy, no existe en España.
Es decir, no hay ninguna base legal para impedir que alguien pueda ir a votar. Ningún gobierno autonómico puede limitar un derecho fundamental, porque no tiene cobertura legal para hacerlo. Solo puede hacerse mediante una orden judicial y para cada afectado, con nombre, apellidos y dirección, tras solicitarlo una autoridad, ya fuera la sanitaria, la electoral u otra. Sin embargo, las dos comunidades siguieron adelante con sus planes para cercenar el derecho al voto.
Alegaban que debían haber solicitado el voto por correo, para no tener que romper el confinamiento al tener que ir al colegio electoral a ejercer su derecho al voto. Pero, ¿acaso debían saber los ciudadanos afectados que iban a estar contagiados con anterioridad al 2 de julio (fecha límite para solicitarlo)? No creo que tengan una bola de cristal. ¿Y no había otra solución? La ley no contempla otro modo de votar que ir personalmente a depositar el voto a la urna ¡parece mentira en pleno siglo XXI y en la era de la digitalización!, pero así es. Y yo me pregunto: ¿no era posible que alguien de la Junta Electoral fuera a recoger el voto de estos ciudadanos a su domicilio (pertrechados con EPIs, claro está)?
Lo que está claro es que prohibir de facto el voto es una medida, a todas luces, anticonstitucional. Una de tantas violaciones de la Carta Magna que hemos visto en los últimos 4 meses. Así que el problema al que ahora se enfrentan es que se podrían invalidar las elecciones (aunque fuera en unas mesas concretas), ya que los afectados podrían recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
Pero ésta no ha sido la única polémica de estas elecciones. La empresa pública Correos paralizó el envío de la propaganda electoral de Vox aduciendo que los sobres llevaban impresos mensajes que vulneraban "derechos fundamentales". Tanto en Galicia como en el País Vasco, los sobres exhibían en la parte frontal un titular de prensa mientras que en la parte trasera Vox replicaba con un eslogan de carácter electoral. Así, por ejemplo, salían temas como la inmigración, la violencia de género, los partidos separatistas o las violaciones.
Ejemplos de sobre electoral del País Vasco:
- Anverso: Urkullu considera 'necesaria' la llegada de inmigrantes para afrontar el reto demográfico.
- Reverso: Ante la invasión migratoria hay una alternativa, Vox.
- Anverso: El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros.
- Reverso: Ante el adoctrinamiento en los colegios hay una alternativa, Vox.
En el caso de Galicia, el modelo de sobre sigue la misma filosofía aunque presenta varios eslóganes en el anverso. Ejemplo:
- Anverso: Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago o Radicales del BNG queman un muñeco del Rey en Santiago de Compostela.
- Reverso: Ante los progres separatistas hay una España que quiere recuperar su futuro, Vox.
La Junta Electoral Central dio la razón a Vox e instó a Correos a que se procediese a dar salida a los sobres que habían sido bloqueados, aunque solo llegaron a sus destinatarios un 20% de los mismos. Por ello, ahora Vox se ha querellado contra los altos cargos de la empresa postal por secuestrar su propaganda electoral.
Todos los partidos políticos consideran de suma importancia el envío de propaganda electoral y de papeletas a los domicilios, pero en su caso Vox ha elevado siempre su relevancia a un plano estratégico. Sus dirigentes consideran que hay muchos votantes que no se atreven a coger la papeleta en los colegios electorales por culpa de la "estigmatización" por lo que ese tipo de personas se pierden si no puedan acudir con la papeleta preparada de casa. Y ello se da más aún en el caso del País Vasco, donde el partido ha sufrido numerosos problemas de acoso (incluso con violencia) para la celebración de actos electorales o para la búsqueda misma de apoderados.
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Y por cierto, que el título del post viene a colación de la bronca protagonizada por Iglesias y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros el pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados. Éste último abandonó airadamente la Comisión para la Reconstrucción a modo de protesta después de que Pablo Iglesias dijera que a su partido "le gustaría dar un golpe de estado". Tras su marcha, Iglesias aún replicó: "cierre la puerta al salir, señoría". ¿Quién debe cerrarla ahora, señor Iglesias?