Todo lo referente a Podemos gira en torno a cuestiones de esta índole: venganzas personales, acusaciones infantiles, desaires amorosos en una comprensión del amor vacua y efímera, mucha ambición y muy poca dignidad. Ahora, la Justicia está cada vez más cerca de desvelar la farsa electoralista montada por Pablo Iglesias para presentarse como una víctima de las cloacas del Estado.
El que fuera coordinador legal de la formación morada y purgado por avisar de ciertas prácticas presuntamente corruptas, José Manuel Calvente, ha puesto en el filo de la navaja al máximo líder de Podemos.
Calvente fue despedido de forma fulminante el año pasado tras una denuncia interna de acoso presentada por su compañera Marta Flor (que ha sido desestimada). Él siempre atribuyó el cese a que había detectado diversas irregularidades contables en Podemos, algunas posiblemente constitutivas de delito, y querían quitárselo de encima.
Estaba además, enfrentado a Flor. Ella era la abogada de Podemos en el caso Villarejo y alardeaba de tener una relación estrecha (íntima) con uno de los fiscales de la causa. Calvente entendía que no eran formas de trabajar y la jefa de ambos, que entonces era Gloria Elizo, le dio la razón y la apartó del caso. Flor llevaría después la denuncia de acoso contra Calvente a los tribunales, pero se desestimó. Él está fuera del partido y ella ascendió: fue la encargada de representar a Pablo Iglesias nada menos que ante la Audiencia Nacional en el caso Dina.
Con estas mimbres, Calvente, una vez cesado, decidió poner en manos de la Guardia Civil todas las irregularidades que según él, motivaron su purga y la de su compañera Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento normativo de Podemos. Tras analizar los 40 folios de hechos denunciados, los agentes dieron cuenta a los juzgados, y el caso ha acabado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, presidido por Juan José Escalonilla, de posibles delitos de malversación y administración desleal en Podemos.
De fondo, lo que sobrevuela es la acusación de que mediaron sobreprecios y comisiones irregulares, así como reintegros de gastos que no se computaban a efectos del compromiso con la caja solidaria. Planea sobre Iglesias la existencia de una «caja B» en Podemos, y el pago de sobresueldos opacos a sus líderes. Calvente califica los hechos descritos por él mismo como financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.
El origen sontres ocho asuntos: la presunta utilización de una asesora de Podemos como niñera, el uso fraudulento de la Caja de Solidaridad del partido, aumentos salariales a dirigentes, desvío de fondos a plataformas afines, pagos a una consultora por servicios presuntamente no prestados...
Según la denuncia de Calvente, Monedero habría actuado presuntamente como "intermediario y comisionista" entre Podemos y la consultora Neurona Consulting (sociedad pantalla del chavismo destinada a financiar ilegalmente a sus peones en los países latinoamericanos) y en la consecución de supuestas "contrataciones ilícitas" de la citada consultora con otras empresas y gobiernos de Latinoamérica. De esta forma, Monedero, amigo personal de César Hernández Paredes, director de Neurona, podría haber obtenido presuntos "fondos mediante contratos simulados, para su propio beneficio personal".
Precisamente, Podemos nombró a Monedero director del Instituto 25 de Mayo (I25M) el 19 de julio. La fundación vinculada a la formación morada tiene como supuestos objetivos el análisis, la formación y la creación política y cultural. No obstante, algunas fuentes consultadas por este diario apuntan que dicho nombramiento tendría como objetivo "potenciar los 'negocios' de la consultora Neurona en Latinoamérica".
[Actualización 15 octubre 2020: El juez que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha anulado las diligencias que él mismo solicitó para esclarecer cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes a las elecciones generales de 2019. El instructor considera que el Tribunal de Cuentas ha acreditado que no hay irregularidades en dichos contratos y ha cerrado esa línea de investigación abierta a raíz de la denuncia del abogado despedido por Podemos, José Manuel Calvente. La Fiscalía de Madrid se posicionó en el mismo sentido: los indicios presentados por Calvente son "rumores, sospechas o suspicacias", aunque sí ve indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delicitivo en los contratos con Neurona.]
[Actualización 23 octubre 2020: Por "falta de indicios", el juez archiva la investigación de la presunta 'caja B' de Podemos y concluye que no hubo administración desleal, ya que no existe ningún indicio de contabilidad paralela y que las cantidades recibidas por Podemos de sus altos cargos iban destinadas a las actividades sociales declaradas. La Policía Judicial no ha visto irregularidades en el manejo de esos fondos, lo que lleva al juez a sobreseer esa línea de investigación.]
[Actualización 3 marzo 2021: El Caso Neurona, lejos de diluirse rápidamente como vaticinaron desde la formación morada, ha ido creciendo desde que el pasado verano el juez Juan José Escalonilla decidió imputar al partido como persona jurídica. En el centro de las sospechas estaba el pago de 363.000€ de las subvenciones públicas a la consultora mexicana Neurona para hacer contenido electoral en las elecciones de abril de 2019. El magistrado tiene dudas de que esos trabajos realmente se prestasen, y esa sensación la comparten tanto la Fiscalía de Madrid como el Tribunal de Cuentas. Recientemente un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía avaló la mayoría de trabajos aportados por Podemos, pero el juez todavía está a la espera de las conclusiones de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional).
A medida que el juez fue ordenando diligencias, el caso se fue complicando para Podemos. Neurona es una firma que solo trabaja para líderes de izquierdas, principalmente en Latinoamérica. Su responsable, César Hernández Paredes, aparece en Internet en actitud amistosa con el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil al usar una factura falsa para cobrar 26.200€ de Neurona. La suma total de pagos a Neurona fue de 430.000€, el contrato se firmó después de las elecciones, el juez cree que se creó ad hoc una sociedad de la consultora en España para canalizar los pagos sin que consten trabajadores en ella. Además, parte de ese dinero acabó destinado a otra sociedad mexicana bajo el foco de la investigación.
Pero el punto de partida de esta investigación está en dos extrabajadores del partido: José Manuel Calvente y Mónica Carmona, ambos despedidos a principios de 2020 al detectar indicios de corrupción en Podemos que se iban archivando, como las obras de la sede del partido o una relación similar a la de Neurona con otra firma portuguesa.]
En su declaración ante el juez, De Frutos dijo que por los resultados que tuvieron en las elecciones, había menos gente de finanzas en otros territorios, a él le tocaba “hacer más responsabilidades y se aplican estos complementos que están solo durante el ejercicio de tu función”.
Por su parte, Del Val declaró: “Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y además lo anejo al cargo”.
Teóricamente, la cúpula puso en marcha un concurso para elegir a las empresas más baratas para convertir una antigua nave industrial en sus oficinas, pero en la práctica se habría saltado ese proceso interno de control para adjudicarlos 'a dedo' (curiosamente Podemos recibió los presupuestos de los contratistas para remodelar la sede 2 días antes de iniciar la licitación). Se investiga si hubo facturas falsas que permitieron el desvío de fondos del partido.
Según los llamados "papeles del Kremlin", Podemos destinó 1.361.055 euros a remodelar su sede, aunque sólo había licitado un gasto 649.936,68 euros. Dicha cifra supone un incremento de 711.119 euros respecto al presupuesto inicial.
Calvente también menciona en su denuncia las sospechosas subidas de sueldo a principios del año 2019 al tesorero Daniel de Frutos, la gerente Rocío Val y la letrada de Marta Flor. El papel de la letrada en esta supuesta trama pasaría por su presunto asesoramiento en algunas de las irregularidades denunciadas por el abogado en su escrito.
Tras escuchar a Calvente el pasado 29 de julio durante algo más de tres horas y analizar la documentación que aportó en su denuncia, el juez que lleva el caso, Juan José Escalonilla, ha ordenado una extensa batería de diligencias para profundizar en cada una de estas tres patas en las que el letrado veía también otros delitos, como el de apropiación indebida. De ser cierto todo ésto (que lo será), el asunto Dina (donde también está imputado Pablo Iglesias) quedaría como una minucia.
La instrucción no ha hecho más que empezar y llevará a parte de la cúpula de la formación morada a declarar ante el juez el próximo mes de noviembre. Por el momento están imputados el secretario de Comunicación y responsable de campañas (Juan Manuel del Olmo), la gerente (Rocío Val), el tesorero (Daniel de Frutos) y a una responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Asimismo, Podemos ya figura como persona jurídica investigada.
Por su parte, Vox se ha querellado contra Pablo Iglesias, Dina Bousselham, la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa ante el juez de la Audiencia Nacional. Desde Vox consideran que se han cometido hasta seis delitos por el contenido de un chat entre abogados de Podemos: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.
[Actualización 3 marzo 2021: La Audiencia Provincial de Madrid ha defendido el mantenimiento de Podemos como investigado en la causa o la reapertura de investigaciones que el magistrado había archivado, como la que afecta a la llamada Caja de Solidaridad del partido. Por estos hechos figura como acusación particular una exsenadora de Podemos. Las acusaciones populares las integran Vox, la asociación de juristas Pro Lege y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Las dudas de la Audiencia Provincial se centran en el pago de al menos 30.000€ a una asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes". El exabogado del partido que dio origen al caso, José Manuel Calvente, había denunciado que una asociación llamada #404 Comunicación Popular le había pedido 50.000€ a Podemos y que ese dinero se destinó para “un presunto pago a un miembro del partido político”.
El Grupo III de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla investigó por orden del juez el Registro Nacional de Asociaciones en busca de los fundadores de 404 Comunicación Popular. Pese al silencio de Podemos, los investigadores detectaron que la asociación que recibió el dinero es titular de una cuenta de la entidad Triodos Bank y que recibió tres transferencias ordenadas por “Podemos” por valor cada una de ellas por importe de 10.000€ el 5 de septiembre de 2019, el 20 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020.]
Además del caso de la niñera, el juez pide que se abra un procedimiento sobre la presunta apropiación por parte de Iglesias de las costas procesales del partido. Carmona señala que el secretario general (Pablo Iglesias) cobró las costas procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios (de abogado y procurador) había pagado la formación.
Las otras dos nuevas causas abiertas contra la corrupción de Podemos tienen que ver con el presunto envío de un total de 500.000€ a un proyecto solidario llamado Escuela Popular Paulo Freire -vinculado al dirigente de Podemos Rafael Mayoral, uno de los más próximos a Iglesias- y a la fundación del partido llamada 25-M.
Iglesias y sus compinches han cimentado su carrera acusando de corrupción a todos sus rivales políticos y presentándose como los adalides de la limpieza democrática. El vicepresidente segundo del Gobierno, que siempre se ha mostrado tan locuaz para hacer valoraciones sobre los casos de corrupción de los demás, ha decidido hacer mutis por el foro desde el 10 de agosto, dejando la defensa de su partido al portavoz parlamentario, Pablo Echenique.
Por supuesto, Podemos considera que la declaración de Calvente no tiene «ni pies ni cabeza» porque se trata de «suposiciones que no se sostienen y que rallan el ridículo»; y añaden que sería motivo «de risa» si no fuera un procedimiento penal.
Esta causa, según ellos, afecta a «elementos básicos de la democracia» y avisan de que se trata de una maniobra para «disuadir» a la gente de que no haga política porque «los poderes fácticos van a ir a por ellos». ¿Más cloacas? De risa.
Podemos nunca consintió aplicar a los demás la prevención de la mera sospecha sin pruebas. Siempre utilizó la presunción de inocencia como una condena preventiva que exigía destituciones ejemplarizantes.
Iglesias aplicaba la guillotina del populismo sin procesamiento alguno, sin juicio previo, y sin derecho a una defensa justa. Basta con ver la campaña de acoso y derribo que ha protagonizado en los últimos meses contra la Monarquía, y que ha acabado con el exilio del Rey Emérito. La diferencia, sin embargo, es abismal: mientras que D. Juan Carlos no está imputado en ninguna causa, Podemos y toda su cúpula sí lo están.
Tirando de hemeroteca, el 30 de agosto de 2017 el líder podemita instaba a dimitir al por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se despachaba a gusto en el pleno del Congreso de los Diputados contra él, a cuenta de la presunta corrupción en el seno del Partido Popular por el ‘caso Gürtel‘ con la llamada ‘caja B’.
La opinión de Iglesias sobre Rajoy, en aquel entonces, se basaba en dos posibilidades:
1) O bien era un incompetente por desconocer las actividades ilícitas en el seno de su propio partido;
2) O bien estaba mintiendo descaradamente a la Cámara, a la Justicia y al conjunto de los españoles al negar unos hechos de los que sí debía ser consciente.
Cabe pues preguntarle ahora al señor Iglesias lo mismo. ¿Piensa dimitir? ¿Conocía la existencia de una caja B en Podemos? La respuesta, de ser afirmativa, lo tacharía de chorizo; y si es negativa, de inepto e incapaz. Desde luego, cualquiera de las dos respuestas no favorece su imagen pública. ¿Hasta dónde serán capaces de perdonar sus votantes?
Antes, cuando Podemos pretendía alcanzar el cielo por asalto, los partidos del poder (sobre todo la iconografía diabólica de la derecha exaltada por Podemos), robaban porque las élites financieras estaban viciadas, y todos se protegían en el lodazal frente ese purismo de raza que impulsaba un regeneracionismo pulcro desde las calles.
Hoy, cuando Podemos es el poder, el corrupto de casta sigue siendo el otro, y Pablo Iglesias es solo la víctima de un sistema que conviene destruir solo porque le señala.
Pero el mensaje ya no se sostiene ni con un millón de «bots» pervirtiendo las redes sociales con incoherencias desmentidas por la hemeroteca. Podemos es hoy el mero argumentario de un victimismo sin anclaje alguno para ser creíble. Iglesias empieza a ser visto como el rostro de un fracaso sometido a las mismas tenazas judiciales que contribuyeron a la caída de Gobiernos. Podemos apesta a corrupción de una manera tal que a su lado el caso Gürtel, convertido por la izquierda incluso en argumento para derribar un Gobierno, resulta una broma.
Podemos se ha adocenado en el coche oficial, está encantado de conocerse en un despacho ministerial, se ha engolado de poder, y la soberbia le puede. Se construyó con el mismo material y sobre los mismos vicios que el resto de partidos, y creció surfeando una ola de simpatías y privilegios mediáticos como ningún otro partido en cuatro décadas. Pero siempre disimuló. Diseñó un guión ficticio para hacer creer que con el asamblearismo convertido en esencia de la democracia, Podemos nunca necesitaría cajas B, pagos en negro o sobresueldos ajenos al control público.
Hoy ya ni siquiera se molesta en disimular y solo insulta la inteligencia de quienes les retratan como usureros de la política. Fueron especialistas en el montaje de juicios paralelos y modernizaron la pena de telediario hasta perfeccionarla. Ahora, son víctimas de su propia inconsistencia porque el andamiaje judicial empieza a delatar que nunca fueron químicamente puros.
Cloaquilla habemus, Don Pablo. Podemos, flagelo de corruptos, ha sido imputado como partido por presunta «malversación» y «administración desleal». El juez también investiga al tesorero, la gerente y el secretario de comunicación, que se encargaba de las campañas electorales y es asesor íntimo del Querido Líder. Ya tenemos nuestra «caja B», Don Pablo. Ya somos casta pura. En cambio lo que no tenemos es congruencia alguna con lo que predicábamos en la oposición: «Ante la apertura de juicio oral, dimisión. Así de concreto». Se nos han olvidado también aquellas estupendas lecciones magistrales que le arreábamos al viejo Mariano cuando aseguraba que no conocía de primera mano los chanchullos del PP: «Si usted no sabía nada, entonces es que es un perfecto incompetente».
El caso por la ‘caja B’ de Podemos no sólo se investiga en Madrid. La Fiscalía General de Bolivia reclama el testimonio de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles encapuchados y armados las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz, una operación sobre las que extienden las sospechas de que estuviera diseñada para dejar huir a los ex ministros de Evo Morales Juan Ramón Quintana (vinculado al narcotráfico) y Héctor Arce (encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa).
La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.
Pero ahí entra en juego la labor de Sánchez y de Dolores Delgado (fiscal general del Estado español), para proteger a Pablo Iglesias. Y es que Pedro Sánchez ha pedido que se frene la petición de declaración de Iglesias, Monedero y Errejón ante la Fiscalía de Bolivia.
Y llegados a este punto, hay que solicitar una respuesta a la verdadera cuestión de fondo: ¿Qué tiene que decir el PSOE del comportamiento de su socio de gobierno? ¿Cómo va a justificar Sánchez que su poder se sustente con el apoyo de este grupo que tiene indicios claros de delito?
El presidente del Gobierno está demostrando tener la memoria muy corta. El PSOE aniquiló al PP con una moción de censura basada en una resolución judicial, y siempre sostuvo que Mariano Rajoy era el responsable de los desmanes del Partido Popular. En tal caso, debería valer la misma filosofía para romper con Podemos. Pero siempre buscará excusas para no poner su gobierno en riesgo, incluso aunque la justicia esté estrechando el cerco sobre Iglesias en tres casos que despiden un pésimo olor a corrupción: el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional sobre el caso Dina, la supuesta financiación ilegal de Podemos con informes relevantes del Tribunal de Cuentas y de técnicos de Hacienda, y las distintas denuncias presentadas por pucherazos en el proceso de primarias para reelegir a Iglesias como máximo responsable del partido.
Lo cierto es que la imputación de Podemos coloca en una situación muy comprometida a Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, tras la sentencia del caso Gürtel, mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy con el argumento de que la democracia española no podía seguir «encadenada a la corrupción del PP». El líder socialista que acusaba a Rajoy de estar «normalizando la corrupción» ni siquiera ha tenido unas palabras para calificar las sospechas que pesan sobre su socio de Gobierno.
¿Qué piensa ahora de la supuesta caja B de su socio de coalición? ¿Esa no pertenece a la corrupción? Todo ésto no es más que un claro ejemplo de su doble moral y de su doble vara de medir. El doble rasero a la hora de medir vuelve a convertirse en el mantra de la izquierda para distinguir entre corruptos malos y corruptos buenos.
Preguntado en rueda de prensa sobre si le parecían «inquietantes y perturbadoras» las noticias que se publican sobre Podemos (esas fueron las palabras con las que hace unos días se refirió a las noticias sobre las supuestas cuentas en el extranjero del Rey Emérito), Sánchez se limitó a expresar su «máximo respeto al poder judicial». ¡Ja!
Pero hombre, Mister Falcon, ¿acaso no conserva huella alguna en su memoria, por tenue que sea, de todo lo que dijo e hizo usted cuando el PP se vio imputado como hoy se ven sus socios de Podemos? ¿Nada de lo que resopló, de lo que disparó, cuando lo de aquella caja B? ¿Qué respeto (¡máximo!) al Poder Judicial invocó entonces?
El presidente que sufrimos ha dispuesto de bastantes ocasiones, en su azarosa peripecia, para manifestar respeto al Poder Judicial. Sin embargo, ha esperado a que imputen al partido de su socio de gobierno para recordar tal respeto, agarrarlo y protegerse con él. Un escudo de silencio. Un quitavergüenzas.
Actualización 25 agosto: PP y Ciudadanos pidieron el 21 de agosto una comisión de investigación en el Congreso sobre Podemos, para analizar si se han "dotado de fondos opacos con donaciones irregulares, si se han hecho adjudicaciones irregulares de contratos o se han utilizado otros cauces de financiación irregulares".
Por supuesto, Pablo Iglesias se ha opuesto a la petición de comparecencia en el Congreso para explicar todas las supuestas irregularidades de su partido. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? ¡Apoyarlo! diciendo que "en el terreno político" tiene su "total confianza y su total apoyo". Incluso ha justificado que no comparezca por este asunto en el Congreso porque el Gobierno ya da explicaciones continuamente en la Cámara. (No hay que olvidar que Sánchez llegó a La Moncloa a través de una moción de censura sostenida sobre una sentencia manipulada que atribuía al PP una supuesta caja B y prometiendo medidas de regeneración política).
Para el PP, vetar en el Congreso la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos supone «ratificar que la corrupción está dentro de su gobierno».
Actualización 2 septiembre: El PSOE ha dado luz verde a la calificación de la solicitud del PP para la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias, si bien los socialistas pueden tumbar esta iniciativa la próxima semana en la Junta de Portavoces antes de ser elevada al Pleno del Congreso de los Diputados.
El que fuera coordinador legal de la formación morada y purgado por avisar de ciertas prácticas presuntamente corruptas, José Manuel Calvente, ha puesto en el filo de la navaja al máximo líder de Podemos.
Calvente fue despedido de forma fulminante el año pasado tras una denuncia interna de acoso presentada por su compañera Marta Flor (que ha sido desestimada). Él siempre atribuyó el cese a que había detectado diversas irregularidades contables en Podemos, algunas posiblemente constitutivas de delito, y querían quitárselo de encima.
Estaba además, enfrentado a Flor. Ella era la abogada de Podemos en el caso Villarejo y alardeaba de tener una relación estrecha (íntima) con uno de los fiscales de la causa. Calvente entendía que no eran formas de trabajar y la jefa de ambos, que entonces era Gloria Elizo, le dio la razón y la apartó del caso. Flor llevaría después la denuncia de acoso contra Calvente a los tribunales, pero se desestimó. Él está fuera del partido y ella ascendió: fue la encargada de representar a Pablo Iglesias nada menos que ante la Audiencia Nacional en el caso Dina.
Con estas mimbres, Calvente, una vez cesado, decidió poner en manos de la Guardia Civil todas las irregularidades que según él, motivaron su purga y la de su compañera Mónica Carmona, responsable de Cumplimiento normativo de Podemos. Tras analizar los 40 folios de hechos denunciados, los agentes dieron cuenta a los juzgados, y el caso ha acabado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, presidido por Juan José Escalonilla, de posibles delitos de malversación y administración desleal en Podemos.
De fondo, lo que sobrevuela es la acusación de que mediaron sobreprecios y comisiones irregulares, así como reintegros de gastos que no se computaban a efectos del compromiso con la caja solidaria. Planea sobre Iglesias la existencia de una «caja B» en Podemos, y el pago de sobresueldos opacos a sus líderes. Calvente califica los hechos descritos por él mismo como financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.
El origen son
Neurona y la campaña electoral 2019
Se trata de la presunta contratación fraudulenta para las campañas electorales del año 2019 de la agencia de comunicación de origen mejicano, Neurona Consulting y la portuguesa y ABD Europa LTD. Unos hechos por los que el Tribunal de Cuentas habría solicitado información al tesorero de Podemos y por los que finalmente la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve delito y pide que se investigue por vía penal. No hay que olvidar que la financiación de partidos durante la campaña electoral por parte de extranjeros está prohibida por nuestra legislación, y constituye un delito.Según la denuncia de Calvente, Monedero habría actuado presuntamente como "intermediario y comisionista" entre Podemos y la consultora Neurona Consulting (sociedad pantalla del chavismo destinada a financiar ilegalmente a sus peones en los países latinoamericanos) y en la consecución de supuestas "contrataciones ilícitas" de la citada consultora con otras empresas y gobiernos de Latinoamérica. De esta forma, Monedero, amigo personal de César Hernández Paredes, director de Neurona, podría haber obtenido presuntos "fondos mediante contratos simulados, para su propio beneficio personal".
Precisamente, Podemos nombró a Monedero director del Instituto 25 de Mayo (I25M) el 19 de julio. La fundación vinculada a la formación morada tiene como supuestos objetivos el análisis, la formación y la creación política y cultural. No obstante, algunas fuentes consultadas por este diario apuntan que dicho nombramiento tendría como objetivo "potenciar los 'negocios' de la consultora Neurona en Latinoamérica".
[Actualización 15 octubre 2020: El juez que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha anulado las diligencias que él mismo solicitó para esclarecer cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes a las elecciones generales de 2019. El instructor considera que el Tribunal de Cuentas ha acreditado que no hay irregularidades en dichos contratos y ha cerrado esa línea de investigación abierta a raíz de la denuncia del abogado despedido por Podemos, José Manuel Calvente. La Fiscalía de Madrid se posicionó en el mismo sentido: los indicios presentados por Calvente son "rumores, sospechas o suspicacias", aunque sí ve indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delicitivo en los contratos con Neurona.]
[Actualización 23 octubre 2020: Por "falta de indicios", el juez archiva la investigación de la presunta 'caja B' de Podemos y concluye que no hubo administración desleal, ya que no existe ningún indicio de contabilidad paralela y que las cantidades recibidas por Podemos de sus altos cargos iban destinadas a las actividades sociales declaradas. La Policía Judicial no ha visto irregularidades en el manejo de esos fondos, lo que lleva al juez a sobreseer esa línea de investigación.]
[Actualización 3 marzo 2021: El Caso Neurona, lejos de diluirse rápidamente como vaticinaron desde la formación morada, ha ido creciendo desde que el pasado verano el juez Juan José Escalonilla decidió imputar al partido como persona jurídica. En el centro de las sospechas estaba el pago de 363.000€ de las subvenciones públicas a la consultora mexicana Neurona para hacer contenido electoral en las elecciones de abril de 2019. El magistrado tiene dudas de que esos trabajos realmente se prestasen, y esa sensación la comparten tanto la Fiscalía de Madrid como el Tribunal de Cuentas. Recientemente un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía avaló la mayoría de trabajos aportados por Podemos, pero el juez todavía está a la espera de las conclusiones de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional).
A medida que el juez fue ordenando diligencias, el caso se fue complicando para Podemos. Neurona es una firma que solo trabaja para líderes de izquierdas, principalmente en Latinoamérica. Su responsable, César Hernández Paredes, aparece en Internet en actitud amistosa con el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil al usar una factura falsa para cobrar 26.200€ de Neurona. La suma total de pagos a Neurona fue de 430.000€, el contrato se firmó después de las elecciones, el juez cree que se creó ad hoc una sociedad de la consultora en España para canalizar los pagos sin que consten trabajadores en ella. Además, parte de ese dinero acabó destinado a otra sociedad mexicana bajo el foco de la investigación.
Pero el punto de partida de esta investigación está en dos extrabajadores del partido: José Manuel Calvente y Mónica Carmona, ambos despedidos a principios de 2020 al detectar indicios de corrupción en Podemos que se iban archivando, como las obras de la sede del partido o una relación similar a la de Neurona con otra firma portuguesa.]
Subidas de sueldo en Podemos
En febrero de 2021, el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, también ha empezado a investigar la subida de sueldo que se adjudicaron la gerente de Podemos, Esther Val, del tesorero del partido, Daniel de Frutos, y de otros trabajadores del partido mediante la inclusión de un complemento de coordinación en la nómina.En su declaración ante el juez, De Frutos dijo que por los resultados que tuvieron en las elecciones, había menos gente de finanzas en otros territorios, a él le tocaba “hacer más responsabilidades y se aplican estos complementos que están solo durante el ejercicio de tu función”.
Por su parte, Del Val declaró: “Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y además lo anejo al cargo”.
Las obras de la sede de Podemos
Otro pilar de la investigación se centraría en las irregularidades cometidas por el partido durante las obras de remodelación de su nueva sede en la C/ Villaespesa, 18 de Madrid, adjudicadas por 1,3 millones que habían sido licitadas por la mitad de esa cantidad.Teóricamente, la cúpula puso en marcha un concurso para elegir a las empresas más baratas para convertir una antigua nave industrial en sus oficinas, pero en la práctica se habría saltado ese proceso interno de control para adjudicarlos 'a dedo' (curiosamente Podemos recibió los presupuestos de los contratistas para remodelar la sede 2 días antes de iniciar la licitación). Se investiga si hubo facturas falsas que permitieron el desvío de fondos del partido.
Según los llamados "papeles del Kremlin", Podemos destinó 1.361.055 euros a remodelar su sede, aunque sólo había licitado un gasto 649.936,68 euros. Dicha cifra supone un incremento de 711.119 euros respecto al presupuesto inicial.
La caja B de Podemos
se refiere a la llamada "caja de solidaridad" de Podemos, en la que se destinaban los "excedentes" de los salarios públicos de los dirigentes del partido y que se asignaban a proyectos o gastos "poco claros". Se sospecha de una operación efectuada a finales del 2019 en la que una entidad autodenominada #404 Comunicación Popular solicitó 50.000€ a la caja de solidaridad para emprender un supuesto proyecto de carácter social. Dicha sociedad tiene entre sus fines «revertir el sistema a través de la comunicación como proceso de empoderamiento». No sería, por tanto, una obra social.Calvente también menciona en su denuncia las sospechosas subidas de sueldo a principios del año 2019 al tesorero Daniel de Frutos, la gerente Rocío Val y la letrada de Marta Flor. El papel de la letrada en esta supuesta trama pasaría por su presunto asesoramiento en algunas de las irregularidades denunciadas por el abogado en su escrito.
Tras escuchar a Calvente el pasado 29 de julio durante algo más de tres horas y analizar la documentación que aportó en su denuncia, el juez que lleva el caso, Juan José Escalonilla, ha ordenado una extensa batería de diligencias para profundizar en cada una de estas tres patas en las que el letrado veía también otros delitos, como el de apropiación indebida. De ser cierto todo ésto (que lo será), el asunto Dina (donde también está imputado Pablo Iglesias) quedaría como una minucia.
La instrucción no ha hecho más que empezar y llevará a parte de la cúpula de la formación morada a declarar ante el juez el próximo mes de noviembre. Por el momento están imputados el secretario de Comunicación y responsable de campañas (Juan Manuel del Olmo), la gerente (Rocío Val), el tesorero (Daniel de Frutos) y a una responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Asimismo, Podemos ya figura como persona jurídica investigada.
Por su parte, Vox se ha querellado contra Pablo Iglesias, Dina Bousselham, la abogada Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa ante el juez de la Audiencia Nacional. Desde Vox consideran que se han cometido hasta seis delitos por el contenido de un chat entre abogados de Podemos: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.
[Actualización 3 marzo 2021: La Audiencia Provincial de Madrid ha defendido el mantenimiento de Podemos como investigado en la causa o la reapertura de investigaciones que el magistrado había archivado, como la que afecta a la llamada Caja de Solidaridad del partido. Por estos hechos figura como acusación particular una exsenadora de Podemos. Las acusaciones populares las integran Vox, la asociación de juristas Pro Lege y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Las dudas de la Audiencia Provincial se centran en el pago de al menos 30.000€ a una asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes". El exabogado del partido que dio origen al caso, José Manuel Calvente, había denunciado que una asociación llamada #404 Comunicación Popular le había pedido 50.000€ a Podemos y que ese dinero se destinó para “un presunto pago a un miembro del partido político”.
El Grupo III de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla investigó por orden del juez el Registro Nacional de Asociaciones en busca de los fundadores de 404 Comunicación Popular. Pese al silencio de Podemos, los investigadores detectaron que la asociación que recibió el dinero es titular de una cuenta de la entidad Triodos Bank y que recibió tres transferencias ordenadas por “Podemos” por valor cada una de ellas por importe de 10.000€ el 5 de septiembre de 2019, el 20 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020.]
La niñera de Iglesias y Montero y otras causas
El último revés para Podemos ha sido la decisión del juez de abrir procedimientos independientes sobre otras cuatro líneas de investigación. A petición del magistrado Escalonilla, Mónica Carmona mandó todos los expedientes que había iniciado cuando era auditora del partido y aportó nuevos indicios. Entre ellos estaba el polémico uso de una asesora de Podemos como niñera de los hijos de la pareja que forman Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero.Además del caso de la niñera, el juez pide que se abra un procedimiento sobre la presunta apropiación por parte de Iglesias de las costas procesales del partido. Carmona señala que el secretario general (Pablo Iglesias) cobró las costas procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios (de abogado y procurador) había pagado la formación.
Las otras dos nuevas causas abiertas contra la corrupción de Podemos tienen que ver con el presunto envío de un total de 500.000€ a un proyecto solidario llamado Escuela Popular Paulo Freire -vinculado al dirigente de Podemos Rafael Mayoral, uno de los más próximos a Iglesias- y a la fundación del partido llamada 25-M.
La contrarréplica de Podemos
Iglesias y sus compinches han cimentado su carrera acusando de corrupción a todos sus rivales políticos y presentándose como los adalides de la limpieza democrática. El vicepresidente segundo del Gobierno, que siempre se ha mostrado tan locuaz para hacer valoraciones sobre los casos de corrupción de los demás, ha decidido hacer mutis por el foro desde el 10 de agosto, dejando la defensa de su partido al portavoz parlamentario, Pablo Echenique.
Por supuesto, Podemos considera que la declaración de Calvente no tiene «ni pies ni cabeza» porque se trata de «suposiciones que no se sostienen y que rallan el ridículo»; y añaden que sería motivo «de risa» si no fuera un procedimiento penal.
Esta causa, según ellos, afecta a «elementos básicos de la democracia» y avisan de que se trata de una maniobra para «disuadir» a la gente de que no haga política porque «los poderes fácticos van a ir a por ellos». ¿Más cloacas? De risa.
Podemos nunca consintió aplicar a los demás la prevención de la mera sospecha sin pruebas. Siempre utilizó la presunción de inocencia como una condena preventiva que exigía destituciones ejemplarizantes.
Iglesias aplicaba la guillotina del populismo sin procesamiento alguno, sin juicio previo, y sin derecho a una defensa justa. Basta con ver la campaña de acoso y derribo que ha protagonizado en los últimos meses contra la Monarquía, y que ha acabado con el exilio del Rey Emérito. La diferencia, sin embargo, es abismal: mientras que D. Juan Carlos no está imputado en ninguna causa, Podemos y toda su cúpula sí lo están.
Tirando de hemeroteca, el 30 de agosto de 2017 el líder podemita instaba a dimitir al por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se despachaba a gusto en el pleno del Congreso de los Diputados contra él, a cuenta de la presunta corrupción en el seno del Partido Popular por el ‘caso Gürtel‘ con la llamada ‘caja B’.
La opinión de Iglesias sobre Rajoy, en aquel entonces, se basaba en dos posibilidades:
1) O bien era un incompetente por desconocer las actividades ilícitas en el seno de su propio partido;
2) O bien estaba mintiendo descaradamente a la Cámara, a la Justicia y al conjunto de los españoles al negar unos hechos de los que sí debía ser consciente.
Cabe pues preguntarle ahora al señor Iglesias lo mismo. ¿Piensa dimitir? ¿Conocía la existencia de una caja B en Podemos? La respuesta, de ser afirmativa, lo tacharía de chorizo; y si es negativa, de inepto e incapaz. Desde luego, cualquiera de las dos respuestas no favorece su imagen pública. ¿Hasta dónde serán capaces de perdonar sus votantes?
Antes, cuando Podemos pretendía alcanzar el cielo por asalto, los partidos del poder (sobre todo la iconografía diabólica de la derecha exaltada por Podemos), robaban porque las élites financieras estaban viciadas, y todos se protegían en el lodazal frente ese purismo de raza que impulsaba un regeneracionismo pulcro desde las calles.
Hoy, cuando Podemos es el poder, el corrupto de casta sigue siendo el otro, y Pablo Iglesias es solo la víctima de un sistema que conviene destruir solo porque le señala.
Pero el mensaje ya no se sostiene ni con un millón de «bots» pervirtiendo las redes sociales con incoherencias desmentidas por la hemeroteca. Podemos es hoy el mero argumentario de un victimismo sin anclaje alguno para ser creíble. Iglesias empieza a ser visto como el rostro de un fracaso sometido a las mismas tenazas judiciales que contribuyeron a la caída de Gobiernos. Podemos apesta a corrupción de una manera tal que a su lado el caso Gürtel, convertido por la izquierda incluso en argumento para derribar un Gobierno, resulta una broma.
Podemos se ha adocenado en el coche oficial, está encantado de conocerse en un despacho ministerial, se ha engolado de poder, y la soberbia le puede. Se construyó con el mismo material y sobre los mismos vicios que el resto de partidos, y creció surfeando una ola de simpatías y privilegios mediáticos como ningún otro partido en cuatro décadas. Pero siempre disimuló. Diseñó un guión ficticio para hacer creer que con el asamblearismo convertido en esencia de la democracia, Podemos nunca necesitaría cajas B, pagos en negro o sobresueldos ajenos al control público.
Hoy ya ni siquiera se molesta en disimular y solo insulta la inteligencia de quienes les retratan como usureros de la política. Fueron especialistas en el montaje de juicios paralelos y modernizaron la pena de telediario hasta perfeccionarla. Ahora, son víctimas de su propia inconsistencia porque el andamiaje judicial empieza a delatar que nunca fueron químicamente puros.
Cloaquilla habemus, Don Pablo. Podemos, flagelo de corruptos, ha sido imputado como partido por presunta «malversación» y «administración desleal». El juez también investiga al tesorero, la gerente y el secretario de comunicación, que se encargaba de las campañas electorales y es asesor íntimo del Querido Líder. Ya tenemos nuestra «caja B», Don Pablo. Ya somos casta pura. En cambio lo que no tenemos es congruencia alguna con lo que predicábamos en la oposición: «Ante la apertura de juicio oral, dimisión. Así de concreto». Se nos han olvidado también aquellas estupendas lecciones magistrales que le arreábamos al viejo Mariano cuando aseguraba que no conocía de primera mano los chanchullos del PP: «Si usted no sabía nada, entonces es que es un perfecto incompetente».
El caso por la ‘caja B’ de Podemos no sólo se investiga en Madrid. La Fiscalía General de Bolivia reclama el testimonio de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por la extraña entrada de agentes españoles encapuchados y armados las pasadas navidades en la Embajada de México en La Paz, una operación sobre las que extienden las sospechas de que estuviera diseñada para dejar huir a los ex ministros de Evo Morales Juan Ramón Quintana (vinculado al narcotráfico) y Héctor Arce (encargado de financiar a Íñigo Errejón como parte del plan de apoyo a iniciativas de extrema izquierda en Europa).
La Fiscalía de Bolivia sospecha que esa actuación -ordenada por el Gobierno de Pedro Sánchez- pudo tener como trasfondo el intento de control de la información de algunos de los presentes en esa sede diplomática en materias como los pagos de Evo Morales a Podemos.
Pero ahí entra en juego la labor de Sánchez y de Dolores Delgado (fiscal general del Estado español), para proteger a Pablo Iglesias. Y es que Pedro Sánchez ha pedido que se frene la petición de declaración de Iglesias, Monedero y Errejón ante la Fiscalía de Bolivia.
La doble moral de Pedro Sánchez
Y llegados a este punto, hay que solicitar una respuesta a la verdadera cuestión de fondo: ¿Qué tiene que decir el PSOE del comportamiento de su socio de gobierno? ¿Cómo va a justificar Sánchez que su poder se sustente con el apoyo de este grupo que tiene indicios claros de delito?
El presidente del Gobierno está demostrando tener la memoria muy corta. El PSOE aniquiló al PP con una moción de censura basada en una resolución judicial, y siempre sostuvo que Mariano Rajoy era el responsable de los desmanes del Partido Popular. En tal caso, debería valer la misma filosofía para romper con Podemos. Pero siempre buscará excusas para no poner su gobierno en riesgo, incluso aunque la justicia esté estrechando el cerco sobre Iglesias en tres casos que despiden un pésimo olor a corrupción: el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional sobre el caso Dina, la supuesta financiación ilegal de Podemos con informes relevantes del Tribunal de Cuentas y de técnicos de Hacienda, y las distintas denuncias presentadas por pucherazos en el proceso de primarias para reelegir a Iglesias como máximo responsable del partido.
Lo cierto es que la imputación de Podemos coloca en una situación muy comprometida a Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, tras la sentencia del caso Gürtel, mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy con el argumento de que la democracia española no podía seguir «encadenada a la corrupción del PP». El líder socialista que acusaba a Rajoy de estar «normalizando la corrupción» ni siquiera ha tenido unas palabras para calificar las sospechas que pesan sobre su socio de Gobierno.
¿Qué piensa ahora de la supuesta caja B de su socio de coalición? ¿Esa no pertenece a la corrupción? Todo ésto no es más que un claro ejemplo de su doble moral y de su doble vara de medir. El doble rasero a la hora de medir vuelve a convertirse en el mantra de la izquierda para distinguir entre corruptos malos y corruptos buenos.
Preguntado en rueda de prensa sobre si le parecían «inquietantes y perturbadoras» las noticias que se publican sobre Podemos (esas fueron las palabras con las que hace unos días se refirió a las noticias sobre las supuestas cuentas en el extranjero del Rey Emérito), Sánchez se limitó a expresar su «máximo respeto al poder judicial». ¡Ja!
Pero hombre, Mister Falcon, ¿acaso no conserva huella alguna en su memoria, por tenue que sea, de todo lo que dijo e hizo usted cuando el PP se vio imputado como hoy se ven sus socios de Podemos? ¿Nada de lo que resopló, de lo que disparó, cuando lo de aquella caja B? ¿Qué respeto (¡máximo!) al Poder Judicial invocó entonces?
El presidente que sufrimos ha dispuesto de bastantes ocasiones, en su azarosa peripecia, para manifestar respeto al Poder Judicial. Sin embargo, ha esperado a que imputen al partido de su socio de gobierno para recordar tal respeto, agarrarlo y protegerse con él. Un escudo de silencio. Un quitavergüenzas.
Sánchez no debería poder permitirse mantener ni un día más un Gobierno de coalición con un partido en el que sus máximos dirigentes están imputados.
Actualización 25 agosto: PP y Ciudadanos pidieron el 21 de agosto una comisión de investigación en el Congreso sobre Podemos, para analizar si se han "dotado de fondos opacos con donaciones irregulares, si se han hecho adjudicaciones irregulares de contratos o se han utilizado otros cauces de financiación irregulares".
Por supuesto, Pablo Iglesias se ha opuesto a la petición de comparecencia en el Congreso para explicar todas las supuestas irregularidades de su partido. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? ¡Apoyarlo! diciendo que "en el terreno político" tiene su "total confianza y su total apoyo". Incluso ha justificado que no comparezca por este asunto en el Congreso porque el Gobierno ya da explicaciones continuamente en la Cámara. (No hay que olvidar que Sánchez llegó a La Moncloa a través de una moción de censura sostenida sobre una sentencia manipulada que atribuía al PP una supuesta caja B y prometiendo medidas de regeneración política).
Para el PP, vetar en el Congreso la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos supone «ratificar que la corrupción está dentro de su gobierno».
Actualización 2 septiembre: El PSOE ha dado luz verde a la calificación de la solicitud del PP para la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias, si bien los socialistas pueden tumbar esta iniciativa la próxima semana en la Junta de Portavoces antes de ser elevada al Pleno del Congreso de los Diputados.