El abuso de poder y el despotismo del Gobierno durante la gestión de esta pandemia ha llevado a España a una situación que solo se puede calificar como crisis de Estado. Las decisiones del Ejecutivo de suplantar o anular la capacidad de actuación de las demás Instituciones ponen en riesgo su propia continuidad, y pueden producir la implosión del orden constitucional. Pero This Is Spain.
Ninguna democracia de nuestro entorno permitiría que unos gobernantes sin escrúpulos desmantelaran las instituciones del Estado. Ningún país del mundo está a salvo de que llegue al Gobierno alguien sin escrúpulos como Sánchez, dispuesto a hacer lo que sea para perpetuarse en el poder. Ningún país del mundo está a salvo de que un psicópata se alíe con los enemigos declarados de la democracia para mantenerse en el poder a cambio de desmantelar el sistema democrático que le permitió ocuparlo.
Claro que no hay ninguna democracia de nuestro entorno (salvo la Italia de Berlusconi) en la que se produzca una concentración de poder mediático como en España, donde solo existe prensa pública y prensa concertada.
Crisis de Estado
Estamos ante una crisis de Estado de una enorme envergadura mientras seguimos en libertad vigilada, sin salir de un confinamiento totalitario, con un Gobierno que posee poderes absolutos y los utiliza para acabar con la separación de poderes y para destruir toda oposición democrática, mientras que Europa está centrada en encontrar soluciones para resolver los problemas que el Covid-19 ha traído a todos los países miembros.
Porque en España...
1. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo cierra el Parlamento y suspende la actividad del Congreso de los Diputados para ejercer sus poderes absolutos sin ningún tipo de control democrático.
2. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo da instrucciones a la Guardia Civil para que identifiquen a quienes critican la acción del Gobierno.
3. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza el CIS para manipular a los ciudadanos y plantear a la población la idea preconstitucional sobre instauración de la censura en los medios de información y comunicación.
4. No funcionan las Instituciones del Estado cuando se utiliza la muleta del de la salud para abolir el diálogo social y pactar con un partido pro etarra la reforma del ordenamiento jurídico que regula las relaciones laborales de todos los españoles.
5. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza un estado de alarma a perpetuidad para meter al vicepresidente chavista Iglesias en el CNI.
6. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza el estado de alarma para adjudicar directamente contratos millonarios a sus amigos. No funcionan correctamente las instituciones cuando se hace público que la mayor parte de esos contratos son fraudulentos -empresas pantalla, material sanitario defectuoso- y no pasa nada.
7. No funcionan las Instituciones del Estado cuando los encargados de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos cambian de criterio según cambian sus encuestas. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el portavoz sanitario en la pandemia reconoce públicamente que no recomendaron el uso de mascarillas en febrero porque no había suministro suficiente... y no dimite o es cesado de forma fulminante.
8. No funcionan las Instituciones del Estado cuando hay más de 900.000 españoles que llevan tres meses sin sobrar un ERTE del que hacen publicidad todos los días desde el Ejecutivo. Y no pasa nada.
9. No funcionan las Instituciones del Estado cuando las comunidades autónomas pasan de fase según sea el color político de sus gobernantes. Y no pasa nada.
10. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ministro del Interior cesa al Coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos por negarse a requerir y suministrar una información que posee la Benemérita que está actuando como policía judicial a las órdenes de una juez que investiga la responsabilidad gubernamental por autorizar las manifestaciones del 8-M.
11. No funcionan las Instituciones del Estado cuando no pasa nada tras conocerse que el Gobierno exigió información sobre el sumario sabiendo que el coronel, en cumplimiento de la ley, no podía suministrársela; ni cuando se constata que el Gobierno dio una orden ilegal a un mando de la Guardia Civil; ni cuando se hace público que la directora general de la Guardia Civil le transmitió que él debía conseguir esa información porque es "muy sensible" para el Gobierno...
12. No funcionan las instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza a sus funcionarios para atacar al Poder Judicial por investigar delitos que les pueden sentar en el banquillo. Que la Abogacía del Estado, a las órdenes directas del Gobierno, haga un informe en contra de una jueza que investiga una denuncia sobre un delito que pudo causar centenares de muertos es algo propio de la Italia de Berlusconi... , de la España dictatorial de Sánchez y del totalitarismo de Iglesias. No funcionan las Instituciones del Estado si el poder Judicial calla ante tal atentado a la separación de poderes.
13. No funcionan las instituciones del Estado cuando el Ejecutivo modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar el plazo máximo de instrucción de 6 meses a 12 meses, prorrogables a 18 meses, pese a que prometieron eliminar el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción, lo que llamaban "ley de impunidad" de Rajoy. Y no funcionan las instituciones del Estado cuando ésto se hace de manera retroactiva, poniendo ahora a 0 el contador de las causas pendientes.
14. No funcionan las instituciones del Estado cuando la Fiscalía Anticorrupción filtra información reservada a Podemos, obstaculizando una investigación judicial que va a sentar en el banquillo a Iglesias. Y no funcionan las instituciones del Estado cuando Sánchez envía a la Fiscal General del Estado para defender lo indefendible.
13. No funcionan las instituciones del Estado cuando el Ejecutivo modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar el plazo máximo de instrucción de 6 meses a 12 meses, prorrogables a 18 meses, pese a que prometieron eliminar el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción, lo que llamaban "ley de impunidad" de Rajoy. Y no funcionan las instituciones del Estado cuando ésto se hace de manera retroactiva, poniendo ahora a 0 el contador de las causas pendientes.
14. No funcionan las instituciones del Estado cuando la Fiscalía Anticorrupción filtra información reservada a Podemos, obstaculizando una investigación judicial que va a sentar en el banquillo a Iglesias. Y no funcionan las instituciones del Estado cuando Sánchez envía a la Fiscal General del Estado para defender lo indefendible.
El riesgo añadido a nuestra crisis de Estado es que Europa, nuestro salvavidas democrático, no tiene en este momento perspectiva para darse cuenta de que lo que les llega por el sur es una nueva Venezuela.
La segunda fase de la crisis de Estado es la crisis democrática. Los ciudadanos españoles no podemos consentir que el gobierno de la mercadotecnia de Sánchez e Iglesias aboquen a España a esa segunda fase que supondría el principio del fin de la sociedad libre de ciudadanos iguales que nos dimos en 1978. Los ciudadanos españoles debemos honrar la memoria de esas generaciones de españoles que hicieron posible que disfrutáramos de la mayor etapa de democracia de nuestra historia.
La sociedad española debemos hacer un esfuerzo por ir un poco más allá de los titulares y analizar la situación. Es un trabajo doloroso, pero no podemos seguir creyendo las mentiras que dice el Gobierno sin rechistar. Es necesario que todos tengamos claro lo que está pasando y, lo más importante, que no dejemos que pase.
La pandemia se ha llevado mucho por delante. Desde miles de vidas que pesan sobre toda una sociedad dolorida y a punto de colapsar; hasta el poco prestigio que podía quedar colocado junto a la clase política. Ha sido tal el espectáculo que nos han dedicado que difícilmente se podrá reconstruir el país con las mismas caras en el Congreso de los Diputados.
Un país que depende de alguien que no es capaz de decir la verdad, de alguien que no es capaz de contar muertos y que retuerce los datos para no asumir la realidad (España es de los países con más muertos del mundo y todavía hay que aguantar que algunos presuman de 'buena gestión'), de alguien que ha cometido todos los errores posibles, está condenado a transitar por el desierto durante décadas.
España vive un presente catastrófico y tiene un futuro incierto. No creo que estemos sabiendo ver lo que tenemos encima.
Sánchez impone su «Fiscalía patriótica»
En pleno estado de alarma, ya empieza a notarse la larga mano de Pedro Sánchez en la Fiscalía General, donde Dolores Delgado (fruto de la dedocracia) se ha convertido en una simple marioneta ejecutora de decisiones políticas que justifiquen el cambio de régimen promovido por el PSOE y Podemos. Está claro que, en su afán por controlar la justicia, Sánchez pretende convertir a Dolores Delgado en un asidero político de la izquierda al servicio del sectarismo, del independentismo y del revanchismo ideológico. Para muestra, las tres operaciones de gran calado que ha acometido en un solo día:
1) La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar al rey emérito, Don Juan Carlos I, por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo a cuenta de las presuntas comisiones del AVE a La Meca.
2) La Fiscalía Provincial de Madrid exige a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa contra José Manuel Franco (Delegado del Gobierno en Madrid). Consideran los fiscales que no hubo prevaricación al autorizar la manifestación del 8-M en la capital, la de la barra libre de coronavirus que estuvo a punto de diezmar la filas femeninas del Consejo de Ministros. Caso archivado.
3) La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja de rebelión a sedición la petición contra el ex-jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y prepara el terreno para una condena por desobediencia que no implicaría el ingreso en prisión del tipo que puso a 17.000 hombres armados al servicio de obstruir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sofocaran el golpe de Estado separatista en Cataluña.
Sin duda, una jornada magistral para la Doctrina Sánchez sobre la función y dependencia de la Fiscalía y refutación en toda regla de la separación de poderes en España. Es evidente que Sánchez, como escudero dependiente de Iglesias, pretende construir una «Fiscalía patriótica» y sumisa, mientras culpa a la derecha de alentar un golpismo falsario y tribal a través de una supuesta «policía patriótica».
La justicia -cada día más vapuleada- no es más que un reflejo de la paulatina destrucción de nuestro estado de derecho, con las consecuencias que eso entraña para la democracia española. En septiembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto que se rechacen todas las querellas interpuestas contra miembros del Gobierno (son más de 60) por la mala gestión de la crisis derivada de la pandemia. Hemos llegado a un punto en el que sólo hay que investigar al Partido Popular y al Rey Emérito. La caja “B” de Podemos, el 8-M y la gestión del Gobierno durante la pandemia cae en saco roto por la politización de la justicia. En este país ya no somos todos iguales y la Fiscal General del Estado favorece claramente a los suyos (es decir, al Gobierno).
Sánchez terminará imponiendo la inmunidad absoluta de la izquierda. De hecho, ya lo dijo en una entrevista: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno». Pues eso. «Se aplica la ley desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista» -ha declarado la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, el 17 de septiembre.
Ya en 2018, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) exigió a España que los jueces fueran quienes eligieran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no los políticos. Actualmente en España, los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos: 12 deben ser jueces o magistrados, escogidos por el Parlamento entre candidatos propuestos por la carrera; los otros 8 son juristas designados libremente por las Cámaras. Estos nombramientos ponen en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de todo el proceso judicial.
Estamos ante una crisis constituyente, según el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Este mandato ha puesto en revisión las bases jurídicas del sistema democrático.
Bajo este paradigma se entienden mejor algunas cosas. La alianza con los separatistas, la influencia de Iglesias en el Gobierno, el estado de alarma indefinido, la longa manus del presidente en la Justicia, el ninguneo oficial al Rey vigente e incluso acaso la investigación judicial al emérito. Las sospechas de una agenda oculta han quedado por sorpresa al descubierto. No sólo hay una crisis sanitaria, ni una económica y de empleo, sino una crisis de régimen: el proceso refundador tantas veces reclamado por Podemos.
La hoja de ruta de la legislatura no es la que está escrita en los acuerdos de investidura sino la de establecer un modelo constitucional nuevo. Aunque ante la evidente falta de consenso lo tenga que hacer por vía de hecho, a través de leyes habilitantes que desarrollen el proyecto inconcluso de la etapa de Zapatero.
La oposición está despistada, encelada en la pasión del griterío, y tal vez se le esté escapando la dimensión real del momento político. La arquitectura institucional del Estado está en el objetivo de una estrategia de cambio subrepticio.
1) La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar al rey emérito, Don Juan Carlos I, por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo a cuenta de las presuntas comisiones del AVE a La Meca.
2) La Fiscalía Provincial de Madrid exige a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa contra José Manuel Franco (Delegado del Gobierno en Madrid). Consideran los fiscales que no hubo prevaricación al autorizar la manifestación del 8-M en la capital, la de la barra libre de coronavirus que estuvo a punto de diezmar la filas femeninas del Consejo de Ministros. Caso archivado.
3) La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja de rebelión a sedición la petición contra el ex-jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y prepara el terreno para una condena por desobediencia que no implicaría el ingreso en prisión del tipo que puso a 17.000 hombres armados al servicio de obstruir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sofocaran el golpe de Estado separatista en Cataluña.
Sin duda, una jornada magistral para la Doctrina Sánchez sobre la función y dependencia de la Fiscalía y refutación en toda regla de la separación de poderes en España. Es evidente que Sánchez, como escudero dependiente de Iglesias, pretende construir una «Fiscalía patriótica» y sumisa, mientras culpa a la derecha de alentar un golpismo falsario y tribal a través de una supuesta «policía patriótica».
La justicia -cada día más vapuleada- no es más que un reflejo de la paulatina destrucción de nuestro estado de derecho, con las consecuencias que eso entraña para la democracia española. En septiembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto que se rechacen todas las querellas interpuestas contra miembros del Gobierno (son más de 60) por la mala gestión de la crisis derivada de la pandemia. Hemos llegado a un punto en el que sólo hay que investigar al Partido Popular y al Rey Emérito. La caja “B” de Podemos, el 8-M y la gestión del Gobierno durante la pandemia cae en saco roto por la politización de la justicia. En este país ya no somos todos iguales y la Fiscal General del Estado favorece claramente a los suyos (es decir, al Gobierno).
Sánchez terminará imponiendo la inmunidad absoluta de la izquierda. De hecho, ya lo dijo en una entrevista: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno». Pues eso. «Se aplica la ley desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista» -ha declarado la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, el 17 de septiembre.
Ya en 2018, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) exigió a España que los jueces fueran quienes eligieran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no los políticos. Actualmente en España, los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos: 12 deben ser jueces o magistrados, escogidos por el Parlamento entre candidatos propuestos por la carrera; los otros 8 son juristas designados libremente por las Cámaras. Estos nombramientos ponen en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de todo el proceso judicial.
Crisis constituyente
Estamos ante una crisis constituyente, según el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Este mandato ha puesto en revisión las bases jurídicas del sistema democrático.
Bajo este paradigma se entienden mejor algunas cosas. La alianza con los separatistas, la influencia de Iglesias en el Gobierno, el estado de alarma indefinido, la longa manus del presidente en la Justicia, el ninguneo oficial al Rey vigente e incluso acaso la investigación judicial al emérito. Las sospechas de una agenda oculta han quedado por sorpresa al descubierto. No sólo hay una crisis sanitaria, ni una económica y de empleo, sino una crisis de régimen: el proceso refundador tantas veces reclamado por Podemos.
La hoja de ruta de la legislatura no es la que está escrita en los acuerdos de investidura sino la de establecer un modelo constitucional nuevo. Aunque ante la evidente falta de consenso lo tenga que hacer por vía de hecho, a través de leyes habilitantes que desarrollen el proyecto inconcluso de la etapa de Zapatero.
La oposición está despistada, encelada en la pasión del griterío, y tal vez se le esté escapando la dimensión real del momento político. La arquitectura institucional del Estado está en el objetivo de una estrategia de cambio subrepticio.