EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, Más País, CUP, BNG y Compromís (todos socios en la investidura de Pedro Sánchez) han emitido un comunicado para exigir al Gobierno la liberación de los presos en «situación de vulnerabilidad» y su «acercamiento generalizado» a prisiones cercanas a sus domicilios y familias, «sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito» -tal y como pedían hace unas semanas los reclusos etarras– aprovechando la epidemia del coronavirus.
Con el fin de garantizar el derecho a la salud de las personas presas durante la pandemia, han firmado (el 11 de mayo) un manifiesto titulado ‘Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad’ que recoge las peticiones de los representantes de dichos partidos políticos en un total de cinco puntos que beneficiarían, especialmente, a los terroristas y golpistas que cumplen condena en prisión.
Éstas son las medidas que solicitan:
Dicho y hecho. Si Marlaska era conocido por ser un juez duro de la Audiencia Nacional, estandarte de la lucha antiterrorista con ETA, y 'amigo' de las víctimas, cuando llegó a Ministro de Interior se dio la vuelta como un calcetín. Marlaska ha ido digiriendo y haciendo suyo el pacto con Podemos y los acuerdos con ERC y hasta con Bildu.
Desde su llegada al Ministerio del Interior hace dos años, ha autorizado39 90 acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, sin que ninguno haya pedido perdón ni condene la violencia.
Durante la pandemia ha tumbado a la cúpula de la Guardia Civil y ha concedido el tercer grado (la semilibertad) a tres etarras, tras acercarlos al País Vasco (privilegios que se les han concedido sin que se cumpla el requisito al que obliga la ley de colaborar con la Justicia). Según Marlaska, el acercamiento cuenta con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al evitar el desplazamiento entre provincias de familiares en un contexto de pandemia.
Solo desde el mes de mayo, se han concedido 7 terceros grados y 15 traslados de etarras, 5 de ellos a cárceles próximas a sus domicilios.
El Ministerio de Interior ha comunicado el 7 de julio de 2020 la progresión al tercer grado y el acercamiento de tres nuevos presos de ETA (dos de ellos condenados por delitos de sangre), que no serán trasladados a cárceles cercanas al País Vasco sino directamente a las de Bilbao, San Sebastián y Álava.
También ha dado barra libre a EH Bildu para visitar a los etarras presos en las cárceles, a pesar del confinamiento generalizado para el resto de los españoles. Los familiares y amigos de los condenados por terrorismo no han podido desplazarse a otras provincias durante el confinamiento (el estado de alarma limita la libertad de movimiento y las visitas a presos), por lo que Bildu ordenó a sus decenas de electos (diputados, senadores, parlamentarios del País Vasco y de Navarra, así como punteros) que cubrieran su 'vacío emocional'.
El Partido Popular quiere auditar en el Congreso la política del Ministerio del Interior respecto a los presos de ETA durante el estado de alarma. Y por eso ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en el Parlamento para que aclare todos los beneficios penitenciarios otorgados a los presos etarras. El PP también ha solicitado la reprobación de Marlaska en el Congreso, a cuenta del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos el 25 de mayo, pero el ministro se ha salvado con el apoyo de PNV y Unidas Podemos, y las abstenciones de ERC, Bildu y JxCat (votación del 24 de junio).
Otra de las cuestiones tratadas en el Senado ha sido la queja de UPN por permitirse -durante la desescalada- las concentraciones en Navarra a favor del preso etarra Patxi Ruiz, que cumple condena en Murcia por asesinato. Es decir, el gobierno permitía homenajes a etarras y enaltecimientos del terrorismo mientras que al resto de los españoles se nos negaba manifestarnos críticamente contra la nefasta gestión del gobierno de la pandemia.
Actualización 9 septiembre: Lo de Sánchez no tiene nombre. Que el presidente del Gobierno de España se deshaga en lamentos y explicaciones públicas en el Congreso por el suicidio de un terrorista de ETA encarcelado constituye una humillación sin parangón en el mundo democrático. Pedro Sánchez se mostró solemne y contrito en el Senado al dirigirse al representante de Bildu para expresar cuán «profundamente lamenta» la muerte de Igor González, etarra condenado por el asesinato de Miguel Angel Blanco.
Sánchez es el presidente de los españoles, también de quienes sufrieron la barbarie de esas bestias. Prestarse a pedir perdón por el suicidio de un terrorista convicto, mostrar solidaridad con sus correligionarios, dar carta de naturaleza a las calumnias de un separatista poseedor de un largo historial delictivo es impropio de un dirigente que aspira a ser respetable y respetado. Si malo es que implorara su apoyo para auparse hasta La Moncloa, peor es verle arrastrarse ante ellos con tal de mantenerse en el cargo.
En cuanto a los presos del procés condenados por el Tribunal Supremo, Pablo Iglesias lanzó unas polémicas declaraciones en las que se mostró partidario directamente de indultar a los presos condenados.
Dado que Cataluña tiene transferidas las competencias en prisiones, la Consejería de Justicia de la Generalitat ha permitido que los presos con tercer grado o con el principio de flexibilidad del artículo 100.2 puedan ir a trabajar a partir del 15 de abril, si sus empleos pertenecen a uno de los sectores que han retomado la actividad tras el parón obligado de Semana Santa. Para evitar el contacto con los presos que no salen el exterior y limitar los contagios, los líderes del 1-O cambiarán a celdas del área de ingresos o serán trasladados a centros abiertos.
Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad
Con el fin de garantizar el derecho a la salud de las personas presas durante la pandemia, han firmado (el 11 de mayo) un manifiesto titulado ‘Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad’ que recoge las peticiones de los representantes de dichos partidos políticos en un total de cinco puntos que beneficiarían, especialmente, a los terroristas y golpistas que cumplen condena en prisión.
Éstas son las medidas que solicitan:
- En el uso de sus facultades, dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le otorga y siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, adopte las oportunas medidas de excarcelación de personas presas, en especial de quienes presenten especial vulnerabilidad ante el Covid-19, concretamente internos/as que presenten patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad -mayores de 65 años-, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia.
- Asimismo, adopte medidas, sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito, para la excarcelación de personas presas que hayan cumplido las 3/4 partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social, con recursos familiares o de su entorno social próximo, para someterse al confinamiento en los mismos términos que el resto de la sociedad.
- Asimismo, se garanticen la coordinación entre Sanidad, Justicia e Interior para generalizar medidas de protección, examen de síntomas preventivo y diagnóstico rápido de personas en prisión, derivando inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por enfermedad de coronavirus.
- Mientras dure la crisis sanitaria, se garantice el derecho a la información a las personas presas, ofreciendo conocimiento actualizado y accesible del desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas, a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones, para prevenir y contener su propagación. Asimismo, se extienda la comunicación no presencial entre internos y familiares, con gratuidad de llamadas telefónicas, y ampliándose el recurso a las videollamadas más allá de las actuales restricciones limitadas a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar.
- Por último, solicitamos al gobierno que, cuando se comience la desescalada, se tenga igualmente en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados. En ese sentido, se deben dar los pasos necesarios para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos. Un acercamiento geográfico de las personas presas a sus familias para el que se hace necesario retomar las conducciones con medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes y, un acercamiento que debiera iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos menores.
Los favores de Marlaska
Dicho y hecho. Si Marlaska era conocido por ser un juez duro de la Audiencia Nacional, estandarte de la lucha antiterrorista con ETA, y 'amigo' de las víctimas, cuando llegó a Ministro de Interior se dio la vuelta como un calcetín. Marlaska ha ido digiriendo y haciendo suyo el pacto con Podemos y los acuerdos con ERC y hasta con Bildu.
Desde su llegada al Ministerio del Interior hace dos años, ha autorizado
Durante la pandemia ha tumbado a la cúpula de la Guardia Civil y ha concedido el tercer grado (la semilibertad) a tres etarras, tras acercarlos al País Vasco (privilegios que se les han concedido sin que se cumpla el requisito al que obliga la ley de colaborar con la Justicia). Según Marlaska, el acercamiento cuenta con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al evitar el desplazamiento entre provincias de familiares en un contexto de pandemia.
Solo desde el mes de mayo, se han concedido 7 terceros grados y 15 traslados de etarras, 5 de ellos a cárceles próximas a sus domicilios.
El Ministerio de Interior ha comunicado el 7 de julio de 2020 la progresión al tercer grado y el acercamiento de tres nuevos presos de ETA (dos de ellos condenados por delitos de sangre), que no serán trasladados a cárceles cercanas al País Vasco sino directamente a las de Bilbao, San Sebastián y Álava.
También ha dado barra libre a EH Bildu para visitar a los etarras presos en las cárceles, a pesar del confinamiento generalizado para el resto de los españoles. Los familiares y amigos de los condenados por terrorismo no han podido desplazarse a otras provincias durante el confinamiento (el estado de alarma limita la libertad de movimiento y las visitas a presos), por lo que Bildu ordenó a sus decenas de electos (diputados, senadores, parlamentarios del País Vasco y de Navarra, así como punteros) que cubrieran su 'vacío emocional'.
El Partido Popular quiere auditar en el Congreso la política del Ministerio del Interior respecto a los presos de ETA durante el estado de alarma. Y por eso ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en el Parlamento para que aclare todos los beneficios penitenciarios otorgados a los presos etarras. El PP también ha solicitado la reprobación de Marlaska en el Congreso, a cuenta del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos el 25 de mayo, pero el ministro se ha salvado con el apoyo de PNV y Unidas Podemos, y las abstenciones de ERC, Bildu y JxCat (votación del 24 de junio).
Otra de las cuestiones tratadas en el Senado ha sido la queja de UPN por permitirse -durante la desescalada- las concentraciones en Navarra a favor del preso etarra Patxi Ruiz, que cumple condena en Murcia por asesinato. Es decir, el gobierno permitía homenajes a etarras y enaltecimientos del terrorismo mientras que al resto de los españoles se nos negaba manifestarnos críticamente contra la nefasta gestión del gobierno de la pandemia.
Actualización 9 septiembre: Lo de Sánchez no tiene nombre. Que el presidente del Gobierno de España se deshaga en lamentos y explicaciones públicas en el Congreso por el suicidio de un terrorista de ETA encarcelado constituye una humillación sin parangón en el mundo democrático. Pedro Sánchez se mostró solemne y contrito en el Senado al dirigirse al representante de Bildu para expresar cuán «profundamente lamenta» la muerte de Igor González, etarra condenado por el asesinato de Miguel Angel Blanco.
Sánchez es el presidente de los españoles, también de quienes sufrieron la barbarie de esas bestias. Prestarse a pedir perdón por el suicidio de un terrorista convicto, mostrar solidaridad con sus correligionarios, dar carta de naturaleza a las calumnias de un separatista poseedor de un largo historial delictivo es impropio de un dirigente que aspira a ser respetable y respetado. Si malo es que implorara su apoyo para auparse hasta La Moncloa, peor es verle arrastrarse ante ellos con tal de mantenerse en el cargo.
En cuanto a los presos del procés condenados por el Tribunal Supremo, Pablo Iglesias lanzó unas polémicas declaraciones en las que se mostró partidario directamente de indultar a los presos condenados.
Dado que Cataluña tiene transferidas las competencias en prisiones, la Consejería de Justicia de la Generalitat ha permitido que los presos con tercer grado o con el principio de flexibilidad del artículo 100.2 puedan ir a trabajar a partir del 15 de abril, si sus empleos pertenecen a uno de los sectores que han retomado la actividad tras el parón obligado de Semana Santa. Para evitar el contacto con los presos que no salen el exterior y limitar los contagios, los líderes del 1-O cambiarán a celdas del área de ingresos o serán trasladados a centros abiertos.
Por si el privilegio fuera poco, el 1 de julio, las juntas de tratamiento de las cárceles donde cumplen condena los 9 líderes independentistas condenados por el 1-O, han propuesto otorgarles el tercer grado, es decir, que solo tengan que ir a la cárcel para dormir, incluso ni eso si aceptan ser controlados telemáticamente. Esto tendrá que aprobarlo la Generalitat, pero parece bastante improbable que lo denieguen. Sin duda ésta sería una medida muy útil para poder hacer campaña independentista ante las inminentes elecciones que tendrán lugar en Cataluña este otoño. La Fiscalía territorial podría recurrirlo, pero ese recurso no tiene efectos suspensivos, con lo que gozarían del tercer grado hasta que el juez decida si acepta el recurso del Ministerio Público. Esto no hubiera pasado si el tribunal del «procés» hubiera acordado en sentencia la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, según el cual el condenado no puede acceder al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de condena impuesta.
Actualización 18 de julio: Dicho y hecho. Los presos del procés ya gozan de un privilegiado tercer grado. La Generalitat ha abierto las puertas de las cárceles como si el cumplimiento de la ley no fuera de su competencia, a pesar de que la sentencia debería haber obligado a los culpables a cumplir la mitad de la condena y no llevan ni la cuarta parte. Entre brote y brote de Covid han salido estos tipos de la cárcel a darle al megáfono avisando que lo volverán a hacer. Queda claro que no hay reinserción sino reiteración.
Está claro que el peso de los partidos nacionalistas e independentistas en el Congreso se ha convertido en algo clave para formar mayorías. Y de esas mayorías depende la continuidad del Gobierno; de ahí también el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral.
Actualización 28 de julio: Parece que, al menos por esta vez, la justicia existe. El juzgado de vigilancia penitenciaria nº 5 de Cataluña ha aceptado hoy suspender el tercer grado a los condenados por el referéndum del 1-O, aceptando que el recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn deberán permanecer en prisión a partir de esta noche, cuando vuelvan para dormir.
El recurso de la Fiscalía se sustenta en que la mayoría de los condenados no han cumplido aún la cuarta parte de la condena, en falta de arrepentimiento (Junqueras declaró, nada más salir de la cárcel, que "mis compromisos los cumplí y estoy orgulloso de lo que hice") y en que no se han cumplido los fines de resocialización y reeducación.
En el caso de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, el juzgado que le corresponde todavía no se ha pronunciado. En cuanto al resto de los condenados por el Supremo por sedición, Jordi Turull, Josep Rull y Montse Bassa, la Fiscalía está elaborando el recurso contra su semilibertad.
Actualización 3 de septiembre: Pedro Sánchez y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han acordado en su reunión mantenida esta mañana en Moncloa convocar la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern para mediados de septiembre, a expensas de que se avenga sentarse Quim Torra.
Actualización 18 de julio: Dicho y hecho. Los presos del procés ya gozan de un privilegiado tercer grado. La Generalitat ha abierto las puertas de las cárceles como si el cumplimiento de la ley no fuera de su competencia, a pesar de que la sentencia debería haber obligado a los culpables a cumplir la mitad de la condena y no llevan ni la cuarta parte. Entre brote y brote de Covid han salido estos tipos de la cárcel a darle al megáfono avisando que lo volverán a hacer. Queda claro que no hay reinserción sino reiteración.
Está claro que el peso de los partidos nacionalistas e independentistas en el Congreso se ha convertido en algo clave para formar mayorías. Y de esas mayorías depende la continuidad del Gobierno; de ahí también el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral.
Los presos se han convertido en moneda de cambio para la supervivencia del Gobierno de coalición
Actualización 28 de julio: Parece que, al menos por esta vez, la justicia existe. El juzgado de vigilancia penitenciaria nº 5 de Cataluña ha aceptado hoy suspender el tercer grado a los condenados por el referéndum del 1-O, aceptando que el recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn deberán permanecer en prisión a partir de esta noche, cuando vuelvan para dormir.
El recurso de la Fiscalía se sustenta en que la mayoría de los condenados no han cumplido aún la cuarta parte de la condena, en falta de arrepentimiento (Junqueras declaró, nada más salir de la cárcel, que "mis compromisos los cumplí y estoy orgulloso de lo que hice") y en que no se han cumplido los fines de resocialización y reeducación.
En el caso de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, el juzgado que le corresponde todavía no se ha pronunciado. En cuanto al resto de los condenados por el Supremo por sedición, Jordi Turull, Josep Rull y Montse Bassa, la Fiscalía está elaborando el recurso contra su semilibertad.
Actualización 3 de septiembre: Pedro Sánchez y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han acordado en su reunión mantenida esta mañana en Moncloa convocar la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern para mediados de septiembre, a expensas de que se avenga sentarse Quim Torra.