Todos los sectores, sin excepción, van a necesitar ayuda como consecuencia de esta grave crisis económica que nos deja el coronavirus, pero especialmente el turismo y la automoción, ya que son las principales industrias de la economía nacional. El sector de la automoción -con 17 fabricantes de vehículos más toda la industria auxiliar y los concesionarios- representa el 10% del PIB y emplea al 9% de la población activa, además de ser el primer sector exportador (representa el 19% de las exportaciones de España).
La demanda de vehículos en España y en Europa se va a resentir por la incertidumbre económica y laboral aparejada a la crisis. Las ventas caerán entre un 40% y 45%, hasta los 700.000 vehículos (que dejarán de fabricarse), lo que supondrá una caída de la facturación superior a los 2.500 millones de euros.
A ello se une que, con el estado de alarma, el sector se ha visto completamente paralizado, tanto a nivel de producción como de comercialización. Además, la automoción es uno de los sectores más dependientes de las cadenas de suministro globales, las cuales se han visto también paralizadas de forma generalizada. Para colmo, Nissan ha anunciado que cerrará sus plantas de ensamblaje de automóviles en Barcelona (abandona España, dejando a unos 3.000 trabajadores sin empleo), y Renault también ha anunciado recortes.
El Gobierno ha reconocido la necesidad de adoptar una serie de medidas urgentes para que el sector de la automoción siga teniendo un papel relevante en la economía y la sociedad española, mantenga su competitividad y el importantísimo empleo que genera. Y para que sirva de efecto tractor para muchas otras actividades empresariales.
Para proteger este sector industrial y comercial que no solo es vital para España, sino para toda Europa, el Ejecutivo ha aprobado un Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción por valor de 3.750 millones de euros.
El plan cuenta con cinco pilares y 19 medidas de carácter económico, fiscal, normativo, logístico, de aumento de la competitividad, de compra pública sostenible y de planificación estratégica.
El plan para la reactivación del automóvil contempla 1.060 millones en ayudas directas. Se destinarán 300 millones de euros a la renovación de vehículos del parque público de las administraciones (que podrán hacer uso de su superávit para comprar), 250 a la renovación de vehículos privados (230 para turismos y 20 para industriales y autobuses), 415 a iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en la industria y 95 a formación profesional (un plan específico de recualificación y actualización para trabajadores en el corto plazo).
Las ayudas a particulares serán de hasta 4.000€ para coches clasificados como 'cero/A' por la DGT -en función de su etiqueta ambiental/clasificación energética-, y de hasta 800€ para los de combustión 'C/A', según el plan.
La partida de 415 millones de euros para actividades de I+D+i se reparte en: 25 millones de euros para innovación en el campo del hidrógeno; 30 millones para proyectos de innovación industrial en movilidad sostenible (Moves Singulares); 260 millones para la mejora de la conectividad y 100 millones para la compra pública de innovación para infraestructuras de movilidad.
El resto, 2.690 millones, corresponde a créditos blandos (Reindus e ICO), a saber: 390 millones de la "flexibilización temporal de la línea de préstamos Reindus" (que se pondrá en marcha en julio, con un interés del 0,1% para pymes y 0,19% para grandes empresas, el primer año); 500 millones de la "línea ICO vehículos de uso profesional" (de avales de hasta el 80% para la financiación de vehículos comerciales e industriales, que también se activará en julio); y 1.800 millones más de la "optimización del programa de préstamos Reindus" para los próximos años 2021 y 2022.
Asimismo, estas inversiones se suman a nuevas medidas fiscales orientadas a fomentar las inversiones en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible y conectada, así como a medidas normativas que permitan activar la inversión privada en el sector.
La DGT también valorará una actualización, a través de un acuerdo con el sector y el resto de agentes, de las etiquetas medioambientales de los vehículos, con el objetivo de tener una propuesta en 6 meses.
Otra medida contemplada a corto plazo en el plan del Ejecutivo para el sector del automóvil es poner en marcha las adaptaciones normativas necesarias para alcanzar el objetivo de contar con 50.000 puntos de recarga de coches eléctricos en España para 2023.
Todas estas ayudas tienen como objetivo estimular la demanda interna, por entender que generarán un efecto multiplicador en el mercado. Pero tal como están configuradas las cadenas de valor globales en la industria del automóvil, su impacto en la creación de empleo no será correlativo. Primero, porque la española es una planta muy enfocada a la exportación, que es hacia donde debe dirigir sus esfuerzos en innovación y competitividad, y no tanto al mercado interior. Y segundo, porque España sigue siendo muy dependiente de proveedores extranjeros en sus suministros y adquisición de bienes intermedios (el 42,5% del valor total de un vehículo 'made in Spain' tiene su origen fuera del país).
Aún así, la aprobación de las ayudas para la compra de automóviles que debían aprobarse en el Consejo de Ministros del 30 de junio, han quedado "fuera de la agenda del Ejecutivo". María Jesús Montero, ha señalado que el asunto quedará resuelto “en la primera quincena de julio”. ¿Será así?
La demanda de vehículos en España y en Europa se va a resentir por la incertidumbre económica y laboral aparejada a la crisis. Las ventas caerán entre un 40% y 45%, hasta los 700.000 vehículos (que dejarán de fabricarse), lo que supondrá una caída de la facturación superior a los 2.500 millones de euros.
A ello se une que, con el estado de alarma, el sector se ha visto completamente paralizado, tanto a nivel de producción como de comercialización. Además, la automoción es uno de los sectores más dependientes de las cadenas de suministro globales, las cuales se han visto también paralizadas de forma generalizada. Para colmo, Nissan ha anunciado que cerrará sus plantas de ensamblaje de automóviles en Barcelona (abandona España, dejando a unos 3.000 trabajadores sin empleo), y Renault también ha anunciado recortes.
El Gobierno ha reconocido la necesidad de adoptar una serie de medidas urgentes para que el sector de la automoción siga teniendo un papel relevante en la economía y la sociedad española, mantenga su competitividad y el importantísimo empleo que genera. Y para que sirva de efecto tractor para muchas otras actividades empresariales.
Para proteger este sector industrial y comercial que no solo es vital para España, sino para toda Europa, el Ejecutivo ha aprobado un Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción por valor de 3.750 millones de euros.
El plan cuenta con cinco pilares y 19 medidas de carácter económico, fiscal, normativo, logístico, de aumento de la competitividad, de compra pública sostenible y de planificación estratégica.
Ayudas para la reactivación del automóvil
El plan para la reactivación del automóvil contempla 1.060 millones en ayudas directas. Se destinarán 300 millones de euros a la renovación de vehículos del parque público de las administraciones (que podrán hacer uso de su superávit para comprar), 250 a la renovación de vehículos privados (230 para turismos y 20 para industriales y autobuses), 415 a iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en la industria y 95 a formación profesional (un plan específico de recualificación y actualización para trabajadores en el corto plazo).
Las ayudas a particulares serán de hasta 4.000€ para coches clasificados como 'cero/A' por la DGT -en función de su etiqueta ambiental/clasificación energética-, y de hasta 800€ para los de combustión 'C/A', según el plan.
La partida de 415 millones de euros para actividades de I+D+i se reparte en: 25 millones de euros para innovación en el campo del hidrógeno; 30 millones para proyectos de innovación industrial en movilidad sostenible (Moves Singulares); 260 millones para la mejora de la conectividad y 100 millones para la compra pública de innovación para infraestructuras de movilidad.
El resto, 2.690 millones, corresponde a créditos blandos (Reindus e ICO), a saber: 390 millones de la "flexibilización temporal de la línea de préstamos Reindus" (que se pondrá en marcha en julio, con un interés del 0,1% para pymes y 0,19% para grandes empresas, el primer año); 500 millones de la "línea ICO vehículos de uso profesional" (de avales de hasta el 80% para la financiación de vehículos comerciales e industriales, que también se activará en julio); y 1.800 millones más de la "optimización del programa de préstamos Reindus" para los próximos años 2021 y 2022.
Asimismo, estas inversiones se suman a nuevas medidas fiscales orientadas a fomentar las inversiones en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible y conectada, así como a medidas normativas que permitan activar la inversión privada en el sector.
La DGT también valorará una actualización, a través de un acuerdo con el sector y el resto de agentes, de las etiquetas medioambientales de los vehículos, con el objetivo de tener una propuesta en 6 meses.
Otra medida contemplada a corto plazo en el plan del Ejecutivo para el sector del automóvil es poner en marcha las adaptaciones normativas necesarias para alcanzar el objetivo de contar con 50.000 puntos de recarga de coches eléctricos en España para 2023.
Todas estas ayudas tienen como objetivo estimular la demanda interna, por entender que generarán un efecto multiplicador en el mercado. Pero tal como están configuradas las cadenas de valor globales en la industria del automóvil, su impacto en la creación de empleo no será correlativo. Primero, porque la española es una planta muy enfocada a la exportación, que es hacia donde debe dirigir sus esfuerzos en innovación y competitividad, y no tanto al mercado interior. Y segundo, porque España sigue siendo muy dependiente de proveedores extranjeros en sus suministros y adquisición de bienes intermedios (el 42,5% del valor total de un vehículo 'made in Spain' tiene su origen fuera del país).
Aún así, la aprobación de las ayudas para la compra de automóviles que debían aprobarse en el Consejo de Ministros del 30 de junio, han quedado "fuera de la agenda del Ejecutivo". María Jesús Montero, ha señalado que el asunto quedará resuelto “en la primera quincena de julio”. ¿Será así?