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Sin inmunidad de rebaño, ¿y ahora qué?

Mientras se espera una vacuna, los países confían en que sus poblaciones desarrollen una "inmunidad de rebaño", conforme más y más personas se vayan contagiando y curando del coronavirus. También se debaten fórmulas, como el "pasaporte inmunológico", que se podrían implantar para poder recuperar la nueva normalidad con seguridad y garantías.

Recuperar lo antes posible la cotidianidad perdida debido a la pandemia del coronavirus se ha convertido en un gran reto. Conseguir la inmunidad de la mayor parte de la población ante un virus es la estrategia básica para luchar contra las pandemias. Hay dos formas de lograrla: superar la enfermedad o recibir la vacuna.

Dado que la vacuna contra el coronavirus va a tardar (se estima que mínimo un año), la esperanza es que se alcance una inmunidad de grupo suficiente para parar el virus. En el caso del coronavirus se ha estimado que esta inmunidad de rebaño surge cuando más del 60% de las personas están protegidas (se han curado y, por tanto, han desarrollado anticuerpos).


Por tanto, la esperanza para dejar atrás la pandemia es lograr esta inmunidad grupal. Sin embargo, la OMS advierte de que los anticuerpos protegen, pero no se sabe cuánto ni su duración, así que no hay certeza de que las personas que se han recuperado del Covid-19 y tienen anticuerpos estén protegidas en el caso de una segunda infección. También existe la preocupación de que puedan surgir nuevas cepas y mutaciones desconocidas del virus.

Los distintos países han aplicado diferentes políticas a la hora de luchar contra el coronavirus. Unos han apostado por alcanzar esta inmunidad colectiva, y por tanto no han implantado políticas restrictivas de movimientos para buscar que se infectase (y curase) un mayor número de ciudadanos. Y otros, como España, han implantado un confinamiento totalitario en todo el país para salvaguardarnos de los contagios, a la par que destruían todo nuestro sistema democrático.

¿Qué es mejor? No se sabe. La primera opción puede parecer inhumana al ver que causa un gran número de muertes de golpe, pero ahora vemos su utilidad, ya que esos países están preparados para afrontar la vida post-pandemia con una mejor situación económica que el resto (porque no han paralizado por completo el país), sin miedo a rebrotes (porque tienen esa inmunidad de rebaño) y sin que sus ciudadanos tengan que adaptarse a una 'nueva (a)normalidad' aplicando sinfín de protocolos anti-natura (mascarillas, distanciamiento físico, desinfección extrema, etc).


El estudio de seroprevalencia

El gobierno de la mercadotecnia, obviando todas las recomendaciones de la OMS, se ha empeñado en no hacer test masivos a todos los españoles (ni siquiera se los ha realizado a los grupos de riesgo ni al personal sanitario). En su lugar, ha realizado un estudio de seroprevalencia a un grupo reducido de privilegiados (36.000 hogares, 90.000 personas) que han sido seleccionados al azar y sin ningún criterio científico ni técnico más allá de la bolsa estadística del INE. Con los datos que se obtengan de esta ínfima muestra poblacional se pretende extrapolarlos al resto del país para hacer una estimación del porcentaje de población española que se ha visto infectada por el virus.

Cada persona pasará los dos tipos de pruebas distintas tres veces, con una separación de tres semanas entre muestra y muestra para poder ver la evolución dinámica de la enfermedad. Las pruebas son de las llamadas "test rápidos" (análisis de una gota de sangre mediante un simple pinchazo en el dedo) que miden dos tipos de anticuerpos: los IgM (presencia de una infección activa) y los IgG (si se ha pasado por ella). Además, se realizará a los participantes un cuestionario epidemiológico con preguntas para conocer la existencia de un diagnóstico previo de Covid-19, la presencia o antecedentes de síntomas compatibles con esta enfermedad y los principales factores de riesgo conocidos.


Pues bien, una vez realizada la primera oleada de pruebas serológicas, los resultados presentados el 13 de mayo son desesperanzadores. Según los datos del estudio ENE-COVID-19, realizado por el Instituto de Salud Carlos III, sólo un 5% de los españoles ha pasado la enfermedad y, por tanto, sería inmune, muy lejos del 60% que los expertos aseguran que es el mínimo para que se produzca protección de grupo.

El estudio de seroprevalencia ha puesto de manifiesto que uno de cada tres afectados no han desarrollado síntomas de la enfermedad (o sea, el 33,7% son asintomáticos). El 8% de las individuos que generaron anticuerpos manifestaron haber tenido entre tres y cuatro síntomas; el 14,7%, más de cinco síntomas y, hasta el 43% sufrió una pérdida súbita del olfato.


El que la gran mayoría de los casos de enfermos de coronavirus no se hayan detectado subraya la necesidad de hacer test A TODOS, para poder aislar los posibles casos de contagios asintomáticos. Porque si no, ¿cómo se controlará que este grupo tan amplio de la población (1 de cada 3) no siga extendiendo la pandemia? Ésta es la respuesta de Fernando Simón: “No es posible controlarlo todo y lo que es importante es mantener las medidas de higiene y seguridad”. Ea, distancia, mascarilla y lavado de manos forever para todos en lugar de hacernos test.

Según las últimas cifras oficiales, en España se han hecho un total de 229.540 diagnósticos mediante PCR. Sin embargo, la estimación de que un 5% de la población tiene anticuerpos frente al virus supone que 2.367.300 de personas han sido contagiadas (por tanto, en España como no se han hecho tests, se han detectado sólo entre el 10 y el 11% de los casos reales).



Conclusión: El bajo porcentaje de población española que ha superado el Covid favorece la amenaza de un nuevo brote explosivo de la enfermedad: solo un 5% ha creado anticuerpos contra el coronavirus, por lo que hay una gran número de personas que no tienen defensas específicas y pueden contagiarse coronavirus por primera vez.

"Las expectativas de control de la enfermedad mediante la inmunidad de grupo son bajas, aunque esperamos tener una transmisión del virus también baja de aquí a finales de año", ha concluido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Y añade que "debemos esperar a la vacuna, que será el elemento que realmente permitirá un control del coronavirus y la generación de una inmunidad frente al mismo".

El 4 de junio se han presentado los resultados de la segunda ronda del estudio de seroprevalencia, pero las diferencias entre los resultados de la primera ola y la segunda no son significativas. La prevalencia nacional (inmunidad) pasa del 5 al 5,2%, el incremento es inferior a 100.000 personas.



El 6 de julio se dio a conocer la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, confirmándose lo mismo que en las anteriores: estamos muy lejos de la inmunidad de grupo pues solo un 5,2% de los españoles ha generado inmunidad al virus. Pero el estudio revela ahora un dato preocupante: la pérdida de anticuerpos en personas en las que sí habían sido detectados, es decir, que el 14% de los que ya eran inmunes ahora ya no lo son.

Es decir, que el arresto domiciliario de 44 millones de españoles durante más de dos meses no ha servido para nada, salvo para llevar a nuestro país a la ruina. El virus sigue campando a sus anchas entre nosotros, no somos inmunes a él, y nos encontramos ante una enorme crisis económica y laboral. Y la única solución que nos dan los "expertos" es seguir esperando a que un iluminati descubra una vacuna.

Está claro. Si no nos han permitido contagiarnos (a pesar de que la tasa de letalidad es de solo el 1%) no podemos haber alcanzado la inmunidad natural (aunque, según dicen, lo que querían con el confinamiento era evitar el colapso de los servicios médicos al cortar la transmisión del virus de forma drástica, pero ni siquiera éso ha conseguido nuestro gobierno de ineptos).

El 15 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia, realizada durante la segunda quincena de noviembre, y en la que han participado 51.409 personas. Los resultados preliminares de esta 4ª ronda permiten estimar que hay 4,7 millones de personas que han enfermado de coronavirus en nuestro país (el 9,9% de los españoles) y, por tanto, tendrían anticuerpos. Por tanto, esto indica que entre julio y noviembre se han infectado aproximadamente el mismo número de personas en España que en la primera ola.

Con estos resultados, España sigue quedando muy lejos de la conocida como inmunidad de rebaño, para lo que sería necesario que al menos el 60% de la ciudadanía tuviera anticuerpos. Aún así, para saber la duración de la inmunidad tras sufrir la enfermedad, habrá que esperar a los análisis de laboratorio.

Teniendo en cuenta los resultados del estudio y el número de casos confirmados de covid-19 hasta finales de noviembre, el ISCIII estima que en la segunda ola España ha conseguido detectar un 60% del total de los contagios, es decir, a pesar de los esfuerzos de detección de casos, aún se siguen escapando un 40%. La letalidad general estimada se sitúa en el 0,9%.


El pasaporte inmunológico

Entre las hipótesis acerca de cómo será la vuelta a la normalidad social y laboral cuando superemos la pandemia, se ha llegado a barajar la implantación de una especie de "pasaporte inmunológico" con el cual, el usuario podría demostrar que tiene anticuerpos y que su organismo se ha inmunizado frente al virus, por lo que no se podría volver contagiar ni tampoco contagiaría a otros (aunque no se sabe por cuánto tiempo).

En cualquier caso, el pasaporte de inmunidad plantea importantes cuestiones prácticas, equitativas y legales. Por un lado, crearía una restricción artificial sobre quién puede o no participar en las actividades sociales y económicas. Y por otro, la medida invadiría la intimidad de los trabajadores y la protección de datos. Además, esto podría crear un incentivo perverso para que los individuos sanos y no inmunes buscaran infectarse a propósito.

A nivel laboral, exigir un salvoconducto epidémico sería lo mismo que a uno le preguntaran durante la entrevista por su condición sexual, su adscripción política, sus creencias o su estado de salud. Todo ello es, hoy por hoy, ilegal. Estaríamos hablando, por tanto, de la posibilidad de poner un obstáculo desproporcionado de acceso al trabajo que además no respeta los derechos fundamentales de las personas.

Y ya está pasando. Cada vez más, proliferan las ofertas y demandas de empleo en las que se exige haber pasado el covid-19. Por su parte, los desempleados también incluyen en su currículum vitae "inmune al coronavirus". Hasta tal punto ha llegado la proliferación de ofertas y demandas de empleo de este tipo, que ya existe un carnet digital que identifica y resume la documentación bioquímica y los resultados de las pruebas serológicas de cada trabajador, facilitadas por los laboratorios. Se llama Inmunocard.

Tampoco vale el argumento de la prevención de riesgos. El deber de vigilancia del empresario no hace necesaria una prueba que certifique que uno no es positivo en Covid-19, porque un trabajador puede abstenerse de ir a trabajar si está enfermo siempre que informe a su médico y pida la baja laboral. Esta medida, ya establecida, impide cualquier riesgo de contagio. Además está la separación entre trabajadores, el uso de mascarillas, el distanciamiento y las medidas de higiene. No hace falta una prueba médica que certifique la inmunidad.

En todo caso, las prácticas invasivas y exageradas en cuestiones que afectan a la salud de los empleados y a su intimidad empiezan a ser una norma para compañías que exceden los límites y el control. Si la cesión de esa información de los trabajadores se produce de forma voluntaria y libre, y su participación en los distintos programas se ve incentivada por una contraprestación, no podríamos hablar de un consentimiento viciado, presuponiendo que se ha recibido la información correcta sobre los fines a los que se van a destinar los datos que el trabajador facilita. Otra cosa sería que la empresa obligara a todos los empleados, lo que sería contrario a derecho.


Si el pasaporte de inmunidad se estableciera como una medida imprescindible para poder salir de casa, la proporción de población sería mínima, y si solamente estas personas pudieran volver a trabajar y a hacer "vida normal", ésto sería inviable para la economía y la seguridad de un país.

A su vez, etiquetar a las personas sobre su inmunidad al coronavirus permitiría dividir a la población entre inmunoprivilegiados e inmunodeprimidos. Tal etiquetado es particularmente preocupante en ausencia de una vacuna gratuita disponible universalmente. En el caso de que hubiera una vacuna de pago, las personas con capacidad económica podrían acceder a ella y obtener una "certificación inmunológica". Privar de la libertad de movimiento al resto de la población iría en contra de sus derechos.

Aunque países como Reino Unido y Alemania se han mostrado a favor de la puesta en marcha de esta medida, dudo que en España se imponga el pasaporte inmunológico. Principalmente porque para poder implantar esta medida es imprescindible hacer test serológicos a toda la población, para poder clasificar a los ciudadanos en inmunes y no inmunes. Y el gobierno ya ha dicho en numerosas ocasiones que no va a haber un test para cada español, principalmente porque no hay suficientes test de anticuerpos ni son totalmente fiables.

En China, por ejemplo, los códigos QR se han utilizado para aflojar las restricciones en Wuhan, donde se originó la pandemia. A las personas evaluadas como sanas se les ha dado un código QR verde, que indica que pueden viajar dentro de la provincia. Un código amarillo indica que una persona puede haber entrado en contacto con una persona infectada, mientras que el rojo es para aquellos que han sido diagnosticados o se sospecha que tienen el virus. Estos códigos QR sirven para controlar la entrada a lugares públicos. Pero dan más información (a parte de la inmunidad al Covid-19), como el historial de viajes, con quién han entrado en contacto y otra información de salud, la temperatura del cuerpo, y hasta si recientemente han tenido un resfriado.


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