Sánchez asume un paisaje apocalíptico de paro, recesión, deuda y déficit que aboca al rescate. Pero no tiene un plan realista y se limita a atrincherarse en un Estado de Alarma perpetuo. Está construyendo una España subsidiada que es insostenible a largo plazo, por lo que la única salida a la crisis económica provocada por el Covid-19 será el rescate de la economía española, es decir, la intervención de sus cuentas públicas (según afirman diversos economistas y analistas).
Los próximos meses estarán marcados por una reducción de los ingresos públicos (fundamentalmente por la bajada de la recaudación de impuestos, que el gobierno cifra en 25.700 millones de euros) y un incremento del gasto público para hacer frente a la emergencia sanitaria, social y económica (que el ejecutivo estima en 54.765 millones de euros). Como consecuencia, el déficit se disparará del 2,8% hasta situarse entre el 13% y el 15%, mientras que la deuda pública podría centrarse en el 120% del PIB (y lo peor es que no se quedará ahí, seguirá escalando en los años posteriores).
Las matemáticas dicen que ésto es una gran depresión. La magnitud de lo que está pasando solo es comparable al Crack del 29. Es el Apocalipsis: la crisis de 2008 parece un juego de niños al lado de la que ya extiende su manto por toda España, agravada por un infierno sanitario de incierto desarrollo. El paisaje que reconoce ya en público el Gobierno es demoledor.
Casi el 60% de la población adulta vivirá de ‘papá Estado’. Y ésto es precisamente lo que pretende nuestro nuevo gobierno bolivariano, tener a España subsidiada para tener un control total del país y seguir imponiendo su régimen totalitario y dictatorial.
El Ejecutivo, que ya se está encontrando dificultades para pagar las primeras ayudas planteadas para afrontar la crisis del coronavirus, ha impulsado un sistema de ayudas a los particulares que dejará al Estado sin dinero para apoyar a las empresas, que son las únicas generadoras de empleo del país.
Si se suman los subsidios de los ERTE, las prestaciones por cese de actividad para los autónomos, las prestaciones que ya están cobrando los desempleados, los pensionistas, el millón de hogares que el Gobierno prevé que se beneficiarán del ingreso mínimo vital, los funcionarios y los empleados públicos, el balance es preocupante: cerca 22 millones de personas estarán cobrando en algún momento del año del Estado.
Estas son las cifras, siendo conservadores y aludiendo siempre al balance que hacen desde nuestro Gobierno aciago o las principales organizaciones empresariales:
La suma no es complicada. Sin trabajar, recibirán un subsidio, prestación o ayuda pública en torno a 18,6 millones de personas. Contando con los empleados y funcionarios públicos, que sí cotizan pero que su pagador es el sector público, el número de personas que vivirá del Estado rondará los 21,8 millones, según el nefasto plan diseñado por el Gobierno central, que lo único que pretende es perpetuarse en el poder y sumar días en la Moncloa.
Con estas cifras, y si se tiene en cuenta que hay 8,3 millones menores de edad en España, 21,8 millones de ciudadanos de los 38,7 millones mayores de edad cobrarán su nómina del Estado en esta situación tan crítica. Es decir, que casi el 60% de la población adulta (6 de cada 10 españoles mayores de edad) percibirán sus ingresos de «papá Estado». Aunque el Ministerio de Seguridad Social ha comunicado (el 26 de mayo) una caída histórica del número de prestaciones, causada por la elevada mortalidad de los últimos dos meses en España: el Estado se va a ahorrar 38.508 pensiones con respecto al mes de abril.
La primera consecuencia de esta situación es el golpe para las arcas públicas, a lo que hay que sumar la pérdida de ingresos tributarios por IRPF y para la Seguridad Social. La segunda consecuencia es el riesgo que supone para un país basar la economía en el subsidio de los ciudadanos, en lugar de en el emprendimiento y el desarrollo empresarial.
En cualquier caso, llama la atención que con estas cifras el Ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, afirmara el pasado 29 de abril que "la deuda pública no llegará en ningún caso al 120% del PIB" cuando ya estaba en el 101% antes del estallido de esta crisis insólita, que contando con los ERTE elevará la tasa de paro al 34% y que podría provocar un hundimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nunca visto desde la Guerra Civil, según los escenarios centrales de los principales servicios de estudios y organismos internacionales.
Con la crisis del coronavirus, Sánchez actuó tarde y mal en las medidas de prevención, que podría haber adoptado en enero, de manera que con medidas más suaves habría podido evitar tanto contagio y el colapso de la sanidad, lo cual habría impedido que falleciesen tantas personas y no habría sido necesario cerrar la economía. Sin embargo, su imprevisión le llevó a decretar el cierre productivo de casi toda la actividad económica con la Gran Reclusión.
Y su lento plan de reapertura, la inseguridad jurídica creada al hablar el Gobierno de nacionalizaciones (Iglesias y Garzón), de subida de impuestos (que afectarán negativamente a la economía), la derogación de la reforma laboral pactada con Podemos y Bildu, y la imposición de una cuarentena a los viajeros extranjeros, hacen que el horizonte de recuperación español sea menos intenso y más largo que el de nuestros socios de la UE, que unido a la más baja productividad de la economía española provoca que el mercado de trabajo se resienta más que el del resto de países comunitarios. Bruselas le pide reformas estructurales y Sánchez les muestra una involución en las reformas existentes. Mal camino para recibir la ayuda europea.
Todo eso, aparte de los datos terribles de desempleo que hemos conocido en la primera semana de junio, dibujan una senda económica de caída libre, fruto no sólo de la crisis del coronavirus, sino de la intensa ralentización existente antes de dicha crisis y de las malas expectativas generadas, así como al freno completo a la actividad y al empleo fruto de la gestión equivocada del Gobierno socialcomunista.
Con todo esto, España sufrirá en 2020 una contracción económica histórica del 8% en mitad de la mayor recesión mundial desde la Gran Depresión por la crisis desatada por el coronavirus. El FMI pronosticaba un desplome del PIB español del -8% (del -3% en el resto de Europa) y una tasa de desempleo del 20,8% en 2020; el Banco de España preveía hasta el -13% en el peor de los escenarios, y el INE constató el 30 de abril un batacazo del -5,2% en el primer trimestre de 2020, el peor dato desde la Guerra Civil. OJO! En el primer trimestre! Lo cual indica que España ya no iba bien antes del estallido de la pandemia, si bien la crisis provocada por el coronavirus ha golpeado con una violencia inusitada y provoca mayores destrozos en España que en las economías de su entorno.
La situación post-covid es demoledora. 2020 cerrará con una caída del PIB del -9,2% y una tasa de paro del 20%. A esto hay que sumar una oleada de destrucción del tejido productivo de una violencia desconocida desde el Crack del 29. La Gran Reclusión infligirá la peor de las pesadillas cuanto todavía no han cicatrizado las heridas de la anterior crisis: con la incertidumbre en máximos y el BCE como único dique de contención, el Gobierno prevé que el derrumbe de la economía será del 9,2% en 2020, según desvela el Plan de Estabilidad que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, una estimación peor que los pronósticos del FMI y que puede quedarse corta a la luz de los datos ya conocidos de PIB.
Las medidas puestas en marcha para sostener a empresas y particulares tras la fuerte ralentización de la actividad económica por la crisis del Covid-19 elevarán exponencialmente la necesidad de financiación del país, que los expertos cifran en 270.000 millones de euros. Es una política de dos etapas. La primera es de política de emergencia, de intentar sostener la actividad y la ocupación al máximo, y la segunda es de reactivación de la economía. Para la primera fase, España debe buscar fuentes de financiación que le permitan tener la menor carga financiera, como los fondos del MEDE y el programa de seguro de desempleo europeo (SURE) y aprovechar al máximo las compras del BCE. El problema vendrá en la segunda fase, en la que tendrá lugar «la gran demanda de deuda».
El Gobierno de Pedro Sánchez dibuja una evolución de la actividad en “uve asimétrica, con una caída de la actividad económica muy intensa y una recuperación previsiblemente más gradual a partir de la segunda parte de este año”. Según el Gobierno, se producirá una recuperación del 6,8% en 2021, más optimista que la del FMI. Los políticos venderán lo que quieran, pero los modelos matemáticos anticipan que esto no es una V: lo que vamos a vivir no es una recesión sino una gran depresión.
Pero Sánchez miente: dice que el PIB bajará un «9,2%» pero los datos que envía a Bruselas son de un 14,3% y la proyección del Gobierno que califica como "V Asimétrica" no lo es, puesto que en ningún momento alcanza el nivel de PIB previo a la crisis y se mantiene al final del periodo proyectado en 2,7 puntos menos de PIB.
Aún así, tardaremos al menosdos años dos décadas en recuperarnos (devolver la deuda a niveles de 2019) y, por el camino, a final de 2020 se habrán perdido cerca de 2 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (y ello sin tener en cuenta el efecto de los ERTE, con 4,5 millones de trabajadores afectados); la tasa de paro se disparará al 20% en 2020, y en 2021 se estima que el desempleo sea aún del 17,2%.
Actualización 7 de junio: Ya es oficial: España está en quiebra. Así lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La ratio de deuda sobre PIB se situará entre el 115 y el 122% del PIB en 2020 y España tardará casi dos décadas en volver a tener el endeudamiento (ya disparatado) de 2019. Además, “para estabilizar en 2030 la ratio de deuda de 2021 será necesario volver al equilibrio presupuestario a lo largo de esta década”, cosa que, con las medidas actuales del Gobierno socialcomunista, es más que dudoso que vaya a ocurrir. Y “adicionalmente, habrá que mantener ese equilibrio casi otra década para poder digerir enteramente las consecuencias de esta crisis, y volver al nivel previo de una ratio del 95,5% del PIB en 2038. E incluso otra década adicional manteniendo los mismos supuestos no sería suficiente para alcanzar el límite de referencia del 60% del PIB” (nivel exigido en los acuerdos del euro).
Las medidas económicas que está implantando el Gobierno son, a todas luces, insuficientes. Principalmente, porque en su plan de "desescalada" ha dejado de lado al turismo, un sector crucial en la economía española que representa casi un 15% del PIB (el plan de reactivación llega tarde y mal), y también al sector de la automoción (10% del PIB).
La sensación de caos y la unilateralidad del mando único del Ejecutivo en la gestión de la desescalada del coronavirus ha aislado a España de los grandes acuerdos europeos, por ejemplo en materia turística, y amenaza con un hundimiento todavía mayor de la economía. Illa impuso una cuarentena forzosa de 14 días a todos los extranjeros que visiten España, en contra de lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores negociaba en Bruselas. Por contra, la Comisión Europea recogió en su informe de recomendaciones la petición de restringir lo menos posible el tráfico de pasajeros entre los países de la Unión, no solo por razones de movimientos de personal laboral, sino también para salvar el sector turístico.
El turismo ha sido puesto como objetivo número uno por la Unión Europea y varios países han activado programas de incentivos a las empresas y a la clientela para salvar la campaña de este año; pero en España, primer destino turístico de Europa, y haciendo abstracción de las necias apreciaciones cualitativas del ministro de Consumo, solo se conocen las demandas de las empresas y solo se habla de estirar los ERTE que ya están en marcha hasta fin de año si es preciso.
Los próximos meses estarán marcados por una reducción de los ingresos públicos (fundamentalmente por la bajada de la recaudación de impuestos, que el gobierno cifra en 25.700 millones de euros) y un incremento del gasto público para hacer frente a la emergencia sanitaria, social y económica (que el ejecutivo estima en 54.765 millones de euros). Como consecuencia, el déficit se disparará del 2,8% hasta situarse entre el 13% y el 15%, mientras que la deuda pública podría centrarse en el 120% del PIB (y lo peor es que no se quedará ahí, seguirá escalando en los años posteriores).
Las matemáticas dicen que ésto es una gran depresión. La magnitud de lo que está pasando solo es comparable al Crack del 29. Es el Apocalipsis: la crisis de 2008 parece un juego de niños al lado de la que ya extiende su manto por toda España, agravada por un infierno sanitario de incierto desarrollo. El paisaje que reconoce ya en público el Gobierno es demoledor.
La España subsidiada: Vivir de "papá Estado"
Casi el 60% de la población adulta vivirá de ‘papá Estado’. Y ésto es precisamente lo que pretende nuestro nuevo gobierno bolivariano, tener a España subsidiada para tener un control total del país y seguir imponiendo su régimen totalitario y dictatorial.
El Ejecutivo, que ya se está encontrando dificultades para pagar las primeras ayudas planteadas para afrontar la crisis del coronavirus, ha impulsado un sistema de ayudas a los particulares que dejará al Estado sin dinero para apoyar a las empresas, que son las únicas generadoras de empleo del país.
Si se suman los subsidios de los ERTE, las prestaciones por cese de actividad para los autónomos, las prestaciones que ya están cobrando los desempleados, los pensionistas, el millón de hogares que el Gobierno prevé que se beneficiarán del ingreso mínimo vital, los funcionarios y los empleados públicos, el balance es preocupante: cerca 22 millones de personas estarán cobrando en algún momento del año del Estado.
Estas son las cifras, siendo conservadores y aludiendo siempre al balance que hacen desde nuestro Gobierno aciago o las principales organizaciones empresariales:
- Los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) afectarán a 4,5 millones de personas.
- El Gobierno estima que 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia recibirá una prestación por cese de actividad.
- Hay 2 millones de personas cobrando en la actualidad una prestación o subsidio de desempleo.
- Además, hay 9,79 millones de pensionistas en el país (aunque bajando, debida a la alta tasa de mortalidad por la pandemis en nuestro país) y el envejecimiento de la población es una tendencia que continuará, a pesar de que los ancianos son los que más han sufrido la crisis sanitaria.
- Por otro lado, el Gobierno prevé que 1 millón de hogares (es decir, como mínimo un millón de personas) recibirá el "ingreso mínimo vital" que Iglesias planea lanzar en mayo.
- Por último hay 3,2 millones de funcionarios y empleados públicos, que aunque son un colectivo que sí que trabaja cobra su salario también del Gobierno central, de las CCAA, de los ayuntamientos, de las diputaciones o cabildos o de las empresas o instituciones públicas.
La suma no es complicada. Sin trabajar, recibirán un subsidio, prestación o ayuda pública en torno a 18,6 millones de personas. Contando con los empleados y funcionarios públicos, que sí cotizan pero que su pagador es el sector público, el número de personas que vivirá del Estado rondará los 21,8 millones, según el nefasto plan diseñado por el Gobierno central, que lo único que pretende es perpetuarse en el poder y sumar días en la Moncloa.
Con estas cifras, y si se tiene en cuenta que hay 8,3 millones menores de edad en España, 21,8 millones de ciudadanos de los 38,7 millones mayores de edad cobrarán su nómina del Estado en esta situación tan crítica. Es decir, que casi el 60% de la población adulta (6 de cada 10 españoles mayores de edad) percibirán sus ingresos de «papá Estado». Aunque el Ministerio de Seguridad Social ha comunicado (el 26 de mayo) una caída histórica del número de prestaciones, causada por la elevada mortalidad de los últimos dos meses en España: el Estado se va a ahorrar 38.508 pensiones con respecto al mes de abril.
La primera consecuencia de esta situación es el golpe para las arcas públicas, a lo que hay que sumar la pérdida de ingresos tributarios por IRPF y para la Seguridad Social. La segunda consecuencia es el riesgo que supone para un país basar la economía en el subsidio de los ciudadanos, en lugar de en el emprendimiento y el desarrollo empresarial.
En cualquier caso, llama la atención que con estas cifras el Ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, afirmara el pasado 29 de abril que "la deuda pública no llegará en ningún caso al 120% del PIB" cuando ya estaba en el 101% antes del estallido de esta crisis insólita, que contando con los ERTE elevará la tasa de paro al 34% y que podría provocar un hundimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nunca visto desde la Guerra Civil, según los escenarios centrales de los principales servicios de estudios y organismos internacionales.
España se aboca al rescate
Con la crisis del coronavirus, Sánchez actuó tarde y mal en las medidas de prevención, que podría haber adoptado en enero, de manera que con medidas más suaves habría podido evitar tanto contagio y el colapso de la sanidad, lo cual habría impedido que falleciesen tantas personas y no habría sido necesario cerrar la economía. Sin embargo, su imprevisión le llevó a decretar el cierre productivo de casi toda la actividad económica con la Gran Reclusión.
Y su lento plan de reapertura, la inseguridad jurídica creada al hablar el Gobierno de nacionalizaciones (Iglesias y Garzón), de subida de impuestos (que afectarán negativamente a la economía), la derogación de la reforma laboral pactada con Podemos y Bildu, y la imposición de una cuarentena a los viajeros extranjeros, hacen que el horizonte de recuperación español sea menos intenso y más largo que el de nuestros socios de la UE, que unido a la más baja productividad de la economía española provoca que el mercado de trabajo se resienta más que el del resto de países comunitarios. Bruselas le pide reformas estructurales y Sánchez les muestra una involución en las reformas existentes. Mal camino para recibir la ayuda europea.
Todo eso, aparte de los datos terribles de desempleo que hemos conocido en la primera semana de junio, dibujan una senda económica de caída libre, fruto no sólo de la crisis del coronavirus, sino de la intensa ralentización existente antes de dicha crisis y de las malas expectativas generadas, así como al freno completo a la actividad y al empleo fruto de la gestión equivocada del Gobierno socialcomunista.
Con todo esto, España sufrirá en 2020 una contracción económica histórica del 8% en mitad de la mayor recesión mundial desde la Gran Depresión por la crisis desatada por el coronavirus. El FMI pronosticaba un desplome del PIB español del -8% (del -3% en el resto de Europa) y una tasa de desempleo del 20,8% en 2020; el Banco de España preveía hasta el -13% en el peor de los escenarios, y el INE constató el 30 de abril un batacazo del -5,2% en el primer trimestre de 2020, el peor dato desde la Guerra Civil. OJO! En el primer trimestre! Lo cual indica que España ya no iba bien antes del estallido de la pandemia, si bien la crisis provocada por el coronavirus ha golpeado con una violencia inusitada y provoca mayores destrozos en España que en las economías de su entorno.
La situación post-covid es demoledora. 2020 cerrará con una caída del PIB del -9,2% y una tasa de paro del 20%. A esto hay que sumar una oleada de destrucción del tejido productivo de una violencia desconocida desde el Crack del 29. La Gran Reclusión infligirá la peor de las pesadillas cuanto todavía no han cicatrizado las heridas de la anterior crisis: con la incertidumbre en máximos y el BCE como único dique de contención, el Gobierno prevé que el derrumbe de la economía será del 9,2% en 2020, según desvela el Plan de Estabilidad que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, una estimación peor que los pronósticos del FMI y que puede quedarse corta a la luz de los datos ya conocidos de PIB.
Las medidas puestas en marcha para sostener a empresas y particulares tras la fuerte ralentización de la actividad económica por la crisis del Covid-19 elevarán exponencialmente la necesidad de financiación del país, que los expertos cifran en 270.000 millones de euros. Es una política de dos etapas. La primera es de política de emergencia, de intentar sostener la actividad y la ocupación al máximo, y la segunda es de reactivación de la economía. Para la primera fase, España debe buscar fuentes de financiación que le permitan tener la menor carga financiera, como los fondos del MEDE y el programa de seguro de desempleo europeo (SURE) y aprovechar al máximo las compras del BCE. El problema vendrá en la segunda fase, en la que tendrá lugar «la gran demanda de deuda».
El Gobierno de Pedro Sánchez dibuja una evolución de la actividad en “uve asimétrica, con una caída de la actividad económica muy intensa y una recuperación previsiblemente más gradual a partir de la segunda parte de este año”. Según el Gobierno, se producirá una recuperación del 6,8% en 2021, más optimista que la del FMI. Los políticos venderán lo que quieran, pero los modelos matemáticos anticipan que esto no es una V: lo que vamos a vivir no es una recesión sino una gran depresión.
Pero Sánchez miente: dice que el PIB bajará un «9,2%» pero los datos que envía a Bruselas son de un 14,3% y la proyección del Gobierno que califica como "V Asimétrica" no lo es, puesto que en ningún momento alcanza el nivel de PIB previo a la crisis y se mantiene al final del periodo proyectado en 2,7 puntos menos de PIB.
Aún así, tardaremos al menos
Actualización 7 de junio: Ya es oficial: España está en quiebra. Así lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La ratio de deuda sobre PIB se situará entre el 115 y el 122% del PIB en 2020 y España tardará casi dos décadas en volver a tener el endeudamiento (ya disparatado) de 2019. Además, “para estabilizar en 2030 la ratio de deuda de 2021 será necesario volver al equilibrio presupuestario a lo largo de esta década”, cosa que, con las medidas actuales del Gobierno socialcomunista, es más que dudoso que vaya a ocurrir. Y “adicionalmente, habrá que mantener ese equilibrio casi otra década para poder digerir enteramente las consecuencias de esta crisis, y volver al nivel previo de una ratio del 95,5% del PIB en 2038. E incluso otra década adicional manteniendo los mismos supuestos no sería suficiente para alcanzar el límite de referencia del 60% del PIB” (nivel exigido en los acuerdos del euro).
Las medidas económicas que está implantando el Gobierno son, a todas luces, insuficientes. Principalmente, porque en su plan de "desescalada" ha dejado de lado al turismo, un sector crucial en la economía española que representa casi un 15% del PIB (el plan de reactivación llega tarde y mal), y también al sector de la automoción (10% del PIB).
La sensación de caos y la unilateralidad del mando único del Ejecutivo en la gestión de la desescalada del coronavirus ha aislado a España de los grandes acuerdos europeos, por ejemplo en materia turística, y amenaza con un hundimiento todavía mayor de la economía. Illa impuso una cuarentena forzosa de 14 días a todos los extranjeros que visiten España, en contra de lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores negociaba en Bruselas. Por contra, la Comisión Europea recogió en su informe de recomendaciones la petición de restringir lo menos posible el tráfico de pasajeros entre los países de la Unión, no solo por razones de movimientos de personal laboral, sino también para salvar el sector turístico.
El turismo ha sido puesto como objetivo número uno por la Unión Europea y varios países han activado programas de incentivos a las empresas y a la clientela para salvar la campaña de este año; pero en España, primer destino turístico de Europa, y haciendo abstracción de las necias apreciaciones cualitativas del ministro de Consumo, solo se conocen las demandas de las empresas y solo se habla de estirar los ERTE que ya están en marcha hasta fin de año si es preciso.
Estamos ante un Gobierno chapucero y criminal, que no solo ha actuado con total negligencia en la gestión sanitaria de la pandemia, sino que además nos aboca a la RUINA.
Ante este demoledor escenario apocalíptico, Sánchez tampoco tiene un plan. O el que hay, parece echar gasolina al fuego: de un lado confía la resolución a Europa, pero insistiendo en una fórmula de "mutualización" de la deuda (que ya ha sido rechazada). Y de otro, se entrega el reforzamiento de las arcas públicas a una subida fiscal histórica. Todo lo contrario a lo que recomienda el FMI.
Ya que se ha equivocado en la previsión de la crisis y en sus actuaciones económicas previas a la misma, al menos todavía puede rectificar en la reapertura y acelerarla, mantener la reforma laboral y no subir impuestos, porque, como vemos, el deterioro de la economía y el empleo es incesante, y para que hayamos tocado fondo hace falta que de inmediato se reabra toda la actividad económica, para, así, poder recuperar de la manera más rápida y robusta posible el crecimiento económico y, con ello, los puestos de trabajo.
Si el Gobierno no lo hace, la situación económica de España será comprometida, con una destrucción muy elevada de puestos de trabajo, fruto de una devastadora política económica aplicada por Sánchez y aderezada con el tinte comunista radical de Iglesias. Las últimas previsiones económicas (mes de junio) son demoledoras.
Ya que se ha equivocado en la previsión de la crisis y en sus actuaciones económicas previas a la misma, al menos todavía puede rectificar en la reapertura y acelerarla, mantener la reforma laboral y no subir impuestos, porque, como vemos, el deterioro de la economía y el empleo es incesante, y para que hayamos tocado fondo hace falta que de inmediato se reabra toda la actividad económica, para, así, poder recuperar de la manera más rápida y robusta posible el crecimiento económico y, con ello, los puestos de trabajo.
Si el Gobierno no lo hace, la situación económica de España será comprometida, con una destrucción muy elevada de puestos de trabajo, fruto de una devastadora política económica aplicada por Sánchez y aderezada con el tinte comunista radical de Iglesias. Las últimas previsiones económicas (mes de junio) son demoledoras.
España y Europa
Este Gobierno ha malgastado la credibilidad que pudiéramos tener en Europa. Mientras nuestro PIB crecía por encima del promedio europeo, en vez de acometer las reformas por las que nuestra economía clamaba (o en vez de reducir nuestro nivel de deuda), nuestros gobernantes han optado por relajarse: los tipos de interés eran bajos (igual que la prima de riesgo) y no se avistaban "cisnes negros". A nuestro gobierno solo se les oye la cantinela propia del despreocupado de que “Europa somos todos” y que de sus ubres deben salir de forma mancomunada los recursos.
Para mayor agravio a nuestros socios europeos, lejos de cumplir con nuestros compromisos presupuestarios, la debilidad política de nuestro último gobierno lo llevó a comprar sus apoyos parlamentarios con el dinero de todos nosotros, disparando el déficit de 2019 al 2,64. Un déficit que Eurostat ha corregido al alza (al 2,82%), para mayor bochorno.
Pues en este orden de cosas, y ya metidos en una crisis económica histórica, el gobierno pretende utilizar a las "víctimas económicas" del coronavirus para implantar otra medida muy distinta una paguita de la que no conocemos nada, salvo que será "universal y permanente". Algo de lo que, por ejemplo, no gozan muchos de nuestros socios europeos con cuentas más saneadas que las nuestras. Pedir dinero (sin condicionalidad) a Europa desde estos planteamientos es, cuanto menos, ingenuo. De hecho, la Comisión Europea ya ha advertido que los fondos van a estar a estar condicionados a reformas. No van a dar barra libre a España (como es lógico).
Porque nadie puede asegurar que la paz de los mercados y el buen rollo de los acreedores va a ser permanente. En Europa estarán atentos a qué política económica se hace para sacar al país de la recesión, qué se hace con los gastos y qué con los ingresos, para valorar si puede seguir prestando dinero a precios de derribo, o al doble o al triple, como ya demostró en el pasado.
Porque nadie puede asegurar que la paz de los mercados y el buen rollo de los acreedores va a ser permanente. En Europa estarán atentos a qué política económica se hace para sacar al país de la recesión, qué se hace con los gastos y qué con los ingresos, para valorar si puede seguir prestando dinero a precios de derribo, o al doble o al triple, como ya demostró en el pasado.
El déficit estructural español (no dependiente de los vaivenes del ciclo económico) superará el 5%, tanto este año (5,6%) como el próximo (5,2%), según las previsiones de la Comisión Europea, hechas públicas el 5 de mayo, lo que sitúa a nuestro país en la peor posición fiscal de toda la UE en 2021, sin poder escudarse el Gobierno en los efectos del coronavirus este 2020.
Porque el saldo estructural depende exclusivamente de la gestión a medio y largo plazo de ingresos y gastos por parte del Ejecutivo y de su esfuerzo en austeridad, no de la coyuntura, y, con las previsiones de la UE, se pone de manifiesto que en 2021, superado el batacazo del coronavirus, España se encontrará maniatada para abordar una recuperación sin lastres por el fardo de los números rojos.
Este 2020 nuestro país reflejará el peor saldo estructural de las grandes potencias del euro y el año próximo el peor, sin paliativos, más que duplicando la media tanto de la eurozona como del conjunto de la UE, del 2,1%. Pero es que en 2019 (antes de la pandemia) nuestro país ya tenía un saldo estructural del 4%.
Con estas cifras, España se ve incapaz reequilibrar las cuentas públicas con sus propios recursos y necesita un salvamento supranacional.
El Banco de España sigue modulando sus pronósticos sobre la economía española en un entorno marcado por la fuerte incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia del coronavirus, y las cifras suponen un notable empeoramiento respecto a los pronósticos realizados hace apenas un mes y medio.
A 8 de junio, el Banco de España estima que la economía se contraerá entre un 16% y un 21,8% en el segundo trimestre de 2020 (tras haber caído un 5,2% en el primero). Esto es 3 puntos porcentuales superior al promedio de la zona euro.
Ante el ingente gasto público para paliar los efectos de la pandemia, el déficit y la deuda pública se catapultarán hasta niveles inéditos desde la crisis financiera. El déficit público se dispararía a una horquilla de entre el 9,5% y el 11,2%, mientras que la deuda pública rondaría entre el 115% y el 120% (el doble del techo fijado por Bruselas antes de la pandemia).
En este contexto, el impacto sobre el empleo será muy fuerte, con una tasa de paro que podría alcanzar el 24,7% en 2021, unos niveles inéditos desde 2014.
Pero es que también la OCDE, el FMI, el INE y la Unión Europea observan caídas sin precedentes de nuestra economía, y a medida que va pasando el tiempo, los pronósticos van empeorando.
El Banco de España empeora sus previsiones
El Banco de España sigue modulando sus pronósticos sobre la economía española en un entorno marcado por la fuerte incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia del coronavirus, y las cifras suponen un notable empeoramiento respecto a los pronósticos realizados hace apenas un mes y medio.
A 8 de junio, el Banco de España estima que la economía se contraerá entre un 16% y un 21,8% en el segundo trimestre de 2020 (tras haber caído un 5,2% en el primero). Esto es 3 puntos porcentuales superior al promedio de la zona euro.
Ante el ingente gasto público para paliar los efectos de la pandemia, el déficit y la deuda pública se catapultarán hasta niveles inéditos desde la crisis financiera. El déficit público se dispararía a una horquilla de entre el 9,5% y el 11,2%, mientras que la deuda pública rondaría entre el 115% y el 120% (el doble del techo fijado por Bruselas antes de la pandemia).
En este contexto, el impacto sobre el empleo será muy fuerte, con una tasa de paro que podría alcanzar el 24,7% en 2021, unos niveles inéditos desde 2014.
Pero es que también la OCDE, el FMI, el INE y la Unión Europea observan caídas sin precedentes de nuestra economía, y a medida que va pasando el tiempo, los pronósticos van empeorando.