El 15 de octubre, el Gobierno envió a la Comisión Europea su Plan Presupuestario de 2021, a pesar de que ni se habían presentado al Parlamento, ni se habían acordado por consenso. A eso ya estamos acostumbrados pero no es lo más grave. Los ingresos anunciados son de ciencia ficción y los gastos publicados están artificialmente infraestimados. Con estas cuentas, el Ejecutivo pretende engañar a toda Europa (y a los españoles en particular). Este plan supera todos los límites de voluntarismo presupuestario.
El Plan Presupuestario de 2021 marca como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis del Covid, y se sustentará en un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de 196.097 millones de euros, superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las Comunidades Autónomas (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y los fondos europeos (27.436 millones).
Además, el documento enviado a Bruselas incluye el cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año y una tasa de paro del 17,1%.
El borrador de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo ha sido presentado en rueda de prensa el 27 de octubre por Sánchez e Iglesias y depositado en la Cámara baja, para su tramitación, el día 28. Pero es que el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2021 nada tiene que ver con las cuentas enviadas a Bruselas.
El Gobierno estima una recaudación récord histórica de 493.838 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento de 33.447 millones de euros. Es simplemente un insulto a cualquier estimación prudente.
El Gobierno ha dicho a la Comisión Europea que adoptará un paquete de medidas fiscales que supondrán unos ingresos adicionales de 6.847 millones de euros para el 2021 y otros 2.323 millones el próximo año; un total 9.170 millones. Moncloa no detalla a la Comisión Europea cómo se actuará en los grandes impuestos, aunque sí especifica cuánto se obtendrá de ellos. De esta manera, el Gobierno no se ata las manos para poder negociar los Presupuestos Generales, primero con su socio Podemos, y luego con otras fuerzas políticas.
Es una auténtica vergüenza que asuman 6.847 millones de euros de ingresos adicionales por nuevos impuestos (¿a los ricos?). Estiman 2.309 millones de los impuestos a las Transacciones Financieras (850 millones, que pagarán los ahorradores y usuarios de servicios financieros) y a los Servicios Digitales (968 millones de euros anuales, que pagarán los consumidores de servicios), un nuevo tributo que se ejecutará sobre plásticos de un solo uso (491 millones, que pagarán los consumidores).
Pues bien, las cifras estimadas de ingresos ya eran increíbles antes y encima las han inflado. Hace unos meses el Gobierno esperaba unos 1.900 millones por estos conceptos y ahora se inventa 2.309 millones en medio de una crisis que ha devastado el tejido empresarial y con la bolsa española cayendo un 35%. Ni eran creíbles entonces ni lo son ahora.
El Plan Presupuestario pone cifras al efecto recaudatorio de la lucha contra el fraude (que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario) a través de la limitación de los pagos en efectivo que permitirá ingresar 218 millones de euros en 2021, el refuerzo de la lista de morosos que ascenderá a 110 millones, y a través de las prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude fiscal se recaudarán otros 500 millones. Para ello, Hacienda ya está preparando una norma para que la Inspección pueda entrar en los domicilios de las personas físicas y de las empresas sin avisar.
A esto hay que sumar los 340 millones que se esperan de la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% (otro "impuesto a los ricos", nótese la ironía) y otros 828 millones procedentes de supuestas medidas contra el fraude fiscal (una cifra inventada y sin ninguna credibilidad que, en ningún caso puede ser utilizada como ingresos consolidables y crecientes, sino puntuales). De nuevo, dos estimaciones hechas con una expectativa de consumo y crecimiento ridícula.
Mientras que los países de nuestro entorno optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión, el Ejecutivo ha confirmado ya que subirá:
- El IVA a las bebidas azucaradas (del 10 al 21%), lo que supone 400 millones de euros.
- Un impuesto nuevo para los plásticos de un solo uso: otros 491 millones más.
- Las tasas Google y de transacciones financieras, que suman 1.818 millones más.
Y faltan tres grandes impuestos que el Ejecutivo pretende subir y que todavía no ha aclarado:
- El IRPF y el impuesto de sociedades. De ahí vienen los mayores ingresos que espera el Gobierno (en total, 2.548 millones de euros). Unidas Podemos insiste en una subida de impuestos directos a las rentas altas. Iglesias quiere incrementar el IRPF a los sueldos por encima de los 200.000 euros, así como revisar la fiscalidad para los grandes patrimonios.
[27 de octubre: Iglesias lo ha conseguido. Los presupuestos incluyen una subida del impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, "limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por sociedades filiales" que será del 15% como mínimo para grandes corporaciones, y del 18% en el caso de los bancos y empresas de hidrocarburos; una subida de un punto en el Impuesto de Patrimonio (prácticamente desaparecido en Europa) para aquellos patrimonios que superen los 10 millones de euros; una subida de tres puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a 200.000 euros; y de dos puntos para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. También habrá menos deducciones a los planes de pensiones privados (dando otro golpe importante al ahorro de los españoles) y una tributación mínima del 15% para las socimis].
- El IVA de artículos o bienes concretos (se ha hablado del de la Educación o Sanidad privadas, que llevan exentas de dicho impuesto desde el momento de su creación en el año 1985): de ahí vienen otros 1.724 millones de euros.
- Fiscalidad verde, sobre todo en los impuestos sobre hidrocarburos, y en los impuestos especiales. De ahí, salen otros 1.361 millones.
El Gobierno vuelve a presentar a Bruselas un Plan Presupuestario que asume 5.633 millones de euros de ingresos de partidas que ni se han aprobado ni existen. Básicamente, su manida y desmontada cifra de "nuevas figuras tributarias".
En el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, aparecen congeladas dos importantes partidas: el 'escudo social' en el mercado laboral y la subida salarial de los funcionarios. Y en ningún caso son dos partidas menores: el gasto en desempleo (según la clasificación funcional del gasto) en 2020 superará los 40.000 millones de euros, mientras que la subida del salario de los funcionarios costará más de 3.000 millones.
Sin embargo, el Gobierno estima que se reducirán los gastos por desempleo en 19.000 millones de euros cuando el paro será de un 17,1% (en agosto ha sido del 16,2% excluyendo los ERTE). No se lo creen ni ellos. Ni la tasa de paro ni la reducción de gastos.
Para artificios contables, merece la pena resaltar la falacia con los ERTE y autónomos. Estas ayudas estarán en vigor hasta el 31 de enero, momento en el que el Gobierno tendrá que decidir si las prorroga. El Ministerio de Hacienda solo ha incorporado la previsión de gastos para ese mes de enero; a partir de ahí elimina de las cuentas los gastos por ERTE, que caen en más de 17.000 millones de euros (de 17.840 millones a 718 millones) y la exoneración de cuotas, que cae en casi 6.000 millones (de 6.349 millones a 435 millones en 2021) y elimina las prestaciones por cese de actividad (de 5.339 millones a 400 millones en 2021).
El Gobierno hace estimaciones falsas escondiendo, a sabiendas, la destrucción de 100.000 empresas, los 730.000 trabajadores que quedan en ERTE, la pérdida de empleo con los malos datos de fin de año, el desplome de beneficios empresariales y la situación de bancarrota del 25% de las empresas de España, según datos del Banco de España.
Cada mes adicional de ERTE supone una décima más de gasto público. Esto significa que el riesgo de desviación del gasto público respecto a las cuentas presentadas a Bruselas es máximo. El Gobierno no solo ha optado por omitir este gasto adicional en el Plan Presupuestario, es que tampoco advierte a la Comisión Europea del riesgo de desviación.
La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros. La subida de las pensiones no contributivas será del doble de la inflación, un 1,8% de incremento.
El sistema educativo público y la formación profesional tendrán un incremento presupuestario de más del 70,2%, con un aumento de las becas de más de 514 millones más, y se pondrá en marcha un plan de modernización de la formación profesional que contará con 1.500 millones en los próximos 4 años.
También incrementa en 1.194 millones los gastos del Ministerio de Defensa y en 1.400 millones de euros la partida destinada a Orden Público y Seguridad. Sin embargo, el incremento del gasto sanitario es solo de 500 millones de euros, porque confían en que se atenúe la pandemia a lo largo de 2021. ¡JA!
Llama la atención que no aparezcan por ningún lado las partidas destinadas a los tan cacareados planes presentados por el Ejecutivo para la "recuperación": el Plan para la Ciencia e Innovación, el plan de impulso al sector turístico, el plan para el sector de la automoción, o el plan España digital 2025.
Lo más aterrador de las cuentas presentadas por el Ejecutivo es lo siguiente: Incluso con las estimaciones de ciencia ficción del Gobierno, España será el país con más déficit de la Unión Europea en 2021, 2022 y 2023. El Gobierno aumenta el déficit estructural (el que se genera incluso en crecimiento) por encima de la cifra ya elevada de 2019. Porque también prevé subir un 0,9% el sueldo de los diputados y senadores (el grueso de los diputados cobrarán como mínimo 5.055,32 euros al mes).
A ningún país serio de la Unión Europea se le ocurre presentar un Plan Presupuestario con ingresos completamente imposibles, gastos disfrazados e infraestimados y, encima, añadir ingresos por impuestos que ni se han aprobado ni existen en el BOE. Este es un Presupuesto falso, voluntarista y que ignora la realidad de la economía española.
Subiendo impuestos ponen escollos a la recuperación, al consumo y al empleo. Hasta en sus estimaciones falseadas e increíbles, España seguirá a la cola de Europa con el mayor déficit de nuestros comparables. Este Plan Presupuestario es mucho más que un insulto a la inteligencia de Bruselas, de los contribuyentes y las familias.
Es un plan que demuestra que el Gobierno percibe la economía como un enorme cajero automático al servicio del Ejecutivo. El Gobierno asume que todo el mundo tiene margen para sufrir más expolio fiscal menos ellos. Ellos, los generosos con el dinero de los demás y los redistribuidores de la nada.
Este Plan Presupuestario nace ya fallido por unas estimaciones para 2020 y 2021 en las que el Gobierno se ha equivocado constantemente. Pero, además, supone una afrenta a los contribuyentes, creadores de empleo, y a los socios de España en la Unión Europea.
Para el Gobierno español, el sufrimiento de empresarios, familias, autónomos y contribuyentes no ha existido. Exige mucho más esfuerzo fiscal a empresas y familias que están al borde de la bancarrota sin ajustar uno solo de los gastos de bonanza de 2019.
Esto no es un Plan Presupuestario social. Es antisocial, porque ahonda en las políticas que han llevado a 100.000 empresas al cierre y a miles de autónomos al cese de actividad. No hay nada más antisocial que destruir la confianza en un país.
Prácticamente, el 'escudo social' desaparece. Medidas como los ERTE para los ciudadanos que han perdido temporalmente su empleo por el cierre de las actividades económicas, la exoneración de las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social por cese obligatorio de su actividad, la prestación extraordinaria por cese de actividad, los fondos públicos para asegurar la viabilidad de las empresas y otras sectoriales para el turismo, el cine y otros, tendrán un impacto de solo 2.392,1 millones de euros en los Presupuestos de 2021 (en 2020 han sido 44.772 millones).
El Gobierno también va a reducir la protección social a los más afectados económicamente por el coronavirus. No hay ni rastro en el Plan del Gobierno para 2021 de los 300 millones destinados este año al Fondo Social Extraordinario, fondos dedicados exclusivamente a las consecuencias sociales del covid-19 y que el Gobierno entregó directamente a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.
De las ayudas sociales, el Gobierno sólo tiene previsto mantener las prestaciones al alquiler, a los que prevé destinar 355 millones de euros, cifra similar a la de este año. Y respecto a los fondos para la viabilidad de las empresas, sí mantendrá la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.
Respecto a las ayudas a sectores concretos, en el Plan Presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas tampoco aparecen fondos para la Sostenibilidad Turística en Destinos (22,3 millones en 2020), nada para el cine (38 millones este año), ni para el sector del libro (4 millones este año), ni para las salas de cine (13,2 millones en 2020).
Asimismo, Podemos ha estado presionando al PSOE para que se apruebe, en paralelo a las cuentas públicas, una regulación para fijar un tope a los precios del alquiler en zonas donde se disparen las rentas a pagar, como ya ha hecho Cataluña sin ninguna cobertura legal. [27 octubre: ¡Conseguido! Iglesias 1 - Sánchez 0. En un plazo de 4 meses, el Gobierno creará una "la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública del alquiler de toda Europa", para intervenir el mercado en zonas tensionadas, en las que se hayan producido aumentos abusivos y sostenidos de las rentas.
¿Por qué España se queda fuera del análisis? Porque "la previsión sólo incorpora aquellas medidas que han sido ya adoptadas o que han sido anunciadas de forma creíble y especificadas con suficiente detalle, sobre todo en los presupuestos nacionales", precisa Bruselas.
Mientras que el Ejecutivo dice que el crecimiento del PIB sin los fondos europeos será del 7,1%, y que podría llegar al 9,8% si se ejecutan completamente, la UE proyecta para nuestro país un incremento de solo el 5,6% del PIB en 2021. Además, en el informe de febrero, la Comisión Europea advierte de que existe en España un riesgo de que se produzcan insolvencias empresariales (principalmente concentradas en los sectores más afectados por las restricciones de actividad) que podrían provocar un aumento del desempleo y comprometer su crecimiento.
El Plan Presupuestario de 2021 marca como objetivos el apoyo al crecimiento y el empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la canalización de los fondos europeos para propiciar la recuperación tras la crisis del Covid, y se sustentará en un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de 196.097 millones de euros, superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las Comunidades Autónomas (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y los fondos europeos (27.436 millones).
Además, el documento enviado a Bruselas incluye el cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año y una tasa de paro del 17,1%.
El borrador de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo ha sido presentado en rueda de prensa el 27 de octubre por Sánchez e Iglesias y depositado en la Cámara baja, para su tramitación, el día 28. Pero es que el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2021 nada tiene que ver con las cuentas enviadas a Bruselas.
Los ingresos
Empecemos por analizar los ingresos. Más falsos que un euro de cartón. El cuadro macro es mucho más que optimista, estimando un rebote del PIB del 10,8% que es totalmente ilusorio, teniendo en cuenta que hasta agosto, los ingresos y la demanda interna han caído más de un 12%.El Gobierno estima una recaudación récord histórica de 493.838 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento de 33.447 millones de euros. Es simplemente un insulto a cualquier estimación prudente.
El Gobierno ha dicho a la Comisión Europea que adoptará un paquete de medidas fiscales que supondrán unos ingresos adicionales de 6.847 millones de euros para el 2021 y otros 2.323 millones el próximo año; un total 9.170 millones. Moncloa no detalla a la Comisión Europea cómo se actuará en los grandes impuestos, aunque sí especifica cuánto se obtendrá de ellos. De esta manera, el Gobierno no se ata las manos para poder negociar los Presupuestos Generales, primero con su socio Podemos, y luego con otras fuerzas políticas.
Es una auténtica vergüenza que asuman 6.847 millones de euros de ingresos adicionales por nuevos impuestos (¿a los ricos?). Estiman 2.309 millones de los impuestos a las Transacciones Financieras (850 millones, que pagarán los ahorradores y usuarios de servicios financieros) y a los Servicios Digitales (968 millones de euros anuales, que pagarán los consumidores de servicios), un nuevo tributo que se ejecutará sobre plásticos de un solo uso (491 millones, que pagarán los consumidores).
Pues bien, las cifras estimadas de ingresos ya eran increíbles antes y encima las han inflado. Hace unos meses el Gobierno esperaba unos 1.900 millones por estos conceptos y ahora se inventa 2.309 millones en medio de una crisis que ha devastado el tejido empresarial y con la bolsa española cayendo un 35%. Ni eran creíbles entonces ni lo son ahora.
El Plan Presupuestario pone cifras al efecto recaudatorio de la lucha contra el fraude (que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario) a través de la limitación de los pagos en efectivo que permitirá ingresar 218 millones de euros en 2021, el refuerzo de la lista de morosos que ascenderá a 110 millones, y a través de las prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude fiscal se recaudarán otros 500 millones. Para ello, Hacienda ya está preparando una norma para que la Inspección pueda entrar en los domicilios de las personas físicas y de las empresas sin avisar.
A esto hay que sumar los 340 millones que se esperan de la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% (otro "impuesto a los ricos", nótese la ironía) y otros 828 millones procedentes de supuestas medidas contra el fraude fiscal (una cifra inventada y sin ninguna credibilidad que, en ningún caso puede ser utilizada como ingresos consolidables y crecientes, sino puntuales). De nuevo, dos estimaciones hechas con una expectativa de consumo y crecimiento ridícula.
Subida de impuestos
El Gobierno espera 9.170 millones de euros más de ingresos. ¿Cómo? A través de la subida de impuestos, que no solo pagarán 'los ricos' (como anunciaban a bombo y platillo), sino que son un hachazo a los consumidores y a la clase media.Mientras que los países de nuestro entorno optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión, el Ejecutivo ha confirmado ya que subirá:
- El IVA a las bebidas azucaradas (del 10 al 21%), lo que supone 400 millones de euros.
- Un impuesto nuevo para los plásticos de un solo uso: otros 491 millones más.
- Las tasas Google y de transacciones financieras, que suman 1.818 millones más.
Y faltan tres grandes impuestos que el Ejecutivo pretende subir y que todavía no ha aclarado:
- El IRPF y el impuesto de sociedades. De ahí vienen los mayores ingresos que espera el Gobierno (en total, 2.548 millones de euros). Unidas Podemos insiste en una subida de impuestos directos a las rentas altas. Iglesias quiere incrementar el IRPF a los sueldos por encima de los 200.000 euros, así como revisar la fiscalidad para los grandes patrimonios.
[27 de octubre: Iglesias lo ha conseguido. Los presupuestos incluyen una subida del impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, "limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por sociedades filiales" que será del 15% como mínimo para grandes corporaciones, y del 18% en el caso de los bancos y empresas de hidrocarburos; una subida de un punto en el Impuesto de Patrimonio (prácticamente desaparecido en Europa) para aquellos patrimonios que superen los 10 millones de euros; una subida de tres puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a 200.000 euros; y de dos puntos para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. También habrá menos deducciones a los planes de pensiones privados (dando otro golpe importante al ahorro de los españoles) y una tributación mínima del 15% para las socimis].
- El IVA de artículos o bienes concretos (se ha hablado del de la Educación o Sanidad privadas, que llevan exentas de dicho impuesto desde el momento de su creación en el año 1985): de ahí vienen otros 1.724 millones de euros.
- Fiscalidad verde, sobre todo en los impuestos sobre hidrocarburos, y en los impuestos especiales. De ahí, salen otros 1.361 millones.
El Gobierno vuelve a presentar a Bruselas un Plan Presupuestario que asume 5.633 millones de euros de ingresos de partidas que ni se han aprobado ni existen. Básicamente, su manida y desmontada cifra de "nuevas figuras tributarias".
Los gastos
Vayamos ahora a analizar los gastos. El Gobierno no ha reducido ni un solo euro de gasto superfluo, Administración duplicada y ministerios. Fía toda la mejora del gasto a que se reduzca la partida de ayudas al desempleo mientras, a su vez, en las estimaciones del propio Gobierno, la tasa de paro no baja en casi nada.En el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, aparecen congeladas dos importantes partidas: el 'escudo social' en el mercado laboral y la subida salarial de los funcionarios. Y en ningún caso son dos partidas menores: el gasto en desempleo (según la clasificación funcional del gasto) en 2020 superará los 40.000 millones de euros, mientras que la subida del salario de los funcionarios costará más de 3.000 millones.
Sin embargo, el Gobierno estima que se reducirán los gastos por desempleo en 19.000 millones de euros cuando el paro será de un 17,1% (en agosto ha sido del 16,2% excluyendo los ERTE). No se lo creen ni ellos. Ni la tasa de paro ni la reducción de gastos.
Para artificios contables, merece la pena resaltar la falacia con los ERTE y autónomos. Estas ayudas estarán en vigor hasta el 31 de enero, momento en el que el Gobierno tendrá que decidir si las prorroga. El Ministerio de Hacienda solo ha incorporado la previsión de gastos para ese mes de enero; a partir de ahí elimina de las cuentas los gastos por ERTE, que caen en más de 17.000 millones de euros (de 17.840 millones a 718 millones) y la exoneración de cuotas, que cae en casi 6.000 millones (de 6.349 millones a 435 millones en 2021) y elimina las prestaciones por cese de actividad (de 5.339 millones a 400 millones en 2021).
El Gobierno hace estimaciones falsas escondiendo, a sabiendas, la destrucción de 100.000 empresas, los 730.000 trabajadores que quedan en ERTE, la pérdida de empleo con los malos datos de fin de año, el desplome de beneficios empresariales y la situación de bancarrota del 25% de las empresas de España, según datos del Banco de España.
Cada mes adicional de ERTE supone una décima más de gasto público. Esto significa que el riesgo de desviación del gasto público respecto a las cuentas presentadas a Bruselas es máximo. El Gobierno no solo ha optado por omitir este gasto adicional en el Plan Presupuestario, es que tampoco advierte a la Comisión Europea del riesgo de desviación.
La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros. La subida de las pensiones no contributivas será del doble de la inflación, un 1,8% de incremento.
El sistema educativo público y la formación profesional tendrán un incremento presupuestario de más del 70,2%, con un aumento de las becas de más de 514 millones más, y se pondrá en marcha un plan de modernización de la formación profesional que contará con 1.500 millones en los próximos 4 años.
También incrementa en 1.194 millones los gastos del Ministerio de Defensa y en 1.400 millones de euros la partida destinada a Orden Público y Seguridad. Sin embargo, el incremento del gasto sanitario es solo de 500 millones de euros, porque confían en que se atenúe la pandemia a lo largo de 2021. ¡JA!
Llama la atención que no aparezcan por ningún lado las partidas destinadas a los tan cacareados planes presentados por el Ejecutivo para la "recuperación": el Plan para la Ciencia e Innovación, el plan de impulso al sector turístico, el plan para el sector de la automoción, o el plan España digital 2025.
Lo más aterrador de las cuentas presentadas por el Ejecutivo es lo siguiente: Incluso con las estimaciones de ciencia ficción del Gobierno, España será el país con más déficit de la Unión Europea en 2021, 2022 y 2023. El Gobierno aumenta el déficit estructural (el que se genera incluso en crecimiento) por encima de la cifra ya elevada de 2019. Porque también prevé subir un 0,9% el sueldo de los diputados y senadores (el grueso de los diputados cobrarán como mínimo 5.055,32 euros al mes).
A ningún país serio de la Unión Europea se le ocurre presentar un Plan Presupuestario con ingresos completamente imposibles, gastos disfrazados e infraestimados y, encima, añadir ingresos por impuestos que ni se han aprobado ni existen en el BOE. Este es un Presupuesto falso, voluntarista y que ignora la realidad de la economía española.
Subiendo impuestos ponen escollos a la recuperación, al consumo y al empleo. Hasta en sus estimaciones falseadas e increíbles, España seguirá a la cola de Europa con el mayor déficit de nuestros comparables. Este Plan Presupuestario es mucho más que un insulto a la inteligencia de Bruselas, de los contribuyentes y las familias.
Es un plan que demuestra que el Gobierno percibe la economía como un enorme cajero automático al servicio del Ejecutivo. El Gobierno asume que todo el mundo tiene margen para sufrir más expolio fiscal menos ellos. Ellos, los generosos con el dinero de los demás y los redistribuidores de la nada.
Este Plan Presupuestario nace ya fallido por unas estimaciones para 2020 y 2021 en las que el Gobierno se ha equivocado constantemente. Pero, además, supone una afrenta a los contribuyentes, creadores de empleo, y a los socios de España en la Unión Europea.
Para el Gobierno español, el sufrimiento de empresarios, familias, autónomos y contribuyentes no ha existido. Exige mucho más esfuerzo fiscal a empresas y familias que están al borde de la bancarrota sin ajustar uno solo de los gastos de bonanza de 2019.
Esto no es un Plan Presupuestario social. Es antisocial, porque ahonda en las políticas que han llevado a 100.000 empresas al cierre y a miles de autónomos al cese de actividad. No hay nada más antisocial que destruir la confianza en un país.
Adiós al escudo social
Adiós al escudo social, la tan nombrada y ‘vendida’ política del Gobierno de Pedro y Pablo durante la pandemia por la que «nadie iba a quedar atrás» en esta crisis. Según el Plan Presupuestario que han enviado a Bruselas, el Gobierno va a destinar el 95% menos de lo que se ha gastado en 2020 en ayudas públicas para trabajadores y empresas que se vean afectados por la pandemia en 2021. En la partida de gastos se estima que la recuperación económica permitirá recortar subsidios y ayudas por valor de 4.600 millones de euros.Prácticamente, el 'escudo social' desaparece. Medidas como los ERTE para los ciudadanos que han perdido temporalmente su empleo por el cierre de las actividades económicas, la exoneración de las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social por cese obligatorio de su actividad, la prestación extraordinaria por cese de actividad, los fondos públicos para asegurar la viabilidad de las empresas y otras sectoriales para el turismo, el cine y otros, tendrán un impacto de solo 2.392,1 millones de euros en los Presupuestos de 2021 (en 2020 han sido 44.772 millones).
El Gobierno también va a reducir la protección social a los más afectados económicamente por el coronavirus. No hay ni rastro en el Plan del Gobierno para 2021 de los 300 millones destinados este año al Fondo Social Extraordinario, fondos dedicados exclusivamente a las consecuencias sociales del covid-19 y que el Gobierno entregó directamente a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.
De las ayudas sociales, el Gobierno sólo tiene previsto mantener las prestaciones al alquiler, a los que prevé destinar 355 millones de euros, cifra similar a la de este año. Y respecto a los fondos para la viabilidad de las empresas, sí mantendrá la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.
Respecto a las ayudas a sectores concretos, en el Plan Presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas tampoco aparecen fondos para la Sostenibilidad Turística en Destinos (22,3 millones en 2020), nada para el cine (38 millones este año), ni para el sector del libro (4 millones este año), ni para las salas de cine (13,2 millones en 2020).
Asimismo, Podemos ha estado presionando al PSOE para que se apruebe, en paralelo a las cuentas públicas, una regulación para fijar un tope a los precios del alquiler en zonas donde se disparen las rentas a pagar, como ya ha hecho Cataluña sin ninguna cobertura legal. [27 octubre: ¡Conseguido! Iglesias 1 - Sánchez 0. En un plazo de 4 meses, el Gobierno creará una "la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública del alquiler de toda Europa", para intervenir el mercado en zonas tensionadas, en las que se hayan producido aumentos abusivos y sostenidos de las rentas.
No cuela: La Unión Europea no es tonta
Los ilusorios presupuestos que Sánchez envió a Bruselas no han colado. ¿De verdad se pensaba que iban a dar por buenas sus previsiones de crecimiento del PIB? La Unión Europea no es tonta y en su "Informe de Invierno" sobre las perspectivas de crecimiento para los países de la UE en 2021 y 2022 sólo ha tenido en cuenta el impacto en el PIB de la ejecución de los fondos europeos para algunos países, entre los cuales no está incluida España. Sin embargo, hay seis Estados miembro en los que sí se ha computado: Alemania, Francia, Portugal, Eslovenia, República Checa y Suecia.¿Por qué España se queda fuera del análisis? Porque "la previsión sólo incorpora aquellas medidas que han sido ya adoptadas o que han sido anunciadas de forma creíble y especificadas con suficiente detalle, sobre todo en los presupuestos nacionales", precisa Bruselas.
Mientras que el Ejecutivo dice que el crecimiento del PIB sin los fondos europeos será del 7,1%, y que podría llegar al 9,8% si se ejecutan completamente, la UE proyecta para nuestro país un incremento de solo el 5,6% del PIB en 2021. Además, en el informe de febrero, la Comisión Europea advierte de que existe en España un riesgo de que se produzcan insolvencias empresariales (principalmente concentradas en los sectores más afectados por las restricciones de actividad) que podrían provocar un aumento del desempleo y comprometer su crecimiento.