El empeoramiento de la tercera ola ha llevado al Gobierno a enmendar el protocolo que aprobó hace dos semanas de cara a la Navidad (esa que había que "salvar" a toda costa). Pero como es habitual, se escuda en los representantes autonómicos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad únicamente faculta (da poder) a los gobiernos autonómicos para endurecer las medidas del Plan para la Covidad inicialmente pactado el 2 de diciembre, dependiendo de su situación epidemiológica.
La advertencia de Pedro Sánchez de endurecer las restricciones de la Navidad por el repunte de casos de coronavirus ha terminado en un amago que ha indignado a la mayoría de los presidentes autonómicos. El Gobierno ha descargado en las autoridades regionales la responsabilidad de cambiar los protocolos navideños a las puertas de la Nochebuena.
Es decir, el Gobierno nuevamente no da la cara y deja las posibles modificaciones en manos de las comunidades, que serán las que deberán asumir las decisiones.
Por un lado, Sánchez aglutina el poder y no permite que nadie haga uso de él y, por otro, se parapeta en las comunidades autónomas y las deja solas 6 meses. ¿La estrategia? Tirar la piedra para después lavarse las manos y, en su caso, poder culpar a las comunidades a posteriori de una posible cuarta ola en enero.
El Gobierno no se moja, únicamente ha dado potestad a los Gobiernos autonómicos para llegar a prohibir los viajes para reunirse con familiares o allegados entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, periodo de tiempo en el que las comunidades están obligadas a establecer un cierre perimetral de sus territorios. También pueden rebajar el límite de 10 personas en las reuniones a 6, y adelantar el toque de queda, que el acuerdo del 2 de diciembre fijó a las 01:30 h. en Nochebuena y Nochevieja.
Dadas las circunstancias, muchos ciudadanos han pensado en realizarse un test de antígenos (que ya se venden en farmacias) para pasar unas navidades más tranquilas y minimizar el riesgo de contagiarse o contagiar a sus familiares. ¿El problema? Que requieren receta. ¿Y cuál es la postura de Sanidad al respecto? Ha pedido a los profesionales sanitarios la NO prescripción de este tipo de tests, porque "pueden llevar a engaño". Y yo me pregunto: si se cuestiona su fiabilidad, ¿por qué se están realizando cribados masivos con estos mismos test de antígenos?
Es obvio que el empeño del Gobierno por prolongar durante 6 meses el estado de alarma no tenía nada que ver con la búsqueda de la eficiencia a la hora de combatir la pandemia, sino con un sálvese quien pueda del desgaste, desactivando el Parlamento y gobernando a golpe de decreto con el apoyo del separatismo.
El resultado es el caos y una alarmante incapacidad para controlar la tercera ola de contagios y de muertes diarias. Una situación que solo provoca incertidumbre e inseguridad en la ciudadanía, que aún no sabe con exactitud qué está permitido y qué no en cada comunidad, como si el virus se comportase en distintos lugares de forma diferente y como si la eficacia a la hora de prevenir los contagios dependiese de la región en la que se vive.
De lo único que se tiene certeza es de que, a falta de una semana para el 25 de diciembre, en España se van a vivir 17 Navidades diferenciadas.
Nadie conoce cuáles son los criterios para mantener abiertos o cerrados los establecimientos de hostelería ni para fijar el número máximo de personas por reunión, tanto en bares y restaurantes como en los hogares. Se desconocen también las medidas que hay que tomar para viajar en diferentes medios de transporte y desde distintos lugares, qué comunidades tienen cerrados o abiertos sus perímetros y a qué hora es el toque de queda en cada una de ellas.
Los ciudadanos deben contrarrestar la ineficacia política observando la prudencia y aplicando el sentido común, sin relajarse, adoptando las medidas de prevención para minimizar los riesgos.
La inhibición de funciones del Gobierno pone de manifiesto, además, un sonoro fracaso de Pedro Sánchez. A diferencia de mandatarios europeos como Macron y Merkel, ha sido incapaz de liderar el combate contra la crisis sanitaria más grave de nuestra reciente historia. Aquí, son los presidentes autonómicos los que están tomando las riendas de la crisis, sin el amparo ni la coordinación de Sanidad y ante la clamorosa ausencia de un Sánchez que ni está ni se le espera, salvo para la propaganda.
Por eso, Salvador Illa lleva semanas lanzando mensajes esperanzadores sobre la pronta llegada de la vacuna de Pfizer, con la pretensión de disimular los gravísimos errores de gestión. Ayer mismo anunció que las primeras dosis se empezarán a administrar el 27 de diciembre, pero sin precisar de cuántas unidades dispondrá nuestro país, cómo será el reparto entre comunidades, ni cuáles serán los protocolos de vacunación que deban seguirse.
Porque en el tema de las vacunas, el Gobierno vuelve a lavarse las manos. El Ejecutivo se limitará a entregar las vacunas y dejará a las comunidades toda la tarea logística, de personal y de administración. Unas vacunas que para 2021, además, ni ha tenido que pagar ni contratar, porque de ello se ha encargado Europa. Ésta es la realidad bajo los artificios discursivos que se escuchan en la esfera política.
Las comunidades quedan completamente al mando, sin ninguna intervención nacional, del uso que en cada uno de sus territorios hagan de las vacunas que les correspondan en proporción a su población en residencias, sin una planificación ni intervención nacional que vaya más allá de solemnizar los grupos prioritarios. Cada Gobierno regional se lo «guisará» como quiera o como pueda en las decisiones de almacenar, de distribuir y de administrar las vacunas.
Así, cada comunidad autónoma está organizando la compra de ultracongeladores, su ubicación, la adquisición de jeringuillas, los equipos Covid, los puntos de vacunación (aunque Sánchez anunciara a bombo y platillo que él garantizaba 13.000 puntos, o sea, los centro de salud existentes en nuestro país, que están saturados ante la tercera ola). Es todo un esperpento nacional.
La advertencia de Pedro Sánchez de endurecer las restricciones de la Navidad por el repunte de casos de coronavirus ha terminado en un amago que ha indignado a la mayoría de los presidentes autonómicos. El Gobierno ha descargado en las autoridades regionales la responsabilidad de cambiar los protocolos navideños a las puertas de la Nochebuena.
Es decir, el Gobierno nuevamente no da la cara y deja las posibles modificaciones en manos de las comunidades, que serán las que deberán asumir las decisiones.
Por un lado, Sánchez aglutina el poder y no permite que nadie haga uso de él y, por otro, se parapeta en las comunidades autónomas y las deja solas 6 meses. ¿La estrategia? Tirar la piedra para después lavarse las manos y, en su caso, poder culpar a las comunidades a posteriori de una posible cuarta ola en enero.
El Gobierno no se moja, únicamente ha dado potestad a los Gobiernos autonómicos para llegar a prohibir los viajes para reunirse con familiares o allegados entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, periodo de tiempo en el que las comunidades están obligadas a establecer un cierre perimetral de sus territorios. También pueden rebajar el límite de 10 personas en las reuniones a 6, y adelantar el toque de queda, que el acuerdo del 2 de diciembre fijó a las 01:30 h. en Nochebuena y Nochevieja.
Dadas las circunstancias, muchos ciudadanos han pensado en realizarse un test de antígenos (que ya se venden en farmacias) para pasar unas navidades más tranquilas y minimizar el riesgo de contagiarse o contagiar a sus familiares. ¿El problema? Que requieren receta. ¿Y cuál es la postura de Sanidad al respecto? Ha pedido a los profesionales sanitarios la NO prescripción de este tipo de tests, porque "pueden llevar a engaño". Y yo me pregunto: si se cuestiona su fiabilidad, ¿por qué se están realizando cribados masivos con estos mismos test de antígenos?
Es obvio que el empeño del Gobierno por prolongar durante 6 meses el estado de alarma no tenía nada que ver con la búsqueda de la eficiencia a la hora de combatir la pandemia, sino con un sálvese quien pueda del desgaste, desactivando el Parlamento y gobernando a golpe de decreto con el apoyo del separatismo.
El resultado es el caos y una alarmante incapacidad para controlar la tercera ola de contagios y de muertes diarias. Una situación que solo provoca incertidumbre e inseguridad en la ciudadanía, que aún no sabe con exactitud qué está permitido y qué no en cada comunidad, como si el virus se comportase en distintos lugares de forma diferente y como si la eficacia a la hora de prevenir los contagios dependiese de la región en la que se vive.
De lo único que se tiene certeza es de que, a falta de una semana para el 25 de diciembre, en España se van a vivir 17 Navidades diferenciadas.
Nadie conoce cuáles son los criterios para mantener abiertos o cerrados los establecimientos de hostelería ni para fijar el número máximo de personas por reunión, tanto en bares y restaurantes como en los hogares. Se desconocen también las medidas que hay que tomar para viajar en diferentes medios de transporte y desde distintos lugares, qué comunidades tienen cerrados o abiertos sus perímetros y a qué hora es el toque de queda en cada una de ellas.
Los ciudadanos deben contrarrestar la ineficacia política observando la prudencia y aplicando el sentido común, sin relajarse, adoptando las medidas de prevención para minimizar los riesgos.
La inhibición de funciones del Gobierno pone de manifiesto, además, un sonoro fracaso de Pedro Sánchez. A diferencia de mandatarios europeos como Macron y Merkel, ha sido incapaz de liderar el combate contra la crisis sanitaria más grave de nuestra reciente historia. Aquí, son los presidentes autonómicos los que están tomando las riendas de la crisis, sin el amparo ni la coordinación de Sanidad y ante la clamorosa ausencia de un Sánchez que ni está ni se le espera, salvo para la propaganda.
Por eso, Salvador Illa lleva semanas lanzando mensajes esperanzadores sobre la pronta llegada de la vacuna de Pfizer, con la pretensión de disimular los gravísimos errores de gestión. Ayer mismo anunció que las primeras dosis se empezarán a administrar el 27 de diciembre, pero sin precisar de cuántas unidades dispondrá nuestro país, cómo será el reparto entre comunidades, ni cuáles serán los protocolos de vacunación que deban seguirse.
Porque en el tema de las vacunas, el Gobierno vuelve a lavarse las manos. El Ejecutivo se limitará a entregar las vacunas y dejará a las comunidades toda la tarea logística, de personal y de administración. Unas vacunas que para 2021, además, ni ha tenido que pagar ni contratar, porque de ello se ha encargado Europa. Ésta es la realidad bajo los artificios discursivos que se escuchan en la esfera política.
Las comunidades quedan completamente al mando, sin ninguna intervención nacional, del uso que en cada uno de sus territorios hagan de las vacunas que les correspondan en proporción a su población en residencias, sin una planificación ni intervención nacional que vaya más allá de solemnizar los grupos prioritarios. Cada Gobierno regional se lo «guisará» como quiera o como pueda en las decisiones de almacenar, de distribuir y de administrar las vacunas.
Así, cada comunidad autónoma está organizando la compra de ultracongeladores, su ubicación, la adquisición de jeringuillas, los equipos Covid, los puntos de vacunación (aunque Sánchez anunciara a bombo y platillo que él garantizaba 13.000 puntos, o sea, los centro de salud existentes en nuestro país, que están saturados ante la tercera ola). Es todo un esperpento nacional.