Desde su llegada a La Moncloa -en junio de 2018- Pedro Sánchez ha confirmado que el real decreto es su fórmula favorita de gobernar: lleva más de la mitad de su mandato a golpe de ‘decretazo’. Éste instrumento está reservado a casos de «extraordinaria y urgente necesidad» (artículo 86 de la Constitución). Sin embargo, el líder socialista lo maneja sin pudor. Desde que es presidente del Gobierno ha dictado 66, 16 de ellos en los tres últimos meses. Mientras, la actividad del Congreso ha sido estéril.
Sánchez tiene obsesión por los decretos. Esta forma de gobernar ha encontrado las críticas de la oposición, tanto por el abuso del decreto, como, más recientemente, por la extensión de un estado de alarma inconstitucional que le atribuía sine die poderes excepcionales.
El término “real decreto”, sin añadir tras él la palabra “ley”, designa a un tipo de norma que aprueba el Gobierno, sin intervención del Congreso o del Senado. Los decretos marginan por completo a las Cortes. Entran en vigor de manera inmediata, una vez que se publican en el Boletín Oficial del Estado y permiten evitar una tramitación parlamentaria que es a menudo compleja porque requiere debatir y alcanzar acuerdos. Así, la capacidad de maniobra de los grupos es limitada y el Congreso se limita a convalidarlos o derogarlos, en un plazo máximo de un mes.
El Parlamento en democracia cumple tradicionalmente tres funciones básicas: la legislativa, la de control al Gobierno y la deliberativa. Con los decretos, el Gobierno no solo elude el control y evita el debate, sino que además se arroga una potestad para legislar que no le corresponde, impidiendo que las Cortes desarrollen plenamente sus funciones.
En toda la historia de la democracia española, solo 3 de los casi 600 decretos-leyes aprobados han sido tumbados por la Cámara. Por eso, la legislatura de la primera moción de censura exitosa, del multipartidismo y del 'procés', ha sido también la de los decretos leyes. Así, el Gobierno que ya era el órgano que más iniciativas presentaba, ahora también es el que más iniciativas aprueba. De este modo acapara monopolio legislativo. Y además, sin objeciones ni control.
Sánchez ha aprovechado la situación de crisis del coronavirus para eludir el control parlamentario. Fue la presión del PP -que criticó a Pedro Sánchez por «confinar la democracia»- la que permitió que se retomase la actividad parlamentaria a mediados de abril, tras estar paralizado desde febrero. (El control de la oposición está establecido por el artículo 116.5 de la Constitución).
El presidente ha insistido en que es falso que se haya sustraído al control del Parlamento durante este tiempo. Sin embargo, la rectificación al convocar plenos de control supone admitir que, como mínimo, sí era posible someterse al escrutinio parlamentario.
Pero, lamentablemente, ésto no es nuevo. Desde que Sánchez llegó a Moncloa, el control al Gobierno ha sido prácticamente inexistente, a lo que se une que Congreso y Senado no han tenido una actividad normal, propia de una legislatura al completo. Las repeticiones electorales, los vaivenes para formar Gobierno y la inestabilidad parlamentaria han provocado una sequía legislativa inusual e impropia en una democracia, que ahora se ha agudizado por el Covid.
La actividad legislativa de las Cámaras ha sido mínima desde que Pedro Sánchez se impuso en la moción de censura contra Mariano Rajoy el 25 de mayo de 2018. Desde el principio, el líder del PSOE demostró que se siente cómodo gobernando a golpe de decreto debido a su ineptitud para formar un gobierno con mayoría parlamentaria.
La realidad es que las Cortes llevan más de un año sin tramitar una ley orgánica. Las dos elecciones generales que hubo en 2019 bloquearon las tramitaciones legislativas en el Congreso. Tras anunciar Pedro Sánchez el anticipo electoral en febrero de 2019, la Diputación Permanente convalidó 6 reales decretos durante el mes siguiente, entre ellos los controvertidos de los "viernes sociales", como el de igualdad o el del alquiler. Vino otra tacada en octubre de 2019, tras decretarse la repetición de comicios, como consecuencia de que no cuajara su investidura. Después, en sus primeros 9 meses en Moncloa, Pedro Sánchez ha aprobado 32 decretos.
La fórmula del decretazo prevista en la Constitución para situaciones de "extraordinaria urgencia y necesidad", ha sido convertida en norma: el bastón de mando de Sánchez. Cuando se vio que el plan de Sánchez era gobernar por decreto para soslayar el bloqueo del Congreso, el PP anunció recursos masivos al Tribunal Constitucional (aunque luego no ha recurrido ninguno).
La investidura de Pedro Sánchez, el pasado 7 de enero, apuntaba a la reanudación de la rutina parlamentaria. Por fin un horizonte temporal para llevar al pleno proposiciones de ley para que se tramitaran. Pero no. Varios proyectos de ley que figuraban en la agenda del Gobierno, así como decenas de propuestas de los grupos parlamentarios deberían esperar debido a la irrupción del coronavirus. La pandemia (y la consiguiente suspensión de la actividad parlamentaria) han obligado a retrasar todas las previsiones, así que Sánchez volvió a tirar de decretos.
Sánchez empezó la crisis del coronavirus con decretos cuya aprobación no consultó ni con sus socios, y después se ha encontrado con dificultades para convalidarlos. Por eso, tuvo que bajarse de su pedestal autoritario y abrir negociaciones con los demás partidos (de ahí las cesiones hechas para que le aprobaran la cuarta, quinta y sexta prórroga del estado de alarma).
En los casi 100 días que ha durado el estado de alarma, el Gobierno ha promulgado 18 decretos-leyes (algo más de uno por semana). El ingreso mínimo vital, las medidas de empleo o para víctimas de violencia de género, la derogación del despido por faltas de asistencia al trabajo, pensiones... Son las variopintas temáticas que han sido objeto de reales decretos. Algunas tienen un motivo coyuntural y temporal pero otras, como la renta mínima (iniciativa de Podemos) aspira a ser permanente.
Pedro Sánchez refuerza así su liderato en la clasificación presidencial de ‘decretazos’. El ritmo constante de 'decretazos' gubernamentales, junto a sus 35 decretos de bagaje de la anterior legislatura, ha provocado que Pedro Sánchez ponga mucha distancia de por medio respecto a los anteriores presidentes en este ranking. En sus dos años como presidente del Gobierno, el líder socialista lleva ya aprobados 66 decretos-leyes.
El Gobierno también se ha visto obligado a aceptar tramitar todos los decretos que incluyen medidas para hacer frente a los efectos del coronavirus como proyectos de ley, lo que supone la posibilidad de introducir modificaciones en el trámite parlamentario. Esa rectificación obligada ha supuesto la necesidad de negociación y acuerdos sobre cada punto de esos decretos tramitados como proyectos de ley (aunque ya hubieran entrado en vigor). En este aspecto se ha visto limitado su presidencialismo, en favor del parlamentarismo.
Los socios podemitas sí han tenido actividad en lo relativo a las "Proposiciones No de Ley", propuestas que tienen por objetivo hacer que la Cámara se posicione sobre una determinada cuestión o instar al Gobierno a seguir una determinada política o actuación, y que Iglesias utiliza para presionar al propio Pedro Sánchez.
Por ejemplo, en su última Proposición, Podemos ha ido de la mano de ERC y Bildu para reclamar una regularización masiva de inmigrantes ‘sin papeles’ que actualmente residen en España. En la iniciativa, estos partidos, además de Más País, Compromís y BNG, reclaman al Ejecutivo «establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación».
El PSOE también acaba de presentar una Proposición No de Ley en el Congreso con 11 medidas para la contención, mitigación y erradicación de la crisis del coronavirus en el ámbito fiscal y tributario, entre ellas la eliminación gradual del pago en efectivo hasta su desaparición definitiva.
La crisis del coronavirus ha provocado una gestión política también inédita en lo relativo a la actividad parlamentaria. Las sesiones se han centrado en debatir sobre los decretos presentados por el Gobierno.
La función deliberativa del Parlamento viene de la evidente realidad de someterse a tensos debates en los que se ha escuchado a todos los partidos criticar, con diferentes grados de dureza, la gestión del Gobierno durante la crisis. El Ejecutivo ha tenido que escuchar esos reproches y confrontarlos en un clima de total crispación política; a pesar de ello, su actitud egocéntrica y altiva no se ha resentido.
Vamos, que por un oído le entra y por el otro le sale, aguanta el chaparrón estoicamente porque sabe que tras la tormenta llega la calma (y votan Sí). De este modo ha conseguido sacar adelante todas y cada una de sus propuestas durante la alarma, aún a costa de haber provocado una profunda crisis de Estado.
La política basada en decretos gubernamentales está convirtiéndose en un estilo de gobernar, cada vez más cercano al de un autócrata. Una presidencia imperial.
El Tribunal Constitucional ha criticado el uso partidista del decreto-ley. Y los expertos alertan de que abusar de esta herramienta legislativa socava la calidad democrática que aleja al Estado español de un sistema parlamentario para avanzar hacia uno presidencialista. Y es que, uno de los problemas de España es que informalmente tenemos un sistema parlamentario, pero en la práctica, en parte por el régimen electoral, el sistema es presidencialista.
Con el argumento y la excusa de la crisis sanitaria nacional Pedro Sánchez parece imitar al déspota y primer ministro húngaro Viktor Orban, al gobernar por decreto en medio de su avalancha de mentiras oficiales y con desprecio a la Oposición, el Parlamento y los medios de comunicación.
Poniendo las instituciones (y las Fuerzas Armadas de Seguridad) al servicio de un Gobierno de coalición errático e incompetente. Y mientras, todos los españoles estábamos confinados en sus nuestras bajo un inconstitucional Estado de Alarma que se ha prolongado durante casi 100 días y que Sánchez podría volver a decretar en los próximos meses, a la vista de los numerosos rebrotes que se están produciendo y de la apertura sin control de las fronteras internacionales.
Este ‘secuestro’ de la Democracia española por parte de Pedro Sánchez, sin controles democráticos, que le ha permitido gobernar por decreto y en base a unos datos sobre la crisis que son falsos y manipulados, solo ha sido posible por culpa de la oposición, que se lo han permitido en gran medida.
El Congreso no debería validar ningún decreto que afecte a la suspensión de Derechos Fundamentales y a importantes decisiones económicas que el autócrata Sánchez está tomando (con inciertas consecuencias para el conjunto de la sociedad) mientras el Gobierno no facilite el libre acceso a todos los datos del desarrollo de la epidemia en España, que han sido manipulados con descaro para ocultar los errores e incapacidad del Ejecutivo en esta crisis. Y también para justificar, en el ámbito económico y social, políticas bolivarianas de clara intervención de las empresas y la propiedad privada que a todas luces son inconstitucionales e injustificables, y que Pablo Iglesias está promoviendo desde el seno del Gobierno.
Si Sánchez pretendía seguir gobernando por decreto a todo un país, que estaba ‘secuestrado’ en sus casas (entre otras muchas cosas por culpa de la imprevisión y el negacionismo del Ejecutivo con respecto al coronavirus), debería haberlo hecho con la ayuda de sus socios de investidura pero no con apoyo de los demás partidos democráticos, que son los que tienen la obligación de exigir plena transparencia para saber la verdad de lo que ha ocurrido en este país y no lo que Sánchez nos contaba cada sábado en sus monólogos bolivarianos desde el Palacio de La Moncloa, ni tampoco lo que nos contaban las televisiones, puestas a su servicio para tapar sus errores y para propalar un optimismo oficial injustificado.
Sánchez tiene obsesión por los decretos. Esta forma de gobernar ha encontrado las críticas de la oposición, tanto por el abuso del decreto, como, más recientemente, por la extensión de un estado de alarma inconstitucional que le atribuía sine die poderes excepcionales.
El término “real decreto”, sin añadir tras él la palabra “ley”, designa a un tipo de norma que aprueba el Gobierno, sin intervención del Congreso o del Senado. Los decretos marginan por completo a las Cortes. Entran en vigor de manera inmediata, una vez que se publican en el Boletín Oficial del Estado y permiten evitar una tramitación parlamentaria que es a menudo compleja porque requiere debatir y alcanzar acuerdos. Así, la capacidad de maniobra de los grupos es limitada y el Congreso se limita a convalidarlos o derogarlos, en un plazo máximo de un mes.
El Parlamento en democracia cumple tradicionalmente tres funciones básicas: la legislativa, la de control al Gobierno y la deliberativa. Con los decretos, el Gobierno no solo elude el control y evita el debate, sino que además se arroga una potestad para legislar que no le corresponde, impidiendo que las Cortes desarrollen plenamente sus funciones.
En toda la historia de la democracia española, solo 3 de los casi 600 decretos-leyes aprobados han sido tumbados por la Cámara. Por eso, la legislatura de la primera moción de censura exitosa, del multipartidismo y del 'procés', ha sido también la de los decretos leyes. Así, el Gobierno que ya era el órgano que más iniciativas presentaba, ahora también es el que más iniciativas aprueba. De este modo acapara monopolio legislativo. Y además, sin objeciones ni control.
Sánchez ha aprovechado la situación de crisis del coronavirus para eludir el control parlamentario. Fue la presión del PP -que criticó a Pedro Sánchez por «confinar la democracia»- la que permitió que se retomase la actividad parlamentaria a mediados de abril, tras estar paralizado desde febrero. (El control de la oposición está establecido por el artículo 116.5 de la Constitución).
El presidente ha insistido en que es falso que se haya sustraído al control del Parlamento durante este tiempo. Sin embargo, la rectificación al convocar plenos de control supone admitir que, como mínimo, sí era posible someterse al escrutinio parlamentario.
Pero, lamentablemente, ésto no es nuevo. Desde que Sánchez llegó a Moncloa, el control al Gobierno ha sido prácticamente inexistente, a lo que se une que Congreso y Senado no han tenido una actividad normal, propia de una legislatura al completo. Las repeticiones electorales, los vaivenes para formar Gobierno y la inestabilidad parlamentaria han provocado una sequía legislativa inusual e impropia en una democracia, que ahora se ha agudizado por el Covid.
La actividad legislativa de las Cámaras ha sido mínima desde que Pedro Sánchez se impuso en la moción de censura contra Mariano Rajoy el 25 de mayo de 2018. Desde el principio, el líder del PSOE demostró que se siente cómodo gobernando a golpe de decreto debido a su ineptitud para formar un gobierno con mayoría parlamentaria.
La realidad es que las Cortes llevan más de un año sin tramitar una ley orgánica. Las dos elecciones generales que hubo en 2019 bloquearon las tramitaciones legislativas en el Congreso. Tras anunciar Pedro Sánchez el anticipo electoral en febrero de 2019, la Diputación Permanente convalidó 6 reales decretos durante el mes siguiente, entre ellos los controvertidos de los "viernes sociales", como el de igualdad o el del alquiler. Vino otra tacada en octubre de 2019, tras decretarse la repetición de comicios, como consecuencia de que no cuajara su investidura. Después, en sus primeros 9 meses en Moncloa, Pedro Sánchez ha aprobado 32 decretos.
La fórmula del decretazo prevista en la Constitución para situaciones de "extraordinaria urgencia y necesidad", ha sido convertida en norma: el bastón de mando de Sánchez. Cuando se vio que el plan de Sánchez era gobernar por decreto para soslayar el bloqueo del Congreso, el PP anunció recursos masivos al Tribunal Constitucional (aunque luego no ha recurrido ninguno).
La investidura de Pedro Sánchez, el pasado 7 de enero, apuntaba a la reanudación de la rutina parlamentaria. Por fin un horizonte temporal para llevar al pleno proposiciones de ley para que se tramitaran. Pero no. Varios proyectos de ley que figuraban en la agenda del Gobierno, así como decenas de propuestas de los grupos parlamentarios deberían esperar debido a la irrupción del coronavirus. La pandemia (y la consiguiente suspensión de la actividad parlamentaria) han obligado a retrasar todas las previsiones, así que Sánchez volvió a tirar de decretos.
Sánchez empezó la crisis del coronavirus con decretos cuya aprobación no consultó ni con sus socios, y después se ha encontrado con dificultades para convalidarlos. Por eso, tuvo que bajarse de su pedestal autoritario y abrir negociaciones con los demás partidos (de ahí las cesiones hechas para que le aprobaran la cuarta, quinta y sexta prórroga del estado de alarma).
En los casi 100 días que ha durado el estado de alarma, el Gobierno ha promulgado 18 decretos-leyes (algo más de uno por semana). El ingreso mínimo vital, las medidas de empleo o para víctimas de violencia de género, la derogación del despido por faltas de asistencia al trabajo, pensiones... Son las variopintas temáticas que han sido objeto de reales decretos. Algunas tienen un motivo coyuntural y temporal pero otras, como la renta mínima (iniciativa de Podemos) aspira a ser permanente.
Pedro Sánchez refuerza así su liderato en la clasificación presidencial de ‘decretazos’. El ritmo constante de 'decretazos' gubernamentales, junto a sus 35 decretos de bagaje de la anterior legislatura, ha provocado que Pedro Sánchez ponga mucha distancia de por medio respecto a los anteriores presidentes en este ranking. En sus dos años como presidente del Gobierno, el líder socialista lleva ya aprobados 66 decretos-leyes.
El Gobierno también se ha visto obligado a aceptar tramitar todos los decretos que incluyen medidas para hacer frente a los efectos del coronavirus como proyectos de ley, lo que supone la posibilidad de introducir modificaciones en el trámite parlamentario. Esa rectificación obligada ha supuesto la necesidad de negociación y acuerdos sobre cada punto de esos decretos tramitados como proyectos de ley (aunque ya hubieran entrado en vigor). En este aspecto se ha visto limitado su presidencialismo, en favor del parlamentarismo.
Los socios podemitas sí han tenido actividad en lo relativo a las "Proposiciones No de Ley", propuestas que tienen por objetivo hacer que la Cámara se posicione sobre una determinada cuestión o instar al Gobierno a seguir una determinada política o actuación, y que Iglesias utiliza para presionar al propio Pedro Sánchez.
Por ejemplo, en su última Proposición, Podemos ha ido de la mano de ERC y Bildu para reclamar una regularización masiva de inmigrantes ‘sin papeles’ que actualmente residen en España. En la iniciativa, estos partidos, además de Más País, Compromís y BNG, reclaman al Ejecutivo «establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación».
El PSOE también acaba de presentar una Proposición No de Ley en el Congreso con 11 medidas para la contención, mitigación y erradicación de la crisis del coronavirus en el ámbito fiscal y tributario, entre ellas la eliminación gradual del pago en efectivo hasta su desaparición definitiva.
La crisis del coronavirus ha provocado una gestión política también inédita en lo relativo a la actividad parlamentaria. Las sesiones se han centrado en debatir sobre los decretos presentados por el Gobierno.
La función deliberativa del Parlamento viene de la evidente realidad de someterse a tensos debates en los que se ha escuchado a todos los partidos criticar, con diferentes grados de dureza, la gestión del Gobierno durante la crisis. El Ejecutivo ha tenido que escuchar esos reproches y confrontarlos en un clima de total crispación política; a pesar de ello, su actitud egocéntrica y altiva no se ha resentido.
Vamos, que por un oído le entra y por el otro le sale, aguanta el chaparrón estoicamente porque sabe que tras la tormenta llega la calma (y votan Sí). De este modo ha conseguido sacar adelante todas y cada una de sus propuestas durante la alarma, aún a costa de haber provocado una profunda crisis de Estado.
Hacia un sistema presidencialista
La política basada en decretos gubernamentales está convirtiéndose en un estilo de gobernar, cada vez más cercano al de un autócrata. Una presidencia imperial.
El Tribunal Constitucional ha criticado el uso partidista del decreto-ley. Y los expertos alertan de que abusar de esta herramienta legislativa socava la calidad democrática que aleja al Estado español de un sistema parlamentario para avanzar hacia uno presidencialista. Y es que, uno de los problemas de España es que informalmente tenemos un sistema parlamentario, pero en la práctica, en parte por el régimen electoral, el sistema es presidencialista.
Con el argumento y la excusa de la crisis sanitaria nacional Pedro Sánchez parece imitar al déspota y primer ministro húngaro Viktor Orban, al gobernar por decreto en medio de su avalancha de mentiras oficiales y con desprecio a la Oposición, el Parlamento y los medios de comunicación.
Poniendo las instituciones (y las Fuerzas Armadas de Seguridad) al servicio de un Gobierno de coalición errático e incompetente. Y mientras, todos los españoles estábamos confinados en sus nuestras bajo un inconstitucional Estado de Alarma que se ha prolongado durante casi 100 días y que Sánchez podría volver a decretar en los próximos meses, a la vista de los numerosos rebrotes que se están produciendo y de la apertura sin control de las fronteras internacionales.
Este ‘secuestro’ de la Democracia española por parte de Pedro Sánchez, sin controles democráticos, que le ha permitido gobernar por decreto y en base a unos datos sobre la crisis que son falsos y manipulados, solo ha sido posible por culpa de la oposición, que se lo han permitido en gran medida.
El Congreso no debería validar ningún decreto que afecte a la suspensión de Derechos Fundamentales y a importantes decisiones económicas que el autócrata Sánchez está tomando (con inciertas consecuencias para el conjunto de la sociedad) mientras el Gobierno no facilite el libre acceso a todos los datos del desarrollo de la epidemia en España, que han sido manipulados con descaro para ocultar los errores e incapacidad del Ejecutivo en esta crisis. Y también para justificar, en el ámbito económico y social, políticas bolivarianas de clara intervención de las empresas y la propiedad privada que a todas luces son inconstitucionales e injustificables, y que Pablo Iglesias está promoviendo desde el seno del Gobierno.
Si Sánchez pretendía seguir gobernando por decreto a todo un país, que estaba ‘secuestrado’ en sus casas (entre otras muchas cosas por culpa de la imprevisión y el negacionismo del Ejecutivo con respecto al coronavirus), debería haberlo hecho con la ayuda de sus socios de investidura pero no con apoyo de los demás partidos democráticos, que son los que tienen la obligación de exigir plena transparencia para saber la verdad de lo que ha ocurrido en este país y no lo que Sánchez nos contaba cada sábado en sus monólogos bolivarianos desde el Palacio de La Moncloa, ni tampoco lo que nos contaban las televisiones, puestas a su servicio para tapar sus errores y para propalar un optimismo oficial injustificado.