Este Gobierno socialcomunista entiende la política como la construcción de espacios de conflicto. Una vez aprobados los PGE con el voto de lo peor del Congreso de los Diputados, ha decidido dar un giro de tuerca totalitario. Los cuatro frentes que quiere abrir de forma simultánea (el educativo, la eutanasia, el Poder Judicial y la deslegitimación de la derecha) están pensados para la división en dos Españas, porque son cuestiones que afectan a la moral y a la democracia. Pero no solo es eso: quieren una política de saturación que, por impotencia y aburrimiento, desmovilice a la gente de la oposición.
El Gobierno socialcomunista quiere, en primer lugar, acelerar la aplicación de la ley Celaá una vez que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que adelantarán la matrícula para evitar el daño a las familias y a los niños. La ingeniería social es urgente, pues saben que cuanto más tiempo lleve instalado su plan educativo, más fuerte será la resistencia a su cambio. Se trata de ir creando una red clientelar y una costumbre que imposibiliten la vuelta atrás aunque la derecha gane las próximas elecciones generales y gobierne.
El segundo frente es el de la eutanasia. La semana pasada PP y Vox votaron en contra del proyecto gubernamental, que contó con la mayoría Frankenstein y ¡cómo no! con los Judas de Ciudadanos. El voto negativo de populares y voxistas permite al Gobierno levantar un muro, y establecer un nuevo “cordón sanitario” a la derecha. De esta manera, oiremos próximamente en el Congreso los insultos a ambos grupos parlamentarios, a los que calificarán de ultramontanos, y terminarán de pie batiendo palmas como focas para las cámaras de televisión. Por supuesto, en la tribuna de invitados veremos a los dirigentes de asociaciones cercanas al PSOE y a Podemos.
Al tiempo, para terminar de desmarcar al PP de la política actual abrirán una comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que servirá para decir que la corrupción del PP es económica, política y moral. Los de Casado contestarán que es una cuestión de tiempos ajenos, y que Unidas Podemos es corrupto hasta el tuétano. Pero dará igual porque los socialcomunistas controlan la agenda, el momento de discusión y sus medios funcionan como un reloj. La imagen del virtuoso hablando de los vicios del enemigo será como el anuncio de la lotería de Navidad: constante y efectiva.
Deslegitimar a la oposición es un clásico de los totalitarios. El opositor es poco patriota, enemigo del pueblo, corrupto y traidor, un pobre tipo que va contra el sentido de la Historia y el interés del Estado. Este mensaje es fácil de propagar si se tiene el poder; es decir, el Gobierno, el Estado y los medios de propagación de información. A esta campaña el totalitario siempre añade una coletilla moral: su acto es justo y en beneficio de todos, aunque su concepto de justicia no tenga nada que ver con la democracia y su “todos” sea la negación del pluralismo.
A la altura de este crimen político está elcontrol reparto del Poder Judicial. El mecanismo es cambiar la ley a través de la legislación; esto significa que normas menores carentes de consenso mayoritario y del sentido de servicio público, modifican en la práctica a aquellas sobre las que se asienta una democracia.
En esto consiste el proyecto de Ley del Consejo General del Poder Judicial, para quitarle la capacidad de nombrar jueces mientras esté en funciones, y el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este último es el golpe de gracia a la poca división de poderes que queda. El propósito es la sustitución de los jueces de instrucción -independientes- por fiscales -dependientes del Gobierno-, y acabar con la Policía Judicial al obligarla a informar de sus trabajos al ministerio del Interior. Ya ni se molestan en disimular, ¡a por los jueces! Es el paso decisivo para liquidar la independencia judicial y someterla al dictado de la afinidad ideológica gubernamental, tal como han ensayado Polonia y Hungría en Europa y los regímenes peronistas o bolivarianos en América Latina.
La pretensión de usar la mayoría Frankenstein para quitar y poner a los jueces que han de juzgar a los aforados —con la imputación de Iglesias planeando sobre la escena– viola el artículo 122 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitución de 1986. Pero eso a Sánchez se la suda. Para cuando los tribunales se pronuncien, si es que queda alguno para entonces, él cuenta con haber colocado jueces afines y purgado a los molestos. El sanchismo se ha quitado la última máscara. Van a por los jueces y no se van a molestar ni en disimularlo. La dictadura ya es un hecho. El Gobierno socialcomunista culpará al PP de estas dos maniobras totalitarias, como hizo Ábalos cuando el Ejecutivo pactó los PGE con Bildu.
Esta política de saturación del Ejecutivo socialcomunista, por tanto, tiene además el objetivo de desmovilizar a la gente, que cunda la apatía y el conformismo. No quieren volver a ver las calles con gente protestando por la falta de medidas sanitarias, o por la ley Celaá. Prefieren a los españoles asintiendo o en silencio.
En este moderno totalitarismo el poder no necesita que la masa desfile uniformada, sino que tenga fe ciega en la utilidad de las mentiras gubernamentales, o que se calle por miedo, frustración o cansancio.
En definitiva, se trata de fomentar el aburrimiento y la resignación para levantar una dictadura con apariencia democrática. Solo me resta añadir: señores votantes de la PSOE y de PODEMOS, ¡disfruten de lo votado!
El Gobierno socialcomunista quiere, en primer lugar, acelerar la aplicación de la ley Celaá una vez que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que adelantarán la matrícula para evitar el daño a las familias y a los niños. La ingeniería social es urgente, pues saben que cuanto más tiempo lleve instalado su plan educativo, más fuerte será la resistencia a su cambio. Se trata de ir creando una red clientelar y una costumbre que imposibiliten la vuelta atrás aunque la derecha gane las próximas elecciones generales y gobierne.
El segundo frente es el de la eutanasia. La semana pasada PP y Vox votaron en contra del proyecto gubernamental, que contó con la mayoría Frankenstein y ¡cómo no! con los Judas de Ciudadanos. El voto negativo de populares y voxistas permite al Gobierno levantar un muro, y establecer un nuevo “cordón sanitario” a la derecha. De esta manera, oiremos próximamente en el Congreso los insultos a ambos grupos parlamentarios, a los que calificarán de ultramontanos, y terminarán de pie batiendo palmas como focas para las cámaras de televisión. Por supuesto, en la tribuna de invitados veremos a los dirigentes de asociaciones cercanas al PSOE y a Podemos.
Al tiempo, para terminar de desmarcar al PP de la política actual abrirán una comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que servirá para decir que la corrupción del PP es económica, política y moral. Los de Casado contestarán que es una cuestión de tiempos ajenos, y que Unidas Podemos es corrupto hasta el tuétano. Pero dará igual porque los socialcomunistas controlan la agenda, el momento de discusión y sus medios funcionan como un reloj. La imagen del virtuoso hablando de los vicios del enemigo será como el anuncio de la lotería de Navidad: constante y efectiva.
Deslegitimar a la oposición es un clásico de los totalitarios. El opositor es poco patriota, enemigo del pueblo, corrupto y traidor, un pobre tipo que va contra el sentido de la Historia y el interés del Estado. Este mensaje es fácil de propagar si se tiene el poder; es decir, el Gobierno, el Estado y los medios de propagación de información. A esta campaña el totalitario siempre añade una coletilla moral: su acto es justo y en beneficio de todos, aunque su concepto de justicia no tenga nada que ver con la democracia y su “todos” sea la negación del pluralismo.
A la altura de este crimen político está el
En esto consiste el proyecto de Ley del Consejo General del Poder Judicial, para quitarle la capacidad de nombrar jueces mientras esté en funciones, y el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este último es el golpe de gracia a la poca división de poderes que queda. El propósito es la sustitución de los jueces de instrucción -independientes- por fiscales -dependientes del Gobierno-, y acabar con la Policía Judicial al obligarla a informar de sus trabajos al ministerio del Interior. Ya ni se molestan en disimular, ¡a por los jueces! Es el paso decisivo para liquidar la independencia judicial y someterla al dictado de la afinidad ideológica gubernamental, tal como han ensayado Polonia y Hungría en Europa y los regímenes peronistas o bolivarianos en América Latina.
La pretensión de usar la mayoría Frankenstein para quitar y poner a los jueces que han de juzgar a los aforados —con la imputación de Iglesias planeando sobre la escena– viola el artículo 122 de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitución de 1986. Pero eso a Sánchez se la suda. Para cuando los tribunales se pronuncien, si es que queda alguno para entonces, él cuenta con haber colocado jueces afines y purgado a los molestos. El sanchismo se ha quitado la última máscara. Van a por los jueces y no se van a molestar ni en disimularlo. La dictadura ya es un hecho. El Gobierno socialcomunista culpará al PP de estas dos maniobras totalitarias, como hizo Ábalos cuando el Ejecutivo pactó los PGE con Bildu.
Política de saturación
Eisenstadt, sociólogo israelí, alertaba en 1999 del peligro de “desconsolidación de las democracias” por el reforzamiento del Ejecutivo en detrimento de los otros dos, la burocratización de toda la vida, la ingeniería social y el control de la información. El riesgo estaba, decía, en que la simultaneidad de debates sobre temas morales profundos, como los puestos por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, al tiempo que se coloniza el Estado, erosiona el apego popular a la participación política. El individuo se acaba perdiendo y cansando, y deja a los profesionales la toma de decisiones.
Esta política de saturación del Ejecutivo socialcomunista, por tanto, tiene además el objetivo de desmovilizar a la gente, que cunda la apatía y el conformismo. No quieren volver a ver las calles con gente protestando por la falta de medidas sanitarias, o por la ley Celaá. Prefieren a los españoles asintiendo o en silencio.
En este moderno totalitarismo el poder no necesita que la masa desfile uniformada, sino que tenga fe ciega en la utilidad de las mentiras gubernamentales, o que se calle por miedo, frustración o cansancio.
En definitiva, se trata de fomentar el aburrimiento y la resignación para levantar una dictadura con apariencia democrática. Solo me resta añadir: señores votantes de la PSOE y de PODEMOS, ¡disfruten de lo votado!
Europa debería saber que España no se debate entre una izquierda inútil y una derecha boba, sino entre la dictadura y la democracia.