Ochenta mil contagiados después, Sánchez ha vuelto de la playa. A las puertas del reinicio del curso político post-vacacional, el Gobierno está paralizado y bloqueado. Solo emite sus conocidas señales de propaganda y demagogia, y resulta escandalosa su capacidad para descargar responsabilidades en otros, en este caso las autonomías. España tiene un Gobierno pasivo y desaparecido, y solo la mentira le motiva para seguir gobernando. La dejación de funciones es total.
Ministros tan representativos del «sanchismo» como Carmen Calvo o José Luis Ábalos están ausentes, y solo resurgen de vez en vez para promover proyectos políticos revanchistas que no son una prioridad contra la crisis que está asolando a España, mientras el aeropuerto de Barajas sigue siendo un coladero de coronavirus o los vagones atestados del metro de Madrid una fuente de contagios masivos.
Margarita Robles emerge como la ministra discordante al apoyar que Pablo Iglesias comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de Podemos.
Irene Montero aparece como estrella de las revistas del corazón, presumiendo de palmito y despachándose a gusto sobre el "feminismo igualitario" y otras memeces, en un desmesurado afán por blanquear los líos de faldas de su macho alfa, el vicepresidente segundo del Gobierno. Por su parte, Iglesias continúa con sus ataques a la Monarquía y mostrándose como víctima de las cloacas del Estado y de los escraches para desviar la atención sobre la imputación de su partido en diversas causas penales de extrema gravedad.
Alberto Garzón, inédito en una cartera de Consumo que jamás debió de dejar de ser una mera dirección general, solo habla para arremeter contra el sistema constitucional y contra el turismo.
El ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, Juan Carlos Campo, fallido en cualquier gestión para intentar forjar acuerdos parlamentarios para renovar el CGPJ (cuyo mandato expiró hace más de un año), así como un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluida la presidencia y vicepresidencia.
Solo compite con Fernando Grande-Marlaska, quemado desde el inicio de la crisis del coronavirus por su sectarismo e incapacidad para gestionar un departamento tan relevante que se ha limitado en esta crisis a utilizar los cuerpos de seguridad del Estado para "minimizar el clima contrario al Gobierno" y para multar y criminalizar a los ciudadanos de este país.
Dejación de funciones también de la ministra Celáa ante el inminente comienzo del curso escolar. Las familias están muy preocupadas ante lo que consideran una falta de previsión grave para una vuelta segura a las aulas, donde la necesidad de tomar medidas para un escenario de pandemia en los colegios estaba clara desde hace meses, pero donde no se ha hecho nada, excepto anuncios precipitados en el último momento de dudosa eficacia y muy difícil aplicación real.
En Universidades, Manuel Castells no parece saber aún que es ministro y los rectores se sienten por él abandonados. «Nos está dejando solos en la vuelta a clase», afirman, y reclaman un protocolo que actualice el último, comunicado hace tres meses, cuando la situación epidemiológica no tenía nada que ver con la actual.
Rutilantes cargos de cuota como Darias o González Laya son irrelevantes a todos los efectos. En Turismo, no hay en Europa una ministra tan desorientada como Reyes Maroto, que a pesar de reiterar que España era un destino seguro, hemos acabado siendo los apestados de Europa y vetados por más de 100 países.
Y en Hacienda o Economía, Montero y Calviño siguen manipulando los datos para atisbar brotes verdes inexistentes. En Ciencia, Duque es un perfecto desconocido en situación insostenible, y en Trabajo, Yolanda Díaz ha hecho del engaño su día a día, ocupada en su intento de regular el teletrabajo mientras más de 150.000 trabajadores en ERTE siguen sin cobrar la prestación desde el mes de marzo y la paguita anunciada a bombo y platillo por el gobierno socialcomunista para las familias "vulnerables" no acaba de llegar.
Dejación de funciones de José Luis Escrivá, Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, a la hora de hacerse cargo de los inmigrantes ilegales e indocumentados que llegan diariamente en pateras a las costas españolas y que deben ser aislados preventivamente por la pandemia. En las últimas semanas hemos visto como inmigrantes irregulares se fugaban de los centros donde eran obligados a pasar la
cuarentena sin que el Gobierno haya hecho nada.
Y también del ministro Salvador Illa, a quien la Ley General de Salud Pública le obliga -como máxima autoridad sanitaria estatal- a adoptar «cuantas medidas de intervención especial, en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población» sin que parezca que dicha obligación vaya con él.
Resentidos, ineptos, gandules... esta es la categoría del personal que se acomoda semanalmente en el Consejo de Ministros y en cuyas manos está hacer frente al desafío más salvaje de nuestra era. La evaluación de cada cartera se resume en un despropósito que obliga a preguntarse para qué necesita el presidente del Gobierno más de una veintena de ministros y mil asesores en plena recesión.
El disparate de la gestión del Gobierno de la nación en la pandemia que padecemos nos ha llevado a que, a pesar de padecer una reclusión mayor a la de ningún otro país entre nuestros pares occidentales, tengamos unos resultados que nos ponen a la cabeza en el ranking de gestiones incompetentes.
El líder del PSOE entendió que su misión en la pandemia terminó con el final del estado de alarma y desde ese momento se entregó a una enorme operación de autobombo que causa sonrojo y que incluyó el vanagloriarse de que su gestión había salvado la vida a 450.000 españoles. Resulta casi una indecencia moral que entonces sacara pecho de tan birriosa gestión, pero el sanchismo es en sí mismo una gigantesca operación de engaño donde la realidad, España y los españoles están siempre en un segundo plano frente al hedonismo político de Sánchez.
Tras el estado de alarma, el presidente del Gobierno decidió lavarse las manos y pasar la pelota a las comunidades autónomas, que son las que ahora, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, podrán pedir la declaración de estados de alarma para la totalidad o parte de sus territorios. Lo que yo no entiendo es por qué el 116 es válido ahora y no lo era en marzo. La única diferencia es que entonces Sánchez quiso asumir poderes cuasi dictatoriales y hogaño ni Iván Redondo es capaz de disimular el desastre en que ha concluido todo lo que se hizo durante 98 días de Estado de alarma que se nos anunció que acababan con la derrota del virus.
En un ejercicio de absoluta irresponsabilidad institucional que evidencia la nula visión de Estado y la falta de compromiso de Pedro Sánchez para combatir la que él mismo denominó como «la peor crisis sanitaria del siglo», el presidente del Gobierno renuncia a ejercer las funciones de coordinación y liderazgo político en la respuesta a la segunda oleada de la pandemia, algo que ratificó en su Aló Presidente del 25 de agosto encubriendo su dejación de funciones bajo la apariencia de una "cogobernanza", que no es sino un caos administrativo y sanitario de imprevisibles consecuencias económicas, ya que las comunidades carecen de la cobertura legal necesaria para poder actuar y Sánchez las ha dejado al albur de las decisiones judiciales.
Una vez más, el virus ha ido por delante del Ejecutivo, que en este caso no puede alegar desconocimiento. El 23 de julio, mientras Fernando Simón practicaba surf en Portugal, la doctora María José Sierra comparecía en Moncloa para advertir sobre la gravedad de la situación: "Puede que sea ya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo de más es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas [y] tomarlas de forma precoz". Sus palabras, sin embargo, fueron ignoradas por un Gobierno que optó por irse de vacaciones, perdiendo un tiempo precioso en el que podría haberse preparado para no caer en los mismos errores que en marzo.
No cabe duda de que Sánchez ha querido, por un lado, evitar el desgaste que supone la gestión de la crisis, traspasándosela a las consejerías autonómicas de Sanidad; no disgustar con un nuevo mando único a su socios nacionalistas del País Vasco y Cataluña, de los que depende para aprobar los Presupuestos; y finalmente, invocando la unidad de todas las fuerzas políticas, garantizarse que el PP pacte la renovación de los cargos institucionales -sobre todo los judiciales- y se comprometa con unos Presupuestos «de país» que llevarán, con toda seguridad, la impronta de Unidas Podemos.
Sánchez miente a sabiendas, y pese a ello la sociedad no parece capaz de reaccionar. El miedo a una nueva fase trágica de la pandemia empieza a ser notable. Respecto al desplome económico, sobran las palabras y basta con que cada español se palpe el bolsillo.
Pero en este clima, Sánchez aún sonríe con la prepotencia de quien sigue presumiendo de liderar una legislatura larga, en lugar de asumir que España agoniza bajo su mando.
Ministros tan representativos del «sanchismo» como Carmen Calvo o José Luis Ábalos están ausentes, y solo resurgen de vez en vez para promover proyectos políticos revanchistas que no son una prioridad contra la crisis que está asolando a España, mientras el aeropuerto de Barajas sigue siendo un coladero de coronavirus o los vagones atestados del metro de Madrid una fuente de contagios masivos.
Margarita Robles emerge como la ministra discordante al apoyar que Pablo Iglesias comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de Podemos.
Irene Montero aparece como estrella de las revistas del corazón, presumiendo de palmito y despachándose a gusto sobre el "feminismo igualitario" y otras memeces, en un desmesurado afán por blanquear los líos de faldas de su macho alfa, el vicepresidente segundo del Gobierno. Por su parte, Iglesias continúa con sus ataques a la Monarquía y mostrándose como víctima de las cloacas del Estado y de los escraches para desviar la atención sobre la imputación de su partido en diversas causas penales de extrema gravedad.
Alberto Garzón, inédito en una cartera de Consumo que jamás debió de dejar de ser una mera dirección general, solo habla para arremeter contra el sistema constitucional y contra el turismo.
El ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, Juan Carlos Campo, fallido en cualquier gestión para intentar forjar acuerdos parlamentarios para renovar el CGPJ (cuyo mandato expiró hace más de un año), así como un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluida la presidencia y vicepresidencia.
Solo compite con Fernando Grande-Marlaska, quemado desde el inicio de la crisis del coronavirus por su sectarismo e incapacidad para gestionar un departamento tan relevante que se ha limitado en esta crisis a utilizar los cuerpos de seguridad del Estado para "minimizar el clima contrario al Gobierno" y para multar y criminalizar a los ciudadanos de este país.
Dejación de funciones también de la ministra Celáa ante el inminente comienzo del curso escolar. Las familias están muy preocupadas ante lo que consideran una falta de previsión grave para una vuelta segura a las aulas, donde la necesidad de tomar medidas para un escenario de pandemia en los colegios estaba clara desde hace meses, pero donde no se ha hecho nada, excepto anuncios precipitados en el último momento de dudosa eficacia y muy difícil aplicación real.
En Universidades, Manuel Castells no parece saber aún que es ministro y los rectores se sienten por él abandonados. «Nos está dejando solos en la vuelta a clase», afirman, y reclaman un protocolo que actualice el último, comunicado hace tres meses, cuando la situación epidemiológica no tenía nada que ver con la actual.
Rutilantes cargos de cuota como Darias o González Laya son irrelevantes a todos los efectos. En Turismo, no hay en Europa una ministra tan desorientada como Reyes Maroto, que a pesar de reiterar que España era un destino seguro, hemos acabado siendo los apestados de Europa y vetados por más de 100 países.
Y en Hacienda o Economía, Montero y Calviño siguen manipulando los datos para atisbar brotes verdes inexistentes. En Ciencia, Duque es un perfecto desconocido en situación insostenible, y en Trabajo, Yolanda Díaz ha hecho del engaño su día a día, ocupada en su intento de regular el teletrabajo mientras más de 150.000 trabajadores en ERTE siguen sin cobrar la prestación desde el mes de marzo y la paguita anunciada a bombo y platillo por el gobierno socialcomunista para las familias "vulnerables" no acaba de llegar.
Dejación de funciones de José Luis Escrivá, Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, a la hora de hacerse cargo de los inmigrantes ilegales e indocumentados que llegan diariamente en pateras a las costas españolas y que deben ser aislados preventivamente por la pandemia. En las últimas semanas hemos visto como inmigrantes irregulares se fugaban de los centros donde eran obligados a pasar la
cuarentena sin que el Gobierno haya hecho nada.
Y también del ministro Salvador Illa, a quien la Ley General de Salud Pública le obliga -como máxima autoridad sanitaria estatal- a adoptar «cuantas medidas de intervención especial, en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población» sin que parezca que dicha obligación vaya con él.
Resentidos, ineptos, gandules... esta es la categoría del personal que se acomoda semanalmente en el Consejo de Ministros y en cuyas manos está hacer frente al desafío más salvaje de nuestra era. La evaluación de cada cartera se resume en un despropósito que obliga a preguntarse para qué necesita el presidente del Gobierno más de una veintena de ministros y mil asesores en plena recesión.
El disparate de la gestión del Gobierno de la nación en la pandemia que padecemos nos ha llevado a que, a pesar de padecer una reclusión mayor a la de ningún otro país entre nuestros pares occidentales, tengamos unos resultados que nos ponen a la cabeza en el ranking de gestiones incompetentes.
El líder del PSOE entendió que su misión en la pandemia terminó con el final del estado de alarma y desde ese momento se entregó a una enorme operación de autobombo que causa sonrojo y que incluyó el vanagloriarse de que su gestión había salvado la vida a 450.000 españoles. Resulta casi una indecencia moral que entonces sacara pecho de tan birriosa gestión, pero el sanchismo es en sí mismo una gigantesca operación de engaño donde la realidad, España y los españoles están siempre en un segundo plano frente al hedonismo político de Sánchez.
Tras el estado de alarma, el presidente del Gobierno decidió lavarse las manos y pasar la pelota a las comunidades autónomas, que son las que ahora, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, podrán pedir la declaración de estados de alarma para la totalidad o parte de sus territorios. Lo que yo no entiendo es por qué el 116 es válido ahora y no lo era en marzo. La única diferencia es que entonces Sánchez quiso asumir poderes cuasi dictatoriales y hogaño ni Iván Redondo es capaz de disimular el desastre en que ha concluido todo lo que se hizo durante 98 días de Estado de alarma que se nos anunció que acababan con la derrota del virus.
En un ejercicio de absoluta irresponsabilidad institucional que evidencia la nula visión de Estado y la falta de compromiso de Pedro Sánchez para combatir la que él mismo denominó como «la peor crisis sanitaria del siglo», el presidente del Gobierno renuncia a ejercer las funciones de coordinación y liderazgo político en la respuesta a la segunda oleada de la pandemia, algo que ratificó en su Aló Presidente del 25 de agosto encubriendo su dejación de funciones bajo la apariencia de una "cogobernanza", que no es sino un caos administrativo y sanitario de imprevisibles consecuencias económicas, ya que las comunidades carecen de la cobertura legal necesaria para poder actuar y Sánchez las ha dejado al albur de las decisiones judiciales.
Una vez más, el virus ha ido por delante del Ejecutivo, que en este caso no puede alegar desconocimiento. El 23 de julio, mientras Fernando Simón practicaba surf en Portugal, la doctora María José Sierra comparecía en Moncloa para advertir sobre la gravedad de la situación: "Puede que sea ya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo de más es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas [y] tomarlas de forma precoz". Sus palabras, sin embargo, fueron ignoradas por un Gobierno que optó por irse de vacaciones, perdiendo un tiempo precioso en el que podría haberse preparado para no caer en los mismos errores que en marzo.
No cabe duda de que Sánchez ha querido, por un lado, evitar el desgaste que supone la gestión de la crisis, traspasándosela a las consejerías autonómicas de Sanidad; no disgustar con un nuevo mando único a su socios nacionalistas del País Vasco y Cataluña, de los que depende para aprobar los Presupuestos; y finalmente, invocando la unidad de todas las fuerzas políticas, garantizarse que el PP pacte la renovación de los cargos institucionales -sobre todo los judiciales- y se comprometa con unos Presupuestos «de país» que llevarán, con toda seguridad, la impronta de Unidas Podemos.
Sánchez miente a sabiendas, y pese a ello la sociedad no parece capaz de reaccionar. El miedo a una nueva fase trágica de la pandemia empieza a ser notable. Respecto al desplome económico, sobran las palabras y basta con que cada español se palpe el bolsillo.
Pero en este clima, Sánchez aún sonríe con la prepotencia de quien sigue presumiendo de liderar una legislatura larga, en lugar de asumir que España agoniza bajo su mando.