La Fiscalía, ¿de quién depende? Del Gobierno. El fiscal general del Estado, ¿quién lo nombra? El Gobierno. PUES ESO. Pedro Sánchez lo dejó claro como el agua en una entrevista de RNE en noviembre de 2019. Después de estas declaraciones públicas, no cabe ninguna duda de que la justicia cumple órdenes del Gobierno, y que los jueces carecen de los principios de autonomía, imparcialidad, objetividad e independencia que se les presupone. En España la separación de poderes no existe, como tampoco la justicia.
La prueba más clara de la politización de la justicia en nuestro país fue nombrar como Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, ex-ministra de justicia y diputada del PSOE. El nombramiento fue duramente criticado por las asociaciones de fiscales, quienes se apresuraron a aclarar que el Ministerio Fiscal no recibe órdenes de La Moncloa. ¡JA!
La designación de Delgado fue una provocación de Sánchez, un alarde de poder personal innecesario y obsceno. Se insiste en la anomalía de que Delgado haya pasado directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General. Pero lo que lo hace aún más lacerante es que, en el Ministerio, encabezó varias operaciones oscuras para alinear la acción de la Justicia con la conveniencia política del Gobierno. En el Parlamento, descolló por su sectarismo y su agresividad frente a la oposición. Y como candidata del PSOE en dos elecciones generales, fue ultrasur del sanchismo, látigo del trifachito y dijo cosas totalmente inconciliables con la función que hoy desempeña. La relectura de sus mítines de campaña basta y sobra para explicar la radical inadecuación de la persona al cargo.
La consecuencia es que, al margen del mayor o menor acierto de sus decisiones, desde que Dolores Delgado está al frente de la Fiscalía todo lo que sale de ella ha quedado fatalmente viciado por la presunción de no imparcialidad.
Los partidos políticos están colonizando nuestras instituciones en su provecho. En Justicia, se reparten impúdicamente los puestos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloquean y desbloquean su renovación a capricho, racanean los medios materiales necesarios para investigar asuntos de corrupción... Nuestros políticos pretenden despojar a los jueces de la toga. Y, cuando el Poder Judicial esté desnudo, nadie podrá impedir el saqueo de la Democracia.
La Fiscalía tiene una estructura piramidal: primero está el Fiscal General del Estado, y debajo se encuentran el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala. Los fiscales deben, en la medida de lo posible, cumplir con los criterios del Fiscal General del Estado, porque se deben al "principio de unidad". Pero, ¿quién lo nombra? Según el artículo 124 de la Constitución, el nombramiento del Fiscal General corresponde al Rey, pero quien lo propone es el Ejecutivo, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (órgano que, recordemos, está pendiente de renovar desde hace dos años).
¿Y todo ésto a qué viene? A que la Fiscalía acaba de solicitar el archivo de las primeras 20 querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del Covid-19. ¿Aún cabe alguna duda de que es una marioneta del Gobierno?
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, ha remitido al alto tribunal un extenso informe de más de 300 páginas pidiendo la inadmisión de todas ellas porque, según él, no se ha acreditado prueba suficiente en ningún supuesto, ni se ha demostrado que exista una relación causa - efecto entre decisiones políticas o de la Administración y las muertes por la pandemia. Argumenta que no es lógico pensar que todos fueran negligentes y, en los casos en que observa indicios de responsabilidad, la atribuye a terceros ajenos al Gobierno.
Los delitos varían en las querellas. Homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores... También cambian de una a otra los hechos. Una amalgama heterogénea que va de las manifestaciones del 8-M celebradas en los días previos a la declaración del estado de alarma, al retraso en la compra y distribución de material de protección y sus consecuencias, de la carencia de test efectivos, a la falta de control de las residencias de mayores, de la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo a los mayores a las presentadas por declaraciones públicas, más o menos desafortunadas, de cargos públicos.
Pero la conclusión es la misma: o bien los indicios no son bastantes o no se puede vincular la decisión adoptada con el fallecimiento o la posible responsabilidad penal, en caso de existir, sería de otros. En muchas ocasiones, de las autonomías. Se señala una y otra vez que las comunidades cuentan con competencias exclusivas en la legislación en materia de Sanidad.
El Ministerio Público no ve indicios delictivos en ninguno de estos hechos, que examina uno a uno. Por ejemplo, justifica el baile de cifras en el cómputo de fallecidos e incluso pone en duda que murieran por el coronavirus. Respecto a la adquisición de test defectuosos y sus consecuencias, descarga la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la compra y apunta que, en todo caso, sería responsable de delito contra los trabajadores la mercantil a la que se le adjudicó. El mismo argumento se usa en relación al material defectuoso, como las mascarillas.
Niega también la Fiscalía que se produjera un delito de omisión del deber de socorro en ancianos ingresados en residencias de mayores, ya que para cometerlo los responsables políticos deberían haber negado la ayuda tras conocer una situación concreta de desamparo.
En la falta de EPI, se refiere a la elaboración de protocolos que no las aconsejaban para colectivos distintos a los médicos y dice que los ministerios afectados no son responsables del criterio sino, en todo caso, "aquellos profesionales que colaboraron en su elaboración". También alude a la escasez de equipos en el mercado nacional e internacional y, por tanto, a "la dificultad (cuando no imposibilidad) de entregar los mismos a los trabajadores".
Respecto a las concentraciones del Día Internacional de la Mujer, descarta la responsabilidad y destaca que si los miembros del Ejecutivo hubieran sido conscientes del riesgo, no habrían acudido a las marchas ni llevado a sus familias.
Sobre el momento en el que se declaró el estado de alarma y la supuesta tardanza en tomar la decisión, no encuentra qué norma o precepto jurídico fueron vulnerados.
A esta veintena de querellas ya valoradas se suman 36 denuncias dirigidas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo, así como presidentes de comunidades autónomas, sobre las que aún no se ha informado. Todas, tanto querellas como denuncias, van contra cargos con fuero, es decir, su investigación y en su caso enjuiciamiento son potestad del Tribunal Supremo.
El informe presentado el 15 de septiembre por la Fiscalía ante del Tribunal Supremo ha levantado críticas entre varios miembros de la carrera, que consideran que su tono confirma los peores temores que provocó la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado al frente de la institución.
Respecto a la forma, la herida sangra por la negativa de la fiscal general (Dolores Delgado) de recabar el criterio técnico de la Junta de Fiscales antes de pronunciarse sobre las consecuencias de la gestión del Gobierno (según el teniente fiscal del Tribunal Supremo no resulta competente la Junta de Fiscales de Sala). En lugar de reunir a la Junta, en la que se sientan voces discrepantes, se prefirió que en la elaboración del informe colaboraran personas afines a la causa, que no es otra que defender al Gobierno.
Así, habrían colaborado en la elaboración de dicho informe: el fiscal jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal delegada en materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unidad especializada de Siniestralidad laboral y, bajo la dirección del teniente fiscal del Tribunal Supremo, la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.
La entrevista ha sido el vómito patético de un hombre despechado, la revancha personal de un altísimo funcionario público que, queriendo desquitarse de algunos de sus colegas, ha dañado gravemente la institución de la que forma parte y se ha desacreditado a sí mismo. Y lo más trascendente: es una clara muestra del nivel de deterioro institucional que se ha alcanzado en España en los últimos años.
Navajas hizo en la entrevista una exhibición completa de todos los pecados que reprochó a sus colegas. Violó varios artículos del Estatuto del Ministerio Fiscal. Cometió un sinfín de indiscreciones, revelando conversaciones y episodios cuya propiedad no le pertenecen. Se permitió juicios políticos y personales (por ejemplo, sobre el Rey emérito), inaceptables cuando hay actuaciones judiciales en curso. Tiñó el caso de las querellas de una turbidez pasional que lo descalifica para seguir conduciéndolo.
Quizá lo más penoso fue la deslealtad hacia sus compañeros de profesión (“esa tropa”, en sus propias palabras, refiriéndose a los fiscales del 'procés', Cadenas y Madrigal, con quienes mantuvo desacuerdos por la acusación de delito de rebelión a los golpistas catalanes). Pero es que además, Consuelo Madrigal (fiscal nombrada por el PP) escribió un artículo de opinión en 'El Mundo' muy crítico con el estado de alarma. ¡Qué casualidad!
Afirmó que algunos compañeros están "contaminados ideológicamente" y que trataron de influenciarle a la hora de elaborar el informe en el que defiende que la actuación del Gobierno fue "idónea y razonable para contener la pandemia" (y en consecuencia, solicita archivar todas las querellas contra el Ejecutivo). Navajas ha avisado: va a hablar y va a decir nombres. No tiene nada que perder, se jubila en 80 días.
"Con esa tropa no puedo ir a la guerra". "Son esclavos de su ideología". Están políticamente "contaminados". Estos fueron algunos de los improperios que soltó contra los fiscales Madrigal y Cadena, enfangando el procedimiento contra los golpistas catalanes. Los sediciosos le agradecen el detalle.
Sobre por qué no convocó a los fiscales de Sala para conocer su opinión antes de elaborar el informe, Navajas se mostró tajante: "Para no tener que excluir a compañeros que son esclavos de su ideología (...) Quería evitar el gran problema que son las filtraciones", argumentó. Gravísimas declaraciones sobre el Ministerio Fiscal: politización, influencia y chivatazos.
Navajas repartió para todos. También se pronunció sobre la connivencia entre el fiscal anticorrupción del caso Dina, Ignacio Stampa, y la abogada de Podemos, Marta Flor, declarando: "cuando me enteré me dio asco, vomité", y afirmó "yo lo habría apartado" (del caso). Incluso llegó a tildar a su compañero de "tumor". Sobre el fiscal que lleva el asunto judicial del rey emérito dijo que "es un muerto para las filtraciones".
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto una investigación para tratar de averiguar si las presiones por parte de los dos compañeros (Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal) denunciados por Luis Navajas son reales. Por su parte, los fiscales del Supremo no salen de su asombro con el hecho de que Dolores Delgado no haya hecho ningún tipo de declaración pública sobre lo ocurrido.
El testimonio radiofónico de Navajas muestra que la feroz batalla política en torno a la Fiscalía se ha trasladado al interior de la institución. La Fiscalía es hoy un campo de batalla en el que los alineamientos políticos aplastan el derecho, además de un nido de filtradores. Las togas del Supremo son conscientes de que las palabras de Navajas serán utilizadas por políticos de toda clase y color para desacreditar aquellas decisiones que no les convengan.
Con todo, lo más grave de este delirante affaire son las repercusiones en escenarios de mayor trascendencia. Estamos ante la demostración palmaria de que nuestro estamento judicial padece artrosis ética y cirrosis moral. Una instancia clave como la Fiscalía del Supremo ha quedado retratada como un nido de conspiradores y truhanes, arrebatados de ambición y enfrascados en toda suerte de guerras intestinas. La designación de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público supuso la constatación palmaria de que Sánchez ha decidido tomar al asalto el Palacio de la Justicia, la fase clave de su proyecto de sustituir el régimen del 78 por un monstruo despótico y autocrático, con el cuerpo de Frankenstein, el moño de Iglesias y el rostro de Su Persona.
Navajas es algo más que un bocachanclas con ganas de desquite en el último aliento de su vida profesional. Es el mensajero de una tragedia, el heraldo de un desastre que ya no tiene marcha atrás. La Justicia y la Corona son los dos últimos baluartes contra el proyecto cesarista y despótico del sanchismo. La primera, ya ha caído.
La prueba más clara de la politización de la justicia en nuestro país fue nombrar como Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, ex-ministra de justicia y diputada del PSOE. El nombramiento fue duramente criticado por las asociaciones de fiscales, quienes se apresuraron a aclarar que el Ministerio Fiscal no recibe órdenes de La Moncloa. ¡JA!
La designación de Delgado fue una provocación de Sánchez, un alarde de poder personal innecesario y obsceno. Se insiste en la anomalía de que Delgado haya pasado directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General. Pero lo que lo hace aún más lacerante es que, en el Ministerio, encabezó varias operaciones oscuras para alinear la acción de la Justicia con la conveniencia política del Gobierno. En el Parlamento, descolló por su sectarismo y su agresividad frente a la oposición. Y como candidata del PSOE en dos elecciones generales, fue ultrasur del sanchismo, látigo del trifachito y dijo cosas totalmente inconciliables con la función que hoy desempeña. La relectura de sus mítines de campaña basta y sobra para explicar la radical inadecuación de la persona al cargo.
La consecuencia es que, al margen del mayor o menor acierto de sus decisiones, desde que Dolores Delgado está al frente de la Fiscalía todo lo que sale de ella ha quedado fatalmente viciado por la presunción de no imparcialidad.
Los partidos políticos están colonizando nuestras instituciones en su provecho. En Justicia, se reparten impúdicamente los puestos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloquean y desbloquean su renovación a capricho, racanean los medios materiales necesarios para investigar asuntos de corrupción... Nuestros políticos pretenden despojar a los jueces de la toga. Y, cuando el Poder Judicial esté desnudo, nadie podrá impedir el saqueo de la Democracia.
La Fiscalía tiene una estructura piramidal: primero está el Fiscal General del Estado, y debajo se encuentran el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala. Los fiscales deben, en la medida de lo posible, cumplir con los criterios del Fiscal General del Estado, porque se deben al "principio de unidad". Pero, ¿quién lo nombra? Según el artículo 124 de la Constitución, el nombramiento del Fiscal General corresponde al Rey, pero quien lo propone es el Ejecutivo, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (órgano que, recordemos, está pendiente de renovar desde hace dos años).
¿Y todo ésto a qué viene? A que la Fiscalía acaba de solicitar el archivo de las primeras 20 querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del Covid-19. ¿Aún cabe alguna duda de que es una marioneta del Gobierno?
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, ha remitido al alto tribunal un extenso informe de más de 300 páginas pidiendo la inadmisión de todas ellas porque, según él, no se ha acreditado prueba suficiente en ningún supuesto, ni se ha demostrado que exista una relación causa - efecto entre decisiones políticas o de la Administración y las muertes por la pandemia. Argumenta que no es lógico pensar que todos fueran negligentes y, en los casos en que observa indicios de responsabilidad, la atribuye a terceros ajenos al Gobierno.
Los delitos varían en las querellas. Homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores... También cambian de una a otra los hechos. Una amalgama heterogénea que va de las manifestaciones del 8-M celebradas en los días previos a la declaración del estado de alarma, al retraso en la compra y distribución de material de protección y sus consecuencias, de la carencia de test efectivos, a la falta de control de las residencias de mayores, de la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo a los mayores a las presentadas por declaraciones públicas, más o menos desafortunadas, de cargos públicos.
Pero la conclusión es la misma: o bien los indicios no son bastantes o no se puede vincular la decisión adoptada con el fallecimiento o la posible responsabilidad penal, en caso de existir, sería de otros. En muchas ocasiones, de las autonomías. Se señala una y otra vez que las comunidades cuentan con competencias exclusivas en la legislación en materia de Sanidad.
El Ministerio Público no ve indicios delictivos en ninguno de estos hechos, que examina uno a uno. Por ejemplo, justifica el baile de cifras en el cómputo de fallecidos e incluso pone en duda que murieran por el coronavirus. Respecto a la adquisición de test defectuosos y sus consecuencias, descarga la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la compra y apunta que, en todo caso, sería responsable de delito contra los trabajadores la mercantil a la que se le adjudicó. El mismo argumento se usa en relación al material defectuoso, como las mascarillas.
Niega también la Fiscalía que se produjera un delito de omisión del deber de socorro en ancianos ingresados en residencias de mayores, ya que para cometerlo los responsables políticos deberían haber negado la ayuda tras conocer una situación concreta de desamparo.
En la falta de EPI, se refiere a la elaboración de protocolos que no las aconsejaban para colectivos distintos a los médicos y dice que los ministerios afectados no son responsables del criterio sino, en todo caso, "aquellos profesionales que colaboraron en su elaboración". También alude a la escasez de equipos en el mercado nacional e internacional y, por tanto, a "la dificultad (cuando no imposibilidad) de entregar los mismos a los trabajadores".
Respecto a las concentraciones del Día Internacional de la Mujer, descarta la responsabilidad y destaca que si los miembros del Ejecutivo hubieran sido conscientes del riesgo, no habrían acudido a las marchas ni llevado a sus familias.
Sobre el momento en el que se declaró el estado de alarma y la supuesta tardanza en tomar la decisión, no encuentra qué norma o precepto jurídico fueron vulnerados.
Para la Fiscalía, no hubo delito. En nada.
A esta veintena de querellas ya valoradas se suman 36 denuncias dirigidas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo, así como presidentes de comunidades autónomas, sobre las que aún no se ha informado. Todas, tanto querellas como denuncias, van contra cargos con fuero, es decir, su investigación y en su caso enjuiciamiento son potestad del Tribunal Supremo.
El informe presentado el 15 de septiembre por la Fiscalía ante del Tribunal Supremo ha levantado críticas entre varios miembros de la carrera, que consideran que su tono confirma los peores temores que provocó la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado al frente de la institución.
Respecto a la forma, la herida sangra por la negativa de la fiscal general (Dolores Delgado) de recabar el criterio técnico de la Junta de Fiscales antes de pronunciarse sobre las consecuencias de la gestión del Gobierno (según el teniente fiscal del Tribunal Supremo no resulta competente la Junta de Fiscales de Sala). En lugar de reunir a la Junta, en la que se sientan voces discrepantes, se prefirió que en la elaboración del informe colaboraran personas afines a la causa, que no es otra que defender al Gobierno.
Así, habrían colaborado en la elaboración de dicho informe: el fiscal jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal delegada en materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unidad especializada de Siniestralidad laboral y, bajo la dirección del teniente fiscal del Tribunal Supremo, la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Fiscal en entredicho
Pero la cosa no acaba aquí. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, ha hecho unas polémicas declaraciones el 21 de septiembre en una entrevista concedida a Carlos Alsina para Onda Cero que ha incendiado al Ministerio Fiscal.La entrevista ha sido el vómito patético de un hombre despechado, la revancha personal de un altísimo funcionario público que, queriendo desquitarse de algunos de sus colegas, ha dañado gravemente la institución de la que forma parte y se ha desacreditado a sí mismo. Y lo más trascendente: es una clara muestra del nivel de deterioro institucional que se ha alcanzado en España en los últimos años.
Navajas hizo en la entrevista una exhibición completa de todos los pecados que reprochó a sus colegas. Violó varios artículos del Estatuto del Ministerio Fiscal. Cometió un sinfín de indiscreciones, revelando conversaciones y episodios cuya propiedad no le pertenecen. Se permitió juicios políticos y personales (por ejemplo, sobre el Rey emérito), inaceptables cuando hay actuaciones judiciales en curso. Tiñó el caso de las querellas de una turbidez pasional que lo descalifica para seguir conduciéndolo.
Quizá lo más penoso fue la deslealtad hacia sus compañeros de profesión (“esa tropa”, en sus propias palabras, refiriéndose a los fiscales del 'procés', Cadenas y Madrigal, con quienes mantuvo desacuerdos por la acusación de delito de rebelión a los golpistas catalanes). Pero es que además, Consuelo Madrigal (fiscal nombrada por el PP) escribió un artículo de opinión en 'El Mundo' muy crítico con el estado de alarma. ¡Qué casualidad!
Afirmó que algunos compañeros están "contaminados ideológicamente" y que trataron de influenciarle a la hora de elaborar el informe en el que defiende que la actuación del Gobierno fue "idónea y razonable para contener la pandemia" (y en consecuencia, solicita archivar todas las querellas contra el Ejecutivo). Navajas ha avisado: va a hablar y va a decir nombres. No tiene nada que perder, se jubila en 80 días.
"Con esa tropa no puedo ir a la guerra". "Son esclavos de su ideología". Están políticamente "contaminados". Estos fueron algunos de los improperios que soltó contra los fiscales Madrigal y Cadena, enfangando el procedimiento contra los golpistas catalanes. Los sediciosos le agradecen el detalle.
Sobre por qué no convocó a los fiscales de Sala para conocer su opinión antes de elaborar el informe, Navajas se mostró tajante: "Para no tener que excluir a compañeros que son esclavos de su ideología (...) Quería evitar el gran problema que son las filtraciones", argumentó. Gravísimas declaraciones sobre el Ministerio Fiscal: politización, influencia y chivatazos.
Navajas repartió para todos. También se pronunció sobre la connivencia entre el fiscal anticorrupción del caso Dina, Ignacio Stampa, y la abogada de Podemos, Marta Flor, declarando: "cuando me enteré me dio asco, vomité", y afirmó "yo lo habría apartado" (del caso). Incluso llegó a tildar a su compañero de "tumor". Sobre el fiscal que lleva el asunto judicial del rey emérito dijo que "es un muerto para las filtraciones".
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto una investigación para tratar de averiguar si las presiones por parte de los dos compañeros (Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal) denunciados por Luis Navajas son reales. Por su parte, los fiscales del Supremo no salen de su asombro con el hecho de que Dolores Delgado no haya hecho ningún tipo de declaración pública sobre lo ocurrido.
El testimonio radiofónico de Navajas muestra que la feroz batalla política en torno a la Fiscalía se ha trasladado al interior de la institución. La Fiscalía es hoy un campo de batalla en el que los alineamientos políticos aplastan el derecho, además de un nido de filtradores. Las togas del Supremo son conscientes de que las palabras de Navajas serán utilizadas por políticos de toda clase y color para desacreditar aquellas decisiones que no les convengan.
Con todo, lo más grave de este delirante affaire son las repercusiones en escenarios de mayor trascendencia. Estamos ante la demostración palmaria de que nuestro estamento judicial padece artrosis ética y cirrosis moral. Una instancia clave como la Fiscalía del Supremo ha quedado retratada como un nido de conspiradores y truhanes, arrebatados de ambición y enfrascados en toda suerte de guerras intestinas. La designación de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público supuso la constatación palmaria de que Sánchez ha decidido tomar al asalto el Palacio de la Justicia, la fase clave de su proyecto de sustituir el régimen del 78 por un monstruo despótico y autocrático, con el cuerpo de Frankenstein, el moño de Iglesias y el rostro de Su Persona.
Navajas es algo más que un bocachanclas con ganas de desquite en el último aliento de su vida profesional. Es el mensajero de una tragedia, el heraldo de un desastre que ya no tiene marcha atrás. La Justicia y la Corona son los dos últimos baluartes contra el proyecto cesarista y despótico del sanchismo. La primera, ya ha caído.