El Gobierno está ya en tiempo de descuento para elaborar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Faltan solo dos semanas para que expire el plazo o volverán a renovarse (por tercera vez) los presupuestos de Rajoy de 2018. "Habrá presupuestos sí o sí", dice Sánchez mientras negocia apoyos con los distintos grupos parlamentarios. Y es que no solo se trata de pactar los presupuestos (que le importa más bien poco) sino que está en juego la continuidad del gobierno socialcomunista y culminar la legislatura.
A Sánchez le cuesta entender, o más bien aceptar, que el Covid ha reventado su agenda y todo su programa de investidura, que ahora intenta salvar por todos los medios. Cuando falta dinero todo son problemas; hasta al bloque Frankenstein le han salido grietas que pretende tapar con parches, como la mesa de diálogo con el separatismo catalán, las promesas más o menos encubiertas de indulto a Junqueras, o una nueva política a medida para los presos etarras.
La complejidad estriba en que necesita una doble mayoría absoluta: una para aprobar el incremento del déficit estructural, de carácter previo, y otra para sacar adelante los Presupuestos de 2021. Objetivos complicados para un Gobierno en minoría de 155 diputados.
Así que Sánchez va basculando entre el bloque de la investidura y el bloque de la alarma para garantizar su gobernabilidad. Negociando a varias bandas, obligado a pactar y a hacer cesiones a unos y otros, mendigando votos. Todas las vías están abiertas y el objetivo es no romper puentes con ninguno para seguir practicando aritméticas parlamentarias excepcionales en momentos excepcionales.
La primera en rendirse a los encantos de Sánchez ha sido Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, que ha demostrado ser la mayor Judas del panorama político español. En los últimos meses ha pasado de la confrontación total con el Gobierno a darle su apoyo incondicional en todas las prórrogas del estado de alarma, y ahora en los presupuestos. Se ha saltado todas las líneas rojas que ella misma se había puesto, como aceptar sentarse a negociar con Unidas Podemos, y ello a pesar de ser un partido (presuntamente) corrupto. Con sus míseros 10 diputados se ha creído que iba a conseguir que Pedro Sánchez cambiara de compañeros de viaje. Nada más lejos de la realidad.
Cuando Pablo Iglesias vio que Pedro Sánchez había acordado con Ciudadanos su apoyo a los presupuestos, montó en cólera e hizo rectificar al presidente en su estrategia: debía mantener el bloque de investidura. Es decir, conseguir los votos de los nacionalistas, etarras y golpistas.
Dicho y hecho. Al día siguiente de haber alcanzado un pre-acuerdo con Arrimadas, la dejó en evidencia en el Congreso y cambió de banda, mostrando guiños a ERC ante el ultimátum dado de "o Ciudadanos o nosotros", y dando el pésame públicamente a Bildu por el suicidio de un preso etarra en la cárcel donde cumplía condena.
Contra todo pronóstico, Sánchez & Iglesias tienen ahora más socios potenciales que nunca: Ciudadanos, ERC, PdeCat, PNV, Bildu... (PP y Vox muestran su rechazo total). Geometría variable lo llaman. Yo lo califico como una falta de ética absoluta. Está por ver lo que nos cuesta a todos los españoles. Por el momento, ésto es lo que piden (y lo están consiguiendo):
El 12 de julio de 2020 se celebraron las elecciones autonómicas en el País vasco. Con 31 escaños (3 más que en las elecciones anteriores), el PNV ganó por tercera vez las elecciones, e Iñigo Urkullu sigue gobernando tras pactar un gobierno de coalición con los socialistas. ¿A cambio de qué? Principalmente de tres cosas:
* La aprobación de un nuevo estatuto vasco que confiera a Euskadi un encaje ‘confederal’, de igual a igual, con España.
* El cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, es decir, la cesión de una treintena de competencias pendientes, entre las que se incluyen el régimen económico de la Seguridad Social, el traspaso de la gestión económica de las pensiones (lo que supone 10.131 millones de euros) y la gestión de prisiones.
* Y el blindaje para asegurar -en estos tiempos de crisis económica- la finalización de la obra más faraónica jamás construida en Euskadi: el TAV (tren de alta velocidad). Las inversiones del Estado en Euskadi ascenderán a 570 millones en 2021, lo que supone un 8,3% más que en el ejercicio de 2019 (de los cuales 294 millones se destinarán a alta velocidad).
Pero hay más... El País Vasco recibirá el año que viene un adelanto de 194 millones de los fondos europeos para la reconstrucción en la era postcovid-19. De esta cuantía, 120 millones se dedicarán a actuaciones en transición ecológica y 26,6 millones a programas de calidad del agua.
El Gobierno dedicará 50 millones en el País Vasco a la puesta en marcha de un plan renove para la industria que da servicio a la automoción, la energía y la aeronáutica, con fuerte arraigo en esta autonomía. Se dedicará también una partida de 6 millones para el proyecto de soterramiento del tren en Zorrotza, en Bilbao. Estas partidas bendecidas ya por el Ejecutivo central se encuentran entre las 85 enmiendas que los nacionalistas han presentado a las cuentas de 2021 por importe de unos 700 millones. De esta cifra, 21 millones se dedicarán a mejorar sus Cercanías, otros 23 a los puertos de Pasajes y Bilbao, 13,5 millones a infraestructuras hidráulicas y otros 2,3 al aeropuerto de Vitoria. También se reclama una partida de 3 millones para un proyecto contra inundaciones en Bilbao.
Además, Interior deberá ceder al Gobierno de Euskadi unos 120 millones de euros para financiar la construcción de un nuevo centro penitenciario en San Sebastián, que sustituya al antiguo de Martutene. Sumando todas las partidas, Euskadi gestionará unos 200 millones por la competencia penitenciaria.
El PNV demanda también que el País Vasco forme parte de los órganos de gestión y dirección de la Sepi, organismo clave al controlar el fondo de rescate de las empresas estratégicas. De hecho, ya ha salvado del cierre, entre otras, a Air Europa.
Los nacionalistas desean también gestionar los paradores de turismo ubicados en su territorio.
Por otro lado, el Gobierno ha dado marcha atrás a su intención de subir la fiscalidad del diésel en aras a conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2021. Hacienda preveía ingresar por este aumento fiscal 450 millones.
En el documento programático de casi 100 páginas se incluyen además otros compromisos, como la reforma del entramado institucional vasco, la revisión de la ‘foralidad’, la reforma fiscal, la fractura entre la ‘Euskadi de ciudadanos’ de los socialistas y la Euskadi de ‘nacionales’ de los nacionalistas, o apuestas como la gratuidad del euskera para los inmigrantes como fórmula para facilitar su integración. El PSOE y el PNV acordaron también en ese documento el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra.
Con ésto, Pedro Sánchez pagará como es debido al PNV por su apoyo presupuestario y por su respaldo al resto de medidas legislativas y políticas. Y en esos, pagos, por supuesto, también están los económicos. De hecho, el País Vasco disfrutará de un margen extra de déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% en 2020 (el resto de comunidades autónomas tienen una limitación de déficit del 0,2%). Traducido: el Gobierno de Urkullu ha logrado, en pleno Covid, más de 1.700 millones extra por año, 13 veces el margen del resto de territorios españoles.
La excusa para semejante regalo ha sido la de que no participan en el tramo del fondo Covid-19 destinado a compensar la caída de ingresos. Pero lo cierto es que no participan porque tienen hacienda propia y, por lo tanto, tampoco contribuyen al sistema de solidaridad general.
Pero es que además de con pagos millonarios, Sánchez también paga con un gesto de alto simbolismo separatista: el reconocimiento de la selección vasca de fútbol. Es decir, que tengan selección nacional sin ser nación. A ello se ha comprometido ya el Gobierno con el PNV el 8 de septiembre. Y la cita elegida para reclamar a Sánchez la visualización de su pacto es la próxima Eurocopa, ya que Bilbao será una de sus sedes.
En marzo de 2021 se transferirán al País Vasco: la gestión de los centros penitenciarios de Euskadi, Seguros, Servicios privados de seguridad, Meteorología, Seguros agrarios, Transporte por carretera, Fondo de protección a la cinematografía, Mercado de productos de pesca y cultivos marinos, Paradores de turismo, Asignación del ISBN y del ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones) y Ordenación y gestión del litoral.
En octubre de 2021 se transferirán la gestión de los aeropuertos y de los puertos de interés general (es decir los de Pasajes y Bilbao). En este bloque se incluyen las siguientes materias: Crédito oficial, Crédito y banca, Mercado de valores, Centros de investigación, Hidrocarburos, Salvamento marítimo, Sector público estatal, Administración institucional e innovación tecnológica, Transporte ferroviario en líneas de cercanías y de la antigua FEVE, Inmigración, y Títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias.
A estas materias se suman Permisos de circulación y matriculación de vehículos, Régimen electoral municipal, Inspección pesquera, y Centro de estudios y experimentación de obras públicas.
En noviembre de 2021 (concluyendo en mayo de 2022) se iniciarán los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social, incluyendo la gestión del Ingreso Mínimo Vital que por mandato legal tiene que ser transferido el 31 de octubre de 2020. A partir de ahí el Gobierno Vasco podría plantearse nuevos horizontes en el ámbito del autogobierno.
Una cesión más del Gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalistas vascos: el traspaso de los cuarteles de Loyola de San Sebastián, en manos del Ministerio de Defensa, al Ayuntamiento de la ciudad (gobernado por el PNV) para el desarrollo urbanístico de la ciudad en esos terrenos. Esto ha causado la indignación de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En las elecciones vascas, Bildu ha sido la segunda fuerza más votada y ha obtenido 22 escaños (4 más que en 2016). Su líder, Arnaldo Otegui, ha recogido el guante que Pedro Sánchez le lanzó en el Senado, con pésame incluido por el suicidio de un preso de ETA, y ha anunciado su «predisposición» a «negociar» y «acordar» con La Moncloa los Presupuestos Generales del Estado. ¿A cambio de qué?
* De más beneficios para los presos de ETA (acercamiento, concesión de beneficios penitenciaros y salida de todos ellos de los módulos de aislamiento). Otegui reclama un cambio en la política penitenciaria “vengativa” que se aplica a los presos etarras, en referencia a la política de dispersión que se sigue aplicando a los algo menos de 200 presos de la banda terrorista que aún cumplen condena en las cárceles españolas, y a la que Bildu exige poner fin. Y eso a pesar de que, desde la llegada del Gobierno socialista y de Unidas Podemos a La Moncloa, el número de progresiones de grado y acercamientos de presos de ETA a prisiones cercanas a Euskadi ha rozado el centenar. En septiembre Bildu ha conseguido via libre para el acercamiento de otros 53 presos etarras a las cárceles del País Vasco. Insuficiente para Otegui, los quiere todos.
* Concesiones en la «política territorial». El líder abertzale reclama la aprobación de un nuevo estatus político que conceda un nuevo encaje territorial al País Vasco en el Estado y que superaría al Estatuto de Gernika.
* Impulsar las políticas sociales con el apoyo económico procedente de Europa.
* Los proetarras de Bildu reclaman 185 millones de euros a Sánchez para apoyar los ‘Presupuestos de sangre’: 48 millones para el cercanías de San Sebastián, 30 millones para el proyecto ferroviario de integración en Zabalgana (Vitoria), 20 millones para el saneamiento y depuración del Nervión, 12 millones para financiar un Plan Renove de reposición de maquinaria y para adquirir los lotes en venta a La Naval, 12,5 millones para la primera fase de un proyecto de ayuda a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), etc.
* Prohibir «todos» los desahucios y los cortes de suministros.
Estampe o no Bildu su firma en el futuro acuerdo de Presupuestos, esta negociación culmina el largo proceso de blanqueamiento al que fue brazo político de ETA. Ahora que la relación PSOE-Bildu ya es estable, el paso lógico es dejar de ocultar sus acuerdos, como hicieron con la prometida derogación de la reforma laboral. Naturalizar su relación.
Y así lo han hecho cuando PSOE y Podemos rechazaron en el Congreso la petición de Vox (apoyada por PP y Cs) de prohibir los actos de enaltecimiento del terrorismo, impedir la celebración de actos proetarras, así como los que conlleven "humillación" a las víctimas de ETA, incluyendo un régimen sancionador para quienes incumplieran la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Ahora, los 5 diputados de Bildu en el Congreso ya no sufren la marginación parlamentaria. Con Podemos como embajador de su causa, el PSOE ha cruzado el Rubicón y los proetarras pueden presumir ahora de formar parte del bloque que toma las decisiones importantes en España. El dirigente bildutarra, Arnaldo Otegi ha afirmado ante las cámaras de la televisión que la aprobación de los Presupuestos 2021 forma parte del «proceso» que permitirá «crecer y alcanzar la república vasca».
La Generalitat catalana también ha reclamado un envío de al menos 3.000 millones de euros anuales en concepto de ayudas directas procedentes del fondo de reconstrucción europeo.
A ello se unen las pretensiones económicas procedentes del Fondo Covid para las CCAA. En total, las exigencias suman cerca de 5.000 millones de euros al año, de los que el resto de autonomías deberán despedirse para que Sánchez pueda pagar sus peajes y sacar adelante sus Presupuestos.
El Gobierno se ha comprometido a abonar a la Generalitat una partida de 759 millones de euros que estaba pendiente por la aplicación de un artículo del Estatut, pero la supedita a que se aprueben unas nuevas cuentas que «permitan operativizar los acuerdos» con Cataluña. Es decir, el voto de los independentistas catalanes nos va a costar 759 millones a los españoles.
Otra de las concesiones de Sánchez a los independentistas catalanes ha sido la aprobación -el 15 de septiembre- del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que derogará la polémica Ley de Memoria Histórica de Zapatero. El nacionalismo separatista catalán ha reclamado una y otra vez la anulación del proceso que condujo al fusilamiento del sanguinario expresidente de la Generalitat, Lluís Companys. Dicho y hecho. Con esta ley se anularán "de pleno derecho" todas las sentencias de los tribunales franquistas dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura (que incluye a Companys).
El Ministerio de Justicia anunció el 23 de septiembre que en los próximos días tramitará los indultos a los presos del 'procés'. Las solicitudes deben ser sometidas a un informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aunque debe ser autorizado previamente por la Fiscalía. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante mediante Real Decreto publicado en el BOE. El anuncio ha pillado por sorpresa a los republicanos, pero ni aún así están contentos; los independentistas no quieren ser indultados, quieren la amnistía.
La convocatoria de la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern sobre el secesionismo, junto a la reforma del delito de sedición en el Código Penal por el que se condenó a los presos del 'procés', son otros de los guiños a los republicanos catalanes para asegurar una "legislatura larga". De hecho, al activarse de nuevo la mesa de diálogo, ERC puede verse tentado de subirse al tren de la negociación para que el PDeCAT no capitalice todos los éxitos de unos Presupuestos claves en un momento de grave crisis económica.
El trofeo que se han llevado los independentistas catalanes el 5 de noviembre ha sido la supresión del español como lengua vehicular de la enseñanza (medida incluida en la ley Celáa). Esto, a pesar de que el artículo 3 de la Constitución dice que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, y que los tribunales llevan desde 2014 exigiendo que se cumpla el mínimo obligatorio de 25% de horas lectivas en castellano. No estamos ante una fechoría más de Sánchez, sino ante el principio del fin de la unidad de España, un paso más hacia la ruptura definitiva de la nación, porque detrás de Cataluña vendrán Baleares, la Comunidad Valencia, el País Vasco, Galicia... y hasta Asturias con su bable.
Y como lo han previsto todo, PSOE, Podemos y ERC acordaron también suprimir la oposición para acceder a la inspección educativa. A partir de ahora, los inspectores educativos, funcionarios públicos que se encargan de verificar el cumplimiento de las leyes en los colegios, solo necesitarán demostrar “su capacidad de liderazgo” para acceder al cuerpo, lo que equivale a decir que, a partir de ahora, los nuevos inspectores educativos serán militantes y/o simpatizantes del PSOE y/o Podemos. Un nuevo coladero para el enchufismo.
Otro acuerdo del Gobierno con ERC, también enmarcado en la nueva ley educativa, es rebajar la exigencia académica y que los estudiantes de la ESO puedan pasar de curso sin límite de suspensos.
También el PSOE y ERC han apoyado la petición de Unidas Podemos para perseguir los "mensajes de odio" en redes sociales, facilitando su vigilancia y eliminación inmediata.
La última cesión del gobierno de coalición a ERC ha sido "acabar con el paraíso fiscal" de Madrid, a través de la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva que finalice con la baja fiscalidad en la Comunidad de Madrid, y limite el porcentaje de bonificación en impuestos como el de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio. La fórmula para obligar a Pedro Sánchez a subir impuestos en la capital es a través de la Ley de Cesión, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y que solo requiere de mayoría simple en el Congreso de los Diputados para ser aprobada, al ser una ley ordinaria y no una ley orgánica.
ERC también ha logrado el compromiso de ampliar la moratoria del pago de las cotizaciones en la Seguridad Social hasta marzo de 2021 (un trimestre más) y con la opción de ir ampliarlo en función de las circunstancias; la "liquidación de la deuda existente del ministerio de Educación para con la Generalitat" en materia de becas escolares y, por último, el "fin del control financiero" de los ministerios de Hacienda a la economía catalana que existe desde el año 2015, con la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro.
De las nuevas cuentas estatales, Cataluña recibirá en total más de 2.300 millones de euros (lo que representa un 19,13% del total presupuestario) en inversiones y transferencias de capital. Asimismo, la Generalitat pasará a gestionar directamente el ingreso mínimo vital en Cataluña y participará directamente en los fondos de reconstrucción europeos, a la hora de seleccionar los proyectos y gestionar los recursos, asegurándose un mínimo de 596 millones de euros directos en 2021.
La inestabilidad política que se vive en Cataluña ante la condena (ya firme, desde el 28 de septiembre) de inhabilitación por desobediencia de Quim Torra durante un año y medio, y las próximas elecciones autonómicas a principios de 2021 está beneficiando, y mucho, a Pedro Sánchez.
Las disputas internas en el Govern y las dimisiones en bloque de PDeCat y JxCat han fragmentado el independentismo. El PDeCAT apoya un espacio soberanista más moderado frente a la estrategia de "confrontación inteligente" contra el Estado pregonada por Puigdemont.
JxCAT tiene 8 diputados en el Congreso, pero se prevé que 4 se vayan al nuevo JxCat de Carles Puigdemont (con Laura Borràs y Míriam Nogueras al frente) y otros 4 sigan fieles al PDeCAT (herederos de la antigua Convergència). El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no se unirá a Puigdemont y seguirá militando en el PDeCAT. De manera que en la Generalitat, de repente, hay un tripartito: ERC, PDeCat y JxCat.
Ahora, al presidente del PDeCAT le queda la baza del Congreso, donde tiene 4 diputados fieles dispuestos a negociar los Presupuestos con Sánchez, pues necesitan arrancar acuerdos concretos con visibilidad en Cataluña para conseguir bazas electorales cara a las inminentes elecciones catalanas.
Por ahora, Sánchez les ha ofrecido el "firme compromiso" de reformar el Código Penal, en relación a figuras delictivas contra el orden público, entre los que se incluye la rebelión y la sedición (reduciendo las penas). El PSOE ha trasladado a Junts per Catalunya que el Gobierno se apresurará en impulsar dichas reformas para que estén en vigor antes de las elecciones catalanas, y que éstas tendrán carácter retroactivo. Así facilitará el retorno de Carles Puigdemont, que, como no ha sido deshabilitado para ocupar cargo público, podría optar a presidir de nuevo la Generalitat si su partido ganara las elecciones. Pero la reforma del delito de sedición para rebajar sus penas no dejaría libres a los 'exconsellers' de inmediato, ya que cinco de ellos están condenados, además, por un delito de malversación (condena de la que no quedarían liberados).
Cuatro diputados dispuestos a negociar valen oro para el PSOE y le pueden permitir algunos lujos, como, por ejemplo, prescindir de Bildu. Aunque Iglesias está empujando internamente en favor de una vía alternativa por si ERC fallase, y que no incluiría a Cs, sino a Bildu y a los 4 diputados del PDeCat. Y el Gobierno por el momento va a trabajar todas las vías y a llamar a toda las puertas.
A medida que grupos y diputados sueltos se abren a negociar las cuentas púbicas, Sánchez gana bolsas de oxígeno. No solo eso: cuantos más actores entren en la ecuación, más se devalúa el peso que pueden llegar a tener todos ellos. Las exigencias no valen igual si hay alternativas.
A Sánchez le cuesta entender, o más bien aceptar, que el Covid ha reventado su agenda y todo su programa de investidura, que ahora intenta salvar por todos los medios. Cuando falta dinero todo son problemas; hasta al bloque Frankenstein le han salido grietas que pretende tapar con parches, como la mesa de diálogo con el separatismo catalán, las promesas más o menos encubiertas de indulto a Junqueras, o una nueva política a medida para los presos etarras.
La complejidad estriba en que necesita una doble mayoría absoluta: una para aprobar el incremento del déficit estructural, de carácter previo, y otra para sacar adelante los Presupuestos de 2021. Objetivos complicados para un Gobierno en minoría de 155 diputados.
Así que Sánchez va basculando entre el bloque de la investidura y el bloque de la alarma para garantizar su gobernabilidad. Negociando a varias bandas, obligado a pactar y a hacer cesiones a unos y otros, mendigando votos. Todas las vías están abiertas y el objetivo es no romper puentes con ninguno para seguir practicando aritméticas parlamentarias excepcionales en momentos excepcionales.
La primera en rendirse a los encantos de Sánchez ha sido Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, que ha demostrado ser la mayor Judas del panorama político español. En los últimos meses ha pasado de la confrontación total con el Gobierno a darle su apoyo incondicional en todas las prórrogas del estado de alarma, y ahora en los presupuestos. Se ha saltado todas las líneas rojas que ella misma se había puesto, como aceptar sentarse a negociar con Unidas Podemos, y ello a pesar de ser un partido (presuntamente) corrupto. Con sus míseros 10 diputados se ha creído que iba a conseguir que Pedro Sánchez cambiara de compañeros de viaje. Nada más lejos de la realidad.
Cuando Pablo Iglesias vio que Pedro Sánchez había acordado con Ciudadanos su apoyo a los presupuestos, montó en cólera e hizo rectificar al presidente en su estrategia: debía mantener el bloque de investidura. Es decir, conseguir los votos de los nacionalistas, etarras y golpistas.
Dicho y hecho. Al día siguiente de haber alcanzado un pre-acuerdo con Arrimadas, la dejó en evidencia en el Congreso y cambió de banda, mostrando guiños a ERC ante el ultimátum dado de "o Ciudadanos o nosotros", y dando el pésame públicamente a Bildu por el suicidio de un preso etarra en la cárcel donde cumplía condena.
Contra todo pronóstico, Sánchez & Iglesias tienen ahora más socios potenciales que nunca: Ciudadanos, ERC, PdeCat, PNV, Bildu... (PP y Vox muestran su rechazo total). Geometría variable lo llaman. Yo lo califico como una falta de ética absoluta. Está por ver lo que nos cuesta a todos los españoles. Por el momento, ésto es lo que piden (y lo están consiguiendo):
El precio de los separatistas vascos del PNV
El 12 de julio de 2020 se celebraron las elecciones autonómicas en el País vasco. Con 31 escaños (3 más que en las elecciones anteriores), el PNV ganó por tercera vez las elecciones, e Iñigo Urkullu sigue gobernando tras pactar un gobierno de coalición con los socialistas. ¿A cambio de qué? Principalmente de tres cosas:
* La aprobación de un nuevo estatuto vasco que confiera a Euskadi un encaje ‘confederal’, de igual a igual, con España.
* El cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, es decir, la cesión de una treintena de competencias pendientes, entre las que se incluyen el régimen económico de la Seguridad Social, el traspaso de la gestión económica de las pensiones (lo que supone 10.131 millones de euros) y la gestión de prisiones.
* Y el blindaje para asegurar -en estos tiempos de crisis económica- la finalización de la obra más faraónica jamás construida en Euskadi: el TAV (tren de alta velocidad). Las inversiones del Estado en Euskadi ascenderán a 570 millones en 2021, lo que supone un 8,3% más que en el ejercicio de 2019 (de los cuales 294 millones se destinarán a alta velocidad).
Pero hay más... El País Vasco recibirá el año que viene un adelanto de 194 millones de los fondos europeos para la reconstrucción en la era postcovid-19. De esta cuantía, 120 millones se dedicarán a actuaciones en transición ecológica y 26,6 millones a programas de calidad del agua.
El Gobierno dedicará 50 millones en el País Vasco a la puesta en marcha de un plan renove para la industria que da servicio a la automoción, la energía y la aeronáutica, con fuerte arraigo en esta autonomía. Se dedicará también una partida de 6 millones para el proyecto de soterramiento del tren en Zorrotza, en Bilbao. Estas partidas bendecidas ya por el Ejecutivo central se encuentran entre las 85 enmiendas que los nacionalistas han presentado a las cuentas de 2021 por importe de unos 700 millones. De esta cifra, 21 millones se dedicarán a mejorar sus Cercanías, otros 23 a los puertos de Pasajes y Bilbao, 13,5 millones a infraestructuras hidráulicas y otros 2,3 al aeropuerto de Vitoria. También se reclama una partida de 3 millones para un proyecto contra inundaciones en Bilbao.
Además, Interior deberá ceder al Gobierno de Euskadi unos 120 millones de euros para financiar la construcción de un nuevo centro penitenciario en San Sebastián, que sustituya al antiguo de Martutene. Sumando todas las partidas, Euskadi gestionará unos 200 millones por la competencia penitenciaria.
El PNV demanda también que el País Vasco forme parte de los órganos de gestión y dirección de la Sepi, organismo clave al controlar el fondo de rescate de las empresas estratégicas. De hecho, ya ha salvado del cierre, entre otras, a Air Europa.
Los nacionalistas desean también gestionar los paradores de turismo ubicados en su territorio.
Por otro lado, el Gobierno ha dado marcha atrás a su intención de subir la fiscalidad del diésel en aras a conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2021. Hacienda preveía ingresar por este aumento fiscal 450 millones.
En el documento programático de casi 100 páginas se incluyen además otros compromisos, como la reforma del entramado institucional vasco, la revisión de la ‘foralidad’, la reforma fiscal, la fractura entre la ‘Euskadi de ciudadanos’ de los socialistas y la Euskadi de ‘nacionales’ de los nacionalistas, o apuestas como la gratuidad del euskera para los inmigrantes como fórmula para facilitar su integración. El PSOE y el PNV acordaron también en ese documento el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra.
Con ésto, Pedro Sánchez pagará como es debido al PNV por su apoyo presupuestario y por su respaldo al resto de medidas legislativas y políticas. Y en esos, pagos, por supuesto, también están los económicos. De hecho, el País Vasco disfrutará de un margen extra de déficit del 2,6% y una deuda pública del 15,9% en 2020 (el resto de comunidades autónomas tienen una limitación de déficit del 0,2%). Traducido: el Gobierno de Urkullu ha logrado, en pleno Covid, más de 1.700 millones extra por año, 13 veces el margen del resto de territorios españoles.
La excusa para semejante regalo ha sido la de que no participan en el tramo del fondo Covid-19 destinado a compensar la caída de ingresos. Pero lo cierto es que no participan porque tienen hacienda propia y, por lo tanto, tampoco contribuyen al sistema de solidaridad general.
Pero es que además de con pagos millonarios, Sánchez también paga con un gesto de alto simbolismo separatista: el reconocimiento de la selección vasca de fútbol. Es decir, que tengan selección nacional sin ser nación. A ello se ha comprometido ya el Gobierno con el PNV el 8 de septiembre. Y la cita elegida para reclamar a Sánchez la visualización de su pacto es la próxima Eurocopa, ya que Bilbao será una de sus sedes.
Acuerdo firmado
El PNV gana. El 15 de octubre ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por la ministra Carolina Darias, por el cual se le transferirán 30 competencias a lo largo del próximo año.En marzo de 2021 se transferirán al País Vasco: la gestión de los centros penitenciarios de Euskadi, Seguros, Servicios privados de seguridad, Meteorología, Seguros agrarios, Transporte por carretera, Fondo de protección a la cinematografía, Mercado de productos de pesca y cultivos marinos, Paradores de turismo, Asignación del ISBN y del ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones) y Ordenación y gestión del litoral.
En octubre de 2021 se transferirán la gestión de los aeropuertos y de los puertos de interés general (es decir los de Pasajes y Bilbao). En este bloque se incluyen las siguientes materias: Crédito oficial, Crédito y banca, Mercado de valores, Centros de investigación, Hidrocarburos, Salvamento marítimo, Sector público estatal, Administración institucional e innovación tecnológica, Transporte ferroviario en líneas de cercanías y de la antigua FEVE, Inmigración, y Títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias.
A estas materias se suman Permisos de circulación y matriculación de vehículos, Régimen electoral municipal, Inspección pesquera, y Centro de estudios y experimentación de obras públicas.
En noviembre de 2021 (concluyendo en mayo de 2022) se iniciarán los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social, incluyendo la gestión del Ingreso Mínimo Vital que por mandato legal tiene que ser transferido el 31 de octubre de 2020. A partir de ahí el Gobierno Vasco podría plantearse nuevos horizontes en el ámbito del autogobierno.
Una cesión más del Gobierno de Pedro Sánchez a los nacionalistas vascos: el traspaso de los cuarteles de Loyola de San Sebastián, en manos del Ministerio de Defensa, al Ayuntamiento de la ciudad (gobernado por el PNV) para el desarrollo urbanístico de la ciudad en esos terrenos. Esto ha causado la indignación de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El precio de los terroristas Bilduetarras
En las elecciones vascas, Bildu ha sido la segunda fuerza más votada y ha obtenido 22 escaños (4 más que en 2016). Su líder, Arnaldo Otegui, ha recogido el guante que Pedro Sánchez le lanzó en el Senado, con pésame incluido por el suicidio de un preso de ETA, y ha anunciado su «predisposición» a «negociar» y «acordar» con La Moncloa los Presupuestos Generales del Estado. ¿A cambio de qué?
* De más beneficios para los presos de ETA (acercamiento, concesión de beneficios penitenciaros y salida de todos ellos de los módulos de aislamiento). Otegui reclama un cambio en la política penitenciaria “vengativa” que se aplica a los presos etarras, en referencia a la política de dispersión que se sigue aplicando a los algo menos de 200 presos de la banda terrorista que aún cumplen condena en las cárceles españolas, y a la que Bildu exige poner fin. Y eso a pesar de que, desde la llegada del Gobierno socialista y de Unidas Podemos a La Moncloa, el número de progresiones de grado y acercamientos de presos de ETA a prisiones cercanas a Euskadi ha rozado el centenar. En septiembre Bildu ha conseguido via libre para el acercamiento de otros 53 presos etarras a las cárceles del País Vasco. Insuficiente para Otegui, los quiere todos.
* Concesiones en la «política territorial». El líder abertzale reclama la aprobación de un nuevo estatus político que conceda un nuevo encaje territorial al País Vasco en el Estado y que superaría al Estatuto de Gernika.
* Impulsar las políticas sociales con el apoyo económico procedente de Europa.
* Los proetarras de Bildu reclaman 185 millones de euros a Sánchez para apoyar los ‘Presupuestos de sangre’: 48 millones para el cercanías de San Sebastián, 30 millones para el proyecto ferroviario de integración en Zabalgana (Vitoria), 20 millones para el saneamiento y depuración del Nervión, 12 millones para financiar un Plan Renove de reposición de maquinaria y para adquirir los lotes en venta a La Naval, 12,5 millones para la primera fase de un proyecto de ayuda a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), etc.
* Prohibir «todos» los desahucios y los cortes de suministros.
Estampe o no Bildu su firma en el futuro acuerdo de Presupuestos, esta negociación culmina el largo proceso de blanqueamiento al que fue brazo político de ETA. Ahora que la relación PSOE-Bildu ya es estable, el paso lógico es dejar de ocultar sus acuerdos, como hicieron con la prometida derogación de la reforma laboral. Naturalizar su relación.
Y así lo han hecho cuando PSOE y Podemos rechazaron en el Congreso la petición de Vox (apoyada por PP y Cs) de prohibir los actos de enaltecimiento del terrorismo, impedir la celebración de actos proetarras, así como los que conlleven "humillación" a las víctimas de ETA, incluyendo un régimen sancionador para quienes incumplieran la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Ahora, los 5 diputados de Bildu en el Congreso ya no sufren la marginación parlamentaria. Con Podemos como embajador de su causa, el PSOE ha cruzado el Rubicón y los proetarras pueden presumir ahora de formar parte del bloque que toma las decisiones importantes en España. El dirigente bildutarra, Arnaldo Otegi ha afirmado ante las cámaras de la televisión que la aprobación de los Presupuestos 2021 forma parte del «proceso» que permitirá «crecer y alcanzar la república vasca».
El precio de los golpistas catalanes de ERC
La Generalitat catalana también ha reclamado un envío de al menos 3.000 millones de euros anuales en concepto de ayudas directas procedentes del fondo de reconstrucción europeo.
A ello se unen las pretensiones económicas procedentes del Fondo Covid para las CCAA. En total, las exigencias suman cerca de 5.000 millones de euros al año, de los que el resto de autonomías deberán despedirse para que Sánchez pueda pagar sus peajes y sacar adelante sus Presupuestos.
El Gobierno se ha comprometido a abonar a la Generalitat una partida de 759 millones de euros que estaba pendiente por la aplicación de un artículo del Estatut, pero la supedita a que se aprueben unas nuevas cuentas que «permitan operativizar los acuerdos» con Cataluña. Es decir, el voto de los independentistas catalanes nos va a costar 759 millones a los españoles.
Otra de las concesiones de Sánchez a los independentistas catalanes ha sido la aprobación -el 15 de septiembre- del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que derogará la polémica Ley de Memoria Histórica de Zapatero. El nacionalismo separatista catalán ha reclamado una y otra vez la anulación del proceso que condujo al fusilamiento del sanguinario expresidente de la Generalitat, Lluís Companys. Dicho y hecho. Con esta ley se anularán "de pleno derecho" todas las sentencias de los tribunales franquistas dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura (que incluye a Companys).
El Ministerio de Justicia anunció el 23 de septiembre que en los próximos días tramitará los indultos a los presos del 'procés'. Las solicitudes deben ser sometidas a un informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aunque debe ser autorizado previamente por la Fiscalía. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante mediante Real Decreto publicado en el BOE. El anuncio ha pillado por sorpresa a los republicanos, pero ni aún así están contentos; los independentistas no quieren ser indultados, quieren la amnistía.
La convocatoria de la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern sobre el secesionismo, junto a la reforma del delito de sedición en el Código Penal por el que se condenó a los presos del 'procés', son otros de los guiños a los republicanos catalanes para asegurar una "legislatura larga". De hecho, al activarse de nuevo la mesa de diálogo, ERC puede verse tentado de subirse al tren de la negociación para que el PDeCAT no capitalice todos los éxitos de unos Presupuestos claves en un momento de grave crisis económica.
El trofeo que se han llevado los independentistas catalanes el 5 de noviembre ha sido la supresión del español como lengua vehicular de la enseñanza (medida incluida en la ley Celáa). Esto, a pesar de que el artículo 3 de la Constitución dice que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, y que los tribunales llevan desde 2014 exigiendo que se cumpla el mínimo obligatorio de 25% de horas lectivas en castellano. No estamos ante una fechoría más de Sánchez, sino ante el principio del fin de la unidad de España, un paso más hacia la ruptura definitiva de la nación, porque detrás de Cataluña vendrán Baleares, la Comunidad Valencia, el País Vasco, Galicia... y hasta Asturias con su bable.
Y como lo han previsto todo, PSOE, Podemos y ERC acordaron también suprimir la oposición para acceder a la inspección educativa. A partir de ahora, los inspectores educativos, funcionarios públicos que se encargan de verificar el cumplimiento de las leyes en los colegios, solo necesitarán demostrar “su capacidad de liderazgo” para acceder al cuerpo, lo que equivale a decir que, a partir de ahora, los nuevos inspectores educativos serán militantes y/o simpatizantes del PSOE y/o Podemos. Un nuevo coladero para el enchufismo.
Otro acuerdo del Gobierno con ERC, también enmarcado en la nueva ley educativa, es rebajar la exigencia académica y que los estudiantes de la ESO puedan pasar de curso sin límite de suspensos.
También el PSOE y ERC han apoyado la petición de Unidas Podemos para perseguir los "mensajes de odio" en redes sociales, facilitando su vigilancia y eliminación inmediata.
La última cesión del gobierno de coalición a ERC ha sido "acabar con el paraíso fiscal" de Madrid, a través de la creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva que finalice con la baja fiscalidad en la Comunidad de Madrid, y limite el porcentaje de bonificación en impuestos como el de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio. La fórmula para obligar a Pedro Sánchez a subir impuestos en la capital es a través de la Ley de Cesión, que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y que solo requiere de mayoría simple en el Congreso de los Diputados para ser aprobada, al ser una ley ordinaria y no una ley orgánica.
ERC también ha logrado el compromiso de ampliar la moratoria del pago de las cotizaciones en la Seguridad Social hasta marzo de 2021 (un trimestre más) y con la opción de ir ampliarlo en función de las circunstancias; la "liquidación de la deuda existente del ministerio de Educación para con la Generalitat" en materia de becas escolares y, por último, el "fin del control financiero" de los ministerios de Hacienda a la economía catalana que existe desde el año 2015, con la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro.
De las nuevas cuentas estatales, Cataluña recibirá en total más de 2.300 millones de euros (lo que representa un 19,13% del total presupuestario) en inversiones y transferencias de capital. Asimismo, la Generalitat pasará a gestionar directamente el ingreso mínimo vital en Cataluña y participará directamente en los fondos de reconstrucción europeos, a la hora de seleccionar los proyectos y gestionar los recursos, asegurándose un mínimo de 596 millones de euros directos en 2021.
El precio de los independentistas catalanes de PDeCat
La inestabilidad política que se vive en Cataluña ante la condena (ya firme, desde el 28 de septiembre) de inhabilitación por desobediencia de Quim Torra durante un año y medio, y las próximas elecciones autonómicas a principios de 2021 está beneficiando, y mucho, a Pedro Sánchez.
Las disputas internas en el Govern y las dimisiones en bloque de PDeCat y JxCat han fragmentado el independentismo. El PDeCAT apoya un espacio soberanista más moderado frente a la estrategia de "confrontación inteligente" contra el Estado pregonada por Puigdemont.
JxCAT tiene 8 diputados en el Congreso, pero se prevé que 4 se vayan al nuevo JxCat de Carles Puigdemont (con Laura Borràs y Míriam Nogueras al frente) y otros 4 sigan fieles al PDeCAT (herederos de la antigua Convergència). El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no se unirá a Puigdemont y seguirá militando en el PDeCAT. De manera que en la Generalitat, de repente, hay un tripartito: ERC, PDeCat y JxCat.
Ahora, al presidente del PDeCAT le queda la baza del Congreso, donde tiene 4 diputados fieles dispuestos a negociar los Presupuestos con Sánchez, pues necesitan arrancar acuerdos concretos con visibilidad en Cataluña para conseguir bazas electorales cara a las inminentes elecciones catalanas.
Por ahora, Sánchez les ha ofrecido el "firme compromiso" de reformar el Código Penal, en relación a figuras delictivas contra el orden público, entre los que se incluye la rebelión y la sedición (reduciendo las penas). El PSOE ha trasladado a Junts per Catalunya que el Gobierno se apresurará en impulsar dichas reformas para que estén en vigor antes de las elecciones catalanas, y que éstas tendrán carácter retroactivo. Así facilitará el retorno de Carles Puigdemont, que, como no ha sido deshabilitado para ocupar cargo público, podría optar a presidir de nuevo la Generalitat si su partido ganara las elecciones. Pero la reforma del delito de sedición para rebajar sus penas no dejaría libres a los 'exconsellers' de inmediato, ya que cinco de ellos están condenados, además, por un delito de malversación (condena de la que no quedarían liberados).
Cuatro diputados dispuestos a negociar valen oro para el PSOE y le pueden permitir algunos lujos, como, por ejemplo, prescindir de Bildu. Aunque Iglesias está empujando internamente en favor de una vía alternativa por si ERC fallase, y que no incluiría a Cs, sino a Bildu y a los 4 diputados del PDeCat. Y el Gobierno por el momento va a trabajar todas las vías y a llamar a toda las puertas.
A medida que grupos y diputados sueltos se abren a negociar las cuentas púbicas, Sánchez gana bolsas de oxígeno. No solo eso: cuantos más actores entren en la ecuación, más se devalúa el peso que pueden llegar a tener todos ellos. Las exigencias no valen igual si hay alternativas.