Los chantajes que el actual gobierno-frente popular ha puesto en práctica han funcionado. Tras casi 40 años de reinado, el Rey Emérito, D. Juan Carlos I, se ha visto obligado a marcharse de España por la puerta de atrás, a exiliarse, para ayudar a Felipe VI a preservar la imagen de la Monarquía. Según dice en un comunicado dirigido a su hijo, la decisión de "abandonar España", se justifica por "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada".
El 3 de agosto de 2020 pasará a la historia como un día muy triste para nuestro país: se ha condenado sin juicio a uno de los más grandes Reyes de la historia de España. Es aterrador observar como el Gobierno de España ha sido el principal artífice y promotor de la flagrante violación del derecho de presunción de inocencia de un ciudadano español que lo dio todo por España.
Sin su poder y su voluntad no se habría abierto rápida y felizmente el camino a la democracia en España. Sin la admiración que causaba en el exterior y el despliegue internacional que lideró, España no habría ocupado el lugar que, durante todos estos años, ha ocupado en el mundo. Sin su forma ejemplar de ejercer la misión que la Constitución asigna a la Corona y a su titular, los españoles no habríamos disfrutado de las libertades y el bienestar de que hemos gozado durante todos sus años de reinado.
Es muy difícil de entender, y aún más de creer, que a uno de los artífices clave de la construcción de la España de hoy, y que ha dedicado toda su vida al servicio de España y los españoles, se le haya quebrado a nivel reputacional sin que exista contra el ninguna causa judicial abierta y sin haber sido acusado formalmente de nada. El derecho a la presunción de inocencia (recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución) de D. Juan Carlos se ha violado de forma flagrante y con alevosía.
El poder Judicial es el único que puede juzgar y condenar con todas la garantías procesales a un ciudadano si éste ha cometido un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Un hecho que no ha sucedido en ningún caso con D. Juan Carlos.
Todo esto sorprende aún más cuando esta vulneración de la presunción de inocencia ha sido alentada desde el Gobierno de España. Un gobierno donde la mentira se ha convertido en la máxima expresión de su idiosincrasia, con un vicepresidente cuyo pedigrí avala la sistemática violación de los derechos humanos en países como Irán o Venezuela, y con varios Ministros que han actuado siguiendo procedimientos más propios de una república bananera que de una democracia.
La forma en que se ha tratado al Rey Juan Carlos es inverosímil. Que un comisario encarcelado por corrupción y los medios de comunicación en los que sus peones intervienen hayan conseguido dar este golpe al Estado es verdaderamente un éxito de desestabilización al sistema que era difícil de creer que pudiera suceder. Que una amante despechada haya conseguido establecer una alianza tan fructífera con un delincuente dice muy poco de la seguridad de nuestro Estado. Y de las gestiones realizadas por el jefe del CNI que fue el interlocutor que encontró esa mujer en España una vez consumada la ruptura de la relación. No puede uno menos que preguntarse en qué manos estamos.
Hoy es un día muy grave para España como Estado de Derecho. El Gobierno ha ganado una batalla crucial en la guerra que libra contra la Constitución garante de una España unida de ciudadanos libres e iguales y, en definitiva, contra nuestro sistema democrático.
El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y sus socios Frankenstein están evidentemente encantados con su expulsión del país, pero es él, Sánchez, quien lideró desde un principio la ofensiva destinada a forzar el destierro del Rey Emérito, que es tanto como decir el destierro de la Transición, del viaje ejemplar a través de la Ley que condujo a los españoles de la dictadura a la democracia sin más derramamiento de sangre que el causado por el terrorismo, en su inmensa mayoría etarra.
Un Gobierno socialcomunista que no ha dejado de actuar diariamente intentando desprestigiar a la monarquía, y que para ello ha utilizado todos los medios de comunicación a su alcance. La falsa salida de Juan Carlos tiene muchos padres, igual de falsos; media docena de periódicos se arrogan la responsabilidad del hecho por sus exclusivas. No han dejado de intoxicar a todos los españoles confundiendo regalo con comisiones.
Sánchez ha alimentado los ataques contra el Rey y ha instigado la crítica pública sosteniendo que le resultaba «inquietante» y «perturbadora» la conducta de Don Juan Carlos (recordemos que también aseguró que no podría conciliar el sueño si tenía a Podemos en el Gobierno). Más aún, lanzó a Carmen Calvo a decir públicamente que Moncloa estaba "a la espera de una reacción de Zarzuela" contra D. Juan Carlos.
El socialista que nos gobierna (ése que se hizo con el poder pactando con golpistas corruptos, herederos de asesinos, comunistassospechosos imputados por haber recibido financiación ilegal y demás ralea ajena a cualquier consenso constitucional), está empeñado en derribar el régimen surgido del 78, aunque tal demolición suponga la destrucción de España, arrasar con su unidad política y territorial.
Los independentistas que lo sostienen, tanto vascos como catalanes, no aspiran a otra cosa, desde luego. Y están henchidos de gozo. Han encontrado en Pedro Sánchez al tonto útil dispuesto a cumplir finalmente sus planes, empezando por la voladura de la piedra angular que sustenta el edificio: la Corona.
La Monarquía se ha convertido en objetivo prioritario desde que Felipe VI abrió la puerta, con su discurso del 3 de octubre de 2017, a la intervención de la Generalitat vía artículo 155. Pero sobre todo desde que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, apoyado entonces por ERC y JxCat. Sin Rajoy en la Moncloa, Felipe VI se convirtió en principal metáfora del «estado represor» para los independentistas.
Lo que buscan es debilitar al Rey que plantó cara a los golpistas catalanes cuando nadie más se atrevía. Desacreditar a la institución que representa al conjunto de los españoles, más allá de procedencias o ideologías. Minar los cimientos de la Nación. Y lamentablemente, lo han conseguido. Don Felipe está hoy más solo e indefenso ante el peligro; es más vulnerable a los ataques lanzados desde la extrema izquierda con el beneplácito hipócrita de un Pedro Sánchez que finge defender lo que en realidad está deseando ver caer.
El PSOE y Sánchez (que vienen a ser lo mismo ante la renuncia de cualquier sector crítico del partido a denunciar los bandazos de La Moncloa) son ahora mismo la única línea roja para dirimir el debate entre la defensa del constitucionalismo y de la monarquía parlamentaria, y el diseño de un cambio de régimen hacia una república federalista. Aquello que Sánchez definió como una «España plurinacional».
El abandono de España del Rey Juan Carlos es la mayor victoria de quienes quieren acabar con la unidad de España. Porque saben que esa unidad es mucho más difícil de poner en cuestión con la Monarquía. Y la Monarquía, hoy, está debilitada. Ahora el Parlamento catalán pide la abdicación de Felipe VI y un referéndum para abolir la monarquía que daría paso a una república; y para ello tiene el apoyo incondicional del Gobierno, encarnado en manos de Podemos.
Pablo Iglesias quiere que detengan a Juan Carlos sin cargos, porque para él, y así lo ha confesado en innumerables ocasiones, la monarquía es un delito que impide la llegada del comunismo. A nadie se le escapa que, con la misma vara de medir, Iglesias ya estaría en prisión con mayor fundamento.
Porque la viga en el ojo de Podemos se llama Pablo Iglesias. Si hablamos de comisiones, relación económica particular con países extranjeros, gusto por la buena vida y líos con mujeres, no sé dónde está la diferencia entre Juan Carlos de Borbón y Pablo Iglesias. Lo que les separa es que uno de ellos sirvió a su país y pasó a la Historia como ejemplo único al llevarnos de una dictadura a una democracia sin necesidad de la revolución que añora Iglesias, sencillamente, porque no hizo falta. El otro, quiere desandar el camino y encontrar el ansiado momento de la venganza.
Así, el presente y futuro de la Monarquía parlamentaria dependerá en gran medida de la contundencia y de la lealtad real y sincera que pueda demostrar Sánchez hacia Felipe VI. El PSOE también ha asumido que debe «agrandar el espacio» de Podemos en el propio Gobierno como gesto para permitirle mantener su discurso antimonárquico. Jugando a doble banda, los días pares Sánchez defiende al Rey, y los impares permite a sus socios ataques indisimulados a la Corona sin que medie reproche político alguno.
Don Juan Carlos se va; pero aquí se quedan los etarras y sus secuaces; los independentistas y sus tribus; los Pujol y todos los del 3%; los de los 680 millones de los ERE de Andalucía; el misterio de las maletas de Delcy; los millones que Irán y Venezuela dieron al Emporio Iglesias y la tarjeta de Dina; la red que abusó de los menores custodiados en centros públicos de Baleares; los que gritaron con sonrisa irresponsable: «En el 8-M nos va la vida» y los 50.000 muertos del coronavirus.
Don Juan Carlos se exilia. Ganan por ahora los que quieren derruir el Reino de España en una república plurinacional. Nunca imaginaron tenerlo todo tan fácil y tan rápido. En otras palabras: hemos echado de España al que trajo a España la democracia desde una dictadura y nos quedamos con los que quieren hacer justo lo contrario.
Y esta operación de largo alcance ha sido diseñada hasta el milímetro por Sánchez y ejecutada sin escrúpulos por Carmen Calvo. Toda esta historia de Juan Carlos I es un montaje, una patraña, una tramoya. Y las presuntas desavenencias de los de Podemos y de los republicanos catalanes con Sánchez, también. Porque la conducta impropia del Emérito se conoce desde que abdicó, y por eso lo hizo. ¿Por qué cobra repentinamente ahora este protagonismo público descarnado?
Pues naturalmente, sirve a Iglesias, que está en horas bajas lleno de mierda hasta las cejas (para tapar sus escándalos de dinero y de bragueta), y al señor Sánchez para distraer la atención sobre la hecatombe económica en la que estamos inmersos y sobre la segunda ola que ya se cierne sobre nuestras cabezas.
El señor Sánchez ha establecido una gran cortina de humo para volver a oscurecer las consecuencias de su enorme negligencia e ineficacia en el combate contra el virus. Para esconder que, según todos los rankings, somos el peor país del mundo en la gestión de esta pandemia.
La debacle de Don Juan Carlos comenzó en 2012, cuando aún ocupaba el trono. Mientras que España vivía una crisis económica sin precedentes, se fue con su amante, la alemana Corinna Larsen, a cazar elefantes a Botsuana. Esos lujos en medio de la crisis, combinados con el encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarin por fraude, comenzaron a erosionar su popularidad y tuvo que abdicar a favor de su hijo en 2014.
El escándalo que acabó con su reputación, sin embargo, llegó con las supuestas comisiones descubiertas en cuentas extranjeras, en las cuales habrían aparecido depósitos superiores a 100 millones de dólares hechos por la realeza saudí. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una operación de lavado de dinero o de un soborno, ya que por esos días Arabia había elegido a una UTE de empresas españolas para construir el AVE a La Meca.
La cosa se complicó cuando se supo que 65 millones de euros de esa cuenta habían terminado en un paraíso fiscal a nombre de Corinna Larsen, su amante. Una transferencia clandestina de ese monto produjo la indignación nacional. Ella justificó ese ingreso a sus cuentas como un regalo de Juan Carlos. No obstante, luego se filtró que el rey esperaba que le devolviera ese dinero y que ella se habría negado. La despechada Corinna le contó a la Justicia que el rey cobraba comisiones usándola a ella como testaferro. Pero agregó que el regalo obedeció, en parte, a que él tenía la esperanza de recuperarlo después de terminado el noviazgo.
El escándalo también salpicó al rey Felipe VI, quien aparecía como beneficiario de la cuenta. Pero el actual monarca se apresuró a explicar que nunca supo nada del tema y que, apenas se enteró de que su nombre aparecía, le pidió a su padre dejar sin efecto esa designación. También anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró el sueldo como rey emérito.
Con las revelaciones de la amante despechada, el episodio se convirtió en una tragedia. Juan Carlos, después de abdicar perdió su inmunidad, y, de probar los cargos, los jueces podrían enjuiciarlo. Los partidos de la oposición, además, quieren que la justicia trabaje con rigor en su caso. Al rey Felipe no le ha quedado otra que desterrar a su propio padre.
La Monarquía Parlamentaria sigue siendo el modelo de Estado preferido por los españoles, según la encuesta realizada esta semana por GAD3 para ABC. Algunos resultados sobre esta encuesta son:
* El 56,3% de los encuestados considera que la actual Monarquía Parlamentaria es el modelo de Estado preferible para España. El 33,5% preferiría la República.
* El 51,3% vería negativo que se sometiera a consulta (referéndum) la sustitución de la Monarquía Parlmentaria por la República.
* Una gran mayoría de españoles descalifica la actuación de los partidos políticos en relación con la crisis institucional. El 66,5% califica de "mala" la actuación de Podemos. Un 38,5% califican con un mal las presiones del PSOE al Rey para que tomara más medidas de alejamiento contra su padre.
* El 67,7% considera que el modelo republicano no evitaría la corrupción política.
Más de 60 ex-ministros, ex-presidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos de PP, PSOE y UCD han suscrito un manifiesto de apoyo al Rey Juan Carlos I, defendiendo su presunción de inocencia (uno de los pilares básicos del Estado de Derecho) y recordando su legado en estos más de 40 años de democracia, la «etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea».
Los firmantes ensalzan «la bien llamada Transición», destacando la aprobación de la Constitución de 1978, y defienden la Monarquía parlamentaria que se recoge en la Carta Magna.
Por todo ello, llaman a partidos y organizaciones políticas a que «defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta años de historia común».
El manifiesto, de fecha 19 de agosto, está dirigido a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, y está abierto a cuantos quieran adherirse al mismo en pro de la convivencia basada en el respeto mutuo y la libertad.
¿Y qué dice el Gobierno de Sánchez? Rechaza el manifiesto. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha subrayado la "importancia" de separar la figura histórica del monarca emérito de la acción de la justicia. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que "nadie está por encima de la ley".
Llama la atención que no secunden la presunción de inocencia de D. Juan Carlos, y sin embargo, sí lo hagan en el caso del vicepresidente Iglesias, cuando él y su partido SÍ acaban de ser imputados por corrupción (entre otros múltiples delitos).
El 3 de agosto de 2020 pasará a la historia como un día muy triste para nuestro país: se ha condenado sin juicio a uno de los más grandes Reyes de la historia de España. Es aterrador observar como el Gobierno de España ha sido el principal artífice y promotor de la flagrante violación del derecho de presunción de inocencia de un ciudadano español que lo dio todo por España.
Sin su poder y su voluntad no se habría abierto rápida y felizmente el camino a la democracia en España. Sin la admiración que causaba en el exterior y el despliegue internacional que lideró, España no habría ocupado el lugar que, durante todos estos años, ha ocupado en el mundo. Sin su forma ejemplar de ejercer la misión que la Constitución asigna a la Corona y a su titular, los españoles no habríamos disfrutado de las libertades y el bienestar de que hemos gozado durante todos sus años de reinado.
Es muy difícil de entender, y aún más de creer, que a uno de los artífices clave de la construcción de la España de hoy, y que ha dedicado toda su vida al servicio de España y los españoles, se le haya quebrado a nivel reputacional sin que exista contra el ninguna causa judicial abierta y sin haber sido acusado formalmente de nada. El derecho a la presunción de inocencia (recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución) de D. Juan Carlos se ha violado de forma flagrante y con alevosía.
El poder Judicial es el único que puede juzgar y condenar con todas la garantías procesales a un ciudadano si éste ha cometido un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Un hecho que no ha sucedido en ningún caso con D. Juan Carlos.
Todo esto sorprende aún más cuando esta vulneración de la presunción de inocencia ha sido alentada desde el Gobierno de España. Un gobierno donde la mentira se ha convertido en la máxima expresión de su idiosincrasia, con un vicepresidente cuyo pedigrí avala la sistemática violación de los derechos humanos en países como Irán o Venezuela, y con varios Ministros que han actuado siguiendo procedimientos más propios de una república bananera que de una democracia.
La forma en que se ha tratado al Rey Juan Carlos es inverosímil. Que un comisario encarcelado por corrupción y los medios de comunicación en los que sus peones intervienen hayan conseguido dar este golpe al Estado es verdaderamente un éxito de desestabilización al sistema que era difícil de creer que pudiera suceder. Que una amante despechada haya conseguido establecer una alianza tan fructífera con un delincuente dice muy poco de la seguridad de nuestro Estado. Y de las gestiones realizadas por el jefe del CNI que fue el interlocutor que encontró esa mujer en España una vez consumada la ruptura de la relación. No puede uno menos que preguntarse en qué manos estamos.
Hoy es un día muy grave para España como Estado de Derecho. El Gobierno ha ganado una batalla crucial en la guerra que libra contra la Constitución garante de una España unida de ciudadanos libres e iguales y, en definitiva, contra nuestro sistema democrático.
El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y sus socios Frankenstein están evidentemente encantados con su expulsión del país, pero es él, Sánchez, quien lideró desde un principio la ofensiva destinada a forzar el destierro del Rey Emérito, que es tanto como decir el destierro de la Transición, del viaje ejemplar a través de la Ley que condujo a los españoles de la dictadura a la democracia sin más derramamiento de sangre que el causado por el terrorismo, en su inmensa mayoría etarra.
Un Gobierno socialcomunista que no ha dejado de actuar diariamente intentando desprestigiar a la monarquía, y que para ello ha utilizado todos los medios de comunicación a su alcance. La falsa salida de Juan Carlos tiene muchos padres, igual de falsos; media docena de periódicos se arrogan la responsabilidad del hecho por sus exclusivas. No han dejado de intoxicar a todos los españoles confundiendo regalo con comisiones.
Sánchez ha alimentado los ataques contra el Rey y ha instigado la crítica pública sosteniendo que le resultaba «inquietante» y «perturbadora» la conducta de Don Juan Carlos (recordemos que también aseguró que no podría conciliar el sueño si tenía a Podemos en el Gobierno). Más aún, lanzó a Carmen Calvo a decir públicamente que Moncloa estaba "a la espera de una reacción de Zarzuela" contra D. Juan Carlos.
El socialista que nos gobierna (ése que se hizo con el poder pactando con golpistas corruptos, herederos de asesinos, comunistas
Los independentistas que lo sostienen, tanto vascos como catalanes, no aspiran a otra cosa, desde luego. Y están henchidos de gozo. Han encontrado en Pedro Sánchez al tonto útil dispuesto a cumplir finalmente sus planes, empezando por la voladura de la piedra angular que sustenta el edificio: la Corona.
La Monarquía se ha convertido en objetivo prioritario desde que Felipe VI abrió la puerta, con su discurso del 3 de octubre de 2017, a la intervención de la Generalitat vía artículo 155. Pero sobre todo desde que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, apoyado entonces por ERC y JxCat. Sin Rajoy en la Moncloa, Felipe VI se convirtió en principal metáfora del «estado represor» para los independentistas.
Lo que buscan es debilitar al Rey que plantó cara a los golpistas catalanes cuando nadie más se atrevía. Desacreditar a la institución que representa al conjunto de los españoles, más allá de procedencias o ideologías. Minar los cimientos de la Nación. Y lamentablemente, lo han conseguido. Don Felipe está hoy más solo e indefenso ante el peligro; es más vulnerable a los ataques lanzados desde la extrema izquierda con el beneplácito hipócrita de un Pedro Sánchez que finge defender lo que en realidad está deseando ver caer.
El PSOE y Sánchez (que vienen a ser lo mismo ante la renuncia de cualquier sector crítico del partido a denunciar los bandazos de La Moncloa) son ahora mismo la única línea roja para dirimir el debate entre la defensa del constitucionalismo y de la monarquía parlamentaria, y el diseño de un cambio de régimen hacia una república federalista. Aquello que Sánchez definió como una «España plurinacional».
El abandono de España del Rey Juan Carlos es la mayor victoria de quienes quieren acabar con la unidad de España. Porque saben que esa unidad es mucho más difícil de poner en cuestión con la Monarquía. Y la Monarquía, hoy, está debilitada. Ahora el Parlamento catalán pide la abdicación de Felipe VI y un referéndum para abolir la monarquía que daría paso a una república; y para ello tiene el apoyo incondicional del Gobierno, encarnado en manos de Podemos.
Pablo Iglesias quiere que detengan a Juan Carlos sin cargos, porque para él, y así lo ha confesado en innumerables ocasiones, la monarquía es un delito que impide la llegada del comunismo. A nadie se le escapa que, con la misma vara de medir, Iglesias ya estaría en prisión con mayor fundamento.
Porque la viga en el ojo de Podemos se llama Pablo Iglesias. Si hablamos de comisiones, relación económica particular con países extranjeros, gusto por la buena vida y líos con mujeres, no sé dónde está la diferencia entre Juan Carlos de Borbón y Pablo Iglesias. Lo que les separa es que uno de ellos sirvió a su país y pasó a la Historia como ejemplo único al llevarnos de una dictadura a una democracia sin necesidad de la revolución que añora Iglesias, sencillamente, porque no hizo falta. El otro, quiere desandar el camino y encontrar el ansiado momento de la venganza.
Así, el presente y futuro de la Monarquía parlamentaria dependerá en gran medida de la contundencia y de la lealtad real y sincera que pueda demostrar Sánchez hacia Felipe VI. El PSOE también ha asumido que debe «agrandar el espacio» de Podemos en el propio Gobierno como gesto para permitirle mantener su discurso antimonárquico. Jugando a doble banda, los días pares Sánchez defiende al Rey, y los impares permite a sus socios ataques indisimulados a la Corona sin que medie reproche político alguno.
Don Juan Carlos se va; pero aquí se quedan los etarras y sus secuaces; los independentistas y sus tribus; los Pujol y todos los del 3%; los de los 680 millones de los ERE de Andalucía; el misterio de las maletas de Delcy; los millones que Irán y Venezuela dieron al Emporio Iglesias y la tarjeta de Dina; la red que abusó de los menores custodiados en centros públicos de Baleares; los que gritaron con sonrisa irresponsable: «En el 8-M nos va la vida» y los 50.000 muertos del coronavirus.
Don Juan Carlos se exilia. Ganan por ahora los que quieren derruir el Reino de España en una república plurinacional. Nunca imaginaron tenerlo todo tan fácil y tan rápido. En otras palabras: hemos echado de España al que trajo a España la democracia desde una dictadura y nos quedamos con los que quieren hacer justo lo contrario.
Y esta operación de largo alcance ha sido diseñada hasta el milímetro por Sánchez y ejecutada sin escrúpulos por Carmen Calvo. Toda esta historia de Juan Carlos I es un montaje, una patraña, una tramoya. Y las presuntas desavenencias de los de Podemos y de los republicanos catalanes con Sánchez, también. Porque la conducta impropia del Emérito se conoce desde que abdicó, y por eso lo hizo. ¿Por qué cobra repentinamente ahora este protagonismo público descarnado?
Pues naturalmente, sirve a Iglesias, que está en horas bajas lleno de mierda hasta las cejas (para tapar sus escándalos de dinero y de bragueta), y al señor Sánchez para distraer la atención sobre la hecatombe económica en la que estamos inmersos y sobre la segunda ola que ya se cierne sobre nuestras cabezas.
El señor Sánchez ha establecido una gran cortina de humo para volver a oscurecer las consecuencias de su enorme negligencia e ineficacia en el combate contra el virus. Para esconder que, según todos los rankings, somos el peor país del mundo en la gestión de esta pandemia.
Crónica de un exilio anunciado
La debacle de Don Juan Carlos comenzó en 2012, cuando aún ocupaba el trono. Mientras que España vivía una crisis económica sin precedentes, se fue con su amante, la alemana Corinna Larsen, a cazar elefantes a Botsuana. Esos lujos en medio de la crisis, combinados con el encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarin por fraude, comenzaron a erosionar su popularidad y tuvo que abdicar a favor de su hijo en 2014.
El escándalo que acabó con su reputación, sin embargo, llegó con las supuestas comisiones descubiertas en cuentas extranjeras, en las cuales habrían aparecido depósitos superiores a 100 millones de dólares hechos por la realeza saudí. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una operación de lavado de dinero o de un soborno, ya que por esos días Arabia había elegido a una UTE de empresas españolas para construir el AVE a La Meca.
La cosa se complicó cuando se supo que 65 millones de euros de esa cuenta habían terminado en un paraíso fiscal a nombre de Corinna Larsen, su amante. Una transferencia clandestina de ese monto produjo la indignación nacional. Ella justificó ese ingreso a sus cuentas como un regalo de Juan Carlos. No obstante, luego se filtró que el rey esperaba que le devolviera ese dinero y que ella se habría negado. La despechada Corinna le contó a la Justicia que el rey cobraba comisiones usándola a ella como testaferro. Pero agregó que el regalo obedeció, en parte, a que él tenía la esperanza de recuperarlo después de terminado el noviazgo.
El escándalo también salpicó al rey Felipe VI, quien aparecía como beneficiario de la cuenta. Pero el actual monarca se apresuró a explicar que nunca supo nada del tema y que, apenas se enteró de que su nombre aparecía, le pidió a su padre dejar sin efecto esa designación. También anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró el sueldo como rey emérito.
Con las revelaciones de la amante despechada, el episodio se convirtió en una tragedia. Juan Carlos, después de abdicar perdió su inmunidad, y, de probar los cargos, los jueces podrían enjuiciarlo. Los partidos de la oposición, además, quieren que la justicia trabaje con rigor en su caso. Al rey Felipe no le ha quedado otra que desterrar a su propio padre.
Encuesta sobre la Monarquía
La Monarquía Parlamentaria sigue siendo el modelo de Estado preferido por los españoles, según la encuesta realizada esta semana por GAD3 para ABC. Algunos resultados sobre esta encuesta son:
* El 56,3% de los encuestados considera que la actual Monarquía Parlamentaria es el modelo de Estado preferible para España. El 33,5% preferiría la República.
* El 51,3% vería negativo que se sometiera a consulta (referéndum) la sustitución de la Monarquía Parlmentaria por la República.
* Una gran mayoría de españoles descalifica la actuación de los partidos políticos en relación con la crisis institucional. El 66,5% califica de "mala" la actuación de Podemos. Un 38,5% califican con un mal las presiones del PSOE al Rey para que tomara más medidas de alejamiento contra su padre.
* El 67,7% considera que el modelo republicano no evitaría la corrupción política.
Manifiesto de apoyo a Juan Carlos I
Más de 60 ex-ministros, ex-presidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos de PP, PSOE y UCD han suscrito un manifiesto de apoyo al Rey Juan Carlos I, defendiendo su presunción de inocencia (uno de los pilares básicos del Estado de Derecho) y recordando su legado en estos más de 40 años de democracia, la «etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea».
Los firmantes ensalzan «la bien llamada Transición», destacando la aprobación de la Constitución de 1978, y defienden la Monarquía parlamentaria que se recoge en la Carta Magna.
Por todo ello, llaman a partidos y organizaciones políticas a que «defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta años de historia común».
El manifiesto, de fecha 19 de agosto, está dirigido a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, y está abierto a cuantos quieran adherirse al mismo en pro de la convivencia basada en el respeto mutuo y la libertad.
¿Y qué dice el Gobierno de Sánchez? Rechaza el manifiesto. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha subrayado la "importancia" de separar la figura histórica del monarca emérito de la acción de la justicia. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que "nadie está por encima de la ley".
Llama la atención que no secunden la presunción de inocencia de D. Juan Carlos, y sin embargo, sí lo hagan en el caso del vicepresidente Iglesias, cuando él y su partido SÍ acaban de ser imputados por corrupción (entre otros múltiples delitos).