La mezcla de incompetencia y demagogia que caracteriza al Gobierno de España se escenifica también en la crisis migratoria en Canarias, convertida en el Lesbos español (la isla griega donde quedaron varados numerosos migrantes procedentes de Turquía durante la crisis migratoria de 2015). En lo que va de año, 16.760 migrantes han llegado a Canarias en patera o cayuco, un 1.019% más que en 2019.
La situación del muelle de Arguineguín, donde a diario llegan decenas de cayucos repletos de inmigrantes ilegales, es una tragedia humanitaria, un problema político y sobre todo, de imagen internacional de nuestro país. A ello se une la destrucción del sector turístico en el archipiélago, su principal recurso económico. ¿Quién iría de vacaciones a Lesbos?
El Ejecutivo no es capaz de hacer lo que preconizaba desde la oposición, cuando denunciaba "las devoluciones en caliente", acusaba de todos los males al equipo de Rajoy, y parecía defender una política de puertas abiertas resumida en la acogida del barco Aquarius al poco de llegar Sánchez a Moncloa mediante la moción de censura.
Pero es que tampoco es capaz de hacer lo contrario, aplicando sin tapujos las leyes que repudiaba, y que el Constitucional y Europa han reafirmado para evitar invasiones que desbordan la capacidad real de acogida en las condiciones de dignidad que todo ser humano merece.
Al contrario, Sánchez ha conseguido hacer mal todo lo que podía hacerse mal a la vez: provoca un efecto llamada con su populismo en este asunto; no evita la acción mafiosa de redes y extorsionadora de Gobiernos como el de Marruecos con los cayucos; hacina en condiciones inhumanas a miles de inmigrantes; desborda y amenaza sanitariamente a un pequeño pueblo como Arguineguín y, por último, genera un conflicto diplomático con Rabat gracias a la defensa de Iglesias de la autodeterminación del Sáhara.
Es imposible hacerlo peor y demostrar que tantos Ministerios solo sirven para engordar el gasto público y atender las cuotas de poder reclamada por los socios del PSOE y sus facciones internas. Allí están fracasando Interior, Exteriores, Defensa, Inclusión y hasta Asuntos Sociales. Y de manera estrepitosa.
En lo que va de 2020 hasta el 15 de noviembre, han llegado a España 33.946 personas, alrededor del 57% de todas las llegadas irregulares a la UE; y algo menos de la mitad de esas llegadas han sido a Canarias, y más del 60% son magrebíes.
El campamento de migrantes en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se ha convertido en el símbolo de la pésima gestión del Gobierno al aumento de las entradas de pateras a Canarias. Los recién llegados, exhaustos después de haber transitado una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa, son alojados en el llamado "campamento de la vergüenza". Sus carpas no son suficientes para resguardarlos a todos. No hay condiciones, no hay camas, duermen en el suelo sin techo, sin nada.
Las personas están en condiciones de detención, teóricamente, un máximo de 72 horas y luego pasan al sistema de acogida, pero la realidad es que llegan y se quedan ahí.
Desde mayo, el muelle empezó a convertirse en una bomba de relojería. Poco a poco fue creciendo el tiempo que los migrantes pasaban allí después de días de travesía sin ni siquiera poder ducharse. Este campamento que, decían, era "de emergencia" cumple 4 meses operativo a pesar de los anuncios de su inminente cierre. La falta de previsión, la descoordinación entre ministerios y las reticencias de Interior a trasladar a inmigrantes a la península, sumado a una crisis sanitaria que lo dificulta todo, ha desencadenado en una crisis de acogida de la que las ONG y autoridades locales llevaban meses advirtiendo.
A principios de noviembre, el ministro del Interior se comprometió a desmantelar el "puerto de la vergüenza". La alternativa del Gobierno para sustituir el campamento de Arguineguín es la creación un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Barranco Seco. De momento, ese centro es en realidad un campamento militar formado por 23 tiendas levantadas sobre tierra sin asfaltar gestionado por el Ministerio del Interior, ocupado hasta el momento por 400 inmigrantes. Según Defensa, su capacidad es de 900 personas, aunque Interior lo estira hasta las 1.000 plazas (menos de la mitad del número de migrantes que ha llegado a alojar Arguineguín).
Desde Interior explican que la tardanza en el cierre del campo de migrantes de Arguineguín se debe al "trabajo logístico" que requiere la habilitación del nuevo CATE. La negativa de Interior a trasladar a la península a un número suficiente de migrantes para descongestionar las islas desencadena una situación de colapso constante de las infraestructuras de primera recepción y acogida. Para el Ministerio, aligerar la salida de Canarias generaría un efecto llamada, sin embargo, a pesar de su política las cifras de llegadas no dejan de crecer.
En el otro extremo de la Isla, almacén en el Puerto de Las Palmas también ha sido habilitado para la reseña policial. En este momento, 78 migrantes ocupan el establecimiento, que también ha sido bautizado como la "nave de la vergüenza".
La presión por parte de las administraciones canarias hacia el Ejecutivo central ha llegado al culmen tras la expulsión por parte de la Policía Nacional de 227 inmigrantes magrebíes del muelle, abandonándolos a su suerte, que estuvieron vagando todo el día por las calles sin tener a dónde ir, ante la incredulidad de los vecinos de la isla. El plan de Interior para descongestionar el muelle era ese: liberar a 200 personas cada día. Pero ¿a dónde? Finalmente el Ministerio de Migraciones ha ordenado su traslado a complejos hoteleros de la isla (ya hay 5.500 de estos inmigrantes ilegales alojados en 17 hoteles "de forma provisional").
La situación es insostenible, no puede garantizarse la seguridad en las calles. Negar que la situación está fuera de control es negar la evidencia. La imagen de más de 2.300 inmigrantes ilegales hacinados en el puerto de Arguineguín simboliza el estropicio de los discursos infantiles, maniqueos y demagógicos de un tipo de política que solo sabe gestionar emociones pero se estrella con las realidades.
Pedro Sánchez ha decidido que los inmigrantes no pasen de Canarias y que el archipiélago sea un muro de contención de la inmigración irregular. Mientras, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha instado al Gobierno de España a impulsar las derivaciones a otras comunidades autónomas.
La diputada de Coalición Canaria, Ana María Oramas, ha espetado en el Congreso: "No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo, no hay comida, ¿somos España, somos Europa, o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", en alusión a las cesiones de Bildu a cambio de su apoyo en los presupuestos.
Aunque en los telediarios solo muestren Arguineguín, la crisis migratoria también afecta a otras costas españolas: Almería, Murcia, Cádiz, Ceuta y Melilla...
Lo cierto es que el gobierno de Sánchez ni acoge, porque no hay medios; ni expulsa, en las condiciones de decencia elementales; ni evita la llegada, porque carece de criterio, interlocución, medios o todo ello a la vez. Y aunque Europa es desde luego responsable del control compartido de las fronteras, fue Sánchez quien quiso aleccionar a la Unión sobre cómo debería gestionarse este complejo asunto donde se mezclan razones humanitarias con capacidades económicas, jurídicas y sociales.
La crisis migratoria que azota a las islas se debe a dos factores: la crisis económica en Marruecos, y una situación de tensión política, donde España y su Gobierno deberían tener una posición neutral y no instigar el conflicto. La posición diplomática del Gobierno español es muy delicada. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores apoya el alto el fuego en el Sahara Occidental y ha instado a las partes a "retomar el proceso negociador y avanzar hacia una solución política, justa, duradera y mutuamente", el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, exige abiertamente el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en cumplimiento del mandato de la ONU.
[Actualización 17 febrero 2021: Marruecos señala a Pablo Iglesias como el "origen de la crisis" de la relación que mantiene con España. Podemos es visto como un enemigo en Marruecos desde hace tiempo, y Rabat no perdona que desde el partido morado se lancen descalificativos contra Mohamed VI como "sátrapa" o "tirano". Además, les resulta incomprensible la actitud de España que, "si bien reprime severamente cualquier deseo de independencia en Cataluña, una comunidad de 7,5 millones de habitantes, sigue apoyando, entre bastidores, la autodeterminación de algunos miles de separatistas del Frente Polisario". ]
Marruecos está explotando esta debilidad. El Gobierno marroquí tiene la llave para abrir las compuertas de una inmigración descontrolada hacia Canarias y el territorio peninsular si considera que España ataca su soberanía por la cuestión saharaui.
Muchos han pedido la dimisión del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su incompetencia y deficiente gestión (más bien inexistente) en política migratoria. Éste se defiende aludiendo a las dificultades de las repatriaciones a los países de origen en los últimos meses debido al cierre de fronteras por el Covid-19. El presidente canario ha reclamado actuaciones "inmediatas" en los países de origen, algo que va a tratar de lograr Marlaska reuniéndose con su homólogo marroquí el viernes 20 de noviembre.
¿Lo consiguió? Solo momentáneamente, durante el fin de semana. En vísperas de la llegada de Marlaska a Rabat se produjo un notable descenso. Durante su visita y a lo largo del día siguiente no hubo ninguna embarcación que se aproximase a las costas del archipiélago canario. Sin embargo, a partir del domingo 22 de noviembre cambiaron las tornas y comenzaron a llegar pateras de nuevo.
Se da la circunstancia de que el norte de Lanzarote es el territorio más próximo a Marruecos, y las corrientes marinas facilitan el paso de embarcaciones hacia otras islas del archipiélago. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy compró en 2015 un radar para que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) cubriese el norte de Lanzarote. Pues bien, dicho radar, que costó 6 millones de euros, sigue empaquetado en un almacén del cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Teguise, a la espera de su instalación. ¿El motivo? Que el Ministerio del Interior no ha sido capaz en 5 años de cerrar el acuerdo de expropiación con los propietarios del solar donde debe ser instalado.
La situación del muelle de Arguineguín, donde a diario llegan decenas de cayucos repletos de inmigrantes ilegales, es una tragedia humanitaria, un problema político y sobre todo, de imagen internacional de nuestro país. A ello se une la destrucción del sector turístico en el archipiélago, su principal recurso económico. ¿Quién iría de vacaciones a Lesbos?
El Ejecutivo no es capaz de hacer lo que preconizaba desde la oposición, cuando denunciaba "las devoluciones en caliente", acusaba de todos los males al equipo de Rajoy, y parecía defender una política de puertas abiertas resumida en la acogida del barco Aquarius al poco de llegar Sánchez a Moncloa mediante la moción de censura.
Pero es que tampoco es capaz de hacer lo contrario, aplicando sin tapujos las leyes que repudiaba, y que el Constitucional y Europa han reafirmado para evitar invasiones que desbordan la capacidad real de acogida en las condiciones de dignidad que todo ser humano merece.
Al contrario, Sánchez ha conseguido hacer mal todo lo que podía hacerse mal a la vez: provoca un efecto llamada con su populismo en este asunto; no evita la acción mafiosa de redes y extorsionadora de Gobiernos como el de Marruecos con los cayucos; hacina en condiciones inhumanas a miles de inmigrantes; desborda y amenaza sanitariamente a un pequeño pueblo como Arguineguín y, por último, genera un conflicto diplomático con Rabat gracias a la defensa de Iglesias de la autodeterminación del Sáhara.
Es imposible hacerlo peor y demostrar que tantos Ministerios solo sirven para engordar el gasto público y atender las cuotas de poder reclamada por los socios del PSOE y sus facciones internas. Allí están fracasando Interior, Exteriores, Defensa, Inclusión y hasta Asuntos Sociales. Y de manera estrepitosa.
En lo que va de 2020 hasta el 15 de noviembre, han llegado a España 33.946 personas, alrededor del 57% de todas las llegadas irregulares a la UE; y algo menos de la mitad de esas llegadas han sido a Canarias, y más del 60% son magrebíes.
El campamento de migrantes en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se ha convertido en el símbolo de la pésima gestión del Gobierno al aumento de las entradas de pateras a Canarias. Los recién llegados, exhaustos después de haber transitado una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa, son alojados en el llamado "campamento de la vergüenza". Sus carpas no son suficientes para resguardarlos a todos. No hay condiciones, no hay camas, duermen en el suelo sin techo, sin nada.
Las personas están en condiciones de detención, teóricamente, un máximo de 72 horas y luego pasan al sistema de acogida, pero la realidad es que llegan y se quedan ahí.
Desde mayo, el muelle empezó a convertirse en una bomba de relojería. Poco a poco fue creciendo el tiempo que los migrantes pasaban allí después de días de travesía sin ni siquiera poder ducharse. Este campamento que, decían, era "de emergencia" cumple 4 meses operativo a pesar de los anuncios de su inminente cierre. La falta de previsión, la descoordinación entre ministerios y las reticencias de Interior a trasladar a inmigrantes a la península, sumado a una crisis sanitaria que lo dificulta todo, ha desencadenado en una crisis de acogida de la que las ONG y autoridades locales llevaban meses advirtiendo.
A principios de noviembre, el ministro del Interior se comprometió a desmantelar el "puerto de la vergüenza". La alternativa del Gobierno para sustituir el campamento de Arguineguín es la creación un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Barranco Seco. De momento, ese centro es en realidad un campamento militar formado por 23 tiendas levantadas sobre tierra sin asfaltar gestionado por el Ministerio del Interior, ocupado hasta el momento por 400 inmigrantes. Según Defensa, su capacidad es de 900 personas, aunque Interior lo estira hasta las 1.000 plazas (menos de la mitad del número de migrantes que ha llegado a alojar Arguineguín).
Desde Interior explican que la tardanza en el cierre del campo de migrantes de Arguineguín se debe al "trabajo logístico" que requiere la habilitación del nuevo CATE. La negativa de Interior a trasladar a la península a un número suficiente de migrantes para descongestionar las islas desencadena una situación de colapso constante de las infraestructuras de primera recepción y acogida. Para el Ministerio, aligerar la salida de Canarias generaría un efecto llamada, sin embargo, a pesar de su política las cifras de llegadas no dejan de crecer.
En el otro extremo de la Isla, almacén en el Puerto de Las Palmas también ha sido habilitado para la reseña policial. En este momento, 78 migrantes ocupan el establecimiento, que también ha sido bautizado como la "nave de la vergüenza".
La presión por parte de las administraciones canarias hacia el Ejecutivo central ha llegado al culmen tras la expulsión por parte de la Policía Nacional de 227 inmigrantes magrebíes del muelle, abandonándolos a su suerte, que estuvieron vagando todo el día por las calles sin tener a dónde ir, ante la incredulidad de los vecinos de la isla. El plan de Interior para descongestionar el muelle era ese: liberar a 200 personas cada día. Pero ¿a dónde? Finalmente el Ministerio de Migraciones ha ordenado su traslado a complejos hoteleros de la isla (ya hay 5.500 de estos inmigrantes ilegales alojados en 17 hoteles "de forma provisional").
La situación es insostenible, no puede garantizarse la seguridad en las calles. Negar que la situación está fuera de control es negar la evidencia. La imagen de más de 2.300 inmigrantes ilegales hacinados en el puerto de Arguineguín simboliza el estropicio de los discursos infantiles, maniqueos y demagógicos de un tipo de política que solo sabe gestionar emociones pero se estrella con las realidades.
Pedro Sánchez ha decidido que los inmigrantes no pasen de Canarias y que el archipiélago sea un muro de contención de la inmigración irregular. Mientras, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha instado al Gobierno de España a impulsar las derivaciones a otras comunidades autónomas.
La diputada de Coalición Canaria, Ana María Oramas, ha espetado en el Congreso: "No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo, no hay comida, ¿somos España, somos Europa, o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", en alusión a las cesiones de Bildu a cambio de su apoyo en los presupuestos.
Aunque en los telediarios solo muestren Arguineguín, la crisis migratoria también afecta a otras costas españolas: Almería, Murcia, Cádiz, Ceuta y Melilla...
Lo cierto es que el gobierno de Sánchez ni acoge, porque no hay medios; ni expulsa, en las condiciones de decencia elementales; ni evita la llegada, porque carece de criterio, interlocución, medios o todo ello a la vez. Y aunque Europa es desde luego responsable del control compartido de las fronteras, fue Sánchez quien quiso aleccionar a la Unión sobre cómo debería gestionarse este complejo asunto donde se mezclan razones humanitarias con capacidades económicas, jurídicas y sociales.
La crisis migratoria que azota a las islas se debe a dos factores: la crisis económica en Marruecos, y una situación de tensión política, donde España y su Gobierno deberían tener una posición neutral y no instigar el conflicto. La posición diplomática del Gobierno español es muy delicada. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores apoya el alto el fuego en el Sahara Occidental y ha instado a las partes a "retomar el proceso negociador y avanzar hacia una solución política, justa, duradera y mutuamente", el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, exige abiertamente el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en cumplimiento del mandato de la ONU.
[Actualización 17 febrero 2021: Marruecos señala a Pablo Iglesias como el "origen de la crisis" de la relación que mantiene con España. Podemos es visto como un enemigo en Marruecos desde hace tiempo, y Rabat no perdona que desde el partido morado se lancen descalificativos contra Mohamed VI como "sátrapa" o "tirano". Además, les resulta incomprensible la actitud de España que, "si bien reprime severamente cualquier deseo de independencia en Cataluña, una comunidad de 7,5 millones de habitantes, sigue apoyando, entre bastidores, la autodeterminación de algunos miles de separatistas del Frente Polisario". ]
Marruecos está explotando esta debilidad. El Gobierno marroquí tiene la llave para abrir las compuertas de una inmigración descontrolada hacia Canarias y el territorio peninsular si considera que España ataca su soberanía por la cuestión saharaui.
Muchos han pedido la dimisión del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su incompetencia y deficiente gestión (más bien inexistente) en política migratoria. Éste se defiende aludiendo a las dificultades de las repatriaciones a los países de origen en los últimos meses debido al cierre de fronteras por el Covid-19. El presidente canario ha reclamado actuaciones "inmediatas" en los países de origen, algo que va a tratar de lograr Marlaska reuniéndose con su homólogo marroquí el viernes 20 de noviembre.
¿Lo consiguió? Solo momentáneamente, durante el fin de semana. En vísperas de la llegada de Marlaska a Rabat se produjo un notable descenso. Durante su visita y a lo largo del día siguiente no hubo ninguna embarcación que se aproximase a las costas del archipiélago canario. Sin embargo, a partir del domingo 22 de noviembre cambiaron las tornas y comenzaron a llegar pateras de nuevo.
Se da la circunstancia de que el norte de Lanzarote es el territorio más próximo a Marruecos, y las corrientes marinas facilitan el paso de embarcaciones hacia otras islas del archipiélago. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy compró en 2015 un radar para que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) cubriese el norte de Lanzarote. Pues bien, dicho radar, que costó 6 millones de euros, sigue empaquetado en un almacén del cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Teguise, a la espera de su instalación. ¿El motivo? Que el Ministerio del Interior no ha sido capaz en 5 años de cerrar el acuerdo de expropiación con los propietarios del solar donde debe ser instalado.