La pandemia del coronavirus no solo ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial, confinando al libre mercado y dando rienda suelta a las tentaciones proteccionistas. Las derivas colectivistas del Gobierno socialcomunista van creciendo a medida que se eterniza el estado de alarma decretado el 14 de marzo, caminando hacia una España bolivariana.
Sánchez e Iglesias, con la excusa del coronavirus, han conseguido secuestrar a una nación con un estado de alarma inconstitucional, dominar los resortes de la soberanía popular con el cierre casi total del Parlamento, poner a sus milicias callejeras frente a los pacíficos manifestantes para amedrentarlos mientras la policía les censura las redes sociales, han instaurado la “paguita” a modo de cartilla de racionamiento para premiar a los mansos y afines, pretenden la paralización de la justicia, la mordaza a la prensa y a la oposición, el control de los movimientos de los ciudadanos por medio de sus terminales móviles, la expropiación de materias primas, y ahora la confiscación del superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales (que alcanzó los 5.000 millones de euros).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en el Congreso de los Diputados ha exigido que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 al gran pacto por la reconstrucción. Tras esta amenaza no se esconde más que el corralito a los ayuntamientos para evitar que devuelvan ese dinero a las entidades financieras para rebajar anticipadamente la deuda contraída (en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria), o utilicen ese dinero en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos afectados por la incompetencia de este gobierno.
La ministra quiere expropiar ese dinero para poderlo destinar a la implantación en la sociedad española de la agenda ideológica marxista y populista de Iglesias, ya que cuando Sánchez solicite el rescate de España por parte de sus socios europeos, éstos no le van a prestar fondos sin poner duras condiciones y solamente podrá destinarlos para cubrir necesidades tasadas y con reformas muy austeras que no le van a permitir desviarlo para gastos improductivos.
Pero la cosa va más allá. Montero criticó la idea de que «el dinero de cada uno es de cada uno» y remató diciendo «ésto no es tan simple como decir que cada parte use sus recursos y la que no los tenga se busque la vida». ¿Se abre, pues, la puerta a las expropiaciones de los ahorros de los españoles que obran guardados en los bancos? Ahora la ministra de Hacienda proclama en el congreso de los diputados que los remanentes municipales no deben ser llamados 'ahorros', porque no se han logrado de forma «voluntaria», sino por la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto.
Por su parte, el vicepresidente Iglesias, con el silencio cómplice de Sánchez, ha desatado el nerviosismo de los españoles al mencionar (el 29 de marzo) en su cuenta de Twitter el artículo 128 de la Constitución Española. Desde entonces, ha citado varias veces este artículo, incluso en el Congreso. El precepto constitucional establece en su primer punto que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y el segundo que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
Pero los sueños de nacionalización de Iglesias chocan de lleno con los principios de la UE. El Tratado Fundacional europeo blinda el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa y, aunque sí abre la puerta a que por causa de utilidad pública se pueda privar a los ciudadanos de su propiedad, "el uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general" y siempre tras pagar una indemnización.
Por otro lado, el artículo 128 de la Constitución no puede interpretarse de forma contradictoria con otros preceptos constitucionales. ¿Acaso no sabe Iglesias que dicho artículo está subordinado al artículo 38 de la Carta Magna? Éste reza lo siguiente: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Quizás Iglesias ignora también que el artículo 33, y especialmente el apartado 3, exige que para privar a un ciudadano de sus bienes y derechos tiene que haber causa justificada de utilidad pública y una indemnización (en ningún caso tendrá carácter confiscatorio).
La defensa del empleo del artículo 128 de la Constitución para nacionalizar empresas y sectores que hizo el vicepresidente ha levantado fuertes críticas entre los numerosos jueces, magistrados y catedráticos y profesores de Derecho Constitucional, que lo acusan de querer bolivarizar la economía, de tergiversar la Constitución y de lanzar proclamas propagandísticas sin fundamento legal alguno.
Desde que comenzó la crisis sanitaria causada por la epidemia, Iglesias viene librando una batalla por secuestrar la economía de mercado en contra de la seguridad jurídica y con la vista en Estados que, como Venezuela, han demostrado ser fallidos bajo esas políticas.
El artículo 128 de la Constitución se está convirtiendo en el caballo de Troya de Unidas Podemos en plena crisis del coronavirus para intentar desplegar sus políticas confiscatorias y boliviarianas. Su mujer y ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que han aprendido a apelar a ella "para apostar por los derechos sociales, por el derecho a la vivienda, a la alimentación, defender que la riqueza del país está al servicio del interés general, que importa más lo común que los intereses particulares de unos pocos, que siempre deben estar supeditados al interés común, que no se puede cortar los suministros...".
Tanto la frase de Iglesias como las de las ministras Montero avalan, la toma de los ahorros de los ayuntamientos por el ejecutivo y un futuro corralito bancario para crear una Banca Pública. La irresponsabilidad de un personaje que premedita todo lo que dice, como Iglesias, y la de una ministra iletrada, va a llevar a los españoles a tener la tentación, de momento, de sacar todo su dinero de los bancos. Ya está pasando. Las propuestas del Gobierno para mitigar sus efectos en la economía están provocando la salida de España de miles de ahorradores. Los destinos predilectos son Luxemburgo y Suiza. Según los últimos datos de la Balanza de Pagos del Banco de España, España perdió 22.000 millones en depósitos sólo durante el pasado mes de marzo.
El objetivo de la fuga de capitales no es la ocultación de los fondos sino tratar de asegurar una parte de sus ahorros en países que ofrezcan garantías, debido al pánico que despierta la posibilidad de que el Gobierno socialcomunista decrete una confiscación de depósitos bancarios para hacer frente al agujero que está ocasionando el Covid-19 en las cuentas públicas.
La pretensión totalitaria (y antidemocrática) de Iglesias de nacionalizar empresas y socializar ahorros con la excusa del coronavirus choca con el marco europeo en el que España está inserta -un entorno, el de la UE, de defensa de la libertad de empresa y la economía de mercado- y, por mucho que Iglesias haga valer un artículo de la Constitución, supone una interpretación extensiva del mismo que contravendría los pilares de la propia Carta Magna.
Pero OJO! La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos del Covid-19, abriendo la puerta a las nacionalizaciones generalizadas de empresas estratégicas europeas que se encuentren en apuros, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas al alquiler que contempla poner viviendas públicas o privadas cedidas a disposición de las víctimas de violencia de género y de personas desahuciadas, en el que abre la puerta a la ocupación de las segundas residencias y viviendas vacías. Ésta era, precisamente, una de las medidas 'estrella' del programa electoral de Podemos: la creación de un contrato "indefinido" de alquiler y la cesión obligatoria de las viviendas vacías para crear un parque público de alquiler de 50.000 viviendas, y al mismo tiempo intervenir los precios para "impedir subidas abusivas".
Esta normativa incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada, por lo que parece que el Gobierno está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el del derecho a la propiedad privada. Esto es, a todas luces, inconstitucional.
Pero además, esta norma impone un distinto nivel de protección en función del número de viviendas que tenga el propietario, y según los juristas cargar a los fondos de inversión o a personas con un determinado número de viviendas alquiladas con obligaciones diferentes a las que tienen los pequeños propietarios, que consisten en la obligación de ofrecer una quita o una larga financiación sin intereses, es una expropiación encubierta de las rentas o de sus frutos sin la correspondiente indemnización estatal, lo que además de ser inconstitucional supone una colectivización del capital propio de regímenes bananeros y comunistas.
El colmo del populismo es ya que los okupas de viviendas ajenas pueden darse de alta en el padrón municipal para poder acceder a las ventajas que esta situación les puede reportar, como las ayudas del Covid-19, incluida la renta mínima.
Tales afirmaciones han causado el revuelo de los españoles indefensos en sus viviendas, que están viendo como el “Dúo del coronavirus” (Sánchez e Iglesias) podía barrer sus ahorros y/o sus viviendas, confiscándolos, aplicando un artículo de la Constitución sacado de contexto.
Pero, por mucho que la emergencia sanitaria haya sumido a España y a medio mundo en una de las mayores crisis económicas y sociales, el líder de Podemos no lo tiene tan fácil para nacionalizar los ahorros y las casas de los ciudadanos, así como las empresas. Las intenciones de Iglesias, que ya trató de incluir la nacionalización de eléctricas y medios de comunicación en el Real Decreto de estado de alarma, choca con la propia Constitución y la interpretación del artículo.
Todas estas actitudes son propias de estados fallidos, como Venezuela o Cuba, y no se corresponde con las prácticas admitidas en los países democráticos y de economía de mercado, que pueden conseguir fines sociales sin destruir el tejido productivo privado, sino apoyándose en él.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, dice literalmente en su artículo 13 que el Ministro de Sanidad podrá "practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria...". Aunque en el estado de alarma, la intervención del poder político puede activarse de forma extraordinaria, ésto no implica que el Ejecutivo pueda privar el ejercicio de derechos, solo restringirlo. Y en todo caso, de una forma proporcionada y temporal.
Además, en el artículo 53 de la Constitución, se comprueba que la libertad de empresa sí es un derecho fundamental cuyo contenido esencial no puede conculcarse por disposición legal alguna (mucho menos con un decreto).
Obligar al cierre de las empresas (como se decretaba en el estado de alarma) en base al interés general (frenar la pandemia), discriminando unas de otras por la actividad que ejercen, sin la compensación correspondiente al daño causado o sin asumir los costes directos de tales cierres, no solo es distorsionar el mercado, sino que constituye una vía de hacer soportar a particulares y empresas los daños que el propio Estado les provoca sin indemnización.
Asimismo, la prohibición de realizar despidos, obligando a pagar salarios independientemente de la actividad o a utilizar fórmulas jurídicas inapropiadas para la situación creada, como puede ser el ERTE, no hace sino retrasar los acontecimientos sin solucionar el problema de fondo, conduciendo a las empresas afectadas a situaciones de crisis y dejando a los trabajadores desprotegidos. En el fondo, se ha cargado a empresas y particulares con las obligaciones propias del Estado.
Los postulados de Podemos se interpretan como hostilidad hacia las empresas, lo que no puede tener otro fin que destruirlas para empobrecer a la población, de modo que cada vez más individuos pasen a depender de posibles ayudas estatales, ya sean estas rentas mínimas o cualesquiera otras, y así propiciar un control social que perpetúe a la izquierda más radical en el poder.
Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el BNG, la CUP y JxCat han presentado el 26 de junio una iniciativa conjunta en el Congreso para reclamar la regularización de todos los inmigrantes ilegales (sin papeles) que se encuentran en España. La proposición no de ley consta de 13 puntos, algunos de los cuales son:
* Establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y de trabajo inicial con criterios especiales y simplificando para su renovación.
* Facilitar la concesión de permisos temporales de trabajo por un tiempo de cinco años, así como su posterior renovación para su residencia legal en España.
* Derecho de asilo: agilizar los trámites y conceder un permiso de trabajo y de residencia desde el mismo momento en el que se inician los papeleos.
* Flexibilizar la tramitación de la reunificación familiar, para que aquellos que viven legalmente en España puedan traer a sus familiares más cercanos.
* Respecto a los menores de edad que estén entre 16 y 18 años, se pide que además de asegurar su residencia se les otorgue automáticamente permiso de trabajo para facilitar que puedan acceder a un empleo. Lo mismo para otros menores que hayan salido de la tutela de la administración en los centros de acogida.
* Poner fin a las devoluciones "en caliente" en Ceuta y Melilla y trasladar urgentemente a la Península a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal de ambas ciudades autónomas y de Canarias. El tiempo máximo de estancia en este tipo de centros debe ser, según proponen, de 15 días.
Se ha conjugado la alianza perfecta entre el Camarada Falcon y el Marqués de Galapagar, uno por ser el títere de cualquier ideología a costa de llegar al poder y el otro por pertenecer a un partido financiado por el narco-régimen venezolano. El objetivo es hacernos creer que la riqueza hay que repartirla y no crearla, donde el Estado será el primer propietario, el primer y único empleador y principal prestamista. Blanco y en botella...
Al igual que la famosa novela “Las Cincuenta sombras de Grey” el programa económico de la extrema izquierda contiene los dos ingredientes que hacen que la relación de los dos personajes de la película sea destructiva: la atracción y la sumisión. En el caso del programa de Podemos: la atracción de la protección estatal y la entrega de la libertad personal en manos de los autoproclamados líderes la sociedad (Iglesias y su casta).
¡Exprópiese!
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en el Congreso de los Diputados ha exigido que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 al gran pacto por la reconstrucción. Tras esta amenaza no se esconde más que el corralito a los ayuntamientos para evitar que devuelvan ese dinero a las entidades financieras para rebajar anticipadamente la deuda contraída (en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria), o utilicen ese dinero en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos afectados por la incompetencia de este gobierno.
La ministra quiere expropiar ese dinero para poderlo destinar a la implantación en la sociedad española de la agenda ideológica marxista y populista de Iglesias, ya que cuando Sánchez solicite el rescate de España por parte de sus socios europeos, éstos no le van a prestar fondos sin poner duras condiciones y solamente podrá destinarlos para cubrir necesidades tasadas y con reformas muy austeras que no le van a permitir desviarlo para gastos improductivos.
Pero la cosa va más allá. Montero criticó la idea de que «el dinero de cada uno es de cada uno» y remató diciendo «ésto no es tan simple como decir que cada parte use sus recursos y la que no los tenga se busque la vida». ¿Se abre, pues, la puerta a las expropiaciones de los ahorros de los españoles que obran guardados en los bancos? Ahora la ministra de Hacienda proclama en el congreso de los diputados que los remanentes municipales no deben ser llamados 'ahorros', porque no se han logrado de forma «voluntaria», sino por la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto.
Por su parte, el vicepresidente Iglesias, con el silencio cómplice de Sánchez, ha desatado el nerviosismo de los españoles al mencionar (el 29 de marzo) en su cuenta de Twitter el artículo 128 de la Constitución Española. Desde entonces, ha citado varias veces este artículo, incluso en el Congreso. El precepto constitucional establece en su primer punto que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y el segundo que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
Pero los sueños de nacionalización de Iglesias chocan de lleno con los principios de la UE. El Tratado Fundacional europeo blinda el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa y, aunque sí abre la puerta a que por causa de utilidad pública se pueda privar a los ciudadanos de su propiedad, "el uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general" y siempre tras pagar una indemnización.
Por otro lado, el artículo 128 de la Constitución no puede interpretarse de forma contradictoria con otros preceptos constitucionales. ¿Acaso no sabe Iglesias que dicho artículo está subordinado al artículo 38 de la Carta Magna? Éste reza lo siguiente: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Quizás Iglesias ignora también que el artículo 33, y especialmente el apartado 3, exige que para privar a un ciudadano de sus bienes y derechos tiene que haber causa justificada de utilidad pública y una indemnización (en ningún caso tendrá carácter confiscatorio).
La defensa del empleo del artículo 128 de la Constitución para nacionalizar empresas y sectores que hizo el vicepresidente ha levantado fuertes críticas entre los numerosos jueces, magistrados y catedráticos y profesores de Derecho Constitucional, que lo acusan de querer bolivarizar la economía, de tergiversar la Constitución y de lanzar proclamas propagandísticas sin fundamento legal alguno.
Desde que comenzó la crisis sanitaria causada por la epidemia, Iglesias viene librando una batalla por secuestrar la economía de mercado en contra de la seguridad jurídica y con la vista en Estados que, como Venezuela, han demostrado ser fallidos bajo esas políticas.
El artículo 128 de la Constitución se está convirtiendo en el caballo de Troya de Unidas Podemos en plena crisis del coronavirus para intentar desplegar sus políticas confiscatorias y boliviarianas. Su mujer y ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que han aprendido a apelar a ella "para apostar por los derechos sociales, por el derecho a la vivienda, a la alimentación, defender que la riqueza del país está al servicio del interés general, que importa más lo común que los intereses particulares de unos pocos, que siempre deben estar supeditados al interés común, que no se puede cortar los suministros...".
Tanto la frase de Iglesias como las de las ministras Montero avalan, la toma de los ahorros de los ayuntamientos por el ejecutivo y un futuro corralito bancario para crear una Banca Pública. La irresponsabilidad de un personaje que premedita todo lo que dice, como Iglesias, y la de una ministra iletrada, va a llevar a los españoles a tener la tentación, de momento, de sacar todo su dinero de los bancos. Ya está pasando. Las propuestas del Gobierno para mitigar sus efectos en la economía están provocando la salida de España de miles de ahorradores. Los destinos predilectos son Luxemburgo y Suiza. Según los últimos datos de la Balanza de Pagos del Banco de España, España perdió 22.000 millones en depósitos sólo durante el pasado mes de marzo.
El objetivo de la fuga de capitales no es la ocultación de los fondos sino tratar de asegurar una parte de sus ahorros en países que ofrezcan garantías, debido al pánico que despierta la posibilidad de que el Gobierno socialcomunista decrete una confiscación de depósitos bancarios para hacer frente al agujero que está ocasionando el Covid-19 en las cuentas públicas.
La pretensión totalitaria (y antidemocrática) de Iglesias de nacionalizar empresas y socializar ahorros con la excusa del coronavirus choca con el marco europeo en el que España está inserta -un entorno, el de la UE, de defensa de la libertad de empresa y la economía de mercado- y, por mucho que Iglesias haga valer un artículo de la Constitución, supone una interpretación extensiva del mismo que contravendría los pilares de la propia Carta Magna.
Pero OJO! La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos del Covid-19, abriendo la puerta a las nacionalizaciones generalizadas de empresas estratégicas europeas que se encuentren en apuros, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas al alquiler que contempla poner viviendas públicas o privadas cedidas a disposición de las víctimas de violencia de género y de personas desahuciadas, en el que abre la puerta a la ocupación de las segundas residencias y viviendas vacías. Ésta era, precisamente, una de las medidas 'estrella' del programa electoral de Podemos: la creación de un contrato "indefinido" de alquiler y la cesión obligatoria de las viviendas vacías para crear un parque público de alquiler de 50.000 viviendas, y al mismo tiempo intervenir los precios para "impedir subidas abusivas".
Esta normativa incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada, por lo que parece que el Gobierno está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el del derecho a la propiedad privada. Esto es, a todas luces, inconstitucional.
Pero además, esta norma impone un distinto nivel de protección en función del número de viviendas que tenga el propietario, y según los juristas cargar a los fondos de inversión o a personas con un determinado número de viviendas alquiladas con obligaciones diferentes a las que tienen los pequeños propietarios, que consisten en la obligación de ofrecer una quita o una larga financiación sin intereses, es una expropiación encubierta de las rentas o de sus frutos sin la correspondiente indemnización estatal, lo que además de ser inconstitucional supone una colectivización del capital propio de regímenes bananeros y comunistas.
El colmo del populismo es ya que los okupas de viviendas ajenas pueden darse de alta en el padrón municipal para poder acceder a las ventajas que esta situación les puede reportar, como las ayudas del Covid-19, incluida la renta mínima.
Tales afirmaciones han causado el revuelo de los españoles indefensos en sus viviendas, que están viendo como el “Dúo del coronavirus” (Sánchez e Iglesias) podía barrer sus ahorros y/o sus viviendas, confiscándolos, aplicando un artículo de la Constitución sacado de contexto.
Pero, por mucho que la emergencia sanitaria haya sumido a España y a medio mundo en una de las mayores crisis económicas y sociales, el líder de Podemos no lo tiene tan fácil para nacionalizar los ahorros y las casas de los ciudadanos, así como las empresas. Las intenciones de Iglesias, que ya trató de incluir la nacionalización de eléctricas y medios de comunicación en el Real Decreto de estado de alarma, choca con la propia Constitución y la interpretación del artículo.
Todas estas actitudes son propias de estados fallidos, como Venezuela o Cuba, y no se corresponde con las prácticas admitidas en los países democráticos y de economía de mercado, que pueden conseguir fines sociales sin destruir el tejido productivo privado, sino apoyándose en él.
Contra las empresas y el libre comercio
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, dice literalmente en su artículo 13 que el Ministro de Sanidad podrá "practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria...". Aunque en el estado de alarma, la intervención del poder político puede activarse de forma extraordinaria, ésto no implica que el Ejecutivo pueda privar el ejercicio de derechos, solo restringirlo. Y en todo caso, de una forma proporcionada y temporal.
Además, en el artículo 53 de la Constitución, se comprueba que la libertad de empresa sí es un derecho fundamental cuyo contenido esencial no puede conculcarse por disposición legal alguna (mucho menos con un decreto).
Obligar al cierre de las empresas (como se decretaba en el estado de alarma) en base al interés general (frenar la pandemia), discriminando unas de otras por la actividad que ejercen, sin la compensación correspondiente al daño causado o sin asumir los costes directos de tales cierres, no solo es distorsionar el mercado, sino que constituye una vía de hacer soportar a particulares y empresas los daños que el propio Estado les provoca sin indemnización.
Asimismo, la prohibición de realizar despidos, obligando a pagar salarios independientemente de la actividad o a utilizar fórmulas jurídicas inapropiadas para la situación creada, como puede ser el ERTE, no hace sino retrasar los acontecimientos sin solucionar el problema de fondo, conduciendo a las empresas afectadas a situaciones de crisis y dejando a los trabajadores desprotegidos. En el fondo, se ha cargado a empresas y particulares con las obligaciones propias del Estado.
Los postulados de Podemos se interpretan como hostilidad hacia las empresas, lo que no puede tener otro fin que destruirlas para empobrecer a la población, de modo que cada vez más individuos pasen a depender de posibles ayudas estatales, ya sean estas rentas mínimas o cualesquiera otras, y así propiciar un control social que perpetúe a la izquierda más radical en el poder.
A favor de los inmigrantes ilegales
Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el BNG, la CUP y JxCat han presentado el 26 de junio una iniciativa conjunta en el Congreso para reclamar la regularización de todos los inmigrantes ilegales (sin papeles) que se encuentran en España. La proposición no de ley consta de 13 puntos, algunos de los cuales son:
* Establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y de trabajo inicial con criterios especiales y simplificando para su renovación.
* Facilitar la concesión de permisos temporales de trabajo por un tiempo de cinco años, así como su posterior renovación para su residencia legal en España.
* Derecho de asilo: agilizar los trámites y conceder un permiso de trabajo y de residencia desde el mismo momento en el que se inician los papeleos.
* Flexibilizar la tramitación de la reunificación familiar, para que aquellos que viven legalmente en España puedan traer a sus familiares más cercanos.
* Respecto a los menores de edad que estén entre 16 y 18 años, se pide que además de asegurar su residencia se les otorgue automáticamente permiso de trabajo para facilitar que puedan acceder a un empleo. Lo mismo para otros menores que hayan salido de la tutela de la administración en los centros de acogida.
* Poner fin a las devoluciones "en caliente" en Ceuta y Melilla y trasladar urgentemente a la Península a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal de ambas ciudades autónomas y de Canarias. El tiempo máximo de estancia en este tipo de centros debe ser, según proponen, de 15 días.
50 sombras de Iglesias, el programa para la "bolivarización" de España
Se ha conjugado la alianza perfecta entre el Camarada Falcon y el Marqués de Galapagar, uno por ser el títere de cualquier ideología a costa de llegar al poder y el otro por pertenecer a un partido financiado por el narco-régimen venezolano. El objetivo es hacernos creer que la riqueza hay que repartirla y no crearla, donde el Estado será el primer propietario, el primer y único empleador y principal prestamista. Blanco y en botella...
Al igual que la famosa novela “Las Cincuenta sombras de Grey” el programa económico de la extrema izquierda contiene los dos ingredientes que hacen que la relación de los dos personajes de la película sea destructiva: la atracción y la sumisión. En el caso del programa de Podemos: la atracción de la protección estatal y la entrega de la libertad personal en manos de los autoproclamados líderes la sociedad (Iglesias y su casta).
Pablo Iglesias ha llevado al extremo su admiración por un régimen como el venezolano y su gratitud por la financiación chavista, un régimen (el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha llevado a la pobreza a 30 millones de ciudadanos del país caribeño) que el podemita quiere implantar en España con la excusa de la pandemia de coronavirus, al margen de la Constitución y de la UE, desposeyendo a los empresarios de su medio de vida y a los ciudadanos de sus ahorros, lo que minaría la inversión y el consumo.
¡Como no va a sentir agradecimiento y admiración hacia el régimen si Podemos nació como una prolongación del chavismo en España! La prueba irrefutable es un informe titulado «Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», de fecha 28 de mayo de 2008 firmado por el mismísimo Hugo Chávez. 7.168.090 euros es el monto que el presidente de Venezuela pagó al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) -del que Iglesias fue presidente- para «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».
[Anécdota del 1 de julio en el Congreso: El pasado 29 de junio, la UE anunció sanciones a 11 funcionarios del régimen venezolano, a lo que Maduro respondió de forma estrambótica: expulsando del país a la representante de la Unión Europea en Caracas. Josep Borrell, máximo representante para la política exterior europea, ha condenado públicamente la expulsión de la diplomática. El PP ha impulsado una protesta parlamentaria para emitir una declaración institucional de condena contra Venezuela pero ello requiere el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara. Pues bien, PSOE y Podemos se han opuesto, salvando a Maduro de la condena del Congreso].
Incluso aunque Iglesias consiguiera llevar a cabo su plan, el Gobierno se enfrentaría a una oleada de demandas a escala nacional e internacional, que le costarían mucho dinero en indemnizaciones, y pondría en peligro la economía española, ya que hundiría la inversión internacional y el consumo. Solo las medidas anunciadas para afrontar la crisis ya han asustado a los inversores, que están vendiendo deuda española, aducen los expertos.
Tendemos de forma irreversible a la bolivarizacion del estado español, y la expansión del coronavirus ha resultado ser un aliado inesperado para los propósitos del podemita, pues le está permitiendo acelerar sus objetivos.
Pablo Iglesias está cumpliendo con la hoja de ruta marcada por Unidas Podemos, el partido que preside, sin explicar de dónde piensa sacar el dinero para hacer frente a esas promesas. Consiguió entrar con fuerza en el gobierno de España, a pesar de haber obtenido los peores resultados de su corta historia, se hizo con el control de varios ministerios de marcado carácter ideológico, se reservó una vicepresidencia (la cual le permite la injerencia en prácticamente todas las carteras), marca la agenda política y social del gabinete, y por el momento, tiene hipnotizado al Presidente Sánchez, el cual no mueve un dedo si previamente no se lo permite Pablo Iglesias, incluso en contra de muchos de los miembros del PSOE.
Iglesias ofrece el programa el nirvana social a través de medidas como la derogación de “las Reformas Laborales”; el aumento del Salario Mínimo Interprofesional; creación de una banca pública; creación de una renta mínima vital; suministros básicos de agua y electricidad, vivienda garantizada, acceso universal a la tarjeta sanitaria, garantizar las pensiones... Es el ofrecimiento de un paraíso revolucionario para todo aquel que quiera vivir de las subvenciones del Estado. Atractiva oferta que ofrece una vida cómoda, cerca del umbral de la pobreza pero sin sobresaltos.
Pero a cambio, como el personaje de la novela, exige la firma de un contrato de adhesión. Será el Estado, manejado por Iglesias y los suyos, quién regulará la vida de quienes estén dispuestos a aceptar estas dádivas de caridad gubernamental. Es una oferta bolivariana, busca proteger a los “descamisados”, en lo que cualquier ciudadano caritativo podría estar de acuerdo sino fuera porque el contrato de adhesión es autodestructivo.
Primero porque no es posible ofrecer todo eso sin más ingresos por parte del Estado ¿Cómo? Ya se sabe la extrema izquierda cree en dos “Baritas Mágicas”: la lucha contra el fraude y más impuestos a los ricos. Y segundo, porque los impuestos sobre la riqueza de diferente tipo (patrimonio, sucesiones, donaciones, transacciones financieras, etc), aparte de duplicar la carga fiscal sobre los mismos de siempre (la clase media), disuaden el ahorro, penalizan el esfuerzo y llevan a la sociedad a la mediocridad económica, generan desempleo y reducen la clase trabajadora.
La obsesión de Pablo Iglesias y del gobierno al que pertenece por controlar el relato y la información no conoce límites. En su macabro plan de bolivarizacion de la sociedad española, es crucial esconder los cadáveres, pues son el único escollo para conseguir su objetivos y por eso la importancia de controlar la información y perseguir a medios incómodos. En la implementación de sus fines, también juega un papel fundamental la renta mínima como medio para comprar apoyos y electores, una vez tenga todo ésto bajo su bota, será muy difícil revertir la situación, sobre todo ahora, que, con tanto decretazo, tenemos una capacidad de maniobra muy mermada.
O espabilamos y reaccionamos, o después será demasiado tarde. El tiempo juega a favor de Iglesias y de los suyos y sin querer darnos cuenta, la excusa de la pandemia lo cubre todo, no solo nuestra libertad de movimientos, también nuestra libertad de opinión y pensamiento.
El 8 de julio se ha sabido que Estados Unidos está investigando, de cerca, los nexos “turbios e ilegales” del Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro. Desde la Administración de Donald Trump, están molestos por las “licencias que España concede al régimen chavista, tanto diplomáticas como para mover grandes cantidades de dinero”. Una aproximación a la dictadura bolivariana que radica en los “intereses personales que existen entre figuras del PSOE y Podemos en Venezuela y donde prevalecen unos nexos tan turbios como ilegales”.
En la misma línea de pensamiento se muestra el actual presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que acusa a Zapatero de ser un "aliado" de Nicolás Maduro en Venezuela y actuar de forma "contraria a la democracia". Porque ZP ha defendido públicamente que "no sería bueno que cayera el Gobierno de Maduro" y aboga por un pacto. De hecho, el expresidente socialista se ha reunido personalmente en numerosas ocasiones con Maduro y actualmente respalda y participa en una mesa de diálogo bautizada como La Mesita que el régimen ha puesto en marcha con cinco partidos minoritarios de la oposición que cohabitan con los chavistas y que solo representan a 4 de los 165 diputados del Parlamento venezolano.
Las fuentes norteamericanas y venezolanas advierten que las investigaciones no frenarán o retrasarán la valoración de implementar duras sanciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que fue asesor personal del dictador Hugo Chávez y tiene vínculos de amistad con algunas de las figuras más peligrosas y perseguidas de las FARC internacionalmente.
Es importante recordar que la Administración de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de US$15 millones por la captura de Maduro y US$10 millones por otros altos jerarcas del chavismo.
El 15 de mayo, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a una conspiración internacional para generar el caos en el seno de Estados Unidos. Declaró: “Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible».
Las amenazas de Zapatero recuerdan a los planes que fue implementando Hugo Chávez a través del narcotráfico. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) está estudiando la opción de incluir a Zapatero en las órdenes de captura que ya emitieron en contra de la cúpula bolivariana.
Desde luego, Estados Unidos no se toma a la ligera ninguna amenaza a su seguridad nacional.
¡Como no va a sentir agradecimiento y admiración hacia el régimen si Podemos nació como una prolongación del chavismo en España! La prueba irrefutable es un informe titulado «Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela», de fecha 28 de mayo de 2008 firmado por el mismísimo Hugo Chávez. 7.168.090 euros es el monto que el presidente de Venezuela pagó al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) -del que Iglesias fue presidente- para «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».
[Anécdota del 1 de julio en el Congreso: El pasado 29 de junio, la UE anunció sanciones a 11 funcionarios del régimen venezolano, a lo que Maduro respondió de forma estrambótica: expulsando del país a la representante de la Unión Europea en Caracas. Josep Borrell, máximo representante para la política exterior europea, ha condenado públicamente la expulsión de la diplomática. El PP ha impulsado una protesta parlamentaria para emitir una declaración institucional de condena contra Venezuela pero ello requiere el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara. Pues bien, PSOE y Podemos se han opuesto, salvando a Maduro de la condena del Congreso].
Incluso aunque Iglesias consiguiera llevar a cabo su plan, el Gobierno se enfrentaría a una oleada de demandas a escala nacional e internacional, que le costarían mucho dinero en indemnizaciones, y pondría en peligro la economía española, ya que hundiría la inversión internacional y el consumo. Solo las medidas anunciadas para afrontar la crisis ya han asustado a los inversores, que están vendiendo deuda española, aducen los expertos.
Tendemos de forma irreversible a la bolivarizacion del estado español, y la expansión del coronavirus ha resultado ser un aliado inesperado para los propósitos del podemita, pues le está permitiendo acelerar sus objetivos.
Pablo Iglesias está cumpliendo con la hoja de ruta marcada por Unidas Podemos, el partido que preside, sin explicar de dónde piensa sacar el dinero para hacer frente a esas promesas. Consiguió entrar con fuerza en el gobierno de España, a pesar de haber obtenido los peores resultados de su corta historia, se hizo con el control de varios ministerios de marcado carácter ideológico, se reservó una vicepresidencia (la cual le permite la injerencia en prácticamente todas las carteras), marca la agenda política y social del gabinete, y por el momento, tiene hipnotizado al Presidente Sánchez, el cual no mueve un dedo si previamente no se lo permite Pablo Iglesias, incluso en contra de muchos de los miembros del PSOE.
Iglesias ofrece el programa el nirvana social a través de medidas como la derogación de “las Reformas Laborales”; el aumento del Salario Mínimo Interprofesional; creación de una banca pública; creación de una renta mínima vital; suministros básicos de agua y electricidad, vivienda garantizada, acceso universal a la tarjeta sanitaria, garantizar las pensiones... Es el ofrecimiento de un paraíso revolucionario para todo aquel que quiera vivir de las subvenciones del Estado. Atractiva oferta que ofrece una vida cómoda, cerca del umbral de la pobreza pero sin sobresaltos.
Pero a cambio, como el personaje de la novela, exige la firma de un contrato de adhesión. Será el Estado, manejado por Iglesias y los suyos, quién regulará la vida de quienes estén dispuestos a aceptar estas dádivas de caridad gubernamental. Es una oferta bolivariana, busca proteger a los “descamisados”, en lo que cualquier ciudadano caritativo podría estar de acuerdo sino fuera porque el contrato de adhesión es autodestructivo.
Primero porque no es posible ofrecer todo eso sin más ingresos por parte del Estado ¿Cómo? Ya se sabe la extrema izquierda cree en dos “Baritas Mágicas”: la lucha contra el fraude y más impuestos a los ricos. Y segundo, porque los impuestos sobre la riqueza de diferente tipo (patrimonio, sucesiones, donaciones, transacciones financieras, etc), aparte de duplicar la carga fiscal sobre los mismos de siempre (la clase media), disuaden el ahorro, penalizan el esfuerzo y llevan a la sociedad a la mediocridad económica, generan desempleo y reducen la clase trabajadora.
La obsesión de Pablo Iglesias y del gobierno al que pertenece por controlar el relato y la información no conoce límites. En su macabro plan de bolivarizacion de la sociedad española, es crucial esconder los cadáveres, pues son el único escollo para conseguir su objetivos y por eso la importancia de controlar la información y perseguir a medios incómodos. En la implementación de sus fines, también juega un papel fundamental la renta mínima como medio para comprar apoyos y electores, una vez tenga todo ésto bajo su bota, será muy difícil revertir la situación, sobre todo ahora, que, con tanto decretazo, tenemos una capacidad de maniobra muy mermada.
O espabilamos y reaccionamos, o después será demasiado tarde. El tiempo juega a favor de Iglesias y de los suyos y sin querer darnos cuenta, la excusa de la pandemia lo cubre todo, no solo nuestra libertad de movimientos, también nuestra libertad de opinión y pensamiento.
Trump contra Iglesias
El 8 de julio se ha sabido que Estados Unidos está investigando, de cerca, los nexos “turbios e ilegales” del Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro. Desde la Administración de Donald Trump, están molestos por las “licencias que España concede al régimen chavista, tanto diplomáticas como para mover grandes cantidades de dinero”. Una aproximación a la dictadura bolivariana que radica en los “intereses personales que existen entre figuras del PSOE y Podemos en Venezuela y donde prevalecen unos nexos tan turbios como ilegales”.
En la misma línea de pensamiento se muestra el actual presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que acusa a Zapatero de ser un "aliado" de Nicolás Maduro en Venezuela y actuar de forma "contraria a la democracia". Porque ZP ha defendido públicamente que "no sería bueno que cayera el Gobierno de Maduro" y aboga por un pacto. De hecho, el expresidente socialista se ha reunido personalmente en numerosas ocasiones con Maduro y actualmente respalda y participa en una mesa de diálogo bautizada como La Mesita que el régimen ha puesto en marcha con cinco partidos minoritarios de la oposición que cohabitan con los chavistas y que solo representan a 4 de los 165 diputados del Parlamento venezolano.
Las fuentes norteamericanas y venezolanas advierten que las investigaciones no frenarán o retrasarán la valoración de implementar duras sanciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que fue asesor personal del dictador Hugo Chávez y tiene vínculos de amistad con algunas de las figuras más peligrosas y perseguidas de las FARC internacionalmente.
Es importante recordar que la Administración de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de US$15 millones por la captura de Maduro y US$10 millones por otros altos jerarcas del chavismo.
El 15 de mayo, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a una conspiración internacional para generar el caos en el seno de Estados Unidos. Declaró: “Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible».
Las amenazas de Zapatero recuerdan a los planes que fue implementando Hugo Chávez a través del narcotráfico. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) está estudiando la opción de incluir a Zapatero en las órdenes de captura que ya emitieron en contra de la cúpula bolivariana.
Desde luego, Estados Unidos no se toma a la ligera ninguna amenaza a su seguridad nacional.