Después de 4 años de debates y cerca de 200 comparecencias que se iniciaron en noviembre del 2016, la Comisión del Pacto de Toledo acordó el 23 de octubre un primer borrador para la futura reforma del sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social. El objetivo es llegar a descargar a la Seguridad Social antes del 2023 de los alrededor de 23.000 millones de gastos impropios estimados.
Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra de las recomendaciones. El documento se eleva ahora al Pleno de la Cámara, donde se votará para ser convertido en norma.
El Nuevo Pacto de Toledo presenta 21 recomendaciones para afianzar la viabilidad del sistema público de pensiones. El informe de la Comisión propone un plan de saneamiento que saque de la Seguridad Social una serie de gastos que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales. A partir de 2023, esas facturas, ajenas a las pensiones, deberán ser asumidas por los Presupuestos Generales del Estado (y sufragadas vía impuestos).
Estos son los cambios que incluye el borrador del texto:
El gasto español en pensiones es de cerca de un 11% del PIB. Para poder incrementarlo es preciso que la Seguridad Social se libere de gastos impropios como:
-Las ayudas a las empresas y autónomos a través de reducciones en la cotización a la Seguridad Social.
- Las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de hijos, así como el complemento de maternidad en la pensión. No se justifica que estas políticas de incentivo a la natalidad se financien con cargo a las cotizaciones.
- Los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (en la mayoría de los Estados de nuestro entorno es el propio Estado quien los asume).
Por tanto, invita a los gobernantes a clarificar la financiación del sistema de pensiones y restablecer su equilibrio financiero: por la vía de destinar las cotizaciones sociales solo a soportar las pensiones contributivas (jubilación, invalidez y viudedad); y traspasar al presupuesto, para financiarlas mediante impuestos, las no contributivas (como maternidad, paternidad o fomento del empleo a través de la tarifa plana, y otras medidas).
La pregunta del millón es: ¿cómo se pagará? Por una doble vía fundamentalmente. Por un lado los trabajadores futuros se jubilarán más tarde, ampliando aún más la duración de la vida laboral. Así se recaudarán más años y se pagarán menos años.
Por otro lado, la factura se pagará, en ausencia de una profunda reforma fiscal progresiva, asumiendo con el presupuesto (vía déficit del Estado y deuda) parte de lo que venía siendo déficit del sistema por los llamados gastos impropios o indebidos. Es decir, trasladando esta deuda a las generaciones futuras… de trabajadores.
El Pacto insiste en que, una vez se recupere el equilibrio en las cuentas, se retome la regla según la cual, los excedentes de las cotizaciones deben ir, íntegros, al fondo de reserva y dejar un remanente mínimo del mismo.
También se contempla un cambio en el régimen de cotización de los autónomos para que cotice de acuerdo con los ingresos que tiene y no con una base escogida por el propio trabajador, independientemente de lo que facture, como sucede ahora. Hoy por hoy, más del 80% de los autónomos cotizan por la base mínima (944,40 euros/mes), con independencia de sus ingresos.
El Pacto de Toledo recomienda evaluar la posibilidad de "elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión". Esta recomendación, novedosa, llega después de haber observado cómo ciertos colectivos de trabajadores experimentan una reducción drástica de sus ingresos a partir de una determinada edad por circunstancias como el paro o la precaridad de los trabajos que encuentran a partir de los 50.
Al mismo tiempo apunta que la jubilación anticipada debe quedar "reservada" a trabajadores con largas carreras de cotización, para evitar que se utilice como vía para regular el empleo. También insta a analizar el daño que provoca la penalización por jubilarse anticipadamente (recortes de hasta el 28%) y modificarlos con tres criterios: si esa jubilación es voluntaria o forzada; si tiene muchos años cotizados; y dependiendo del sector en que se produzca.
En cuanto a los planes de pensión individuales insta a que sean «más transparentes» en costes para que no impliquen rendimientos negativos para el partícipe.
El Gobierno se ha comprometido a crear un fondo público de pensiones en el plazo de un año. La titularidad de este gran fondo será pública y la gestión privada, aunque con un sistema de control definido. Se habilitarán instrumentos para que los trabajadores tengan la opción de migrar su plan individual al colectivo que les ofrezca su compañía dentro del nuevo fondo público, así como planes ya existentes de empresas que prefieran este plan estatal.
Plantea la necesidad de reformular la cuestión de los cuidados, con herramientas como los permisos parentales, para no generar vacíos de cotización en las mujeres. Reclama medidas que identiquen las discriminaciones retributivas y corrijan las irregularidades en las carreras profesionales, por ejemplo, en el empleo del hogar, tan necesitado de valoración social y equiparación de condiciones laborales y de protección social.
El acuerdo también hace un llamamiento a la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes y a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Propone, por ejemplo, una legislación que garantice y mejore la protección social del colectivo de becarios.
Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra de las recomendaciones. El documento se eleva ahora al Pleno de la Cámara, donde se votará para ser convertido en norma.
El Nuevo Pacto de Toledo presenta 21 recomendaciones para afianzar la viabilidad del sistema público de pensiones. El informe de la Comisión propone un plan de saneamiento que saque de la Seguridad Social una serie de gastos que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales. A partir de 2023, esas facturas, ajenas a las pensiones, deberán ser asumidas por los Presupuestos Generales del Estado (y sufragadas vía impuestos).
Estos son los cambios que incluye el borrador del texto:
Sistema público.
La comisión rechaza la sustitución del actual sistema de reparto por otro de capitalización. Se cierra así la puerta a esta posibilidad alentada por algunos grupos.Equilibrio.
Se aboga por la separación de las fuentes de financiación para que deje de tener déficit en 2023. Se insta a que las cotizaciones sean destinadas exclusivamente a pagar las prestaciones contributivas.El gasto español en pensiones es de cerca de un 11% del PIB. Para poder incrementarlo es preciso que la Seguridad Social se libere de gastos impropios como:
-Las ayudas a las empresas y autónomos a través de reducciones en la cotización a la Seguridad Social.
- Las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de hijos, así como el complemento de maternidad en la pensión. No se justifica que estas políticas de incentivo a la natalidad se financien con cargo a las cotizaciones.
- Los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (en la mayoría de los Estados de nuestro entorno es el propio Estado quien los asume).
Por tanto, invita a los gobernantes a clarificar la financiación del sistema de pensiones y restablecer su equilibrio financiero: por la vía de destinar las cotizaciones sociales solo a soportar las pensiones contributivas (jubilación, invalidez y viudedad); y traspasar al presupuesto, para financiarlas mediante impuestos, las no contributivas (como maternidad, paternidad o fomento del empleo a través de la tarifa plana, y otras medidas).
Poder adquisitivo.
Recuperado el consenso, proponen la subida anual de las pensiones en base al IPC real. También aboga por garantizar esta cuestión "por ley". La propia comisión constata que el vigente mecanismo de revalorización (con subidas mínimas del 0,25%) "no goza del suficiente consenso político y social".La pregunta del millón es: ¿cómo se pagará? Por una doble vía fundamentalmente. Por un lado los trabajadores futuros se jubilarán más tarde, ampliando aún más la duración de la vida laboral. Así se recaudarán más años y se pagarán menos años.
Por otro lado, la factura se pagará, en ausencia de una profunda reforma fiscal progresiva, asumiendo con el presupuesto (vía déficit del Estado y deuda) parte de lo que venía siendo déficit del sistema por los llamados gastos impropios o indebidos. Es decir, trasladando esta deuda a las generaciones futuras… de trabajadores.
Hucha de las pensiones.
La hucha de las pensiones fue vaciada en un 90% entre 2012 y 2018 ante el enorme décit que enfrentaban las cuentas de la Seguridad Social del momento; quedan menos de 2.000 millones. Desde la Comisión aconsejan no acudir a esta hucha para tratar de solucionar "problemas estructurales". «No es el mecanismo para resolver estos desequilibrios financieros», señalan. Por eso, aconsejan establecer "un remanente mínimo sujeto a una regla de disponibilidad".El Pacto insiste en que, una vez se recupere el equilibrio en las cuentas, se retome la regla según la cual, los excedentes de las cotizaciones deben ir, íntegros, al fondo de reserva y dejar un remanente mínimo del mismo.
Asalariados y autónomos.
Deberían convivir exclusivamente dos tipos de regímenes, frente a la dispersión actual: el de los trabajadores por cuenta ajena y el de los autónomos. La comisión apuesta por "avanzar hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los autónomos" con los del régimen general. Y aboga por «aproximar» las bases de cotización, como ya está negociando el Gobierno.También se contempla un cambio en el régimen de cotización de los autónomos para que cotice de acuerdo con los ingresos que tiene y no con una base escogida por el propio trabajador, independientemente de lo que facture, como sucede ahora. Hoy por hoy, más del 80% de los autónomos cotizan por la base mínima (944,40 euros/mes), con independencia de sus ingresos.
Cálculos de la pensión.
Se mantienen los 15 años como periodo mínimo cotizado para acceder a una pensión; y los 25 años (a partir de 2022) como referencia para calcular esa prestación.El Pacto de Toledo recomienda evaluar la posibilidad de "elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión". Esta recomendación, novedosa, llega después de haber observado cómo ciertos colectivos de trabajadores experimentan una reducción drástica de sus ingresos a partir de una determinada edad por circunstancias como el paro o la precaridad de los trabajos que encuentran a partir de los 50.
Incentivos al empleo.
El documento aboga por fomentar medidas de contratación laboral, en especial a los trabajadores con más de 55 años, así como a priorizar la selección de colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género.La carta naranja.
La comisión insiste en que el Gobierno dé cumplimiento «a la obligación de informar de forma periódica e individualizada» sobre la futura pensión que percibirá cada ciudadano, en base a las cotizaciones acumuladas. Es el conocido como sobre de color naranja, que ningún Ejecutivo ha llegado a remitir a los mayores de 50 años, como está previsto en el artículo 17 LGSS.Nueva agencia.
Para mejorar la gestión del sistema, se pide la creación de una agencia de la Seguridad Social con funciones de afiliación, recaudación y gestión de las prestaciones.Mutuas.
Considera necesario completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de las mutuas, y darles flexibilidad.Fraude.
Insiste en la necesidad de que todas las administraciones puedan cruzar los datos con los de la Seguridad Social. Así como reforzar la inspección y endurecer las sanciones. También aboga por eliminar lagunas legislativas para evitar el fraude en el régimen de afiliación de los trabajadores (por ejemplo, los falsos autónomos).Contributividad.
Recoge la recomendación de «mejorar las pensiones más bajas». Actualmente, un tercio de las prestaciones por jubilación apenas llegan a los 750€ al mes. También insta a trabajar en reducir la brecha de género. En ambos casos, cualquier modificación debería ser financiada a través de los Presupuestos Generales.Edad de jubilación.
Este es uno de los puntos con más modificaciones. Por una parte, la comisión aconseja fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, para que la edad real de jubilación (por encima de los 64 años en estos momentos) se aproxime a la legal (65 años y 10 meses en 2020, serán 67 años en 2027), mediante un sistema de incentivos que induzca a las personas a trabajar por más tiempo, mejorando la bonificación de ese retraso. Además pide medidas para la "prolongación voluntaria" de la vida laboral compatibilizando la pensión y los ingresos de una actividad profesional.Al mismo tiempo apunta que la jubilación anticipada debe quedar "reservada" a trabajadores con largas carreras de cotización, para evitar que se utilice como vía para regular el empleo. También insta a analizar el daño que provoca la penalización por jubilarse anticipadamente (recortes de hasta el 28%) y modificarlos con tres criterios: si esa jubilación es voluntaria o forzada; si tiene muchos años cotizados; y dependiendo del sector en que se produzca.
Viudedad y orfandad.
El Pacto de Toledo propone una reforma de la pensión de viudedad ante los cambios sociales respecto a los de hace varias décadas, cuando la mujer apenas tenía hueco en el mercado laboral. Insta a mejorar la prestación de los pensionistas sin otros recursos, sobre todo a partir de los 65 años, y «adecuar» la de los colectivos de viudos que sean menos vulnerables. En cuanto a la orfandad, pide mejorar sus cuantías. Todo ello tomando en cuenta las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios.Fiscalidad.
Queda suprimida esta anterior recomendación sobre el reordenamiento del tratamiento tributario.Suficiencia.
Establece referencias como la tasa de sustitución que relacione la pensión media con el salario medio.Planes de empresas.
El Pacto de Toledo plantea el desarrollo del ahorro privado (fondos de pensiones) como complemento a las pensiones públicas. No obstante, en esta edición hay una apuesta decidida por los planes colectivos de empleo, los que se negocian en el seno de empresas y sectores por empresarios y trabajadores (y no los sistemas individuales) como una alternativa de ahorro de cara a la jubilación «complementaria al sistema». Lo hacen ante el «insuficiente e insatisfactorio» recorrido que han tenido estos planes privados hasta ahora.En cuanto a los planes de pensión individuales insta a que sean «más transparentes» en costes para que no impliquen rendimientos negativos para el partícipe.
El Gobierno se ha comprometido a crear un fondo público de pensiones en el plazo de un año. La titularidad de este gran fondo será pública y la gestión privada, aunque con un sistema de control definido. Se habilitarán instrumentos para que los trabajadores tengan la opción de migrar su plan individual al colectivo que les ofrezca su compañía dentro del nuevo fondo público, así como planes ya existentes de empresas que prefieran este plan estatal.
Mujeres y jóvenes.
Aboga por adoptar medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, y potenciar la corresponsabilidad entre géneros.Plantea la necesidad de reformular la cuestión de los cuidados, con herramientas como los permisos parentales, para no generar vacíos de cotización en las mujeres. Reclama medidas que identiquen las discriminaciones retributivas y corrijan las irregularidades en las carreras profesionales, por ejemplo, en el empleo del hogar, tan necesitado de valoración social y equiparación de condiciones laborales y de protección social.
El acuerdo también hace un llamamiento a la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes y a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Propone, por ejemplo, una legislación que garantice y mejore la protección social del colectivo de becarios.