Moncloa tiene ya preparado el Real Decreto-Ley con el que pretende gestionar los 140.000 millones que llegarán de Bruselas en los próximos años (siempre que la UE logre eliminar el bloqueo impuesto por Hungría y Polonia). Sánchez siempre ha dicho públicamente que la gestión de este dinero se llevaría a cabo a través de una nueva comisión interministerial creada para tal fin, y presidida (¡cómo no!) por Su Persona. Tras el enfado de Pablo Iglesias, Sánchez ha rectificado y sustituido esa comisión por el Consejo de Ministros.
El borrador de este nuevo decretazo ha levantado dos polémicas. Por un lado, saber la identidad de quiénes controlarán los fondos europeos, es decir, quién formará parte de esa Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia; la polémica ha surgido porque Pablo Iglesias fue (en un principio) excluido de la misma. Y por otro lado, el decreto aborda la reforma encubierta y exprés de la Administración -bajo la coartada de la pandemia- que disparará el clientelismo. Vayamos por partes...
Sánchez tiene una segunda línea de control sobre esas ayudas: la Unidad de Seguimiento del Plan que, según reza el texto, "proporcionará información continua al Presidente del Gobierno". Y bajo ella dos escalones consultivos más, uno para coordinar con sectores, y otro para coordinar con autonomías y ayuntamientos.
La Presidencia del Gobierno tiene pues, doble control sobre los Planes de de Recuperación de la Economía Española. Podría decirse que Sánchez encabeza un mando único para repartir los fondos europeos. Será el triunvirato que forman Sánchez, Redondo e Iglesias el que gestionará personalmente miles de millones de euros, lo que inclina su reparto hacia criterios políticos y electoralistas, antes que técnicos. Vamos, que el común de los españoles no verá un duro.
Según el borrador inicial, esa Comisión que concede las ayudas estaría compuesta por los 11 ministros cuyos departamentos están implicados de manera directa en esta gestión. Pero hay un dato relevante: 10 serían del PSOE (Calviño, Ribera, Montero, Ábalos, Celáa, Maroto, Planas, Duque, Illa y Escrivá) y habría solo uno de Podemos (Yolanda Díaz).
Por tanto, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no estaría presente en ninguno de esos órganos, lo que ha causado un nuevo conflicto en el gobierno de coalición. Iglesias ha entendido que su no-presencia es un intento de restarle poder y protagonismo y, como hace siempre, ha forzado la situación hasta que Sánchez se ha visto obligado a bajarse los pantalones. ¿Creía él que el vicemoños iba a tolerarle que lo apartara de la comisión? Pablo llamó a Pedro y le dijo: oye muchachito, ¿tu quieres seguir en la Moncloa? Pues andando, que es gerundio.
La solución ha sido rápida y fácil: si el conflicto era formar parte (o no) de una comisión interministerial, se suprime la comisión y resuelto el problema. Muerto el perro se acabó la rabia.
Pedro Sánchez ha dado orden expresa de incluir a todos los ministros dentro del organigrama que se encargará de la distribución del fondo de recuperación económica. O sea, las decisiones pasarán por el Consejo de Ministros, dirigido directamente por el gabinete económico de Moncloa, lo que indica que Sánchez tampoco sale tan mal parado de este conflicto interno de su gobierno. Él querría excluir a Iglesias, pero no puede porque su dependencia es demasiado fuerte. Está claro que la llave de la legislatura la tiene Podemos.
De haberse conocido antes, habría puesto en peligro la aprobación del real decreto, que sorprendentemente salió adelante gracias a la abstención de Vox, arrepentido días después tras conocer el contenido del dictamen. La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, escamoteó el expediente en el que los miembros de la Comisión Permanente del Consejo muestran de forma unánime su "preocupación ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".
Y añaden que, además, en todo el real decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no han encontrado "las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".
En otras palabras. El Consejo de Estado cuestiona la falta de celo y controles suficientes por parte del Gobierno de Sánchez para garantizar que el dinero se emplea correctamente.
Casi 100 páginas dan para mucho, así que aún hay más. Reprocha al Ejecutivo que, bajo el pretexto de agilizar el flujo de fondos, descuide la vigilancia. "Lo que no parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos, conforme a derecho y ajustada al marco presupuestario", sostiene.
A renglón seguido alerta del peligro de que los proyectos se adjudiquen sin "informes preceptivos que resultan exigibles", sin "el régimen de autorizaciones pertinente" o sin la "fiscalización previa" de los interventores.
A lo largo de todo el dictamen, el Consejo de Estado insiste machaconamente en la "necesidad de extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos, articulando mecanismos que aseguren que los proyectos son viables, y de establecer un riguroso y eficaz sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores". Para que si hay sobrecostes o incumplimientos el Estado tenga las espaldas cubiertas.
El órgano consultivo expresa "algunas dudas" sobre la posibilidad de que no sea necesario un informe del Ministerio de Hacienda para la concesión de ciertas subvenciones en los supuestos en que 'se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública', reza el decreto ley. A juicio del Consejo de Estado debería ser todo lo contrario: "Cobran todo el sentido los mecanismos de control adicional respecto del régimen general de las subvenciones".
Y, rizando el rizo, los consejeros afean al Gobierno de coalición que incumpla algo tan básico como "la exigencia del análisis del impacto presupuestario" de este real decreto ley, que "haga referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público".
Y recuerdan que aunque a raíz de la pandemia se ha relajado el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, "es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos".
¿Por qué no se ha hecho público este documento fechado en diciembre de 2020 hasta febrero de 2021 (lo que ha puesto en entredicho el carácter independiente del máximo órgano consultivo del país)? La Directora de Comunicación del Consejo de Estado, Nuria Ribas, alude a que "el Consejo de Estado no puede hacer público ninguno de sus dictámenes hasta que el organismo consultante no lo haga público primero" y afirma que cuando "el Gobierno decidió hacerlo público nosotros ya pudimos colgarlo en nuestra web", lo cual es falso, pues el informe no se ha hecho púbico por parte del Gobierno.
Pablo Casado levantó la liebre hace un mes en el Congreso al desvelar que existía un informe del que no se había informado a las Cortes, algo que Presidencia justificó alegando que no era preceptivo y que por tanto no era necesario hacerlo público. Solo la presión, tanto política como mediática, ha hecho posible que se conociera el contenido de un documento que ha dejado en evidencia la arbitrariedad con la que se pretende distribuir el 'maná' europeo y la falta de controles existentes para ello.
A mediados de febrero de 2021 se constituyó formalmente la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, la que repartirá los fondos. Está formada por el presidente de gobierno, todos los ministros, varios secretarios de Estado del ámbito económico, y miembros del Gabinete de Sánchez. Todo queda en Moncloa. El PP ha presentado una proposición de ley en el Congreso para crear una autoridad independiente que gestione los fondos y evite el "clientelismo" y el "oscurantismo" del gobierno de Sánchez&Iglesias.
La primer gran novedad es el matrimonio Estado-empresa. Las empresas que se 'casen' con el Estado a través de los llamados PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) tendrán, entre otros beneficios, preferencias para el cobro de subvenciones, porque se considerará que concurren razones de interés público, y preferencia en el cobro de convenios (se podrán cobrar por adelantado hasta el 90%). También podrán recibir hasta el 50% del total de las ayudas para su proyecto "antes de la ejecución y justificación de las prestaciones previstas". Ese matrimonio (ese PERTE) tendrá que ser declarado por el Consejo de Ministros y será inscrito en un Registro Estatal.
Y la segunda: todas las solicitudes se centralizarán en una ventanilla única. Un portal web que canalizará demandas a los ministerios correspondientes y que servirá de mostrador de ayuda ("help-desk" dice literalmente el texto) para las personas o entidades interesadas en esas líneas.
Otro de los puntos que detalla el borrador del decreto es que el Gobierno acortará los plazos de solicitud de las ayudas: el control previo será de 5 días cómo máximo, y la tramitación y licitación se reduce a la mitad. Todos estos expedientes "tienen prioridad sobre cualquier otro contrato".
El Gobierno ha elaborado un decreto que rebaja considerablemente los controles administrativos y permite conceder subvenciones a empresas a dedo y sin concurso. Es cierto que los propios empresarios habían pedido eliminar las trabas burocráticas para recibir el dinero, pero eliminar los controles y las condiciones para aumentar proporcionalmente el poder discrecional de Sánchez no parece la idea más prudente, dados los antecedentes.
Se rebajan plazos, se suprime la obligación de presentar informes de Hacienda anteriormente preceptivos, se retira la necesidad de motivar urgencia en decisiones administrativas, se allana el camino de las subvenciones directas. Estamos ante una reforma encubierta y exprés de la Administración bajo la coartada de la pandemia.
Cuando se da otro paso en el deterioro de los contrapesos institucionales, amparándolo en la excepcionalidad de la situación y en la excusa de la agilidad, la historia demuestra que revertirlo es muy improbable. El poder nunca renuncia voluntariamente a tener más poder. Sobre todo cuando el decreto entrega una capacidad de gasto sin precedentes al núcleo duro de Moncloa, aunque formalmente recaiga en el Consejo de Ministros.
Moncloa dispondrá ahora en exclusiva de un arma muy poderosa para someter voluntades, atraerse a las grandes compañías y financiar exactamente aquellos proyectos que contribuyan a su mantenimiento en el poder, único móvil demostrado del sanchismo. En este contexto, el clientelismo no es que sea un riesgo: es que parece el objetivo mismo.
Solo el procedimiento de control extraordinario o freno de mano pactado por los países de la Unión puede fiscalizar ya el criterio de reparto de nuestro Ejecutivo socialpopulista. Si España no acierta a gastar bien estos fondos, perderá definitivamente el tren de la modernización de nuestro modelo productivo.
Con el fin de que las regiones cumplan los objetivos, se están diseñando unos incentivos y mecanismos «positivos y negativos», y se realizará un «seguimiento estrecho» en la ejecución de los mismos para asegurar que se cumplen los objetivos y no se pone en riesgo los siguientes desembolsos.
Las autonomías podrán recibir en torno a un 40% o 50% de los fondos europeos que recibirá España hasta 2023 (un total de 72.000 millones). A través de las comunidades autónomas se repartirán fondos a los ayuntamientos, pero para ellos habrá dos niveles de canalización: uno para los ayuntamientos muy pequeños, para los que se creará un fondo para canalizar el dinero, especialmente en lo relativo a la España vacía y el reto demográfico, y otro mecanismo para la recepción de fondos por parte de los grandes ayuntamientos.
De la Rocha ha aclarado que los fondos europeos se entregarán respondiendo solo al Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, «no habrá un reparto territorializado de todos los fondos» como demandaban algunas comunidades.
Sobre la rendición de cuentas ha indicado que la vicepresidenta tercera económica,Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero o la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, darán cuenta «una vez al año» de la ejecución del Plan de Recuperación ante la Comisión Mixta de la UE en el Congreso, frente a la comparecencia trimestral inicialmente prevista.
El borrador de este nuevo decretazo ha levantado dos polémicas. Por un lado, saber la identidad de quiénes controlarán los fondos europeos, es decir, quién formará parte de esa Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia; la polémica ha surgido porque Pablo Iglesias fue (en un principio) excluido de la misma. Y por otro lado, el decreto aborda la reforma encubierta y exprés de la Administración -bajo la coartada de la pandemia- que disparará el clientelismo. Vayamos por partes...
Composición del comité
Según el borrador del decreto que se hizo público el 24 de noviembre, se crearán 5 órganos de gobernanza bajo Presidencia del Gobierno. El fundamental es la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, la que establece los planes, y que preside Pedro Sánchez. Por debajo de ella, un Comité Técnico que le dará soporte.Sánchez tiene una segunda línea de control sobre esas ayudas: la Unidad de Seguimiento del Plan que, según reza el texto, "proporcionará información continua al Presidente del Gobierno". Y bajo ella dos escalones consultivos más, uno para coordinar con sectores, y otro para coordinar con autonomías y ayuntamientos.
La Presidencia del Gobierno tiene pues, doble control sobre los Planes de de Recuperación de la Economía Española. Podría decirse que Sánchez encabeza un mando único para repartir los fondos europeos. Será el triunvirato que forman Sánchez, Redondo e Iglesias el que gestionará personalmente miles de millones de euros, lo que inclina su reparto hacia criterios políticos y electoralistas, antes que técnicos. Vamos, que el común de los españoles no verá un duro.
Según el borrador inicial, esa Comisión que concede las ayudas estaría compuesta por los 11 ministros cuyos departamentos están implicados de manera directa en esta gestión. Pero hay un dato relevante: 10 serían del PSOE (Calviño, Ribera, Montero, Ábalos, Celáa, Maroto, Planas, Duque, Illa y Escrivá) y habría solo uno de Podemos (Yolanda Díaz).
Por tanto, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no estaría presente en ninguno de esos órganos, lo que ha causado un nuevo conflicto en el gobierno de coalición. Iglesias ha entendido que su no-presencia es un intento de restarle poder y protagonismo y, como hace siempre, ha forzado la situación hasta que Sánchez se ha visto obligado a bajarse los pantalones. ¿Creía él que el vicemoños iba a tolerarle que lo apartara de la comisión? Pablo llamó a Pedro y le dijo: oye muchachito, ¿tu quieres seguir en la Moncloa? Pues andando, que es gerundio.
La solución ha sido rápida y fácil: si el conflicto era formar parte (o no) de una comisión interministerial, se suprime la comisión y resuelto el problema. Muerto el perro se acabó la rabia.
Pedro Sánchez ha dado orden expresa de incluir a todos los ministros dentro del organigrama que se encargará de la distribución del fondo de recuperación económica. O sea, las decisiones pasarán por el Consejo de Ministros, dirigido directamente por el gabinete económico de Moncloa, lo que indica que Sánchez tampoco sale tan mal parado de este conflicto interno de su gobierno. Él querría excluir a Iglesias, pero no puede porque su dependencia es demasiado fuerte. Está claro que la llave de la legislatura la tiene Podemos.
El secreto del Consejo de Estado (actualización febrero 2021)
Pedro Sánchez logró aprobar el Real Decreto que le permite gestionar personalmente los Fondos Europeos ocultando el informe del Consejo de Estado que, a lo largo de 97 páginas, denunciaba los peligros de ese procedimiento. Ni el Gobierno se lo mostró al Congreso ni el Consejo de Estado lo hizo público hasta que la aprobación estuvo consumada. Y por supuesto, no fue un error ni un olvido ni una casualidad. Dicho informe es demoledor.De haberse conocido antes, habría puesto en peligro la aprobación del real decreto, que sorprendentemente salió adelante gracias a la abstención de Vox, arrepentido días después tras conocer el contenido del dictamen. La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, escamoteó el expediente en el que los miembros de la Comisión Permanente del Consejo muestran de forma unánime su "preocupación ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".
Y añaden que, además, en todo el real decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no han encontrado "las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".
En otras palabras. El Consejo de Estado cuestiona la falta de celo y controles suficientes por parte del Gobierno de Sánchez para garantizar que el dinero se emplea correctamente.
Casi 100 páginas dan para mucho, así que aún hay más. Reprocha al Ejecutivo que, bajo el pretexto de agilizar el flujo de fondos, descuide la vigilancia. "Lo que no parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos, conforme a derecho y ajustada al marco presupuestario", sostiene.
A renglón seguido alerta del peligro de que los proyectos se adjudiquen sin "informes preceptivos que resultan exigibles", sin "el régimen de autorizaciones pertinente" o sin la "fiscalización previa" de los interventores.
A lo largo de todo el dictamen, el Consejo de Estado insiste machaconamente en la "necesidad de extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos, articulando mecanismos que aseguren que los proyectos son viables, y de establecer un riguroso y eficaz sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores". Para que si hay sobrecostes o incumplimientos el Estado tenga las espaldas cubiertas.
El órgano consultivo expresa "algunas dudas" sobre la posibilidad de que no sea necesario un informe del Ministerio de Hacienda para la concesión de ciertas subvenciones en los supuestos en que 'se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública', reza el decreto ley. A juicio del Consejo de Estado debería ser todo lo contrario: "Cobran todo el sentido los mecanismos de control adicional respecto del régimen general de las subvenciones".
Y, rizando el rizo, los consejeros afean al Gobierno de coalición que incumpla algo tan básico como "la exigencia del análisis del impacto presupuestario" de este real decreto ley, que "haga referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público".
Y recuerdan que aunque a raíz de la pandemia se ha relajado el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, "es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos".
¿Por qué no se ha hecho público este documento fechado en diciembre de 2020 hasta febrero de 2021 (lo que ha puesto en entredicho el carácter independiente del máximo órgano consultivo del país)? La Directora de Comunicación del Consejo de Estado, Nuria Ribas, alude a que "el Consejo de Estado no puede hacer público ninguno de sus dictámenes hasta que el organismo consultante no lo haga público primero" y afirma que cuando "el Gobierno decidió hacerlo público nosotros ya pudimos colgarlo en nuestra web", lo cual es falso, pues el informe no se ha hecho púbico por parte del Gobierno.
Pablo Casado levantó la liebre hace un mes en el Congreso al desvelar que existía un informe del que no se había informado a las Cortes, algo que Presidencia justificó alegando que no era preceptivo y que por tanto no era necesario hacerlo público. Solo la presión, tanto política como mediática, ha hecho posible que se conociera el contenido de un documento que ha dejado en evidencia la arbitrariedad con la que se pretende distribuir el 'maná' europeo y la falta de controles existentes para ello.
A mediados de febrero de 2021 se constituyó formalmente la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, la que repartirá los fondos. Está formada por el presidente de gobierno, todos los ministros, varios secretarios de Estado del ámbito económico, y miembros del Gabinete de Sánchez. Todo queda en Moncloa. El PP ha presentado una proposición de ley en el Congreso para crear una autoridad independiente que gestione los fondos y evite el "clientelismo" y el "oscurantismo" del gobierno de Sánchez&Iglesias.
Reforma exprés de la Administración Pública
El decreto también busca agilizar la tramitación de los fondos europeos. La norma (elaborada por el Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo) aborda una reforma estructural de la Administración para modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria y agilizar y simplificar trámites para canalizar cuanto antes los 27.000 millones que ya figuran en los Presupuestos de 2021, aumentando el techo de gasto.La primer gran novedad es el matrimonio Estado-empresa. Las empresas que se 'casen' con el Estado a través de los llamados PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) tendrán, entre otros beneficios, preferencias para el cobro de subvenciones, porque se considerará que concurren razones de interés público, y preferencia en el cobro de convenios (se podrán cobrar por adelantado hasta el 90%). También podrán recibir hasta el 50% del total de las ayudas para su proyecto "antes de la ejecución y justificación de las prestaciones previstas". Ese matrimonio (ese PERTE) tendrá que ser declarado por el Consejo de Ministros y será inscrito en un Registro Estatal.
Y la segunda: todas las solicitudes se centralizarán en una ventanilla única. Un portal web que canalizará demandas a los ministerios correspondientes y que servirá de mostrador de ayuda ("help-desk" dice literalmente el texto) para las personas o entidades interesadas en esas líneas.
Otro de los puntos que detalla el borrador del decreto es que el Gobierno acortará los plazos de solicitud de las ayudas: el control previo será de 5 días cómo máximo, y la tramitación y licitación se reduce a la mitad. Todos estos expedientes "tienen prioridad sobre cualquier otro contrato".
El Gobierno ha elaborado un decreto que rebaja considerablemente los controles administrativos y permite conceder subvenciones a empresas a dedo y sin concurso. Es cierto que los propios empresarios habían pedido eliminar las trabas burocráticas para recibir el dinero, pero eliminar los controles y las condiciones para aumentar proporcionalmente el poder discrecional de Sánchez no parece la idea más prudente, dados los antecedentes.
Se rebajan plazos, se suprime la obligación de presentar informes de Hacienda anteriormente preceptivos, se retira la necesidad de motivar urgencia en decisiones administrativas, se allana el camino de las subvenciones directas. Estamos ante una reforma encubierta y exprés de la Administración bajo la coartada de la pandemia.
Cuando se da otro paso en el deterioro de los contrapesos institucionales, amparándolo en la excepcionalidad de la situación y en la excusa de la agilidad, la historia demuestra que revertirlo es muy improbable. El poder nunca renuncia voluntariamente a tener más poder. Sobre todo cuando el decreto entrega una capacidad de gasto sin precedentes al núcleo duro de Moncloa, aunque formalmente recaiga en el Consejo de Ministros.
Moncloa dispondrá ahora en exclusiva de un arma muy poderosa para someter voluntades, atraerse a las grandes compañías y financiar exactamente aquellos proyectos que contribuyan a su mantenimiento en el poder, único móvil demostrado del sanchismo. En este contexto, el clientelismo no es que sea un riesgo: es que parece el objetivo mismo.
Solo el procedimiento de control extraordinario o freno de mano pactado por los países de la Unión puede fiscalizar ya el criterio de reparto de nuestro Ejecutivo socialpopulista. Si España no acierta a gastar bien estos fondos, perderá definitivamente el tren de la modernización de nuestro modelo productivo.
Gestión de los fondos europeos y las CCAA
Poco a poco se van revelando cómo Moncloa piensa gestionar los fondos europeos que recibirá España. El 14 de enero de 2021 se celebró un webinar sobre la gestión de los fondos europeos y las CCAA organizado por Fundación Alternativas, con presencia del secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, quien ha avanzado que el Gobierno establecerá «condicionalidad» a las comunidades autónomas para la recepción del dinero europeo.Con el fin de que las regiones cumplan los objetivos, se están diseñando unos incentivos y mecanismos «positivos y negativos», y se realizará un «seguimiento estrecho» en la ejecución de los mismos para asegurar que se cumplen los objetivos y no se pone en riesgo los siguientes desembolsos.
Las autonomías podrán recibir en torno a un 40% o 50% de los fondos europeos que recibirá España hasta 2023 (un total de 72.000 millones). A través de las comunidades autónomas se repartirán fondos a los ayuntamientos, pero para ellos habrá dos niveles de canalización: uno para los ayuntamientos muy pequeños, para los que se creará un fondo para canalizar el dinero, especialmente en lo relativo a la España vacía y el reto demográfico, y otro mecanismo para la recepción de fondos por parte de los grandes ayuntamientos.
De la Rocha ha aclarado que los fondos europeos se entregarán respondiendo solo al Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, «no habrá un reparto territorializado de todos los fondos» como demandaban algunas comunidades.
Sobre la rendición de cuentas ha indicado que la vicepresidenta tercera económica,Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero o la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, darán cuenta «una vez al año» de la ejecución del Plan de Recuperación ante la Comisión Mixta de la UE en el Congreso, frente a la comparecencia trimestral inicialmente prevista.