La Ley Celaá, la octava que se acomete en España en democracia, tiene una característica que la diferencia del resto: no afecta en nada a lo realmente importante: a los planes de estudios y a la calidad de la enseñanza. Eso sí, la nueva ley contra la educación es abusivamente intervencionista en cuestiones que afectan directamente a derechos y libertades, en la que se plasma el rodillo ideológico social-comunista.
El Gobierno ha acabado imponiendo la Ley Celaá por una ajustada mayoría parlamentaria (aprobada por un sólo voto de diferencia por encima de la mayoría absoluta), y pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, las propias asociaciones de padres y madres, y colectivos de docentes. Y la verdad es que uno siente alipori cuando escucha a esta mujer decir que ha sido un gran día para la Educación y la democracia. Cualquier ley educativa que sea impuesta por un sólo voto de diferencia nace con cierto fracaso. Carece de consenso.
En términos parlamentarios, es una victoria pírrica: 177 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, el PNV, Más País y Compromís), 148 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y la CUP) y 17 abstenciones (JxCat, Bildu, BNG y Teruel Existe).
El debate en el Congreso, el 19 de noviembre, acabó con gritos de «¡Libertad, libertad, libertad!» desde las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos, a lo que la bancada de PSOE, Podemos y sus socios Frankenstein respondía con aplausos a la ministra Isabel Celaá. Un espectáculo bochornoso que duró más de 3 minutos.
La Ley Celaá vuela por los aires tanto los pilares ideológicos de la derecha en el terreno de la educación (la escuela concertada, la religión y el español) como los de la izquierda (la atención a los discapacitados, la igualdad de oportunidades y la calidad de la escuela pública). El trámite sigue ahora en el Senado, y después volverá al Congreso, donde tendrá que ser aprobada de manera definitiva.
La ley impuesta por el Gobierno socialcomunista y sus socios acaba con el español como lengua vehicular y supone un duro golpe para la educación especial y concertada. Pero hay más atropellos, porque es una operación ideológica. Hagamos un repaso a las principales tropelías de la ley anti-educación:
¡Cómo será la ley para que la RAE haya emitido un comunicado pidiendo respeto por el castellano! Para recordar al gobierno de España que el español es hablado cerca por más de 600 millones de personas en todo el mundo y que confía en que no se va a desviar de la protección del artículo 3 que la Constitución dispensa al español, que dice que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
La erradicación del castellano como lengua vehicular en Cataluña (en Galicia y País Vasco o existe en modelo de «inmersión») no es una medida para mejorar la calidad de la enseñanza, ni en catalán ni en castellano, sino como pago a los votos de ERC. Hasta ahora se debía impartir obligatoriamente un 25% de materias en castellano, no lo hará a partir de ahora.
Sánchez e Iglesias han cortejado a los partidos independentistas para forjar esa mayoría de la que se jacta la coalición para aprobar unos presupuestos «de país» –que Bildu y ERC están empeñados en borrar del mapa– y llevarles a la «dirección del Estado». El PSOE es responsable de un ataque sin medida al español y a la convivencia o, algo peor, al uso de la lengua de los españoles, con tal de seguir en La Moncloa.
O sea, que el Estado no se compromete a atender la demanda social de las familias, al quitar a los padres la libertad a la hora de elegir la escuela para sus hijos, y acaba con la pluralidad de modelos educativos en España. ¿Qué es eso de que los ciudadanos, que mantienen a este país con sus impuestos, pidan ese tipo de educación? De eso nada, la que dé yo. ¿Saben lo que hacen los países nórdicos, a los que tanto les gusta poner como ejemplo a esta escoria? Entregan un cheque escolar a las familias para que se costeen el colegios que ellas elijan, público o privado.
Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar varias concentraciones de protesta frente al Congreso para mostrar su rechazo a la LOMLOE. La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos cercanos a la educación concertada, ha recogido más de 1.300.000 firmas de apoyo contra la tramitación de la Ley Celaá.
Otra de las tropelías contra la educacion concertada: Se promoverá un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. O sea, que ningún ayuntamiento se atreve a ceder terrenos para construir un colegio concertado más. El que quiera poner uno, que pague a tocateja.
Además, en materia curricular, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial, ni del 60% para el resto. Es decir, el nivel educativo del alumnado queda en manos de las autonomías.
Con esto seguimos el patrón típico de la izquierda: la obsesión por igualar a todo el mundo, el populismo que tiene la impronta de Pablo Iglesias. No todos los críos con discapacidad tienen el mismo nivel de limitación. Y eso lleva a que no todos los padres acepten que su hijo necesita ir a un colegio especial, aunque eso sea lo mejor para él. Es humanamente comprensible.
Pues como algunos padres se quejan de que su hijo le envíen a un colegio de educación especial, porque preferirían que fueran a uno normal, la ONU (que tiene a mucha gente ociosa haciendo informes de 'El rincón del vago') emitió un informe que hablaba de que obligar a los padres a ir a la educación especial es segregador. Es una palabra mágica de los progres. ¿Solución del progre ibérico? Idear un plan especial para que en 10 años saque a todos los críos de la educación especial. Incluidos a los de un grado más severo.
¿Eso quiere decir que se ponen duros con el nivel de exigencia? Pues no, porque al mismo tiempo les dicen a los profesores que, aunque el alumno tenga algunas asignaturas suspendidas, depende de ellos dejarle pasar o no: los alumnos podrán pasar de curso cuando el equipo docente estime que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. ¿Qué mensaje reciben los profesores? Déjale pasar y no te metas en líos. Así que ya veremos cómo vamos a estar cuando para la próxima pandemia nos tengan que investigar la vacuna los que han obtenido el Bachillerato con asignaturas suspendidas.
También se apuesta por agrupar asignaturas por ámbitos de conocimiento, por ejemplo, geografía e historia, para que los alumnos no tengan tantas materias. Y se eliminan las reválidas, que serán sustituidas por unos exámenes que se realizarán en 4º de Primaria y 2º de la ESO, cuyo valor será meramente informativo y servirá para que el profesorado pueda conocer la situación del alumnado e implementar planes de mejora educativa.
¿Qué se busca con la destrucción de una educación de calidad? Tener a votantes cautivos. Sólo los hijos de la élite (incluida la casta política de izquierdas, como la ministra Celaá, que envió a sus hijos a la escuela privada pudiéndoselo pagar. ¿Por qué lo que puede hacer ella no lo pueden hacer los demás?) podrán ir a la escuela privada de élite. Y la clase media, que se escapaba de la mediocridad con la escuela concertada, a esa no la empujas hacia arriba, sino que la arrastras hacia abajo. Porque aquí ni se plantea potenciar el buen sentido de la escuela pública, que sería la clave de verdad.
PSOE, Podemos y ERC acordaron una enmienda a la Ley Celaá para prohibir que en la educación concertada no puedan separar a los alumnos por sexo. Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad. Esta normativa afectará a los colegios del Opus y a otras instituciones educativas religiosas.
La LOMLOE también incluye el adoctrinamiento feminista. Las administraciones impulsarán el incremento de alumnAs en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina. Del mismo modo promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.
Asimismo, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. En concreto, en Primaria se propone conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.
La ley Celáa incluye el estudio de la memoria democrática (el concepto con el que el Gobierno se refiere a la Memoria Histórica). Se establece que toda la comunidad educativa tenga un «conocimiento profundo» de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad. La democracia entendida desde la visión socialcomunista, claro está.
La calificación de la asignatura de religión dejará de contar para la nota media o para la obtención de becas, y se elimina la obligación de cursar una materia alternativa.
El curículo introduce una asignatura de valores cívicos y éticos, que se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la Igualdad. Esa va a ser la formación del espíritu plurinacional. Eso incluye el estudio de todos los derechos del mundo mundial: humanos, de la infancia, de los animales... sin hacer incidencia en la otra cara de la moneda, que son las obligaciones. Aquí solo hay derechos, pero no obligaciones. Con eso lo que tienen son futuros adultos infantilizados.
Pero no se pierdan lo mejor: de las pocas obligaciones que van a enseñar a los muchachos será la de pagar impuestos (nueva asignatura de Secundaria). Les van a dar la chapa sobre el papel social de los impuestos y la justicia fiscal. La homilía que les van a contar sobre los impuestos será la que le conviene al discurso político-económico del PSOE y de Podemos con el objetivo de ir preparando al futuro votante de izquierdas. Meterles a fuego que está muy bien que el Gobierno gaste mucho aunque para ello te exija cada vez más impuestos. No estaría de más que les explicasen también que la experiencia empírica demuestra que allí donde se sube el gasto y los impuestos sin ton ni son, o no hay crecimiento o es débil. Y en cambio, donde se bajan impuestos y se ponen facilidades para crear empleo (que es la verdadera clave de la prosperidad) la cosa va a mejor.
Dejará de ser obligatorio el máster específico que se le requiere hasta ahora a los docentes. Además se permite el ‘cambio de puesto en docentes’ que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado.
Se abre una nueva puerta al enchufismo. Los inspectores educativos ya no van a tener que aprobar una oposición para este puesto.
La LOMLOE es la ley anti-educación que algunos ya han bautizado como la 'Lolailo', porque la idea es que los niños de España crezcan pensando que Franco sigue vivo, que las mujeres tienen que ser como Irene Montero, que hablar en español es de catetos, que la fe es de fachas, que Colón era una genocida, que Rodrigo Lanza es mejor que Víctor Laínez y, por supuesto, que ETA no existió. Este es, en resumen, la España que perfila esa mezcla de socialistas, de colorados, de comunistas caribeños y de separatistas unicejos.
El Gobierno ha acabado imponiendo la Ley Celaá por una ajustada mayoría parlamentaria (aprobada por un sólo voto de diferencia por encima de la mayoría absoluta), y pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, las propias asociaciones de padres y madres, y colectivos de docentes. Y la verdad es que uno siente alipori cuando escucha a esta mujer decir que ha sido un gran día para la Educación y la democracia. Cualquier ley educativa que sea impuesta por un sólo voto de diferencia nace con cierto fracaso. Carece de consenso.
En términos parlamentarios, es una victoria pírrica: 177 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, el PNV, Más País y Compromís), 148 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y la CUP) y 17 abstenciones (JxCat, Bildu, BNG y Teruel Existe).
El debate en el Congreso, el 19 de noviembre, acabó con gritos de «¡Libertad, libertad, libertad!» desde las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos, a lo que la bancada de PSOE, Podemos y sus socios Frankenstein respondía con aplausos a la ministra Isabel Celaá. Un espectáculo bochornoso que duró más de 3 minutos.
La Ley Celaá vuela por los aires tanto los pilares ideológicos de la derecha en el terreno de la educación (la escuela concertada, la religión y el español) como los de la izquierda (la atención a los discapacitados, la igualdad de oportunidades y la calidad de la escuela pública). El trámite sigue ahora en el Senado, y después volverá al Congreso, donde tendrá que ser aprobada de manera definitiva.
La ley impuesta por el Gobierno socialcomunista y sus socios acaba con el español como lengua vehicular y supone un duro golpe para la educación especial y concertada. Pero hay más atropellos, porque es una operación ideológica. Hagamos un repaso a las principales tropelías de la ley anti-educación:
No al español
La nueva Ley Celaá anti-educación suprime la consideración del español como lengua vehicular, con un redactado que otorga el poder a las comunidades autónomas para decidir qué contenidos se imparten en la lengua común. En concreto elimina del texto la frase "castellano, lengua oficial del Estado" y la de "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares". En el área de Lengua Propia y Literatura, en aquellas comunidades que posean dicha lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados de dicha área.¡Cómo será la ley para que la RAE haya emitido un comunicado pidiendo respeto por el castellano! Para recordar al gobierno de España que el español es hablado cerca por más de 600 millones de personas en todo el mundo y que confía en que no se va a desviar de la protección del artículo 3 que la Constitución dispensa al español, que dice que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
La erradicación del castellano como lengua vehicular en Cataluña (en Galicia y País Vasco o existe en modelo de «inmersión») no es una medida para mejorar la calidad de la enseñanza, ni en catalán ni en castellano, sino como pago a los votos de ERC. Hasta ahora se debía impartir obligatoriamente un 25% de materias en castellano, no lo hará a partir de ahora.
Sánchez e Iglesias han cortejado a los partidos independentistas para forjar esa mayoría de la que se jacta la coalición para aprobar unos presupuestos «de país» –que Bildu y ERC están empeñados en borrar del mapa– y llevarles a la «dirección del Estado». El PSOE es responsable de un ataque sin medida al español y a la convivencia o, algo peor, al uso de la lengua de los españoles, con tal de seguir en La Moncloa.
Restricciones a la concertada
Además de liquidar la enseñanza en español, la Ley Celaá supone un duro golpe para la educación concertada. Elimina la «demanda social» para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Además, determina que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.O sea, que el Estado no se compromete a atender la demanda social de las familias, al quitar a los padres la libertad a la hora de elegir la escuela para sus hijos, y acaba con la pluralidad de modelos educativos en España. ¿Qué es eso de que los ciudadanos, que mantienen a este país con sus impuestos, pidan ese tipo de educación? De eso nada, la que dé yo. ¿Saben lo que hacen los países nórdicos, a los que tanto les gusta poner como ejemplo a esta escoria? Entregan un cheque escolar a las familias para que se costeen el colegios que ellas elijan, público o privado.
Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar varias concentraciones de protesta frente al Congreso para mostrar su rechazo a la LOMLOE. La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos cercanos a la educación concertada, ha recogido más de 1.300.000 firmas de apoyo contra la tramitación de la Ley Celaá.
Otra de las tropelías contra la educacion concertada: Se promoverá un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. O sea, que ningún ayuntamiento se atreve a ceder terrenos para construir un colegio concertado más. El que quiera poner uno, que pague a tocateja.
Además, en materia curricular, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial, ni del 60% para el resto. Es decir, el nivel educativo del alumnado queda en manos de las autonomías.
Golpe a la educación especial
Y luego hay una infamia moral. Mala sangre. El golpe a la educación especial. La ley abre la puerta a cerrar los centros para escolares con necesidades especiales. Establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».Con esto seguimos el patrón típico de la izquierda: la obsesión por igualar a todo el mundo, el populismo que tiene la impronta de Pablo Iglesias. No todos los críos con discapacidad tienen el mismo nivel de limitación. Y eso lleva a que no todos los padres acepten que su hijo necesita ir a un colegio especial, aunque eso sea lo mejor para él. Es humanamente comprensible.
Pues como algunos padres se quejan de que su hijo le envíen a un colegio de educación especial, porque preferirían que fueran a uno normal, la ONU (que tiene a mucha gente ociosa haciendo informes de 'El rincón del vago') emitió un informe que hablaba de que obligar a los padres a ir a la educación especial es segregador. Es una palabra mágica de los progres. ¿Solución del progre ibérico? Idear un plan especial para que en 10 años saque a todos los críos de la educación especial. Incluidos a los de un grado más severo.
La ley del mínimo esfuerzo
Otra maldad: acabar con la cultura del esfuerzo y la excelencia académica. Repetir se considerará algo excepcional y sólo se podrá repetir una vez en primaria y dos veces a lo largo de la enseñanza obligatoria. Es decir, se conseguirá la titulación sin límite de suspensos.¿Eso quiere decir que se ponen duros con el nivel de exigencia? Pues no, porque al mismo tiempo les dicen a los profesores que, aunque el alumno tenga algunas asignaturas suspendidas, depende de ellos dejarle pasar o no: los alumnos podrán pasar de curso cuando el equipo docente estime que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. ¿Qué mensaje reciben los profesores? Déjale pasar y no te metas en líos. Así que ya veremos cómo vamos a estar cuando para la próxima pandemia nos tengan que investigar la vacuna los que han obtenido el Bachillerato con asignaturas suspendidas.
También se apuesta por agrupar asignaturas por ámbitos de conocimiento, por ejemplo, geografía e historia, para que los alumnos no tengan tantas materias. Y se eliminan las reválidas, que serán sustituidas por unos exámenes que se realizarán en 4º de Primaria y 2º de la ESO, cuyo valor será meramente informativo y servirá para que el profesorado pueda conocer la situación del alumnado e implementar planes de mejora educativa.
¿Qué se busca con la destrucción de una educación de calidad? Tener a votantes cautivos. Sólo los hijos de la élite (incluida la casta política de izquierdas, como la ministra Celaá, que envió a sus hijos a la escuela privada pudiéndoselo pagar. ¿Por qué lo que puede hacer ella no lo pueden hacer los demás?) podrán ir a la escuela privada de élite. Y la clase media, que se escapaba de la mediocridad con la escuela concertada, a esa no la empujas hacia arriba, sino que la arrastras hacia abajo. Porque aquí ni se plantea potenciar el buen sentido de la escuela pública, que sería la clave de verdad.
Adoctrinamiento político
Se prohíbe la segregación por sexo y se impone la enseñanza de la Memoria Histórica, la visión sesgada del Gobierno sobre la Guerra Civil y la dictadura. También se propone la educación afectivo-sexual desde Primaria, en «educación emocional» y «justicia fiscal».PSOE, Podemos y ERC acordaron una enmienda a la Ley Celaá para prohibir que en la educación concertada no puedan separar a los alumnos por sexo. Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad. Esta normativa afectará a los colegios del Opus y a otras instituciones educativas religiosas.
La LOMLOE también incluye el adoctrinamiento feminista. Las administraciones impulsarán el incremento de alumnAs en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina. Del mismo modo promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.
Asimismo, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. En concreto, en Primaria se propone conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.
La ley Celáa incluye el estudio de la memoria democrática (el concepto con el que el Gobierno se refiere a la Memoria Histórica). Se establece que toda la comunidad educativa tenga un «conocimiento profundo» de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad. La democracia entendida desde la visión socialcomunista, claro está.
La calificación de la asignatura de religión dejará de contar para la nota media o para la obtención de becas, y se elimina la obligación de cursar una materia alternativa.
El curículo introduce una asignatura de valores cívicos y éticos, que se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la Igualdad. Esa va a ser la formación del espíritu plurinacional. Eso incluye el estudio de todos los derechos del mundo mundial: humanos, de la infancia, de los animales... sin hacer incidencia en la otra cara de la moneda, que son las obligaciones. Aquí solo hay derechos, pero no obligaciones. Con eso lo que tienen son futuros adultos infantilizados.
Pero no se pierdan lo mejor: de las pocas obligaciones que van a enseñar a los muchachos será la de pagar impuestos (nueva asignatura de Secundaria). Les van a dar la chapa sobre el papel social de los impuestos y la justicia fiscal. La homilía que les van a contar sobre los impuestos será la que le conviene al discurso político-económico del PSOE y de Podemos con el objetivo de ir preparando al futuro votante de izquierdas. Meterles a fuego que está muy bien que el Gobierno gaste mucho aunque para ello te exija cada vez más impuestos. No estaría de más que les explicasen también que la experiencia empírica demuestra que allí donde se sube el gasto y los impuestos sin ton ni son, o no hay crecimiento o es débil. Y en cambio, donde se bajan impuestos y se ponen facilidades para crear empleo (que es la verdadera clave de la prosperidad) la cosa va a mejor.
Docentes e inspectores
En otro de los puntos, la Ley Celaá incide en la promoción de la Agenda 2030 (ministerio que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias). Así, se obligará al profesorado a demostrar sus conocimientos en «la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial», lo que «se tendrá en cuenta en los procesos de formación y en el acceso a la función docente». La intención es que «en 2025, todo el personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030».Dejará de ser obligatorio el máster específico que se le requiere hasta ahora a los docentes. Además se permite el ‘cambio de puesto en docentes’ que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado.
Se abre una nueva puerta al enchufismo. Los inspectores educativos ya no van a tener que aprobar una oposición para este puesto.
La LOMLOE es la ley anti-educación que algunos ya han bautizado como la 'Lolailo', porque la idea es que los niños de España crezcan pensando que Franco sigue vivo, que las mujeres tienen que ser como Irene Montero, que hablar en español es de catetos, que la fe es de fachas, que Colón era una genocida, que Rodrigo Lanza es mejor que Víctor Laínez y, por supuesto, que ETA no existió. Este es, en resumen, la España que perfila esa mezcla de socialistas, de colorados, de comunistas caribeños y de separatistas unicejos.